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Sentencia CP-459-16 — Registro 12972

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso el arma decomisada al acusado Cristian Alexander Fernández Solís, es un arma de fabricación casera o artesanal capaz de percutir munición calibre 12 Gauge, si bien es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares está comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal vigente, que refiere a armas de guerra o de combate. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite considerar que estén comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, para sostener que la conducta de portación de armas caseras, deba aplicarse al tenor del artículo 332A debe cumplir con ciertos parámetros como ser el tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate, es decir, que se equipare al tipo de armas que causan una amplia capacidad de lesividad, lo cual no se ajusta al caso en estudio. Si bien el vocablo utilizado en la parte dispositiva de la sentencia recurrida no es el idóneo, pues un arma de fabricación casera o artesanal nunca podrá ser utilizada como un acto de comercio valido, por ende, no son comerciales, la conducta tipificada debió ser calificada como Portación Ilegal de Arma de Uso Personal, no por ello, surge afectación alguna, ya que la adecuación de la conducta de portación sigue estando establecida dentro de los parámetros del artículo 332B del Código Penal. En consecuencia esta Sala de lo Penal declara sin lugar los motivos de casación por infracción de ley invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 459-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al acusado Cristian Alexander Fernández Solís, como autor responsable penalmente de un delito consumado de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión, con la accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. SEGUNDO: Otorgó beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena al condenado Cristian Alexander Fernández Solís, estableciendo un periodo de prueba de cinco años, suspensión que no se extiende a las obligaciones civiles derivados del delito y tampoco a las penas accesorias y demás efectos de la condena. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Cristian Alexander Fernández Solís, derivado del delito por el que se le condena. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al acusado. QUINTO: Se ordenó el comiso de un arma de fabricación casera, tipo chimba de color negro. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Maricela Tejeda López, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y la Abogada Juana Antonia Jaco Santos, defensora pública, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO.- El día lunes tres (3) del mes de junio del año dos mil catorce, a eso de las nueve de la noche, agentes de la policía Policía Nacional Preventiva asignados al municipio de La Lima, Cortés, realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Flores de Oriente, de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando observaron a Cristian Alexander Fernández Solís que se encontraba en el campo de fútbol, de manera sospechosa, en dicho lugar no había iluminación, por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró en posesión de una arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, color negra, que tenia en su interior un cartucho de color rojo sin percutir, calibre 12 Gauge comercial, misma que presentaba buen estado de funcionamiento mecánico operativo y que por la naturaleza del arma no puede ser objeto de inscripción en el Registro Nacional de Armas, por lo que fue detenido el acusado y puesto a la orden de la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Maricela Tejeda López, agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: UNICO: “El día lunes tres (3) de Junio del año dos mil catorce, a eso de las nueve de la noche, agentes de la Policía Nacional Preventiva asignados al municipio de La Lima, Cortés; realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Flores de Oriente, de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando observaron a Cristian Alexander Fernández Solís, que se encontraba en el campo de fútbol, de manera sospechosa, en dicho lugar no había iluminación, por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba color negra, que tenía en su interior un cartucho de color rojo sin percutir, calibre 12 Gauge comercial, misma que presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y que por la naturaleza del arma no puede ser objeto de inscripción en el Registro Nacional de Armas, por lo que fue detenido el acusado y puesto a la orden de la autoridad competente.” Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fabricación casera tipo (chimba), color negra, que tenía en su interior un cartucho de color rojo sin percutir, calibre 12 Gauge comercial, y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “...Tomando en consideración que el instrumento decomisado al acusado, si bien pone en peligro la seguridad colectiva, también lo es que el reproche por dicha conducta no debe ser mayor, que la sanción que lleva aparejada el poseer un arma comercial sin el debido permiso, en el entendido que estas ultimas generan mayor peligro para la seguridad individual y colectiva que el instrumento en mención; cabe mencionar que dicha arma por la munición utilizada no se puede considerar de guerra; sin embargo el uso de la munición comercial la hace subsumible en el tipo penal por el que se le declaró culpable, además dicha pena es excesivamente desproporcional, consideramos que la norma a aplicar en el caso objeto del presente juicio es la recogida en el artículo 332-B del Código Penal.” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el sentenciador y las normas citadas como infringidas por Aplicación Indebida, se observa sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta el presente motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera o artesanal no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto importante, es que la acción por la cual el señor Cristian Alexander Fernández Solís fue llevado a juicio, se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto de fabricación artesanal, que se encontraba en buen estado de funcionamiento, al contar con el mecanismo que le permitía disparar calibre 12; que es una munición comercial, al venderse en la Armería. En este sentido debemos referir, que independientemente del tipo de munición utilizada en el arma chimba, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial; por tanto, el instrumento decomisado, jamás puede equipararse al tipo de armas que refiere el citado artículo 332 B del Código Penal. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada.” Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado CRISTIAN ALEXANDER FERNANDEZ SOLIS, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. rrónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Primero y segundo motivo. *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 332-A y 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares; *Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo que contiene el tipo penal de Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales y Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de Fabricación y Trafico de Material de Guerra, Armas y Municiones; *Pretensión: Se case la sentencia cuestionada y se profiera otra apegada a la normativa citada del 332-A. El Pretensor opone dos motivos a la sentencia condenatoria a razón de: 1. En el primer motivo denuncia que los juzgadores han tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fabricación casera tipo chimba, color negra, que tenía en su interior un cartucho de color rojo sin percutir, calibre 12 Gauge comercial, y en razón de ello, emite sentencia condenatoria subsumiendo el actuar en el artículo 332-B del Código Penal que regula el delito de portación ilegal de armas de naturaleza comercial; a criterio de la recurrente, se observa sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando, pues una arma de fabricación casera o artesanal no se considera como de uso personal defensivo, ni deportivo, ni comercial; y 2. En el segundo motivo la censora señala que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal contenido en el artículo 332-A, que prevé el delito de Fabricación y Trafico de Material de Guerra, Armas y Municiones; debiendo ser esta la norma sustantiva que gobierne el caso concreto. Los dos motivos presentados por la censora se interrelacionan, por lo que es procedente resolver ambos en un mismo pronunciamiento. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso el arma decomisada al acusado Cristian Alexander Fernández Solís, es un arma de fabricación casera o artesanal capaz de percutir munición calibre 12 Gauge, si bien es un arma de fuego, no reúne las especificaciones de las armas de guerra o combate, por lo que es un arma diferente a las comprendidas en el numeral uno del artículo ocho (8) de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares y que resultan ser las armas cuya portación por particulares está comprendida dentro del tipo penal del artículo 332-A, del Código Penal vigente, que refiere a armas de guerra o de combate. Por la naturaleza de elaboración artesanal de las armas caseras, no permite considerar que estén comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, como es el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad[1], la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de una arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…” Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora. Al referirse el artículo 332-B, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, para sostener que la conducta de portación de armas caseras, deba aplicarse al tenor del artículo 332A debe cumplir con ciertos parámetros como ser el tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate, es decir, que se equipare al tipo de armas que causan una amplia capacidad de lesividad, lo cual no se ajusta al caso en estudio. Si bien el vocablo utilizado en la parte dispositiva de la sentencia recurrida no es el idóneo, pues un arma de fabricación casera o artesanal nunca podrá ser utilizada como un acto de comercio valido, por ende, no son comerciales, la conducta tipificada debió ser calificada como Portación Ilegal de Arma de Uso Personal, no por ello, surge afectación alguna, ya que la adecuación de la conducta de portación sigue estando establecida dentro de los parámetros del artículo 332B del Código Penal. En consecuencia esta Sala de lo Penal declara sin lugar los motivos de casación por infracción de ley invocado por la recurrente. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Maricela Tejeda López, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Cristian Alexander Fernández Solís, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Armas de fuego de uso personal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y uno días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-459-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] El principio de proporcionalidad establecido en el artículo 2-D del Código Penal, en sentido estricto implica que se debe ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia jurídica, las penas deben ser adecuadas con relación a la gravedad de la conducta que se tipifica, establece una prohibición en exceso, manteniendo un equilibrio entre la sanción penal y los derechos fundamentales. Además, sólo una pena proporcionada puede responder a los ideales de la prevención general y de la prevención especial.