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Sentencia CP-449-17 — Registro 13260

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la retroactividad de la ley penal (Código Penal 130-2017).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. Iniciaremos estableciendo el yerro de la censora al establecer como precepto autorizante los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, cuando claramente estos preceptos no constituyen la norma que permite la presentación del presente recurso, sino que son más bien las normas constitucionales que se consideran violentadas, siendo el precepto autorizante la norma del Código Procesal Penal que autoriza la presentación de esta impugnación; de igual forma no establecen los censores cuál es su pretensión con la presentación del presente recurso de casación, volviendo el recurso falto de claridad por lo que resulta más difícil tratar de dar una respuesta a sus cuestionamientos. En el presente caso la prueba aportada y evacuada en el juicio fue suficiente para que a la mayoría del Tribunal llegara a la certeza de condena para el ahora acusado Oscar Orlando Miranda Lagos; encontramos las declaraciones de tres testigos presenciales, la primera la señora Ana Patricia Murillo Gaitán, quien vendía golosinas en las cercanías de la cancha de futbol lugar donde se suscitaron los hechos; ella es muy clara y contundente al afirmar que se jugaba un partido de futbol y el muchacho no fue quien lo mató sino que fue el hermano Ángel, manifestó que el hecho ocurrió en la esquina del campo y que ella estaba cerca, afirma que Ángel estaba solo cuando disparó y luego vino el hermano y agarró al muchacho Ángel, y no miró lo que hizo Oscar Miranda, que ella vio cuando Oscar agarró a su hermano pero no sabe si él disparó, esta declaración concatenándola con las de Milvia Araceli Hernández y Williams Geovany Murillo, esposa e hijo del ahora ofendido; quienes son categóricos al afirmar que estaban en el campo de futbol, llegó el acusado y su hermano, no hubo palabras entre ellos, llegaron y dispararon, el primero en disparar fue Ángel, luego con el mismo pulso de él agarró la mano del hermano y disparó al corazón, eso, afirmaron los testigos, ya era un plan de ellos. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del Sentenciador para valorar la prueba son lógicas, suficientes y derivadas del legajo probatorio; las conclusiones a las que arribó para adquirir la certeza de su fallo son correctos, las declaraciones de estos tres testigos se complementan entre si y aunque dos de ellos son familiares del ofendido, sus dichos no se desmeritan por ese hecho, pues las declaraciones de estos son confirmadas por una testigo presencial también la señora Ana Patricia Murillo Gaitán quien si ningún interés confirmó buena parte de las declaraciones de la esposa y del hijo del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para el imputado, las declaraciones de los testigos presenciales son contundentes en establecer que observaron cuando el ahora acusado Oscar Orlando Miranda Lagos y su hermano dispararon en la humanidad del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, lo que provocó su muerte. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían el señor Oscar Orlando Miranda Lagos; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Oscar Orlando Miranda Lagos, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Berlín Eliezer Murillo Martínez. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio, se penaliza en el artículo 192, cuya pena es de 15 a 20 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que el señor Oscar Orlando Miranda Lagos le quitó la vida al ahora occiso Berlín Eliezer Murillo Martínez, imponiéndole una pena de 15 años de reclusión, pena que se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación del decreto 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 449-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló; Primero: condenó al señor Oscar Orlando Miranda Lagos, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Berlin Eliezer Murillo Martínez a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: se le declaró la responsabilidad civil del señor Oscar Orlando Miranda Lagos a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procedió el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada Norma Yaneth Merlo en su condición de defensora pública del imputado. Son Partes en la única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Oscar Orlando Miranda Lagos, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que en fecha veintidós de junio del año dos mil catorce en horas de la tarde se desarrollaba un partido de futbol entre los equipos de Club Deportivo Veracruz y Club Deportivo Villa nueva, en el campo de futbol que se encuentra ubicado en la aldea de Las Vegas Veracruz municipio de Trojes del departamento de El Paraíso, lugar donde se encontraba el señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, junto a su hijo Williams Geovany Murillo y su esposa Milvia Aracely Hernández, momento en el que se le acercaron los señores Ángel Miranda, y Oscar Orlando Miranda Lagos, ambos hermanos y sin mediar palabra el señor Ángel Miranda tomo su arma de fuego e hizo tres disparos contra la humanidad del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, posteriormente el señor Oscar Armando Miranda Lagos, agarró la mano del señor Ángel Miranda, mientras este dispara y se la direccionó hacia el pecho del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, produciéndose de esta manera el cuarto impacto de bala a la altura del tórax. SEGUNDO: Según Dictamen de Autopsia practicado al cuerpo del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, determina que la causa de muerte fue por heridas por proyectiles de arma de fuego con laceración pulmonar con hemotorax.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Violación al Principio In dubio Pro Reo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 89, 90 de la Constitución de la República en relación al 339 y 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: El Tribunal de sentencia por mayoría transgredió el principio del In dubio pro reo, al condenar al señor OSCAR ORLANDO MIRANDA LAGOS, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de BERLIN ELIEZER MURILLO MARTÍNEZ, en virtud de que conforme a la carga de prueba evacuada y bajo el mismo análisis desarrollado por el tribunal de sentencia, esta representación considera que no se pudo quebrantar su estado material de inocencia. Ya que esta figura es un principio derivado del estado de inocencia material con que cuenta toda persona por mandato constitucional. SEGUNDO: Este estado de inocencia es quebrado mediante la declaratoria de culpabilidad en sentencia definitiva dictada y sostenida por un conjunto de medios probatorios que señalen con certeza positiva, la culpabilidad de una persona, en el caso de autos señores magistrados existe sentencia definitivo que declara culpable al señor OSCAR ORLANDO MIRANDA LAGOS, en el supuesto delito de Homicidio Simple en perjuicio de BERLIN ELIEZER MURILLO MARTINEZ, sin embargo tal declaratoria de culpabilidad está sostenida en medios probatorios que no pudieron acreditar con certeza positiva, la ya mencionada culpabilidad de mi representado, que en ningún momento tuvo participación , debe de probarse la culpabilidad mas allá de cualquier duda razonable. TERCERO: Según el Maestro Peña Cabrera, prescribe el principio de Indubio Pro Reo, si en el proceso no existe prueba de cargo que ponga en evidencia la responsabilidad penal del acusado, no puede precisarse el grado de participación en el evento delictivo surgiendo toda duda razonable, al respecto la misma que le favorece en aplicación del principio universal del indubio pro reo. En consecuencia no se podrá condenar a un acusado sino cuando se le pruebe el delito que se le imputa, en caso de duda se absolverá, pues mas vale dejar libre a un culpable que condenar a un inocente, dejando en el ambiente una duda metódica que quiérase o no beneficia a mi representado, CUARTO: Cuando la prueba reunida en juicio penal no resulta la absoluta certeza que el sujeto incurrido en un hecho punible, el procesado debe ser absuelto, porque la duda favorece al reo, implicando un aseguramiento a la garantía de Defensa y debido proceso que le asista a todo imputado, como sucede en el caso de autos, como bien lo interpreta el Juez disidente, quien refiere a la declaración de Ana Patricia Murillo Gaitan, que manifestó presenciar un partido de futbol, cuando se le acerco un individuo plenamente identificado corno Ángel, que sin mediar ninguna discusión entre ellos torno un arma de fuego procediendo a disparar en cuatro ocasiones produciéndole heridas mortales que provocaron la muerte del hoy occiso, la misma deponente hizo énfasis a la participación del acusado Oscar Orlando Miranda Lagos, el cual se movilizo hasta la escena del crimen para llevarse al individuo que había disparado y que de acuerdo con la deponente se trataba de su hermano. Y además porque denotara tener ningún interés en el presente proceso criminal a pesar del parentesco que mantenía con el occiso y únicamente relato lo que presencio a través de sus sentidos y por supuesto contradiciendo lo manifestado por los otros testigos de cargo Milvia Araceli Hernández y Williams Geovany Murillo, ya que a estas declaraciones no tiene ninguna credibilidad para el Juez disidente, porque los deponentes afirman que la participación del acusado Oscar Orlando Miranda Lagos consistió en que supuestamente “agarro la mano del señor Ángel Miranda, mientras este dispara y se la direcciono hacia el pecho del señor Berlin Eliezer Murillo Martínez, produciéndole de esta manera el cuarto impacto de bala a la altura del tórax” De esta manera se aparta del criterio de la mayoría del tribunal, porque se considera que tal extremo fue imposible de acreditarse en la audiencia de debate, siendo evidente que la persona que disparo en las cuatro ocasiones, mantenía el dominio del hecho, el cual no recae en el hoy acusado y tampoco se puede asegurar que el último disparo sea el que ocasiono la muerte del occiso, tal como aseguran los deponentes. En este sentido ambos testimonios son totalmente contradictorios con lo manifestado por la señor Ana Patricia Murillo Gaitan, quien de forma enfática acredito que el individuo conocido como Ángel es quien utilizo el arma de fuego y disparo en cuatro ocasiones, por lo que este medio de prueba testifical no es confiable por mantener un interés directo como familiares del occiso para involucrarlo. QUINTO: Y procediendo a valorar los medios de prueba de la Defensa privada avalamos la opinión del Juez disidente en cuanto a las declaraciones de la prueba de descargo de los señores LUIS ARTURO RODRIGUEZ, RUFINO LOPEZ MONTENEGRO Y FACUNDO RODRIGUEZ, a considerarlos creíbles porque se tiene por acreditado que al momento que ocurrieron los hechos , todos se encontraban compartiendo con el acusado Oscar Orlando Miranda Lagos, en la pulpería propiedad de Juan ubicada a una distancia de cincuenta varas aproximadamente, de donde quedo tirado el cuerpo sin vida del señor Berlin Eliezer Murillo Martínez y así mismo coinciden en manifestar que solamente escucharon disparos. De lo anterior el Juez disidente considera que los testimonios son congruentes porque permiten acreditar que el acusado no participo en el hecho criminoso sino que se encontraba en otro sitio, y además coincidiendo en lo versado por la señora Ana Patricia Murillo Gaitan como también con el testigo de descargo Rufino López Montenegro (alcaldía Auxiliar en ese tiempo), quien afirmo que llego a la escena del crimen acompañado del acusado, por tal razón este medio de prueba es totalmente confiable, SEXTO: De lo anteriormente se desprende que es indispensable y necesaria la plena prueba o sea la absoluta certeza de que se ha cometido un delito, debió de comprobarse mas allá de toda duda el supuesto delito, cabe el aforismo de que la duda absuelve, en consecuencia mi representado debió y debe de quedar absuelto. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo esta en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el estado de Honduras, corno son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.), significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia. SEPTIMO: Se ha violentado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte. Si querernos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debernos venerar nuestra le fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarlas. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “FIN JUSTIFIQUE LOS MEDIOS”, de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quien lo enfrenta, un juicio justo. Lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de Casación. De todo lo anteriormente relacionado consideramos que debió decretarse sentencia absolutoria por exigir duda razonable tal como lo especifica el artículo 339 del Código Procesal Penal. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 89, 90 de la Constitución en relación al 339 y 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: sin determinar por los censores. Concepto de la infracción: transgresión al principio In dubio pro reo Pretensión: sin determinar por los censores. Explicaron los recurrentes que por mayoría el Tribunal Sentenciador transgredió el prinicipio de in dubio pro reo al condenar al acusado por el delito de homicidio simple en perjuicio del ahora occiso Berlin Eliezer Murillo Martinez, en virtud de que conforme a la carga de prueba evacuada considera que no se pudo quebrantar su estado de inocencia, pues la declaratoria de condena está sostenida en medios probatorios que no pudieron acreditar con certeza positiva su culpabilidad. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusa do a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante el recurso interpuesto ha realizado una revisión exhaustiva del fallo recurrido y no encuentra que en las actuaciones y argumentos del sentenciador se haya conculcado derecho alguno que merezca reproche casacional. Iniciaremos estableciendo el yerro de la censora al establecer como precepto autorizante los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, cuando claramente estos preceptos no constituyen la norma que permite la presentación del presente recurso, sino que son más bien las normas constitucionales que se consideran violentadas, siendo el precepto autorizante la norma del Código Procesal Penal que autoriza la presentación de esta impugnación; de igual forma no establecen los censores cuál es su pretensión con la presentación del presente recurso de casación, volviendo el recurso falto de claridad por lo que resulta más difícil tratar de dar una respuesta a sus cuestionamientos. En el presente caso la prueba aportada y evacuada en el juicio fue suficiente para que a la mayoría del Tribunal llegara a la certeza de condena para el ahora acusado Oscar Orlando Miranda Lagos; encontramos las declaraciones de tres testigos presenciales, la primera la señora Ana Patricia Murillo Gaitán, quien vendía golosinas en las cercanías de la cancha de futbol lugar donde se suscitaron los hechos; ella es muy clara y contundente al afirmar que se jugaba un partido de futbol y el muchacho no fue quien lo mató sino que fue el hermano Ángel, manifestó que el hecho ocurrió en la esquina del campo y que ella estaba cerca, afirma que Ángel estaba solo cuando disparó y luego vino el hermano y agarró al muchacho Ángel, y no miró lo que hizo Oscar Miranda, que ella vio cuando Oscar agarró a su hermano pero no sabe si él disparó, esta declaración concatenándola con las de Milvia Araceli Hernández y Williams Geovany Murillo, esposa e hijo del ahora ofendido; quienes son categóricos al afirmar que estaban en el campo de futbol, llegó el acusado y su hermano, no hubo palabras entre ellos, llegaron y dispararon, el primero en disparar fue Ángel, luego con el mismo pulso de él agarró la mano del hermano y disparó al corazón, eso, afirmaron los testigos, ya era un plan de ellos. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del Sentenciador para valorar la prueba son lógicas, suficientes y derivadas del legajo probatorio; las conclusiones a las que arribó para adquirir la certeza de su fallo son correctos, las declaraciones de estos tres testigos se complementan entre si y aunque dos de ellos son familiares del ofendido, sus dichos no se desmeritan por ese hecho, pues las declaraciones de estos son confirmadas por una testigo presencial también la señora Ana Patricia Murillo Gaitán quien si ningún interés confirmó buena parte de las declaraciones de la esposa y del hijo del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para el imputado, las declaraciones de los testigos presenciales son contundentes en establecer que observaron cuando el ahora acusado Oscar Orlando Miranda Lagos y su hermano dispararon en la humanidad del señor Berlín Eliezer Murillo Martínez, lo que provocó su muerte. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseían el señor Oscar Orlando Miranda Lagos; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Oscar Orlando Miranda Lagos, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Homicidio Simple en perjuicio de Berlín Eliezer Murillo Martínez. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de homicidio, se penaliza en el artículo 192, cuya pena es de 15 a 20 años de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que el señor Oscar Orlando Miranda Lagos le quitó la vida al ahora occiso Berlín Eliezer Murillo Martínez, imponiéndole una pena de 15 años de reclusión, pena que se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por lo que no procede la aplicación del decreto 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Norma Yaneth Merlo, en su condición de defensor pública del señor Oscar Orlando Miranda Lagos a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Berlín Eliezer Murillo Martínez. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Rafael Bustillo Romero Magistrado coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada

José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-449-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.