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Sentencia CP-456-16 — Registro 12306

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Robo Agravado de Vehículo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para esta Sala de lo Penal resulta difícil dar respuesta a un recurso que no cuenta con la técnica recursiva necesaria, pues por un lado anuncia el censor como primer motivo que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, pero al momento del desarrollo de su impugnación efectúa cuestionamientos de instancia, realizando juicios sobre la valoración de la prueba y concluye diciendo que no se aplicó la sana crítica. El motivo enunciado por el recurrente refiriéndose a que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, tiene relación con lo regulado en el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal, que indica, en el apartado "Valoración de la prueba", que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen al proceso penal en la actividad probatoria (y no se tratase de las excepciones que a esos principios establece la ley). Es aplicable el vicio, en consecuencia, al caso en que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la "garantía judicial" del principio de legalidad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia, por tratarse de una fundamentación ilegítima. Asimismo, se observaría el vicio cuando el tribunal utilice como medio de convicción algún elementono incorporado en el acto de debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante los ojos del juzgador y las partes los elementos de convicción, de tal suerte que se infringiría el artículo 336 del Código Procesal Penal, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones resulta incuestionable que se produciría un estado de indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al principio acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba. Para esta Sala de Casación, el recurrente no se ha referido en ningún momento en el desarrollo de su impugnación, en cuáles serían esos elementos de prueba que supuestamente se incorporaron al debate de forma ilegal, todo lo contrario ha efectuado razonamientos tendientes a cuestionar el valor probatorio que el juzgador le dio a la prueba y de manera subjetiva realiza una revaloración probatoria, por lo tanto y por las razones arriba explicadas, no es posible dar respuesta a este primer motivo de casación, por lo que debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de junio de dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 456-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de abril de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual; Primero: Condenó: a los señores José Mauricio Contreras Alvarenga, Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza, como autores del delito de Robo Agravado de Vehículo, en perjuicio de Testigo Protegido “RV-10-14”, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó a los señores José Mauricio Contreras Alvarenga, Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de los señores José Mauricio Contreras Alvarenga, Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados. Quinto: Absolvió: a los señores José Mauricio Contreras Alvarenga, Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza, del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido “RV-10-14”. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Rubén Darío Mateo Galán, en su condición de defensor privado del señor Edgar Starlin Ford Carranza. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Rubén Darío Mateo Galán, en su condición de defensor privado del señor Edgar Starlin Ford Carranza, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha 22 de abril del año 2014, en una hora indeterminada, en un sector de la Ciudad de San Pedro Sula, el señor Walter Santiago Muñoz Rivera, también conocido en el proceso como testigo protegido RV-10-14, fue sometido y despojado de su vehículo, tipo Turismo, Marca: Toyota, Color: Blanco, año 2003, Placa PDF8044, por tres personas, siendo éstos los señores José Mauricio Contreras Alvarenga, Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza. Ante tal situación el testigo protegido interpuso denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de San Pedro Sula, registrada bajo el número 5861-2014. SEGUNDO: En fecha 23 de Abril del año 2014, el señor Walter Santiago Muñoz Rivera, o testigo protegido RV-10-14, se hizo presente en la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, donde les comunicó a los Agentes de la Policía Nacional, que el vehículo del cual había sido despojado tenía un GPS, que daba señal que se encontraba en la Cuarta Etapa de la Colonia Satélite de San Pedro Sula; fue así que se conformó un equipo Policial, quienes se desplazaron hasta dicho lugar junto con el testigo protegido, a bordo de una patrulla, para confirmar “in situ” la noticia criminis, resultando positiva la misma, por lo que los agentes de autoridad realizaron vigilancia en dicho sitio con el objetivo de identificar que personas iban a traer el vehículo con reporte de robo, por lo que minutos después llegó al referido lugar una camioneta negra, de la cual se bajaron varios individuos, abordando tres de dichos individuos el vehículo, tipo Turismo, Marca: Toyota, Color: Blanco, año 2003, Placa PDF8044, entre ellos, el señor José Mauricio Contreras Alvarenga, quien conducía el mismo y otros dos sujetos desconocidos que iban en el asiento trasero, quienes al percatarse de la presencia Policial que les daba persecución, se dieron a la fuga, rebasando vehículos y tomando una calle en contra vía, colisionando con una grúa que se encontraba estacionada contiguo al Yonker California, ante tal situación, los ocupantes del vehículo tipo turismo color blanco, abandonaron el mismo, emprendiendo veloz carrera, procediendo a ingresar al Yonker California, es así, que el guardia de seguridad del mismo, en la creencia que iban a asaltar dicho lugar, le realizó un disparo al señor José Mauricio Contreras Alvarenga, impactándole en una parte de su cuerpo, quedando éste herido en el referido negocio, motivo por el cual posteriormente fue traslado a un centro Hospitalario, entre tanto que los otros dos individuos se dieron a la fuga por la parte de atrás de dicho Yonker. Mientras la Policía resguardaba el perímetro del Yonker, donde se encontraba herido el señor José Mauricio Contreras Alvarenga y las inmediaciones del vehículo que había colisionado, llegaron a bordo de una bicicleta, a informarse de lo acontecido, los señores Daniel Antonio Solórzano Paiz y Edgar Estarlin Ford Carranza, siendo identificados en ese momento por el señor Walter Santiago Muñoz Rivera, o testigo protegido RV-10-14, como las dos personas que junto con José Mauricio Contreras Alvarenga, también habían participado cuando fue despojado de su vehículo el día 22 de abril de 2014, en un sector de San Pedro Sula, quien de inmediato le comunicó a los agentes de la policía tal situación, por lo que les dieron detención.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma EXPOSICION DE LOS MOTIVOS. PRIMER MOTIVO: Que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. TERCER MOTIVO: La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337 del Código Procesal Penal. PRECEPTOS AUTORIZANTES: Los presentes motivos de Casación se encuentran comprendido en el numeral dos (2), tres (3) y seis (6) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE LOS MOTIVOS: AL PRIMER MOTIVO: Para los efectos de explicar este motivo se cita como infringido el artículo 202 Y 339 del Código Procesal Penal, que en su parte conducente dicen; artículo 202 “LAS PRUEBAS SERAN VALORADAS CON ARREGLO A LA SANA CRITICA. EL ORGANO JURISDICCIONAL FORMARA SU CONVICCION VALORANDO EN FORMA CONJUNTA Y ARMONICA TODA LA PRUEBA PRODUCIDA”.- ARTÍCULO 339.- Resolución. Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, SERÁ ABSUELTO EN CASO DE DUDA RAZONABLE. La conclusión a la que llego este Tribunal al fallar en la presente causa no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas que obran en la misma, este Tribunal da por cierta la responsabilidad del acusado EDGAR STARLIN FORD CARRANZA, que de acuerdo a esa prueba sostiene este Tribunal, que queda establecida la participación valorando medios de prueba documentales irrelevantes pero por sobre todo declaraciones testificales QUE EN NINGUNA FORMA lo determinan como responsable de delito alguno, las declaraciones testificales así lo prueban y sin duda han sido mal interpretadas en una clara intención de condenar a un inocente, véase que consta de manera precisa en su deposición que en ninguna forma estos involucran o identifican al señor EDGAR STALIN FORD CARRANZA, extremo este reconocido en el HECHO SEGUNDO de la sentencia tenido como probado por este Tribunal al reconocer que en fecha 23 de Abril del año 2014 al haberse realizado un operativo para recuperar un vehículo robado tipo turismo color blanco marca Toyota año 2003 placa PDF8044, fue abordado por tres individuos entre ellos José Mauricio Contreras Alvarenga, quien conducía el mismo Y OTROS DOS SUJETOS DESCONOCIDOS QUE IBAN EN EL ASIENTO TRASERO...”, dicho lo anterior resulta CONFIRMADO por este mismo Tribunal el alegato referido cuando en el ACAPITE identificado en dicha sentencia como VALORACION DE LA PRUEBA, se consigna y valora la prueba testifical vertida por el testigo ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ, agente de policía quien para este Tribunal reconoce que el día 23 de Abril del 2014, dia en que se efectuaba una persecución, UNOS INDIVIDUOS se bajaron de una camioneta negra y abordaron el vehículos robado, que luego llegaron unos en bicicleta y fueron capturados, esto porque así lo manifestó la supuesta víctima, este testigo incluso dijo no recordar las características del que salió herido ni mucho menos las de las otras dos personas siendo uno de ellos EDGARD STARLIN FORD CARRANZA con el agregado de que la supuesta víctima JAMAS compareció ante este Tribunal ni a declarar ni mucho menos a RECONOCER O IDENTIFICAR a los acusados, quedando claramente y evidenciado de que este testigo lo es DE OIDAS. De igual manera este Tribunal da valor a la declaración del testigo EDIN ALEXI MOLINA CASTILLO, agente de policía de cuya deposición no se obtiene más que la versión de ser igual que el anterior testigos DE OIDAS, y que en forma alguna identifica a el acusado EDGAR STARLIN FORD CARRANZA, ni antes del operativo ni mucho menos al momento de darse a la fuga los sujetos identificados en todo el proceso como desconocidos fuga ocurrida después del choque del vehículo robado, por tanto resulta la misma insuficiente y carente de valor probatorio. Aunado a lo anterior es preciso tomar en consideración la declaración de la testigo SHARON JENIFFER CONTRERAS ALVAREZ, quien en su deposición ubica a los acusados EDGAR STARLIN FORD CARRANZA y otro en un sitio muy distante al de donde ocurrieron los hechos reconociendo que estos, los acusados l1egaron a dicho lugar como otros tantos curiosos. Aunado a lo anterior encontramos que los testigos, ambos agentes de policía ya identificados en la declaración vertida ante este Tribunal en la audiencia del caso se contraponen a La valoración de prueba estimada por este Tribunal en abierta contradicción con los hechos probados cuando de la declaración misma de los testigos de cargo se establece este extremo, las que ahora individualizo Así: A. ENRIQUE GOMES SANCHEZ, AL SER PREGUNTADO POR EL JUEZ 18; las otras dos personas que llegaron en la bicicleta cual era el nombre?- CONTESTA: NO RECUERDA.- B. EDVIN ALEM MOLINA CASTILLO, NO DIJO NADA SOBRE LOS HECHOS Y DESCONOCE O IDENTIFICA A LOS IMPUTADOS. De lo anterior y haciendo un balance legal, justo y sano encontramos que la sana crítica es la más ausente en el presente caso y aún más la norma reguladora de la DUDA RAZONABLE a resultado inobservada ante la valoración errónea de prueba que lo que más evidencia es insuficiencia o pobreza valorativa, prueba que excluye al acusado de manera expresa pero aun y cuando esa prueba fuera medianamente considerada lo único que deja abierto a favor del acusado es la DUDA RAZONABLE a su favor.” “SEGUNDO MOTIVO: Para explicar este motivo se considera como infringidos los artículos 256 en relación inmediata con los artículos 253, 254 párrafo segundo, 258 del Código Procesal Penal en lo que respecta a la validez del reconocimiento de los acusados; y de manera específica y que trata el caso concreto respecto al reconocimiento de personas A SU IDENTIFICACION, este motivo queda clara y explícitamente probado con la inferencia de LOS HECHOS TENIDOS COMO PROBADOS en la sentencia del caso y de manera específica en el HECHO SEGUNDO cuando refiere el mismo en su párrafo segundo lo siguiente: MIENTRAS LA POLICIA RESGUARDABA EL PERIMETRO DEL YONKER, DONDE SE ENCONTRABA HERIDO EL SEÑOR JOSE MAURICIO CONTRERAS ALVARENGA Y A LAS INMEDIACIONES DEL VEHICULO QUE HABIA COLISIONADO, LLEGARON A BORDO DE UNA BICICLETA A INFORMARSE DE LO ACONTECIDO LOS SEÑORES DANIEL ANTONIO SOLORZANO PAIZ Y EDGAR ESTARLINN FORD CARRANZA,SIENDO INDENTIFICADOS EN ESE MOMENTO POR EL SEÑOR WALTER SANTIAGO MUÑOZ RIVERA O TESTIGO PROTEGIDO RV-10-14 COMO LAS DOS PERSONAS QUE JUNTO A JOSE MAURICIO CONTRERAS ALVARENGA TAMBIEN HABIAN PARTICIPADO CUANDO FUE DESPOJADO DE SU VEICULO EL DIA 22 DE ABRIL, DE 2014, en un sector de San Pedro Sula, quien de inmediato comunico a los agentes de la policía tal situación por lo que les dieron detención. 29 de Marzo 2014 (Entiéndase que esta fecha está equivocada) igualmente se formaliza por los mismos delitos decretándose formal auto de prisión por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio del testigo protegido RV-10-14 y Auto Lote Nueva Orleans.- Así ocurre con la audiencia Preliminar previo a celebrarse el juicio oral y público.- Analizado los anteriores extremos indubitados con la sentencia en su parte resolutiva y condenatoria encontramos que el fallo se centra únicamente a condenar UNICAMENTE por un delito y que es el de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO y ya no el de ROBO AGRAVADO, de los que se les absuelve y sin motivar la causa de ello, con el agregado de que la condena contiene únicamente como VICTIMA al testigo protegido RV-10-14 o WALTER SANTIAGO MUÑOZ RIVERA, y ya no a Autolote Nueva Orleans, lo que indica que en todo caso, en todo momento LA SENTENCIA SE APARTA DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES tal como lo exige el artículo 337 del Código Procesal Penal, por tanto procede vía Casación el motivo del Recurso.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 y 339 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. *Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la conclusión a la que llegó el sentenciador no corresponde a la inferencia racional que ofrecen las pruebas, pues da por acreditado la responsabilidad del acusado Edgar Starlin Ford Carranza, con declaraciones testificales que de ninguna forma lo determinan responsable; encontramos que la sana crítica es la más ausente en el presente caso. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Para esta Sala de lo Penal resulta difícil dar respuesta a un recurso que no cuenta con la técnica recursiva necesaria, pues por un lado anuncia el censor como primer motivo que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, pero al momento del desarrollo de su impugnación efectúa cuestionamientos de instancia, realizando juicios sobre la valoración de la prueba y concluye diciendo que no se aplicó la sana crítica. El motivo enunciado por el recurrente refiriéndose a que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, tiene relación con lo regulado en el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, del Código Procesal Penal, que indica, en el apartado "Valoración de la prueba", que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen al proceso penal en la actividad probatoria (y no se tratase de las excepciones que a esos principios establece la ley). Es aplicable el vicio, en consecuencia, al caso en que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la "garantía judicial" del principio de legalidad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia, por tratarse de una fundamentación ilegítima. Asimismo, se observaría el vicio cuando el tribunal utilice como medio de convicción algún elemento no incorporado en el acto de debate, puesto que legalmente éste es el momento en que desfilarán ante los ojos del juzgador y las partes los elementos de convicción, de tal suerte que se infringiría el artículo 336 del Código Procesal Penal, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Ante esas situaciones resulta incuestionable que se produciría un estado de indefensión en perjuicio de la parte afectada por el fallo basado en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez generaría una vulneración al principio acusatorio, puesto que ubicaría al órgano jurisdiccional en una posición de interés con dicha incorporación ilegítima de prueba. Para esta Sala de Casación, el recurrente no se ha referido en ningún momento en el desarrollo de su impugnación, en cuáles serían esos elementos de prueba que supuestamente se incorporaron al debate de forma ilegal, todo lo contrario ha efectuado razonamientos tendientes a cuestionar el valor probatorio que el juzgador le dio a la prueba y de manera subjetiva realiza una revaloración probatoria, por lo tanto y por las razones arriba explicadas, no es posible dar respuesta a este primer motivo de casación, por lo que debe ser desestimado. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 253, 254, 256 y 258 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que en lo que respecta a la validez del reconocimiento de los acusados y de manera específica al reconocimiento de personas, ya que dicho reconocimiento no se llevó a cabo como manda la ley de conformidad a los artículos 256, 253 y 254 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Nuevamente analiza esta Sala de Casación que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para presentar y desarrollar su impugnación, pues en este segundo motivo señala como vicio la inobservancia a las reglas de la sana crítica, pero fue incapaz de señalar de manera precisa cuál regla del correcto pensamiento humano (lógica, experiencia común o psicología) es la que el sentenciador transgredió y cuales fueron esos juicios de valor erróneos plasmados en la sentencia; en una mala técnica el recurrente cuestiona el reconocimiento practicado a los imputados por el ofendido, algunos realizados en las etapas previas del proceso, efectuando valoraciones subjetivas de las mismas, ejercicio metal que no es permitido en esta etapa casacional, pues dicha tarea compete al juez quien ha tenido contacto directo con las pruebas y su desarrollo. Para orientar al censor es necesario establecer de manera sucinta, el criterio jurisprudencial que ha adoptado esta Sala de Casación en relación a la valoración probatoria del juzgador y a la aplicación de las reglas de la sana crítica en la conformación de esos razonamientos. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Cuando el recurrente logra determinar que el juzgador en sus razonamientos incumplió algunas de estas características de la motivación y es capaz de explicarlo así en su impugnación, entonces la Sala de Casación podrá analizar dichos cuestionamientos y determinar si existe o no reproche casacional, en el caso subjudice el censor no ha plasmado ningún cuestionamiento que tenga relación con la sana crítica racional ni con la aplicación de sus reglas, razones suficientes para desestimar el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. Tercer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 337 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: la incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. *Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la sentencia es incongruente en toda su extensión, pues el requerimiento fue presentado el 24 de abril de 2014 por los delitos de robo de vehículo agravado y robo agravado y en la audiencia inicial se decretó formal auto de prisión por los delitos antes señalados, pero en la sentencia condenatoria, en su parte resolutiva encontramos que el fallo se centra únicamente por un delito de robo de vehículo agravado y ya no el de robo agravado de los que se absuelve y sin motivar la causa de ello. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Es totalmente confuso el planteamiento del recurrente, pues no explica de forma detallada porqué considera que la sentencia es incongruente con las pretensiones de las partes, ya que en apariencia da a entender que no está conforme con la sentencia absolutoria que se les impuso a los acusados por el delito de robo agravado, debido a que el sentenciador no encontró prueba suficiente para ello y por eso los absuelve, pero no entiende esta Sala de lo Penal porqué considera que existe incongruencia al dictarse sentencia absolutoria, si dicha decisión favorece a los acusados, concibe esta Sala que el recurrente no ha sido capaz de explicar de forma clara y detallada las circunstancias de su malestar al respecto, por lo que no es posible darle una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. El motivo que establece el artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal, se refiere al caso en que la sentencia establezca otros hechos o asigne una calificación de forma distinta a como se ha concebido en la acusación, contestación de cargos, auto de apertura a juicio, o, en su caso, en la ampliación de la acusación que se hiciere y su respectiva contestación, siempre y cuando ese establecimiento de hechos o calificación se efectúe en perjuicio del imputado. Nos referimos entonces a la incongruencia extra-petitum, puesto que la sentencia ha otorgado más de lo solicitado por el acusador, tanto en el hecho como en el derecho, perjudicando, en consecuencia, al imputado. Los cabales términos de correlación ente acusación y sentencia se encuentran concebidos en el artículo 337 del Código Procesal Penal, de tal suerte que le es prohibido al juzgador rebasar los límites establecidos en la acusación, puesto que al hacerlo, por un lado genera indefensión al imputado por pronunciarse más allá de las posiciones del contendor (y sobre las cuales en consecuencia no hubo oposición), y, por otro, vulnera el principio acusatorio, al situarse no como tercero imparcial con facultades únicas de juzgar, sino como acusador, al establecer un hecho o asignar una calificación no solicitada por el Ministerio Público o el acusador privado. Analizando el caso subjudice no encuentra que exista el vicio denunciado, pues los hechos de la acusación se han mantenido desde la presentación del requerimiento fiscal hasta la sentencia dictada por el A-quo, saliendo beneficiados los imputados al no encontrar méritos en su contra y decretar una sentencia absolutoria; por todas estas razones es procedente desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuestos por la defensa privada del acusado Edgar Starlin Ford Carranza. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numerales 2, 3 y 6, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos interpuestos por el Abogado Rubén Darío Mateo Galán, en su condición de defensor privado del señor Edgar Starlin Ford Carranza a quien se le condenó junto con los coimputados José Mauricio Contreras Alvarenga y Daniel Antonio Solórzano Paiz por el delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio del Testigo Protegido RV-10-14. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-456-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012