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Sentencia CP-472-16 — Registro 12983

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, de la psicología y de las máximas de la experiencia como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como que la prueba evacuada en juicio es contradictoria, que la declaración de la testigo víctima de cargo falseo en sus dichos, que el dictamen pericial médico forense de análisis comparativo de ADN número 2015-0801-0507-1780 contradice la declaración de la ofendida. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos como ser: “…por lo que si utilizamos la lógica que la menor ofendida manifestó en juicio oral y público que el padre de la hija que ella llevaba en su vientre era de mi representado, lo cual quedo descartado con el examen de ADN podemos concluir lógicamente que la menor ofendida mintió quedando excluido de la acusación que se le imputaba, pero a pesar de ello el Tribunal Sentenciador erróneamente condenó al señor Nelson Enrique Nolasco...”, más estos alegatos recursivos no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 472-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al acusado Nelson Enrique Nolasco Benedith, como autor responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor K. Y. H. D., a la pena de diecisiete años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al acusado Nelson Enrique Nolasco Benedith como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Nelson Enrique Nolasco Benedith. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Miguel Ángel Maradiaga Valerio, actuando en su condición de defensor público del acusado Nelson Enrique Nolasco Benedith. Son partes en única instancia: El Abogado Miguel Ángel Maradiaga Valerio, defensor público en su condición de recurrente, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. III. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO.- El veintitrés de abril del año dos mil trece, la menor K. Y. H. D. se encontraba en olanchito durante la semana santa del mismo año, cuando recibe una llamada por teléfono del señor Nelson Enrique Nolasco Benedith, encontrándose esta en la comunidad de Sococo precisamente en la casa de una amiga, diciéndole este que se viniera a escondida a donde el se encontraba y bajo amenaza la menor K. Y. H. D. procede hacerse presente a la casa donde el señor Nelson Enrique Nolasco Benedith la retuvo encerrada en el cuarto principal de la misma, cuya vivienda le pertenece a un amigo que de apodo le dicen piche, y que en el día estuvo sola, ya en horas de la noche llego el señor Nelson Enrique Nolasco Benedith como a eso de las dos de la tarde y procedió a tener relaciones sexuales vía vaginal con la menor K. Y. H. D., manifestándole este que si decía algo que recordara que tenia familia, al siguiente día el señor Nelson Enrique Nolasco Benedith la mando a Sonaguera a un piano bar, la subió al bus, posteriormente ella se bajo en el Achiote, se fue a una casa y llamo a la mamá de nombre Ramona Díaz Padilla y le comento donde estaba, la señora Ramona Díaz Padilla la fue recoger al lugar donde se encontraba la menor y se fueron a poner la denuncia respectiva antes las oficinas de la DNIC de la ciudad de Tocoa, Colon y se le dio detención al señor Nelson Enrique Nolasco Benedith y fue remitido ante las autoridades competentes. SEGUNDO.- El veinticuatro de enero del año dos mil trece, el Doctor Martín Alejandro Enríquez Ramos, Medico Forense adscrito al Ministerio Publico de la ciudad de Tocoa, Colón; procedió a evaluar a la menor: K. Y. H. D., quien presentaba en su Área Genital: himen de orificio único, con ruptura antiguas (mayores de 10 días), en numero de dos localizadas a las III Y IX de las manecillas del reloj, las cuales son compatibles a las producidas por el roce y penetración de un cuerpo romo (por ejemplo un pene erecto) estando de acuerdo a lo mencionado por la evaluada. 2) Área Anal: pliegues radiados presentes y normales. 3) Área Paragenital y Extragenital: sin alteraciones. 4) Clinicamente sin evidencia de embarazo ni de enfermedades de transmisión sexual. 5) Se recomienda evaluación por psicología y psiquiatría forense para investigar traumas o secuelas que orienten a abuso sexual.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Miguel Ángel Maradiaga Valerio, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: NORMA INFRINGIDA. Infracción por haberse violentado las - Reglas de la sana crítica. NORMA INFRIGIDA. Se invoca como norma adjetiva inobservada La comprendida en el artículo 202 en relación Con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra - comprendido en el articulo 362 No.3 del Código- Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO La norma sustantiva infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: Articulo que ha sido violentado por parte del tribunal de sentencia al no haber valorado las pruebas en base a las reglas de la sana critica y de esta forma haber condenando a mi representado por el delito de Violación Especial que se le imputa, por lo que la literalidad de este artículo nos ubica claramente en lo que en esencia se entiende por VIOLACION A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA donde el objeto es precisamente la fundamentación probatoria intelectiva, que si está en el fallo, pero viola las reglas del correcto entendimiento humano. Es así que el caso que nos ocupa, el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria en contra de mi representado NELSON ENRIQUE NOLASCO BENEDITH, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana critica; transgrediendo la ley de la derivación como uno de los integrantes de la sana critica, así como las máximas de la experiencia.- lo anterior lo decimos en base a lo sucedido en juicio oral y publico, así: a) Que según los dichos en audiencia publica por parte de la ofendida K. Y. H. D., nos asalta la duda que la acusación vertida por esta sea cierta, por una parte en vista que el Ministerio Público cuando esta declaraba le pregunto entre otras cosas ¿habías tenido relaciones sexuales antes? Contestando la ofendida que NO, seguidamente la Fiscal le preguntó ¿quién es el Papá del niño? La ofendida contestó El; asimismo en el turno de la defensa Pública para interrogar le pregunto a la ofendida ¿únicamente con Nelson ha tenido relaciones sexuales? Contestando la ofendida antes Sí; b) Por otra parte la existencia del Dictamen Pericial Medico Forense de Análisis comparativo de ADN No.2015-0801-0507-1780 elaborado el 29 de abril del año dos mil quince, y ratificado en juicio por la Doctora Digna Margarita Pineda Rodríguez, en su condición de Perito Oficial del Ministerio Público de la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., Concluyendo: Que basándose en los resultados del análisis del ADN del señor Nelson Enrique Nolasco Benedith se excluye como padre biológico de la niña A. N. H. D.;lo cual consideramos ser contradictorio a la declaración de la ofendida al manifestar que fue violada por mi representado Nelson Enrique Nolasco Benedith y que la hija era de este, pues como se dijo antes a este se le realizó una evaluación de análisis comparativo de ADN excluyéndolo como padre de la niña A. N., por lo que si utilizamos la lógica que la menor ofendida manifestó en juicio oral y público que el padre de la hija que ella llevaba en su vientre era de mi representado, lo cual quedo descartado con el examen de ADN podemos concluir lógicamente que la menor ofendida mintió quedando excluido de la acusación que se le imputaba, pero a pesar de ello el Tribunal Sentenciador erróneamente condenó al señor Nelson Enrique Nolasco fundando su decisión en prueba dudosa como ser la declaración de la ofendida, no tomando en cuenta para su fallo la prueba supra indicada y practicada al imputado de ADN que vino a desvirtuar el dicho de la ofendida. SEGUNDO: Todos estos hechos contradictorios no fueron valorados de acuerdo a las Reglas de la Sana Critica por el Tribunal Sentenciador, no existiendo justificación alguna para haber condenado al imputado por el delito de Violación Especial tomando como prueba valida una declaración de ofendida espuria.- Por tanto el tribunal no realizó una valoración siguiendo las reglas de la sana critica faltando al postulado de la derivación resultando una sentencia condenatoria apartándose de lo dispuesto en el artículo 336 del Código Procesal Penal que establece que las pruebas serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica, no derivando su conclusión de la prueba aportada y evacuada en juicio ultrajando la regla de la derivación que integra el gran concepto de legalidad perteneciente a la sana critica racional. Es así que al analizar el contenido de los dos hechos probados se observa que el Tribunal no tomo en cuenta los aspectos arriba indicados y que lejos de darnos certeza de haberse cometido el ilícito penal que se acusa nos crea la duda razonable de si realmente los hechos sucedieron así, por lo que nos lleva a pensar que el tribunal no se percato que no debió condenar al imputado por violación Especial, hechos probados que por así declararse constituyen una verdad intangible, pero la verdad es que estos no van más allá de afirmar que el imputado cometía un ilícito, pero que al valorar la prueba en su conjunto nos deja la duda si precisamente existió el delito antes indicado, pues la ofendida narra en juicio oral los hechos según ella como sucedieron, pero que los mismos no fueron sustentados por la prueba científica aportada en juicio por las razones antes indicadas; derivándose de esta forma que los hechos nos crean la duda, y que si todos los medios de prueba incorporados legalmente a juicio hubieran sido valorados como lo ordena el artículo 202 del Código procesal penal, estos hubieran dado un resultado distinto al de una condena, dando la apariencia que el Tribunal sentenciador que conoció de esta causa de manera aislada valoraron cada uno de los medios de prueba, por lo tanto no logrando concatenarla en su conjunto, considerando que el fallo es herrado por lo que la sentencia no debió calificar el delito de Violación Especial, en consecuencia violentado el artículo 362 No.3 del Código Procesal Penal. TERCERO: De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencias no es constitutivo de una VIOLACION ESPECIAL como erróneamente fue calificado por el tribunal, por lo que tal situación agrava significativamente la situación de mi representado en cuanto a la pena impuesta, razones que me llevan a interponer el presente recurso de casación por Quebrantamiento de Forma.- Por tanto Honorables Magistrados esta defensa es del criterio que los hechos probados de una sentencia penal esta sustentada en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria, es decir que la fundamentación elaborada por el tribunal sentenciador al describir la declaración testifical de la ofendida K. Y. H. D. no toma en cuenta la contradicción que se da con el dictamen comparativo de ADN elaborado al Imputado Nelson enrique Nolasco Benedith, que se contradice con el dicho de la ofendida, por lo que esta defensa hace el reproche respectivo del porque el Tribunal no le dio valor probatorio a favor del imputado, por lo que al ser muy obvia dicha contradicción y no valorarla a favor del imputado se estaría violentando de esta forma las reglas de la sana critica, por lo que la violación a las mismas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la Sentencia, por lo que las conclusiones a que arribo el Tribunal sentenciador consideramos que no son el fruto razonado en las pruebas que se apoyó, tampoco consideramos haberse respetado los principios de la recta razón: “Tal como lo señala el jurista Manuel Estrella Ruiz, en su obra “Valoración de la Prueba, Presunción de inocencia, Indubio Pro reo el requisito esencial del indicio del cual se parte, es que este acreditado, probado, demostrado y el enlace que exista entre el hecho y aquél que se trate de deducir haya enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano mediante un proceso mental razonado, se trata de una operación lógica que desarrolla el Juzgador, consiste en un razonamiento de índole deductivo que se refleja en la conclusión contenida en la sentencia que ha de dictarse.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. *normas autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 y 338 regla 4 numeral 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción expuesto: Violación a las reglas de la sana crítica; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia;*Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Denuncia el recurrente que el sentenciador al momento de dictar sentencia condenatoria en contra del acusado, lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la sana crítica, transgrediendo la ley de la derivación y las máximas de la experiencia; luego resume parte de los dichos rendidos por la testigo victima K. Y. H. D., afirmando que le asalta la duda que la acusación vertida por la ofendida sea cierta, al ser uso del interrogatorio las partes, la testigo víctima respondió no haber tenido relaciones sexuales anteriormente, que el papá del niño es él, que solamente con Nelson ha tenido relaciones sexuales; posteriormente, el censor señala que el dictamen pericial médico forense de análisis comparativo de ADN número 2015-0801-0507-1780, elaborado el 29 de abril de 2015 y ratificado en juicio por la Doctora Digna Margarita Pineda Rodríguez hace constar que basándose en los resultados del análisis del ADN del acusado se excluye como padre biológico de la niña A. N. H. D.; el recurrente hace un cuestionamiento de ser contradictorio la declaración de la ofendida, que al utilizar la lógica, se puede concluir que ha mentido, a pesar de ello, el tribunal sentenciador erróneamente condenó al acusado, debido a que todos esos hechos contradictorios no fueron valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por tal razón los hechos le crean duda. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique en primer término el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, de la psicología y de las máximas de la experiencia como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como que la prueba evacuada en juicio es contradictoria, que la declaración de la testigo víctima de cargo falseo en sus dichos, que el dictamen pericial médico forense de análisis comparativo de ADN número 2015-0801-0507-1780 contradice la declaración de la ofendida. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos como ser: “…por lo que si utilizamos la lógica que la menor ofendida manifestó en juicio oral y público que el padre de la hija que ella llevaba en su vientre era de mi representado, lo cual quedo descartado con el examen de ADN podemos concluir lógicamente que la menor ofendida mintió quedando excluido de la acusación que se le imputaba, pero a pesar de ello el Tribunal Sentenciador erróneamente condenó al señor Nelson Enrique Nolasco...”, más estos alegatos recursivos no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo. DECISIÓN Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Miguel Ángel Maradiaga Valerio, actuando en su condición de defensor público del acusado Nelson Enrique Nolasco Benedith. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Departamento de Colón, que contiene el pronunciamiento condenatorio contra el señor Nelson Enrique Nolasco Benedith, como autor responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor K. Y. H. D.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-472-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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