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Sentencia CP-464-19 — Registro 12976

Resumen

En primera instancia se condena a lo imputados por los delitos de homicidio,Detención Ilegal. Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; Para ello es preciso que el Recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, meya negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; Entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver (ejemplo reprochar la falta de aplicación de la figura procesal duda razonable), exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el Recurrente arguye que la prueba de descargo se oponen o se contradice con algunos medios de prueba de la acusación, a pesar de ello, el sentenciador da crédito de la prueba a favor del ente acusador y haciendo a un lado al material probatorio favorable a la defensa; Este alegato de impugnación es incorrecto dado que identifica las contradicciones no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba; Por otra parte el alegato de impugnación tampoco puede ser de recibo al omitir precisar con exactitud cuál es la regla de la sana critica que se considera infringida por el supuesto defecto señalado, pues en el desarrollo de su recurso hizo mención de todas las reglas. Comparte el Recurrente su apreciación de que con la prueba propuesta por la Defensa genero una duda razonable no aplicada por los juzgadores; Este último argumento recursivo repite el error señalado en cuanto a la confusión de la Única Instancia con una Segunda Instancia, ello pues el Recurrente no dirige su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana critica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el A-Quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este Ad-Quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos.El Recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y de la exclusión de alguna prueba de valor decisivo y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se expresó en el apartado anterior, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia. Los medios de prueba dictamen médico forense número 2015-0801-0102-2211 propuesto y admitidos en la audiencia de proposición de prueba (F.647) y en relación a la declaración material rendida por el señor Santiago Aguilera en su condición de acusado, haciendo uso de su derecho (F.794v) fueron reproducidos en el Juicio Oral y Público y finalizando como resultante del debate con la sentencia en donde, el medio de prueba dictamen médico forense número 2015-0801-0102-2211 (F.832v) y la declaración material rendida por el señor Santiago Aguilera (F.837) fue motivada descriptiva e intelectivamente (F.833 y 838 respectivamente) por lo cual, si fueron considerados por los juzgadores y no como lo denuncia erróneamente, según su particular visión. En relación a la denuncia por la exclusión de la reconstrucción de hechos, el mismo nunca alcanzo la finalidad de medio de prueba al no ser admitido por los juzgadores como tal (F.651v), lo cual resulta lógico, la falta de razonamiento en la sentencia, ya que no fue reproducido como medio de prueba en la audiencia de debate, ante su inadmisión, por tal razón, el sentenciador acertadamente no externa mérito de crédito o de fiabilidad. En resumen, el recurso presentado en su segundo y tercer motivos son vacíos de contenido, por lo que deben de ser desestimados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Ha dado lectura esta Sala de lo Penal al hecho probado que contiene la sentencia impugnada, determinando que el mismo es claro, o terminante, a razón de no encontrarse una redacción confusa, dubitativa mucho menos imprecisa, por lo cual el mismo, conduce al lector a una conclusión precisa del hecho, una declaración no es claro y terminante, si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conlleven a la certeza del acontecimiento histórico reproducido o cuando en la relación de eso hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el Tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas, aspectos no detallados en el Factum. En opinión del Tribunal de Casación, el impugnante, eligió incorrectamente el vicio que deseaba llevar a consideración de la Sala de Casación, denotándose que lo que en realidad pretendía fustigar el recurrente es la falta de concurrencia de uno de los elementos del tipo penal de Homicidio como ser dar muerte a una persona, no debiendo acudir al motivo de casación que viene invocando, sino hacer uso de otra causal de casación que permita una revisión jurídica de los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia, es decir, si eso hechos probados se adecuan a un tipo penal distinto al que su subsumen realmente, pero ello importa plantear la posibilidad de intentar un recurso de casación desde la perspectiva de la infracción de ley en la vertiente de aplicación indebida, que al no ser presentado de ese modo por el censor, no pueden hacerse valoraciones acerca de su procedencia o no, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Ever Misael Gutiérrez Gonzales, como autor responsable de un delito de Homicidio en perjuicio de Leocadio Galo Alvarado, a la pena principal de quince años seis meses de reclusión. Segundo: Condenó a Reynaldo Agapito Medina Barahona, como autor responsable de un delito de Homicidio en perjuicio de Leocadio Galo Alvarado, a la pena principal de quince años seis meses de reclusión. Tercero: Condenó a Santiago Aguilera, como autor responsable de un delito de Detención Ilegal en perjuicio de Juan Carlos Matamoros, a la pena principal de tres años seis meses de reclusión. Cuarto: Condenó a Ever Misael Gutiérrez Gonzáles, como autor responsable de un delito de Detención Ilegal en perjuicio de Juan Carlos Matamoros, a la pena principal de tres años seis meses de reclusión. Quinto: Condenó a los señores Ever Misael Gutiérrez Gonzáles y Reynaldo Agapito Medina Barahona a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Absoluta, como consecuencia de la pena de reclusión por el delito de Homicidio. Sexto: Condenó a los señores Santiago Aguilera y Ever Misael Gutiérrez Gonzáles a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, como consecuencia de la pena de reclusión por el delito de Detención Ilegal. Séptimo: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados Ever Misael Gutiérrez Gonzáles, Reynaldo Agapito Medina Barahona y Santiago Aguilera, por la indemnización de los gastos ocasionados a las víctimas. Octavo: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Noveno: Se declaró el comiso de: 1.- Un arma de fuego tipo fusil, marca IMI, modelo Sar Galil, 370, calibre 5.56x45mm, serie 98115759, perteneciente a la Policía Nacional; 2.- Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca JERICHO, serie 393084TZ, color negro perteneciente a la Policía Nacional; 3.- Dos casquillos metálicos percutidos, de forma cilíndrica, golleteadas, de aparente latón, con ranura pestaña y troqueles, calibre 9mm, en su base se lee “águila”; 4.- Un casquillo metálico, percutido de forma cilíndrica, golleteado, de aparente latón, con ranura, pestaña y troqueles, en su base se lee “PMP 223-REM”.- Decimo: Absolvió al señor Reynaldo Agapito Medina Barahona, del delito de Detención Ilegal, en perjuicio del señor Juan Carlos Matamoros.- Decimo Primero: Absolvió al señor Santiago Aguilera, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública.- Décimo Segundo: Absolvió al señor Ever Misael Gutiérrez Gonzales, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública; Décimo Tercero: Absolvió al señor Reynaldo Agapito Medina Barahona, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado José Rómulo Mejía Pineda, actuando en su condición de Defensor Privado de los encausados Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reynaldo Agapito Medina Barahona. Son partes en única instancia: EL Abogado José Rómulo Mejía Pineda, Defensor Privado en su condición de recurrente, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha veintitrés de agosto del año dos mil quince, aproximadamente a las nueve y treinta minutos de la mañana, en lugar conocido como El Papalón, municipio de San Miguelito, departamento de Francisco Morazán, se encontraban los señores Leocadio Galo Alvarado y Juan Carlos Matamoros, cerca de la caseta de vigilancia del Proyecto de Aguas de dicha comunidad, donde llegaron los agentes de policía Clase Uno Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reinaldo Agapito Medina Barahona, los que se conducían en la patrulla No. MI-32; solicitando el Señor Aguilera un registro personal a los señores Leocadio y Juan Carlos; El Señor Leocadio pretendió retirarse del lugar, es en ese momento que los agentes de policía Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina, utilizando sus armas de reglamento le dispararon impactándole en: a.- Región lateral derecha de la cabeza, con trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; b.- otra en región inferior izquierda de la espalda , con una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, derecha a izquierda, c.- También otra en región glútea derecha, con una trayectoria de atrás hacia adelante, e abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. SEGUNDO: Una vez que concluida la acción anterior, los señores Santiago Aguilera y Ever Misael Gutiérrez Gonzales le colocaron los aros de precisión en sus manos; y asimismo obligaron al señor Juan Carlos Matamoros, que se subiera de manera violenta a la paila de la patrulla en la que conducían y lo trasladaron a la puesta de Sabana Grande del departamento de Francisco Morazán.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado José Rómulo Mejía Pineda, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente:““EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Por no haberse observado por el Juzgador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Critica, como lo establecen los artículos 202, 336,338 y 339 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El artículo 336 primer párrafo del mismo Código prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. El artículo 338 de la misma Ley Adjetiva, que regula la forma de estructurar el fallo, ordena al Juez Sentenciador: "Valoración de la prueba" Seguidamente se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos que según el juzgador estima como tales, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...” 339: Resolución: Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable………. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA SANA CRÍTICA. Por la Sana Critica entendemos el conjunto de normas encaminadas a ser aplicadas por los Jueces, basadas en pautas de la Lógica, la Experiencia común y la Psicología, que aunadas o en su conjunto, llevan al convencimiento del ser humano sobre una determinada circunstancia o acto de la vida.- Las Reglas de la Sana Critica como método intelectivo que el Código Procesal Penal impone a los Jueces para llegar a la verdad material, están integradas por una parte por los principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza para buscar la verdad lógica, y por otra parte, por las reglas empíricas denominadas máximas de la experiencia.- Esa libertad dada por la Sana Critica, reconoce un límite que es el respeto a las normas que gobiernan el pensamiento humano, es decir, las Leyes de la Lógica, que son: a) Ley de Identidad, b) Ley de Contradicción, c) Ley de Tercero excluido y d) Ley de Razón Suficiente, contenida en el principio lógico de la Derivación.- Así mismo, la Psicología y la Experiencia Común; por lo que es exigible para el juzgador, que las conclusiones a las que arribe, sea el fruto racional del conjunto de las pruebas que se hayan incorporado al proceso, sin afectar en cada razonamiento, el principio lógico de razón suficiente o de la derivación que exige que la prueba en que se funde la decisión, solo permita arribar a una única conclusión y no a otra distinta, método, que se divorcia de la arbitrariedad o libertinaje de convicción, lo que significa que el Juzgador en el momento de fallar y establecer su cuadro factico, debe aplicar el sistema mencionado para fundamentar adecuadamente la razón de su fallo y no en el convencimiento personal (arbitrariedad), sino que debe hacerlo en una forma razonada aplicando desde luego las normas que gobiernan la Sana Critica Racional; es decir, su convencimiento debe ser el fruto extraído del conjunto de pruebas aportadas y debatidas en juicio, analizadas objetiva y científicamente a la luz del derecho, sin dejar por fuera o sin dejar de considerar la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, y lo que es peor inclinándose a un sector probatorio en menosprecio del otro, destruyendo la objetividad de llevar a la sentencia únicamente lo que le conviene al fallo, en menoscabo del principio de imparcialidad en que descansa la confianza de la Administración de Justicia. En tal sentido y como ya lo hemos citado, las reglas de la Sana Critica o Sana Critica Racional, consisten en que el Juzgador está obligado a respetar los principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.- La Lógica es el razonamiento coherente o la concordancia entre los elementos (pruebas) derivando la necesidad de una razón y justificación adecuada que se ajuste a la verdad que permite la inteligencia o habilidad humana para la resolución de problemas y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre Leyes universales, a saber: a) La Coherencia. Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La Coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente; De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "A" solo es 'A", sin que pueda al mismo tiempo ser "B"; por su parte el principio de Contradicción: Supone que dos juicios opuestos no pueden ser validos a la vez, o es uno o es el otro", por lo que se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de la prueba sobre un hecho, una circunstancia o un objeto no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. - El principio de Tercero Excluido: Implica que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa al contrario la otra necesariamente es verdadera.- La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, el cual le exige al juzgador que sus razonamientos y conclusiones a las que arribe, sean el fruto de contrastar o enlazar los hechos, con las pruebas que en su conjunto se hayan aportado al debate, sin que de ello resulte duda o incertidumbre; por ello, el sistema procesal que implementa nuestro Código Procesal Penal, le permite al sentenciador cierta libertad en la estimación de las pruebas que determinen su convencimiento, pero es obligación para el decisor respetar las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. (Fallos de la Sala Penal Números 166-2010 y 280-2010) VIOLACION A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. En la aplicación de la Sana Critica a que se refiere el Código Procesal Penal (art. 202, 336, 338, 339 y otros), nos conduce a tres momentos del conocimiento: a) La Certeza; esta es concebida como la situación donde el Juzgador está plenamente convencido de la verdad, sea de culpabilidad o de inocencia, b) La Duda; se concibe como la situación en la cual en el ánimo del Juez, concurren elementos de convicción positivos y negativos para determinar su decisión y c) La Probabilidad; es conocida como aquella situación donde el Juez tiene en su haber más elementos de convicción en contra que a favor del imputado, pero que debido a ese porcentaje de improbabilidad que concurre en su convencimiento, siempre se vería obligado a aplicar el artículo 339 del Código Procesal Penal en virtud que solamente el estado de certeza puede enervar el estado de inocencia y producir la sentencia condenatoria. La sentencia que por este acto se cuestiona por esta vía, contiene vicios que atentan contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, en la cual como lo veremos posteriormente, los Jueces juzgadores dictaron su fallo sin tener certeza sobre la culpabilidad de los acusados, lo cual aun concurriendo DUDA RAZONABLE sobre su responsabilidad, deciden condenarlos; situación que en definitiva que se convierte en la violación de los artículos antes mencionados como se explica a continuación. VICIOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA CENSURADA. En consonancia con lo antes expuesto, procederemos a explicar cuáles son esas Reglas de la Sana Critica que han sido transgredidas en la sentencia que se recurre las cuales se señalan así: HECHOS PROBADOS DEL FALLO RECURRIDO: PRIMERO: En fecha veintitrés de agosto del año dos mil quince, aproximadamente a las nueve con treinta minutos de la mañana, en un lugar conocido como el Papalón, Municipio de San Miguelito, departamento de Francisco Morazán, se encontraban los señores Leocadio Galo Alvarado y Juan Carlos Matamoros, cerca de la caseta de vigilancia del proyecto de aguas de dicha comunidad, donde llegaron los agentes de la Policía Clase Uno Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reinaldo Agapito Medina Barahona, los que se conducían en la patrulla MI-32; solicitando el señor Aguilera un registro personal a los señores Leocadio y Juan Carlos; el señor Leocadio pretendió retirase del lugar, en ese momento que los agentes de policía Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina, utilizando sus armas de reglamento le dispararon impactándole en: a.- Región lateral derecha de la cabeza, con trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; b.-Otra en región lateral izquierda de la espalda, con una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda; c.- También otra en región glútea derecha, con una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y de derecha a izquierda. SEGUNDO: Una vez concluida la acción anterior, los señores Santiago Aguilera y Ever Misael Gutiérrez González le colocaron los aros de presión en sus manos; y así miso obligaron al señor Juan Carlos Matamoros, que se subiera de manera violenta a la paila de la patrulla en la que se conducían, y lo trasladaron a la posta de Sabana Grande del departamento de Francisco Morazán. PRUEBA DE IMPORTANCIA CON LA CUAL EL JUZGADOR DECLARÓ COMO PROBADOS LOS HECHOS ANTES NARRADOS: 1.- PRUEBA TESTIFICAL. Como prueba Testifical de cargo comparecieron a debate las siguientes personas: ELVIN GEOVANY GALO MARTINEZ (hijo del ofendido), quien en su testimonio narra lo siguiente: Que a eso de las 9:30 am el 23 de agosto se encontraba en su casa de habitación cuando de repente escucha varios disparos, sintió curiosidad y rápido se movió a un lugar baldío cuando vio que era la patrulla de la Policía, asustado se acercó más y observó al Sargento Aguilera disparando el arma 3:57 de su papá, la cual el conoció, después vio que ellos tres subieron a la patrulla al señor Juan Carlos Matamoros, lo ataron boca abajo y le pusieron el pie en la cabeza, diciendo que se hiciera cargo de la muerte de su papá. (Lo sombreado y subrayado es nuestro) El Testigo antes citado al ser interrogado por las partes entre lo más relevante dijo: Que el escuchó de 5 a 6 disparos calculadamente; que el identificó al Sargento Aguilera, que era conocido de su papá, porque en un caso de muerte de un hijo, su papá le comentó que lo había apoyado en el levantamiento en el carro de él; que él estaba como a unos diez metros, que él se dio cuenta que era su papá la persona fallecida hasta cuando ellos (Policías) se fueron todos porque le dio curiosidad y fue a ver y se dio cuenta que se trataba de su papá, y luego se fue para su casa; que al señor Juan Carlos, lo ataron, lo esposaron llevándolo en la paila de la patrulla; que el arma de su padre el Sargento Aguilera se la puso en la cintura tomaron a Juan Carlos y se fueron; que el arma de su papá la dispararon de 5 a 6 veces; que la cinta del sobrero de su papá le quedó en el cuello con signos que lo ahorcaron para que no hablara; que las autoridades llegaron como a las dos de la tarde; que cuando el escucha los disparos está en su casa de habitación en el corredor, que de la quebrada a su casa hay aproximado unos 10 metros y que de la quebrada a la caseta hay también unos 10 metros y que en total la distancia de su casa a la caseta hay como de 20 a 30 metros; aclarando el testigo, que cuando escucha los disparos está en el corredor de su casa y cuando disparan el arma de su padre está en el lugar baldío a 10 metros; que el arma de su papá el Sargento Aguilera la dispara hacia el suelo; que él se da cuenta que la persona fallecida es su papá cuando ellos (Policías) se fueron y fue a observar por curiosidad; que el solo observo (vio) a los Policías quizá el señor Juan Carlos, estaba al otro lado. Testigo MARVIN ALBERTO MATAMOROS POSADAS (Alcalde del Municipio de San Miguelito) quien expuso: Que lo único que él sabe es que cuando pasaron los hechos él se dio cuenta por el hijo de Locadio, quien le mandó avisar con un niño que le habían matado a su padre, que él no ha visto nada. Al ser interrogado por las partes el testigo manifestó: que él fue hasta la Jefatura de Sabana Grande donde tenían a Juan Carlos; que él llamó al Sangrento Aguilera quien le dijo que Juan Carlos estaba con ellos; Que Juan Carlos estuvo en la posta de Sabana Grande de tres a cuatro horas, y le expresaron los agentes que lo llevaron para efectos de investigación, que él llegó al mismo tiempo que los Policías a la posta de Sabana Grande y al llegar lo primero que hizo fue preguntar por Juan Carlos, y le expresaron que lo iban a meter a la celda, expresándoles él que ese muchacho no tenía ningún delito y le dijeron que solo era para investigación y que al rato le quitaron las chachas y se lo dieron. Testigo JUAN CARLOS MATAMOROS, expuso lo siguiente: Que él se encontraba trabajando en el lugar, que el Alcalde lo tenía cuidando unos materiales de la Alcandía, y llegaron los Policías y pidieron un registro, que a él lo trajeron a Sabana Grande, detrás de la caseta el escuchó los disparos, y solo llegaron los tres Policías, el Clase Aguilera y dos Policías más, que el solo escucho los disparos y cuando salieron los Policías de atrás de la caseta lo trajeron lo tiraron embrocado boca abajo en una patrulla hacia Sabana Grande, que él no usó arma y que de gusto lo trajeron. Al ser interrogado por las partes el Testigo contestó: Que el hecho fue el 23 de agosto del 2015, comenzando el camarón (aldea), aproximadamente a las diez de la mañana; que él se encontraba con el señor Locadio Galo; nos pidieron los papeles. Yo no tenía nada, el señor Locadio se hizo para atrás y cuando acordé fueron los disparos detrás de la caseta, luego me llevaron a Sabana Grande sin saber porque; no supo cuántos disparos fueron solo escuchó las detonaciones detrás de la caseta; Salí en la noche porque vino el Alcalde y les dijo que yo no tenía nada; que él no tenía armas, no tenía nada; que el no vio que Locadio anduviera armado; que cuando Locadio se hace para atrás, los Policías iban detrás de él; que en el lugar no había nadie que solo él y el señor estaban; que no sabe quién de los tres Policías disparó, solo escuchó los disparos; que él no sabía que al señor lo dejaban muerto y de puro gusto lo trajeron a Sabana Grande; que al lugar no llegó nadie más solo los tres Policías; que la casa más cerca que está del lugar del hecho es la de ellos (hijo del ofendido) se encuentra a unos 100 metros; que cuando a él lo registraron el señor retrocedió y se fue para atrás; que ellos mismos dijeron ese señor se opuso sin saber que lo dejaban muerto. 2.- PRUEBA PERICIAL. a.- Como Prueba Pericial la Acusación presentó la pericia del Doctor RAMON ANTONIO SOSA, consistente en la Autopsia número 2015-1591 practicada al cadáver del señor Leocadio Galo Alvarado; en la cual concretamente se describen las tres (3) heridas producidas por arma de fuero que el ofendido recibió, destacando que una de las heridas se localiza en la parte frontal de la cabeza, con trayectoria de adelante hacia atrás y las otras dos localizadas una en la espalda y la otra en uno de los glúteos, con trayectoria de atrás hacia adelante; a la vez resalta el perito, que del cuerpo de la víctima se recuperó un proyectil, el cual fue enviado al laboratorio respectivo para su análisis. b.- Dictamen Pericial Balístico realizado por el Técnico YONY ALEXANDER FLORES ANDINO, estudio, que fue practicado a los casquillos levantados en la escena del hecho, así como al proyectil recuperado en el cuerpo del ahora occiso, en el momento de practicársele la respectiva Autopsia, dando como resultados dicho dictamen los siguientes: 1) Que los dos casquillos metálicos recibidos en el caso con registro No 07195-2015, presentaban las mismas características de clase, observadas en la pistola marca Yimi, modelo Gericop, calibre 9x19 con serie No 3930847Z (39308477), dando una entidad positiva.- 2) Que el proyectil o bala recibida y recuperada en la Autopsia del cuerpo del señor Locadio Galo Alvarado, fue disparada por el arma tipo pistola marca Yimi, modelo Gericop, calibre 9x19 con serie No 3930847Z (39308477), dando un resultado positivo, ya que presentaba iguales características de clase con valor individualizante.- 3) Que los 5 casquillos metálicos percutidos recibidos que venían en el caso 6928, fueron percutidos por el arma de fuego 3.57 con serie FY71 1875, dando un resultado positivo.-4) Que el casquillo calibre 5.56 recibido, fue disparado por el arma de fuego tipo fusil marca Yimi modelo sargalil 350, calibre 57/222 con serie 981 15759, ya que tenía las mismas características de las pruebas patrones. c.- Dictamen Pericial de la Prueba de Absorción Atómica (f 121-123) practicada al occiso Leocadio Galo Alvarado, por la Doctora Claudia Caballero Ramírez, el cual concluye en lo siguiente: Que se recibió de la Sección de registro de control de evidencia, un envoltorio de papel bond, firmado y sellado, cerrado con cinta adhesiva color café, rotulado con datos del caso número de evidencia 2015-0801-0501-07195-1, que contiene 5 tubos de plástico, con dos hisopos de mango plástico rotulados como palma izquierda, palma derecha, dorso derecho, dorso izquierdo y muestra patrón que según solicitud y cadena de custodia corresponden a Locadio Galo Alvarado y que el análisis solicitado fue: Determinar si existen residuos de disparo.-RESULTADO: Método palma derecha, dorso derecho, palma izquierda y dorso izquierdo. Varios espectrofotometría de absorción atómica no se detectó 11UG/L, no se detectó plomo espectrofotometría de Absorción atómica 22UG/L135UG/L34UGL11UGEL. Atómico espectro fotometría de absorción atómica no se detectó DOUG/L10UG/394UG/L.- Concluyendo la Perito, que estos resultados carecen de validez téctica, si las muestras en personas vivas fueron levantadas en un periodo mayor a dos horas después de ocurridos los hechos, o en general si las muestras fueron recolectadas por un procedimiento inadecuado; debe tomarse en 0cuenta que algunas municiones pueden no dejar suficientes cantidades de varios y antimonio. - El caso de concluye para Leocadio Galo Alvarado negativo en las regiones palma derecha, dorso derecho y palma izquierda e INCONCLUYENTE EN KLA REGION DORSO IZQUIERDO, encontrándose valores elevados de antimonio.- Un resultado inconcluyente no puede definirse como negativo o positivo, ya que los tres elementos deben estar elevados simultáneamente para tener un carácter confirmatorio como residuos de disparo……. 3.- PRUEBA DOCUMENTAL. Como Prueba Documental se evacuar los siguientes: Acta de Inspecciones Oculares de fecha 23 de agosto del 2015 (f 67-68, 106-117, 118); Acta de Registro Personal y Acta de decomiso, ambas de fecha 23 de agosto del 2015 (f 42-43); Acta de Registro personal y acta de decomiso de fecha 23 de agosto del 2015 (f44-45); Oficio No D. G. P. N. DRM(D-4) 1140-2015, de fecha 1 de septiembre del 2015 (f 127-129); Acta de Recepción de Indicios de fecha 1 de septiembre del 2015 (f 62), en el cual consta que el señor Domingo Galo Alvarado, hermano de la víctima hizo entrega en las Oficinas del Ministerio Publico de la ciudad de Tegucigalpa, un casquillo color amarillo que en su base se lee PNP223 REM, recogió el 23 de agosto del 2015, entre las 4 y 5 de la tarde en el lugar donde mataron a su hermano Leocadio Galo; Constancia de Propiedad de arma de fecha 1 de marzo del 2018 a nombre de Leocadio Galo; Constancia de fecha 24 de agosto del 2015 (f 206) Oficio No D.G.P.N. 2321-2015 de fecha 2 de octubre del 2015 (f 71 ,88); Copia certificada de hojas de vida y de acuerdo de nombramiento de los señores Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez González y Reinaldo Agapito Medina Barahona. Como PRUEBA DE LA DEFENSA. se incorporó la declaración del señor SANTIAGO AGUILERA, Clase I de Policía, quien andaba al mando de la patrulla y operativo en el cual el día 23 de agosto del 2015, resultó muerto el señor LEOCADIO GALO ALVARADO; deposición que se contrae a lo siguiente: El día 23 de agosto del 2015, salieron por la mañana a realizar un patrullaje de rutina legalmente uniformados en un vehículo policial con registro número M132, fueron primero a la Aldea Piedra Parada, y ahí decidieron bajar a la Aldea El Papalón, para regresar al Municipio de San Miguelito, que en esa carretera ellos tenían conocimiento por información que era peligrosa que asaltaban a vehículos repartidores, a maestros, a personas que se conducían en motocicleta, que cuando estaban en la Aldea El Papalón, escucharon un disparo, a raíz de eso se dirigieron por una carretera que da a la Aldea El Camarón, a orilla de la calle habían dos señores los cuales nosotros decidimos registrar por suspensión (precaución), detuvieron la patrulla en el centro de la calle, al vernos ellos se separaron, llegamos y les dijimos que nos permitieran un registro y al hacer eso uno de ellos andaba un arma, yo sigo a uno de ellos que andaba un machete, lo agarro y uno queda al frente del señor y escucho los disparos y pierdo la visión porque corro a agarrar al otro ciudadano el cual tenía un machete y lo botó cuando yo lo paro, y lo registré; después uno de mis compañeros me grita y me dice mi Clase Agapito está herido, entonces yo tengo ahí al señor y voy a ver y es cierto el Policía estaba herido, vi la sangre que le corría, le dije auxiliémolo, pero también pude ver que el señor estaba tendido sin vida, después decidí irnos porque es peligroso, cuando esta gente se dé cuenta de lo que ha pasado nos van a matar a nosotros por eso decidimos irnos del lugar y porque ya no podíamos auxiliar a la persona que estaba muerta, por ello traje al Policía y al señor Juan Carlos se requirió porque era la persona que estaba con el ahí, para efectos de investigación, para que viniera a Sabana Grande a dar una declaración de los hechos que habían ocurrido, así nosotros abandonamos la escena; a él se le dijo señor usted no va detenido, estaba nervioso, tenía miedo es un señor campesino, solo será una declaración porque era la única persona que se encontraba en el momento con el occiso. El señor Aguilera al ser interrogado por las partes entre lo relevante respondió: Que él tenía un año de esta asignado a San Miguelito, que uno de sus compañeros apenas había llegado el día anterior, y el otro tenía como un mes y medio de haber llegado, que el hecho fue afuera de pueblo, que ellos (los Policías) no conocían y que él les andaba enseñando al compañero nuevo, que su persona andaba al mando, que él no conocía al señor Locadio Galo, que es posible que lo haya visto anteriormente porque el patrullaba la zona, pero conocerlos a ninguno de ellos, que en el lugar estaban construyendo una caseta porque había un poso para generar agua potable para la comunidad del Papalón, que él pensaba que el señor Matamoros también tenía una arma, corro y lo agarro el andaba un machete y lo tiró, no andaba más arma, que él no vio quien de sus compañeros disparó al señor Locadio, que al correr perdió la visibilidad de su compañero, escuchó los disparos pero no puede decir quien disparó porque no vio, que el señor Locadio andaba un arma pero no vio lo demás porque corre a detener a la otra persona, que el arma se la vio al señor Locadio en la cintura, que él decide llevarse al señor Juan Carlos Matamoros a la Estación de Sabana Grande, porque era la única persona que acompañaba al señor Locadio y era testigo de lo que había ocurrido en ese momento, pero se le dijo que se le requería para que diera una declaración en Sabana Grande, que tal declaración debía darla ante el Ministerio Publico o ante la DPI, que el levantamiento del cadáver lo practicó el Ministerio Publico y la Policía, que el escuchó más de 5 disparos, que el arma del señor Locadio ellos la llevaron a Sabana Grande porque era una evidencia de que el señor andaba armado, que el regresó a la escena del crimen, que al cadáver al momento que el regresó ya le habían lavado parte de la sangre que tenía, ya lo habían movido no estaba igual como quedó, que la hora del hecho fue como a las 9:20 9:30, que les dijo que les permitieran un registro fue el, y al separase los señores el sigue al señor Matamoros, y Misael Gutiérrez queda al frente con señor Galo, y el otro Policía sale por el otro lado de la caseta, el señor quedó en medio de los dos Policías, por un lado Medina y por el otro Misael Gutiérrez, que la reacción del señor Locadio fue que él no se dejó registrar porque andaba armado y dijo que no le íbamos a quitar su arma, que el trasladó al Policía Agapito, al Seguro Social de Tegucigalpa, siendo auxiliados también en el camino, que Agapito tenía la herida en el hombro pero no recuerda si en el derecho o izquierdo, que el señor Juan Carlos al momento del requerimiento corrió como unos 10 metros. COMO PRUEBA PERICIAL la defensa incorporó el Dictamen 2015-08010102-2211, de fecha 7 de septiembre del 2015, (folios 122-125) ratificado por el Doctor Rosangel Benítez Mayorquin, Médico Forense adscrito al Ministerio Publico de esta ciudad, el que destaca que en fecha 24/08/15 le hizo una evaluación médica al señor Reynaldo Agapito Medina Barahona, quien le comentó que el día 23/08/15 en vía pública del caserío El Papalón, San Miguelito unas personas desconocidas al solicitarles un registro comenzó a dispararles con arma de fuego hiriéndolo en el hombro del lado izquierdo; fue evaluado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en donde le dieron el tratamiento, al hacerle su examen físico lo que encontramos fue una herida de bordes irregulares en el hombro izquierdo de cm y otra en la mano izquierda en el quinto dedo en la falange distal de 0.4 x 0.4cm, se hizo una investigación del expediente clico en el IHSS en donde lo vieron y la historia que encontramos es que se evalúa a paciente masculino y mientras se encontraba en su trabajo que desarrolla como Policía, recibió lesión tangencial en piel del hombro, secundario al roce de un arma de fuego que también afecto la piel de quinto dedo izquierdo, donde se extrajo un resto de metal de más o menos 3mm, entonces el diagnóstico fue una herida de arma de fuego y se le dio un tratamiento con analgésicos y antibióticos. Las conclusiones entonces que encontramos fue heridas contusas de brazo y mano izquierda que son compatibles con las heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego, se le dio incapacidad por cinco días, no hubo peligro de muerte y dichas lesiones sanan sin dejar secuelas.- Nota de acuerdo al dictamen antes relacionado, al paciente se le dio una incapacidad de 7 días por parte del Seguro Social (ver No 70 del apartado diagnostico brindado por IHSS). Como Prueba documental la defensa incorporó copia del libro de novedades del día 23 de agosto del 2015 en la Jefatura Municipal de Sabana Grande (ver Folio 76 y subsiguientes), en la cual se destaca que el señor Juan Carlos Matamoros fue requerido para efectos de investigación y no una detención formal, donde consta a folio 78, que ingresó a la Posta de Sabana Grande, a las 11:15 horas del día del suceso y ese mismo día a las 13:10 horas, se le tomó una declaración testifical a dicho señor, por parte de los Agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), como testigo de los hechos que se juzgan en este caso (f 80). ARGUMENTOS POR LOS CUALES ESTA DEFENSA CONSIDERA VIOLADAS LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Señores Magistrados de la Sala Penal en el presente caso, esta defensa considera que existen tres (3) situaciones o aspectos por establecer que, debido a la escasez de prueba decisiva en los autos, solamente se pueden aclarar mediante un exhaustivo análisis y valoración tanto de la prueba existente como de las diferentes circunstancias que rodearon el hecho justiciable; de ahí, cabe preguntarse sobre los aspectos siguientes. ¿QUIEN CAUSO LA MUERTE DEL SEÑOR LEOCADIO GALO?; ¿COMO O DE QUE FORMA SE PRODUJO ESA MUERTE? y ¿QUIEN AGREDIÓ PRIMERO A QUIEN?; interrogantes, que consideramos se contraen a lo siguiente: a).- QUIEN CAUSO LA MUERTE DEL SEÑOR LEOCADIO GALO? Sobre la anterior interrogante la defensa considera que en los autos se encuentra debidamente acreditada, pues con el material probatorio incorporado, en especial con la declaración del señor Juan Carlos Matamoros y del Clase de Policía I Santiago Aguilera, así como el dictamen balístico, no queda duda que las personas que dieron muerte al ahora occiso fueron los agentes EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA, pues como vemos por una parte, de acuerdo a las declaraciones de Aguilera y de Matamoros, el Clase Aguilera se encargó de requerir y registrar a Juan Carlos Matamoros, quien acompañaba a la víctima, mientras los agentes policiales, EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA, se perfilaron hacia el ofendido Leocadio Galo Alvarado, el cual de acuerdo a las declaraciones citadas, fue perseguido por detrás de la caseta por los Policías Gutiérrez González y Medina Barahona; sumado a ello, el dictamen balístico es más que claro al establecer que las armas que percutieron los casquillos encontrados en la escena del crimen, eran las que portaban los Policías antes citados en el momento del suceso. b).- COMO O DE QUE FORMA SE PRODUJO ESA MUERTE?: Para responder a la presente interrogante es necesario su Señoría echar un vistazo a lo declarado en juicio por el Clase I Santiago Aguilera, quien andaba al mando de la patrulla y Jefe de la delegación Policial del Municipio de San Miguelito; como se aprecia el Clase citado en su deposición expresa, que el día del hecho realizaban un patrullaje de rutina en la zona, escucharon un disparo y por ello se dirigieron hacia la comunidad de El Papalón, que cuando van llegando miran a dos individuos por una caseta, en el cual uno de ellos portaba visiblemente una arma de fuego y el otro un machete, y por eso ellos se paran para pedirles un registro, pero que las dos personas que estaban junto a la caseta cuando ven que los agentes se dirigen hacia ellos, se separan y tratan de huir, por lo que el declarante se dirige a detener al individuo que portaba el machete, y los otros dos Policías EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA, se dirigen por detrás de la caseta hacia el individuo que portaba el arma de fuego, quedando dicho individuo en medio de los dos Policías, es decir el Policía EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ por delante y el Policía REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA por detrás; y de pronto declara el señor Aguilera, el escuchó varios disparos y luego el agente Ever Misael le gritó que el Agente Agapito estaba herido. Lo anterior Señores Jueces Supremos, lo explican los dictámenes forenses que consisten en el dictamen de Autopsia practicado al cadáver del señor Leocadio Galo Alvarado y el dictamen forense realizado al agente REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA, como consecuencia de las heridas o lesiones sufridas por este agente al momento de suscitarse el hecho que motiva los presentes autos; en el primer dictamen, es decir en la Autopsia realizada al cadáver del ahora difunto, claramente se establece que el señor Galo Alvarado, recibió un disparo de arma de fuego en la parte frontal de la cabeza, es decir, de frente, ya que la trayectoria fue de adelante hacia atrás y que recibió dos disparos por la parte de atrás de su cuerpo, uno ubicado en la espalda y otro en uno de sus glúteos, ambos con trayectoria de atrás hacia adelante.- Por su parte la evaluación médico forense realizada al Policía Reinaldo Agapito Medina Barahona, establece que dicho agente recibió dos heridas contusas en hombro y mano izquierda que son compatibles con las heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego; como se aprecia, lo que arrojan los dos dictámenes en mención, son compatibles con lo declarado por el Clase I Aguilera, en el sentido de que los agentes Ever Misael y Reinaldo Agapito, fueron persiguiendo al ahora occiso uno por delante y el otro por detrás, resultando herido el agente Reinaldo Agapito, lo que implica claramente que el señor Leocadio Galo Alvarado, se resistió a ser registrado e hizo uso de su arma de fuego que portaba disparando contra los uniformados, razón por la cual los agentes policiales antes mencionados, no tuvieron otra alternativa que hacer uso de sus armas de reglamento, para repeler el ataque injustificado e inminente que en ese momento fueron objeto por parte del ahora occiso. c.- QUIEN AGREDIO PRIMERO A QUIEN?: Si bien es legalmente no se encuentra probado que el ahora difunto disparó primero contra los agentes del orden, pero la experiencia y la lógica nos ha enseñado que en este tipo de eventos en los cuales se ve involucrada la Policía, en un 99% de los casos, son los ciudadanos civiles quienes al ser requeridos por la autoridad policial hacen uso de sus armas en contra de los agentes; y estos por supuesto, a ver en peligro sus vidas no les queda otra opción que disparar contra sus agresores; y en este caso estamos más que seguros no fue la excepción, pues como vemos el mismo dictamen de autopsia habla por sí solo, al establecer que el occiso presentaba un disparo que le atravesó la cabeza, es decir le entró por la parte frontal y le salió por la parte trasera, y otro disparo ubicado en la espalda que también le atravesó totalmente el cuerpo, saliendo por la parte delantera; ello implica, que esta persona una vez que recibió esos dos disparos sumados al tercero ubicado en el glúteo, difícilmente o mejor dicho fue imposible que haya podido hacer uso de su arma, debido a que esos disparos lo imposibilitaron de inmediato en forma total para realizar cualquier movimiento y de plano su muerte fue instantánea, por lo tanto se concluye que quien disparó primero y por ende quien agredió ilegítimamente a los Policías, fue el ofendido LEOCADIO GALO ALVARADO; y por ello los agentes EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHONA, actuaron en defensa legitima de su persona y a la vez cumpliendo con el deber que la Ley les ha impuesto como lo explicaremos más delante en este motivo. Señores Jueces Supremos como vosotros lo podrán apreciar en el fallo censurado, el Tribunal de Sentencia recurrido no fue capaz de valorar en su conjunto y de manera armónica toda la prueba que fue incorporada al debate, sino que, se inclinó valorando la prueba a favor del ente acusador y apartando o haciendo a un lado a su arbitrio los aspectos y circunstancias contenidos en el material probatorio favorables a la defensa; y decimos esto, porque como ustedes lo podrán verificar en la sentencia que se recurre, el Tribunal Juzgador no valora en forma adecuada la declaración rendida por el Clase I Santiago Aguilera quien comandaba la patrulla policial, que si bien es cierto en un principio fue uno de los acusados por el Homicidio del señor Leocadio Galo, pero también es cierto que al momento de comparecer en juicio dicho Oficial ya no figuraba como acusado en tal delito, sino, únicamente por detención ilegal; situación que vino a convertir tal deposición como un testimonio corriente y común de cualquier testigo ocular y no precisamente como una declaración de imputado, pero el Juzgador con el afán de restarle merito a tal declaración, ha exteriorizado en su fallo que el señor SANTIAGO AGUILERA, al rendir su declaración de tal forma, lo único que pretendió fue justificar por todos los medios exculparse del hecho criminal cometido y evadir toda responsabilidad en los mismos; argumentos que son desde todo punto de vista arbitrarios, faltos de razón e ilógicos, ya que el señor Aguilera junto al señor Juan Carlos Matamoros, fueron las dos personas que se encontraban en el lugar de los hechos, quien no tuvo participación en la producción de la muerte del ahora occiso Leocadio Galo Alvarado, habiendo sigo claro al explicar cómo se desarrollaron los mismos, con la salvedad que su persona no pudo observar el momento preciso de los disparos que recibió el ofendido aspecto, que también no lo pudo observar el testigo Juan Carlos Matamoros; véase que lo declarado por el Oficial Aguilera, consta plasmado en el libro de novedades de la Jefatura policial de Sabana Grande, lugar donde acudió a pedir ayuda y donde llevo al señor Matamoros para que se le tomara cloración como testigo (ver folios 76 y subsiguientes). Así mismo, el Tribunal censurado desacredita el dictamen médico legal practicado al agente Policial Reinaldo Agapito Medina Barahona apartándolo por ende de su cuadro valorativo, argumentando que "este Tribunal considera que dichas heridas no fueron producidas con el accionar del arma que la víctima portaba al momento de ocurrir los hechos, como así lo quiso establecer la defensa del lesionado, en virtud que según el dictamen de absorción atómica realizado a la víctima su resultado fue negativo, deduciendo estos juzgadores que no acciono ningún tipo de arma de fuego, aun cuando se estableció que él portaba una arma de su propiedad, comprada en la armería Nacional (lo subrayado es nuestro). En relación al anterior argumento del Juzgador, existen dos aspectos por considerar y aclarar: El primero de ellos es, si el ahora occiso Leocadio Galo no disparó su arma como lo razona el sentenciador, entonces quien disparó contra el Policía MEDINA BARAHONA, si el Tribunal consideró que el ofendido no disparó el arma que portaba, estaba en la obligación de exteriorizar en su fallo que o quien produjo las lesiones sufridas por el agente Reinaldo Agapito, debido que al debate se incorporó en legal y debida forma un dictamen médico legal donde establece que dicho agente recibió en su cuerpo dos heridas compatibles con disparo de arma de fuero; pero el Tribunal Juzgador groseramente se limita a decir que el occiso no disparó su arma porque existe un dictamen de absorción atómica con resultado negativo; omitiendo el Juzgador realizar un análisis exhaustivo de todo el contenido de dicho dictamen; en el cual cómo podemos apreciar la misma perito Claudia Caballero Ramírez, en las conclusiones de tal pericia Expresa: Que estos resultados carecen de validez, si las muestras en personas fueron levantadas en un periodo mayor a dos horas después de ocurridos los hechos, o en general si las muestras fueron recolectadas por un procedimiento inadecuado; los altos niveles de solo uno o dos de los tres elementos podrían corresponder a valores ambientales, actividades que haya realizado el individuo en su profesión u oficio, entre otros.- Que debe tomarse en cuenta que algunas municiones pueden no dejar suficientes cantidades de varios y antimonio, que para estos resultados donde el plomo siempre resulta elevado, es recomendable valorar la opción de efectuar una prueba comparativa con el arma en cuestión y con el mismo tipo de munición utilizada en la escena del crimen. Que en el caso de Leocadio Galo Alvarado resultó negativo, en las regiones palma derecha, dorso derecho y palma izquierda e incluyente en la región dorso izquierdo encontrándose valores elevados de antimonio; Que un resultado puede ser negativo en las manos en alguna de esta situaciones: La persona no disparó un arma de fuego: la persona disparó el arma de fuego pero, el tipo de arma o la munición utilizada no produce suficiente residuo o porque estos se perdieron con el roce de prendas de vestir, u otra superficies o por lavado de manos: expresando a la vez la perito, que el resultado en el presente caso es inconcluyente, debido a lo encontrado y a las circunstancias que rodearon el caso. Del análisis realizado por la perito que practicó el examen de absorción atómica, se desprende que efectivamente en el caso subjudice existieron un sin número de circunstancias exógenas que contribuyeron a que el resultado de la prueba de absorción atómica fuera negativa; pues como se encuentra probado en autos, el hecho criminoso se produjo a eso de las nueve (9) de la mañana o nueve y treinta minutos, las muestras para la práctica del examen de absorción atómica fueron recolectadas a eso de las cuatro y treinta a cinco de la tarde, tal como aparece en el acta de Reconocimiento de cadáver y recolección de indicios que obra a folio 67 de los autos, por lo que el tiempo que trascurrió del hecho a la recolección de las muestras, fue alrededor de siete (7) u ocho (8) horas, y si hay duda sobre esto verifiquemos lo que expresa el acta de inspección y de levantamiento cadavérico antes mencionada, en las cuales se expresa que los agentes de la DNIC, procedieron a realizar la prueba de absorción atómica a las 16:10 de la tarde, esa circunstancia de tiempo Señoría fue determinante para que el examen de absorción atómica realizado a la víctima resultara negativo; sumado a otros factores como: El cadáver del ofendido ya había sido manipulado por familiares y amigos, lo habían movido de la posición en que quedó originalmente, lo arroparon con sabanas o plásticos, le limpiaron la sangre etc., por lo tanto la posible pólvora que pudo quedar en sus manos al disparar, sus residuos desaparecieron o si existían al momento de recolectar las muestran lo eran en una cantidad insuficiente para dar un resultado positivo, quedando con ello la duda e incertidumbre para el decisor si el señor Leocadio Galo disparo o no su arma; situación que pudo ser suplida y aclarada de forma puntual con el medio de prueba de Reconstrucción de Hechos que esta defensa y la defensa 2, propusimos en el momento procesal oportuno, es decir, en la respectiva audiencia de proposición de prueba, pero el Tribunal Juzgador sin ninguna razón o causa justificada y de una forma arbitraria, nos denegó dicho medio probatorio arguyendo que se deniega tal medio probatorio en virtud que: El día del debate vamos a tener peritos y testigos, álbum fotográfico, documentos, planos y que aun los testigos son excesivos. Como vemos entonces el argumento del Tribunal para denegar tan importante medio de prueba, es desde todo punto de vista irracional arbitrario e ilógico, pues ningún Tribunal debe denegar la prueba de Reconstrucción, porque es allí donde se pueden esclarecer un sin número de circunstancias y aspectos que no constan en el material probatorio evacuado máxime, cuando no hay testigos que hayan visto concretamente el desenlace del suceso que se juzga, tal sucede en la presente causa, en la cual ninguno de los testigos presentes vio cuando el occiso disparo su arma contra los Policías, ni cuando éstos dispararon contra el hoy difunto; y como vemos el Tribunal Sentenciador fue incapaz de identificar todas las circunstancias antes citadas y si las identificó, las hizo a un lado a su arbitrio de su cuadro valorativo, violando con ello las Reglas de la Sana Critica, en especial La Ley de Razón Suficiente como lo indicaremos posteriormente. Por otra parte, el Sentenciador expresa en su fallo que le da credibilidad o valora lo declarado por los testigos Juan Carlos Matamoros y Elvin Geovanny Galo Martínez, el primero referente a su supuesta detención ilegal y el segundo en relación a la muerte de su padre Leocadio Galo Alvarado, cuyos testimonios obran transcritos en el presente motivo en donde los Honorables Magistrados pueden verificar lo declarado por estas personas y en la cual desde lejos se pueden identificar una serie de contradicciones como ser: Mientras el testigo Juan Carlos Matamoros, dijo que la distancia entre el lugar del hecho a la casa más cercana, es de unos cien (100) metros, mientras el hijo del ofendido Elvin Geovany Galo Martínez, dijo que tal distancia era de 20 a 30 metros; por otra parte el testigo Elvin Galo, al principio de su testimonio dijo que el solo escucho, los disparos porque estaba en el corredor de su casa que le dio curiosidad y se acercó a un lugar baldío y que de allí solo vio a los Policías uno que estaba agachado y dos que estaban parados, que no vio a nadie más y que en ese momento desconocía que allí estaba su padre muerto, pero posteriormente al ser interrogado por la acusación cambió su versión original expresando que él se escondió y que vio a su padre muerto guindado de un árbol como lo expresa el Tribunal en su valoración, que vio cuando los Policías subieron a Juan Carlos Matamoros a la Patrulla después de encacharlo, lo golpearon, le pusieron el pie en la cabeza y tiraron boca abajo, diciéndole que se hiciera cargo de la muerte de su padre, además informo el testigo que como era verano, el lugar estaba limpio que no habían árboles y por eso pudo ver lo que pasó, situación que la contradicen las fotografías del lugar del suceso en las cuales se observa abundante vegetación alrededor del lugar, y además todos sabemos que en el mes de agosto en Honduras estamos en pleno invierno en todas partes, por lo que con ello se demuestra que el testigo mintió; por otra parte, el testigo afirma haber visto que el Clase I Aguilera, dispar hacia el suelo el arma de su padre que era una 3.57 niquelada, la pregunta que esta defensa se hace es: Como es que el Testigo mira disparar el arma de su padre, pero en ese momento no sabe que su padre está allí muerto, como pudo saber que esa era el arma de su padre sino sabía que su padre estaba allí, como la conoció desde varios metros de distancia; la conclusión a que esta representación ha arribado en relación a todas esas contradicciones e incongruencias de parte de los testigos de cargo a los cuales el Juzgador les ha dado credibilidad probatoria, no son más que inventos o falsedades talvez tratando de que los Policías involucrados en el incidente sean condenados injustamente como consecuencia de la muerte de su padre, pues como se aprecia al inicio del testimonio rendido por el joven Galo Martínez, al ser preguntado por el Tribunal si tenía algún interés en la presente causa respondió: Que lo que el pretendía era que se hiciera justicia por la muerte de su padre; esa afirmación, claramente denota un interés manifiesto por parte del declarante para que los agentes policiales que dieron muerte a su padre defendiendo su integridad física y cumpliendo con su deber sean condenados como tal; Igual situación aconteció con el Testigo Juan Carlos Matamoros, en el cual justificó hasta la saciedad en su declaración la detención de que fue objeto, diciendo que lo torturaron, lo golpearon, lo tiraron boca abajo, que está sufriendo muchísimo, que ha quedado enfermo y mintiendo claramente en cuanto al tiempo que estuvo retenido en la posta de Sabana grande, pues en su testimonio dice que salió hasta en la noche cuando el Alcalde lo fue a sacar, pero resulta que el Alcalde de san Miguelito al brindar su declaración en debate, aclaró que el señor Juan Carlos Matamoros quien era empleado de su Municipalidad, apenas estuvo de 3 a 4 horas retenido, eso implica que dicho señor salió como a las dos la tarde del mismo día 23 de agosto del 2015, ya que como costa en el libro de novedades de la Posta de Sabana Grande y trascrito por la ATIC en acta de Inspección que obra a folios 28 al 31 , el citado señor Matamoros, llego a dicha posta en compañía del Clase Aguilera, a las 11:15 horas del mismo día, con lo cual se denota un interés persistente por parte del testigo, para que los Policías que lo retuvieron fueran condenados por el ilícito por el cual han sido acusados. Por todas las razones antes expuestas esta defensa considera que, el Órgano Jurisdiccional decisor omitió valorar o apreciar la prueba en su conjunto de forma armónica, detectando por supuesto en su valoración las contradicciones antes apuntadas, así mismo, el Juzgador apartó de su cuadro valorativo el dictamen médico legal practica al Policía Reinaldo Agapito Medina Barahona, quien según el diagnóstico forense, recibió dos heridas compatibles por disparo de arma de fuego, agente, que fue llevado e ingresado al Instituto Hondureño de Seguridad Social, el mismo día del suceso en horas de la mañana, por el Clase I Santiago Aguilera para que recibiera asistencia médica, lo cual de conformidad al dictamen mencionado transcribe el diagnostico que brinda el IHSS, sobre las lesiones recibidas por el Oficial Medina Barahona; así mismo el Sentenciador aparta o mejor dicho resta valor probatorio a lo declarado por el Clase I Santiago Aguilera, quien fue excluido de responsabilidad desde la etapa instructiva por la muerte del señor Leocadio Galo, Oficial, que en su deposición brinda algunos detalles del hecho justiciable y que vienen a coincidir tanto con el dictamen de autopsia, como con el dictamen practicado a las lesiones que recibió el agente Medina Barahona; pero el Tribunal como ya lo expresamos de una forma arbitraria hace a un lado esos medios de prueba exteriorizando que no le merecen credibilidad, mismos que dan lugar a dos juicios opuestos, lo que lleva a crear lo que procesalmente conocemos como la DUDA RAZONABLE, de tal suerte que los medios de prueba que comentamos incorporados a instancia de la defensa, se oponen o mejor dicho contradicen algunos medios de prueba de la acusación, por lo tanto concurren dos juicios que se opuestos, y por ende uno de esos juicios necesariamente tiene que ser falso y por el contrario el otro tiene que ser verdadero; llevando lo anterior al caso concreto, o es cierto lo que afirma el Juzgador en su fallo al dar por probado que los agentes policiales dieron muerte al señor Leocadio Galo sin mediar ninguna causa justificativa, o por el contrario, dichos Policías provocaron tal muerte en virtud de la agresión que sufrieron con arma de fuego provocada por el ahora difunto Leocadio Galo Alvarado; trayendo todo lo anterior incertidumbre, por lo que, los Jueces de Sentencia, que resolvieron la presente causa debieron aplicar la figura procesal de DUDA RAZONABLE, inserta en el primer párrafo del artículo 339 del Código Procesal Penal, que se cita como infringido; en el cual el Juzgador al encontrarse con duda suficiente como la que concurre en esta oportunidad, está legitimado por la misma Ley, para aplicar la figura citada absolviendo a la persona acusada por no tener certeza de su responsabilidad, esto, debido a que lo que concurre en la presente causa es una cierta probabilidad de que los acusados hayan disparado contra el ofendido sin mediar una causa que lo justificara, aspecto que deja la duda y por ende el decisor estaba facultado por Ley a dictar un fallo de absolución; aspecto que en este caso fue obviado totalmente, pues como vosotros lo verificaran el Juzgador en su valoración solo tomo en cuenta lo que expresaron los testigos de cargo, que dicho sea de paso no vieron el momento en que se produjo el cruce de disparos ente el ahora occiso y los agentes policiales, quienes actuaron en legítima defensa de sus integridad física y a la vez cumpliendo con el deber que el Estado les ha encomendado. La DUDA RAZONABLE, de acuerdo al Jurista Internacional GUILLERO CABANELLAS, se concibe como: La incertidumbre sobre la verdad de un hecho y que aplicándola al derecho penal, si concurren tanto elementos que incriminan al acusado como elementos que lo desvinculan con el hecho que se juzga, el Juez debe absolver a favor del reo aplicando el aforismo de in dubio pro reo; lo cual consideramos es aplicable al caso que nos ocupa, pues como ya lo expresamos en este caso concurren elementos que pudieran llevar a considerar a los imputados como responsables del hecho por el cual se les juzgó, pero a la vez concurren también elementos que desvinculan su responsabilidad aunque no su participación en el hecho, esto debido, a que como ya lo hemos explicado está probado que los agentes policiales dieron muerte al señor Leocadio Galo Alvarado, con la salvedad que lo hicieron salvaguardando su integridad física y cumpliendo con su deber como agentes del orden. Es importante recordar el peligro al que a diario se exponen los Policías en nuestro País, y sino miremos las estadísticas reveladas últimamente por el Observatorio de la Violencia, en las cuales se destaca que en los últimos treinta (30) meses han muero alrededor de 50 Policías en el cumplimiento de su deber, de allí que cabe preguntarse ¿será que los Policías deban soportar a que les disparen y no hacer uso de sus armas por temor a ser acusados y condenados como en el presente caso? o ¿será que tales agentes deban esperar que les disparen y los maten primero los delincuentes para poder reaccionar? claro que no su Señoría, para eso existen instrumentos legales en los cuales se autoriza a la Policía hacer uso de la fuerza en proporción al riego en que se enfrentan; así el artículo 41 de la Ley actual de la Policía Nacional establece: USO DE LA FUERZA Y DE LAS ARMAS DE FUEGO. En el desempeño de sus funciones la Policía Nacional siempre debe hacer un uso progresivo, diferenciado, proporcional, ecuánime y gradual de la fuerza y de las armas. Se considera legítimo el uso de la fuerza, únicamente cuando se emplee en la medida estrictamente necesaria para el eficaz desempeño de las funciones policiales respetando los derechos humanos y con el propósito de restablecer el orden público. El empleo de las armas reglamentarias es legítimo solamente cuando exista un riesgo grave, inminente o racional contra la vida o integridad física de los miembros de la carrera policial, de un detenido o de terceras personas y de manera disuasiva cuando existan motivos racionales para suponer que esta por producirse una grave alteración del orden público o resulte necesario para evitar la comisión de un delito y no estén disponibles otros medios eficaces y menos peligrosos, así como para repeler un ataque en las circunstancias que establece el Código Penal, según las causas de justificación y causas de inculpabilidad que sean aplicables al caso. Reglamentariamente se debe establecer los procedimientos a emplear siguiendo como norma cualquier otra disposición legal aplicable o instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Así también es aplicable al presente caso el artículo 39 de la Ley de Policía y Convivencia Social que dice: La Policía podrá hacer uso de la fuerza o de instrumentos coactivos cuando se hayan agotado o fracasado otros procedimientos no violentos, y solamente en los casos siguientes: Para hacer cumplir las decisiones y ordenes de los Jueces y demás autoridades. Para impedir inminentemente o actual comisión de delitos o infracciones de Policía. Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad. Para vencer la resistencia del que se oponga a una orden policial legitima que deba cumplir inmediatamente…… Entonces, como podemos apreciar en el presente caso los agentes Policiales involucrados en la muerte del señor Leocadio Galo, si bien es cierto en un principio no había un riesgo inminente contra sus integridad física, pero ellos, al escuchar un disparo por arma de fuego, acuden a lugar de donde procedía la detonación, ven dos personas armadas una con un machete y otra con un revolver, lo cual era lógico que los agentes procedieran a requerir a tales individuos, debido a que no sabían si ellos eran los que habían disparado y por otra parte, su obligación era verificar si el ciudadano que portaba el arma de fuego estaba autorizado para ello situación que resulto ser negativa, ya que se comprobó que el señor Galo Alvarado, tenía más de un mes de haber adquirido el arma en la Armería, pero no había tramitado el respecto permiso de portación y por lo tanto el occiso portaba ilegalmente el arma de fuego, situación que provocó para que el ofendido tratara de huir para que no le decomisaran el arma, pero al verse perseguido por los agentes como era su deber, el ciudadano en mención opto por dispararles con el resultado que todos conocemos; de ahí pues que se justifica la acción realizada por los agentes policiales Ever Misael Gutiérrez González y Reinaldo Agapito Medina Barahona. En cuanto al delito de Detención Ilegal por el cual fueron condenados el Clase I Santiago Aguilera y el Policía Ever Misael Gutiérrez González, El Código Procesal Penal en su artículo 175 numeral 5, autoriza a la Policía Nacional a detener a cualquier persona para efectos investigativos hasta por un término de 6 horas, tal como lo explicó el Clase Aguilera en su declaración y como costa en las Copias del libro de novedades que lleva la Posta policial de Sabana Grande, el señor Juan Carlos Matamoros, fue llevado hasta esa sede policial para efectos de investigación, concretamente para que rindiera declaración como testigo presencial del hecho donde perdió la vida el señor Leocadio Galo Alvarado; tal circunstancia consta a renglón uno del folio 80 de los autos, (copia de libro de novedades), en la cual se lee: Agentes de Inspecciones Oculares a las 13:10 horas le tomaron una declaración como testigo del hecho ocurrido en el caserío El Papalón San Miguelito Francisco Morazán al señor Juan Carlos Matamoros…… aspecto, que también consta en el acta de inspección realizada al libro de novedades original que lleva la posta antes relacionada, en la cual los agentes de la ATC, transcriben literalmente todo lo acontecido el día 23 de agosto del 2015, relativo al hecho donde perdió la vida el señor Leocadio Galo Alvarado; con lo cual queda más que claro y acreditado, que el señor Juan Carlos Matamoros, únicamente fue retenido por espacio de tres horas para que los agentes de investigación le tomaran declaración como testigo del hecho por todos conocido. La defensa de los señores Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez González y Reinaldo Agapito Medina Barahona, considera que el Sentenciador con su cuadro valorativo violó el Principio o Regla Lógica de Razón Suficiente contenido en el principio de la Derivación, el cual le exige al decisor, que en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos de prueba auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga; en este caso, se desprende o infiere que el sentenciador no ha sido capaz de valorar la prueba en su conjunto y de forma armónica como lo determinan los artículos 202 del Código Procesal Penal que literalmente dice: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La Ley de Razón Suficiente, consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el citado elemento probatorio y la conclusión a la que arribe el Juzgador, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana critica; de ello se desprende que toda conclusión a la que arribe el Juzgador, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en un juicio se afirma o niega como verdad indiscutible, debiendo concurrir coherentemente una seria de circunstancias que no dejen ni el más mínimo margen de duda sobre la veracidad de lo que se afirma o mejor dicho sobre la participación responsable del indiciado en el hecho por el cual se le juzga; pero como ya lo hemos citado en esta causa concurre la duda si en realidad los agentes policiales dispararon contra la victima sin mediar una causa justificativa, ya que probado está en autos, que el agente Medina Barahona, quien era uno de los dos que salieron a su paso, resultó con dos heridas compatibles con arma de fuego, según se aprecia en el dictamen médico forense practicado al efecto, situación que no pudo ser apreciada por el Tribunal Sentenciador, así como, tampoco pudo ser apreciada la declaración que rindió el Clase I Santiago Aguilera, sucediendo lo mismo con el dictamen de absorción atómica realizado al occiso Leocadio Galo en el cual el Juzgador no fue capaz de apreciar en forma correcta todo su contenido, sino únicamente valoró el resultado especifico denominado NEGATIVO, dejando por ende a un lado las demás conclusiones brindadas por la perito y las otras circunstancias que concurrieron en el hecho, las cuales fueron determinantes para que las muestras recolectadas no dieran un resultado Positivo.- Por lo anterior consideramos que el fallo recurrido es desde todo punto de vista incoherente y por ende violatorio del Principio del Recto Entendimiento Humano que contiene la Ley de Razón Suficiente. Por lo cual, por todas las razones antes apuntadas, la defensa considera que se debe declaran con lugar el presente motivo, anulando todo lo actuado hasta el momento de celebración del juicio y decretando el reenvió de los autos para los efectos legales pertinentes.” “SEGUNDO MOTIVO: Por haber dejado de considerar el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El numeral Dos (2) del artículo 362 del Código Procesal Penal en lo que respecta a los motivos de Casación en la Forma prescribe: 2) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Para la defensa de los señores SANTIAGO AGRUILERA, EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHORA, el motivo de Casación que por este acto se invoca lo contiene la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal, que consiste en que el Juzgador no consideró prueba de valor decisivo, consistente en dos elementos o medios de prueba de relevante importancia que el sentenciador de Instancia, no considero o desestimó al momento de decidir los cargos imputados contra los señores EVER MISAEL GUTIERREZ GONZALEZ y REINALDO AGAPITO MEDINA BARAHORA, a quienes el Ministerio Publico los acusó penalmente como responsable del delito de Homicidio Simple en perjuicio de señor Leocadio Galo Alvarado y Detención Ilegal, en perjuicio de Juan Carlos Matamoros, medios de prueba que se contraen a lo siguiente: Dictamen Médico Forense número 2015-0801-0102-2211, de fecha 7 de septiembre del 2015, (folios 122-125) ratificado por el Doctor Rosangel Benítez Mallorquín, Médico Forense adscrito al Ministerio Publico de esta ciudad, el que destaca que en fecha 24/08/15 le hizo una evaluación médica al señor Reynaldo Agapito Medina Barahona, quien le comentó que el día 23/08/15 en vía pública del caserío El Papalón, San Miguelito unas personas desconocidas al solicitarles un registro comenzaron a dispararles con arma de fuego hiriéndolo en el hombro del lado izquierdo; fue evaluado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en donde le dieron el tratamiento, al hacerle su examen físico lo que encontramos fue una herida de bordes irregulares en el hombro izquierdo de cm y otra en la mano izquierda en el quinto dedo en la falange distal de 0.4 x 0.4cm, se hizo una investigación del expediente clínico en el IHSS en donde lo vieron y la historia que encontramos es que se evalúa a paciente masculino y mientras se encontraba en su trabajo que desarrolla como Policía, recibió lesión tangencial en piel del hombro, secundario al roce de un arma de fuego que también afectó la piel de quinto dedo izquierda, donde se extrajo un resto de metal de más o menos 3mm, entonces el diagnóstico fue una herida de arma de fuego y se le dio un tratamiento con analgésicos y antibióticos. Las conclusiones entonces que encontramos fue heridas contusas de brazo y mano izquierda que son compatibles con las heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego, se le dio incapacidad por cinco días, no hubo peligro de muerte y dichas lesiones sanan sin dejar secuelas. Nota: En el dictamen de mérito puede apreciarse que el Seguro Social otorgó una incapacidad de siete (7) días). El otro Medio de prueba que el Tribunal Juzgador dejo de considerar, es la declaración rendida en juicio por el Clase I de Policía Santiago Aguilera; la cual se contrae en síntesis a lo siguiente: El día 23 de agosto del 2015, salieron por la mañana a realizar un patrullaje de rutina legalmente uniformados en un vehículo policial con registro número M 132, fueron primero a la Aldea Piedra Parada, y ahí decidieron bajar a la Aldea El Papalón, para regresar al Municipio de San Miguelito, que en esa carretera ellos tenían conocimiento por información que era peligrosa que asaltaban a vehículos repartidores, a maestros, a personas que se conducían en motocicleta, que cuando estaban en la Aldea El Papalón, escucharon un disparo, a raíz de eso se dirigieron por una carretera que da a la Aldea El Camarón, a orilla de la calle habían dos señores los cuales nosotros decidimos registrar por suspensión (precaución), detuvieron la patrulla en el centro de la calle, al vernos ellos se separaron, llegamos y les dijimos que nos permitieran un registro y al hacer eso uno de ellos andaba un arma, yo sigo a uno de ellos que andaba un machete, lo agarro y uno queda al frente del señor y escucho los disparos y pierdo la visión porque corro a agarrar al otro ciudadano el cual tenía un machete y lo botó cuando yo lo paro, y lo registré; después uno de mis compañeros me grita y me dice mi Clase Agapito está herido, entonces yo tengo ahí al señor y voy a ver y es cierto el Policía estaba herido, vi la sangre que le corría, le dije auxiliémoslo, pero también pude ver que el señor estaba tendido sin vida después decidí irnos porque es peligroso, cuando esta gente se dé cuenta de lo que ha pasado nos van a matar a nosotros por eso decidimos irnos del lugar y porque ya no podíamos auxiliar a la persona que estaba muerta, por ello traje al Policía y al señor Juan Carlos se requirió porque era la persona que estaba con el ahí, para efectos de investigación, para que viniera a Sabana Grande a dar una declaración de los hechos que habían ocurrido, así nosotros abandonamos la escena; a él se le dijo señor usted no va detenido, estaba nervioso, tenía miedo es un señor campesino, solo será una declaración porque era la única persona que se encontraba en el momento con el occiso. El señor Aguilera al ser interrogado por las partes entre lo relevante respondió: Que él tenía un año de esta asignado a San Miguelito, que uno de sus compañeros apenas había llegado el día anterior, y el otro tenía como un mes y medio de haber llegado, que el hecho fue afuera de pueblo, que ellos (los Policías) no conocían y que él les andaba enseñando al compañero nuevo, que su persona andaba al mando, que él no conocía al señor Locadio Galo, que es posible que lo haya visto anteriormente porque el patrullaba la zona, pero conocerlos a ninguno de ellos, que en el lugar estaban construyendo una caseta porque había un poso para generar agua potable para la comunidad del Papalón, que él pensaba que el señor Matamoros también tenía una arma, corro y lo agarro el andaba un machete y lo tiró, no andaba más arma, que él no vio quien de sus compañeros disparó al señor Locadio, que al correr perdió la visibilidad de su compañero, escucho los disparos pero no puede decir quien disparó porque no vio, que el señor Locadio andaba un arma pero no vio lo demás porque corre a detener a la otra persona, que el arma se la vio al señor Locadio en la cintura, que él decide llevarse al señor Juan Carlos Matamoros a la Estación de Sabana Grande, porque era la única persona que acompañaba al señor Locadio y era testigo de lo que había ocurrido en ese momento, pero se le dijo que se le requería para que diera una declaración en Sabana Grande, que tal declaración debía darla ante el Ministerio Publico o ante la DPI, que el levantamiento del cadáver lo practicó el Ministerio Publico y la Policía, que el escuchó más de 5 disparos, que el arma del señor Locadio ellos la llevaron a Sabana Grande porque era una evidencia de que el señor andaba armado, que el regresó a la escena del crimen, que al cadáver al momento que el regresó ya le habían lavado parte de la sangre que tenía, ya lo habían movido no estaba igual como quedó, que la hora del hecho fue como a las 9:20 9:30, que les dijo que les permitieran un registro fue el, y al separase los señores el sigue al señor Matamoros, y Misael Gutiérrez queda al frente con señor Galo, y el otro Policía sale por el otro lado de la caseta, el señor quedó en medio de los dos Policías, por un lado Medina y por el otro Misael Gutiérrez, que la reacción del señor Locadio fue que él no se dejó registrar porque andaba armado y dijo que no le íbamos a quitar su arma, que el traslado al Policía Agapito, al Seguro Social de Tegucigalpa, siendo auxiliados también en el camino, que Agapito tenía la herida en el hombro pero no recuerda si en el derecho o izquierdo, que el señor Juan Carlos al momento del requerimiento corrió como unos 10 metros. Señores Magistrados, como ustedes lo van a verificar personalmente el Tribunal de Sentencia censurado, no consideró estos dos medios o elementos probatorios de relevante importancia para la resolución de la presente causa, en la cual como se observa el Policía Clase I al rendir su declaración en el Juicio expresa que él no vio cuando sus dirigidos disparan contra el señor Leocadio Galo, porque dichos agentes se fueron detrás del occiso para registrarlo porque portaba un arma de fuego, que el señor, es decir Leocadio quedó en medio de los dos Policía, uno por delante y el otro por atrás; con lo que se explica la razón por la cual el occiso presentaba tanto heridas en la parte frontal de su cuerpo como en la espalda, ello se debió a que el ofendido al verse cercado por los dos Policías sin poder escapar, tomo la decisión de sacar su arma y dispararles, acción que fue repelida por los uniformados y prueba de ello es que el agente Reinaldo Agapito Medina Barahona, sale herido en el hombro izquierdo y en la mano del mismo lado y que según el dictamen médico cuya falta de consideración o valoración se alega, tales heridas son compatible con proyectil disparado por arma de fuego; pero repetimos el Juzgador apartó de su cuadro valorativo tanto el dictamen comentado como la declaración rendida por Santiago Aguilera, aunado a que también el decisor valoró erróneamente el dictamen de absorción atómica sobre las muestras de residuos de pólvora levantadas en las extremidades superiores del cuerpo del occiso. JURISPRUDENCIA DE LA SALA. La sala de lo Penal en sentencia de fecha trece (13) de diciembre del 2005 resolviendo un motivo similar al anterior, en el recurso de Casación (sexto motivo) interpuesto por el Abogado José Aguinaldo García, en la causa contra Eliseo Núñez Bonilla por el delito de Asesinato en perjuicio de Santos Remigio López, plasmo el siguiente concepto: Esta Sala de lo Penal estima que de haber sido admitida la prueba pericial excluida y de haber sido valoradas tanto las apreciaciones de los peritos balísticos y la declaración del testigo ocular antes mencionado, siendo pruebas congruentes entre sí, el Tribunal hubiese podido alcanzar una decisión distinta, en aplicación de las reglas de la sana crítica y valorando toda la prueba en forma conjunta y armoniosa, por lo que este motivo es apreciable en casación. CASACION No134-2010: "Esta Sala de lo Penal recuerda, que a los juzgadores se les impone e/ deber de formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba, por lo que no es permitido a los Tribunales de Instancia omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución de/ caso, que lo será una prueba que por su contenido revista de singular importancia para la resolución de la causa; por lo que en estos casos para poder apreciar e/ vicio en relación, hay que Analizar primero si la prueba fue considerada o no, o si la misma fue excluida, que es la otra hipótesis, partiendo de la fundamentación de/ fallo para luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no.” Aspectos, que concurren de forma similar en la presente causa, pues aun cuando las pruebas antes citadas fueron admitidas y relacionadas en la sentencia recurrida, pero el Juzgador resta importancia al contenido concreto de los dos medios probatorios mencionados, dejándolos de considerar por consiguiente y separándolos de su apreciación conviccional en perjuicio de las personas imputadas; pues como lo expresa la Honorable Sala en la postura transcrita, si el Órgano decisor hubiese valorado las pruebas cuya falta de consideración se alega hubiese podido alcanzar una decisión distinta.” “TERCER MOTIVO: Por Excluir el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El numeral Dos (2) del artículo 362 del Código Procesal Penal en lo que respecta a los motivos de Casación en la Forma prescribe: 2) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Entonces, el Motivo de Casación en la forma que por este acto se invoca, consiste en lo siguiente: Resulta que como en la presente causa no existen testigos presenciales que hayan observado el desenlace de los hechos donde perdió la vida el señor Leocadio Galo Alvarado, no obstante estar presentes en dicho lugar personas como Juan Carlos Matamoros, quien acompañaba al occiso, el señor Elvin Geovany Galo Martínez hijo del difunto y el Clase I Santiago Aguilera; pero de las distintas diligencias de este proceso consta ninguna de dichas personas haya observado el momento preciso en que los Policías Ever Misael Gutiérrez González y Reinaldo Agapito Medina Barahona, dispararon sus armas de fuego contra el occiso Leocadio Galo Alvarado; para lo cual la defensa consideró indispensable la realización del medio de prueba denominado Reconstrucción de Hechos, a practicarse en el mismo lugar del suceso, a la misma hora y con la intervención de las personas que en ese momento se encontraban en el lugar, pero el Órgano Jurisdiccional conocedor del caso, sin ninguna causa aparente o justificada nos denegó tanto a la defensa uno que represento como a la defensa dos, la admisión de tal medio de prueba; para lo cual esta defensa uno, en virtud que la resolución del Tribunal resolviendo la admisión de los medios de prueba propuestos, fue dada de forma escrita, el día siete (7) de marzo del dos mil dieciocho (2018), en la cual entre otros aspectos resolvió inadmitir el medio de prueba denominado Reconstrucción de Hechos propuestos por ambas defensas, argumentando que: En virtud que el día del debate vamos a tener peritos y testigos, álbum fotográfico, documentos, planos y que aun los testigos son excesivos; ese mismo día y fecha, esta defensa presentó por escrito el respectivo recurso de Reposición, el cual fue declarado sin lugar en resolución del mismo Tribunal en fecha doce (12) de marzo del mismo año dos mil dieciocho (2018), haciendo suyas tas mismas razones por el cual nos denegó tan importantísimo medio probatorio. Como ustedes Honorables Jueces de la Sala Penal lo podrán apreciar, los argumentos del Tribunal Juzgador para denegar la admisión del medio de prueba de Reconstrucción de Hechos no son válidos, pues todos los Abogados sabemos que la Reconstrucción de los Hechos en un caso penal, es de vital importancia porque como su nombre lo indica es la forma de reconstruir la dinámica y las distintas circunstancias que rodearon o concurrieron al momento de escenificarse el suceso que se juzga, máxime como ocurre en la presente causa donde prácticamente no existen testigos presenciales, ya que si bien es cierto en el lugar estaban tres personas distintas a los que dispararon pero a la vez es cierto que de acuerdo a su testimonios ninguna de esas personas vio cuando los involucrados dispararon sus armas, esto es el momento en que el occiso sacó y disparó con su arma que portaba y el momento cuando los Policías Ever Misael Gutiérrez González y Reinaldo Agapito Medina Barahona, dispararon sus armas de reglamento contra el ahora difunto Leocadio Galo Alvarado; pero el Tribunal conocedor del caso de una forma irresponsable nos denegó el medio probatorio de valor decisivo, en el cual si el mismo se hubiese admitido y evacuado en juicio, estamos seguros que el resultado del fallo hubiese sido totalmente diferente, ya que con ello esta representación hubiese acreditado la causa de justificación con que actuaron mis representados, al disparar sus armas defendiendo su integridad física y cumpliendo con el deber que el Estado de Honduras les ha encomendado. Por tal razón consideramos que el presente motivo sea admitido y declarado con lugar para de esa forma lograr que a mis patrocinados se les haga verdadera justicia.” “CUARTO MOTIVO: Por no ser Clara y Terminante la declaración de hechos declarados como aprobados por el Tribunal Juzgador. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal en lo que respecta a los motivos de Casación en la Forma prescribe: 1) Que le falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. Como quedo plasmado en el primer motivo de este recurso, el Tribunal sentenciador estableció como hechos probados los siguientes: PRIMERO: En fecha veintitrés de agosto del año dos mil quince, aproximadamente a las nueve con treinta minutos de la mañana, en un lugar conocido como el Papalón, Municipio de San Miguelito, departamento de Francisco Morazán, se encontraban los señores Leocadio Galo Alvarado y Juan Carlos Matamoros, cerca de la caseta de vigilancia del proyecto de aguas de dicha comunidad, donde llegaron los agentes de la Policía Clase Uno Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reinaldo Agapito Medina Barahona, los que se conducían en la patrulla Ml- 32; solicitando el señor Aguilera un registro personal a los señores Leocadio y Juan Carlos; el señor Leocadio pretendió retirase del lugar, en ese momento que los agentes de policía Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina, utilizando sus armas de reglamento le dispararon impactándole en: a.-Región lateral derecha de la cabeza, con trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo; b.-Otra el región lateral izquierda de la espalda, con una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda; c.- También otra en región glútea derecha, con una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y de derecha a izquierda. SEGUNDO: Una vez concluida la acción anterior, los señores Santiago Aguilera y Ever Misael Gutiérrez González le colocaron los aros de presión en sus manos; y así miso obligaron al señor Juan Carlos Matamoros, que se subiera de manera violenta a la paila de la patrulla en la que se conducían, y lo trasladaron a la posta de Sabana Grande del departamento de Francisco Morazán. Ahora bien, en que consiste el vicio denunciado en esta oportunidad consiste en que como se aprecia en el numeral primero de los hechos declarados como aprobados por el sentenciador, éste describe correctamente las lesiones o heridas producidas por arma de fuego que la víctima recibió en su cuerpo, de parte de los Policías Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina, pero omite hacer declaración o pronunciarse sobre el resultado de tales heridas; es decir, que si la consecuencia o efecto de las lesiones producidas en el cuerpo del ofendido fue su muerte, el Juzgador estaba obligado a expresar en sus hechos probados que tales disparos, provocaron la muerte del ofendido, sin embargo como vemos el decisor omitió tal pronunciamiento, pero en la parte resolutiva de su fallo condena a los acusados como responsables del delito de Homicidio Simple en perjuicio del señor Leocadio Galo Alvarado; aspecto, que viene a constituir el vicio de Casación en la forma denunciado, consistente en que los hechos probados del fallo no son claros y terminantes como consecuencia de la omisión antes apuntada; lo que implica que el Órgano Jurisdiccional no exterioriza cual fue el resultado de la conducta realizada por los imputados Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina omisión, que a la postre viene a constituir el vicio de Casación en la forma contenido en la última parte del numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, esta defensa considera y es del firme criterio que el presente motivo al igual que los que anteceden, deben admitirse y por ente ser declarados con lugar y como consecuencia de ello ordenar lo que en derecho corresponda. Por último, la defensa de Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reinaldo Agapito Medina Barahona, , considera que no es necesario señalar y realizar la Audiencia que prescribe el artículo 366 del Código Procesal Penal, pues al efecto creemos que los motivos impetrados se encuentran suficientemente explicados; pero si el Tribunal de Casación estima lo contrario, estaremos a la espera de su decisión.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336, 338 y 339 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: Inobservar en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Declarar la nulidad del fallo impugnado y del Juicio Oral y Público en el que fue dictado, con reenvió de la causa. Denuncia el Recurrente, que la sentencia que se cuestiona, contiene vicios que atentan contra las reglas de la sana critica que debió observarse en la valoración de la prueba, los Juzgadores dictaron su fallo sin tener certeza sobre la culpabilidad de los acusados, luego transcribe todos los medios de prueba evacuados en Juicio, para luego considerar la existencia de tres situaciones debido a los escases de prueba decisiva, para luego concluir el Recurrente que los Jueces de Sentencia resolvieron la causa sin aplicar la figura procesal de duda razonable, inserta en el primer párrafo del artículo 339 del Código Procesal Penal. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esta basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. V. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; Para ello es preciso que el Recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, meya negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; Entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver (ejemplo reprochar la falta de aplicación de la figura procesal duda razonable), exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el Recurrente arguye que la prueba de descargo se oponen o se contradice con algunos medios de prueba de la acusación, a pesar de ello, el sentenciador da crédito de la prueba a favor del ente acusador y haciendo a un lado al material probatorio favorable a la defensa; Este alegato de impugnación es incorrecto dado que identifica las contradicciones no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba; Por otra parte el alegato de impugnación tampoco puede ser de recibo al omitir precisar con exactitud cuál es la regla de la sana critica que se considera infringida por el supuesto defecto señalado, pues en el desarrollo de su recurso hizo mención de todas las reglas. Comparte el Recurrente su apreciación de que con la prueba propuesta por la Defensa genero una duda razonable no aplicada por los juzgadores; Este último argumento recursivo repite el error señalado en cuanto a la confusión de la Única Instancia con una Segunda Instancia, ello pues el Recurrente no dirige su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana critica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el A-Quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este Ad-Quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo y Tercer Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el Recurrente. *Concepto de la infracción del segundo motivo: Por haber dejado de considerar el Juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. *Concepto de la infracción del tercer motivo: Por excluir el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el Censor. Es pertinente hacer un solo pronunciamiento del segundo y tercer motivo plateado por el censor en su recurso de casación por quebrantamiento de forma, puesto que ambos tienen misma relación. En el segundo motivo, se alega que el juzgador no consideró prueba de valor decisivo al decidir los cargos imputados a los señores Ever Misael Gutierrez Gonzales y Reynaldo Agapito Medina Barahona por el delito de Homicidio y Detención Ilegal, consistente en dictamen médico forense número 2015-0801-0102-2211 y la declaración rendida por el Testigo Santiago Aguilera para luego el recurrente transcribir parte del contenido de dichos medios de prueba y concluir con sus propias valoraciones que ambos medios de pruebas son de relevante importancia para la resolución de la causa. En el tercer motivo, resume el censor ser indispensable la realización del medio de prueba denominado Reconstrucción de Hechos, a practicarse en el mismo lugar del suceso, pero el órgano jurisdiccional conocedor del caso, sin ninguna causa aparente o justificada denegó la admisión, que a criterio del recurrente no fue valido, pues de haberse admitido y evacuado en juicio el resultado del fallo hubiese sido diferente. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.VI. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos.El Recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y de la exclusión de alguna prueba de valor decisivo y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se expresó en el apartado anterior, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia. Los medios de prueba dictamen médico forense número 2015-0801-0102-2211 propuesto y admitidos en la audiencia de proposición de prueba (F.647) y en relación a la declaración material rendida por el señor Santiago Aguilera en su condición de acusado, haciendo uso de su derecho (F.794v) fueron reproducidos en el Juicio Oral y Público y finalizando como resultante del debate con la sentencia en donde, el medio de prueba dictamen médico forense número 2015-0801-0102-2211 (F.832v) y la declaración material rendida por el señor Santiago Aguilera (F.837) fue motivada descriptiva e intelectivamente (F.833 y 838 respectivamente) por lo cual, si fueron considerados por los juzgadores y no como lo denuncia erróneamente, según su particular visión. En relación a la denuncia por la exclusión de la reconstrucción de hechos, el mismo nunca alcanzo la finalidad de medio de prueba al no ser admitido por los juzgadores como tal (F.651v), lo cual resulta lógico, la falta de razonamiento en la sentencia, ya que no fue reproducido como medio de prueba en la audiencia de debate, ante su inadmisión, por tal razón, el sentenciador acertadamente no externa mérito de crédito o de fiabilidad. En resumen, el recurso presentado en su segundo y tercer motivos son vacíos de contenido, por lo que deben de ser desestimados.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privado. Cuarto motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la infracción expuesto: No ser clara y terminante la declaración de hechos probados por el tribunal juzgador. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Declarar con lugar y como consecuencia de ello, ordenar lo que en derecho corresponda. Denuncia el censor, que los sentenciadores describen correctamente las lesiones o heridas que sufrió la víctima, de parte de los policías Ever Misael Gutiérrez y Reinaldo Agapito Medina, pero omite hacer declaración o pronunciarse sobre el resultado de tales heridas, es decir la muerte del ofendido, pero en su parte dispositiva condena a los acusados por homicidio simple, concluyendo con ello, que los hechos probados no son claros y terminantes como consecuencia de dicha omisión. De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal sustantiva aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Precisos: Los Hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. VII. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO El recurso no es de recibo. Ha dado lectura esta Sala de lo Penal al hecho probado que contiene la sentencia impugnada, determinando que el mismo es claro, o terminante, a razón de no encontrarse una redacción confusa, dubitativa mucho menos imprecisa, por lo cual el mismo, conduce al lector a una conclusión precisa del hecho, una declaración no es claro y terminante, si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conlleven a la certeza del acontecimiento histórico reproducido o cuando en la relación de eso hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el Tribunal trata de referir o que sólo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas, aspectos no detallados en el Factum. En opinión del Tribunal de Casación, el impugnante, eligió incorrectamente el vicio que deseaba llevar a consideración de la Sala de Casación, denotándose que lo que en realidad pretendía fustigar el recurrente es la falta de concurrencia de uno de los elementos del tipo penal de Homicidio como ser dar muerte a una persona, no debiendo acudir al motivo de casación que viene invocando, sino hacer uso de otra causal de casación que permita una revisión jurídica de los hechos declarados probados por el tribunal de sentencia, es decir, si eso hechos probados se adecuan a un tipo penal distinto al que su subsumen realmente, pero ello importa plantear la posibilidad de intentar un recurso de casación desde la perspectiva de la infracción de ley en la vertiente de aplicación indebida, que al no ser presentado de ese modo por el censor, no pueden hacerse valoraciones acerca de su procedencia o no, en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. VIII. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus motivos primero, segundo, tercero y cuarto. IX. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su en sus motivos primero, segundo, tercero y cuarto, interpuesto por el Abogado José Rómulo Mejía Pineda, actuando en su condición de Defensor Privado de los señores Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reynaldo Agapito Medina Barahona. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reynaldo Agapito Medina Barahona por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Leocadio Galo Alvarado y a Santiago Aguilera y Ever Misael Gutiérrez Gonzáles por el delito de Detención Ilegal en perjuicio de Juan Carlos Matamoros; asimismo pronunciamiento absolutorio a Santiago Aguilera, Ever Misael Gutiérrez Gonzales y Reynaldo Agapito Medina Barahona por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-464-2019.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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