Sentencia CP-466-16 — Registro 12977
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve a los acusados por los delitos de Tortura, Detención Ilegal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". EL RECURSO ES DE RECIBO. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida la regla de la lógica de la sana crítica en su postulado de derivación, en lo que respecta a las siguientes conclusiones valorativas: En relación a la declaración testifical del ofendido señor Bonifacio Alvarado Quintero “…al hacer un análisis de la declaración del presente testigo que a su vez se declara ofendido, concluimos que si bien es cierto le creemos a lo que ha dicho, sin embargo los elementos que aportó no son suficientes como para poder encajar en el tipo penal de TORTURAS, ya que si bien el testigo refiere haber recibido golpes y heridas en su cuerpo, estas fueron producto del forcejeo que los policías hicieron al momento de sacarlo de la cabina del carro, (tal como lo ha dejado entrever el ofendido), al ejercer esta fuerza obviamente se tuvo que romper tanto la camiseta como el pantalón y las heridas no eran graves como para pensar que efectivamente hubieron torturas, sino que son heridas leves tal como lo estableció la Doctora Cálix en su dictamen mismo que nos referiremos más adelante; asimismo no se vislumbra por ningún lado la figura penal de Detención Ilegal ya que el mismo ofendido ha dicho que cuando llegaron sus amigos este fue liberado de las esposas por parte de los agentes de policía, es obvio entender que al tener una certeza los policías de quién se trataba la persona detenida, fue dada la orden de liberación completa, por lo cual los juzgadores no vemos la detención ilegal figurada en el accionar de los agentes de policía, cuando inicialmente es procedente la detención por las sospechas que los agentes de policía tenían en relación al vehículo que interceptaron en ese momento, sospechas que fueron despejadas cuando se aclaró la verdadera identidad del sospechoso, no por lo que manifestó al principio sino por lo que dijeron las demás personas.” En relación a la declaración testifical del señor Salvador Valenzuela Valenzuela y la declaración testifical del señor Felipe López López evacuada mediante lectura autorizada los juzgadores concluyeron: “…ambos medios de prueba el tribunal les da credibilidad porque han manifestado circunstancias similares a las narradas por el propio ofendido el señor Bonifacio Alvarado Quintero, sin embargo como se dijo antes estas pruebas no son suficientes para acreditar la tesis acusadores del Ministerio Público por lo que en nada abona a la pretensión del ente acusador.” En lo que respecta al Dictamen Médico Legal ratificado por la Dra. Yolanda María Cálix Orellana refirió el tribunal: “medio de prueba que por su condición de ser no dudamos del mismo, sin embargo no abona en lo absoluto para demostrar la tesis acusadora del Ministerio Público, al contrario viene a contribuir para el esclarecimiento de los hechos en relación a la conclusión que han llegado los jugadores en el sentido de considerar que las agresiones provocadas por los policías acusados en esta causa no son graves sino que son producto del mismo forcejeo que tuvieron los mismos con el señor Bonifacio Alvarado Quintero al momento de bajarlo del vehículo.” En lo que atañe al medio de prueba Inspección Judicial al libro de novedades que para tales efectos lleva la jefatura policial del municipio de Guarita, Lempira manifestó: “…se constató que el día veinticuatro de marzo del año dos mil catorce en horas del mediodía los agentes de policía Óscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez salieron con dirección a la aldea Terlaca, a realizar un patrullaje de rutina, con la novedad que le dieron captura al Señor Bonifacio Alvarado Quintero porque éste no quiso hacer caso al llamado de los agentes, si bien la fuente de donde se extrajo esta información es confiable, sin embargo no abona en lo absoluto a la pretensión del Ministerio Público en esta causa.” Aportan los sentenciadores lo siguiente: “Con la prueba aportada por el Ministerio Público no fue suficiente para la existencia del delito de Torturas, por las razones anteriormente expuestas; asimismo no se aportó pruebas suficientes para probar la existencia de delito Detención Ilegal por lo tanto en este segundo no sé creo ni el más mínimo asomo de la existencia del mismo, no digamos una certeza a los juzgadores, acerca de la participación de los acusados en los hechos que inicialmente el ente acusador inclinó sobre los mismos.” En el acápite de la Fundamentación Jurídica los sentenciadores expresaron: “Al conjugar los hechos con los elementos del tipo penal mas conjugarlos con la definición que da la doctrina acerca de la figura de Tortura, obtenemos como resultado, que no encajan por ningún lado los hechos con el tipo penal, ya que no se probó en juicio cuál era la finalidad que tenían los policías al torturar al Señor Bonifacio Alvarado Quintero, sólo se hablo que lo detuvieron, lo esposaron, luego producto de forcejeo de su detención, su vestimenta se rompe y por ende se produce laceraciones en su cuerpo; tampoco se ve reflejada la agresividad impulsiva por parte de los agentes de policía al dejarle secuelas en el cuerpo del ofendido producto de dichas torturas.” “… La detención ilegal se da cuando la autoridad en este caso policial detiene a una persona sin motivo ni justificación alguna, en ese sentido al analizar la declaración del ofendido señor Bonifacio Alvarado Quintero, pudimos captar por lo que él ha manifestado que lo detienen porque lo confunden con narcotraficante ya que le venían siguiendo de la frontera con Guatemala…” “… en conclusión a criterio de los juzgadores si existió un motivo para detener en este momento al Señor Bonifacio Alvarado Quintero, no existiendo por ningún lado el dolo por parte de los agentes de policía sino más bien reconociendo el error una vez identificado plenamente el ofendido.” Considera esta Sala de lo Penal violación a las reglas de la sana crítica como fue denunciado por la recurrente, pues, no es necesario que el daño fuere grave para tipificar la acción en el delito de Torturas, basta también que no lo sea, como lo señala nuestra norma penal, asimismo, en la declaración del ofendido Bonifacio Alvarado Quintero en ninguna de sus partes se refiere que llegaron sus amigos, como lo concluye el tribunal; la no existencia de denuncia previa o la falta de indicio suficiente sobre la comisión de un ilícito penal, vuelve ilegal cualquier tipo de aprehensión; refleja el libro de novedades que los acusados salieron por un patrullaje de rutina, no por sospechar del ofendido, ni que éste estaba en flagrancia en la comisión de un delito; a pesar de ello, el ofendido fue llevado a una posta policial previo sufrir la intimidación mediante disparos al aire con arma de fuego y agresiones físicas, así lo describieron los testigos a quienes el tribunal les dio credibilidad; en síntesis, se concluye que la aprehensión del ofendido fue ilegal al ser llevado a una posta policial sin haber una orden para su captura y menos encontrándose infraganti en la comisión de un delito. En su valoración probatoria ha manifestado el sentenciador que lo detienen porque lo confunden como narcotraficante ya que lo venía siguiendo desde la frontera con Guatemala, por lo cual existió un motivo para detener al ofendido, sin embargo, dicha valoración es errónea, si bien es cierto, el ofendido en su declaración manifestó que los acusados le justificaron detenerlo por sospecha de que fuera un narcotraficante, dicha aseveración de los acusados no fue sustentada, menos acreditada al no haber soporte para proceder a la aprehensión como ser una denuncia previa, orden de captura o encontrarse en flagrancia; el testigo Salvador Valenzuela Valenzuela reseñó que era imposible que los acusados vinieren en persecución del ofendido desde la frontera con Guatemala, porque había visto esa misma patrulla a las 06:00 a.m. de ese día cuando la estaban lavando en la posta policial y por la distancia y la carretera en malas condiciones, no era posible lo dicho por los policías, declaración que el tribunal dio credibilidad. Reitera esta Sala de lo Penal que el juzgador no logra acreditar la existencia de los delitos, ni vincular a los acusados Oscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez aún y cuando el ofendido ha declarado (f. 324) que los acusados lo esposaron estando adentro del vehículo, que lo sacaron por la ventada a jalones, le halaron de la camisa, en el forcejeo se le cayeron los zapatos, le prensaron los dedos con las botas, lo dejaron a chuña, lo agarraron del cuello, le empujaban para luego llevarlo a Tambla con una distancia de treinta a cuarenta minutos, declaración que se concatena con la de los testigos Salvador Valenzuela Valenzuela (F.326), quien declaró haberse encontrado con el Padre Bonifacio que había sido detenido y que le expresó que lo llevara a Tambla porque lo habían amenazado que lo iban a matar, que le pegaban empujones al Padre, tenía muestras de las esposas en las manos, estaba empolvado y la ropa rota; el testigo Felipe López López (F.106v) escuchó uno disparos, como diez a quince tiros, al llegar cerca del desvío tenían el carro del padre con las cuatro puertas abiertas, al verle levantaron al Padre y le quitaron las chachas, que los policías le pidieron que se fuera, pero el Padre le pidió que se quedara porque lo estaban torturando, entonces apagó la moto y se quedó viendo, al Padre lo atestaban contra el carro, le sacaron todas las cosas del carro y se las tiraron en la calle. Por su parte, el dictamen médico forense número 2014-1301-0700-0064 ratificado por la Dra. Yolanda María Cálix Orellana (F. 23) establece como tipo de lesiones; contusiones simples; excoriaciones y equimosis en miembro superior derecho e izquierdo y tórax posterior; objeto con el que se produjo la lesión, trauma directo con objeto romo; tiempo de incapacidad siete días. Aun y cuando los juzgadores han concedido credibilidad a las declaraciones testificales, asimismo al Dictamen Médico que por su condición de ser, no dudan del mismo, no lograron derivar razones suficientes para concluir la existencia de los delitos y la participación culpable de los acusados en los hechos de que se les acusa, por ello se concluye que el a quo ha vulnerado la regla de la sana crítica de la lógica, en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad, debido a que los razonamientos que ha utilizado para desvirtuar la acusación de cargo de reproche son débiles e insuficientes para alcanzar un juicio de veracidad, por lo cual incurrió en un error de derivación. A manera de ilustración se describe lo siguiente: En sentencia del 21 de septiembre de 2006, en el caso Servellón García y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89. La restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). 90. Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. “.Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que: “68. La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”.”. Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia. 1. Orden escrita emitida por autoridad competente: La orden deberá ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (orden de aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (orden de detención preventiva). (Artículo 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal). Además, la orden deberá ser escrita (no verbal), en la cual deberán consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o personas que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento, el delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado e identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima o perjudicada. Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación suscinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República). El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte, la orden deberá ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía Preventiva o Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o de alguna de las unidades dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley que deben ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2. Personas en delito flagrante: La flagrancia es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello, la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como “In fraganti”. Para ello se requieren tres elementos: a) Inmediatez causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido. b) Inmediatez personal: Que el sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. c) Inmediatez temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehenden o persiguen a la persona. Como tercero se debe entender, incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo, el legislador hondureño ha dado un mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 del Código Procesal Penal los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: 2.1 Flagrancia material: a) Flagrancia propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Flagrancia por evasión: La persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. 2.2 Flagrancia Presunta (ficción legal): a) Flagrancia por inmediatez personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia). b) Flagrancia por inmediatez causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c) Flagrancia por inmediatez material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada. d) Aprehensión precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que esta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y e) Retención para aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. Como regla general, la condición de flagrancia autoriza a toda persona, esté o no revestida de autoridad pública, para que pueda aprehender a aquel de manera inmediata, sin necesidad de previa autorización fiscal o judicial, para efectos de ser puesta de manera inmediata a la orden de la autoridad competente (Artículo 84 de la Constitución de la República). Sin embargo, debe entenderse que tal potestad legal solo recae en los supuestos de Flagrancia Material y los casos de Cuasi-Flagrancia, siendo los restantes supuestas facultades exclusivas de los cuerpos del Estado. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, supra nota 18, párr. 91; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, supra nota 25, párr. 158; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, supra nota 29, párr. 94; Caso Tibi vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 149; Eur Court H.R., Case Ireland v United Kingdom . Judgement of 18 January 1978, para 167, señaló que: Fija de manera paulatina los elementos de la definición normativa de la tortura: sujeto activo calificado, elemento teleológico, intencionalidad y resultado. a) Cualquier vulneración al derecho a la integridad exige un sujeto activo calificado, esto es, un agente del Estado que actúa directamente o bien cuando un particular actúa con su tolerancia o aquiescencia, o a instigación de un agente del Estado o incluso cuando éste se abstiene de impedir la conducta. b) En la jurisprudencia de la Corte el elemento teleológico, es decir, la finalidad que se persigue con la acción (castigar, obtener información, o cualquier otro objetivo) está formalmente presente en la noción de tortura pero no es concluyente para su calificación. Aunque la Corte siempre procura desentrañar el objetivo perseguido por el autor de la violación, el contenido de la finalidad no es determinante, lo que guarda concordancia con la Convención Interamericana que admite cualquier finalidad como suficiente para calificar un acto como tortura. Esta conclusión está relacionada con el carácter absoluto de la prohibición de tortura, aunque el sujeto activo calificado reclame, por ejemplo, que sus actos no han tenido por objeto la investigación, castigo o discriminación de la víctima, ello no lleva a la Corte a descartar la hipótesis de tortura, la que valorará por la gravedad del sufrimiento. c) La intencionalidad es un elemento debilitado en el desarrollo jurisprudencial. Consideramos que la intencionalidad está relacionada con la exclusión del ámbito de protección del artículo 5 de la Convención, de los sufrimientos padecidos a consecuencia de hechos fortuitos, no provocados por la acción de terceros (como un detenido que tiene un accidente en la cárcel) o con el uso legítimo de la fuerza, siempre que los medios empleados sean proporcionados. d) La intensidad o gravedad del sufrimiento es el criterio que distingue la tortura de los otros tratos, sea éste físico o mental; actual o potencial (cuando una persona es amenazada con ser torturada y la amenaza represente un peligro real e inminente). Su calificación se realiza caso a caso, atendidas circunstancias subjetivas y objetivas, por lo que la calificación puede variar de un caso a otro. La Corte advierte oportunamente la situación de potencial peligro que supone toda medida de detención arbitraria, que implica que junto con el derecho a la libertad personal, otros derechos como la integridad pueden verse igualmente afectados. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, supra nota 25, párr. 150; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, supra nota 29, párr. 87; Caso Tibi vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 147. Conforme a la legislación hondureña, el artículo 209 A del Código Penal, tipifica el delito de TORTURA y literalmente dice que “Comete delito de tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de las instituciones penitenciarias o de centros de protección de menores, abusando de su cargo y con la finalidad de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que haya cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración, u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades, de conocimiento, o discernimiento o decisión o que de cualquier modo atenten contra su integridad moral.- El culpable de TORTURA, será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años, si el daño fuere grave, y de cinco (5) a nueve (9) años, si no lo fuere”. Estos tipos delictivos se configuran como delitos de peligro de bienes jurídicos de personas protegidas con los que el legislador adelanta la barrera de intervención penal. Debe entenderse como el bien jurídico, persona protegida, la misma persona humana, que goza de protección constitucionalmente, reconociendo que todos, tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos degradantes.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 466-2016, conociendo del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Oscar Antonio Núñez Fúnez, del delito de Tortura, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Segundo: Absolvió al señor Oscar Antonio Núñez Fúnez, del delito de Detención Ilegal, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Tercero: Absolvió al señor Héctor Wilfredo Pineda Pineda, del delito de Tortura, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Cuarto: Absolvió al señor Héctor Wilfredo Pineda Pineda, del delito de Detención Ilegal, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Quinto: Absolvió al señor Leonilo Rodríguez, del delito de Tortura, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Sexto: Absolvió al señor Leonilo Rodríguez, del delito de Detención Ilegal, en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero; Séptimo: Sin costas; Octavo: No procede el comiso; Noveno: Sin responsabilidad civil. Interpuso el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Carmen Jacely Mejía, actuando en su condición agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrente y el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, defensor privado, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO: El día veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, a eso de las diez a diez treinta de la mañana, en el trayecto que conduce del municipio de Guarita a Tambla, Lempira, el sacerdote Bonifacio Alvarado Quintero se conducía en el vehículo propiedad de la iglesia católica, en ese trayecto fue interceptado por los agentes de policía Oscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez, bajándolo Oscar Antonio Núñez del vehículo luego lo esposaron y finalmente lo condujeron hacia el municipio de Tambla, donde minutos más tarde fue dado en libertad.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Carmen Jacely Mejía, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- I POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Partiendo del razonamiento del Tribunal Sentenciador, se estima por este ente acusador, como susceptible de ser censurado por el vicio in procediendo enunciado en la descripción del motivo, por cuanto de la prueba evacuada, resulta obvio que se acreditó que los acusados detuvieron sin motivo y sin fundamento y con el fin de castigarlo por el simple hecho de haber desatendido una señal de parada justificada, según ellos (los acusados), en la sospecha infundada de ser un narcotraficante sin haber alguna denuncia previa sobre tales acusaciones, procediendo a golpearle injustificadamente a manera que confesará un actuar que se encontraba muy alejado de la realidad, generándole lesiones en su cuerpo, circunstancia esta que es constitutiva de los delitos de Detención Ilegal y Torturas, tal como se evidencia a continuación. El ofendido Bonifacio Alvarado Quintero, quien manifestó “el día lunes 24 de marzo del año dos mil catorce, aproximadamente a las diez y treinta de la mañana, se conducía en un vehículo propiedad de la Iglesia Católica de Honduras y a inmediaciones de los municipios de Guarita y Tambla, se cruza con un patrulla policial, luego escucha varios disparos detiene el automotor, y se identifica con los miembros policiales como Padre de Tómala y le dicen que se baje, que lo van acusar de narcotraficante, a los que les dice nuevamente que era sacerdote, y proceden a colocarle los aros de presión y a bajarlo bruscamente del carro, manifestó en su declaración que le decían que era narcotraficante por el dinero de la ofrenda de la misa, que le bajaron el pantalón para sacarle L10,000.00 que andaba y le quitaron los zapatos pensándole los dedos de los pies, luego del registro a su persona y del vehículo le quitaron los aros de presión y las llaves del carro que andaba, llevándoselo para Tambla, lugar donde es puesto en libertad. Salvador Valenzuela Valenzuela: quien declaró “refiere que encontró al Padre Bonifacio que había sido detenido y que este le dijo que se lo llevara a Tambla porque lo habían amenazado que lo iban a matar, entonces uno de ellos (policía) se acercó y le pegó un empujón, luego manifiesta que se bajo del carro y les reclamo (a los policías) porque trataban así al Padre a lo que le manifestaron que se les había corrido, lo detenían porque llevaba un dinero en el carro y que lo venían siguiendo desde la frontera.” En su declaración e interrogatorio, manifestó que vio al ofendido golpeado, con muestras de esposas en las manos, que estaba todo empolvado y la ropa rota. Y que no era posible que vinieran siguiendo al Padre desde la frontera con Guatemala, porque había visto esa misma patrulla a las 6:00 a.m. de ese día cuando la estaban lavando en la posta policial y por la distancia y la carretera mala ya que no estaba aun pavimentada, no rea posible lo dicho por los policías. Se evacuaron medios de prueba documentales, como ser, lectura autorizada consistente en una declaración que rindió en sede judicial, específicamente en Audiencia Inicial el señor quien en vida fue Felipe López Lopes, para lo cual se presentó su Acta de Defunción por su imposibilidad de reproducción su testimonio en el Tribunal de Sentencia. De su lectura se desprendió lo que en su momento manifestó el testigo fenecido, desprendiéndose lo siguiente: “Cuando yo venía de Tambla, Lempira, escuché unos disparos, como diez a quince tiros, cuando venía llegando cerca de del desvío vi que tenían el carro del padre con las cuatro puestas abiertas, al verme levantaron al Padre y le quitaron las chachas, dos (policías) se fueron donde mi y me dijeron que si había visto los hechos, me pidieron que me fuera, el Padre me pidió que me quedara porque lo estaban torturando, entonces apague la moto y me quedé viendo, al Padre lo atestaban contra el carro, le sacaron todas las cosas del carro y se las titaron en la calle. Asimismo del interrogatorio a que fue sometido en su momento se desprende a la pregunta número ocho y nueve de la Fiscalía, “que al Sacerdote lo estaban jodiendo mucho, lo agarraban del cuello, lo empujaban y lo maltrataban mucho, él les decía (ofendido) que era Padre, pero ellos le decían viejo delincuente y que posteriormente se lo llevaron para Tambla, Lempira; se evacuaron como medio de prueba documental los Acuerdos de Nombramientos Certificados por el Secretario General de la Secretaría de Seguridad correspondientes a los tres imputados, con los que se acreditó la condición de empleados públicos, en relación a los tipos penales de detención ilegal y torturas, imputados por el ente acusador que requieren especialidad en el autor; certificaciones de las actas de nacimientos de los imputados para efectos de su individualización; como medio de prueba pericial se evacuó el dictamen médico forense número 2014-1301-0700-0064, el cual fue ratificado en juicio por la Doctora Yolanda María Cálix Orellana, quien es perito oficial forense del Ministerio Público, y que se desprende del Dictamen Médico que en fecha 26 de marzo del año 2014, a requerimiento de la Fiscalía se evaluó al ofendido, en relación a hechos suscitados en día 24 de marzo del mismo año, con miembros de la carrera policial en la cual se describen las lesiones que presentaba el señor Bonifacio Alvarado Quintero, consistente en: 1) Miembro superior derecho a nivel del tercio distal del ante brazo se observa excoriación de 1.2 x 0.02 cm cubierta de costra hemática seca, se observa edema leve en dicha área. 2) Cara dorsal de antebrazo derecho a nivel del tercio distal se observa excoriación puntiforme cubierta de costra hemática seca, de forma vertical que mide 1.3 centímetros. 3) Muñeca derecha con equimosis verdosa de forma transversal que mide 17 x 0.5 cts, la equimosis es dolorosa al tacto. 4) Antebrazo izquierdo cara ventral, distal equimosis transversal color verdoso que mide 7 x 0.5 cm 5) codo izquierdo escoriación vertical 7 x 0.1 cm cubierta de costra hemática seca 6) Tórax posterior zona supra escapular derecha se observa equimosis amarilla verdoso dolorosa al tacto de 7 x 5 centímetros. 7) Pie derecho primer dedo se observa área equimotica color violáceo oscuro, en uña dolorosa al tacto. Concluyendo que las lesiones antes descritas son contusiones simples, consistente en excoriaciones y equimosis en miembro superior derecho e izquierdo y tórax posterior, objeto con el que se produjo la lesión, trauma directo con objeto romo, tiempo de incapacidad laboral de siete días; adicionalmente el ente persecutor de la acción penal pública se hizo valer del medio de prueba consistente en inspección judicial al Libro de Novedades de la Jefatura del Municipio de Guanta, con el que se acreditó que en el día de los hechos salieron los tres imputados en la patrulla policial 13-15, a las 9:50 de la mañana de la Jefatura Municipal de Guarita, Lempira y que a las 11:30 horas en la aldea el sitio encontraron un vehículo marca Toyota. tipo pic-kup color blanco, placa 9749, quien se le hizo parada y que no hizo caso a la señal, el cual de inmediato se le hizo persecución en el cual dicho vehículo se le alcanzó, se le pidió un registro del vehículo, que se bajara del mismo y apagara el motor, encontrando la cantidad de L30,000.00 en denominación de L500.00 y se procedió a realizar la inspección del vehículo encontrando en el asiento de pasajeros varias bolsas de color negro en su interior billetes de varias denominaciones, un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, calibre 9mm, serie TXJ31272, con permiso de portación de arma de fuego número SPS583771-53468 a nombre del señor Bonifacio Alvarado Quintero, identidad 1004-1963-00129, edad 56 años, soltero, sacerdote, hondureño, residente en Tomalá, Lempira. En el mismo libro de novedades se transcribió adicionalmente que: “que en ningún momento se le violentaron los derechos humanos y que se apegaron al Manual del Uso de la Fuerza y en todo momento observaron su procedimiento y la actitud errónea del señor Bonifacio Alvarado Quintero. Medios de prueba que corrobora en todo lo manifestado por el ofendido y por el testigo Salvador Valenzuela y Felipe López Lopes, este último mediante lectura autorizada, con el que se sostiene que los acusados detienen al ofendido de manera irregular coartándole su libertad ambulatoria, aunado le hicieron incriminaciones por el delito de narcotráfico y quisieron que el ciudadano ofendido confesara una situación totalmente alejada de la realidad, a la vez estos ya excediéndose de sus facultades, provocan maltrato psicológico y físico al ofendido al despojarlo de sus ropas y zapatos propiciándole golpes en diversas partes de su cuerpo se ve reflejado en el dictamen médico forense evacuado en el juicio oral y público y que se desprende del interrogatorio del ofendido y testigos. Detención Ilegal Manifiesta el Tribunal que, en lo que Respecta al delito de Detención Ilegal, “no se vislumbra por ningún lado la figura penal de la misma, en virtud de que el mismo ofendido manifestó que cuando llegaron sus amigos, este fue liberado de las esposas por parte de los agentes de policía, es obvio entender que al tener una certeza los policías de quien se trataba la persona detenida, fue dada la orden de liberación completa”. Consideramos nosotros que el Tribunal hace una mala valoración y apreciación de las declaraciones de el ofendido y testigos, puesto que el ofendido se identificó con ellos desde el momento que lo interceptan, es más, ellos le quitaron las esposas cuando al lugar llegó el señor Felipe López Lópes, y Salvador Valenzuela (quienes en ningún momento manifiestan ser amigo del párroco sino simplemente conocerlo como tal); siendo el señor López, contundente en su relato al decir en sus propias palabras, “que al padre lo estaban jodiendo mucho” y que él se quedó allí con el padre y fue cuando le quitaron las esposas, consideramos que al haber identificado plenamente al detenido los testigos Salvador Valenzuela y Felipe López, como el párroco de Tómala, no había necesidad de parte de los agentes de llevárselo a la posta, a esperar, según el Tribunal, “la identificación completa de la verdadera identidad del señor Bonifacio Alvarado Quintero, de quien no tenían siquiera motivos para requerirlo, por lo que efectivamente los agentes de policía incurrieron en el delito de detención ilegal. Torturas En cuanto a las torturas el tribunal al manifestar en su valoración de la prueba en su numeral primero donde establece a renglón veintisiete y sucesivos que “le dan credibilidad al ofendido pero que no es suficiente los elementos que aportó para encajar en el tipo penal de TORTURAS, ya que si bien el testigo refiere haber recibido golpes y heridas en su cuerpo, estas fueron producto del forcejeo que los policías hicieron al momento de sacarlo de la cabina del carro, (tal como ha dejado entrever el ofendido), al ejercer esta fuerza obviamente se tuvo que romper tanto la camiseta como el pantalón y las heridas no eran graves como para pensar que efectivamente hubieron torturas sino que son heridas leves tal como lo estableció la doctora Cálix en su dictamen, mismo que nos referiremos más adelante” Asimismo en su valoración tercera refiere el tribunal “lo manifestado por la doctora Cálix, quien expresó que: “recibió en su clínica al señor Bonifacio Alvarado Quintero, quien presentaba lesiones en su cuerpo denominadas equimosis y excoriaciones en diferentes partes de su cuerpo tales como miembro superior derecho e izquierdo, así como en la parte torácica, los cuales fueron producidas con objeto romo y que según lo manifestado por la perito corresponden al rose con el suelo en el que se estableció una incapacidad de siete días” de esto manifiesta el tribunal que: “no abona en lo absoluto para demostrar la tesis acusadora del Ministerio Público, al contrario viene a contribuir para el esclarecimiento de los hechos en relación a la conclusión que han llegado los juzgadores en el sentido de considerar que las lesiones provocadas por los policías acusados en esta causa no son graves, si no que son producto del mismo forcejeo que tuvieron los mismos con el señor Bonifacio Alvarado Quintero al momento de bajarlo del vehículo”. Y en su fundamentación jurídica en su numeral segundo último párrafo manifiesta el tribunal que: “no se probó en juicio cual era la finalidad que tenían los policías al torturar al señor Bonifacio Alvarado Quintero, sólo se habló que lo detuvieron, lo esposaron, luego producto del forcejeo de su detención, su vestimenta se rompe y por ende se produce laceraciones en su cuerpo; tampoco se ve reflejada la agresividad impulsiva por parte de los agentes de policía al dejarles secuelas en el cuerpo del ofendido producto de dichas torturas.” El Tribunal considera con su apreciación, que para que pueda darse el delito de torturas, es necesario dos cosas, la primera que los agentes que causen las mismas, le digan al ofendido el porque se las están causando (finalidad de las mismas), y en segundo lugar, que las lesiones producidas al mismo sean consideradas como lesiones graves; aspecto que se aparta por completo de una valoración en apego a las reglas de la sana crítica, principalmente en su postulado de derivación, puesto que quedó acreditado con el dictamen pericial elaborado por la Doctora Calix, las heridas que presentaba en su cuerpo el ofendido, producto de las torturas recibidas por los agentes de policía. Al respecto la Convención Contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, en su parte primera, artículo uno, define como “Tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales... cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia...” Asimismo en su numeral dos del mismo artículo de la Convención en referencia establece que: “el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o puede contener disposiciones de mayor alcance.” Por su parte el artículo 209-A de nuestro código penal establece como tortura: “Comete tortura el empleado o funcionario público, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, abusando de sus cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria, coactiva o por el empleo de fuerza material, le suponga sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral.”, dándole un mayor alcance a la definición convencional al disponer en el segundo párrafo del mismo artículo 209-A que: “el culpable de torturas será castigado con reclusión de diez a quince años si el daño fuere grave, y de cinco a diez años de reclusión, si no lo es.” De lo anterior se advierte que la apreciación del tribunal en su sentencia, establecer que no hay torturas, porque los daños fueron leves y no graves, es errónea, ya que contraviene lo que dispone el segundo párrafo del artículo 209-A en referencia, ya que siguiendo la literalidad de dicho artículo, para que se configure el ilícito penal de torturas, no necesariamente las lesiones deben producir daños graves como erróneamente lo señala el tribunal. La defensa por su parte no presentó ningún medio de prueba de descargo a las imputaciones efectuadas por el ente Fiscal. Por lo que del razonamiento del tribunal en el apartado de valoración probatoria, resulta el vicio denunciado al vulnerar la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, cuando el juzgador no logro derivar de las mismas la culpabilidad de los imputados, valorándola en forma parcial y arbitraria, como ya se demostró anteriormente. Si bien es cierto el juez penal tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica racional, que reconocen su discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, como el atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto, en síntesis, al violar los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes del caso. En efecto, con sobradas razones como las expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencia recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas y, como consecuencia de ello, ha absuelto a los procesados en la parte dispositiva de la sentencia. Es por ello que la decisión por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, y por ende la decisión arribada por el A quo, indudablemente transgrede la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, pues como antes indicamos del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad de los procesados; por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el articulo 202 del Código Procesal Penal, ya que el juzgador obvió valorar la prueba de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Esta apreciación del Tribunal de Sentencia es sobre la cual se centra nuestro reproche recursivo, ya que es la que evidencia el vicio invocado, pues con el dictamen médico y con el resto de la prueba aportada da la certeza de la participación de los acusados en los delitos a ellos imputados. En este sentido y siendo que las pruebas ofertadas, admitidas y evacuadas por el ente acusador generan certeza de culpabilidad de los procesados y evidencian su participación en los hechos; por lo cual estimamos que procede casar la presente sentencia, y que si bien no se efectuó reclamación previa alguna a éste momento, es porque el vicio se produjo en el acto mismo de sentenciar. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Al dictarse un fallo absolutorio, el Tribunal de Sentencia inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Se case el fallo que ahora genera inconformidad. El censor relata en su recurso, previo a haber transcrito aspectos que arrojan los medios de prueba, cuestionamientos a la valoración de los sentenciadores, quienes al referirse al delito de detención ilegal manifestaron que no se vislumbra por ningún lado dicha figura delictiva, en virtud de que el ofendido manifestó que al llegar sus amigos, fue liberado de las esposas por parte de los agentes de policía, que a criterio del censor, es una mala valoración y apreciación de las declaraciones tanto del ofendido y demás testigos, primero porque el ofendido se identificó con ellos desde el momento que lo interceptan y que le quitaron las esposas cuando al lugar llega el señor Felipe López y Salvador Valenzuela, estos en ningún relato refirieron ser amigos, sino solo conocerlo como párroco, considera el recurrente, que siendo identificado la víctima por las personas antes mencionadas, no había necesidad de que los agentes de policía lo llevaran a la posta, a esperar según el tribunal la identificación completa de la verdadera identidad del ofendido, de quien no tenían ni siquiera motivos para requerirlo. En relación al delito de Torturas, denuncia la recurrente que el tribunal en la valoración del ofendido, manifestó que le dan credibilidad pero que no son suficientes los elementos que aportó para encajar el delito en mención, pues si bien el testigo refiere haber recibido golpes y heridas en su cuerpo, éstas fueron producto del forcejeo que los policías hicieron al momento de sacarlo de la cabina del carro, que por ello, se tuvo que romper la camiseta y el pantalón y que las heridas no eran graves como para pensar que hubieron torturas sino que son heridas leves y que en sus conclusiones valorativas los juzgadores expresaron no haberse probado en juicio cual era la finalidad que tenían los policías al torturar al ofendido; en resumen a criterio del recurrente, el a quo solo considera que para darse el delito de tortura los acusados le deben expresar al ofendido por qué se le están causando la torturas, es decir la finalidad de las mismas y que las lesiones producidas a la víctima sean de las consideradas como lesiones graves, cuando el artículo 209A segundo párrafo del Código Penal refiere que el culpable de torturas será castigado con reclusión de diez a quince años si el daño fuere grave, y de cinco a diez años de reclusión, si no lo es. Por tales argumentos, considera la recurrente que la apreciación del tribunal juzgador vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten, no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos, o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Recurso. El recurso es de recibo. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida la regla de la lógica de la sana crítica en su postulado de derivación, en lo que respecta a las siguientes conclusiones valorativas: En relación a la declaración testifical del ofendido señor Bonifacio Alvarado Quintero “…al hacer un análisis de la declaración del presente testigo que a su vez se declara ofendido, concluimos que si bien es cierto le creemos a lo que ha dicho, sin embargo los elementos que aportó no son suficientes como para poder encajar en el tipo penal de TORTURAS, ya que si bien el testigo refiere haber recibido golpes y heridas en su cuerpo, estas fueron producto del forcejeo que los policías hicieron al momento de sacarlo de la cabina del carro, (tal como lo ha dejado entrever el ofendido), al ejercer esta fuerza obviamente se tuvo que romper tanto la camiseta como el pantalón y las heridas no eran graves como para pensar que efectivamente hubieron torturas, sino que son heridas leves tal como lo estableció la Doctora Cálix en su dictamen mismo que nos referiremos más adelante; asimismo no se vislumbra por ningún lado la figura penal de Detención Ilegal ya que el mismo ofendido ha dicho que cuando llegaron sus amigos este fue liberado de las esposas por parte de los agentes de policía, es obvio entender que al tener una certeza los policías de quién se trataba la persona detenida, fue dada la orden de liberación completa, por lo cual los juzgadores no vemos la detención ilegal figurada en el accionar de los agentes de policía, cuando inicialmente es procedente la detención por las sospechas que los agentes de policía tenían en relación al vehículo que interceptaron en ese momento, sospechas que fueron despejadas cuando se aclaró la verdadera identidad del sospechoso, no por lo que manifestó al principio sino por lo que dijeron las demás personas.” En relación a la declaración testifical del señor Salvador Valenzuela Valenzuela y la declaración testifical del señor Felipe López López evacuada mediante lectura autorizada los juzgadores concluyeron: “…ambos medios de prueba el tribunal les da credibilidad porque han manifestado circunstancias similares a las narradas por el propio ofendido el señor Bonifacio Alvarado Quintero, sin embargo como se dijo antes estas pruebas no son suficientes para acreditar la tesis acusadores del Ministerio Público por lo que en nada abona a la pretensión del ente acusador.” En lo que respecta al Dictamen Médico Legal ratificado por la Dra. Yolanda María Cálix Orellana refirió el tribunal: “medio de prueba que por su condición de ser no dudamos del mismo, sin embargo no abona en lo absoluto para demostrar la tesis acusadora del Ministerio Público, al contrario viene a contribuir para el esclarecimiento de los hechos en relación a la conclusión que han llegado los jugadores en el sentido de considerar que las agresiones provocadas por los policías acusados en esta causa no son graves sino que son producto del mismo forcejeo que tuvieron los mismos con el señor Bonifacio Alvarado Quintero al momento de bajarlo del vehículo.” En lo que atañe al medio de prueba Inspección Judicial al libro de novedades que para tales efectos lleva la jefatura policial del municipio de Guarita, Lempira manifestó: “…se constató que el día veinticuatro de marzo del año dos mil catorce en horas del mediodía los agentes de policía Óscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez salieron con dirección a la aldea Terlaca, a realizar un patrullaje de rutina, con la novedad que le dieron captura al Señor Bonifacio Alvarado Quintero porque éste no quiso hacer caso al llamado de los agentes, si bien la fuente de donde se extrajo esta información es confiable, sin embargo no abona en lo absoluto a la pretensión del Ministerio Público en esta causa.” Aportan los sentenciadores lo siguiente: “Con la prueba aportada por el Ministerio Público no fue suficiente para la existencia del delito de Torturas, por las razones anteriormente expuestas; asimismo no se aportó pruebas suficientes para probar la existencia de delito Detención Ilegal por lo tanto en este segundo no sé creo ni el más mínimo asomo de la existencia del mismo, no digamos una certeza a los juzgadores, acerca de la participación de los acusados en los hechos que inicialmente el ente acusador inclinó sobre los mismos.” En el acápite de la Fundamentación Jurídica los sentenciadores expresaron: “Al conjugar los hechos con los elementos del tipo penal mas conjugarlos con la definición que da la doctrina acerca de la figura de Tortura, obtenemos como resultado, que no encajan por ningún lado los hechos con el tipo penal, ya que no se probó en juicio cuál era la finalidad que tenían los policías al torturar al Señor Bonifacio Alvarado Quintero, sólo se hablo que lo detuvieron, lo esposaron, luego producto de forcejeo de su detención, su vestimenta se rompe y por ende se produce laceraciones en su cuerpo; tampoco se ve reflejada la agresividad impulsiva por parte de los agentes de policía al dejarle secuelas en el cuerpo del ofendido producto de dichas torturas.” “… La detención ilegal se da cuando la autoridad en este caso policial detiene a una persona sin motivo ni justificación alguna, en ese sentido al analizar la declaración del ofendido señor Bonifacio Alvarado Quintero, pudimos captar por lo que él ha manifestado que lo detienen porque lo confunden con narcotraficante ya que le venían siguiendo de la frontera con Guatemala…” “… en conclusión a criterio de los juzgadores si existió un motivo para detener en este momento al Señor Bonifacio Alvarado Quintero, no existiendo por ningún lado el dolo por parte de los agentes de policía sino más bien reconociendo el error una vez identificado plenamente el ofendido.” Considera esta Sala de lo Penal violación a las reglas de la sana crítica como fue denunciado por la recurrente, pues, no es necesario que el daño fuere grave para tipificar la acción en el delito de Torturas, basta también que no lo sea, como lo señala nuestra norma penal, asimismo, en la declaración del ofendido Bonifacio Alvarado Quintero en ninguna de sus partes se refiere que llegaron sus amigos, como lo concluye el tribunal; la no existencia de denuncia previa o la falta de indicio suficiente sobre la comisión de un ilícito penal, vuelve ilegal cualquier tipo de aprehensión; refleja el libro de novedades que los acusados salieron por un patrullaje de rutina, no por sospechar del ofendido, ni que éste estaba en flagrancia en la comisión de un delito; a pesar de ello, el ofendido fue llevado a una posta policial previo sufrir la intimidación mediante disparos al aire con arma de fuego y agresiones físicas, así lo describieron los testigos a quienes el tribunal les dio credibilidad; en síntesis, se concluye que la aprehensión del ofendido fue ilegal al ser llevado a una posta policial sin haber una orden para su captura y menos encontrándose infraganti en la comisión de un delito. En su valoración probatoria ha manifestado el sentenciador que lo detienen porque lo confunden como narcotraficante ya que lo venía siguiendo desde la frontera con Guatemala, por lo cual existió un motivo para detener al ofendido, sin embargo, dicha valoración es errónea, si bien es cierto, el ofendido en su declaración manifestó que los acusados le justificaron detenerlo por sospecha de que fuera un narcotraficante, dicha aseveración de los acusados no fue sustentada, menos acreditada al no haber soporte para proceder a la aprehensión como ser una denuncia previa, orden de captura o encontrarse en flagrancia; el testigo Salvador Valenzuela Valenzuela reseñó que era imposible que los acusados vinieren en persecución del ofendido desde la frontera con Guatemala, porque había visto esa misma patrulla a las 06:00 a.m. de ese día cuando la estaban lavando en la posta policial y por la distancia y la carretera en malas condiciones, no era posible lo dicho por los policías, declaración que el tribunal dio credibilidad. Reitera esta Sala de lo Penal que el juzgador no logra acreditar la existencia de los delitos, ni vincular a los acusados Oscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez aún y cuando el ofendido ha declarado (f. 324) que los acusados lo esposaron estando adentro del vehículo, que lo sacaron por la ventada a jalones, le halaron de la camisa, en el forcejeo se le cayeron los zapatos, le prensaron los dedos con las botas, lo dejaron a chuña, lo agarraron del cuello, le empujaban para luego llevarlo a Tambla con una distancia de treinta a cuarenta minutos, declaración que se concatena con la de los testigos Salvador Valenzuela Valenzuela (F.326), quien declaró haberse encontrado con el Padre Bonifacio que había sido detenido y que le expresó que lo llevara a Tambla porque lo habían amenazado que lo iban a matar, que le pegaban empujones al Padre, tenía muestras de las esposas en las manos, estaba empolvado y la ropa rota; el testigo Felipe López López (F.106v) escuchó uno disparos, como diez a quince tiros, al llegar cerca del desvío tenían el carro del padre con las cuatro puertas abiertas, al verle levantaron al Padre y le quitaron las chachas, que los policías le pidieron que se fuera, pero el Padre le pidió que se quedara porque lo estaban torturando, entonces apagó la moto y se quedó viendo, al Padre lo atestaban contra el carro, le sacaron todas las cosas del carro y se las tiraron en la calle. Por su parte, el dictamen médico forense número 2014-1301-0700-0064 ratificado por la Dra. Yolanda María Cálix Orellana (F. 23) establece como tipo de lesiones; contusiones simples; excoriaciones y equimosis en miembro superior derecho e izquierdo y tórax posterior; objeto con el que se produjo la lesión, trauma directo con objeto romo; tiempo de incapacidad siete días. Aun y cuando los juzgadores han concedido credibilidad a las declaraciones testificales, asimismo al Dictamen Médico que por su condición de ser, no dudan del mismo, no lograron derivar razones suficientes para concluir la existencia de los delitos y la participación culpable de los acusados en los hechos de que se les acusa, por ello se concluye que el a quo ha vulnerado la regla de la sana crítica de la lógica, en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad, debido a que los razonamientos que ha utilizado para desvirtuar la acusación de cargo de reproche son débiles e insuficientes para alcanzar un juicio de veracidad, por lo cual incurrió en un error de derivación. A manera de ilustración se describe lo siguiente: En sentencia del 21 de septiembre de 2006, en el caso Servellón García y otros vs. Honduras, la Corte IDH, señaló que: “89. La restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellos (aspecto material), y además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). 90. Asimismo la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. “.Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 35/08, caso 12,019 Antonio Ferreira Brega Brasil, del 18 de julio de 2008, señaló que: “68. La Comisión entiende, que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. Este órgano ha señalado también que la detención para fines impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo, lo cual propicia a que el término “arbitrario” sea considerado sinónimo de “irregular, abusivo, contrario a derecho”.”. Conforme a la legislación hondureña, solo es procedente la detención de una persona por orden escrita emitida por autoridad competente o en los casos de flagrancia. 1. Orden escrita emitida por autoridad competente: La orden deberá ser emitida por un órgano jurisdiccional con competencia objetiva para conocer el caso concreto (orden de aprehensión) o, en los casos expresamente señalados por la ley, por el Ministerio Público (orden de detención preventiva). (Artículo 1, 61, 69 y 84 de la Constitución de la República; 173.1 y 176 del Código Procesal Penal). Además, la orden deberá ser escrita (no verbal), en la cual deberán consignarse el nombre y apellidos completos de la persona o personas que se solicita sea objeto de aprehensión, agregando las generales de identidad que sean conocidas hasta el momento, el delito por el cual está siendo procesado o por el cual se le ha condenado e identificación de la persona natural o jurídica que sea víctima o perjudicada. Será indispensable que cuando se trate de la primera aprehensión de una persona procesada, que la orden contenga además una relación suscinta de los hechos objeto de imputación, a efecto de darlos a conocer a la persona al momento de la aprehensión (tercer párrafo del artículo 84 de la Constitución de la República). El motivo de la orden de aprehensión o de detención preventiva, deberá estar tipificado como delito que merezca pena privativa de libertad, fijado así con anterioridad al hecho que se le impute a la persona requerida. Por otra parte, la orden deberá ser dirigida para que sea ejecutada por la Policía Preventiva o Policía de Investigación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública o de alguna de las unidades dependientes del Ministerio Público cuando el hecho sea de aquellos que indica la ley que deben ser investigados por estas agencias y, en defecto de todos estos, a la Policía Preventiva. 2. Personas en delito flagrante: La flagrancia es una condición mediante la cual un tercero observa las acciones delictivas realizadas por una persona mientras acontecen, se trata de un evento casual donde converge la acción delictiva y la contemplación de dichas acciones por el tercero que las percibe directamente. Por ello, la condición de flagrancia es condicionada, puesto que depende precisamente de la concurrencia del tercero que observa y sorprende al sujeto activo del delito, instante en que se le etiqueta como “In fraganti”. Para ello se requieren tres elementos: a) Inmediatez causal: Que el delito se esté cometiendo en ese momento o que apenas instantes antes se haya cometido. b) Inmediatez personal: Que el sujeto activo sea observado al momento de la ejecución del delito o inmediatamente después de ello por un tercero. c) Inmediatez temporal: Que el tercero reaccione ante la situación que observa, ya sea directamente, aprehendiendo a la persona o dándole persecución, ya sea dando aviso inmediato de la situación a otros, quienes a su vez aprehenden o persiguen a la persona. Como tercero se debe entender, incluida la víctima, quien en realidad no es un observador del delito, sino quien lo sufre y por tanto quien presencia la flagrante acción del sujeto activo, pudiendo detenerle en ese momento o perseguirle para el mismo efecto. Sin embargo, el legislador hondureño ha dado un mayor contenido al concepto de flagrancia, señalando en el artículo 175 del Código Procesal Penal los casos en que nos encontraremos ante una Flagrancia Material y una Flagrancia Presunta: 2.1 Flagrancia material: a) Flagrancia propia: La persona que sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Flagrancia por evasión: La persona que se haya evadido de una aprehensión, detención o prisión ordenada por autoridad competente de manera legítima. 2.2 Flagrancia Presunta (ficción legal): a) Flagrancia por inmediatez personal: La persona que sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito; (Supuesto de Cuasi-Flagrancia). b) Flagrancia por inmediatez causal: Cuando la persona de la que se presuma ha cometido un delito, sea perseguida inmediatamente por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas (Supuesto de Cuasi-Flagrancia) c) Flagrancia por inmediatez material: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada. d) Aprehensión precautoria: Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que esta pueda tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; y e) Retención para aseguramiento: Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguirse entra las personas presentes en el lugar a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre sí, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. Como regla general, la condición de flagrancia autoriza a toda persona, esté o no revestida de autoridad pública, para que pueda aprehender a aquel de manera inmediata, sin necesidad de previa autorización fiscal o judicial, para efectos de ser puesta de manera inmediata a la orden de la autoridad competente (Artículo 84 de la Constitución de la República). Sin embargo, debe entenderse que tal potestad legal solo recae en los supuestos de Flagrancia Material y los casos de Cuasi-Flagrancia, siendo los restantes supuestas facultades exclusivas de los cuerpos del Estado. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, supra nota 18, párr. 91; Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, supra nota 25, párr. 158; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, supra nota 29, párr. 94; Caso Tibi vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 149; Eur Court H.R., Case Ireland v United Kingdom . Judgement of 18 January 1978, para 167, señaló que: Fija de manera paulatina los elementos de la definición normativa de la tortura: sujeto activo calificado, elemento teleológico, intencionalidad y resultado. a) Cualquier vulneración al derecho a la integridad exige un sujeto activo calificado, esto es, un agente del Estado que actúa directamente o bien cuando un particular actúa con su tolerancia o aquiescencia, o a instigación de un agente del Estado o incluso cuando éste se abstiene de impedir la conducta. b) En la jurisprudencia de la Corte el elemento teleológico, es decir, la finalidad que se persigue con la acción (castigar, obtener información, o cualquier otro objetivo) está formalmente presente en la noción de tortura pero no es concluyente para su calificación. Aunque la Corte siempre procura desentrañar el objetivo perseguido por el autor de la violación, el contenido de la finalidad no es determinante, lo que guarda concordancia con la Convención Interamericana que admite cualquier finalidad como suficiente para calificar un acto como tortura. Esta conclusión está relacionada con el carácter absoluto de la prohibición de tortura, aunque el sujeto activo calificado reclame, por ejemplo, que sus actos no han tenido por objeto la investigación, castigo o discriminación de la víctima, ello no lleva a la Corte a descartar la hipótesis de tortura, la que valorará por la gravedad del sufrimiento. c) La intencionalidad es un elemento debilitado en el desarrollo jurisprudencial. Consideramos que la intencionalidad está relacionada con la exclusión del ámbito de protección del artículo 5 de la Convención, de los sufrimientos padecidos a consecuencia de hechos fortuitos, no provocados por la acción de terceros (como un detenido que tiene un accidente en la cárcel) o con el uso legítimo de la fuerza, siempre que los medios empleados sean proporcionados. d) La intensidad o gravedad del sufrimiento es el criterio que distingue la tortura de los otros tratos, sea éste físico o mental; actual o potencial (cuando una persona es amenazada con ser torturada y la amenaza represente un peligro real e inminente). Su calificación se realiza caso a caso, atendidas circunstancias subjetivas y objetivas, por lo que la calificación puede variar de un caso a otro. La Corte advierte oportunamente la situación de potencial peligro que supone toda medida de detención arbitraria, que implica que junto con el derecho a la libertad personal, otros derechos como la integridad pueden verse igualmente afectados. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, supra nota 25, párr. 150; Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, supra nota 29, párr. 87; Caso Tibi vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 147. Conforme a la legislación hondureña, el artículo 209 A del Código Penal, tipifica el delito de TORTURA y literalmente dice que “Comete delito de tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de las instituciones penitenciarias o de centros de protección de menores, abusando de su cargo y con la finalidad de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que haya cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración, u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades, de conocimiento, o discernimiento o decisión o que de cualquier modo atenten contra su integridad moral.- El culpable de TORTURA, será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años, si el daño fuere grave, y de cinco (5) a nueve (9) años, si no lo fuere”. Estos tipos delictivos se configuran como delitos de peligro de bienes jurídicos de personas protegidas con los que el legislador adelanta la barrera de intervención penal. Debe entenderse como el bien jurídico, persona protegida, la misma persona humana, que goza de protección constitucionalmente, reconociendo que todos, tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos degradantes. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Jacely Mejía, agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Casa la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, decretando su nulidad, asimismo la audiencia de debate que le origina, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Y MANDA: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los señores Oscar Antonio Núñez Fúnez, Héctor Wilfredo Pineda Pineda y Leonilo Rodríguez por los delitos de Tortura y Detención Ilegal en perjuicio de Bonifacio Alvarado Quintero, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis. Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-466-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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