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Sentencia CP-444-16 — Registro 12969

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva a la sentencia dictada por el A-quo y no encuentra en sus actuaciones y decisiones, que haya quebrantado el derecho de defensa y el debido proceso que le asiste a toda persona sometida a juicio penal. Tal como lo establece el recurrente, se introdujo por lectura la declaración del testigo protegido PJ-34, quien estableció -entre otras cosas- que esa noche saludó de lejos al acusado, pues lo conocía con anterioridad ya que fueron compañeros en la escuela, logró ver al imputado con el arma en su mano y disparar a lo loco, observó al ofendido en el suelo; además describió la vestimenta que usaba el encartado esa noche. Si bien es la única declaración testifical que señala categóricamente al acusado como el responsable de la muerte del señor Ernesto Josué Moreno, no es cierto que no se cuente con pruebas corroborativas que confirman la deposición de este testigo, pues se cuenta con una prueba pericial denominada dictamen video forense, tomado de las cámaras del local donde se suscitaron los hechos, en los cuales claramente el sentenciador pudo observar al señor Anthony Isaac Damas Leiva, identificado como individuo 3, describiendo su vestimenta, la cual coincide a la perfección con la dada por la testigo protegido, incluso el bolso cruzado que advirtió el deponente; además de sostener en su mano derecha un arma de fuego tipo pistola, y salir corriendo en dirección a la calle. Esta prueba científica que fue observada -no solo por los jueces integrantes del Tribunal- sino que por el resto de las partes, confirma y acredita de manera fehaciente que el señor Anthony Isaac Damas Leiva fue la persona que disparó a la humanidad del ofendido Ernesto Josué Moreno Membreño, lo que le provocó la muerte; por tanto la declaración del testigo protegido PJ-34 si cuenta con pruebas periféricas de corroboración. En cuanto a que el testigo protegido no asistió al juicio y por ende no pudo ejercer su derecho a contradecir la prueba, ya claramente el artículo 311 del Código Procesal Penal establece las excepciones al principio de oralidad que debe regir en el debate, una de ellas son las declaraciones rendidas en etapas previas, cuando sea imposible localizar al testigo, situación que sí se cumplió y conforme a ley se procedió a realizar su lectura; ahora bien esta Sala de lo Penal también ha establecido como criterio jurisprudencial, que este tipo de prueba requiere que contengan pruebas corroborativas que confirmen la versión del testigo, tal como ocurre en la presente causa, en la cual se cuenta con un video que confirma casi toda la declaración del testigo protegido; ante esas circunstancias no se ha quebrantado al acusado derecho alguno que merezca reproche casacional, por lo que el presente recurso de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 444-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Anthony Isaac Damas Leiva, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Ernesto Josué Moreno Membreño, a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Anthony Isaac Damas Leiva, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del señor Anthony Isaac Damas Leiva. Cuarto: No procede condenar en costas al señor Anthony Isaac Damas Leiva. Quinto: No se declara comiso alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público del acusado. Son partes en la única instancia: El Abogado Mario Reniery Amador, en su condición de defensor público del imputado, como parte recurrente y la Abogada Miriam Emilda García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil doce (2012), alrededor de las dos de la madrugada (2:00 am), el joven ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA, llegó al Bar “Los Mangos” ubicado en el Barrio Suyapa, 9 y 10 avenida de San Pedro Sula. Estando en el lugar, se suscitó una discusión entre el señor ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA y el señor ERNESTO JOSUE MORENO MEMBREÑO, como consecuencia de ello, el señor DAMAS LEIVA haciendo uso de un arma de fuego le disparó al señor MORENO MEMBREÑO, causándole la muerte por laceración de arteria vertebral y hemorragia cerebral.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de ERNESTO JOSUÉ MORENO MEMBREÑO infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando el derecho de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se introdujo, por lectura autorizada, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO PJ-34, rendida en audiencia previa, prueba con la que el Juzgador declaró terminantemente probado que en fecha 16 de marzo de 2012, alrededor de las dos de la madrugada, en el bar Los Mangos ubicado en el barrio Suyapa, 9 y 10 Avenida de San Pedro Sula, el acusado ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA haciendo uso de una arma de fuego le disparó al señor ERNESTO JOSUÉ MORENO MEMBREÑO provocándole varias heridas que le causaron la muerte. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por suficiente prueba que los acredite ya que, la prueba de cargo está limitada, decisivamente, a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO PJ-34, dicha insuficiencia probatoria se produce, porque la mencionada declaración no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden, la condición de testigo protegido (oculto y con identidad reservada) y su no comparecencia a la audiencia de debate le impidieron a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados, como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo por ello ejercer plenamente un completo contradictorio, que le permitiera al inculpado examinar al testigo en igualdad de condiciones que las que detenta el ente acusador; pero la no comparecencia del decisivo testigo de cargo y el desconocimiento de su identidad por parte de la imputada la dejó, a ella y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio del derecho de defensa del acusado ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso reconocidos al señor ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observó plenamente el principio de contradicción, infringiendo el derecho de defensa y el debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO PJ.34 (testigo oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación al valor probatorio de testigos con identidad reservada, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución... b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido Nº 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”. Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 247, 251 y 252.[1] “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. Caso KOSTOVSKI Vs PAÍSES BAJOS, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno). Sentencia Final, 20 de noviembre de 1989, párr. 42. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón PaiIlaIao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA, porque a él se le condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO PJ-34 (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido y su no comparecencia al juicio, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contradictorio y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser la declaración del policía Nelson Saúl Mejía, pero él es un testigo de referencia y por tanto su dicho no bastaba para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos de defensa y debido proceso y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, y en armonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor ANTHONY ISAAC DAMAS LEIVA.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal.*Norma constitucional que se denuncia infringida: artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación al 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 1 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación al derecho de defensa y el debido proceso. *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que al dictar el juzgador la sentencia condenatoria infringió gravemente los derechos de defensa y debido proceso, pues en la audiencia de juicio se introdujo por lectura la declaración del testigo protegido PJ-34 rendida en audiencia previa, prueba que el sentenciador consideró determinante; pero la misma no cuenta con suficiente prueba que los acredite, pues no cuenta con prueba corroborativas que respalde la declaración del testigo; además su condición de protegido y su no comparecencia al juicio, impidieron a la defensa el ejercicio del contradictorio. Todo lo cual es violatorio a la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Del Derecho de Defensa[2]. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio, como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal; en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). Del Debido Proceso[3]. La garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso; dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros; en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva a la sentencia dictada por el A-quo y no encuentra en sus actuaciones y decisiones, que haya quebrantado el derecho de defensa y el debido proceso que le asiste a toda persona sometida a juicio penal. Tal como lo establece el recurrente, se introdujo por lectura la declaración del testigo protegido PJ-34, quien estableció -entre otras cosas- que esa noche saludó de lejos al acusado, pues lo conocía con anterioridad ya que fueron compañeros en la escuela, logró ver al imputado con el arma en su mano y disparar a lo loco, observó al ofendido en el suelo; además describió la vestimenta que usaba el encartado esa noche. Si bien es la única declaración testifical que señala categóricamente al acusado como el responsable de la muerte del señor Ernesto Josué Moreno, no es cierto que no se cuente con pruebas corroborativas que confirman la deposición de este testigo, pues se cuenta con una prueba pericial denominada dictamen video forense, tomado de las cámaras del local donde se suscitaron los hechos, en los cuales claramente el sentenciador pudo observar al señor Anthony Isaac Damas Leiva, identificado como individuo 3, describiendo su vestimenta, la cual coincide a la perfección con la dada por la testigo protegido, incluso el bolso cruzado que advirtió el deponente; además de sostener en su mano derecha un arma de fuego tipo pistola, y salir corriendo en dirección a la calle. Esta prueba científica que fue observada -no solo por los jueces integrantes del Tribunal- sino que por el resto de las partes, confirma y acredita de manera fehaciente que el señor Anthony Isaac Damas Leiva fue la persona que disparó a la humanidad del ofendido Ernesto Josué Moreno Membreño, lo que le provocó la muerte; por tanto la declaración del testigo protegido PJ-34 si cuenta con pruebas periféricas de corroboración. En cuanto a que el testigo protegido no asistió al juicio y por ende no pudo ejercer su derecho a contradecir la prueba, ya claramente el artículo 311 del Código Procesal Penal establece las excepciones al principio de oralidad que debe regir en el debate, una de ellas son las declaraciones rendidas en etapas previas, cuando sea imposible localizar al testigo, situación que sí se cumplió y conforme a ley se procedió a realizar su lectura; ahora bien esta Sala de lo Penal también ha establecido como criterio jurisprudencial, que este tipo de prueba requiere que contengan pruebas corroborativas que confirmen la versión del testigo, tal como ocurre en la presente causa, en la cual se cuenta con un video que confirma casi toda la declaración del testigo protegido; ante esas circunstancias no se ha quebrantado al acusado derecho alguno que merezca reproche casacional, por lo que el presente recurso de casación debe ser desestimado. Decisión: Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por la DEFENSA PÚBLICA. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público del señor Anthony Isaac Damas Leiva a quien se le condenó por el delito de Homicidio simple en perjuicio de Ernesto Josué Moreno Membreño. segundo: declara firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-444-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] El presente caso se refiere a alegadas violaciones en perjuicio de ocho presuntas víctimas relacionadas con su procesamiento y condena penal por delitos de carácter terrorista respecto a la República de Chile. En los procesos penales contra los señores Norín Catrimán, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe se reservó la identidad de determinados testigos.

[2] Vid Sentencia de Casación Penal Nº SP 40-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero del 2013.

[3] Vid Sentencia de Casación Penal Nº SP 187-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril del 2013.