Sentencia CP-443-16 — Registro 12300
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de extorsión continuada, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación encuentra que los argumentos de las censoras no cumplen con la técnica recursiva adecuada, pues si bien señalan las reglas de la lógica de la derivación como regla violentada, no fueron capaces de señalar cuáles fueron los razonamientos supuestamente erróneos del sentenciador y como es que son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano. Tal como lo señala el Juzgador en su fallo, se presentó a declarar al juicio el testigo protegido I-09, quien es el ofendido en la presente causa, ha sido muy enfático y claro al declarar que los ahora acusados llegaron a su negocio portando armas de fuego y diciéndole que debía entregar 300 lempiras cada semana de lo contrario le ocasionaría la muerte al testigo, a sus familiares o a sus empleados, por lo que desde esa fecha les entregó esa suma dinero, en total les pago 6 veces. Afirmó también el deponente que se dio cuenta que la Fuerza Nacional Antiextorsión había detenido a varias personas del sector y al presentarse a las instalaciones pudo constatar que eran las mismas personas que lo extorsionaban, que quedaron grabados en su mente y que podía reconocerlos, identificando dentro de la sala de juicios a los acusados. Pero no solo se presentó a declarar el ofendido, sino que también los policías Sergio Adalid Perdomo Pineda y Abraham Medina Sandoval, quienes confirmaron que el ahora ofendido se había presentado a las instalaciones de la policía a reconocer a los imputados como las personas que lo estaban extorsionando. Los recurrentes basan su argumento en que la declaración del ofendido y Testigo Protegido I-09 es la única prueba en la presente causa, pero olvida que existen dos declaraciones más de policías que estaban presentes cuando él reconoció a los acusados e interpuso su denuncia contra ellos por el delito de extorsión, recordemos que en este tipo de delitos las personas generalmente se ven intimidades para declarar contra las personas que les extorsionan precisamente por el riesgo que ello conlleva para su vida y las de su familias, para nadie es desconocido el proceder de este grupos ilícitos que ante la negativa de los ciudadanos de pagar el impuesto de guerra o de denunciar sus actuaciones ante la policía, cumplen sus amenazas de atentar contra su integridad física o las de sus parientes. En el presente caso es muy valiente el ofendido y testigo protegido no solo al presentarse a reconocer a los acusados a la posta policial, sino que además al presentarse en el juicio y de viva voz expresar la forma en que los acusados le extorsionaron durante un tiempo, identificando en el acto del debate a los encartados como las personas que le obligaban a pagar el mal llamado impuesto de guerra; por lo que el Sentenciador ha efectuado correctos juicios de valor y ha razonado de forma armónica y conjunta toda la prueba evacuada llegando a conclusiones coherentes y teniendo como base las reglas de la sana crítica, por lo que este primer motivo debe ser declarado no ha lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 443-2016 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de abril del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Cristian Geovany Sandoval Lara, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido I-09, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales. Segundo: Condenó al señor Jefryn Okely Hernández Lara, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido I-09, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales. Tercero: Condenó al señor Branly Chalmer Williams Fúnez, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido I-09, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales. Cuarto: Condenó al señor Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, por el delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido I-09, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales. Quinto: Condenó a los señores Cristian Geovany Sandoval Lara, Jefryn Okely Hernández Lara, Branly Chalmer Williams Fúnez y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Sexto: Se declara la responsabilidad civil de los señores Cristian Geovany Sandoval Lara, Jefryn Okely Hernández Lara, Branly Chalmer Williams Fúnez y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza. Séptimo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionado por el juicio. Octavo: No procede el comiso. Interpusieron el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional, las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryna Ivone Palomo Nuñez, en su condición de defensoras privadas de los señores Bramly Chalmer Williams Funez y Arnol Norberto Prudencio Mendoza. Son partes en la única instancia: Las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensoras privadas de los señores Bramly Chalmer Williams Fúnez y Arnold Norberto Prudencio Mendoza, como parte recurrente y la Abogada Miriam Emilda García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “ÚNICO: El cinco de abril de dos mil catorce, seis personas de sexo masculino, entre ellos los señores CRISTIAN GEOVANY SANDOVAL LARA, JEFRYN OKELY HERNÁNDEZ LARA, BRANLY CHALMER WILLIAMS FÚNEZ Y ARNOLD NOLBERTO PRUDENCIO MENDOZA, portando armas de fuego, llegaron al negocio del TESTIGO PROTEGIDO I-09 ubicado en el municipio de la Lima, Cortés, exigiéndole el pago semanal de TRESCIENTOS LEMPIRAS (L300.00), en concepto de impuesto de guerra, bajo la advertencia que de no hacerlo le ocasionarían la muerte a él, a sus familiares o a sus empleados, por lo que a partir de ese día y hasta el diez de mayo de ese mismo año, el testigo protegido les hizo entrega de la suma exigida en seis ocasiones.” Recurso de Casación. Motivos y argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma PRIMER MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, concurrencia de una infracción al no observar las reglas de la sana critica, al considerar el sobre valor otorgado a un medio de prueba, mismos que es insuficiente. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del código procesal penal. Contener la Sentencia de fecha quince del mes de abril del año 2016, contradicciones evidentes entre los hechos probados en Juicio y las motivaciones fácticas y jurídicas descritas en la sentencia, y como consecuencia tal sentencia no reúne los requisitos de la fundamentación que se exponen e imponen en el artículo 338 del Código Procesal Penal, es decir NO RESULTA coherencia entre los hechos probados, a través de los medios de prueba evacuados, su motivación fáctica, motivación probatoria y la motivación jurídica, conduciendo todo ello y como derivación, el no haber realizado valoración de la prueba con apego a las reglas de la sana critica, la lógica y la Experiencia. Mostraré que la sentencia ha infringido la pauta jurisprudencial de ésta Sala Penal en tanto que de acorde a ella, el hecho probado se debió subsumir en medios de prueba suficientes que relacionados entre sí, permitieran llegar a la conclusión en forma irrefutable y sin lugar a dudas de la culpabilidad de nuestros representados en el delito incoado. En su lugar, el tribunal sentenciador subsumió su fundamento factico y jurídico en un solo medio de prueba, esto es en la declaración de un supuesto testigo, protegido con clave I-09, cuya declaración provista de contradicciones y sin relación con otro medio de prueba que sustente su dicho, abunda en falacias vertidas con un manifiesto interés malicioso en perjudicar a nuestros representados, lo anterior basado en el hecho de las contradicciones manifestadas por el referido supuesto testigo, al pretender establecer que se dio cuenta de la detención de varias personas a quienes él llama delincuentes, a través de un amigo no Identificado, el mismo día, a escasas unas horas de su detención, cuando esta detención o captura aún no había sido siquiera expuesta a los medios de comunicación; entonces, nótese que el único medio de prueba, dado por creíble por el tribunal sentenciador, entra en contradicciones y expone falsos argumentos al ser confrontado; La detención de las personas que hoy fueron llevadas a juicio, se debió a la observación sospechosa por parte de agentes de autoridad, de determinada actitud en los hoy imputados y haberles observado en posesión de armas de fuego, según el testimonio del agente ABRAHAM MEDINA SANDOVAL, quien refiere atendieron el llamado de una denuncia de robo en las cercanías del Barrio El Mixto, en La Lima, Cortes y fuera la razón por la que patrullaron el sector, procediendo a la detención de los hoy imputados; según la prueba de cargo que sirviera como único fundamento para emitir la sentencia que hoy se recurre, esto es el testimonio del TESTIGO PROTEGIDO I-09, un amigo no identificado le contó sobre la detención de “varios delincuentes” según sus propias palabras, y se presentó a pocas horas de la detención de los hoy imputados en la posta y posteriormente se presentó a las oficinas de investigación Anti Extorsión, a denunciar que desde hace varios meses atrás, era objeto de amenazas de muerte a cambio de 300 lempiras como extorsión.- es incongruente lo manifestado por el único víctima-testigo, en el presente caso, pues se puede observar de la simple lectura de la sentencia que hoy se recurre, que no existe ningún otro indicio o prueba concluyente que sustente el dicho del supuesto victima.- no existe una denuncia previa a la detención de los hoy imputados, que acredite el hecho de que el testigo era objeto de una amenaza o extorsión previa a su detención.- no existe la declaración de ningún otro testigo que sustente tener conocimiento de los hechos que refiere el Victima-Testigo haber sido objeto; es obvia la inexistencia de prueba documental o pericial ya sea análisis o peritajes de llamadas telefónicas, inspección ocular o un sondeo mediante actas de vigilancia en la zona donde se cobraba supuestamente la extorsión o como sucede en la mayoría de los casos que llegan a estos tribunales, el control mediante entrega vigilada y sereo de billetes, que nos permita sustentar en forma alguna el testimonio de una sola persona, que con su dicho demuestra caramente el interés manifiesto en perjudicar a nuestros representados.- En base a lo antes expuesto, esta defensa considera que el Tribunal A Quo, sobrevaloro el único testimonio vinculante a los hechos denunciados, que fueran los ofrecidos por el testigo I-09, siendo estos insuficientes al no tener ningún otro sustento, ya fuera testimonial, documental, pericial o de referencia.- y es en base a esta consideración que expongo a continuación el segundo motivo objeto de este recurso.- El presente motivo primero de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del código Procesal Penal. Y es importante señalar que este defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia, de manera que no se tuvo otro momento procesal para reclamar subsanación. EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO: El precepto procesal que se invoca como infringido en relación a otras disposiciones del mismo orden del Código Procesal Penal son los “artículos 202: que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida: art. 336 que manda “el Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica” Y el art. 338. Que regula las formas de estructuración de la sentencia penal y manda al tribunal sentenciador, en el numeral 2) de la cuarta regla lo siguiente: -Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando según las reglas de la sana critica, el utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. El Honorable Tribunal sentenciador en su motivación de “FUNDAMENTOS JURIDICOS”, numeral TERCERO, expone que la prueba aportada en juicio, fue analizada y valorada según los criterios de la sana crítica y le da la certeza al tribunal de los hechos formalizados en juicio, en ese sentido, ¿a qué prueba se refiere el tribunal A quo? Si la única prueba de cargo es el testimonio del testigo I-09?, los otros testigos de cargo, los agentes de investigación únicamente vienen a ser testigos de referencia y de la detención realizadas por ellos en su condición de agentes ante el hecho que este mismo testigo I-09 les refiere, cuando se presenta un doce de mayo del año 2014 en horas de la tarde, a manifestarles que cuatro personas que ya se encuentran detenidos en la Posta (una hora antes) por portar armas y droga, le han extorsionado desde meses atrás.- esto es la única prueba a que se refiere el Tribunal A quo para sostener y fundamentar la certeza aludida a la participación de nuestros representados en los hechos que se le imputan.- Aunado a lo anterior, el Tribunal A quo expone en su numeral CUARTO del mismo enunciado, expone “que la prueba como tal ha sido valorada, es congruente con los hechos declarados probados, por lo que quedo plenamente acreditado la participación en la acusación en contra de los imputados”- en ese sentido HECHO PROBADO refiere que los medios probatorios SON CONTUNDENTES, es entonces que la defensa se pregunta, ¿existirán dos conceptos contradictorios entre si sobre el significado de la palabra contunde?, si el único testigo supuesto testigo presencial, es el único medio probatorio que vincula a nuestros representados, y argumenta hechos no sustentados con otro medio de prueba?, si aunado a lo anterior, no existe medio de prueba pericial u otro indicio que determine que efectivamente nuestros representados realizaran actos de extorsión? Esta defensa considera que ante tales extremos, se llega a la convicción que la valoración de la prueba realizada por el juzgador, se exime de los requisitos que exigen los preceptos procesales descritos en los artículos 337, 338, 341 del C.P.P. y demás aplicables que constriñen la sana crítica, lógica y experiencia; Ante la inexistencia de argumento alguno considera la defensa y recurrente, que es clara y CONTUNDENTE, la ausencia de una valoración en conjunto, objetiva a la prueba evacuada en la audiencia cuya sentencia hoy se recurre. Por lo que es criterio de la defensa, que en total desapego a lo dispuesto en el artículo 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es como hemos dicho anteriormente- obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y que los medios de prueba deben ser contundentes y dar la certeza sin lugar a dudas de la participación de una persona para ser condenada; Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal, ha derivado su conclusión en el medio de prueba de cargo testifical único (testigo I-09), otorgándole más allá de toda credibilidad, hechos no probados en juicio a través de medios probatorios incorporados y evacuados lo cual es un ultraje a la regla de la derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la sana crítica racional. Ameritando que la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando a través de Su sala de lo Penal, como Tribunal de Casación, anule o absuelva el fallo recurrido y devuelva los antecedentes a este Tribunal para que se subsanen los vicios procesales incurridos.” SEGUNDO MOTIVO: RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, concurrencia de una infracción al principio de contradicción, al dejar de considerar el valor devenido a un medio de prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.5 del código procesal penal. Se ha incurrido en la infracción del principio de contradicción, al considerar la señalización o reconocimiento de un imputado, obviando las reglas requeridas para su reconocimiento en la Audiencia de Juicio Oral y Público, sin considerar los derechos, normas y garantías procesales de nuestros representados, al serles presentados directamente ante el testigo sin siquiera haber manifestado seña, característica o particularidad alguna de los sospechosos.- en ese sentido es obvio que si en una sala de audiencia hay cuatro detenidos sentados junto a sus dos defensoras (mujeres) sin descarte alguno u otra figura masculina a inmediaciones los reconocidos serán los únicos presentes y señalados como imputados; esto es que durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral y público, y aun antes las objeciones de la defensa y de la interposición de los recursos correspondientes, el juez a quo permitió el reconocimiento de los imputados sin mediar ninguna garantía procesal de descarte y permitiendo directamente la confrontación de los imputados con el único víctima-testigo, aun y cuando este previo a su señalamiento, no pudo ofrecer característica alguna de los imputados exponiendo directamente a nuestros representados a su señalamiento.- la deposición del único víctima-testigo presentado por el ente fiscal, no fueron advertidas por el sentenciador al emitir su resolución, lo que dirime en la infracción del precepto antes relacionado al incurrir en una manifiesta infracción a las reglas de la sana critica.- El presente motivo segundo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 5 del artículo 362 del código Procesal Penal. Y es importante señalar que este defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia, de manera que no se tuvo otro momento procesal para reclamar subsanación. EXPLICACION DEL MOTIVO SEGUNDO: El precepto procesal que se invoca como infringido en relación a otras disposiciones del mismo orden del Código Procesal Penal son los “artículos 202: que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida: art. 336 que manda “el Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica” Y el art. 338. Que regula las formas de estructuración de la sentencia penal y manda al tribunal sentenciador, en el numeral 2) de la cuarta regla lo siguiente: -Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando según las reglas de la sana critica, el utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. SOBRE LA PRECISION CLARIDAD Y COHERENCIA. Los hechos probados de una sentencia penal deben responder sin dudas, ni contradicciones, y en completa correspondencia y armonía a la prueba controvertida en juicio, y como consecuencia debe hacerse la fundamentación probatoria, desarrollando el Tribunal sentenciador un enlace preciso y claro a cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; que lleven a configurar entre las partes que integran la sentencia una coherencia tal que haya entre la fundamentación descriptiva e intelectiva una completa correlación; es por ello que el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio que le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada, y precisamente el o los hechos probados que se redacten deben responder sin dubitación o contradicción alguna a la valoración de la prueba.- Todo lo anterior ha dejado de observarse por parte del Tribunal sentenciador en el caso penal relacionado, y en estos aspectos se centra el recurso de casación por la violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado.” Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional TERCER MOTIVO: UNICO: infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (derecho a la defensa y debido proceso) en relación con los artículos 16 de la Constitución de la República; 8,2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del código Procesal Penal, PRECEPTO AUTORIZANTE ART. 361 del código procesal penal. El sentenciador, da por verídico todo lo argumentado por el testigo protegido I-09, y al emitir la sentencia que hoy se recurre, no relaciona aspectos básicos que contradicen lo expuesto por este, y en forma contradictoria dirime en un fallo condenatorio al darle credibilidad a todo lo dicho por este testigo, tal es el caso la inexistencia de otro indicio o medio probatorio que sustente su dicho, no existe otro medio de prueba que acredite o sustente tal dicho; El vicio denunciado se produce, porque los hechos antes descritos no tienen respaldo suficiente, no fueron acreditados, al ser presentada una prueba de cargo limitada, dicha insuficiencia probatoria empeora en el hecho de que el testimonio controvertido, no cuenta con corroboradores inmediatos, que respalden sus dichos y la condición de testigo protegido, impide a la defnsa el ejercicio de un verdadero interrogatorio, no tendente a exponer al testigo protegido, sino a establecer hechos concisos y precisos, sobre los supuestos agravios ocasionados a su persona por parte de los acusados, que permitan establecer efectivamente la comisión de un delito y no meramente la suposición o indicio de este.- el derecho del inculpado de examinar al testigo en igualdad de condiciones detenta plenamente el principio de contradicción, pues toda pregunta de la defensa es objetada equivocadamente bajo el precepto (utilizado como excusa) de protección de identidad del testigo; negando toda posibilidad de establecer en forma precisa del lugar, día y hora de los hechos llevados a juicio, que permitan al acusado establecer su defensa; basándose la sentencia recurrida en el testimonio de un hecho sucedido en fecha indeterminada y lugar indeterminado, estableciendo como único parámetro desde hace varios meses (entre abril y mayo) en hora y lugar no determinado, a persona no determinada la ocurrencia del hecho; como describo anteriormente, el hecho de otorgarle protección al único victima-testigo del hecho en el presente caso, limito el derecho a la defensa de nuestro representados pues al no tener acceso y conocimiento de aspectos tan determinantes en la acusación, no puede ejercer su defensa conforme a su derecho.- el desconocimiento de la identidad del único víctima-testigo que les señala y acusa, el lugar, día exacto y hora de sucedido del hecho incriminatorio, no permite a la defensa establecer la ubicación o paradero de sus representados en el momento de sucedidos los hechos, o en su defecto el conocimiento y/o relación y motivación que pueda tener el acusado con el víctima-testigo.- todo lo anterior conlleva a un claro desequilibrio procesal en perjuicio de nuestros representados, sustentando el fallo hoy impugnado, el A Quo, en un medio de prueba cuya evacuación no se observó plenamente el principio de contradicción, infringiendo el derecho a la defensa y al debido proceso de los imputados.-La decisión de condena del Juzgador, en las condiciones antes señaladas, es violatoria a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pudo evitarse si el Juzgador hubiese llevado a cabo el debido obligado control de convencionalidad, consistente en la verificación de la compatibilidad entre las disposiciones legales y la practica procesal interna con relación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales de los que Honduras forma parte, que de haberse llevado a cabo el fallo sería diferente al hoy impugnado, porque a nuestros representados se les condena sobre la base de una única declaración de un testigo protegido, lo cual es violatorio a la defensa tal como lo reconoce en sus resoluciones la citada Corte, quien reiteradamente ha resuelto que: “incluso cuando se hayan adoptado, medidas de contra peso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio de probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa, por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados”. Esta suscrita considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa, fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato circunstancias inherentes al caso, y no nos referimos a la identidad directa del declarante, si no a datos específicos (lugar, día, hora de sucedidos los hechos de la acusación y la proximidad de personas posibles testigos alrededor). En tanto que la defensa desconozca las circunstancias específicas de parte de la persona que pretende cuestionar, se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirán demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. No pretende esta defensa, que se le niegue la protección de visualización, identidad o dirección de domicilio a determinado testigo, pues es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho a la defensa de los imputados; en el caso de mérito la defensa no tuvo oportunidad de realizar un verdadero contradictorio para refutar los dichos del único víctima-testigo y establecer así la veracidad de sus dichos, pues aunque se evacuo en la audiencia de juicio los testimonios de los agentes SERGIO PERDOMO Y ABRAHAM MEDINA, sus conocimientos del caso vienen a ser de mera referencia, al no constatar con acto alguno los hechos recibidos en denuncia, ante la inexistencia previa de una denuncia formal por parte del único víctima-testigo; por ende la inexistencia de diligencia alguna de investigación de los hechos denunciados. EXPLICACION DEL MOTIVO TERCERO: El precepto procesal que se invoca como infringido en relación a otras disposiciones del mismo orden del Código Procesal Penal son los “artículos 202: que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida: art. 336 que manda “el Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica” Y el art. 338. Que regula las formas de estructuración de la sentencia penal y manda al tribunal sentenciador, en el numeral 2) de la cuarta regla lo siguiente: -Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos. Justificando según las reglas de la sana critica, el utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Tales consideraciones conducen irremediablemente a que la sentencia proferida no responda a la verdad de los medios de prueba evacuados en juicio y de lo que como hecho probado fuese declarado por el Tribunal sentenciador, pues es evidente que hay un vacío sobre la valoración de una prueba única y prueba de referencia, con respecto a los HECHOS DECLARADOS PROBADOS a través de los medios de prueba evacuados; que por supuesto hace que se haya inobservado lo establecido por el legislador en el artículo 338 del Código Procesal penal, en cuanto a la Estructura de la sentencia, es decir la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), numeral uno (1) “Declaración de hechos probados”, numeral uno (1) “valoración de la prueba”.- Y justamente entonces encaja el vicio planteado en el articulo 362 numeral 1 de la citada norma procesal penal cuando dice, juntamente en el apartado que dice: “…Que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias.- El argumento de la relación de esta apreciación descrita en la sentencia merece contradicción de la defensa por ser contrarío al resultado de la evacuación de la prueba en juicio, donde el único supuesto Testigo presencial de los hechos, al que el sentenciador le da toda credibilidad sin existir otro indicio o prueba que lo sustente o acredite, expone hechos no probados en juicios.” Fundamentación Del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal *Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex ante: el defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia *Pretensión: que se anule el fallo recurrido. Explicaron los recurrentes que el Tribunal Sentenciador basó su fallo fáctico y jurídico en un solo medio de prueba, esto es en la declaración del testigo protegido clave I-09 cuya declaración esta provista de contradicciones y sin relación con otro medio de prueba que lo sustente, pues este testigo abunda en falacias vertidas con un interés malicioso en perjudicar a los acusados. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación encuentra que los argumentos de las censoras no cumplen con la técnica recursiva adecuada, pues si bien señalan las reglas de la lógica de la derivación como regla violentada, no fueron capaces de señalar cuáles fueron los razonamientos supuestamente erróneos del sentenciador y como es que son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano. Tal como lo señala el Juzgador en su fallo, se presentó a declarar al juicio el testigo protegido I-09, quien es el ofendido en la presente causa, ha sido muy enfático y claro al declarar que los ahora acusados llegaron a su negocio portando armas de fuego y diciéndole que debía entregar 300 lempiras cada semana de lo contrario le ocasionaría la muerte al testigo, a sus familiares o a sus empleados, por lo que desde esa fecha les entregó esa suma dinero, en total les pago 6 veces. Afirmó también el deponente que se dio cuenta que la Fuerza Nacional Antiextorsión había detenido a varias personas del sector y al presentarse a las instalaciones pudo constatar que eran las mismas personas que lo extorsionaban, que quedaron grabados en su mente y que podía reconocerlos, identificando dentro de la sala de juicios a los acusados. Pero no solo se presentó a declarar el ofendido, sino que también los policías Sergio Adalid Perdomo Pineda y Abraham Medina Sandoval, quienes confirmaron que el ahora ofendido se había presentado a las instalaciones de la policía a reconocer a los imputados como las personas que lo estaban extorsionando. Los recurrentes basan su argumento en que la declaración del ofendido y Testigo Protegido I-09 es la única prueba en la presente causa, pero olvida que existen dos declaraciones más de policías que estaban presentes cuando él reconoció a los acusados e interpuso su denuncia contra ellos por el delito de extorsión, recordemos que en este tipo de delitos las personas generalmente se ven intimidades para declarar contra las personas que les extorsionan precisamente por el riesgo que ello conlleva para su vida y las de su familias, para nadie es desconocido el proceder de este grupos ilícitos que ante la negativa de los ciudadanos de pagar el impuesto de guerra o de denunciar sus actuaciones ante la policía, cumplen sus amenazas de atentar contra su integridad física o las de sus parientes. En el presente caso es muy valiente el ofendido y testigo protegido no solo al presentarse a reconocer a los acusados a la posta policial, sino que además al presentarse en el juicio y de viva voz expresar la forma en que los acusados le extorsionaron durante un tiempo, identificando en el acto del debate a los encartados como las personas que le obligaban a pagar el mal llamado impuesto de guerra; por lo que el Sentenciador ha efectuado correctos juicios de valor y ha razonado de forma armónica y conjunta toda la prueba evacuada llegando a conclusiones coherentes y teniendo como base las reglas de la sana crítica, por lo que este primer motivo debe ser declarado no ha lugar. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal *Concepto de la infracción: infracción al principio de contradicción al dejar de considerar el valor devenido a un medio de prueba de valor decisivo. *Reclamación ex ante: el defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia *Pretensión: sin determinar por los censores. Explicaron las recurrentes que se ha incurrido en la infracción del principio de contradicción, al considerar la señalización o reconocimiento de un imputado, obviando las reglas requeridas para su reconocimiento en la audiencia de juicio oral y público, sin considerar los derechos, normas y garantías procesales de los acusados, al serles presentados directamente ante el testigo sin siquiera haber manifestado seña, característica o particularidad alguna de los sospechosos. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la Procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Resulta difícil para esta Sala de lo Penal dar una respuesta adecuada a los razonamientos de las censoras, pues en primer lugar consignaron el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal como precepto autorizante, pero señalaron dicho motivo como: “una infracción al principio de contradicción al dejar de considerar un valor devenido a un medio de prueba de valor decisivo” pero el numeral 5, ni ningún otro inciso del referido artículo 362 consignan como motivo de casación lo expresado por las recurrentes. Ya en el desarrollo de su motivo las impetrantes señalaron que el Juez A-quo permitió un reconocimiento de los imputados ante el único testigo protegido, obviando las reglas requeridas y sin mediar ninguna garantía procesal. Si bien las censoras no han utilizado la mejor técnica para desarrollar su motivo, esta Sala de lo Penal ya se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a los casos en que, en el momento en que declara algún testigo y ofendido, alguna de las partes le pide que por favor identifique a la persona que señala como responsable de un ilícito determinado; ese hecho no constituye en sí un reconocimiento propiamente dicho y tal como lo establece los artículos 253 y 254 del Código Procesal Penal, esa situación es parte del interrogatorio de las partes con el único objetivo de que el testigo, ofendido o perito establezca que la persona que está siendo acusada por esos hechos, es la misma persona que se encuentra en la Sala, por tanto la misma no tiene el valor de un reconocimiento en rueda conforme lo establece la normativa procesal antes señalada. Por tales razones es procedente desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos en que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia apertura (recurso ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). La esencia del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 y 90 de la Constitucional de la República, en relación al artículo 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanas. *Concepto de la infracción: violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso. *Pretensión: sin determinar por la censora. Explicaron las recurrentes que el vicio se produce porque los hechos antes descritos no tienen respaldo suficiente, ya que no fueron acreditadas al presentarse una prueba de cargo limitada, violentándose el derecho de defensa de los acusados. Del Debido Proceso y del Derecho de Defensa[2] Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el principio del debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al derecho de defensa esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal analiza el recurso presentado por la defensa privada de los acusados Bramly Chalmer Williams Funez y Arnol Norberto Prudencio Mendoza, y encuentra que no han utilizado la mejor técnica para exponer su impugnación, pues no fueron capaces de explicar detalladamente cómo se violentó el derecho de defensa de los acusados. En el presente caso la sentencia recurrida hace la valoración del testigo protegido I-09 en el numeral primero, efectuando la valoración descriptiva de esta prueba, es decir al consignar lo que manifestó el testigo, el Tribunal Sentenciador transcribió: “que el cinco de abril de 2014, se encontraba en su negocio en la Lima, Cortés, cuando llegaron seis personas, de las cuales dos ingresaron, mientras los cuatro restantes se quedaron fuera del local, entre ellos estaban los señores Cristian Geovany Sandoal Lara, Jefryn Okely Hernández Lara, Bramly Chalmer Williams Funez y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, los que portando armas de fuego, le dijeron que debía entregarles cada semana 300 lempiras como impuesto de guerra, que si no lo hacía le ocasionaría la muerte a él, sus familiares o a sus empleados y desde esa fecha hasta el 10 de mayo les entregó dicha suma. Afirmó el testigo que el 12 de mayo puso la denuncia, el testigo expresó que supo que la fuerza nacional anti extorsión había detenido a varias personas del sector y al presentarse a las instalaciones policiales pudo constatar que se trataba de las personas que lo extorsionaron, que quedaron grabados en su mente, identificándolos en la sala de juicios.” También se presentó a declarar al juicio los señores Sergio Adalid Perdomo Pineda y Abrahán Medina Sandoval quienes son agentes de la policía; el primero manifestó que el testigo protegido I-09 llegó a la Fuerza Nacional Anti Extorsión donde interpuso una denuncia pues que estaba siendo objeto de extorsión por parte de 6 personas armadas y que se encontraban detenidos por otro asunto; luego el testigo se trasladó a las instalaciones de la policía para verificar la información y ahí le informaron que los detenidos habían asaltado a un persona; eran 6 pero uno se había escapado, y de esos 5 había un menor; el testigo identificó en la sala del juicio a los cuatro acusados como las personas que el testigo protegido I-09 reconoció en la posta policial. Por su parte el testigo Abrahán Medina Sandoval manifestó que era motorista de la dirección Policial de Investigación DPI de la Lima y ahí recibió una denuncia de una muchacha que la habían asaltado, por lo que se desplazaron al lugar varios agentes y procedieron a detener a los muchachos; después de esto un señor llegó a decir que esos muchachos eran parte de un grupo que lo habían extorsionado por lo cual lo instaron a poner la denuncia a la oficina de lucha anti extorsión. De estos testimonios el Sentenciador concluyó que se les otorgaba valor probatorio pues se acreditaba con ellos circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, pues no se desprende de ellos ningún interés de perjudicar al encausado, pudiendo observar que las mismas no van más allá de lo que pudieron percibir o presenciar por lo que las considera lógicas, coherentes y creíbles, corroborando con ellas el acta de diligencias policiales que se valora más adelante, con esos testimonios se puede verificar que los ahora acusados portando armas de fuego, llegaron al negocio del testigo protegido I-09 y le exigieron el pago semanal de 300 lempiras en concepto de impuesto de guerra, bajo la advertencia de que si no lo hacía le ocasionarían la muerte a él, a sus familiares o a sus empleados, por lo que durante 6 ocasiones el testigo protegido hizo entrega de esa cantidad de dinero, turnándose los acusados para ir a recoger el dinero; por lo que no existe duda que los señores Cristian Geovany Sandoval Lara, Jefryn Okely Hernández Lara, Branly Chalmer Williams Fúnez y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza son responsables a título de autores, actuando bajo un plan preconcebido en el que se distribuían las tareas para cometer el delito de extorsión continuada. Para esta Sala de lo Penal lo externado por las recurrentes en el sentido de que no existe prueba suficiente que acredite la participación de los acusados en los hechos investigados es una percepción totalmente falsa, no solo se cuenta con la declaración del ofendido, sino que además de dos policías más que lograron percibir con sus propios sentidos cómo el testigo protegido I-09 llegó a las instalaciones de la policía a interponer denuncia contra los acusados y pudo reconocerlos como las mismas personas que le estaban extorsionando en su negocio; la declaración del ofendido reviste de vital importancia y valor probatorio tal como lo ha externado el Juzgador, recordemos que fue a él a quienes lo intimidaron para dar la cuota de impuesto de guerra y por tanto el único testigo de esos hechos, pues generalmente las personas que extorsionan a otros lo hacen en la clandestinidad, precisamente para evitar ser denunciados o identificados, en el presente caso el testigo protegido en ningún momento refirió que alguien más se dio cuenta de los acontecimientos que estaba viviendo por parte de estas personas, así que su testimonio reviste de vital importancia y de mucha credibilidad, siendo confirmado sus dichos por las declaraciones de dos testigos más que estuvieron presentes cuando reconoció a los ahora acusados como las mismas personas que lo estaban extorsionando; ante tal despliegue probatorio el Tribunal Sentenciador hizo un correcto juicio de valor, externando razonamientos coherentes y concatenados todo en base a las reglas de la sana crítica y respetando en todas sus formas el derecho de defensa y el debido proceso que les asiste a los ahora acusados, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa privada de los acusados Bramly Chalmer Williams Fúnez y Arnol Norberto Prudencio Mendoza. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuestos por las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez en su condición de defensoras privadas de los señores Bramly Chalmer Williams Fúnez y Arnol Norberto Prudencio Mendoza a quienes se les condenó por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido I-09. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez en su condición de defensoras privadas de los señores Bramly Chalmer Williams Fúnez y Arnol Norberto Prudencio Mendoza a quienes se les condenó por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido I-09. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-443-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 187-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril de 2013