Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-457-16 — Registro 13261

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Calumnias constitutivas de Difamación en concurso real, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia retroactiva de la ley pena.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, pues si bien señala como norma supuestamente infringida la falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal, basa su fundamentación en las pruebas evacuadas en el debate, cuando su exposición debe recaer únicamente en el cuadro fáctico, es decir en cómo esa norma penal que considera violentada, es armónica o no con los hechos probados, pero erróneamente hace referencia en sus argumentos al desarrollo probatorio y a la valoración que de ella hizo el sentenciador. Al tratarse de un recurso de casación en el cual se denuncia la aplicación o no de una norma penal sustantiva, los argumentos del censor deben basarse únicamente en cómo la fundamentación fáctica de la sentencia es armónica o no con la norma penal utilizada por el Juzgador, en el presente caso la censora establece la falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal, el cual se establece que el acusado de delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado, en ese sentido la recurrente ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 457-2016 por quebrantamiento de forma y por infracción de ley interpuesto contra la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera, como autor del delito de Calumnias constitutivas de Difamación en concurso real, en perjuicio del señor Juan Carlos Cruz Villatoro, a la pena de cuatro años, tres meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Mantener al señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera la medida cautelar de presentación periódica los viernes de cada semana, hasta que el fallo adquiera el carácter de firme. Tercero: Se le declara la responsabilidad civil del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera. Cuarto: Exonerar al señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera el pago de costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Declaró sin lugar la suspensión condicional de ejecución de la pena, solicitada por la defensa.Son partes en la única instancia: la Abogada Liliana María Aronne Salazar en su condición de defensora privada del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera, como parte recurrente. Hechos Probados “PRIMERO: El 5 de marzo, año 2007 se publicó en Diario El Heraldo en la página 20, en la Sección Conexión el siguiente reportaje, atribuido al señor Carlos Eduardo Avila: “PROFESOR ACUSADO DE DELITOS NO ES SUSPENDIDO PORQUE GOZA DE PROTECCION”; refiriendo el contenido del reportaje lo siguiente: “Desde hace varios años hemos intentado sancionar a Juan Carlos Cruz, docente del Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca por diversos actos de corrupción y delitos, pero como él esta bajo la protección del dirigente magisterial Sergio Rivera, no hemos podido hacer nada. Los delitos que se le atribuyen a este hombre y de los cuales tengo pruebas, son muy fuertes, como acoso sexual a varias estudiantes de esta institución, así como actos de corrupción a través de la creación de plazas fantasmas. Hemos llevado estas pruebas primeramente ante el Director de este colegio y él a su vez ante la Dirección Departamental de Educación Media y el Ministerio Público. Juan Carlos es dirigente magisterial de este sector del país, y ante la posibilidad de ser suspendido de su cargo de docente, ha amenazado con tomarse las instalaciones del colegio. También, como él tiene influencias, quiere destituir a Hernán Carrasco de su cargo de Director del Instituto José Cecilio del Valle. Con esto, los padres de familia y vecinos de Choluteca confiamos en que al fin se haga justicia. PRUEBAS: El cazanoticias acompañó su denuncia con varios documentos que respaldan las acusaciones contra Juan Carlos Cruz, docente del Instituto José Cecilio del Valle. SEGUNDO: En la fecha martes 13 de marzo, año 2007 aparece publicado en el Diario La Tribuna el siguiente reportaje: En Choluteca, SERGIO RIVERA PROTEGE ACOSADORES SEXUALES DE LOS ESTUDIANTES. El docente del Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca, Carlos Eduardo Avila denunció ayer al Presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras Copemh, Sergio Rivera por permitir que se cometan actos de abuso sexual en contra de alumnas de ese centro educativo de la zona sur. “Sergio Rivera está defendiendo a gente corrupta del Instituto José Cecilio del Valle, uno de ellos es el docente Juan Carlos Cruz, quien es Presidente de la filial del Copemh en Choluteca y acosa sexualmente a sus alumnas, aunque se le ha denunciado ante el Ministerio Público, no se le sanciona, porque Rivera lo defiende a capa y espada por ser uno de sus dirigentes en Choluteca”, manifestó Avila. Algunas de las estudiantes que han denunciado al docente Juan Carlos Cruz ante la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, son: Naciry Anduray Gutiérrez e Isis Carolina Reyes, quienes en sus denuncias por escrito aseguran haber recibido propuestas del maestro de acostarse con ellas y así aprobar las asignaturas reprobadas. Además, Avila aseguró que en esa institución educativa no solo se presentan irregularidades personales como las mencionadas, sino que también se han otorgado plazas a docentes en cargos que nunca existieron, como las asignaciones de Gloria Ruth Rodríguez con cuatro asignaturas, Víctor Leonel castillo Osorto con tres y de Marlene Vargas con una materia. Por lo anterior, Avila lamentó “que el Director Departamental de Educación de Choluteca, Samuel Calixto Espinal se ha confabulado con ellos, es decir tenemos una red de corrupción por la simple razón de que ellos pertenecen a la Junta departamental de selección, y así pedir favores para alguna plaza”. El denunciante expresó que con influencias del presidente del Copemh se destituyó del cargo al Director del IJCV, Abel Carrasco, ya que este denunció e hizo público los casos en contra de las estudiantes.” (CS) TERCERO: Con fecha 24 de marzo, año 2007 apareció publicado en el diario El Heraldo la siguiente noticia: “CONEXIÓN PREMIA A GANADORES DE CAZANOTICIAS Y LA FOTO DEL DIA. Carlos Eduardo Avila y Cesar Joel Escobar, ganadores de cazanoticias y la foto del día de la semana, recibieron sus premios por participar en conexión, la Sección de El Heraldo, donde el periodismo lo haces tu. Avila recibió un maletín con accesorios de verano, una camiseta y una gorra con el logo de Conexión y una radio portátil. Avila, profesor del Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca agradeció a este medio el espacio donde denunció valientemente los actos irregulares de otro colega que se han amparado en el gremio para no dar cuentas de sus actos. Relató que a raíz de eso recibió una citatoria de parte del director departamental para hacerle una audiencia de descargos. Asimismo, el presidente del Copemh ha enviado un abogado al instituto para intimidar y decirme que voy a ser expulsado del Copemh simplemente por denunciar cosas que tenemos las pruebas y las mismas no pueden ser más contundentes”. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Que el Tribunal sentenciador en la valoración de la prueba no observó las reglas de la sana crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: La norma que se considera infringida es el artículo 338 Regla cuarta numeral 2 del C.P.P. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad, que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, en ese sentido deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no le es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. Lo importante para apreciar si se ha configurado o no el vicio, es analizar si la prueba fue analizada o excluida, partiendo de la fundamentación del fallo y luego arribar a la conclusión si es de valor decisivo o no, y así poder determinar si pudo tener incidencia en la sentencia. La posibilidad de la existencia de este vicio conlleva a la revisión de la valoración de la prueba y los consecuentes hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tienen obligada proyección en el relato histórico de la sentencia impugnada. Indicación del vicio Es más que evidente la forma en cómo se produce este vicio que provoca este motivo, para el caso nos remitimos a la sentencia definitiva hoy cuestionada donde detectamos que el Tribunal de Sentencia de esta ciudad no le ha dado el verdadero valor probatorio que se merecen los siguientes medios de prueba: 1.- la declaración del testigo HUMBERTO REYES PAZ quien narra como el querellante desde hacía años atrás demostraba una conducta reprochable pues explica como su hija ISIS CAROLINA REYES fue víctima del acoso de este señor al grado de reprobar la materia que éste le impartía en el Instituto José Cecilio del Valle en Choluteca, pero que lamentablemente el caso no lo continuó porque no recibió apoyo de las autoridades educativas. Es más que obvio con este testimonio que el querellante si demostraba tener una conducta fuera de lo correcto. 2.-Tampoco es objeto de correcta valoración el testimonio del testigo AMADO IDELFONSO ARGEÑAL PINTO, quien era miembro coordinador de la Comisión de Supervisión nombrada para verificar el Plan de Gestión Administrativa en el Instituto José Cecilio del Valle, trabajo que realizó dicha comisión en el periodo del cinco de marzo al treinta de abril del año dos mil siete, en su testimonio este testigo explica como descubrieron que las plazas ficticias no se crearon en el Instituto sino en el Ministerio de Economía y Finanzas, que se le asignaron al señalado Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca, y que el director y el dirigente del COPEM (Colegio de Profesores de Educación Media) (que en ese momento era el querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO) eran los que habían hecho mal uso de esas plazas; también explicó como de su investigación sale a la luz que los del COPEM habían impuesto los nombramientos de los maestros en esas plazas, entre ellos el del profesor VICTOR LEONEL OSORTO CASTILLO (testigo de cargo del presente juicio), este testimonio está relacionado con el medio de prueba documental denominado INFORME DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA y con el medio de prueba documental consistente en el ACUERDO No. 2256 D.D.E. 06-2006, mediante el cual se nombra al señor VICTOR LEONEL OSORTO CASTILLO (ya mencionado como testigo de la parte querellante) en la plaza de docente del Instituto José Cecilio del Valle a partir del día uno de septiembre del año dos mil seis. 3.- El medio de prueba documental consistente en INFORME DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA, producto de la investigación realizada por una comisión integrada por varias personas entre ellos el testigo AMADO ARGEÑAL PINTO, en este Informe se puede encontrar entre los hallazgos el número catorce (14) que se detalla así: “LOS DIRIGENTES MAGISTERIALES, EN ESTE CASO, LOS DEL COPEMH, DESCUIDAN TOTALMENTE SU LABOR COMO DOCENTES, NO CUMPLEN CON SU HORARIO INDIVIDUAL ASIGNADO POR LA INSTITUCION, PARA CITAR UN EJEMPLO, EL PROFESOR JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO QUE NO SE PUDO ENCONTRAR COMO ASISTENTE DEL LABORATORIO DE COMPUTACION, ESTO DESPUES DE VARIAS VISITAS.” Luego encontramos en el mismo medio de prueba precisamente en sus conclusiones lo siguiente: “3. La no aplicabilidad de la Ley, tanto en el nivel superior como en los mandos intermedios, propició un clima laboral de anarquía, en donde algunos docentes se tomaron atribuciones que no les corresponden (dirigentes magisteriales), logrando la emisión de Acuerdos con cursos y/o secciones que no existen,...”. Lo que tenía que hacer el Tribunal era relacionar este informe con la prueba que acredita el papel que jugaba en esta situación el querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO como docente incumplido de sus deberes y como dirigente magisterial, precisamente en la época en que se hizo la investigación a que se refiere este informe; sin embargo el Tribunal no lo hizo incurriendo en el vicio que se alega. Este enlace de evidencias no fue valorado debidamente por el Tribunal, en el sentido de que era obvio que el testigo de la parte querellante declarara en la forma que lo hizo en contra de mi representado pues se demuestra con la prueba que el Tribunal no valora como este testigo es beneficiado con las plazas en conflicto y que son objeto de la investigación por parte de la comisión, pues el querellante era dirigente del COPEMH, y de acuerdo a dicha investigación el COPEMH decidió el destino y uso de las plazas, es claro que el Testigo VICTOR OSORTO CASTILLO tenía que devolver el favor sirviendo de testigo en la acusación de mi representado quien tuvo el valor de enfrentar este situación en el citado Instituto. 4.- Queda fuera de adecuada valoración también el medio de prueba documental consistente en catorce (14) ACTAS ESPECIALES, levantadas por el Lic. HERNAN ABEL CARRASCO MAYORGA, en su condición de Director del Instituto José Cecilio del Valle, todas tienen fechas de los meses de septiembre y octubre del año dos mil seis, en estas se hace constar que varios maestros en una abierta y clara conducta reprochable de no cumplir con sus obligaciones como docentes, pues exigían extremos ilegales y además lo hacían al margen de cualquier tipo de proceso legal, entre todos los nombres figura como uno de estos maestros el del querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO. Como puede apreciarse este es otro medio de prueba que relaciona que efectivamente había varias actuaciones del querellante que orientaban a concluir que su persona actuaban al margen de la ley. Y entre otros eventos dentro del Instituto mencionado se generó la necesidad de hacer una investigación siendo parte de esta como investigado el querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO. Vera el Tribunal AD QUEM que coincide perfectamente que toda la investigación de los actos irregulares se realiza en el mes de marzo a abril del dos mil siete, que las plazas fueron asignadas en el mes de septiembre del año dos mil seis, y que las publicaciones son del mes de marzo del año dos mil siete. Lo que demuestra que efectivamente lo que se dijo en los periódicos era cierto que se estaban investigando los actos irregulares de Juan Carlos Cruz Villatoro (el querellante) quien aparte de docente era dirigente del COPEM y que como también era cuestionado. 5.- De igual forma la sentencia impugnada no valora debidamente tampoco el siguiente documento consistente en una nota de solicitud presentada por el entonces Director del Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca, el señor HERNAN ABEL CARRASCO MAYORGA, de fecha veintitrés (23) de Julio del año dos mil siete (2007), en la cual solicita a la Gobernadora Departamental y al Alcalde Municipal, ambos del Departamento de Choluteca su intervención para remediar la situación caótica del Instituto José Cecilio del Valle, mencionando que no obstante que el profesor JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO había enfrentado investigación por acoso sexual a las alumnas y que a pesar de eso formaba parte de la Comisión de Selección y era dirigente magisterial del Colegio de Profesores de Educación Media, lo cual era inaceptable e inexplicable. El Tribunal sentenciador no le concede valor a todo el contenido de la solicitud y la interpreta de forma escueta, ya que solo se refiere el Tribunal a que las denuncias de acoso son antiguas y no prosperaron, sin embargo el fondo de la solicitud del Director del Instituto es que intervengan las autoridades civiles en un problema generado por docentes de la categoría del ahora querellante, quien inclusive tiene sobre su nombre la duda de ser una persona honorable y moral pues se le denunció por acoso sexual a sus mismas alumnas, situación que se figura inexplicable que una persona de dudosa reputación moral sea un dirigente magisterial y que contribuya a generar caos estudiantil como lo hacía y este extremo se comprobó en el juicio con las catorce actas, es decir no es que hasta esa fecha se acordó el director de las denuncias de acoso, sino que posteriormente a esos hechos el citado docente (querellante) continuaba con su conducta reprochable siendo una persona que debía dar el ejemplo y hacer la lucha que pretendía por las vía legales y no con la anarquía que se generaba en la institución. Todos estos medios de prueba iban orientados a demostrarle al Tribunal que efectivamente el querellante era una persona cuyos actos desde el año mil novecientos noventa y cinco con las primeras denuncias de acoso sexual a la alumnas, puestas en conocimiento hasta del Ministerio Público (extremo también acreditado en juicio) y demás actos mencionados era cuestionado e investigado, con este apunte, se evidencia el quebrantamiento en la forma cuando el T.S. no valoró debidamente la prueba citada, como debía haberlo hecho a la luz y el razonamiento de las reglas de la sana Crítica. “Las reglas de la sana crítica entonces, son la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 (“..Justificando según las reglas de (a sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella”. RECURSO DE CASACION PENAL No. 52-2009. Para la mayor comprensión de este motivo se debe establecer qué se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso. Según el artículo 202 del CPP el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo código procesal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de las pruebas que lo lleven al convencimiento, pero obviamente como ya dije dentro del pleno respeto de las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Y es precisamente la relación que hace el sentenciador de la valoración de las pruebas en conjunto con la utilización de las normas mencionadas, lo que resulta en el mecanismo conocido como esa Sana Crítica racional, pero con la exigencia de que ese convencimiento a que arriban utilizando este mecanismo sea fruto razonado de las pruebas en que se apoye. Por lo que según la Ley de la razón suficiente cada elemento probatorio debe estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra u otras pruebas. Lo que trae como consecuencia que esta sentencia también se cuestiona por esta vía impugnativa porque contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en la violación a los artículos mencionados. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que se dan sustento a su decisión, en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. En el presente caso sobre esta segunda fase es que recae el reproche recursivo por violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el presente motivo, es así que la violación de esas reglas que dirigen e entendimiento humano de forma correcta, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Podemos resumir el vicio de la siguiente forma: a-) El T.S. no dio crédito a las pruebas documentales consistentes e INFORME DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA relacionado con el medio de prueba documental consistente en el ACUERDO No. 2256 D.D. 06-2006, mediante el cual se nombra al señor VICTOR LEONEL OSORTO CASTILLO, ni con el documento consistente en solicitud presentada por el entonces Director del Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca, el señor HERNAN ABEL CARRASCO MAYORGA, de fecha veintitrés (23) de Julio del año dos mil siete (2007), estos documentos también se relacionan con la prueba documental consistente en (14) ACTAS ESPECIALES, levantadas por el Lic. HERNAN ABEL CARRASCO MAYORGA, en su condición de Director del Instituto José Cecilio del Valle, todas tienen fechas de los meses de septiembre y octubre del año dos mil seis, en estas se hace constar que varios maestros en una abierta y clara conducta reprochable de no cumplir con sus obligaciones como docentes, pues exigían extremos ilegales y además lo hacían al margen de cualquier tipo de proceso legal, entre todos los nombres figura como uno de estos maestros el del querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO. b-) Que el hecho de que el T.S. considere creíble y confiable la declaración del testigo HUMBERTO REYES padre de una de las menores acosadas por el querellante, pero que no valore su declaración en conjunto con los demás medios de prueba documentales y con la declaración del otro testigo AMADO ARGEÑAL PINTO, pues la concurrencia de todos estos elementos probatorios es lo que hace concluir que efectivamente el querellante tenía en ese momento y desde el año 1995 dudosa reputación moral y profesional. En consecuencia el T.S. ha inobservado las reglas de la sana crítica, particularmente la ley de la lógica de la derivación, pues el análisis realizado nos indica que el A quo en la sentencia también vulnera la regla lógica de la Derivación, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las pruebas se erige sobre la base de una serie de inferencias que se desprenden del contenido de los medios probatorios evacuados y que de su acumulación indefectiblemente lleven a la conclusión de absolver; dicha regla se infringió dado que en el caso que nos ocupa se carece de razón suficiente para justificar el fallo. Considera que el vicio se presenta en que el A Quo solo hace valoración de las publicaciones de periódico y del relato efectuado por los testigos de la parte querellante. Se estima que de haber sido valorada adecuadamente la prueba de la defensa ya referida, el Juzgador de Instancia habría podido derivar de estos elementos y llegar a la conclusión que conforme a las circunstancias del hecho suficientemente corroborados por la documentación y los testigos de descargo, el querellado debió declararse exento de responsabilidad y ser absuelto. Aunado a lo anterior concluimos que la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, donde se establece que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como relato fáctico y sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Como el vicio descrito ha ocurrido en el acto de dictarse sentencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo” Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCCION DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal que literalmente dice: “ARTÍCULO 156. El acusado por el delito de calumnia quedara exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”. NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA; La norma que se considera infringida es el artículo 156 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido Artículo 360 del Código Procesal Penal (al que en lo sucesivo me referiré como C.P.P), que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal Sentenciador (T.S.) en su fallo condenatorio establece en la parte de la fundamentación jurídica precisamente en el numeral PRIMERO que “...las publicaciones efectuadas por el señor Carlos Eduardo Ávila en las fechas 5 de marzo, año 2007 en Diario El Heraldo; el 13 de marzo, año 2007 en Diario La Tribuna, referentes al Profesor Juan Carlos Cruz docente del Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca, vinculándole con actos de corrupción y delitos, cometidos, tales como la creación de plazas fantasmas en el referido instituto y acosos sexual a varias estudiantes del referido centro de estudios, sin contar —el señor Ávila- con las pruebas suficientes; tal conducta, por ser proferidas utilizando medios de difusión masivos, para dañar el honor del sujeto pasivo, son calificadas como delito de calumnias constitutivas de difamación en concurso real.. .conforme a los artículos 155 y 160 del Código Penal vigente”. Siguiendo la línea anterior el Tribunal de Sentencia condena a mi representado sobre la base de que actuó: “… con dolo directo de primer grado, ya que abarco todos los elementos de hecho del tipo penal objetivo, mediante expresiones proferidas por el acusado con la intención de afectar el honor del ofendido.”. Este motivo tiene como finalidad objetar esta fundamentación pues dejó de aplicarse el artículo 156 del Código Penal, el cual se refiere al hecho de que las supuestas calumnias quedaren desvirtuadas con la probanza del hecho delictivo imputado. Para ilustrar un poco al Tribunal Ad Quem me permito hacer alusión a la sentencia N°SJCSJ-CP1508 de la Corte Suprema de Justicia, de la cual se desprende el siguiente extracto: “...debe tenerse presente que denunciar un hecho con apariencia delictiva ante una autoridad competente, es un derecho legítimo que es tutelado por el ordenamiento jurídico (vid. Art. 268 del Código Procesal Penal), de tal manera que las afirmaciones contenidas en una denuncia criminal no deben considerarse calumniosas en todos los casos, cuando el hecho, objeto de una investigación policial, fiscal o eventualmente conocido en sede judicial, con observancia de todas las garantías, concluya con el archivo administrativo, con el sobreseimiento definitivo del proceso o con una sentencia absolutoria, toda vez que en caso contrario, se estarían recortando las posibilidades de formular denuncias, al verse amenazados los actores, que en caso de archivo de las diligencias, sobreseimiento o fallo absolutorio pueden verse perseguidos por el delito de denuncia falsa o por el de calumnia. Es el órgano competente del Estado, y no el denunciante, quien determinará la existencia o no del hecho denunciado, y a quien le corresponde determinar la ilicitud o licitud del mismo. Y es que comportaría un grave peligro para la sociedad las consecuencias que tendría para la seguridad jurídica, que todas las denuncias que sean archivadas por el Ministerio Público, sobreseídas u objeto de una sentencia absolutoria por el Poder Judicial, tras un proceso investigativo serio o idóneo, fuera motivo para que los denunciados formulasen sin reparo alguno y a veces de manera antojadiza, imputaciones por el delito de denuncia falsa o por el de calumnias, so pretexto de no haberse acreditado su responsabilidad penal. A la postre ello desincentivaría la formulación de denuncias por hechos realmente producidos, lo que repercutiría en el incremento de la cifra negra de muchos delitos, toda vez que quienes desean denunciar la comisión de hechos con apariencia delictiva no lo harían por el temor de ser acusados o denunciados porteriormente…. tratándose en este caso de analizar un motivo por infracción de ley, basado en que del relato de hechos probados se desprende que la querellada (el querellado en este caso) incurrió en la comisión de un delito de calumnias, resulta oportuno referirse a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal antes mencionado. En cuanto a los elementos objetivos: la acción consiste en imputar a otro un delito, es decir, en atribuir a otra persona la comisión de un hecho delictivo, sea como autor o partícipe, en grado de tentativa o consumación. La imputación puede realizarse de manera verbal, por escrito o por cualquier medio idóneo para transmitir esta idea de manera inequívoca, por ejemplo a través de caricaturas o representaciones. El objeto de la imputación ha de ser un delito, entendiendo por tal una conducta típica y antijurídica. El delito tiene que ser de aquellos que dan lugar a un procedimiento de oficio. La imputación debe contener los elementos suficientes para que resulte identificable un delito concreto, si bien no se requiere precisión técnica jurídica. La imputación ha de ser falsa. Si no lo es y el acusado prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena al tenor de lo establecido en el artículo 156 del Código Penal, ya que el hecho no es típico (relevancia de la exceptio veritatis). En cuanto al componente subjetivo del tipo de calumnia, es necesario que el sujeto tenga conocimiento de la falsedad de lo que imputa, un especial ánimo de deshonrar, caracterizado por un temerario desprecio a la verdad, por lo que el dolo debe abarcar la conciencia de la falsedad de la imputación y en animus injurandi la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación. A modo de conclusión podemos afirmar que cuando se ha acreditado por la acusación la concurrencia del elemento objetivo del tipo de calumnia, esto es, la imputación a otra persona de un delito perseguible de oficio, el acusado puede acudir a dos medios de defensa, que son compatibles. Por todas las razones anteriormente expuestas podemos afirmar, que del relato de hechos probados no se extraen elementos en virtud de los cuales’ se pueda desprender más allá de toda duda razonable, la presencia del elemento subjetivo que demanda el tipo penal de calumnia en la acción que se atribuye a la querellada...”. En el caso que nos ocupa los Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: de acuerdo a los hechos probados las supuestas calumnias corresponden a dos fechas del mes de marzo del año dos mil siete, ahora bien entre la prueba presentada por la defensa se encuentra un INFORME DEL PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVA dirigido al Msc Samuel Calixto Espinal en su condición de Director Departamental de Educación de Choluteca, en el cual se informa sobre un plan de supervisión realizado en el Instituto José Cecilio del Valle, instituto en donde para la fecha de las supuestas calumnias laboraba para éste, el supuesto ofendido Juan Carlos Cruz Villatoro, dicha gestión de supervisión comprende del período del cinco de marzo al treinta de abril del año dos mil siete. Otro elemento a recalcar es que esta comisión de supervisión precitada era integrada entre otras personas por AMADO ARGEÑAL PINTO, quien declaró en este juicio como testigo propuesto por la parte defensora y quien en su testimonio dejó bien en claro como producto de su investigación como Comisión ejecutora del plan de supervisión en el Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca, encontraron irregularidades como las siguientes: numero 7 de los hallazgos de la página III: “Existen docentes que tienen acuerdos en las secciones N° 16, 17 y 18 del Segundo Curso de Ciclo Común y éstas no existen en el centro educativo, sino que los docentes imparten clases en secciones que ya existen, o sea que ellos están “cubriendo” a éstos profesores.... Los docentes que cubren esas horas son los siguientes: Víctor Leonel Osorto Castillo...” éste maestro es uno de los testigos de cargo con cuya declaración el Tribunal condenó a mi representado. Esta Honorable Sala de lo Penal debe analizar el estado cronológico del cuadro fáctico planteado en los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador y podemos ver que las noticias supuestamente calumniosas de fechas cinco y trece de marzo del dos mil siete obedecen precisamente a la investigación que se realizaba del cinco de marzo al treinta de abril del mismo año dos mil siete, de la cual resultaron algunas recomendaciones para corregir estas arbitrariedades que sucedían en el Instituto para el cual laboraba el querellante Juan Carlos Cruz Villatoro quien también fungía como dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Choluteca. También se debe someter a consideración valorativa los medios de prueba consistentes en las catorce actas especiales levantadas en el año dos mil seis por el entonces Director del Instituto José Cecilio del Valle para el cual ya s ha mencionado que laboraba el querellante, pues en estas actas se señala este ciudadano como participe de actividades al margen del proceso legal para realizar los reclamos en caso de haber derechos violentados por parte de la Institución. Le es negado también el carácter de prueba correctamente valorada por parte del Tribunal sentenciador a las declaraciones de los testigos de la defensa los señores HUMBERTO REYES Y AMADO ARGEÑAL PINTO, quienes declaran desde cuando en el año de mil novecientos noventa y cinco el querellante es sujeto de dudas sobre su conducta moral ante la acusaciones de acoso sexual en perjuicio de alumnas en el citado instituto no obstante que por falta de impulso procesal de las ofendidas debido a la desilusión que sufrieron al ver que se le apoyaba más a éste maestro JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO que a las mismas jovencitas, no obstante es aceptado como medio de prueba documentación en la cual se acepta que Si bien es cierto este maestro fue castigado con un traslado pero esta decisión fue revocada, por las razones ya explicadas, pero es menester concederle correcta valoración pues los testigos manifiestas las razones por las cuales uno de ellos desistió de la denuncia en perjuicio de su hija y como el otro testigo (ARMANDO ARGEÑAL) comprobó con su investigación como miembro de la comisión supervisora del cumplimiento de la gestión administrativa en el Instituto José Cecilio del Valle de Choluteca como hubo actos irregulares con la mala utilización de algunas plazas siendo otorgada una de ellas al testigo de la parte querellante VICTOR LEONEL OSORTO CASTILLO extremo que se acredito con el documento del Acuerdo de nombramiento n° 2256 D.D.E. 06-2006, y atestigua como el querellante JUAN CARLOS CRUZ VILLATORO tenia responsabilidad en estos actos como miembro dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media (COPEM), estos son suficientes elementos probatorios que concatenados el uno con el otro así como con el resto de medios de prueba de la defensa que el T.S. no le concedió el valor probatorio debido tal como se explicó en el anterior motivo de casación. Esta conjugación de probanzas debió haber generado en el T.S. el convencimiento final de que mi representado está exento de responsabilidad penal pues efectivamente se demostró que el querellante con sus actos había sembrado la duda razonable acerca de su participación en las irregularidades administrativas del colegio y abusos en perjuicio de las estudiantes, lo que implica que efectivamente tomando en consideración el análisis de esta misma sala Penal en otro recurso de casación con el solo hecho de la denuncia aunque esta no prosperare se considera probar la verdad del dicho del querellado.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202 y 338 del Código Procesal. *Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex-ante: el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia. *Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que el tribunal sentenciador realizó una errónea valoración de los siguientes medios probatorios: las declaraciones testificales de los señores Humberto Reyes Paz, Amado Idelfonso Argeñal Pinto, así como la prueba documental consistente en el Informe del Plan de Gestión Administrativa, así como las 14 actas especiales levantadas por el Licenciado Hernán Abel Carrasco Mayorga y una nota de solicitud presentada por el entonces director del Instituto José Cecilio del Vallo de Choluteca, el señor Hernán Abel Carrasco; violentando con ello las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica de la derivación. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: I.La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: II. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” III. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV.Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. V. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que la recurrente no ha utilizado la mejor técnica recursiva para fundamentar y explicar su impugnación, pues si bien señala la lógica de la derivación como regla supuestamente violentada, no es capaz de señalar de manera específica cuáles son los razonamientos erróneos del sentenciador, sino que efectúa alegaciones propias de instancia, señalando cómo -a su criterio-se debió valorar la prueba, pero ese procedo mental no compete en esta etapa de casación, sino que dicha tarea corresponde al juez quien ha tenido contacto directo con las pruebas y su desarrollo. Ahora bien, es posible determinar con los argumentos del censor cual es el punto central de su recurso, al respecto esta Sala de Casación ha analizado la sentencia recurrida y ha revisado de manera minuciosa los juicios de valor del juzgador y encuentra que sus razonamientos tienen como base las reglas de la sana crítica. En primer lugar el sentenciador realizó una valoración descriptiva de cada medio probatorio que se evacuó en el debate, consignando en su sentencia los dichos de cada uno de los testigos que se presentó a declarar, así como la transcripción literal de la mayoría de la prueba documental presentada en el debate. En el apartado “Valoración de la Prueba” el sentenciador ofrece las razones de hecho y de derecho que determinó para concederle valor probatorio o no a las pruebas; para el caso al relacionar la constancia extendida por el secretario de la Junta Departamental de profesores de educación media (Copemh) de la que deduce es que el ofendido Juan Carlos Cruz, al ser miembro suplente de dicha junta directa contaba con voz pero no con voto en las decisiones que ahí se tomaron; al relacionar esta prueba con los acuerdos de nombramiento de los señores Víctor Leonel Osorto, Marleny Vargas y Gloria Ruth Rodríguez, establece el juzgador que se infiere la credibilidad de los mismos pues fueron expedidos por autoridad pública, además que dichos nombramientos cumplieron con los requisitos legales para su aprobación, por lo que la versión del señor Carlos Ávila en La Tribuna y El Heraldo señalando a los referidos profesores como favorecidos no merece credibilidad, convirtiéndose la documentación analizada en prueba de cargo contra el acusado. El sentenciador también analizó adecuadamente el oficio 180-AL-91, al cual consideró confiable por haber sido emitido por autoridad pública, en ese oficio se declaró la nulidad absoluta de la resolución administrativa que involucraba a dos estudiantes y un maestro del Instituto José Cecilio del Valle, ordenándose nuevamente las investigaciones del caso; dicho documento lo vincula con el memorándum e informe de la supervisión realizada por el Instituto José Cecilio del Valle y con la resolución 009-DG-95, concluyendo que las investigaciones contra el profesor Juan Carlos Cruz, fueron una sanción disciplinaria por conducta inapropiada para con una alumna, resolviendo la dirección trasladarlo al Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbarañ sin embargo, al decretarse la nulidad absoluta de la resolución 009-DG-95 por violación del debido proceso, no hubo ninguna sanción aplicable al profesor Cruz, ni se acreditó mediante prueba que el referido maestro Juan Carlos Cruz haya sido sometido a una nueva investigación y sancionado sobre los mismos hechos, por lo tanto estos documentos no tiene el carácter de antecedente que pueda afectar la credibilidad del profesor Juan Carlos Cruz como docente. Y así a lo largo de su extensa valoración probatoria, el sentenciador razona de forma adecuada y coherente cada uno de los medios probatorios evacuados en el debate, efectuando una valoración conjunta y armónica de la prueba, teniendo como base las reglas del correcto pensamiento humano, por lo que, los señalamientos de la recurrente no son ciertos, pues el juzgador se ha dado a la tarea de relacionar muy bien toda la prueba y concederle el valor probatorio que de ella se deriva, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 156 del Código Penal. *Concepto de la infracción: falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal *Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó el recurrente que en la parte de la fundamentación jurídica el sentenciador en su fallo dejó de aplicar el artículo 156 del Código Penal el cual establece que las supuestas calumnias quedarían desvirtuadas con la probanza del hecho delictivo; según los hechos probados las supuestas calumnias corresponden a dos fechas, pero la prueba presentada por la defensa “Informe del Plan de Gestión Administrativa” comprende parte de ese periodo. También debe someterse a análisis los medios de prueba consistentes en las 14 actas especiales levantadas en el año 2006, pues en ellas se menciona al querellante como participe de actividades al margen del proceso legal. De los delitos contra el honor[1] Para dar respuesta, es necesario delimitar el bien jurídico protegido en este caso, el honor, es un bien jurídico que forma parte de la dignidad humana -deber de respeto a las demás personas- y se encuentra protegido al amparo de los artículos 59 y 76 de la Constitución de la República, 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El honor, desde el punto de vista jurídico se define como juicio de valor de un grupo social hacia uno de sus integrantes; el juicio de valor se produce como consecuencia del nivel de calificación atribuida a una persona tras la evaluación de cualidades, especialmente al cumplimiento del deber ser social. El resultado del juicio de valor determinará las expectativas que el grupo social espera del proceder del individuo en el cumplimiento del rol social que le ha sido confiado. El rol social puede ser desempeñado en varias esferas de manera simultánea o sucesiva: familiar, profesional, religiosa, deportiva, etc. El honor, como bien jurídico está conformado por elementos objetivos y subjetivos: El elemento objetivo lo integra la fama, que constituye la opinión que el grupo social tiene de una persona derivada de una línea de conducta que ha desarrollado el sujeto a lo largo de su vida; el elemento subjetivo lo constituye la valoración personal que tiene el individuo de sí como sujeto a desempeñar un rol determinado en el grupo social (Ver al respecto expediente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 009-2008 con fallo de fecha 16 de noviembre del 2009). Los tipos penales que protegen el bien jurídico honor, se configuran ante una conducta humana que logre lesionar la esfera objetiva y subjetiva del bien jurídico y que por tanto produzca injustificadamente una disminución de la valoración del grupo social respecto de la víctima y con ello conciencia del desmerecimiento de su rol social, así como la afectación psíquica de la víctima, al verse menospreciada sin causa justificada. Para la resolución de los procesos penales en donde se impute un delito en contra el honor, será indispensable contextualizar el nivel de participación social tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, porque de allí en gran medida se podrá evaluar si existe daño al bien jurídico y su extensión. Así pues, el sujeto activo debe ocupar un lugar social que logre tener la atención a sus pares respecto al mensaje que transmite. El número de personas receptoras del mensaje determinará la magnitud del daño causado al bien jurídico. El sujeto pasivo debe desempeñar un rol social determinado de modo que el mensaje transmitido por el sujeto activo le desmerezca en una o varias de las esferas donde desarrolle su rol social. Los delitos que protegen el bien jurídico honor son: la injuria, la calumnia y la difamación: A) El delito de Injurias, se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Penal, el cual literalmente establece: “Será penado por injuria, con reclusión de uno (1) a dos (2) años, quien profiera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”; Constituyen elementos objetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo profiera expresiones, es decir transmita a una o más personas un mensaje de manera oral, escrito o simbólico, a través de alegorías, caricaturas, emblemas, alusiones o cualquier tipo de expresión humana incluyendo el lenguaje corporal; ii) Que la expresión o mensaje encierre un juicio de valor negativo, que incite al rechazo social, dirigido a una o varias personas individualizadas o de fácil individualización a partir de inferencias deducidas del mismo mensaje y del contexto en donde se profiere; iii) Que la expresión o mensaje transmitido provoque una revalorización negativa del público respecto al rol social encomendado a una o varias personas, en cualquiera de las esferas en donde se desenvuelva; y iv) En los casos en que el sujeto pasivo sea o haya sido empleado o funcionario público y la expresión de descrédito esté al rol social encomendado a la persona o personas a las cuales se les adjudique ese delito; y vi) Que el hecho tipificado como delito que se adjudica no haya acontecido en la realidad; si el delito que se adjudica ha acontecido en la realidad y el acusado por calumnias prueba la veracidad de su imputación, quedará exento de pena (Art. 156 del Código Penal Exceptio Veritatis). Son elementos subjetivos del tipo penal: i) Que el sujeto activo conozca que está atribuyendo la participación de un delito inexistente a una o varias personas individualizadas con temerario desprecio a la verdad, incitando al rechazo social; y ii) Que el sujeto activo tenga la voluntad de transmitir dicho mensaje con la asunción de las consecuencias dañosas para el honor que resulten de la imputación (animus iniuriandi). (En relación ver expediente No.026-2009, que contiene fallo de fecha 24 de agosto del 2010). Cuando el mensaje injurioso o calumnioso sea difundido por un medio que logre ser receptado por muchas personas no individualizadas al mismo tiempo y/o por un espacio prolongado de tiempo, la misma se constituirá en el delito de Difamación según dispone el artículo 160 del Código Penal. El medio de difusión puede consistir en medios escritos como: periódicos, revistas, libros, carteles expuestos al público o incluso volantes distribuidos en masa; en medios radioeléctricos y electrónicos como: radio, televisión, internet o mensajes de texto, imágenes o videos transmitidos al público a través de teléfonos celulares; o a través del habla cuando se transmite el mensaje oral en un lugar donde se encuentren muchas personas como: conciertos, una obra de teatro, recitales, etc. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, pues si bien señala como norma supuestamente infringida la falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal, basa su fundamentación en las pruebas evacuadas en el debate, cuando su exposición debe recaer únicamente en el cuadro fáctico, es decir en cómo esa norma penal que considera violentada, es armónica o no con los hechos probados, pero erróneamente hace referencia en sus argumentos al desarrollo probatorio y a la valoración que de ella hizo el sentenciador. Al tratarse de un recurso de casación en el cual se denuncia la aplicación o no de una norma penal sustantiva, los argumentos del censor deben basarse únicamente en cómo la fundamentación fáctica de la sentencia es armónica o no con la norma penal utilizada por el Juzgador, en el presente caso la censora establece la falta de aplicación del artículo 156 del Código Penal, el cual se establece que el acusado de delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado, en ese sentido la recurrente debió argumentar como ese artículo se cumplió en la redacción de hechos que el Tribunal consideró como probados, pero erróneamente la censora establece que con la prueba aportada por la defensa se acreditó el hecho criminal por el cual fue querellado el señor Carlos Eduardo Ávila Enamorado, faltando a la técnica necesaria para plantear adecuadamente su recurso de casación, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. f. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera, la pena de cuatro (4) años tres (3) meses de reclusión más inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure su condena, por el delito de Calumnias constitutivas de Difamación en perjuicio del Juan Carlos Cruz Villatoro. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 230, el delito de calumnias, se penaliza así: *Con las penas de prisión de seis (6) meses a un (1) año de prisión, si son calumnias con publicidad, en el presente caso lo fueron, ya que se utilizaron medios escritos para publicitarlo. *Multa de 500 a 1000 días. Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: *Inhabilitación especial de cargo o empleo público por el tiempo de la condena de prisión. *Inhabilitación especial de profesión como maestro durante el tiempo de la condena. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para la determinación de la pena concreta, en el presente caso constituyen dos delitos de calumnias vistas en concurso real, es decir la publicación en diario el Heraldo el 05 de marzo de 2007 y la publicación en el diario la Tribuna el 13 de marzo de ese mismo año; el Tribunal A-quo para la determinación de la pena concreta tomó en consideración como atenuantes la falta de peligrosidad del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera, así como el hecho de no tener antecedentes penales; considerando además la agravante de prevalerse del carácter público del agente; conforme la nueva legislación penal en el artículo 70 del NCP en su numeral “f” cuando existan varias atenuantes y mismo número de agravantes, no puede imponerse al acusado la pena mínima, pero tampoco la pena máxima; conforme se desarrollaron los hechos este Tribunal de Casación considera que la pena a imponer por cada delito de calumnias es de siete (7) meses de prisión, vistas en concurso real, mismas que sumadas dan un total de un (1) año, dos (2) meses de prisión. En relación a la multa, tomando en consideración que el acusado Carlos Eduardo Ávila Aguilera es licenciado en ciencias sociales y maestro de educación media, se puede deducir que posee un ingreso económico medio, por lo que se le debe imponer una multa de 600 días a razón de 30 lempiras por día. Además, debe imponérsele la pena accesoria de inhabilitación especial de cargo o empleo público durante el tiempo de la condena, pero teniendo la posibilidad de ejercer la docencia en alguna institución educativa privada; de igual forma se le condena a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Art. 42 del NCP) por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo y se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la defensa del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 155 y 160 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Liliana Maria Aronne Salazar, en su condición de defensora privada del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Liliana María Aronne Salazar, en su condición de defensora privada del señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera. Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce. Cuarto: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Carlos Eduardo Ávila Aguilera; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos al acusado Carlos Eduardo Ávila Aguilera como autor de dos delitos consumados de calumnias vistas en concurso real, a la pena de siete (7) meses de reclusión por cada calumnia, haciendo un total de un (1) año, dos (2) meses de reclusión; así mismo se le impone la pena principal de multa de seiscientos (600) días a razón de treinta (30) lempiras por cada día, haciendo un total de dieciocho mil (L 18,000.00) lempiras de multa. ii) Se condena al señor Carlos Eduardo Ávila Aguilera a la pena accesoria de inhabilitación especial de cargo o empleo público, por el tiempo que dure la pena principal, pero teniendo la posibilidad de ejercer la docencia en alguna institución privada. De igual forma se le condena a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la sentencia de fecha veintiún de octubre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-457-2016.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 214-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 18 de octubre de 2012