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Sentencia CP-453-16 — Registro 12971

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia parcialmente ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES PARCIALMENTE DE RECIBO. En el presente caso, al revisar el acta de debate que corre agregada a folios 184 al 196 de la foliada judicial, constata este Tribunal de Casación que el fiscal del Ministerio Público en el debate o juicio oral, al momento de exponer las posiciones planteadas en la formalización de la acusación, solicitó al amparo del artículo 321 del Código Procesal Penal, la modificación de la calificación de los hechos por el cual el ente acusador considera probará en audiencia, pues ya no aprecia a los sucesos como constitutivos de 4 delitos de homicidio sino que por 4 delitos de asesinato y un asesinato tentado de conformidad a lo que establece el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, para lo cual el Ministerio Público consideró que acreditará con la prueba, que los acusados se aprovecharon de manera alevosa y en total ventaja neutralizaron cualquier respuesta que pudiera venir de parte de las víctimas, ya que estos se encontraban realizando labores de campo, llegando los acusados acompañados de otras dos personas portando armas cortas y largas, también estableció el agente fiscal que acreditará que hubo premeditación pues estas personas desde su propiedad planearon la muerte de los ofendidos, hubo desplazamiento de las fincas vecinas, fueron vistos ejecutar estos hechos por otras personas, por lo que en amparo del artículo 321 del CPP el Ministerio Publico modificó los hechos de la acusación. Conforme a esa modificación de la calificación de los hechos de la acusación, el sentenciador condenó a los acusados Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte por 2 delitos consumados de asesinato y por un delito tentado de asesinato. El hecho litigioso y la pretensión punitiva propuesta con base en él y en su tratamiento jurídico quedan fijados en la audiencia preliminar. Sobre ello versará el debate que tiene lugar en el juicio oral. Sin embargo, el artículo 321 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de una ampliación de la acusación en los términos siguientes: “Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el Fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nuevos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedir se amplíe su declaración. Aun no siendo necesaria la práctica de prueba, el Defensor del acusado podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. La corrección de simples errores materiales, o la inclusión de alguna circunstancia que no modifique esencialmente la imputación ni afecte el derecho de defensa, no tendrán el carácter de ampliación. En caso de descubrimiento de hechos nuevos, independientes, conexos o no con el hecho objeto del juicio que puedan constituir delito, se abrirá un procedimiento diferente para su investigación y enjuiciamiento separados”. Conforme a ese articulado el ente acusador dispuso solicitar una nueva calificación de los hechos, sin embargo, este artículo está en completa relación con el artículo 337 del mismo cuerpo legal, que establece: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…” Al realizar un análisis de ambas normas procesales, es posible establecer que el ente acusador al momento de solicitar un modificación de la calificación legal de los delitos de homicidio a asesinato, no lo hizo con base en una ampliación de la acusación propiamente dicha, pues no estableció el agente fiscal cuales fueron esos hechos o circunstancias relacionados con el hecho objeto del juicio que no fueron mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito; pues la justificación que señaló el acusador en cuanto a que existía alevosía como elemento del delito de asesinato, era que los imputados sometieron a los ofendidos sin posibilidad de defenderse, lo cual no constituye un hecho o circunstancia nuevo, pues los mismos ya habían sido mencionados y relacionados en los hechos objeto de investigación desde el requerimiento fiscal y sin existir ningún hecho nuevo que diera pie a modificar la calificación legal, pues todas esas circunstancias eran ya conocidas por el ente acusador desde los inicios de la investigación, por tanto el juzgador no debió aceptar la modificación de la calificación legal del delito de homicidio a asesinato, pues el ente acusador no contaba con fundamento legal para hacerlo y sin duda alguna dicha acción perjudicó y transgredió el derecho defensa de los imputados y el principio de correlación entre acusación y sentencia, pues los acusados se han venido defendiendo durante todo el proceso penal por los delitos de homicidio y homicidio tentado, infringiéndose de ese modo, el principio acusatorio, en lo concerniente a la correlación entre acusación y sentencia, concretamente en lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Penal; consecuentemente debemos declarar con lugar parcialmente el presente motivo de casación por infracción de precepto constitucional, por violación del derecho de defensa, sin perjuicio de la pena que deberá imponerse por el delito de homicidio y homicidio tentado, teniendo en cuenta que con la prueba evacuada en el proceso se acreditan suficientemente los elementos de esa figura delictiva. Una vez que esta Sala de lo Penal considera procedente reformar la presente sentencia, en el sentido de condenar a los acusados por dos delitos de homicidio, es necesario determinar entonces su participación. Para esta Sala de lo Penal ambos acusados actuaron movidos por un plan preconcebido y teniendo todos el dominio funcional del hecho, de ahí que su participación es como coautores conforme a la teoría del dominio del hecho que ha hecho suya jurisprudencialmente esta Sala de Casación; ahora bien, al analizar la sentencia recurrida el sentenciador erróneamente considera que el acusado Juan Alberto Galeano Duarte actuó como autor y que el co-imputado Adrián Galeano Duarte como cómplice, cuando las acciones fueron realizadas con base en un reparto de funciones y por un plan ya trazado por los acusados, sin embargo en virtud de que el recurso es presentado por la defensa, esta Sala de lo Penal no puede modificar en perjuicio conforme lo establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, por lo que al momento de dictar sentencia, esta Sala debe respetar la decisión del a-quo de considerar al acusado Juan Alberto como autor y al señor Adrián como cómplice. Para determinar la pena concreta, el juzgador consideró que si bien existía alevosía, no podía tomarla en consideración porque ya la estaba utilizando para agravar la acción de los acusados como un delito de asesinato; ahora bien, para esta Sala de lo Penal, en virtud de que se declaró ha lugar parcialmente el recurso de casación en el sentido de que no debió modificarse la calificación legal de homicidio a asesinato, si considerará esa agravante para determinar la pena concreta; también el a-quo consideró la existencia de dos agravantes más, ejecutar el hecho con auxilio de gente armada y también hacerlo en cuadrilla, tal como quedó establecido en los hechos probados; mismas agravantes que utilizará esta Sala de lo Penal para determinar la pena concreta. En el caso del imputado Juan Alberto Galeano Duarte, se le condena a título de autor por dos delitos de homicidio, por lo que la pena a imponer para cada uno de ellos será la máxima de 20 años de reclusión, haciendo un total de 40 años de reclusión. En el caso del señor Adrián Galeano Duarte, se le condena a título de cómplice de dos delitos de homicidio, la pena del homicidio es de 15 a 20 años, rebajándola en 1/3 como lo dice el artículo 66 del Código Penal la nueva pena abstracta oscilaría entre 10 años a 13 años 4 meses de reclusión; pero observando igualmente las mismas tres agravantes ya mencionadas, por lo que es procedente ..."

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES PARCIALMENTE DE RECIBO. En el presente caso, al revisar el acta de debate que corre agregada a folios 184 al 196 de la foliada judicial, constata este Tribunal de Casación que el fiscal del Ministerio Público en el debate o juicio oral, al momento de exponer las posiciones planteadas en la formalización de la acusación, solicitó al amparo del artículo 321 del Código Procesal Penal, la modificación de la calificación de los hechos por el cual el ente acusador considera probará en audiencia, pues ya no aprecia a los sucesos como constitutivos de 4 delitos de homicidio sino que por 4 delitos de asesinato y un asesinato tentado de conformidad a lo que establece el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, para lo cual el Ministerio Público consideró que acreditará con la prueba, que los acusados se aprovecharon de manera alevosa y en total ventaja neutralizaron cualquier respuesta que pudiera venir de parte de las víctimas, ya que estos se encontraban realizando labores de campo, llegando los acusados acompañados de otras dos personas portando armas cortas y largas, también estableció el agente fiscal que acreditará que hubo premeditación pues estas personas desde su propiedad planearon la muerte de los ofendidos, hubo desplazamiento de las fincas vecinas, fueron vistos ejecutar estos hechos por otras personas, por lo que en amparo del artículo 321 del CPP el Ministerio Publico modificó los hechos de la acusación. Conforme a esa modificación de la calificación de los hechos de la acusación, el sentenciador condenó a los acusados Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte por 2 delitos consumados de asesinato y por un delito tentado de asesinato. El hecho litigioso y la pretensión punitiva propuesta con base en él y en su tratamiento jurídico quedan fijados en la audiencia preliminar. Sobre ello versará el debate que tiene lugar en el juicio oral. Sin embargo, el artículo 321 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de una ampliación de la acusación en los términos siguientes: “Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el Fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nuevos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedir se amplíe su declaración. Aun no siendo necesaria la práctica de prueba, el Defensor del acusado podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. La corrección de simples errores materiales, o la inclusión de alguna circunstancia que no modifique esencialmente la imputación ni afecte el derecho de defensa, no tendrán el carácter de ampliación. En caso de descubrimiento de hechos nuevos, independientes, conexos o no con el hecho objeto del juicio que puedan constituir delito, se abrirá un procedimiento diferente para su investigación y enjuiciamiento separados”. Conforme a ese articulado el ente acusador dispuso solicitar una nueva calificación de los hechos, sin embargo, este artículo está en completa relación con el artículo 337 del mismo cuerpo legal, que establece: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…” Al realizar un análisis de ambas normas procesales, es posible establecer que el ente acusador al momento de solicitar un modificación de la calificación legal de los delitos de homicidio a asesinato, no lo hizo con base en una ampliación de la acusación propiamente dicha, pues no estableció el agente fiscal cuales fueron esos hechos o circunstancias relacionados con el hecho objeto del juicio que no fueron mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito; pues la justificación que señaló el acusador en cuanto a que existía alevosía como elemento del delito de asesinato, era que los imputados sometieron a los ofendidos sin posibilidad de defenderse, lo cual no constituye un hecho o circunstancia nuevo, pues los mismos ya habían sido mencionados y relacionados en los hechos objeto de investigación desde el requerimiento fiscal y sin existir ningún hecho nuevo que diera pie a modificar la calificación legal, pues todas esas circunstancias eran ya conocidas por el ente acusador desde los inicios de la investigación, por tanto el juzgador no debió aceptar la modificación de la calificación legal del delito de homicidio a asesinato, pues el ente acusador no contaba con fundamento legal para hacerlo y sin duda alguna dicha acción perjudicó y transgredió el derecho defensa de los imputados y el principio de correlación entre acusación y sentencia, pues los acusados se han venido defendiendo durante todo el proceso penal por los delitos de homicidio y homicidio tentado, infringiéndose de ese modo, el principio acusatorio, en lo concerniente a la correlación entre acusación y sentencia, concretamente en lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Penal; consecuentemente debemos declarar con lugar parcialmente el presente motivo de casación por infracción de precepto constitucional, por violación del derecho de defensa, sin perjuicio de la pena que deberá imponerse por el delito de homicidio y homicidio tentado, teniendo en cuenta que con la prueba evacuada en el proceso se acreditan suficientemente los elementos de esa figura delictiva. Una vez que esta Sala de lo Penal considera procedente reformar la presente sentencia, en el sentido de condenar a los acusados por dos delitos de homicidio, es necesario determinar entonces su participación. Para esta Sala de lo Penal ambos acusados actuaron movidos por un plan preconcebido y teniendo todos el dominio funcional del hecho, de ahí que su participación es como coautores conforme a la teoría del dominio del hecho que ha hecho suya jurisprudencialmente esta Sala de Casación; ahora bien, al analizar la sentencia recurrida el sentenciador erróneamente considera que el acusado Juan Alberto Galeano Duarte actuó como autor y que el co-imputado Adrián Galeano Duarte como cómplice, cuando las acciones fueron realizadas con base en un reparto de funciones y por un plan ya trazado por los acusados, sin embargo en virtud de que el recurso es presentado por la defensa, esta Sala de lo Penal no puede modificar en perjuicio conforme lo establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, por lo que al momento de dictar sentencia, esta Sala debe respetar la decisión del a-quo de considerar al acusado Juan Alberto como autor y al señor Adrián como cómplice. Para determinar la pena concreta, el juzgador consideró que si bien existía alevosía, no podía tomarla en consideración porque ya la estaba utilizando para agravar la acción de los acusados como un delito de asesinato; ahora bien, para esta Sala de lo Penal, en virtud de que se declaró ha lugar parcialmente el recurso de casación en el sentido de que no debió modificarse la calificación legal de homicidio a asesinato, si considerará esa agravante para determinar la pena concreta; también el a-quo consideró la existencia de dos agravantes más, ejecutar el hecho con auxilio de gente armada y también hacerlo en cuadrilla, tal como quedó establecido en los hechos probados; mismas agravantes que utilizará esta Sala de lo Penal para determinar la pena concreta. En el caso del imputado Juan Alberto Galeano Duarte, se le condena a título de autor por dos delitos de homicidio, por lo que la pena a imponer para cada uno de ellos será la máxima de 20 años de reclusión, haciendo un total de 40 años de reclusión. En el caso del señor Adrián Galeano Duarte, se le condena a título de cómplice de dos delitos de homicidio, la pena del homicidio es de 15 a 20 años, rebajándola en 1/3 como lo dice el artículo 66 del Código Penal la nueva pena abstracta oscilaría entre 10 años a 13 años 4 meses de reclusión; pero observando igualmente las mismas tres agravantes ya mencionadas, por lo que es procedente ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. PRIMER MOTIVO Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: motivación jurídica contradictoria. Reclamación ex-ante: el vicio denunciado en el presente motivo se produce en el momento de sentenciar, por lo que no ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación. Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que conforme el artículo 141 del Código Procesal Penal las sentencias deben contar, bajo pena de nulidad, de motivación suficiente que explique los hechos y fundamentos de derecho en que se basa su resolución; el vicio ocurre cuando en la sección de fundamentación jurídica se denota el irrespeto al principio de coherencia, pues en el numeral sexto se establece de forma escueta que los acusados son considerados autores de los hechos, omitiendo el sentenciador motivar o explicar de manera lógica y coherente cual fue el razonamiento que lo arribó a esa conclusión. DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN DEL ARTÍCULO 362 NUMERAL 3 DEL CPP La normativa procesal penal en lo referente a los vicios de motivación, comprende en su artículo 362 numeral 3 supuestos diferentes: a) Carencia de motivación fáctica o jurídica, que refiere a la falta absoluta de motivación ya sea fáctica o jurídica, se trata de casos en los cuales no existe ninguna motivación que justifique la decisión del tribunal, quizás en la praxis el más remoto de ocurrir. b) Que las motivaciones sean insuficientes, que lo es cuando se deja de referir a alguno de los aspectos que necesariamente se deben comprender, verbigracia, hechos y derecho. Debe darse una valoración de todas las alegaciones efectuadas por las partes y puede darse al haber ausencia de descripción o valoración de la prueba. Concurrirá cuando en la sentencia no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cuál fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados. c) La motivación contradictoria, la cual concurre cuando se da una dualidad auto-excluyente lesionándose las reglas de la lógica deductiva de no contradicción. Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de el fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica. d) El último supuesto y más comúnmente infringido es el referido a los vicios de motivación por inobservancia de las reglas de la “sana crítica” la lógica, la psicológia, y la experiencia común..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente en el Recurso de Casación SP 453-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Juan Alberto Galeano Duarte, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Glen Waldan Castro a la pena de veintiún años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Juan Alberto Galeano Duarte, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Alfredo Adal Esquivel Alvarado a la pena de veintiún años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Juan Alberto Galeano Duarte, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Henry Velásquez a la pena de veintiún años de reclusión. Cuarto: Condenó al señor Adrián Galeano Duarte, como cómplice del delito de Asesinato en perjuicio del señor Glen Waldan Castro a la pena de catorce años, cuatro meses de reclusión. Quinto: Condenó al señor Adrián Galeano Duarte, como cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Alfredo Adal Esquivel Alvarado a la pena de catorce años, cuatro meses de reclusión. Sexto: Condenó al señor Adrián Galeano Duarte, como cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Henry Velásquez a la pena de catorce años, cuatro meses de reclusión. Séptimo: Condenó al señor Juan Alberto Galeano Duarte, como autor del delito de Tentativa de Asesinato, en perjuicio del señor Henry Velásquez a la pena de quince años de reclusión, haciendo un total de setenta y ocho años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Octavo: Condenó al señor Adrián Galeano Duarte, como autor del delito de Tentativa de Asesinato, en perjuicio del señor Henry Velásquez a la pena de quince años de reclusión, haciendo un total de cincuenta y ocho años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Noveno: Absolvió al señor Juan Alberto Galeano Duarte, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Donald Bernard German. Décimo: Absolvió al señor Adrián Galeano Duarte, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Donald Bernard German. Onceavo: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte, por la indemnización de los perjuicios y la reparación del daño moral causado. Doceavo: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, en su condición de defensora privada de los imputados. Son partes en la única instancia: La Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, en su condición de defensora privada de los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte, como parte recurrente y las Abogadas Marina Audely Varela y Yessenia María Márquez Lobo, en su calidad de fiscales en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día 5 de noviembre del año 2013, en la finca Los Placeres, propiedad del señor Francisco Asís Ramírez, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua sector de La Mosquita, llegaron los señores Adrián Galeano Duarte y Juan Alberto Galeano Duarte portando armas de fuego, acompañados de dos desconocidos quienes también iban portando armas de fuego, Adrián Galeano agarra por la espada a Donald Bernard Germán le apunto con su arma diciéndole que no se moviera, simultáneamente, Juan Alberto Galeano Duarte procede a dispararle en la humanidad de Glen Waldan, Alfredo Adal Esquivel Alvarado y Henry Velasquez en la cabeza falleciendo en el lugar. SEGUNDO El señor Adrian Galeano Duarte procede a golpear en la cabeza a Donald Bernard con la cacha de la pistola de la cual se desprende su cargador, momento que es aprovechado por Edgardo Maibeth Wilson para escapar del lugar huyendo hacia unos matorrales escondiéndose de sus captores, escuchando que Adrián Galeano le decía a su hermano Juan Galeano porque no lo había matado a el primero. TERCERO: En ese mismo lugar en fecha 6 de noviembre del año 2013 fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Donald Bernard Germán, quien falleció por traumatismo cráneo encefálico severo, por herida de arma de fuego, sin saber la persona que directamente le quito la vida.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO: Infracción por violación de los artículos 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Art. 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 89, 90 párrafo primero, y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 párrafo primero del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos Supranacionales, Constitucionales y Procesales citados como infringidos por violación textualmente prescriben: *Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 11.1 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, conforme a la ley y enjuicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. • Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Art. 14.2 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras su culpabilidad conforme a la ley. • Convención Americana de los Derechos Humanos. Art. 8 Garantía Judiciales 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. • Constitución de la República Art. 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. Art. 90. P.1ro “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece” Art. 94. “A nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente”. Código Procesal Penal Art.1 “Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados internacionales de los cuales Honduras Forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Art. 2. P.1ro “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de éste código”. Las normas arriba indicadas reconocen el derecho del acusado a ser absuelto si no se ha practicado en el Juicio oral y público una suficiente actividad probatoria de cargo acreditativa de los hechos en que se funda la acusación y la intervención en los mismos por parte de los procesados. Circunstancias que no se cumplieron en el caso de autos, en donde el Tribunal de Sentencia en franca violación a sus obligaciones ha resuelto condenar a los señores Adrian y Juan Alberto Galeano Duarte, apartándose de la observancia obligatoria a la normativa arriba indicada al momento de valorar la prueba y tomar la decisión señalada (condena), por cuanto no se aportó en el acto del debate prueba de cargo contundente y suficiente para quebrantar el estado de inocencia de mis representados. Esta defensa tiene claro que la misión en casación de esa Honorable Sala de lo Penal al conocer del presente recurso, no es la de valorar nuevamente la prueba practicada en juicio o de revisar críticamente la valoración efectuada por el A quo, pero sí le corresponde “comprobar y verificar si en el acto del juicio en la que se apreció la prueba, se dispuso del mínimo de actividad probatoria llevada a cabo con las garantías constitucionales y procesales”. A afirmado esa Sala (CP- 02-2009), que el Artículo 89 de nuestra Constitución no permite que se le trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales no dicte sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el juicio previo precisamente para dictar esa culpabilidad y que así lo exigen los preceptos constitucionales descrito en los art. 91 párrafo primero y 94 relacionados con la Norma Penal Adjetiva en el art. 01, porque se afirma que juicio previo y presunción de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal, y es que a partir de ahí se estructura, la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado, en donde la construcción de culpabilidad exige precisión y ello sólo se deriva de la certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, ya que solamente se puede declarar culpable a una persona cuando las dudas (tal cual inicia cualquier juicio oral y público) han sido superadas, pero esta superación debe surgir con la consideración racional de las pruebas sometidas en el acto del juicio y no por la pura voluntad subjetiva del juzgador, tal cual sucede en este caso. El Sentenciador de la prueba que según afirma haber valorado conforme a las reglas de la sana crítica declaró como hechos probados: PRIMERO: “El día 05 de noviembre del año 2013, en la finca Los Próceres, propiedad del Señor Francisco Asís Ramírez, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua sector de la Mosquitia, llegaron los señores Adrián Galeano Duarte y Juan Alberto Galeano Duarte portando armas de fuego, Adrián Galeano agarra por la espalda a Donald Bernard Germán le apuntó con su arma diciéndole que no se moviera, simultáneamente Juan Alberto Galeano Duarte procede a dispararle en la humanidad a Glen Waldan, Alfredo Adan Esquivel Alvarado y Henry Velásquez en la cabeza falleciendo en el lugar. SEGUNDO: El señor Adrián Galeano Duarte procede a golpear en la cabeza a Donald Bernard Germán con la cacha de la pistola de la cual se desprende su cargador, momento que es aprovechado por Edgardo Maibeth Wilson para escapar del lugar huyendo hacia unos matorrales, escondiéndose de sus captores, escuchando que Adrián Galeano le decía a su hermano Juan Galeano porque no lo había matado a él primero. TERCERO: En ese mismo lugar en fecha 6 de noviembre del año 2013 fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Donald Bernard Germán, quien falleció por traumatismo cráneo encefálico severo, por herida de arma de fuego, sin saber la persona que directamente le quitó la vida”. Específicamente del primer hecho declarado probado, se puede afirmar que el actuar del Juzgador fue desprovisto de esa racionalidad que arriba comento y que le exige la Norma para valorar la prueba, y que al estimar ese hecho como probado cuando no existe ni la más mínima prueba de ello, infringió todos y cada uno de los preceptos descritos anteriormente y contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Honduras, Constitucionales y Procesales, consecuentemente actuó en franca violación al debido proceso y por ende de manera específica vulneró el derecho de presunción de inocencia de mis representados por los siguientes puntos: Primero: (Inexistencia de cuerpo del delito) • En el apartado denominado tercero de la parte dispositiva del libelo de la sentencia el A quo resolvió condenar al señor Juan Alberto Galeano Duarte a título de autor de Asesinato en perjuicio de Henry Velásquez; y más adelante en el apartado denominado séptimo dispone condenarlo siempre a título de autor por el delito de Tentativa de Asesinato en perjuicio de la misma persona (Henry Velásquez). • Por su parte también en el apartado Sexto de la misma parte dispositiva de la sentencia resolvió condenar al señor Adrian Galeano Duarte, a título de Cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio de Henry Velásquez; y más adelante en el apartado denominado octavo, lo condena por considerarlo cómplice del delito de Tentativa de Asesinato en perjuicio de la misma persona (Henry Velásquez). Partiendo de ésta conclusión y decisión tomada por el A quo, nos preguntamos: 1. ¿Henry Velásquez está vivo o muerto?, 2. ¿Cómo es qué se les condena a mis defendidos por haber atentado contra la vida de una persona supuestamente llamada Henry Velásquez y también por su muerte a la vez, todo en un mismo hecho y proceso? Las respuestas son sencillas de responder: Simplemente El Tribunal de Sentencia no lo sabe, ni lo supo nunca, y es que no lo podía saber, dado que no existió prueba de cargo que siquiera probase la existencia real de una persona llamada “Henry Velásquez”, mucho menos se acreditó si esta persona falleció o no, para ello sólo basta revisar los medios de prueba que se ofrecieron y evacuaron en el debate por parte del Ministerio Público y entre ellos no obra prueba documental emitida por autoridad competente que certifique tales extremos, es decir: • No se aportó ni certificado de nacimiento de persona llamada Henry Velásquez sea hondureño o nicaragüense, • No existe certificado de defunción que acreditase la muerte legal de una persona que se hiciera llamar así, • Tampoco se aportó acta de levantamiento de cadáver, ni dictamen de autopsia de persona alguna de la cual se podría inferir que pudo tratarse de una persona que se hiciese llamar Henry Velásquez, • No se hizo presente a la audiencia de debate ningún testigo que se dijese pariente o familiar de alguna persona llamada Henry Velásquez, • Ni siquiera indicó el Ministerio Público el lugar donde yace enterrado el cuerpo del supuesto occiso. Consecuentemente si no tenemos un cuerpo cierto de persona fallecida —llámese “Cuerpo del delito”- el cual forma requisito sine qua non para que se constituya un delito contra la vida, como entonces es que el A quo puede afirmar en el fallo dictado que estamos ante un delito de Asesinato; o bien en su caso, tampoco en juicio se probó que el señor Henry Velásquez este con vida, y que ello se deba a que pese a haberse atentado contra su vida por parte de mis representados, se hubiese salvado por causas ajenas a ellos. Dicho así las cosas, el fallo dictado en contra de mis representados, no es más que una aberración jurídica por parte del juzgador, que esa Honorable Sala no puede dejar de observar para efectos de emitir la sentencia que resuelva el presente recurso. Segundo:(Inexistencia probatoria que acredite culpabilidad en contra de los acusados). Siempre enfocados en el primer hecho declarado probado de la sentencia el cual provoca el fallo de condena dictado en contra de mis defendidos; veamos que del conjunto probatorio de cargo que sí se evacuó en juicio, ésta no fue idónea ni suficiente para quebrantar su estado de inocencia, por las siguientes razones: A diferencia de Henry Velásquez de quien se desconoce si existe o no, o en su caso si está vivo o no; sí se incorporó en el acto del juicio Acta de defunción de Glen Waldan Castro y Certificado de defunción debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de Alfredo Adán Esquivel Alvarado; como también rindieron declaración testifical las madres de los occisos, la señoras Adelaina Waldan Castro y Adilia Alvarado Nelson respectivamente, por lo que con dichos medios de prueba si se acredita la muerte de los mencionados, más no participación de mis representados en sus muertes, por cuanto las testigos no son presenciales del momento en que fallecieron sus hijos y el conocimiento que tienen sobre los hechos es referencial, tal como quedó establecido en el debate. Sin embargo algo importante a rescatar de sus declaraciones, es que ambas madres coinciden que las autoridades tuvieron conocimiento y acceso a los cuerpos de sus hijos, versión que es confirmada por los testigos de cargo Francisco Asís Ramírez y Luís Antonio Hernández, pero curiosamente el Ministerio Público no incorporó al juicio ninguna pericia (autopsia), ni acta de levantamiento de cadáver que explicara al Tribunal y a ésta defensa más allá de cualquier duda razonable la manera y causa de la muerte de ambas personas, quedando ello en el limbo de la investigación que no se llevó a cabo por quien tenía el mandato legal de realizarla en evidente violación a los deberes de los funcionarios, de manera tal, que únicamente se logró acreditar en juicio la muerte legal de los fallecidos, pero no las causas reales de sus muertes, faltando una vez a sus obligaciones el Ente acusador del Estado y que en caso de que se mantenga éste injusto fallo, las probabilidades de una exposición internacional de nuestro país por violación a los derechos humanos por no cumplir con su obligación de investigar son latentes, y es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras sentenciado en contra de éste último , se ha pronunciado “que delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público”. No obstante a dicha falencia probatoria, aún en el hipotético caso de que se presumiese que sus muertes fueron de manera homicida, de la demás prueba de cargo, ninguna de ella tampoco logró probar que fuesen mis defendidos el autor y cómplice de sus muertes respectivamente como erróneamente lo afirma el Juzgador: El testigo Francisco de Asís Ramírez Mejía, dijo ser el patrono de los occisos, citando a Henry, Donald, Waldan, y Alfredito, y que de ellos solamente Glen era Hondureño y los demás Nicaragüenses; pero no le consta que Juan Alberto Galeano Duarte le dio muerte a Waldan y Alfredito (por cuanto de Henry se desconoce su existencia) y que Adrián fue su cómplice, en virtud que este testigo no estuvo presente al momento de los hechos que se juzgan y los conocimientos que tiene sobre los mismos son de referencia de parte de Wilson y Edgardo Maibeth como él muy bien lo afirmó en su deposición y se registra en el acta de debate. Lo único relevante que menciona el testigo para que insinuase que los señores Galeano Duarte fueron los autores de las muertes de sus trabajadores, es que el deponente afirmó que entre él y mis defendidos existía una previa enemistad por motivos de la propiedad de una finca, y es más, también afirmó el testigo, que él personalmente había recibido amenazas de muerte de parte del JUAN ALBERTO GALEANO. Sin embargo ésta circunstancia de enemistad citada por el testigo y con la cual pretende introducir un móvil para que mis defendidos tuviesen interés en privar la vida de sus trabajadores es huérfana de prueba que le respalde, entre tanto no se aportó en el debate ningún medio de prueba ni testifical, ni documental consistente en denuncia presentada ante autoridad competente para que conociera tan seria amenaza de muerte en su contra o bien en contra de sus trabajadores, máxime la gravedad del asunto que plantea, pretendiendo justificar así una acción criminosa por parte de mis defendidos. Al contrario, para esta defensa esta circunstancia de enemistad que afirma el deponente, es razón suficiente para desacreditar su versión de los hechos, pues demuestra un personal e importante interés en dañar a mis representados y que de manera oportuna utiliza en contra de quienes afirma ser su enemigo, de manera tal que la presente acusación se le presenta como una valiosa oportunidad de quitarse de encima a quienes para él le constituyen un problema. Por su parte el testigo Luís Antonio Hernández García (hijo de Francisco de Asís Ramírez Mejía), afirmó haber llegado a la finca de su padre al día siguiente de los hechos y que tomó fotografías, pero que de las personas muertas, sólo reconoció a Glen y Donald, y que no conoce a los demás porque su padre pasa cambiando los trabajadores. Es decir no estuvo presente ni en el momento de los hechos, por ende su declaración no aporta datos en contra de los señores Galeano Duarte. El señor Esaú Nectali Gonzales Sánchez, ratificó un albúm fotográfico compuesto de las fotografías que recibió dos años después de los hechos de parte del señor Luís Antonio Hernández García, sin embargo este medio de prueba únicamente sirve para visualizar una escena de la cual el señor Gonzales no puede dar fe, por no haberlas tomado él personalmente, ni mucho menos le consta la fecha ni el lugar en qué fueron tomadas, tampoco puede identificar como se hacían llamar las personas fallecidas, ni resulta útil para demostrar culpabilidad de persona alguna, mucho menos de mis representados, aunado que de quién recibe las imágenes tampoco tiene conocimiento personal de cómo se dieron los hechos, ni de quiénes son sus responsables. Edgardo Maibeth Wilson, afirma ser sobreviviente de los hechos, es decir que se “presume” de que es el único testigo presencial y de cuya narración el Tribunal de Sentencia parte para estructurar los hechos declarados probados del fallo que ahora se recurre, este testigo afirma que mis defendidos junto con otra persona de nombre Rigo y otro a quien no identificó porque andaba con pasamontañas fueron los responsables de las muertes, declaró que Adrián Galeano, tenía agarrado a Donald y que le pegaba en la cabeza con la cacha de la pistola, mientras tanto Juan Galeano le disparaba y daba muerte a Henry, Alfredo y Glen, y que Rigo lo agarró a él y lo tiró al suelo, y que en un momento en que se le cae el cargador de la pistola a Adrián producto de los golpes que con ella le daba a Donald, él (el deponente) aprovecho para salir huyendo y se logra esconder en un escondite ubicado entre el monte que existe en el lugar desde donde logró escuchar cuando Adrián le reclamó a su hermano Juan, porque no le había dado muerte a él primero; también dijo que luego de lo sucedido salió para donde Don Chico, pero que no le habló a la mujer por el susto que paso y que cuando logró calmarse le habló a Ronald que es el mayordomo de la finca. Para pronunciarnos sobre esta declaración, es importante citar lo declarado por el testigo de cargo Ronald Alvarado Nelson, ésta persona narró que él es el mayordomo de la finca de Chico (refiriéndose al testigo Francisco Asís Ramírez), y que el día de los hechos él estuvo en la casa y que contrató a personas que estaban en el campo haciendo labores de campo (cerco), que Chico se fue a Nicaragua y que cuando venía escuchó disparos y que cuando llegó a la casa le preguntó qué paso, y éste le contestó que Juan Galeano, Adrían Galeano y Rigo llegaron y mataron a la gente que estaba trabajando, y que Chico se regresó a Nicaragua a dar los avisos por la radio emisora; entretanto él (el deponente) estuvo en la casa y llegó uno de los muchachos y le preguntó qué había pasado y no le comentó nada, que le volvió a preguntar y tampoco le contestó nada y que estaba asustado y que después de 15 minutos le dijo que habían matado a Alfredo, Glen, Henry y otro y que quien los había matado era Juan y Adrian Galeano, Rigo y otro que no le miro la cara porque la tenía tapada. Ante tales declaraciones resulta evidente que el testigo Ronald Alvarado Nelson tiene conocimiento de los hechos de primera mano de Chico (Francisco Asís Ramírez) su patrón y posteriormente de Edgardo Maibeth Wilson, por lo tanto se constituye en una testigo referencial cuya deposición no puede generar ni siquiera indicio de participación de mis representados. En el caso de Edgardo Maibeth Wilson, quien afirma ser único testigo presencial de los hechos, su versión no cuenta con ningún medio de prueba que con confirme sus dichos ni directa, ni indirecta y ni siquiera periféricamente de la cual se desprenda la culpabilidad de los señores Juan y Adrián Galeano. Al contrario su dichos se inundan de dudas respecto a lo siguiente: Él dice que fueron cuatro las personas que participaron en los hechos: 1) Adrián que golpeaba con la cacha de la pistola a Donald, 2) Juan que disparaba en contra de Henry, Glen y Alfredo; 3) Rigo que fue quien lo agarró a él y lo tiró al suelo; 4) De ésta versión el deponente nunca ha manifestado que hacía el cuarto (4) participe mientras todo esto sucedía, o si es que éste se mantuvo inerte aún cuando éste se escapaba de ellos. 5) Y fue claro al manifestar que no logró ver quién dio muerte a Donald. 6) Dice que estaba cerca y que vio cuando Juan Galeano le dispara a Alfredo Esquivel, y que le disparo en la cabeza y que le salió por los ojos….. Al remitirnos a la Certificación de Defunción debidamente apostillada dice que la causa de muerte es por shock hipovolémico, perdida extrema de sangre por herida de arma de fuego en el tórax, contrastándose con lo dicho por el único supuesto testigo presencial. No esclareció el Ministerio Público con éste testigo, cómo es posible que estando Rigo armado y era quien retenía en el suelo al testigo, éste se les escapó cuando fue a Adrián a quién supuestamente se le cayó el cargador de su arma de fuego con la cual golpeaba a otra persona. Es decir, que Rigo nunca perdió su arma de fuego y por ende nunca dejo de someterlo, y cómo es que estando cuatro personas armadas y los demás acompañantes del testigo yacían muertos, éste testigo logró escapar sin ningún rasguño o lesión ocasionada por disparo de arma de fuego, pese a saber los hechores que era el único testigo que quedaría con vida y desde luego los delataría. Tampoco probó el Ministerio Público a través de pericia en balística, si es posible o no que el cargador de un arma de fuego como la que describió el testigo era utilizada supuestamente por mi representado Adrián Galeano, pudiese caer como producto de golpes al contacto con un objeto romo (cabeza de un ser humano). Otro punto a resaltar, es que en debate también rindió declaración el señor Denis Panxina, quien refirió que el día de los hechos él se encontraba pescando en una laguna cerca del lugar, cuando pasó el hechor con la pistola al lado y que como a los cinco (5) minutos escuchó el tiroteo, que se acercaron a ver y estaban los muchachos llorando, y ellos vieron y se alejaron del lugar, dice que además de él eran tres más los que vieron. Afirmó el testigo en el acto del juicio que miró a Juan Galeano con el hermano y Rigo, que Rigo portaba una escopeta y Juan una pistola y a los otros dos no los vio bien y que todos vestían de negro, que a los fallecidos no los conocía y que afirma que fueron los Galeano porque solo ellos pasaron ese día, que no paso más gente. Esta declaración carece de veracidad para ubicar a mis defendidos en el lugar de los hechos, por cuanto al testigo en el acto del debate al ser interrogado por el Ministerio Público se le preguntó que si reconocía a los Galeano dentro de la sala de juicio oral y público y él contestó que no, dijo que si los vio en aquel momento de los hechos pero en el tribunal no los ve, justificó que han pasado varios años, dice que en aquel momento les vio la cara pero que ahora los perdió, que no los vio bien, pero si los vio. Y a la pregunta formulada por ésta defensa respondió: Que no se fijo bien porque él estaba muy entretenido pescando. El Ministerio Público por su parte, pese a que el señor Panxina afirmó que junto con él había tres personas más que supuestamente vieron lo que sucedía, nunca hizo el más mínimo esfuerzo por ubicarlos y llevarlos al juicio y demostrar su pretensión acusatoria. El acusador del Estado no asumió la investigación como un deber jurídico propio y como apreciará esa Sala, ni la valoración de la prueba, ni la conclusión arribada por el Juzgador en su decisión es llevada a cabo de forma razonable, al contrario, desde todo punto de vista se evidencia que la última no tiene asidero probatorio en que respaldar tan contradictorio fallo, pues aún y cuando la prueba de cargo fue abundante, esta no resultó ser útil ni suficiente para probar más allá de toda duda razonable que los señores Juan Alberto y Adrián Galeano Duarte son responsables bajo ningún grado de participación ni por delitos consumados de Asesinato, ni mucho menos por la tentativa de asesinato, de manera que no habiendo sido vencidos en juicio ante la orfandad probatoria se solicita a esa Honorable Sala le sea restituido su estado de inocencia que el A quo ha hecho caso omiso violentando todos y cada uno de los preceptos constitucionales y supranacionales arriba señalados, por ello para cumplir con lo dispuesto en el articulo 363 del Código Procesal Penal, se solicita que la interpretación pretendida de dichos preceptos infringidos, este orientada a que se case el fallo impugnado pues resulta evidente la infracción al debido proceso a través del quebranto al derecho de presunción de inocencia, de ahí que se declare con lugar el presente motivo y se dicte un fallo ajustado a derecho en el cual se declare absueltos de toda responsabilidad a mis representados.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación de los artículos 1.1, 8.1, 29. a) de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 321 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos Supranacionales, Constitucionales y Procesales citados como infringidos por violación textualmente prescriben: • Los Preceptos de la Convención Americana de los Derechos Humanos nominados como vulnerados en el presente proceso en su parte conducente dicen: Art. 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Art. 8. Garantías Judiciales 1.“Toda Persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la Sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter”. Art. 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: “a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o personas, suprimir el goce de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”. • Los Preceptos Constitucionales nominados como vulnerados en el presente proceso en su parte conducente establece: Art. 82: “El Derecho de Defensa es inviolable.-….” Art. 90. P.1ro “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. • El Precepto Procesal Penal relacionado con los Supranacionales y Constitucionales nominados como vulnerados en el presente proceso en su parte conducente dice: Art.321. “Ampliación de acusación. Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan Modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el acusador privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate”. Los preceptos arriba mencionados describen la garantía del debido proceso y en específico el reconocimiento del derecho de defensa, mismos que en el caso que nos ocupa ha infringido el Tribunal de Sentencia al dictar el fallo que ahora recurro, por las siguientes razones: • El 11 de diciembre del 2013 Ministerio Público presentó requerimiento Fiscal ante el Juzgado de Letras Departamental de Gracias a Dios, en contra de mis defendidos por los delitos de Homicidio en Concurso real en perjuicio de Glen Waldan Castro, Alfredo Adán Esquivel Alvarado, Donald Bernard Germán y Henry Velásquez, y por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Edgardo Maibeth Wilson. • En audiencia inicial llevada a cabo en fecha 16 de diciembre del 2013 el mismo Ministerio Público solicitó que se dictase auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio en Concurso real y de oficio solicita al Juez de Letras que modifique la calificación de Tentativa de Homicidio por Amenazas a Muerte, explicando el Agente de Tribunales que dicha modificación se debe a que no se cumplen todos los requisitos del tipo penal de Tentativa de Homicidio (Asi consta en el acta de audiencia inicial) dictando el Juez auto de formal procesamiento bajo la pretensión peticionada por el Acusador del Estado y siendo confirmada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba. • En audiencia Preliminar llevada a cabo el 17 de diciembre del 2014 el Ministerio Público formaliza acusación y solicita se dicte Auto de Apertura a Juicio bajo la misma calificación jurídica en que se presentó el requerimiento fiscal, es decir, Homicidio en Concurso real en perjuicio de Glen Waldan Castro, Alfredo Adán Esquivel Alvarado, Donald Bernard Germán y Henry Velásquez, y por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Edgardo Maibeth Wilson. En fecha 22 de diciembre del 2014 el Juzgado de Primera Instancia dicta auto de apertura ajuicio en el sentido de la formalización de la acusación. • Una vez iniciada la audiencia de debate de juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, al momento que el Presidente de la Sala cede la palabra al Ministerio Público para que exponga las posiciones planteadas en la formalización de la acusación, el mismo Agente de Tribunales que participó en la audiencia preliminar se pronuncia que con fundamento en el art. 321 del Código Procesal Penal modifica la calificación jurídica de los hechos de cuatro (4) delitos de Homicidio a cuatro (4) delitos de Asesinato; y de un (1) delito Tentado de Homicidio a un (1) delito Tentado de Asesinato, argumentando que a su criterio concurren las circunstancias del art. 117 numerales 1 y 2, y lo relaciona con el art. 15 del Código Penal respectivamente. Sobre dicha modificación obviamente como defensa contestamos en oposición puesto que el Ministerio Público no explico ni aportó medios de prueba para acreditar qué noticias de circunstancias o hechos habían surgido durante el juicio, relacionadas con el hecho objeto del juicio, que no se hayan mencionado en la acusación y que pudiere modificar la calificación legal o la pena del delito tal como lo establece el art. 321 del Código Procesal Penal, y es claro que tampoco estas existían de hecho, por lo que no procedía decretar la ampliación de acusación. El Tribunal de Sentencia fundamentándose en el artículo 301.5 del Código Procesal Penal resolvió en el acto que tenía por modificada la calificación legal del delito en los términos planteados por el Ministerio Público. Esta defensa comprende que el criterio de la Sala de lo Penal en sentencia emitida (CP-13-2009) que resuelve recurso de casación, es sostener que la recalificación del delito no constituye violación al derecho de defensa, sin embargo dicha premisa es la regla general, por cuanto su excepción que también ha sido adoptada por nuestra Corte Suprema de Justicia en la misma sentencia arriba señalada es que “el juzgador podrá calificar los hechos en forma distinta siempre y cuando no sea en perjuicio del imputado, vale decir, que podrá hacerse cualquier calificación siempre que no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando” (Página 58 de la sentencia) sin embargo en el caso de autos, definitivamente ha existido violación al Derecho de Defensa, porque si bien al inicio el Ministerio Público valiéndose de los mismos hechos desde su inicio, de oficio y en distintos momentos procesales ha venido variando su calificación jurídica, no obstante esto no había sido objetado por la defensa en virtud que dicha recalificación había sido en el sentido que considera esa Sala, no era en perjuicio de mis representados, entre tanto desde un inicio del proceso ellos se han venido defendiendo de los delitos de homicidio en concurso real con el delito de Amenazas a muerte y es por estos delitos que llegó preparada la defensa para un juicio en el que se suponía habría respeto a la igualdad de los intervinientes, pero por disposición del Juzgador fue otra la realidad. Pero ya en ésta última etapa del juicio oral en donde sin tener justificación válida para recalificar el delito, porque no se cumple con los requisitos de procedencia (que durante el juicio se tenga noticias de circunstancias o hechos relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hubiese ya mencionado en la acusación), que el Acusador Público inste una ampliación de acusación desde todo punto de vista ha ocasionado un grave perjuicio a mis representados, Primero: Porque si bien la recalificación mantiene la homogeneidad del bien jurídico (vida), no menos cierto es, que nunca se ha ejercido defensa por la comisión de cuatro delitos de asesinato y un delito de tentativa de asesinato, tal como de manera intempestiva se le obligo ya en el acto del juicio; Segundo: Porque la diferencia de la pena a imponer entre el delito de Homicidio a la de asesinato es excesiva considerable en la cantidad de años, y lo mismo sucede del delito de Amenazas a muerte al delito de Tentativa de Asesinato.; y Tercero: Que el Tribunal de Sentencia se aparte de su función de juez de garantía y admita la recalificación limitándose a fundamentar su decisión en el artículo 301.5 del Código Procesal penal, pero jamás explicó del porque de su decisión, imponiendo de esta manera una situación de mayor gravedad en contra de mis defendidos, que desde todo punto de vista fueron privados de su derecho de defensa, contrariando inclusive el artículo 141 del Código Procesal Penal. Y es que se infiere que tanto el Ministerio Público, como el Tribunal de Sentencia han interpretado de manera errónea el sentido del art. 321 del Código Procesal Penal, al estimar que únicamente se requiere la mera solicitud de ampliación de acusación y que ésta posibilidad este comprendida en la norma procesal penal para que esta sea procedente; pero es aún más grave que el A quo desconozca la posición adoptada por la más alta autoridad jurisdiccional, como lo esa Sala de lo Penal en la materia que le compete y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues si ya existe jurisprudencia tanto nacional como internacional que brinde solución a los casos en donde procede o no la recalificación, el punto toral a advertir se contra, en que perfectamente si se puede recalificar el delito, siempre y cuando se mantengan los mismos hechos, bien jurídico, pero además que esa modificación no sea de mayor perjuicio que la que originalmente se venía aplicando, posición que es avalada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuya aplicación nacional es obligatoria a nuestros jueces (Art.1) por ser Estado miembro de la misma, y que en su Art. 29. contiene implícito el Principio Pro Homine, que trata de la manera en cómo deben ser interpretadas las Normas en relación a los Derechos Humanos, y tal cual “El principio de interpretación , impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional” . Es así que El principio pro homine o pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”, tal cual el caso que nos ocupa, en donde no se acreditó los requisitos sine cuanon de procedencia de la ampliación de acusación dictada por no surgir durante el juicio noticias de circunstancias o hechos que no hubiesen sido del conocimiento del Ministerio Público desde el inicio del proceso, de manera que el planteamiento es de manera antojadiza y con ello ocasionó un gravísimo perjuicio a los señores Juan Alberto y Adrián Galeano Duarte, que solamente la sentencia que resuelva el presente recurso puede enmendar. Es por ello que a mis defendidos se les ha violentado todos los precepto nacionales, supra nacionales y procesales al inicio citadas, por cuanto se les privó de poder hacer efectivo su derecho de defensa en el marco de la observancia de sus derechos fundamentales (Art.8 de la CADH); y en la observancia de lo dispuesto en el artículo 363 del Código Procesal Penal, se solicita que la interpretación pretendida de dichos preceptos infringidos este orientada a que se case el fallo impugnado pues resulta evidente la infracción al debido proceso a través del quebranto al derecho de defensa, de ahí que se declare con lugar el presente motivo y se dicte un fallo ajustado a derecho en el cual se declare absueltos de toda responsabilidad a mis representados, por no haberse defendido de los delitos por los cuales se sustanció el juicio oral y público y bajo las garantías y formalidades que la Ley les reconoce.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: La sentencia dictada contiene una motivación jurídica contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362.3 primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos” Para efectos del presente motivo casacional, el numeral 3 de la regla cuarta del art. 338 antes señalado establece que en la sección denominada Fundamentación Jurídica de la Sentencia “[…..] se deberá consignar de forma clara, suscinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados” Además, de lo dispuesto por la Norma, la motivación debe ser lógica y para ello debe responder a las leyes del entendimiento humano, con la especial característica de ser coherente, es decir constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, debiendo para ello ser congruente, no contradictoria e inequívoca. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, cuando en la sección de la fundamentación jurídica se denote irrespeto al principio de coherencia, al no existir congruencia en el contenido de la sentencia constituido como un todo armónico, al haber entrado el Tribunal en juicios inconciliables con lo relatado en los juicios de la fundamentación jurídica del fallo. Afirmamos tal circunstancia, ya que al dar simple lectura al apartado denominado Sexto de la sección cuestionada del fallo impugnado, ahí se establece de la manera más escueta: “El artículo 31 del Código Penal regula…… Y el artículo 32….. De conformidad a estos artículos se estima que Juan y Adrián Galeano son considerados autores de los referido delitos al haber realizado las conductas de forma personal” (Lo subrayado es nuestro), omitiendo el Sentenciador la obligación de motivar o explicar de manera lógica y coherente cuál fue el razonamiento que lo arribó a semejante conclusión, inadvirtiendo lo que le prescriben las normas procesales en comento y dejando en incertidumbre a nosotros los lectores del fallo, quiénes tenemos particular interés en conocer cuál fue el ¡ter lógico utilizado por el Tribunal y que lo llevó al convencimiento de que mis defendidos son supuestamente autores de 3 delitos de asesinato y una tentativa de asesinato; y es que resulta tan trascendental este asunto para esta Recurrente y para quienes representó por cuanto son ellos los perjudicados con estas inobservancias del Tribunal, que entre tanto en la parte de la fundamentación jurídica se afirma que son “autores”, pero ya en la parte resolutiva del mismo documento el Juzgador dispone que Juan Alberto Galeano Duarte es autor, y Adrián Galeano Duarte es Cómplice, y por lo tanto presentando la sentencia esta diversidad de inconsistencias, el A quo produjo como consecuencia, que el fallo proferido resultara con una motivación jurídica contradictoria que nos conduce indefectiblemente a patentizar el vicio que ahora se reprocha. En resumen, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo en el acto de sentenciar, no ha podido previamente efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo; no obstante solicitamos que se case el fallo recurrido y se proceda conforme a derecho corresponde.” “SEGUNDO MOTIVO: El Tribunal de Sentencia dictó un fallo injusto al no observar en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362. 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia recurrida además de contener los vicios antes desarrollados, también atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierten en consecuencia en la violación de los Artículos 202 y el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del Código Procesal Penal, tal como a continuación señalo: Para el A quo de la probanza incorporada al proceso se logró acreditar lo siguiente: PRIMERO: “El día 05 de noviembre del año 2013, en la finca Los Placeres, propiedad del Señor Francisco Asís Ramírez, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua sector de la Mosquitia, llegaron los señores Adrián Galeano Duarte y Juan Alberto Galeano Duarte portando armas de fuego, Adrián Galeano agarra por la espalda a Donald Bernard Germán le apuntó con su arma diciéndole que no se moviera, simultáneamente Juan Alberto Galeano Duarte procede a dispararle en la humanidad a Glen Waldan, Alfredo Adal Esquivel Alvarado y Henry Velásquez en la cabeza falleciendo en el lugar. SEGUNDO: El señor Adrián Galeano Duarte procede a golpear en la cabeza a Donald Bernard Germán con la cacha de la pistola de la cual se desprende su cargador, momento que es aprovechado por Edgardo Maibeth Wilson para escapar del lugar huyendo hacia unos matorrales, escondiéndose de sus captores, escuchando que Adrián Galeano le decía a su hermano Juan Galeano porque no lo había matado a él primero. TERCERO: En ese mismo lugar en fecha 6 de noviembre del año 2013 fue encontrado sin vida el cuerpo del señor Donald Bernard Germán, quien falleció por traumatismo cráneo encefálico severo, por herida de arma de fuego, sin saber la persona que directamente le quitó la vida.” Expuso el Juzgador que para arribar a éste hecho que estimó como probado de la prueba evacuada en el proceso concluyó: Que al examinar críticamente los testimonios realizados por los testigos Edgardo Maibeth Wilson, Francisco Asís Ramírez Meza, Adelaina Waldan Castro, Adilia Alvarado Nelson, Flor Germán Carias, Luís Antonio Hernández, Denis Panting Robinson, Rolando Alvarado Nelson, observa que fueron coherentes en sus testimonios, al tener estos un anclaje (incardinación) al referir el espacio y la manera en que sucedieron los hechos, sus declaraciones fueron claras, definidas y se relacionan entre sí al precisar con detalles de cómo sucedieron los hechos, cada uno desde su punto de vista, dándole ese Tribunal mayor certeza de la dinámica del hecho probado establecido en el numeral primero indicando la manera en que Glen Waldan Castro, Alfredo Adán Esquivel Alvarado, Henry Velásquez y Donaldo Bernard Germán, les fue quitada la vida por parte de Juan y Adrián Galeano y otras dos personas que los acompañaron a través de armas de fuego. (lo subrayado es nuestro) Que la declaración de Edgardo Maibeth Wilson, por ser testigo presencial de los hechos, le constan por haberlos percibido por sus sentidos y así los transmitió al Tribunal mediante su declaración, es trascendental mencionar que el testigo conocía con anterioridad a los hechores, pues estos son de la zona y por eso se le otorga valor probatorio. Del Señor Francisco Asís Ramírez Meza, fue claro en su deposición y estableció que ya había recibido de parte de los hechores amenazas con anterioridad, que precisó que escuchó los disparos pues recién se había retirado del lugar de los hechos. Que aunque el testigo es de referencia y no estuvo en el lugar de los hechos al momento en que éstos sucedieron, recibió la información de lo que sucedió de parte del señor Wilson, por lo que su declaración constituye prueba indiciaria. (Lo en negrita es nuestro) Las señoras Adelaina Waldan Castro, Adilia Alvarado Nelson, Flor Germán Carias, madres de los occisos Glena Waldan Castro, Alfredo Esquivel y Donald Bernard Germán respectivamente, quienes aun cuando no fueron testigos presenciales de los hechos, se les considera víctimas, y son las personas que recibieron los cuerpos y dieron sepultura, por lo que sus testimonios fueron útiles para acreditar la muerte de sus hijos. Luís Antonio Hernández, es la persona que interpuso la denuncia ante las autoridades por pedido de su padre (Francisco Asís Ramírez Meza), y dichas autoridades no pudieron asistir si no hasta el día siguiente por lo tarde de cuando sucedieron los hechos. Se rescata de su declaración que él fue la persona que tomó las fotografías con su teléfono celular y las entregó al agente de investigación Esaú Nectalí Gonzales Sánchez, como también que reconoció a las personas que aparecían sin vida en dichas fotografías, estableció el lugar en donde sucedieron los hechos, como ser la finca de su padre conocida como “Los Placeres”. (Lo en negrita es nuestro). El señor Denis Panting Robinson, quien se encontraba pescando en el sector fue conteste con los demás testigos en tiempo, escuchó disparos y lamentos de los trabajadores, además afirmó haber visto pasar a 4 personas con armas y vestidos de color negro entre ellos uno conocido como Rigo quien portaba una escopeta y Juan que llevaba una pistola y que eso lo pudo observar porque se encontraba como a 25 metros de donde pasaron. (Lo en negrita es nuestro) De la declaración de Ronaldo Alvarado Nelson, el Tribunal dice haber rescatado que es la primera persona a la que el testigo presencial (Edgardo Maibeth Wilson) le contó lo ocurrido y él observó su comportamiento de asustado y que fue hasta aproximadamente entre 10 a 15 minutos que pudo reaccionar. De la diligencia policial y álbum fotográfico, dice que se acreditó la entrega de las imágenes por parte del señor Luís Antonio Hernández García y recibidas por el agente de investigación Esaú Gonzales, en la cual se establece la dirección en donde fueron tomadas las fotografías y en la cual se muestran los cuerpos sin vida de los señores Glen Waldan Castro, Henry Velásquez, Donald Bernard Germán y Alfredo Adán Esquivel Alvarado; siendo dicha acta ratificada por el Agente de investigación Gonzales, y pruebas a las cuales el Tribunal les otorga valor probatorio porque se relacionan con lo manifestado por el testigo presencial Edgardo Maibeth Wilson, Luís Antonio Hernández y las madres de los difuntos. (Lo en negrita es nuestro). Se aportaron las certificaciones de acta de defunción del señor Glen Waldan Castro emitida por el Registro Nacional de las Personas de Honduras; Certificado de Defunción y Constancia de Defunción debidamente apostilladas por las autoridades de Nicaragua correspondiente Alfredo Adán Esquivel Alvarado; Certificado de Defunción emitido por las autoridades de Nicaragua correspondiente Donald Bernard Germán. Es precisamente sobre estas conclusiones dado el desacertado iter lógico de valoración de la prueba que siguió el Juzgador en que recae nuestro reproche recursivo, ya que evidentemente se denota que se apartó por completo de las reglas de la lógica que invocamos como inobservadas: Respecto a la apreciaciones de parte del A quo de los medios se desprende que algunas afirmaciones son inferencias propias de su imaginación porque no tienen ningún apoyo probatorio evacuado en el juicio, como ser: No se acreditó la existencia de persona alguna ya sea viva o muerta que responda al nombre de Henry Velásquez, y a pesar de tal falencia injustamente decidió responsabilizar a mis defendidos por su supuesta muerte y les condenó por su Asesinato. Nuestra pretensión recursiva se infiere de un razonamiento lógico de lo que estaba obligado a presentar el Ministerio Público como prueba de cargo para acreditar la existencia real de esta supuesta víctima y por ende de su muerte real y legal, es decir: • No se aportó ni certificado de nacimiento de persona llamada Henry Velásquez sea hondureño o nicaragüense, • No aportó certificado de defunción que acreditase la muerte legal de una persona que se hiciera llamar Henry Velásquez. • No se aportó acta de levantamiento de cadáver diligenciada por autoridad competente, pese a que el mismo Tribunal apreció en el debate (véase la valoración intelectiva a la declaración del testigo Luis Antonio Hernández) que efectivamente al lugar de los hechos llegaron aunque al día siguiente las autoridades que debían realizar tal diligencia. • No existe dictamen de autopsia sobre cadáver de la cual se podría inferir que pudo tratarse de una persona que se hiciese llamar Henry Velásquez y que explicará sobre la base de la experiencia en medicina legal, las causas y manera de muerte; sin embargo y pese a no existir dicho medio de prueba, el Tribunal de Sentencia en el hecho estimado probado denominado primero, afirma como verdad que falleció una persona de nombre Henry Velásquez al haber recibido éste un disparo en la cabeza por parte de mis representados, sin tener si quiera un medio de prueba idóneo y pertinente como sólo lo pudo ser un dictamen de autopsia que lo haya llevado a tal convencimiento. • No se hizo presente a la audiencia de debate ningún testigo que se dijese pariente o familiar de alguna persona llamada Henry Velásquez, • Ni siquiera indicó el Ministerio Público el lugar donde yace enterrado el cuerpo del supuesto occiso llamado Henry Velásquez, o en su defecto a quien le entregó el supuesto cadáver. Así las cosas el actuar del Tribunal ha sido desleal para con la justicia (art. 321 de la Constitución de la República, en relación con el 12 del Código Procesal Penal) y con el Estado mismo a quién representa al momento de Juzgar, pues en su nombre dice dictar el fallo que ahora se recurre y lo coloca en una situación de exponerlo a una futura condena dictada por un Tribunal Supranacional en materia de Derechos Humanos, al someter a una injusta e ilegal condena y consecuente privación de libertad por el delito de Asesinato a mis defendidos los señores Juan Alberto y Adrián Galeano Duarte en perjuicio de Henry Velásquez, a sabiendas que el Ministerio Público no incorporó al juicio prueba alguna que demuestre si existe o no esta persona, y en caso de existir, si está vivo o muerto. Lo que se plantea además de la inexistencia de prueba de cargo que ya mencione, tiene además su justificación en el mismo libelo de la sentencia específicamente en su parte dispositiva en donde el Juzgador resolvió: En el caso del señor Juan Alberto Galeano Duarte • En el apartado denominado tercero el A quo resolvió condenarlo a título de autor de Asesinato en perjuicio de Henry Velásquez y le impone la pena de 21 años de reclusión • Más adelante en el apartado denominado séptimo también dispone condenarlo de autor por el delito de Tentativa de Asesinato en perjuicio de la misma persona (Henry Velásquez) y le impone la pena de 15 años de reclusión. Por lo que en la sumatoria de las penas el señor Juan Alberto Galeano Duarte, debería estar en reclusión 36 años de su vida, por un hecho que se desconoce si existió o no, por que cómo es que el Tribunal dice que es asesinato consumado y al mismo tiempo una Tentativa de Asesinato en ambos casos teniendo como víctima a la misma persona (incurriendo en doble juzgamiento). En el caso del señor Adrián Galeano Duarte: • En el apartado Sexto de la misma parte dispositiva resolvió condenarlo a título de Cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio de Henry Velásquez y le impone la pena de 14 años 4 meses de reclusión; • Y en el apartado denominado octavo, también lo condena por cómplice del delito de Tentativa de Asesinato en perjuicio de la misma persona (Henry Velásquez) y le impone la pena de 15 años de reclusión. Por lo que en la sumatoria de las pena el señor Adrián Galeano Duarte, debería estar en reclusión 29 años 4 meses de su vida, que al igual que con el otro procesado se desconoce si existió o no el hecho por el que se le condena, por qué nos preguntamos ¿cómo es que el Tribunal dice que es asesinato consumado y al mismo tiempo una Tentativa de Asesinato? en ambos casos teniendo como víctima a la misma persona, y es que resulta tan evidente la desidia con la que el Juzgador abordó este proceso, que de la sentencia se desprende que sólo en Honduras se impone una pena más grave por un delito tentado que por un delito consumado de asesinato, como se puede apreciar en los apartados que anteceden. Y es que además el Tribunal falta a la verdad al afirmar que con los medios de prueba denominados diligencia policial y álbum fotográfico, se muestra el cuerpo sin vida de Henry Velásquez, porque a pesar que en el debate dichos medios de prueba únicamente les fueron presentados a los testigos Edgardo Maibeth Wilson y Luís Antonio Hernández García para su identificación, y si se revisa el acta de debate a folio 17 en donde se registra lo declarado por este último testigo, ahí se consigna que el testigo al tener a la vista las fotografías refirió: Que solo conocía a dos de las personas occisas (refiriéndose a los occisos que aparecían en las imágenes) a quienes identifica como Glen y Donald y que a todos no los distingue bien, que no se sabe quién es quién dado que el pasa más en Puerto Lempira y su papá pasa cambiando a los trabajadores. De manera que el único medio de prueba que nos habla de Henry Velásquez es el testigo Edgardo Maibeth Wilson, pero que se desprende del contenido de la sentencia que el A quo de manera tácita no le otorga absoluto valor a su declaración por cuanto ello se refleja en las condenas dictadas en la parte resolutiva, en donde no se concretiza si la persona está viva o muerta. Olvida el Tribunal de Sentencia que en materia penal no basta argumentar un hecho, el mismo debe ser probado y para ello la prueba debe guardar los requisitos mínimos de procedencia, es decir, que sea idónea, útil y pertinente y que además en su conjunto pueda producir como resultado el convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la pretensión de la acusación, lo cual en éste caso no fue superado por las debilidades probatorias imputables al Acusador del Estado. Consecuentemente si no tenemos un cuerpo cierto de persona fallecida — llámese “Cuerpo del delito”- el cual forma requisito sine qua non para que se constituya un delito contra la vida, como entonces es qué el A quo pudo afirmar en el fallo dictado que estamos ante un delito de Asesinato; o bien en su caso, tampoco en juicio se probó que el señor Henry Velásquez este con vida, y que ello se deba a que pese haberse atentado contra su vida por parte de mis representados, se hubiese salvado por causas ajenas a ellos. Dicho así las cosas, insistimos que el fallo dictado en contra de mis representados, no es más que una aberración jurídica por parte del juzgador que esa Honorable Sala debe enmendar como su Superior al casar la sentencia dictada y así evitar una posible exposición del Estado de Honduras ante una corte internacional, todo esto lo que demuestra es que la conclusión arribada por el Juzgador vulnera la regla lógica en su postulado de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, lo cual conllevó que se afectará su decisión final como resultado de su mala valoración de la prueba por quien tenía la obligación de observar las reglas de la sana crítica al momento de su evaluación. De igual manera el Juzgador al momento de valorar la prueba infringió la regla lógica en el postulado de derivación en su apartado de razón suficiente, concretamente la característica de suficiencia, ya que la prueba incorporada al proceso no lleno éstas condiciones y resultó ser insuficiente para lograr la certeza de que mis defendidos son responsables de las muertes por las que se les ha condenado injustamente, véase que del conjunto probatorio de cargo que sí se evacuó en juicio, ésta no fue idónea ni suficiente para lograr derivar de ella que mis representados bajo ningún título participaron en las muertes de Glen Waldan Castro, Alfredo Adan Esquivel Alvarado y en su caso de Henry Velásquez de quien se desconoce si existe o no, o en su caso si está vivo o no. Respecto a la probanza arriba descrita y valorada por el Tribunal, son los puntos que resaltamos en negritas las que cuestionamos de la siguiente manera. Efectivamente si se incorporó en el acto del juicio Acta de defunción de Glen Waldan Castro y Certificado de defunción debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de Alfredo Adan Esquivel Alvarado; como también rindieron declaración testifical las madres de los occisos, la señoras Adelaina Waldan Castro y Adilia Alvarado Nelson respectivamente, por lo que con dichos medios de prueba si se acredita la muerte de los mencionados, más no participación de mis representados en sus muertes, por cuanto las testigos no son presenciales del momento en que fallecieron sus hijos y carecen de éste conocimiento tal como quedó establecido en el debate. Sin embargo algo importante a rescatar de sus declaraciones, es que tanto las madres de los occisos arriba mencionados coinciden que las autoridades tuvieron conocimiento y acceso a los cuerpos de sus hijos, versión que es confirmada por los testigos de cargo Francisco Asís Ramírez y Luís Antonio Hernández, pero curiosamente el Ministerio Público no incorporó al juicio ninguna pericia (autopsia), ni acta de levantamiento de cadáver que explicara al Tribunal y a ésta defensa más allá de cualquier duda razonable la manera y causa de la muerte de ambas personas, quedando ello en el limbo de la investigación que no se llevó a cabo por quien tenía el mandato legal de realizarla en evidente violación a los deberes de los funcionarios, de manera tal, que únicamente se logró acreditar en juicio la muerte legal de los fallecidos, pero no las causas reales de sus muertes, faltando una vez a sus obligaciones el Ente acusador del Estado y que en caso de que se mantenga éste injusto fallo que como antes citamos, las probabilidades de una exposición internacional de nuestro país por violación a los derechos humanos por no cumplir con su obligación de investigar son latentes, por cuanto ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras sentenciado en contra de éste último , se ha pronunciado “que delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público”. Esta defensa quiere dejar en claro que no comparte la impunidad en el caso de estas muertes que sin duda alguna se trató de una aberrante masacre en contra de seres humanos, ni en ninguna otra muerte, pero tampoco puede avalar que se les condene de manera injusta por ello a los señores Juan Alberto y Adrián Galeano Duarte por no ser responsables de ello, y por cuanto quien tuvo y mantiene la facultad de investigar es el Estado a través de sus instituciones- llámese Ministerio Público y las múltiples policías y agencias de investigación existentes en el país- y que sólo puede ser sobre una base sólida y suficiente la única manera en que se puede fundamentar una decisión de culpable lo cual no sucedió en el presente caso. Tal cual lo mencione en otro motivo que antecede al presente, no obstante a la inexistencia de investigación, por cuanto no se aportó medio de prueba alguno de diligencia investigativa realizada, ya que la única que podría lejanamente asemejarse a tener esa apariencia es el álbum fotográfico, lo cual no llega ni a diligencia en vista que el agente de investigación únicamente se limitó a recibir una fotografías que otra persona dice haber tomado; sin embargo y presumiendo en el hipotético caso de que esas muertes hubiesen sido provocadas (causa homicida), de la demás prueba de cargo, ninguna de ella tampoco logró probar que fuesen mis defendidos el autor y cómplice de sus muertes respectivamente como erróneamente lo afirma el Juzgador. El testigo Francisco de Asís Ramírez Mejía, dijo ser el patrono de los occisos, citando a Henry, Donald, Waldan, y Alfredito, y que de ellos solamente Glen era Hondureño y los demás Nicaragüenses; pero no le consta que Juan Alberto Galeano Duarte le dio muerte a Waldan y Alfredito (por cuanto de Henry se desconoce su existencia o si está vivo o muerto por no acreditarse tal extremo) y que Adrián fue su cómplice, en virtud que este testigo no estuvo presente al momento de los hechos que se juzgan y los conocimientos que tiene sobre los mismos son de referencia de parte de Edgardo Maibeth Wilson como él muy bien lo afirmó en su deposición y se registra en el acta de debate. Lo único relevante tal como lo planteara y que menciona el testigo para que insinuase que los señores Galeano Duarte fueron los autores de las muertes de sus trabajadores, es que el deponente afirmó que entre él y mis defendidos existía una previa enemistad por motivos de la propiedad de una finca, y es más, también afirmó el testigo, que él personalmente había recibido amenazas de muerte de parte de los señores Galeano. Sin embargo ésta circunstancia de enemistad citada por el testigo y con la cual pretende introducir un móvil para que mis defendidos atentasen contra la vida de sus trabajadores, es huérfana de prueba que le respalde, entre tanto no se aportó en el debate ningún testigo además de él, ni documento consistente en denuncia presentada ante autoridad competente para que conociera tan seria amenaza de muerte en su contra o bien en contra de sus trabajadores o familia máxime la gravedad del asunto que plantea, pretendiendo justificar así una acción criminosa por parte de mis defendidos en su contra.. Y contrario a probar tales extremos, para esta defensa esta circunstancia de enemistad que afirma el deponente respecto a mis defendidos, es razón suficiente para desacreditar su versión de los hechos, pues demuestra un personal e importante interés en dañar a mis representados y que de manera oportuna utiliza estas muerte en contra de quienes el mismo testigo a afirmado ante el tribunal ser su enemigo, de manera tal que la presente acusación se le presenta como una valiosa oportunidad de quitarse de encima a quienes para él le constituyen un problema. Por su parte el testigo Luís Antonio Hernández García (hijo de Francisco de Asís Ramírez Mejía), afirmó haber llegado a la finca de su padre al día siguiente de los hechos y que tomó fotografías, pero que de las personas muertas, sólo reconoció a Glen y Donald, y que no conoce a los demás porque su padre pasa cambiando los trabajadores. Es decir no estuvo presente ni en el momento de los hechos, por ende su declaración no aporta datos en contra de los señores Galeano Duarte, pero si expone públicamente la desidia e indiferencia con que las autoridades trataron el asunto que ahora nos ocupa y del cual ya nos pronunciamos anteriormente como una franca violación a los deberes de los funcionarios tanto del Ministerio Público como de la policía. El señor Esaú Nectali Gonzales Sánchez, ratificó un álbum fotográfico compuesto de las fotografías que recibió dos años después de los hechos de parte del señor Luís Antonio Hernández García, pero a contrario sensu de lo que el Tribunal consideró, este medio de prueba únicamente sirve para visualizar una escena de la cual el señor Gonzales no puede dar fe por no constarle personalmente, ni mucho menos le consta la fecha ni el lugar en qué fueron tomadas y mucho menos de las identidades de las personas muertas cuyos cuerpos aparecen en las imágenes, no siendo éste medio de prueba útil para demostrar culpabilidad de persona alguna y mucho menos de mis representados, sumado que de quién recibe las imágenes tampoco tiene conocimiento personal de cómo se dieron los hechos, ni de quiénes son sus responsables. Edgardo Maibeth Wilson, el testigo de cargo estrella según estimó el Tribunal y de cuya única versión se logró demostrar todo lo concerniente al presente caso, en virtud que la condena se fundamente única y exclusivamente en sus dichos; éste afirmó ser sobreviviente de los hechos, es decir que se “presume” de que es el único testigo presencial y de cuya narración el Tribunal de Sentencia parte para estructurar los hechos declarados probados del fallo que ahora se recurre, este testigo afirma que mis defendidos junto con otra persona de nombre Rigo y otro a quien no identificó porque andaba con pasamontañas fueron los responsables de las muertes, declaró que Adrián Galeano, tenía agarrado a Donald y que le pegaba en la cabeza con la cacha de la pistola, mientras tanto Juan Galeano le disparaba y daba muerte a Henry, Alfredo y Glen, y que Rigo lo agarró a él y lo tiró al suelo, y que en un momento en que se le cae el cargador de la pistola a Adrián producto de los golpes que con ella le daba a Donald, él (el deponente) aprovechó para salir huyendo y se logra esconder en un escondite ubicado entre el monte que existe en el lugar desde donde logró escuchar cuando Adrián le reclamó a su hermano Juan, porque no le había dado muerte a él primero; también dijo que luego de lo sucedido salió para donde Don Chico, pero que no le habló a la mujer por el susto que pasó y que cuando logró calmarse le habló a Ronald que es el mayordomo de la finca. Para pronunciarnos sobre esta declaración, es importante citar lo declarado por el testigo de cargo Ronald Alvarado Nelson, ésta persona narró que él es el mayordomo de la finca de Chico (refiriéndose al testigo Francisco Asís Ramírez), y que el día de los hechos él estuvo en la casa y que contrató a personas que estaban en el campo haciendo labores de campo (cerco), que Chico se fue a Nicaragua y que cuando venía escuchó disparos y que cuando llegó a la casa le preguntó qué paso, y éste le contestó que Juan Galeano, Adrian Galeano y Rigo llegaron y mataron a la gente que estaba trabajando, y que Chico se regresó a Nicaragua a dar los avisos por la radio emisora; y que él (el deponente) estuvo en la casa y llegó uno de los muchachos y le preguntó qué había pasado y no le comentó nada, que le volvió a preguntar y tampoco le contestó nada y que estaba asustado y que después de 15 minutos le dijo que habían matado a Alfredo, Glen, Henry y otro y que quien los había matado era Juan y Adrian Galeano, Rigo y otro que no le miro la cara porque la tenía tapada. De estas declaraciones resulta evidente que el testigo Ronald Alvarado Nelson tiene conocimiento de los hechos de primera mano de Chico (Francisco Asís Ramírez) su patrón y posteriormente de Edgardo Maibeth Wilson, y no como lo afirma el Juzgador que fue de Edgardo Maibeth, aún y cuando éste punto es irrelevante por cuanto igual se constituye en un testigo referencial indistintamente de quien le contó primero, cuya deposición no puede generar ni siquiera indicio de participación de mis representados. En el caso de Edgardo Maibeth Wilson, quien afirma ser único testigo presencial de los hechos, su versión no cuenta con ningún medio de prueba con confirme sus dichos ni directa, ni indirecta y ni siquiera periféricamente de la cual se desprenda la culpabilidad de los señores Juan y Adrián Galeano. Al contrario su dichos se inundan de dudas respecto a lo siguiente: Él dice que fueron cuatro las personas que participaron en los hechos: 1) Adrián que golpeaba con la cacha de la pistola a Donald, 2) Juan que disparaba en contra de Henry, Glen y Alfredo; 3) Rigo que fue quien lo agarró a él y lo tiró al suelo; 4) De ésta versión el deponente nunca ha manifestado que hacía el cuarto (4) participe mientras todo esto sucedía, o si es que éste se mantuvo inerte aún cuando éste se escapaba de ellos. 5) Y fue claro al manifestar que no logró ver quién dio muerte a Donald. No esclareció el Ministerio Público con éste testigo, cómo es posible que estando Rigo armado y era quien retenía en el suelo al testigo, éste se les escapó cuando fue a Adrián a quién supuestamente se le cayó el cargador de su arma de fuego con la cual golpeaba a otra persona. Es decir, que según la declaración del testigo estrella del Ministerio Público, Rigo nunca perdió su arma de fuego y por ende nunca dejó de someterlo en el suelo, y cómo explica entonces, que siendo que él estaba desarmado y privado de su voluntad por estar tirado en el piso y frente a cuatro (4) personas armadas cuya voluntad absoluta era la de acabar con la vida de todos los que estuviesen presentes en el lugar y los demás acompañantes del testigo yacían muertos, éste testigo logró escapar sin ningún rasguño o lesión ocasionada por disparo de arma de fuego, pese a saber los hechores que era el único testigo que quedaría con vida y que si lo dejaban escapar desde luego los delataría. Tampoco probó el Ministerio Público a través de un experto en balística cuya versión fuese verificable mediante un dictamen en balística, si existe la posibilidad o no que el cargador de un arma de fuego como la que describió el testigo era utilizada supuestamente por mi representado Adrián Galeano, pudiese caer como resultado de golpes al contacto con un objeto romo (cabeza de un ser humano). Otro punto a resaltar, es que en debate también rindió declaración el señor Denis Panxina ó Panting quien refirió que el día de los hechos él se encontraba pescando en una laguna cerca del lugar, cuando pasó el hechor (así lo dijo y consta en el acta de debate) con la pistola al lado y que como a los cinco (5) minutos escuchó el tiroteo, que se acercaron a ver y estaban los muchachos llorando, y ellos vieron y se alejaron del lugar, dice que además de él eran tres más los que vieron. Afirmó el testigo en el acto del juicio que miró a Juan Galeano con el hermano y Rigo, que Rigo portaba una escopeta y Juan una pistola y a los otros dos no los vio bien y que todos vestían de negro, que a los fallecidos no los conocía y que afirma que fueron los Galeano porque solo ellos pasaron ese día, que no paso más gente. Esta declaración carece de veracidad para ubicar a mis defendidos en el lugar de los hechos, por cuanto el testigo en el acto del debate al ser interrogado por el Ministerio Público se le preguntó que si reconocía a los Galeano dentro de la sala de juicio oral y público y él contestó que no, dijo que silos vio en aquel momento de los hechos pero en el tribunal no los ve, justificó que han pasado varios años, dice que en aquel momento les vio la cara pero que ahora los perdió, que no los vio bien, pero si los vio. Y a la pregunta formulada por ésta defensa respondió: Que no se fijo bien porque él estaba muy entretenido pescando. La pregunta del millón es ¿vio o no vio a los señores Juan y Adrian Gonzales? eso no quedó claro, por lo tanto no puede valorarse este testimonio como indicio de oportunidad en contra de mis defendidos. El Ministerio Público por su parte, pese a que el señor Panxina ó Panting afirmó que junto con él había tres personas más que supuestamente también vieron lo que sucedía, nunca hizo el más mínimo esfuerzo por ubicarlos y llevarlos al juicio y demostrar que lo que el deponente afirmo en un inicio era cierto o en su caso, que él testigo mintió, consecuentemente no tiene asidero su pretensión acusatoria. El acusador del Estado nunca asumió la investigación como un deber jurídico propio y como apreciará esa Sala, ni la valoración de la prueba, ni la conclusión arribada por el Juzgador en su decisión es llevada a cabo de forma razonable, al contrario, desde todo punto de vista se evidencia que la última no tiene asidero probatorio en que respaldar tan contradictorio fallo, pues aún y cuando la prueba de cargo fue abundante, esta no resultó ser útil ni suficiente para poder derivar de ella más allá de toda duda razonable que los señores Juan Alberto y Adrián Galeano Duarte son responsables bajo ningún grado de participación ni por delitos consumados de Asesinato, ni mucho menos por la tentativa de asesinato, y que el Tribunal llegó a su convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, lo cual generó vicios in procedendo susceptibles de recurrir vía casación, pues además de todo lo antes mencionado, también de la valoración intelectiva del A quo (último párrafo de la página 6 de la sentencia) y de la cual al inicio de nuestra explicación transcribimos, el Juzgador estimó “que inclusive a Donaldo Bernard Germán les fue quitada la vida por parte de mis defendidos y otras dos personas que los acompañaron a través de armas de fuego”, entonces si para el A quo esto quedó demostrado con la prueba valorada, como explica entonces que declara probado en el apartado tercero de los hechos de la sentencia “que no se sabe la persona que directamente le quito la vida” y consecuentemente a ello en la parte dispositiva absuelve de responsabilidad por esa muerte a los señores Galeano Duarte. Siendo evidente el funesto proceso intelectivo de valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal, que patentiza la concurrencia de los vicios anunciados, mismos que son externados por nuestra parte hasta en este momento ya que los mismos se producen en el acto mismo de sentenciar, por ende no era posible efectuarse reclamación alguna previamente, por lo que únicamente cabe casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio, conocido por un Tribunal distinto al Sentenciador.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos en que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89, 90 y 94 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pretensión: que se case el fallo impugnado, que se declare a lugar el presente motivo y se dicte un fallo ajustado a derecho en el cual se absuelve a los acusados. Explicó la recurrente que no se aportó en el acto del debate prueba de cargo contundente y suficiente para quebrantar el estado de inocencia de los acusados; en el apartado tercero de la parte dispositiva del fallo recurrido, se condena a los acusados por el delito de asesinato en perjuicio de Henry Velásquez y en el apartado sexto de esa misma parte dispositiva se condena a los imputados por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio del mismo ofendido Henry Velásquez, por lo que se pregunta la censora si Henry Velásquez está vivo o muerto; pues no hay certificado de nacimiento, ni de defunción que acredite su muerte legal. Del Derecho a la presunción de inocencia[1]. Para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio-derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. Del Derecho al Debido Proceso[2] El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales para el Estado mismo, con la finalidad de racionalizar el ejercicio punitivo dentro de un marco de respeto a la dignidad humana de quienes son enjuiciados. Así tenemos que la Constitución de la República, precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable, en ese sentido el Estado -para quebrantar el estado de inocencia de un ciudadano llevado a juicio- deviene obligado a observar las formas de juzgamiento que él mismo se ha impuesto a efectos de salvaguardar dentro del proceso los derechos del enjuiciado; en ese orden de ideas, verbigracia, para efectos de valoración de la prueba se impone que estas han de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y que las sentencias han de ser debidamente motivadas fáctica y jurídicamente, no contradictorias; no observar estos requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, importaría una violación a las formalidades integrantes del proceso y consecuentemente al debido proceso como derecho del justiciable. De la procedencia del recurso. El motivo es parcialmente de recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la presente sentencia posee una grave transgresión al debido proceso, al haber incurrido el sentenciador en error al sancionar una sola conducta de los imputados en dos ocasiones, pues al revisar la parte dispositiva de la sentencia fácilmente podemos verificar que el juzgador condenó a los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte por el delito de asesinato en perjuicio de Henry Velásquez y a la vez por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio del mismo ofendido Henry Velásquez; acción que no puede considerarse un simple error de transcripción pues definitivamente este yerro violenta el debido proceso que debe observar el sentenciador en cada fallo penal que dicte. El derecho al debido proceso comprende un conjunto de restricciones constitucionales y legales que el mismo Estado se ha impuesto, con el objetivo de sistematizar la actividad judicial en el respeto a la dignidad humana de los imputados; es por esa razón que nuestra carta magna establece en su artículo 90, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, de tal forma que todo proceso de juzgamiento debe observar de manera imperativa esas formalidades que la propia ley recoge, esto como un derecho de las personas sometidas a proceso penal; en ese orden de ideas para que el Estado logre quebrantar el Estado de Inocencia de una persona sometida a juicio, está obligado a respetar los procedimientos y forma de juzgamiento que él mismo ha ordenado, por ejemplo que la prueba sea razonada conforme a las reglas del recto pensamiento humano, que las sentencias estén debidamente redactadas y motivadas en los hechos como en el derecho. En el caso sometido a juicio en la fundamentación jurídica de la sentencia, específicamente en su parte resolutiva el sentenciador ha incurrido en grave error al sancionar a los acusados por una misma acción en dos oportunidades, lo cual a todas luces no solo violenta el derecho al debido proceso, sino que su derecho de defensa, yerro que merece reproche casacional y por tanto deberá revocarse parcialmente el fallo únicamente en relación a la condena por asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio del ofendido Henry Velásquez. La recurrente ha señalado también, que se ha violentado además el derecho a la presunción de inocencia, pues no se acreditó si el señor Henry Velásquez realmente existió y no se probó su muerte legal. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera exhaustiva el fallo recurrido y es posible confirmar que algunos testigos de cargo establecen la presencia de una persona nombrada como Henry Velásquez de nacionalidad nicaragüense y quien supuestamente murió a manos de los acusados según el testigo presencial Edgardo Maibeth Wilson, quien afirmó que el señor Henry Velásquez era uno de los trabajadores de la finca de don Chico; sin embargo al hacer una búsqueda detallada del legajo probatorio no es posible encontrar, dentro de las pruebas evacuadas en el debate, documento alguno que acredite la existencia real de esta persona y además su muerte legal, pues no se evacuó en el debate constancia que acredite su defunción; contrario a lo que observamos con el resto de ofendidos Glen Waldan Castro, Alfredo Adán Esquivel Alvarado y Donaldo Bernard Germán de quienes se presentó la respectiva certificación de actas de defunción y por ser algunos de nacionalidad nicaragüense las mismas fueron debidamente apostilladas, tal como lo hace constar el sentenciador; ahora bien en relación al señor Henry Velásquez no entiende esta Sala de lo Penal cómo el juez a-quo logró extraer del legajo probatorio su muerte legal, pues no existe prueba que lo acredite, violentando gravemente su estado de inocencia en relación a este ofendido, lo cual merece reproche casacional y es procedente revocar parcialmente el fallo en el sentido de declarar absueltos a los acusados del asesinato del señor Henry Velásquez debido a que no se probó su deceso legal. En cuanto al resto de cuestionamientos de la censora, en el sentido que no se probó con prueba alguna la participación de los acusados en las muertes de los señores Glen Waldan Castro y Alfredo Adán Esquivel Alvarado, este Sala de Casación contradice dicha posición, pues existe un testigo presencial que observó toda la dinámica de los hechos, es decir el señor Edgardo Maibeth Wilson, quien de no ser por su intrepidez al lograr huir de los acusados también sería una de las personas que hubiese muerte el día de los hechos, su testimonio unido con el resto de prueba testifical y documental se acredita sin lugar a dudas la participación y responsabilidad de los acusados Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte en las muertes de los ofendidos Glen Waldan Castro y Alfredo Adán Esquivel Alvarado, incluso considera esta Sala de lo Penal que el sentenciador contaba con suficiente prueba indiciaria para llegar a la conclusión de condena también por el ofendido Donaldo Bernard Germán, pero que el juzgador determinó absolver a los acusados por falta de prueba; ahora bien en vista del principio de no reforma peyorativa esta Sala de lo Penal no puede modificar su fallo en el sentido de considerarlos igualmente responsables de esa muerte. En conclusión para esta Sala de lo Penal se quebrantó parcialmente el estado de inocencia de los acusados en relación al ofendido Henry Velásquez, pero en cuanto al resto de perjudicados considera esta Sala que la presunción de inocencia fue debidamente vencida por el ente acusador al acreditarse con prueba suficiente y legal su participación en dichos decesos, por lo que este motivo de casación debe ser declarado parcialmente ha lugar. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 321 del Código Procesal Penal Concepto de la infracción: violación al debido proceso y al derecho de defensa. Pretensión: que se case el fallo impugnado y se dicte un fallo ajustado a derecho en el que se absuelvan a los acusados. Explicó la recurrente que se infringió el derecho de defensa y el debido proceso de los acusados pues se presentó requerimiento fiscal contra los imputados por el delito de Homicidio en concurso real en perjuicio de Glen Waldan Castro, Alfredo Adán Esquivel Alvarado y Donald Bernard German y Henry Velásquez y por el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Edgardo Maibeth Wilson; en audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento por esos mismo delitos y de igual forma en la audiencia preliminar en la cual el juzgador dictó auto de apertura a juicio por los delitos de homicidio y homicidio tentado; sin embargo en el momento del juicio oral y teniendo como base el articulo 321 solicitó que se modifique la calificación legal de homicidio a asesinato, afectando el derecho de defensa de los imputados. Del Derecho de Defensa[3] Respecto al Derecho de Defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). Pero además, el derecho de defensa también le asiste al Ministerio Público, al acusador privado o Procuraduría General de la República, en su caso, a quienes de igual forma se les debe garantizar la observancia de las normas procesales que permitan la defensa de los intereses que representan, por lo que los derechos de igualdad, audiencia, presentación de pruebas, contradicción e impugnación también le son inherentes a su participación en el proceso. Del Principio de Congruencia[4] Esta Sala de lo Penal, conforme a la doctrina mayoritariamente aceptada, aprecia que los aspectos relevantes del principio acusatorio son: 1) No puede existir proceso sin acusación previa formulada por persona distinta del acusador; y, 2) No cabe condena por hechos distintos, ni persona distinta a los señalados por la acusación”. (Vid. Páginas 297 y 298 “La Reforma Procesal Penal y el Ministerio Público en Honduras. Justificación y Perspectiva”. Autor: Rigoberto Cuellar Cruz) El Art. 337 del Código Procesal Penal, sobre la congruencia entre la sentencia y la acusación, en su parte conducente dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.” El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el juez los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base y el ejercitar una actividad plena en el proceso; de este modo es que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él, una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello obligado el juez o tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. De lo que se desprende que el debate en el proceso penal vincula al juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. No obstante lo anterior, el juez puede modificar la calificación de los hechos enjuiciados, siempre que no sea en perjuicio del reo, y que exista identidad fáctica y homogeneidad en dicha calificación. Son delitos o faltas generalmente homogéneos los que constituyen modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que, estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el tipo delictivo contenido en la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse. De la procedencia del recurso. El motivo es parcialmente de recibo. En el presente caso, al revisar el acta de debate que corre agregada a folios 184 al 196 de la foliada judicial, constata este Tribunal de Casación que el fiscal del Ministerio Público en el debate o juicio oral, al momento de exponer las posiciones planteadas en la formalización de la acusación, solicitó al amparo del artículo 321 del Código Procesal Penal, la modificación de la calificación de los hechos por el cual el ente acusador considera probará en audiencia, pues ya no aprecia a los sucesos como constitutivos de 4 delitos de homicidio sino que por 4 delitos de asesinato y un asesinato tentado de conformidad a lo que establece el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, para lo cual el Ministerio Público consideró que acreditará con la prueba, que los acusados se aprovecharon de manera alevosa y en total ventaja neutralizaron cualquier respuesta que pudiera venir de parte de las víctimas, ya que estos se encontraban realizando labores de campo, llegando los acusados acompañados de otras dos personas portando armas cortas y largas, también estableció el agente fiscal que acreditará que hubo premeditación pues estas personas desde su propiedad planearon la muerte de los ofendidos, hubo desplazamiento de las fincas vecinas, fueron vistos ejecutar estos hechos por otras personas, por lo que en amparo del artículo 321 del CPP el Ministerio Publico modificó los hechos de la acusación. Conforme a esa modificación de la calificación de los hechos de la acusación, el sentenciador condenó a los acusados Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte por 2 delitos consumados de asesinato y por un delito tentado de asesinato. El hecho litigioso y la pretensión punitiva propuesta con base en él y en su tratamiento jurídico quedan fijados en la audiencia preliminar. Sobre ello versará el debate que tiene lugar en el juicio oral. Sin embargo, el artículo 321 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de una ampliación de la acusación en los términos siguientes: “Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el Fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nuevos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedir se amplíe su declaración. Aun no siendo necesaria la práctica de prueba, el Defensor del acusado podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. La corrección de simples errores materiales, o la inclusión de alguna circunstancia que no modifique esencialmente la imputación ni afecte el derecho de defensa, no tendrán el carácter de ampliación. En caso de descubrimiento de hechos nuevos, independientes, conexos o no con el hecho objeto del juicio que puedan constituir delito, se abrirá un procedimiento diferente para su investigación y enjuiciamiento separados”. Conforme a ese articulado el ente acusador dispuso solicitar una nueva calificación de los hechos, sin embargo, este artículo está en completa relación con el artículo 337 del mismo cuerpo legal, que establece: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas…” Al realizar un análisis de ambas normas procesales, es posible establecer que el ente acusador al momento de solicitar un modificación de la calificación legal de los delitos de homicidio a asesinato, no lo hizo con base en una ampliación de la acusación propiamente dicha, pues no estableció el agente fiscal cuales fueron esos hechos o circunstancias relacionados con el hecho objeto del juicio que no fueron mencionados en la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito; pues la justificación que señaló el acusador en cuanto a que existía alevosía como elemento del delito de asesinato, era que los imputados sometieron a los ofendidos sin posibilidad de defenderse, lo cual no constituye un hecho o circunstancia nuevo, pues los mismos ya habían sido mencionados y relacionados en los hechos objeto de investigación desde el requerimiento fiscal y sin existir ningún hecho nuevo que diera pie a modificar la calificación legal, pues todas esas circunstancias eran ya conocidas por el ente acusador desde los inicios de la investigación, por tanto el juzgador no debió aceptar la modificación de la calificación legal del delito de homicidio a asesinato, pues el ente acusador no contaba con fundamento legal para hacerlo y sin duda alguna dicha acción perjudicó y transgredió el derecho defensa de los imputados y el principio de correlación entre acusación y sentencia, pues los acusados se han venido defendiendo durante todo el proceso penal por los delitos de homicidio y homicidio tentado, infringiéndose de ese modo, el principio acusatorio, en lo concerniente a la correlación entre acusación y sentencia, concretamente en lo dispuesto por el artículo 337 del Código Procesal Penal; consecuentemente debemos declarar con lugar parcialmente el presente motivo de casación por infracción de precepto constitucional, por violación del derecho de defensa, sin perjuicio de la pena que deberá imponerse por el delito de homicidio y homicidio tentado, teniendo en cuenta que con la prueba evacuada en el proceso se acreditan suficientemente los elementos de esa figura delictiva. Una vez que esta Sala de lo Penal considera procedente reformar la presente sentencia, en el sentido de condenar a los acusados por dos delitos de homicidio, es necesario determinar entonces su participación. Para esta Sala de lo Penal ambos acusados actuaron movidos por un plan preconcebido y teniendo todos el dominio funcional del hecho, de ahí que su participación es como coautores conforme a la teoría del dominio del hecho que ha hecho suya jurisprudencialmente esta Sala de Casación; ahora bien, al analizar la sentencia recurrida el sentenciador erróneamente considera que el acusado Juan Alberto Galeano Duarte actuó como autor y que el co-imputado Adrián Galeano Duarte como cómplice, cuando las acciones fueron realizadas con base en un reparto de funciones y por un plan ya trazado por los acusados, sin embargo en virtud de que el recurso es presentado por la defensa, esta Sala de lo Penal no puede modificar en perjuicio conforme lo establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, por lo que al momento de dictar sentencia, esta Sala debe respetar la decisión del a-quo de considerar al acusado Juan Alberto como autor y al señor Adrián como cómplice. Para determinar la pena concreta, el juzgador consideró que si bien existía alevosía, no podía tomarla en consideración porque ya la estaba utilizando para agravar la acción de los acusados como un delito de asesinato; ahora bien, para esta Sala de lo Penal, en virtud de que se declaró ha lugar parcialmente el recurso de casación en el sentido de que no debió modificarse la calificación legal de homicidio a asesinato, si considerará esa agravante para determinar la pena concreta; también el a-quo consideró la existencia de dos agravantes más, ejecutar el hecho con auxilio de gente armada y también hacerlo en cuadrilla, tal como quedó establecido en los hechos probados; mismas agravantes que utilizará esta Sala de lo Penal para determinar la pena concreta. En el caso del imputado Juan Alberto Galeano Duarte, se le condena a título de autor por dos delitos de homicidio, por lo que la pena a imponer para cada uno de ellos será la máxima de 20 años de reclusión, haciendo un total de 40 años de reclusión. En el caso del señor Adrián Galeano Duarte, se le condena a título de cómplice de dos delitos de homicidio, la pena del homicidio es de 15 a 20 años, rebajándola en 1/3 como lo dice el artículo 66 del Código Penal la nueva pena abstracta oscilaría entre 10 años a 13 años 4 meses de reclusión; pero observando igualmente las mismas tres agravantes ya mencionadas, por lo que es procedente imponer la pena máxima de 13 años 4 meses de reclusión por cada homicidio, haciendo un total de 26 años 8 meses de reclusión. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: motivación jurídica contradictoria. Reclamación ex-ante: el vicio denunciado en el presente motivo se produce en el momento de sentenciar, por lo que no ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación. Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que conforme el artículo 141 del Código Procesal Penal las sentencias deben contar, bajo pena de nulidad, de motivación suficiente que explique los hechos y fundamentos de derecho en que se basa su resolución; el vicio ocurre cuando en la sección de fundamentación jurídica se denota el irrespeto al principio de coherencia, pues en el numeral sexto se establece de forma escueta que los acusados son considerados autores de los hechos, omitiendo el sentenciador motivar o explicar de manera lógica y coherente cual fue el razonamiento que lo arribó a esa conclusión. De los motivos de Casación del artículo 362 numeral 3 del CPP La normativa procesal penal en lo referente a los vicios de motivación, comprende en su artículo 362 numeral 3 supuestos diferentes: a) Carencia de motivación fáctica o jurídica, que refiere a la falta absoluta de motivación ya sea fáctica o jurídica, se trata de casos en los cuales no existe ninguna motivación que justifique la decisión del tribunal, quizás en la praxis el más remoto de ocurrir. b) Que las motivaciones sean insuficientes, que lo es cuando se deja de referir a alguno de los aspectos que necesariamente se deben comprender, verbigracia, hechos y derecho. Debe darse una valoración de todas las alegaciones efectuadas por las partes y puede darse al haber ausencia de descripción o valoración de la prueba. Concurrirá cuando en la sentencia no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cuál fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados. c) La motivación contradictoria, la cual concurre cuando se da una dualidad auto-excluyente lesionándose las reglas de la lógica deductiva de no contradicción. Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de el fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica. d) El último supuesto y más comúnmente infringido es el referido a los vicios de motivación por inobservancia de las reglas de la “sana crítica” la lógica, la psicológia, y la experiencia común. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que hay motivación contradictoria, cuando los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica; en una buena técnica la recurrente debe ser capaz de señalar de manera puntual cuales son los razonamientos contradictorios en los que incurrió el juzgador. En el presente caso considera esta Sala de Casación que la censora ha errado en la vía recursiva que ha utilizado para denunciar el supuesto vicio, pues señaló como vicio la motivación contradictoria de la fundamentación jurídica, pero argumentó que el juzgador no fue capaz de motivar o explicar de manera lógica y coherente cuál fue el razonamiento que utilizó para concluir que los acusados son considerados autores de los hechos; ante tales fundamentos no cuestiona entonces ninguna fundamentación contradictoria, sino que una motivación insuficiente, que se da cuando en la sentencia no se explica lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para determinada decisión o cuando habiendo valorado cierta prueba no se diga claramente cuál fue la tomada en cuenta para fijar los hechos probados. Revisando la sentencia recurrida es posible encontrar en el numeral cuarto de la fundamentación jurídica, que el juzgador estableció las razones que tomó en cuenta para considerar culpables a los imputados, estableciendo que ambos acusados comprendían la ilicitud de sus actos y sabían que esa conducta estaba prohibida por el derecho, por lo que, les es exigible esa acción; posteriormente en el numeral sexto establece el a-quo que conforme el articulo 31 y 32 del Código Penal los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte son autores, al haber realizado las conductas de forma personal; si bien no es una explicación extensa del porqué considera a los acusados como autores, es posible extraer de estos numerales la razón para considerarlos autores, pues advirtió que tomaron parte directa en la ejecución del hecho ya que realizaron las conductas de forma personal; considera esta Sala de lo Penal que es posible extraer de dichos numerales las razones que el sentenciador consideró para considerar a los acusados como autores de los hechos, por lo que este motivo de casación debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: el vicio denunciado en el presente motivo se produce en el momento de sentenciar, por lo que no ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación. Pretensión: sin determinar por la censora Explicó la impetrante que el sentenciador consideró las declaraciones testificales de cargo como coherentes al tener estos un anclaje (incardinación); pero refiere la censora que sus afirmaciones son inferencias propias de su imaginación porque no tienen ningún apoyo probatorio, por ejemplo: no se acreditó que el señor Henry Velásquez realmente exista o si está muerto o vivo; violentando la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente en su característica de veracidad, pues a pesar de ello condenó a los acusados por su muerte como un asesinato consumado y otro tentado. Consideró la censora que en el caso de los otros ofendidos, se condenó de manera injusta a los imputados, pues no hay investigación y no se aportó prueba que acredite su participación. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de Casación analiza que la recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para hacer ver el supuesto vicio denunciado, pues si bien señala la regla de la lógica de derivación como norma violentada, no es capaz de determinar cuáles son esos razonamientos erróneos del juzgador y cómo incurre en dicha transgresión, pues lo que la recurrente efectúa son cuestionamientos de instancia y procede a externar juicios de cómo, a su criterio, se debió valorar la prueba, proceso mental vedado en esta etapa de casación pues dicha tarea compete únicamente al sentenciador quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. Al analizar la sentencia recurrida es posible determinar que el sentenciador no solo realizó una adecuada y coherente valoración probatoria, sino que además contó con pruebas suficientes para llegar a la conclusión de condena para los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte. En el acápite “Valoración de la Prueba, el juez a-quo efectuó -no solo la valoración descriptiva de la prueba- sino que además la complementó con la valoración intelectiva de cada medio probatorio; por ejemplo: estableció que se contó con la declaración del testigo Edgardo Maibeth Wilson, quien también fue ofendido en las presentes diligencias, pues era uno de los trabajadores que se encontraba junto con los otros ofendidos, pero que logró salir con vida gracias a su astucia y valentía al escapar de sus hechores, este testigo observó cuando los acusados quitaron la vida a los señores Glen Waldan Castro, Alfredo Adal Esquivel, Henry Velásquez y al momento de escapar tenían sometido al señor Donald Bernard Germán apuntándole con un arma de fuego; si bien solo constituye un testigo presencial de los hechos, su testimonio fue considerado como creíble por el tribunal sentenciador y coincidía con las actas de inspección y actas de defunción de los ofendido; de este testigo advierte el a-quo que le consta lo ocurrido pues fue percibido por sus propios sentidos, siendo trascendental su declaración, pues el testigo conocía con anterioridad a los acusados, ya que eran de la zona, incluso menciona a una tercera persona conocida como “Rigo” y que no reconoció a una cuarta persona; además da detalles de quien ejecuta el hecho directamente, ubicando a los hechores como a las víctimas en tiempo y espacio, así como la dinámica de cómo ocurrieron los hechos. Esta declaración unida al resto de prueba da al sentenciador la certeza de la culpabilidad de los acusados en los hechos investigados, efectuando una correcta valoración probatoria. Ahora bien, con relación al ofendido Henry Velásquez que tal como lo advierte la censora no existe prueba que acredite su existencia o su muerte legal, incurriendo en error el sentenciador al condenar a los acusados por el deceso de esa víctima, dicho yerro judicial ya fue enmendado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional que presentó la censora, por lo que no procede referirnos al respecto. En conclusión, considera esta Sala de lo Penal que el sentenciador efectuó adecuados juicios de valor de las pruebas evacuadas en el debate, teniendo como base las reglas de la sana crítica, por lo que es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Decisión: Se declara parcialmente ha lugar los dos motivos de casación por infracción de precepto constitucional; se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15, 66, 69 y 116 del Código Penal. Falla: Primero: a) Declara parcialmente Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo, interpuesto por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores en su condición de defensora privada de los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte. b) Revoca parcialmente la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil dieciseis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida. c) Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal a los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte por los delitos de Asesinato y Asesinato tentado en perjuicio de Henry Velásquez. Segundo: a) Declara parcialmente Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo, interpuesto por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores en su condición de defensora privada de los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte. b) Reforma la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil dieciseis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida. c) Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Condena al señor Juan Alberto Galeano Duarte como autor del delito de Homicidio en perjuicio de Glen Waldan Castro, a la pena de veinte (20) años de reclusión, la que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de El Porvenir, Departamento de Atlántida o en la penitenciaria que el juez de ejecución determine. Condena al señor Juan Alberto Galeano Duarte como autor del delito de Homicidio en perjuicio de Alfredo Adal Esquivel Alvarado, a la pena de veinte (20) años de reclusión, la que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de El Porvenir, Departamento de Atlántida o en la penitenciaria que el juez de ejecución determine. Penas que sumadas hacen un total de cuarenta (40) años de reclusión, mismas que deberá cumplir una en pos de otra. 2) Condena al señor Adrián Galeano Duarte como cómplice del delito de Homicidio en perjuicio de Glen Waldan Castro, a la pena de trece (13) años 4 meses de reclusión, la que deberán cumplir en la penitenciaría nacional de El Porvenir, Departamento de Atlántida o en la penitenciaria que el juez de ejecución determine. Condena al señor Adrián Galeano Duarte como cómplice del delito de Homicidio en perjuicio de Alfredo Adal Esquivel Alvarado, a la pena de trece (13) años 4 meses de reclusión, la que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de El Porvenir, departamento de Atlántida o en la penitenciaria que el juez de ejecución determine. Penas que sumadas hacen un total de veintiséis (26) años ocho (8) meses de reclusión, mismas que deberá cumplir una en pos de otra 3) Que debemos condenar y condenamos a los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. 4) Se declara a los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte responsables civilmente por la indemnización de los perjuicios y la reparación del daño moral, derivados de los delitos por los que han sido condenados, lo cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores en su condición de defensora privada de los señores Juan Alberto Galeano Duarte y Adrián Galeano Duarte. Cuarto: Se mantiene incólume la sentencia en el resto de pronunciamientos. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado FIRMA Y SELLO. FIRMA Y SELLO. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-453-2016. FIRMA Y SELLO.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 142-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 08 de noviembre de 2012.

[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 187-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 15 de abril de 2013.

[3] Vid Sentencia de Casación Penal SP 187-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril de 2013.

[4] Vid Sentencia de Casación Penal SP 322-2007, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 11 de agosto de 2009.