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Sentencia CP-471-16 — Registro 12982

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado por el delito de extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Los hechos probados de la sentencia narran: “PRIMERO: Que el día 7 de noviembre del año 2013, la testigo protegido clave CX156-2013, recibió una nota manuscrita, de persona desconocida, en su negocio ubicado, en esta ciudad de La Ceiba Atlántida, en donde se le exigía el pago del denominado “impuesto de guerra”, advirtiéndole que conocían a su familia, que no llamaran a la policía y que llamara al día siguiente al numero de teléfono 31874517, para recibir mas información, de lo contrario recibirían la visita de las personas que enviaron la nota. SEGUNDO: Que el día ocho de noviembre del año dos mil trece, en horas de la mañana, la testigo protegida clave CX156-2013, se presenta a denunciar el hecho ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación.- En horas de la tarde a eso de las 4 pm de ese mismo día, la testigo protegida clave CXl56-2013, quien había ya recibido instrucciones acerca de la entrega de dinero, en la terminal de buses del mercado San José de esta ciudad, al llegar a dicho lugar, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lps., en efectivo, con serie U6463008, quien laboraba en ese momento para la Municipalidad de esta ciudad; como cobrador del peaje diario de los buses de ruta interurbana de dicha terminal siendo capturado casi de inmediato el señor Hernández Canales, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal, y que montaban la vigilancia.”El hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Extorsión que hemos estudiado Ut Supra, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia contiene el vicio In Iudicando alegado. El A-Quo, hace la reconstrucción histórica describiendo los hechos, los que tienen dos momentos perfectamente diferenciados, siendo éstos: 1. El día 07 de noviembre de 2013 describe el testigo protegido recibió una nota manuscrita, de persona desconocida en su negocio ubicado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, exigiéndole pago por el denominado impuesto de guerra, con la advertencia de conocer a sus familiares y de no llamar a la policía; que debía llamar al siguiente día al número 3187-4517 para recibir más información, de lo contrario recibiría la visita de las personas que enviaron la nota. 2. Denuncia hecha por el Testigo Protegido el 08 de noviembre de 2013, ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación. Ese mismo día y habiendo recibido la información el Testigo Protegido; a eso de las 4:00 PM, en la terminal de buses del mercado San José de la ciudad de La Ceiba, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lempiras en efectivo con serie U6463008. Siendo capturado casi de inmediato el acusado, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal a montar la vigilancia. El relato en su conjunto satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión: i. La conducta criminosa que fue la de obligar al Testigo Protegido a entregar una cantidad de dinero; ii. La modalidad criminosa que es la intimidación hecha al Testigo Protegido; iii. El ánimo de lucro perseguido, al ser el acto exigido la entrega de una cantidad de dinero que supondría el detrimento al patrimonio del Testigo Protegido, en inversa correspondencia al incremento injusto al patrimonio de la persona o personas destinatarias del dinero. En conclusión, los hechos probados afirman que el acusado recibió del Testigo Protegido una cantidad de dinero, acto que realizó este último obligado por la intimidación recibida vía nota manuscrita; entonces el acusado, formando parte de un plan preconcebido, se logró obligar al ofendido, buscando ánimo de lucro que al final no vio materializado, por la oportuna intervención de los agentes policiales quienes montaban la vigilancia. Discrepa está Sala de lo Penal, con lo denunciado por el recurrente, que el actuar del acusado es a título de autor, sin embargo, del cuadro fáctico se desprende un actuar a título de coautor por parte del señor Manuel de Jesús Hernández Canales. La coautoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito; cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una Departamento de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores; por ello, no es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el delito de extorsión la materialización de la violencia, intimidación o proferir las amenazas a la víctima, la exigencia de hacer algo en este caso entregar dinero o bienes que provean un provecho económico, y recibir tales bienes o dinero de la víctima (esta última el actuar del acusado), pues a la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas. Tampoco el actuar del acusado Manuel de Jesús Hernández Canales, se trata de una acción individual separada y sin conexión, sino de una acción agresora unitaria y conjunta, materializada por varios simultáneamente sobre la misma víctima, de modo que, sin perjuicio del problema de la relevancia en la aportación individual, la calificación típica de la acción se obtiene considerándola en su propia unidad total. Por lo explicado es legalmente acertado el recurso en su único motivo al demandar la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Manuel de Jesús Hernández Canales, por la conducta realizada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 471-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al acusado Manuel de Jesús Hernández Canales, como autor responsable penalmente del delito de Extorsión, en perjuicio de testigo protegido CX156-2013. SEGUNDO: No procede condenar en costas al Ministerio Público; devuélvase los objetos presentados como prueba material. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Liana Lourdes Soto, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y el Abogado Ismael Gómez Delarca, defensor público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que el día 7 de noviembre del año 2013, la testigo protegido clave CX156-2013, recibió una nota manuscrita, de persona desconocida, en su negocio ubicado, en esta ciudad de La Ceiba Atlántida, en donde se le exigía el pago del denominado “impuesto de guerra”, advirtiéndole que conocían a su familia, que no llamaran a la policía y que llamara al día siguiente al numero de teléfono 31874517, para recibir mas información, de lo contrario recibirían la visita de las personas que enviaron la nota. SEGUNDO: Que el día ocho de noviembre del año dos mil trece, en horas de la mañana, la testigo protegida clave CX156-2013, se presenta a denunciar el hecho ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación.- En horas de la tarde a eso de las 4 pm de ese mismo día, la testigo protegida clave CXl56-2013, quien había ya recibido instrucciones acerca de la entrega de dinero, en la terminal de buses del mercado San José de esta ciudad, al llegar a dicho lugar, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lps., en efectivo, con serie U6463008, quien laboraba en ese momento para la Municipalidad de esta ciudad; como cobrador del peaje diario de los buses de ruta interurbana de dicha terminal siendo capturado casi de inmediato el señor Hernández Canales, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal, y que montaban la vigilancia.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Liana Lourdes Soto, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 222 numeral 1, con relación al 32 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Previo a proceder a la exposición de las argumentaciones que servirán de sustento al presente motivo, se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: “PRIMERO: Que el día siete de noviembre del año dos mil trece, la testigo protegido clave CX156-2013, recibió una nota manuscrita, de una persona desconocida, en su negocio ubicado, en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida, en donde se le exigía el denominado pago del “impuesto de guerra”, advirtiéndole que conocían a su familia, que no llamaran a la Policía y que llamara al día siguiente al número de teléfono 31874517, para recibir información, de lo contrario recibirían la visita de las personas que enviaron la nota. SEGUNDO: Que el día ocho de noviembre del año dos mil trece, en horas de la mañana, la testigo protegida clave CX156-2013, se presenta a denunciar el hecho ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación.- En horas de la tarde a eso de las cuatro (P.M.) de ese mismo día, la testigo protegida con clave CX156-2013, quien había recibido ya instrucciones acerca de la entrega de dinero, en la Terminal de buses de! mercado San José de ésta ciudad, al llegar a dicho lugar, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de quinientos lempiras, en efectivo, con serie U6463008, quien laboraba en ese momento para la Municipalidad de esta ciudad, como cobrador de pesaje diario de los buses de la ruta interurbana de dicha Terminal, siendo capturado casi de inmediato el señor Hernández Canales, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la Terminal y que montaban la vigilancia. Los preceptos penales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen: Artículo 222: “Comete el delito de extorsión quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar hacer alguna cosa; 2) ..; 3)…” Artículo 32: “Se consideran autores quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado..”. Al tenor de lo establecido en los hechos declarados como probados, se puede apreciar que en fecha ocho de noviembre del año dos mil trece, aproximadamente a las cuatro de la tarde, Agentes de la Fuerza Nacional de Antiextorsión organizaron una entrega controlada en la Terminal de Buses del Mercado San José de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida; de acuerdo a denuncia previa del testigo Protegido CX156-2013, quien un día antes había recibido en su negocio, una nota manuscrita, en la que le cobraban el impuesto de guerra y se le amenazaba advirtiéndole que no llamara a la Policía; por lo que el día de la diligencia supraseñalda, el testigo protegido procedió a entregarle al acusado un billete por la cantidad de quinientos lempiras en efectivo, con serie U6463008 y fue en ese momento que se le dio detención al señor Manuel de Jesús Hernández. El tipo penal descrito, requiere para su estructuración que el sujeto activo intimide al sujeto pasivo con el objetivo de obtener un provecho económico para sí o para cualquier organización delictiva, lo que implica que hay menoscabo en el patrimonio de la víctima como Departamento de la violencia ejercida sobre ésta, tal como ocurrió en el presente caso, donde el testigo protegido CX156-2013, fue compelido a entregar la cantidad de quinientos lempiras, como Departamento de las amenazas que recibiera de persona desconocida en una nota manuscrita, advirtiéndole que de no hacerlo atentarían contra su vida y la de su familia. No obstante a que no se acreditara que el señor Manuel de Jesús Hernández, fue la persona que le entregó la nota intimidante al testigo protegido, se desprende del cuadro fáctico que fue él la persona que llegó a recoger el dinero que entregaría la víctima, por ende tenía conocimiento del plan preconcebido para obtener beneficio económico del testigo protegido CX-156-2013, mediante intimidación. Es preciso señalar que la naturaleza del delito de extorsión comprende una serie de tareas, es decir varias actividades que no son desarrolladas por una sola persona, sino por un conjunto de individuos como parte de una empresa para delinquir y esos individuos realizan por sí mismos la acción que les corresponde con un solo objetivo, causar un perjuicio patrimonial en la víctima, mediante amenazas, lo que ocasiona que ésta ceda a sus pretensiones por temor a que le ocurra algo a su persona o a su familia, que son los blancos que utilizan para amedrentar y como antes lo indicamos son empresas delictivas, que para causar más temor expresan su origen y por esa razón la víctima sabe que son personas que no tienen compasión en causar daño y como podemos observar en el presente caso el acusado respondió concretamente en recibir el dinero de la víctima; por ende tomó parte directa en esas acciones y el fáctum claramente lo refiere, en tal sentido define que la participación del imputado fue a titulo de Autor; por ende su participación se vincula a un plan de organización delictiva en el que cada individuo tiene asignación de tareas para delinquir, respondiendo unitariamente por ellas. Respecto a la Coautoría, la Sala de Lo Penal a través de Sentencia 371-2009, de fecha 20 de Junio del año 2012; se ha pronunciado en los siguientes términos: “Esta sala estima que la coautoría es “La realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del delito, lo que por definición, no sucede en la conspiración...” 3. Por otra parte, “Las condiciones que se exigen para la coautoría son: a) que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor; b) que haya un plan común para la realización del hecho; c) que el coautor haya prestado una colaboración objetiva al mismo; y, d) que haya tenido el codominio del hecho.” 4. Normalmente, “existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva) y que sea tácito” 5. Ya el artículo 32 del Código Penal dispone en su primera parte que se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho. Por su parte LOPEZ BARJA DE QUIROGA, refiriéndose a casos como el que ahora se plantea, nos habla de la denominada Coautoría aditiva que aparece “….cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero sólo alguna o algunas de las acciones de dichas personas producirán el resultado típico. Seria el supuesto del pelotón de fusilamiento, o de la actuación de los gangsters, o, del actuar de varios terroristas, todos ellos disparan a la vez con la intención de matar, pero resulta que alguna de las balas no alcanzó tal objetivo. En estos casos cada autor pretendió por sí mismo realizar por completo el tipo, y el hecho de que actúen conjuntamente varias personas no tiene por objeto llevar a cabo una distribución de funciones entre ellas, sino obtener el aseguramiento del resultado. Estos supuestos deben resolverse, de igual forma que los casos de autoría alternativa es decir, admitiendo que se trata de un caso de autoría, pues, ex ante las diferentes contribuciones, dada su importancia, resultan esenciales y necesarias.... (vid. BARJA LOPEZ DE QUIROGA, JACOBO, Autoría y Participación, Akal Ediciones, M., 1996, págs. 78-79, vid”.” Esta Sala de lo Penal concluye que en el presente caso, los acusados D. O. M. M., R. M. y F. B. D. de acuerdo al fáctum de la sentencia han realizado conjuntamente los actos materiales de ejecución de los delitos que se les atribuye, en tanto, que al momento de los hechos sometidos a juzgamiento han disparado sus armas, dando como resultado la muerte dos personas, sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión que no se haya logrado identificar al autor directo de aquellos disparos con efectos mortales, pues los procesados obraron sobre la base de una decisión común; con su aporte aumentaron la probabilidad de producción de la muerte de las víctimas y tuvieron una función decisiva en la configuración del hecho. De este modo, las acciones cometidas por los señores F. B., D. O. M. M. y R. M. son consideradas como un todo unitario, es decir el dominio del hecho o de la acción, era ejercido por los tres imputados, ya que indudablemente al disparar al mismo tiempo y en el mismo lugar contra un vehículo en marcha, es porque existía entre ellos ese concierto previo en la ejecución del hecho, en ese sentido los tres encartados responden penalmente en iguales condiciones, ostentando los tres el titulo de autores directos de los hechos; extremos que quedaron plenamente establecidos en los mencionados hechos probados.” Por todo lo anterior, si se analiza el contenido del ilícito de Extorsión establecido en el artículo 222 del Código Penal, con relación al 32 del mismo cuerpo legal, se determina que la acción del encausado se subsume perfectamente en dichos preceptos, ya que el fáctum describe que las acción ejecutada por el señor Manuel de Jesús Hernández fue a título de Autor del delito de Extorsión. En conclusión, el desvalor de la participación del imputado como Autor del delito de Extorsión, al absolvérsele de responsabilidad penal, produjo la Falta de Aplicación del artículo 222, con relación al 32 citados como vulnerados.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a Departamento de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las Departamentos de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 222 numeral 1 en relación con el 32 del Código Penal; *Concepto de la infracción: Falta de aplicación de los artículos que contiene el tipo penal de Extorsión a título de autores; *Pretensión: Sin determinar por la recurrente. Denuncia la recurrente que al tenor de lo establecido en los hechos probados, se aprecia la participación del acusado, que si bien, no fue la persona que entregara la nota intimidante al testigo protegido, si se desprende del cuadro fáctico ser la persona que llegó a recoger el dinero que entregó la víctima, demostrando con ello el conocimiento de un plan preconcebido para obtener beneficio económico, ante ello señala, que el delito de extorsión comprende una serie de tareas, no desarrolladas por una sola persona, sino por un conjunto de individuos, siendo la parte directa del acusado el ir por el dinero de la víctima, por lo cual a su criterio, la acción ejecutada por el señor Manuel de Jesús Hernández fue a título de autor del delito de extorsión. Del tipo penal de extorsión. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de extorsión, contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32, 798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación, siendo el que resulta aplicable al hecho enjuiciado en virtud del principio de retroactividad de la ley penal y cual expresa lo siguiente: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: a) Sujeto activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia; b) Sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito: Es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto; d) Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” al sujeto pasivo a que realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vicio de consentimiento; se tiende por acto o negocio jurídico: *Acto, la conducta comisiva u omisiva, que se pretende obtener de parte del sujeto pasivo y que se agota en un solo momento con o sin trascendencia jurídica, más si patrimonial; como por ejemplo cuando se obliga a romper documentos que den fe de obligaciones o de crédito o se obliga a estampar la firma en un documento en blanco. *Negocio jurídico, consistente en la celebración de un contrato, típico o atípico, con trascendencia jurídica y con efectos patrimoniales. a) Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a realizar un acto o suscribir un negocio jurídico o aun omitir un acto o negocio jurídico. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre medio) le provoque la Departamento descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Por su parte, la amenaza puede ser directamente al sujeto pasivo o a un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Tal amenaza puede formularse mediante: *Lenguaje hablado o lenguaje de señas; *Por representaciones o dramatizaciones; *De manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; *Por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. f) Punibilidad: El delito de extorsión está conminado con dos penas principales: una pena de reclusión de 15 a 20 años, y una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto. Al responsable del delito de extorsión además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de reclusión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Como elementos subjetivos del tipo penal de extorsión se requiere de dolo: conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; y adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo. Características del tipo penal de extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a) Según su estructura: I. Tipo penal especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; II. Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: tratar de obligar; b) Según su contenido: I. Tipo Penal de mera actividad, pues no se requiere un cambio en el mundo físico, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. II. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; III. Tipo penal de acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; IV. Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c) Según el sujeto activo: I. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; II. Tipo penal simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d) Según el bien jurídico tutelado: I. Tipo penal pluriofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado es el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley o Doctrina Legal, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Los hechos probados de la sentencia narran: “PRIMERO: Que el día 7 de noviembre del año 2013, la testigo protegido clave CX156-2013, recibió una nota manuscrita, de persona desconocida, en su negocio ubicado, en esta ciudad de La Ceiba Atlántida, en donde se le exigía el pago del denominado “impuesto de guerra”, advirtiéndole que conocían a su familia, que no llamaran a la policía y que llamara al día siguiente al numero de teléfono 31874517, para recibir mas información, de lo contrario recibirían la visita de las personas que enviaron la nota. SEGUNDO: Que el día ocho de noviembre del año dos mil trece, en horas de la mañana, la testigo protegida clave CX156-2013, se presenta a denunciar el hecho ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación.- En horas de la tarde a eso de las 4 pm de ese mismo día, la testigo protegida clave CXl56-2013, quien había ya recibido instrucciones acerca de la entrega de dinero, en la terminal de buses del mercado San José de esta ciudad, al llegar a dicho lugar, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lps., en efectivo, con serie U6463008, quien laboraba en ese momento para la Municipalidad de esta ciudad; como cobrador del peaje diario de los buses de ruta interurbana de dicha terminal siendo capturado casi de inmediato el señor Hernández Canales, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal, y que montaban la vigilancia.”El hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Extorsión que hemos estudiado Ut Supra, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia contiene el vicio In Iudicando alegado. El A-Quo, hace la reconstrucción histórica describiendo los hechos, los que tienen dos momentos perfectamente diferenciados, siendo éstos: 1. El día 07 de noviembre de 2013 describe el testigo protegido recibió una nota manuscrita, de persona desconocida en su negocio ubicado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, exigiéndole pago por el denominado impuesto de guerra, con la advertencia de conocer a sus familiares y de no llamar a la policía; que debía llamar al siguiente día al número 3187-4517 para recibir más información, de lo contrario recibiría la visita de las personas que enviaron la nota. 2. Denuncia hecha por el Testigo Protegido el 08 de noviembre de 2013, ante los órganos policiales, quienes ordenan la conformación de un grupo de investigación. Ese mismo día y habiendo recibido la información el Testigo Protegido; a eso de las 4:00 PM, en la terminal de buses del mercado San José de la ciudad de La Ceiba, procedió a entregarle al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, un billete por la cantidad de 500 lempiras en efectivo con serie U6463008. Siendo capturado casi de inmediato el acusado, por los agentes policiales que previamente habían llegado a la terminal a montar la vigilancia. El relato en su conjunto satisface los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión: i. La conducta criminosa que fue la de obligar al Testigo Protegido a entregar una cantidad de dinero; ii. La modalidad criminosa que es la intimidación hecha al Testigo Protegido; iii. El ánimo de lucro perseguido, al ser el acto exigido la entrega de una cantidad de dinero que supondría el detrimento al patrimonio del Testigo Protegido, en inversa correspondencia al incremento injusto al patrimonio de la persona o personas destinatarias del dinero. En conclusión, los hechos probados afirman que el acusado recibió del Testigo Protegido una cantidad de dinero, acto que realizó este último obligado por la intimidación recibida vía nota manuscrita; entonces el acusado, formando parte de un plan preconcebido, se logró obligar al ofendido, buscando ánimo de lucro que al final no vio materializado, por la oportuna intervención de los agentes policiales quienes montaban la vigilancia. Discrepa está Sala de lo Penal, con lo denunciado por el recurrente, que el actuar del acusado es a título de autor, sin embargo, del cuadro fáctico se desprende un actuar a título de coautor por parte del señor Manuel de Jesús Hernández Canales. La coautoría aparece cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito; cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una Departamento de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores; por ello, no es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el delito de extorsión la materialización de la violencia, intimidación o proferir las amenazas a la víctima, la exigencia de hacer algo en este caso entregar dinero o bienes que provean un provecho económico, y recibir tales bienes o dinero de la víctima (esta última el actuar del acusado), pues a la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales decisivas. Tampoco el actuar del acusado Manuel de Jesús Hernández Canales, se trata de una acción individual separada y sin conexión, sino de una acción agresora unitaria y conjunta, materializada por varios simultáneamente sobre la misma víctima, de modo que, sin perjuicio del problema de la relevancia en la aportación individual, la calificación típica de la acción se obtiene considerándola en su propia unidad total. Por lo explicado es legalmente acertado el recurso en su único motivo al demandar la aplicación del artículo 222 del Código Penal como norma autorizada para sancionar al acusado Manuel de Jesús Hernández Canales, por la conducta realizada. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, se emite el siguiente pronunciamiento: I) Se debe condenar y se condena al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, como coautor responsable del delito consumado de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido CX156-2013, imponiéndosele una pena principal de quince años de Reclusión, a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad; II) Se debe condenar y se condena al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, a la pena principal de multa de cincuenta salarios mínimos, misma que deberá enterar a la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin; III) Se debe condenar y se condena al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; IV) Se debe condenar y se condena al señor Manuel de Jesús Hernández Canales, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; V) Se declara la responsabilidad civil del condenado Manuel de Jesús Hernández Canales, consistente en la reparación del daño moral y la indemnización de perjuicios, que deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia; VI) Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal; y VII) Se declara el comiso sobre la evidencia decomisada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido que ha adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del condenado Manuel de Jesús Hernández Canales. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-471-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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