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Sentencia CP-441-16 — Registro 12299

Resumen

Se declara con lugar el tercer motivo de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera instancia que lo condena por el delito de asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para esta Sala de lo Penal resulta importante establecer que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su impugnación, pues denuncia la violación de una norma sustantiva por aplicación indebida, específicamente del artículo 117 numeral 1 del Código Penal, pero luego lo fundamenta haciendo alegatos de instancia, estableciendo cómo el sentenciador debió valorar la prueba, debido a la especie de casación que denuncia, su discurso debe recaer únicamente en los hechos probados y en cómo éstos encajan o no con la norma penal utilizada por el A quo. Ahora bien, nuestra respuesta se circunscribirá en determinar si el cuadro fáctico es coincidente o no con la norma penal utilizada por el sentenciador, pues hasta ahí alcanzan las facultades de esta Sala. Los hechos probados revelan que el 3 de febrero de 2013 a eso de las 9 de la mañana, el ofendido Omar Alexi Marin Aguilar se encontraba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa; cuando en ese momento se le acercó el imputado Elvin Joel Lanza Hernández, quien con arma de fuego le disparó por la espalda, impactándole 3 balas en la región posterior del tórax, luego se acercó y le disparó en la frente, inmediatamente el acusado se alejó y el señor Marín fue auxiliado por sus parientes y trasladado al hospital de occidente. El señor Omar Alexi Marín Aguilar falleció a consecuencia de una laceración cerebral con arma de fuego disparada por el acusado Elvis Joel Lanza Hernández. Según se relatan en los hechos declarados probados, el imputado arremete contra la vida del ofendido Marín Aguilar haciendo 4 disparos, 3 impactan en la espalda y 1 en la cabeza; para esta Sala de Casación resulta evidente que existe alevosía como elemento necesario para agravar la responsabilidad del acusado, al haber utilizado medios y formas que tiendan a asegurar el resultado muerte, pues su accionar lo hace a traición sin que tuviera el señor Omar Alexi Marín la posibilidad de defenderse de alguna manera; otro elemento para asegurar el resultado muerte que el imputado Elvis Joel utilizó, es el último disparo que hace a la humanidad del ofendido dirigido a su cabeza, una parte vital del cuerpo humano y que fue al final lo que le quitó la vida según dictamen de autopsia. El cuadro fáctica relata sin lugar a dudas acciones cometidas por el señor Elvis Joel Lanza Hernández a título de autor y que encajan de manera perfecta y armónica en el delito contemplado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, pues sus actuaciones fueron efectuadas con alevosía, lo que le hace responsable del delito de asesinato; en ese orden de ideas, el tribunal sentenciador efectuó un adecuado encuadre de la norma penal con los hechos probados, no existiendo en tal circunstancia infracción alguna que merezca reproche casacional, por lo que este primer motivo de casación por infracción de ley debe ser desestimado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Es importante recordar, que la casación por quebrantamiento de forma va dirigida a la demostración de los vicios que afectan sus regulaciones esenciales, ocurridos en la tramitación del juicio. Dentro de ellas se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. Siendo la casación por quebrantamiento de forma una vulneración de reglas del proceso, el recurrente debe tener presente indicar qué regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización debe señalar la norma que rige el acto particular, y señalar por supuesto la forma en que la violación o el vicio le ocasiona el perjuicio. En el caso subjudice el recurrente ha incurrido nuevamente en una inadecuada técnica recursiva para plantear sus tres motivos de casación, pues cada uno de ellos implica varios vicios de casación que deben ser expresados de forma separada y el censor debe ser claro en establecer cuál, de todos los vicios enunciados en cada uno de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 362, es el que considera en que el juzgador incurrió. Consideramos necesario explicar los errores incurridos por el censor, para el caso: denuncia como motivo de casación el numeral 1 del artículo 362 del CPP, mismo que contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “QUE EN LA SENTENCIA FALTE LA DECLARACIÓN DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIME PROBADOS; QUE TAL DECLARACIÓN NO SEA CLARA Y TERMINANTE O QUE SEA CONTRADICTORIA.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir "in términis", y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. Lamentablemente el censor no ha sido específico al señalar cuál de los tres vicios que establece el artículo 362 numeral 1 del CPP considera infringido y cómo el juzgador incurrió en el mismo, pues lo que realiza son meros fundamentos de intancia, determinando conjeturas totalmente subjetivas, por lo que este primer motivo debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."ESTE MOTIVO ES DE RECIBO. En el tercer motivo de casación señala el recurrente el numeral 3 del artículo 362 del CPP, el cual reza así: QUE CAREZCA DE MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS O SI EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera la que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2, de la sección cuarta, del Artículo 338 CPP que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto de juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen y las relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3, sección cuarta, del Artículo 338 CPP. a) Carencia de motivación fáctica o jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Art. 362 CPP, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con "carencia de motivación", se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. b) Que las motivaciones fácticas o jurídicas sean insuficientes. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la "insuficiencia", en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve. c) Que la motivación sea contradictoria. Al habernos referido en el apartado de la motivación de las sentencias al requisito de la logicidad de las sentencias, y de forma específica a la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. d) Que en la valoración de la prueba no se hayan observado las reglas de la sana crítica. Aquí debemos hacer referencia a la característica de “lógica”, es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto de juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba sí debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en el juicio. Esas explicaciones que ofrecerá deberán ajustarse a juicios racionales, es decir, al correcto entendimiento humano. Así es demandado por el CPP el que, en sus Artículos 202, 336, párrafo primero, y 338, sección cuarta, numeral 2, consigna el mandato al Tribunal de Sentencia de que sólo tendrá en cuenta las pruebas producidas durante el debate, formando su convicción de la valoración conjunta y armónica que de ellas haga, y basándose para ello en las reglas de la sana crítica. Igualmente en el desarrollo de este motivo el censor no es claro en su totalidad si se refiere a alguna carencia o suficiencia de motivación fáctica o jurídica, sin embargo es posible detectar un señalamiento sensato y coherente, cuando afirma que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica al valorar la declaración de testigo protegido “Alfa” introducida mediante lectura. Al realizar una revisión de la valoración probatoria que el sentenciador realiza de dicho testigo protegido, mismo que no se presentó al debate y cuya declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no es una prueba anticipada y además es el único testigo que supuestamente reconoce al acusado como la persona que le quitó la vida al ahora ofendido. La Sala de lo Penal ha dejado establecido la importancia del testigo protegido pero la necesidad de que, si el testigo no se presenta al debate y no se cuenta con una declaración de prueba anticipada, no podría condenarse con la sola lectura de su deposición rendida en etapas previas, pues ello incidiría gravemente en el derecho de defensa y en el principio contradictorio. En el caso sometido a estudio, observa esta Sala de Casación que el sentenciador ha incurrido en transgresión a las normas del recto pensamiento humano, pues ha derivado de la declaración del testigo protegido “Alfa” la culpabilidad del señor Elvis Joel Lanza Hernández en la muerte del señor Omar Alexi Marin Aguilar, sin embargo la declaración de este testigo no posee las características para que por sí sola desvirtúe el estado de Inocencia del imputado, pues el referido testigo protegido no se presentó a declarar al debate, su declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no declaró bajo la figura de una prueba anticipada y es el único testigo que afirma reconocer al ahora imputado como la persona que le quitó la vida al señor Marín Aguilar; el otro testigo protegido denominado “Bravo” que si se presentó al debate, no fue capaz de reconocer al acusado, afirmó que la gente decía que se llamaba Elvis, es decir no fue algo que le constara a pesar de que el imputado era vecino del lugar, además que al describir al supuesto individuo dijo que era un hombre alto, con camisa blanca y el testigo “Alfa” afirmó que era una persona de 1.65 (hombre de baja estatura) que andaba vestido con camisa manga larga y unos jeans azules; ambos testigos describen a individuos diferentes, por lo que el testigo “Bravo” no es suficiente para enervar el estado de Inocencia del acusado, razonamiento que no derivó el Tribunal Sentenciador, por lo que concluimos que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente recurso, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron..."

Jerarquía: Reiterativa

..."ESTE MOTIVO ES DE RECIBO. En el tercer motivo de casación señala el recurrente el numeral 3 del artículo 362 del CPP, el cual reza así: QUE CAREZCA DE MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS O SI EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera la que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2, de la sección cuarta, del Artículo 338 CPP que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto de juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen y las relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3, sección cuarta, del Artículo 338 CPP. a) Carencia de motivación fáctica o jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Art. 362 CPP, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con "carencia de motivación", se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. b) Que las motivaciones fácticas o jurídicas sean insuficientes. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la "insuficiencia", en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve. c) Que la motivación sea contradictoria. Al habernos referido en el apartado de la motivación de las sentencias al requisito de la logicidad de las sentencias, y de forma específica a la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. d) Que en la valoración de la prueba no se hayan observado las reglas de la sana crítica. Aquí debemos hacer referencia a la característica de “lógica”, es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto de juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba sí debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en el juicio. Esas explicaciones que ofrecerá deberán ajustarse a juicios racionales, es decir, al correcto entendimiento humano. Así es demandado por el CPP el que, en sus Artículos 202, 336, párrafo primero, y 338, sección cuarta, numeral 2, consigna el mandato al Tribunal de Sentencia de que sólo tendrá en cuenta las pruebas producidas durante el debate, formando su convicción de la valoración conjunta y armónica que de ellas haga, y basándose para ello en las reglas de la sana crítica. Igualmente en el desarrollo de este motivo el censor no es claro en su totalidad si se refiere a alguna carencia o suficiencia de motivación fáctica o jurídica, sin embargo es posible detectar un señalamiento sensato y coherente, cuando afirma que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica al valorar la declaración de testigo protegido “Alfa” introducida mediante lectura. Al realizar una revisión de la valoración probatoria que el sentenciador realiza de dicho testigo protegido, mismo que no se presentó al debate y cuya declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no es una prueba anticipada y además es el único testigo que supuestamente reconoce al acusado como la persona que le quitó la vida al ahora ofendido. La Sala de lo Penal ha dejado establecido la importancia del testigo protegido pero la necesidad de que, si el testigo no se presenta al debate y no se cuenta con una declaración de prueba anticipada, no podría condenarse con la sola lectura de su deposición rendida en etapas previas, pues ello incidiría gravemente en el derecho de defensa y en el principio contradictorio. En el caso sometido a estudio, observa esta Sala de Casación que el sentenciador ha incurrido en transgresión a las normas del recto pensamiento humano, pues ha derivado de la declaración del testigo protegido “Alfa” la culpabilidad del señor Elvis Joel Lanza Hernández en la muerte del señor Omar Alexi Marin Aguilar, sin embargo la declaración de este testigo no posee las características para que por sí sola desvirtúe el estado de Inocencia del imputado, pues el referido testigo protegido no se presentó a declarar al debate, su declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no declaró bajo la figura de una prueba anticipada y es el único testigo que afirma reconocer al ahora imputado como la persona que le quitó la vida al señor Marín Aguilar; el otro testigo protegido denominado “Bravo” que si se presentó al debate, no fue capaz de reconocer al acusado, afirmó que la gente decía que se llamaba Elvis, es decir no fue algo que le constara a pesar de que el imputado era vecino del lugar, además que al describir al supuesto individuo dijo que era un hombre alto, con camisa blanca y el testigo “Alfa” afirmó que era una persona de 1.65 (hombre de baja estatura) que andaba vestido con camisa manga larga y unos jeans azules; ambos testigos describen a individuos diferentes, por lo que el testigo “Bravo” no es suficiente para enervar el estado de Inocencia del acusado, razonamiento que no derivó el Tribunal Sentenciador, por lo que concluimos que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente recurso, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."ESTE MOTIVO ES DE RECIBO. En el tercer motivo de casación señala el recurrente el numeral 3 del artículo 362 del CPP, el cual reza así: QUE CAREZCA DE MOTIVACIONES FÁCTICAS O JURÍDICAS, QUE DICHAS MOTIVACIONES SEAN INSUFICIENTES O CONTRADICTORIAS O SI EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA. Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera la que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2, de la sección cuarta, del Artículo 338 CPP que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto de juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen y las relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3, sección cuarta, del Artículo 338 CPP. a) Carencia de motivación fáctica o jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Art. 362 CPP, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con "carencia de motivación", se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. b) Que las motivaciones fácticas o jurídicas sean insuficientes. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la "insuficiencia", en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve. c) Que la motivación sea contradictoria. Al habernos referido en el apartado de la motivación de las sentencias al requisito de la logicidad de las sentencias, y de forma específica a la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. d) Que en la valoración de la prueba no se hayan observado las reglas de la sana crítica. Aquí debemos hacer referencia a la característica de “lógica”, es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto de juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba sí debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en el juicio. Esas explicaciones que ofrecerá deberán ajustarse a juicios racionales, es decir, al correcto entendimiento humano. Así es demandado por el CPP el que, en sus Artículos 202, 336, párrafo primero, y 338, sección cuarta, numeral 2, consigna el mandato al Tribunal de Sentencia de que sólo tendrá en cuenta las pruebas producidas durante el debate, formando su convicción de la valoración conjunta y armónica que de ellas haga, y basándose para ello en las reglas de la sana crítica. Igualmente en el desarrollo de este motivo el censor no es claro en su totalidad si se refiere a alguna carencia o suficiencia de motivación fáctica o jurídica, sin embargo es posible detectar un señalamiento sensato y coherente, cuando afirma que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica al valorar la declaración de testigo protegido “Alfa” introducida mediante lectura. Al realizar una revisión de la valoración probatoria que el sentenciador realiza de dicho testigo protegido, mismo que no se presentó al debate y cuya declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no es una prueba anticipada y además es el único testigo que supuestamente reconoce al acusado como la persona que le quitó la vida al ahora ofendido. La Sala de lo Penal ha dejado establecido la importancia del testigo protegido pero la necesidad de que, si el testigo no se presenta al debate y no se cuenta con una declaración de prueba anticipada, no podría condenarse con la sola lectura de su deposición rendida en etapas previas, pues ello incidiría gravemente en el derecho de defensa y en el principio contradictorio. En el caso sometido a estudio, observa esta Sala de Casación que el sentenciador ha incurrido en transgresión a las normas del recto pensamiento humano, pues ha derivado de la declaración del testigo protegido “Alfa” la culpabilidad del señor Elvis Joel Lanza Hernández en la muerte del señor Omar Alexi Marin Aguilar, sin embargo la declaración de este testigo no posee las características para que por sí sola desvirtúe el estado de Inocencia del imputado, pues el referido testigo protegido no se presentó a declarar al debate, su declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no declaró bajo la figura de una prueba anticipada y es el único testigo que afirma reconocer al ahora imputado como la persona que le quitó la vida al señor Marín Aguilar; el otro testigo protegido denominado “Bravo” que si se presentó al debate, no fue capaz de reconocer al acusado, afirmó que la gente decía que se llamaba Elvis, es decir no fue algo que le constara a pesar de que el imputado era vecino del lugar, además que al describir al supuesto individuo dijo que era un hombre alto, con camisa blanca y el testigo “Alfa” afirmó que era una persona de 1.65 (hombre de baja estatura) que andaba vestido con camisa manga larga y unos jeans azules; ambos testigos describen a individuos diferentes, por lo que el testigo “Bravo” no es suficiente para enervar el estado de Inocencia del acusado, razonamiento que no derivó el Tribunal Sentenciador, por lo que concluimos que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente recurso, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días de junio de dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 441-2016 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual; Primero: Condenó al señor Elvis Joel Lanza Hernández, del delito de Asesinato, en perjuicio de Omar Alexi Marin Aguilar, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Elvis Joel Lanza Hernández, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del señor Elvis Joel Lanza Hernández. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se declara el comiso de un arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38 SPL, serie 471018, con numeración 23716 en el yugo del arma y cacha de madera. Son partes en la Única Instancia: El Abogado Oscar Danilo Madrid, en su condición de defensor privado del señor Elvis Joel Lanza Hernández, como parte recurrente y la Abogada Yessenia María Márquez Lobo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha tres de febrero del año dos mil trece, a eso de las nueve de la mañana, el señor Omar Alexi Marin Aguilar, estaba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa de habitación, la cual está ubicada en la colonia Loma Linda de Santa Rosa de Copán. En ese momento se le acercó el señor Elvis Joel Lanza Hernández, quien con arma de fuego en mano le disparó por la espalda, impactándole tres balas en la región posterior del tórax, luego le disparó de cerca en la frente, después de eso el señor Lanza Hernández se alejó del lugar y el señor Marín Aguilar quedó herido boca arriba, cerca de la gradas que dan acceso a su vivienda, siendo auxiliado por parientes, quienes los trasladaron al hospital de Occidente. SEGUNDO: El señor Omar Alexi Marin Aguilar, falleció a consecuencia de una laceración cerebral, producido por proyectil disparado por arma de fuego por el señor Elvis Joel Lanza Hernández.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley MOTIVO PRIMERO Y UNICO: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.- Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Tal y como lo establece nuestra ley Penal en su artículo 117 numeral 1, Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía.- Dice el juzgador en la Fundamentación Jurídica de la Sentencia Recurrida: que en el caso de marras Concurren todos los elementos de la tipificación legal de éste delito, ya que ha quedado probado más allá de toda duda razonable, que el imputado ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, con alevosía e intención de darle muerte, causó al señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, cuatro heridas con arma de fuego, las que le quitaron la vida; asimismo aduce que el acusado ejecutó el hecho con alevosía, ya que empleó medios, modos o formas que tendieron directamente y especialmente a asegurar el resultado, sin riesgo para él, de la defensa que pudo hacer el ofendido, aduciendo de igual forma que el imputado atacó al ofendido MARIN AGUILAR por sorpresa, pues le disparó cuanto este estaba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa, por la espalda, siendo así, desapareció totalmente la capacidad de defensa que pudo haber tenido el señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR. Circunstancia ésta que es inherente al tipo penal de asesinato, y es una de las que lo hace calificar como tal. A).- Como Abogado defensor del señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, discrepamos muy respetuosamente con el Honorable Tribunal de Sentencias que emite dicha sentencia, ya que si revisamos las declaraciones hechas por los testigos de cargo, testigos protegidos ALFA Y BRAVO, jamás y nunca mencionaron haber visto y/o presenciado que su agresor disparara por la espalda al Señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, no obstante según el Médico Forense Autopsiante, de acuerdo al Dictamen Médico Forense A-SPS-264-13 establece que tres disparos fueron impactados por la parte posterior al tórax y uno en la parte frontal del lado derecho, el mismo menciona que de tres impactos de bala, NO PUDO ESTABLECER LA DISTANCIA CON LA QUE LE DISPARARON, ya que el cuerpo sin vida del señor MARIN AGUILAR, iba sin ropa (sin camisa), lo cual no logra establecer la alevosía que se pretende aunar a los hechos verazmente acaecidos ese día tres de febrero del año dos mil trece (03-02-2013), ya que se desconoce fehacientemente quien y desde que distancia le disparó al señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR. B).- El factor sorpresa y el momento del día que se realiza este acto delictivo, desvanece totalmente el elemento del tipo penal de asesinato, ya que el hecho sucede exactamente a las nueve de la mañana, cuando el señor MARIN AGUILAR estaba estacionando su motocicleta y se conducía a su casa de habitación, situación tal que se desvanece, ya que nos instruye la doctrina legal, las horas del día no concurren para que el hechor oculte su identidad, al contrario, lo hizo fríamente a sabiendas de que podía ser visto por otras personas vecinas al lugar de donde sucedieron los hechos.- Es por estas circunstancias que humildemente consideramos que nos encontramos ante un delito tipificado como homicidio simple y no ante un delito de asesinato, a falta de prueba que nos determine la distancia cuando se realizaron tres de cuatro disparos al señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, asimismo ni uno solo de los testigos ha mencionado que se encontraba oculto entre las hierbas, y aún más, haber visto que el hechor disparara por la espalda, lo cual pudo ser de un costado de acuerdo a las trayectorias de los disparos donde se manifiesta que los disparos fueron de derecha a izquierda según dictamen A-SPS-264-13, a lo cual no concurre lo tipificado en el artículo 117 numeral del Código Penal vigente de nuestro ordenamiento jurídico. Es por ello que consideramos que la norma sustantiva infringida es el artículo 117 del Código Penal numeral 1, por aplicación indebida en la Sentencia recurrida; ya que la autoría por parte de mi defendido no quedó plenamente demostrada y en la cual los hechos probados que son verdades intangibles, no lo vinculan de forma directa con el ilícito penal referido, ya que el mismo únicamente ha sido vinculado de forma indiciaria, indicios que durante todo el proceso fue lo único que se sustentó con la prueba testifical de cargo.- En los hechos estimados declarados probados por el Honorable Tribunal de Sentencia, el hecho único, señala que en fecha tres de febrero del año dos mil trece, a eso de las nueve de la mañana, el Señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, estaba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa de habitación, la cual está ubicada en la colonia Loma Linda de Santa Rosa de Copán; en ese momento se le acercó el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, quien con arma de fuego en mano le disparó por la espalda, impactándole tres balas en la región posterior del tórax, luego le disparó de cerca en la frente, después de eso el señor LANZA HERNÁNDEZ se alegó del lugar y el señor MARIN AGUILAR quedó herido boca arriba, cerca de las gradas que dan acceso a su vivienda, siendo auxiliado por parientes, quienes los trasladaron al hospital de occidente; en éste acápite es importante señalar que el juzgador hace la aplicación de la circunstancia agravante a una situación determinada, careciendo de los medios valorativos que le permitieran aplicarla, ya que no está plenamente acreditado que sea mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ quien es la persona que disparó contra la humanidad del señor OMAR MARIN AGUILAR, contrario sensus, el hecho se llevó a cabo a plena luz del día, asimismo la Inspección Judicial del lugar de los hechos se practicó un año después en fecha 11 de febrero del año dos mil catorce y los hechos sucedieron en fecha tres de febrero del año 2013, y aun así el Tribunal Sentenciador consideró que existía la certeza de la prueba para impulsar su sentencia condenatoria, sin dar lugar al más mínimo indicio negativo a favor del imputado, ni aun levemente consentir que estamos ante un delito de menor impacto y punibilidad, como ser un Homicidio Simple.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “2. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- MOTIVO PRIMERO: Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.- MOTIVO SEGUNDO: Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.- MOTIVO TERCERO: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.- PRECEPTOS AUTORIZANTES: Los presentes Motivos de Casación se encuentran comprendidos en el artículo 362 numeral 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Que al examinar la sentencia recurrida se puede apreciar que en la misma se describen como HECHOS PROBADOS PRIMERO Y SEGUNDO en los cuales el Honorable Tribunal de Sentencia, luego de concluido el presente caso, basa y fundamenta la sentencia recurrida y establece como fáctum o nucleó de la sentencia lo siguiente: PRIMERO: En fecha tres de febrero del año dos mil trece, a eso de las nueve de la mañana, el señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, estaba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa de habitación la cual estaba ubicada en la Colonia Loma Linda de la ciudad de Santa Rosa de Copán.- En ese momento se le acercó el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, quien con arma de fuego en mano le disparó por la espalda, impactándole tres balas en la región posterior del tórax, luego le disparó de cerca en la frente, después de esto el señor LANZA HERNÁNDEZ se alejó del lugar y el señor MARÍN AGUILAR quedó herido boca arriba cerca de las gradas que dan acceso a su vivienda, siendo auxiliado por parientes, quienes lo trasladaron al hospital de occidente.- SEGUNDO: El señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, falleció a consecuencia de una laceración cerebral, producido por proyectil disparado por arma de fuego, por el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, en el caso de marras, es sabido que la evacuación de los medios de prueba en los juicios orales y públicos, son la columna vertebral de toda sentencia, y de acuerdo al precepto autorizante numeral 1, estima como plena prueba el hecho de que efectivamente fue mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, como la persona que disparó contra la humanidad del señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, sin que este dicho en ningún pronunciado como tal por los testigos de cargo que propusiera el Ministerio Público, ya que ni ALFA Y BRAVO pronunciaron haber visto de forma directa que el señor LANZA HERNANDEZ disparara por la espalda al ahora occiso, entonces concluimos que dicha sentencia se limita a cobrar vida condenatoria sobre LANZA HERNANDEZ, por indicios de participación, por la declaración de DOS TESTIGOS PROTEGIDOS “ALFA Y BRAVO” que ubican a mi representado en el lugar de los hechos, donde la declaración del testigo ALFA, fue introducida mediante lectura, (como dinámica última del Ministerio Público para lograr su beneplácito y que se pueda implicar plenamente a los imputados y así lograr sentencias condenatorias), propiciando el quebrantamiento al DERECHO DE DEFENSA y al principio de IGUALDAD DE PARTES, como derechos y garantías constitucionales que emanan de nuestra CARTA MAGNA, impidiendo efectivamente el contrainterrogatorio, ya que ninguno de los testigos “protegidos” mencionó que el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, se acercó al señor MARIN AGUILAR disparando por la espalda, a lo que consideramos que se cumple El Primer Precepto Autorizante contenido en el artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal, así como mencionar que el cuerpo del señor MARIN AGUILAR quedó cerca de las gradas que dan acceso a su vivienda, cuando supuestamente según lo manifestado el acto delictivo se realizó en el garaje de su casa de habitación el cual QUEDA DEBAJO DE LOS APARTAMENTOS según lo manifestado por el testigo protegido ALFA.- SEGUNDO: Para referirnos al Segundo Precepto Autorizante mencionaremos la forma de cómo se basa y se fundamenta la sentencia recurrida partiendo del uso de elementos probatorios que se obtienen mediante la incorporación de la declaración del testigo protegido “ALFA”, a lo cual el Honorable Tribunal de Sentencia, se pronuncia a que éste testigo reconoce perfectamente a mi representado a una distancia de 15 a 20 metros de distancia, que el mismo observa que es achinado y tiene una cicatriz debajo del ojo, asimismo menciona que el mismo llevaba un arma en su mano derecha y que al escuchar la voz de la esposa del ahora occiso mira hacia atrás y arroja el arma, describiendo de forma exacta y veraz el color de la cacha, el tipo de arma (revólver 38) oxidada, la cual iba empuñada por mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ; el Honorable Tribunal hace caso omiso a lo que aconteció en la Audiencia Inicial, en la cual el defensor del señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, interpuso RECURSO DE REPOSICIÓN para que no se tomara la declaración del testigo protegido “ALFA” bajo ésta modalidad, ya que no reunía lo que reza el artículo 217 del Código Procesal Penal, incurriendo así a lo que establece el precepto autorizante que emana del artículo 362 numeral 2 donde se menciona incorporados por su lectura en violación en las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código… el artículo 311 en su penúltimo párrafo nos dice que el Tribunal tendrá a su disposición, para su examen o lectura a efectos probatorios, los libros, documentos y demás piezas de convicci6n que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos enjuiciados, comprendemos entonces que el Sentenciador también debe al momento de hacer uso de la incorporación mediante lectura la declaración de un testigo que fue muy difícil por no decir imposible la reproducción personal del testimonio brindado en la etapa preparatoria, lo que consideramos de haberse realizado el sentenciador también hubiese valorado la Declaración del Imputado en la Audiencia Inicial tal y como consta en el folio 13 del expediente de mérito, asintiendo mínimamente con todo lo mencionado que aún y cuando el imputado ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ se encontraba ante una avalancha de prueba de cargo, se podía mantener incólume el estado de inocencia, cuando en la presente sentencia únicamente la misma ha sido destruida por la producción de prueba indiciaria aportada por dos testigos protegidos que ubican y señalan a ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ como el único sospechoso en la participación del delito de asesinato cometido en contra del señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR.- TERCERO: para fundamentar el Tercer Precepto Autorizante: como Defensa Técnica del señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, consideramos las motivaciones expuestas en la sentencia recurrida son insuficientes, así como las motivaciones fácticas, de igual forma consideramos convincentemente que en la valoración de la prueba no se observaron minuciosamente las REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, como ser las Máximas de la Experiencia, las Normas de la Lógica, y el conocimiento humano, como también las reglas de la psicología que también juegan un papel sustancial al momento de dictar una Sentencia Condenatoria de la talla por la cual se condena de Reo de Asesinato a una persona como el caso que nos ocupa- EI precepto autorizante se manifiesta, por no considerar el Sentenciador lo manifestado por el testigo protegido “BRAVO”, cuando fue interrogado por la Defensa del señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, al preguntarle si fue el señor LANZA HERNÁNDEZ quien disparó a la humanidad del señor MARIN AGUILAR el mismo testigo dijo que NO, se le preguntó si observó que llevara un arma en su mano, a lo que también dijo que NO, se le consulta donde fue que cayó el señor MARIN AGUILAR a lo que contesta que en la calle, se le preguntó si el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ llegó al lugar de los hechos y testigo BRAVO dijo que SI; lo que refleja fuertes contradicciones con lo manifestado con el testigo protegido “ALFA”, cuando dice que de 15 a 20 metros de distancia observa al señor LANZA, empuñando un arma con todas las características, observa una cicatriz, y aún más dice que es achinado, a una distancia de 15 a 20 metros de distancia, el testigo protegido BRAVO menciona en su declaración en e1 juicio oral y público que el hombre que vio iba en dirección de un puente hacia la carretera, mientras tanto el testigo protegido ALFA en audiencia inicial menciona que el cuerpo del señor MARIN AGUILAR se encontraba a 15 metros de distancia, así también que el sospechoso cruzó una esquina. PERO LO MÁS SOBRESALIENTE DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO “ALFA” es que menciona que observa a mi representado a una distancia de 15 a 20 metros desde la casa donde se encontraba (Casa del señor Marín Aguilar), en un día domingo a eso de las nueve de la mañana (9:00am) al lado de la señora del señor MARIN AGUILAR, visualizó al señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ que llevaba en su mano derecha el arma homicida, mientras que el Álbum Fotográfico con fecha 11 de febrero del año dos mil catorce, en la 10 de 11 se describe la ruta de escape del sospechoso, del lugar donde arroja el arma homicida que es una quebrada de aguas negras que pasa al costado derecho de la foto, o sea frente a la casa del señor MARIN AGUILAR, donde también se puede apreciar que están unos árboles de huerta y unas láminas, que también se verifican en las FOTOGRAFÍAS 1 Y 2 DEL PRIMER ÁLBUM FOTOGRÁFICO CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, siendo las 9:40 am horas donde se constituyen los suscritos Agentes de Investigación y Perito de Inspecciones Oculares de la DNIC con el propósito de proceder a la requisa, por lo que manifiesta el agente de investigación PEDRO MEMBREÑO lo siguiente: Presentes en el lugar de los hechos, se observa calle pavimentada de comunicación a Colonia Loma Linda de ésta ciudad, en dicha colonia se ubica la propiedad del Señor Omar Alexi Marín Aguilar donde se ubica su casa de habitación misma que cuenta con porch por aparte, con portón de color negro donde se observa en el interior un vehículo tipo turismo y una motocicleta color rojo, FRENTE A ESTE PORCH A TRES METROS DE DISTANCIA SE OBSERVA UNA QUEBRADA DE AGUAS NEGRAS EN LA CUAL SE APRECIAN DESECHOS PLÁSTICOS Y SOBRE UNA HOJA DE HUERTO UN ARMA DE FUEGO TIPO REVÓLVER CON CACHA DE MADERA COLO CAFÉ, PAVON BORROSO. AL MOMENTO DE REVISARLA Y LEVANTARLA COMO EVIDENCIA O INDICIO DE LOS HECHOS SUCEDIDOS. SE IDENTIFICA EN EL CILINDRO O TAMBOR SEIS CASQUILLOS COLOR BLANCO CALIBRE 38 SPL TODOS PERCUTIDOS. Continuando con la inspección en otro sector de la escena se observan manchas de color rojo aparentemente sangre humana como también una ojiva DE COLOR GRIS LA CUAL ES FIJADA Y LEVANTADA COMO UN SEGUNDO INDICIO.- Siendo todo cuando se pudo constatar y realizar al respecto, finalizando dicha diligencia a las 10:25 am horas, firmando los suscritos para constancia.- A/T PEDRO MEMBREÑO A/1 JOSUÉ MEMBREÑO.- NOS PREGUNTAMOS ENTONCES ANTE QUE ACTOR DEL DELITO NOS ENCONTRAMOS??? El testigo “ALFA” en su declaración mantuvo firmemente su posición que vio a mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, a una distancia de 15 a 20 metros llevando en su mano derecha el arma homicida, declarando además que vio cuando el sospechoso la lanzó a la quebrada A ESA DISTANCIA DE 15 O 20 METROS, mientras tanto de acuerdo al álbum fotográfico número 01 nos encontramos que el arma homicida fue encontrada FRENTE AL PORTÓN NEGRO DEL GARAJE DEL AHORA OCCISO, A UNA DISTANCIA DE TRES METROS, lo que aún y cuando después de pasado un año se realiza un nuevo álbum fotográfico para establecer claramente el lugar donde sucedieron los hechos se encuentran las mismas características físicas donde fue arrojada el arma homicida, llámese láminas y matas de huerta, así lo establecen las fotografías 1 2 Y 3 DEL PRIMER ÁLBUM FOTOGRÁFICO Y FOTOGRAFÍAS 10 Y 11 DEL SEGUNDO ÁLBUM FOTOGRÁFICO, además la distancia que menciona el señor testigo protegido “ALFA” es exactamente la distancia que existe entre la casa del ahora occiso y la calle pavimentada con cemento hidráulico, tal como consta en las fotografías 5 de 11 y 11 de 11 del segundo Álbum Fotográfico, ratificando el testigo ALFA que cuando el ahora encausado se disponía a cruzar la calle en dirección a la carretera internacional el mismo se dispuso a arrojar el arma homicida a la quebrada según consta en el reverso del folio 16 en el renglón uno y dos; y más aún la testigo “BRAVO” depuso que mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ SI SE PRESENTÓ AL LUGAR DE LOS HECHOS para brindar colaboración a los Policías Preventivos y Agentes de la DNIC en aquel entonces, en donde también atendiendo la petición de los hermanos del señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR, procede a buscar ni verdadero responsable de la comisión del delito que ahora injustamente e infundadamente se le atribuye a mi representado; Mientras tanto el TESTIGO PROTEGIDO “ALFA” COMPAÑERO DE TRABAJO DEL SEÑOR MARIN AGUILAR (Lo manifestó en audiencia inicial consta en folio 15 en el segundo y tercer renglón) manifestó que en ningún momento se encontró en el lugar de los hechos al hombre que le apodaban por sobrenombre “el veloz”, así también manifiesta que después de que ocurrieron los hechos, el testigo ALFA viajó hacia los Estados Unidos, y es hasta el mes de Diciembre del año 2013 que el testigo ALFA reconoce al supuesto participante en la comisión de ese delito, lo que evidencia fuertes contradicciones en su declaración, manifestando a la señora agente fiscal, que en el lugar de los hechos se encontraban muchos curiosos y a la señora Juez en audiencia inicial dice lo contrario... es por ello y por todo lo antes mencionado consideramos que en la presente Sentencia Recurrida queda plenamente acreditado el Quebrantamiento de Forma, en su numeral tres, ya que en la misma abundan fuertes contradicciones, así también podemos apreciar espontáneamente que no se observaron abnegadamente las reglas de la sana crítica, porque que comitente de un delito, minutos después de sucedidos los hechos se presentara a colaborar con la policía y agentes de investigación para dar con el paradero del verdadero responsable, así también que persona siendo vecina a dos cuadras y media de la casa del ahora occiso, se quedará habitando la misma durante aproximadamente un año y cuatro meses después de sucedido ese acontecimiento de lesa humanidad.- Es por ello que consideramos que en la presente causa, no se concretan todos los elementos del delito, y tal como lo dice la doctrina legal que a falta de uno de los elementos o caracteres esenciales del delito, será inútil y estéril la investigación, y en el caso de marras, mi representado ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ, no se describe CULPABLE DE LA COMISIÓN DE ESE DELITO, y ya lo establece la doctrina legal por regla general corno el último eslabón de comprobación para la imposición de la pena luego del injusto penal y a la vez constituye su límite: NULLA POENA SINE CULPA “NO HAY PENA SIN CULPABILIDAD” artículo 13 del Código Penal, lo que se puede derivar de la norma al exigir el sentido de la responsabilidad o atribuibilidad por un hecho ya sea a título de dolo o culpa; contrario sensus a mi representado el señor ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ se le han vulnerado todos sus derechos y garantías constitucionales y procesales, señalándosele como responsable de un delito que no ha cometido, vulnerando así lo que establece el artículo 89 y 90 de la Constitución de la República, artículo 2 del Código Procesal Penal vigente; siendo sentenciado únicamente por prueba indiciaria o indirecta por supuestos testigos presenciales que no señalan exactamente si fue o no mi representado que disparó contra la humanidad del señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR; sentencia que ha sido motivada únicamente por indicios de participación, indicios que no son contundentes, ni poseen suficiente fuerza legal para destruir el estado de inocencia de mi representado, ya que la misma doctrina lo establece Según Miranda Estrampes a la luz de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España, para que la prueba indiciaría tenga la consideración de prueba de cargo suficiente y apta para destruir la presunción iuris tantum de inocencia, se requiere la concurrencia de los requisitos siguientes: 1. La concurrencia de una pluralidad de indicios; es imprescindible que los indicios, para que puedan legitimar una condena penal, sean varios, no siendo suficiente un indicio aislado (los testigos protegidos como prueba de cargo mencionan un único hecho, el haberlo visto caminando y/o corriendo), al considerarlo inconsistente y ambiguo; 2. Los indicios deben estar plenamente acreditados, esto es, que el indicio o hecho-base debe estar suficientemente probado, toda vez que no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades (lo vi a una distancia de 15 o 20 metros, lo reconocí, y también antes de cruzar la esquina vi cuando tiró el arma homicida, cuando la realidad de las cosas es: que la persona que le dio muerte al señor OMAR ALEXI MARIN AGUILAR arrojó el arma homicida a tres metros de distancia del lugar de los hechos, así como también asegurar haber visto a una distancia de 15 a 20 metros de distancia todas las características físicas del arma homicida).- 3. El enlace entre el hecho-base y el hecho- consecuencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia (ELVIS JOEL LANZA HERNÁNDEZ si se presentó al lugar de los hechos, minutos después de sucedidos los mismos, nunca huyó, nunca se negó a colaborar, nunca se cambio de residencia), vale decir, que debe existir un proceso mental razonado coherente con las reglas del criterio humano a considerar probados los hechos constitutivos e incriminativos del delito. - 4. La necesidad de explicitación en la sentencia del razonamiento utilizado por el juzgador. Conforme sigue explicando el autor, la utilización de la prueba indiciaria en el proceso penal exige que el juzgador explicite en la sentencia el razonamiento lógico utilizado para obtener de la afirmación base, la afirmación presumida, esto es, la expresión del razonamiento deductivo y del iter formativo de la convicción, de lo que la actual sentencia recurrida adolece.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 117 numeral 1 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación Indebida del delito de asesinato. *Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que si revisamos las declaraciones hechas por los testigos protegidos Alfa y Bravo, éstos no mencionaron haber visto y/o presenciado que su agresor disparara por la espalda al señor Omar Alexi Marín Aguilar; el médico autopsiante no pudo establecer la distancia con la que se disparó, lo cual no logra establecer la alevosía. También afirmó que el factor sorpresa del que habla el juzgador, se desvanece totalmente ya que el hecho sucede a las 9 de la mañana, cuando el ofendido estaba estacionando su motocicleta. Del Principio de Debida Técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Para esta Sala de lo Penal resulta importante establecer que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para desarrollar su impugnación, pues denuncia la violación de una norma sustantiva por aplicación indebida, específicamente del artículo 117 numeral 1 del Código Penal, pero luego lo fundamenta haciendo alegatos de instancia, estableciendo cómo el sentenciador debió valorar la prueba, debido a la especie de casación que denuncia, su discurso debe recaer únicamente en los hechos probados y en cómo éstos encajan o no con la norma penal utilizada por el A quo. Ahora bien, nuestra respuesta se circunscribirá en determinar si el cuadro fáctico es coincidente o no con la norma penal utilizada por el sentenciador, pues hasta ahí alcanzan las facultades de esta Sala. Los hechos probados revelan que el 3 de febrero de 2013 a eso de las 9 de la mañana, el ofendido Omar Alexi Marin Aguilar se encontraba estacionando su motocicleta en el garaje de su casa; cuando en ese momento se le acercó el imputado Elvin Joel Lanza Hernández, quien con arma de fuego le disparó por la espalda, impactándole 3 balas en la región posterior del tórax, luego se acercó y le disparó en la frente, inmediatamente el acusado se alejó y el señor Marín fue auxiliado por sus parientes y trasladado al hospital de occidente. El señor Omar Alexi Marín Aguilar falleció a consecuencia de una laceración cerebral con arma de fuego disparada por el acusado Elvis Joel Lanza Hernández. Según se relatan en los hechos declarados probados, el imputado arremete contra la vida del ofendido Marín Aguilar haciendo 4 disparos, 3 impactan en la espalda y 1 en la cabeza; para esta Sala de Casación resulta evidente que existe alevosía como elemento necesario para agravar la responsabilidad del acusado, al haber utilizado medios y formas que tiendan a asegurar el resultado muerte, pues su accionar lo hace a traición sin que tuviera el señor Omar Alexi Marín la posibilidad de defenderse de alguna manera; otro elemento para asegurar el resultado muerte que el imputado Elvis Joel utilizó, es el último disparo que hace a la humanidad del ofendido dirigido a su cabeza, una parte vital del cuerpo humano y que fue al final lo que le quitó la vida según dictamen de autopsia. El cuadro fáctica relata sin lugar a dudas acciones cometidas por el señor Elvis Joel Lanza Hernández a título de autor y que encajan de manera perfecta y armónica en el delito contemplado en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal, pues sus actuaciones fueron efectuadas con alevosía, lo que le hace responsable del delito de asesinato; en ese orden de ideas, el tribunal sentenciador efectuó un adecuado encuadre de la norma penal con los hechos probados, no existiendo en tal circunstancia infracción alguna que merezca reproche casacional, por lo que este primer motivo de casación por infracción de ley debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. *Concepto de la infracción: sin determinar por el recurrente. *Reclamación ex-ante: sin determinar por la reclamante. *Pretensión: sin establecer por el impetrante. Explicó el recurrente que conforme al numeral 1 de precepto autorizante, el juzgador estima como plena prueba el hecho de que el señor Elvis Joel Lanza Hernández, disparó contra la humanidad del señor Omar Alexi Marín Aguilar, sin que ese dicho en ningún momento fue pronunciado como tal por los testigos de cargo, por lo que la sentencia se limita a cobrar vida condenatoria contra el acusado por indicios de participación. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Es importante recordar, que la casación por quebrantamiento de forma va dirigida a la demostración de los vicios que afectan sus regulaciones esenciales, ocurridos en la tramitación del juicio. Dentro de ellas se incluyen los defectos de los que pueda adolecer la sentencia. Siendo la casación por quebrantamiento de forma una vulneración de reglas del proceso, el recurrente debe tener presente indicar qué regla procesal en concreto ha sido violentada y la forma en que se ha producido esa infracción, por lo que no debe bastar la simple cita del motivo que invoque, sino que al hacer esa concretización debe señalar la norma que rige el acto particular, y señalar por supuesto la forma en que la violación o el vicio le ocasiona el perjuicio. En el caso subjudice el recurrente ha incurrido nuevamente en una inadecuada técnica recursiva para plantear sus tres motivos de casación, pues cada uno de ellos implica varios vicios de casación que deben ser expresados de forma separada y el censor debe ser claro en establecer cuál, de todos los vicios enunciados en cada uno de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 362, es el que considera en que el juzgador incurrió. Consideramos necesario explicar los errores incurridos por el censor, para el caso: denuncia como motivo de casación el numeral 1 del artículo 362 del CPP, mismo que contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia o oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir "in términis", y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. Lamentablemente el censor no ha sido específico al señalar cuál de los tres vicios que establece el artículo 362 numeral 1 del CPP considera infringido y cómo el juzgador incurrió en el mismo, pues lo que realiza son meros fundamentos de intancia, determinando conjeturas totalmente subjetivas, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. *Concepto de la infracción: sin determinar por el recurrente. *Reclamación ex-ante: sin determinar por el reclamante. *Pretensión: sin establecer por el impetrante. Explicó el censor que para referirse al segundo precepto autorizante, mencionará la forma de cómo se basa y se fundamenta la sentencia recurrida partiendo del uso de elementos probatorios que se obtienen mediante la incorporación de la declaración del testigo protegido “Alfa”; el Tribunal de Sentencia hizo caso omiso a la solicitud de la defensa privada del acusado, que en audiencia inicial interpuso recurso de reposición para que no se tomara la declaración de ese testigo, ya que no reunía los requisitos del artículo 217 del Código Procesal Penal, incurriendo así en lo que establece el precepto autorizante donde se menciona incorporados por su lectura, en violación en las normas contenidas en el título IV del libro segundo. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. También denuncia el recurrente el numeral 2 del artículo 362 CPP, que establece: “Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de la normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Este numeral contiene diferentes vicios, que igualmente deben ser presentados de forma separada: a) Que la sentencia se base en medios de prueba no incorporados legalmente al juicio. El Artículo 338, sección cuarta, numeral 2, del CPP, indica, en el apartado "Valoración de la prueba", que el tribunal deberá consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. El vicio ocurriría entonces, cuando el juzgador fundamente su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si los elementos de convicción se hubieran practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen al proceso penal en la actividad probatoria (y no se tratase de las excepciones que a esos principios establece la ley). b) Que la sentencia se base en medios de prueba incorporados por lectura en violación a las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del CPP. El Artículo 311 del CPP, es la norma que autoriza la incorporación por lectura de la prueba, como excepción al principio de oralidad que rige los actos procesales del debate, específicamente las diligencias de prueba. De ello resulta que el vicio citado existiría cuando se introduzcan por lectura pruebas no referidas en los casos que esa disposición señala, puesto que son los únicos que el CPP autoriza, según lo consigna el párrafo final del mismo artículo 311; así, como cuando tratándose de esos casos autorizados, se infrinjan las reglas establecidas para esa incorporación (como por ejemplo, que tratándose de una prueba anticipada recibida al ofendido cuya muerte se temía, éste haya sobrevivido al ataque y estaba disponible a declarar en el debate y no fue citado a ese efecto; asimismo, si la lectura de la prueba es realizada por los abogados y no por el Secretario del Tribunal de Sentencia). c) Que la sentencia excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Este motivo resulta de dos hipótesis: la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo), o la resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la infracción de los Artículos: a) 202, que impone al juzgador la obligación de formar su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y, c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. En este segundo motivo el censor establece que el defensor privado del acusado en audiencia inicial interpuso recurso de reposición, oponiéndose a que el testigo protegido “Alfa” fuese tomado bajo protección y por esa razón considera que se violentaron las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del CPP, sin embargo, debemos recordar al recurrente, que el recurso de casación se circunscribe a todo las incidencias y procesos relacionados con el debate o juicio oral propiamente dicha, los acontecimientos ocurridos en etapas o audiencias previas deben ser impugnados en los momentos procesales oportunos o saneados en la audiencia que para tal efecto establece nuestra ley procesal en el artículo 316; por lo que este segundo motivo debe ser desestimado. Tercer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. *Concepto de la infracción: sin determinar por el recurrente. *Reclamación ex-ante: sin determinar por la reclamante. *Pretensión: sin establecer por el impetrante. Explicó el recurrente que para fundamentar el tercer precepto autorizante, considera que las motivaciones expuestas en la sentencia recurrida son insuficientes, así como las motivaciones fácticas, de igual forma consideramos convincente que en la valoración de la prueba no se observaron minuciosamente las reglas de la sana crítica. Del testigo protegido. A. Obligatoriedad de comparecer como testigo. El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: *Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; *Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); *Aprehensión por riesgo de ocultamiento o fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión hasta por 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada, de ser necesario, bajo el protocolo de prueba anticipada; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); *Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y *Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos. La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección a los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de estos últimos; son medidas de protección, entre otras: *Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo, ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); *Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; *Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; *Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (ver art. 308.2 CPP); o *Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación.- Entre las medidas que contempla la ley in comento están: *Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; *Medidas Policiales: i. Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, iv. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); *Medidas Penitenciarias: medidas de protección penitenciaria; o *Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma; iii. Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Es importante anotar que aun cuando la legislación nacional señala como medida de protección el anonimato de identidad, no debe entenderse que autoriza la implementación del “Testigo Anónimo”, siendo éste aquel cuya identidad se desconoce de manera absoluta en el proceso, el cual es prohibido en nuestra legislación. A lo que se refieren las normas legales señaladas es que la identidad del testigo no sea de carácter pública; las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2014: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...” Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección. En sentencias de la Sala de lo Constitucional de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...” También la Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catrumán y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una situación concreta. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio del derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242. …la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: *Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; y *Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs.. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…” La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, e insiste en que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su no comparecencia se debe a que existe riesgo en contra de su vida, de su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección ha sido precisamente por dichos riesgos, y que las medidas adoptadas por el Estado debían de servir para contrarrestarlos, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate para informar lo que conoce; claro está que ello no puede tomarse como una fórmula matemática, pues habrá ocasiones en que el riesgo sea tal que efectivamente el testigo no pueda llegar a comparecer, pero tal circunstancias excepcionalísima debe ser compensada con la introducción por lectura de una declaración testifical tomada estrictamente bajo el protocolo de prueba anticipada, en donde se le haya dado a la defensa tanto el tiempo como la información que se tenga del caso para poder prepararse para participar en tal deposición. En cualquier caso, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tendrá en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. De la procedencia del recurso. Este motivo es de recibo. En el tercer motivo de casación señala el recurrente el numeral 3 del artículo 362 del CPP, el cual reza así: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica. Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera la que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2, de la sección cuarta, del Artículo 338 CPP que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto de juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen y las relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3, sección cuarta, del Artículo 338 CPP. a) Carencia de motivación fáctica o jurídica. Implica la omisión total, bien de la motivación fáctica, bien de la jurídica. Sobre la primera, conviene señalar que este vicio no se refiere a los hechos probados, puesto que al analizar el motivo del numeral 1 del Art. 362 CPP, éste hace alusión precisa al hecho histórico, por lo que al hablar de motivación fáctica, bajo el motivo en estudio, nos referimos a la valoración probatoria. Por ello, con "carencia de motivación", se alude a la omisión total de la valoración de prueba o de las razones de derecho para condenar o absolver. b) Que las motivaciones fácticas o jurídicas sean insuficientes. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la "insuficiencia", en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que resuelve. c) Que la motivación sea contradictoria. Al habernos referido en el apartado de la motivación de las sentencias al requisito de la logicidad de las sentencias, y de forma específica a la coherencia que deben mantener los argumentos de la resolución, puesto que deben guardar una debida relación y concordancia, resulta que la contradicción de esos argumentos resta esa cualidad, ya que implican la existencia de juicios contrapuestos y que se excluyen entre sí. El vicio ocurriría cuando existiera una contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados, o entre estos y la fundamentación jurídica, o si la contradicción apareciese de forma interna en esa valoración de la prueba o en la motivación jurídica. d) Que en la valoración de la prueba no se hayan observado las reglas de la sana crítica. Aquí debemos hacer referencia a la característica de “lógica”, es decir, que aún y cuando el sistema de la sana crítica racional no establece límites al juzgador para formar su convicción, puesto que puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto de juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, al examinar la prueba sí debe indicar las razones que lo conllevan a decidirse por la que le convence y señalar el valor que le asigna a las producidas en el juicio. Esas explicaciones que ofrecerá deberán ajustarse a juicios racionales, es decir, al correcto entendimiento humano. Así es demandado por el CPP el que, en sus Artículos 202, 336, párrafo primero, y 338, sección cuarta, numeral 2, consigna el mandato al Tribunal de Sentencia de que sólo tendrá en cuenta las pruebas producidas durante el debate, formando su convicción de la valoración conjunta y armónica que de ellas haga, y basándose para ello en las reglas de la sana crítica. Igualmente en el desarrollo de este motivo el censor no es claro en su totalidad si se refiere a alguna carencia o suficiencia de motivación fáctica o jurídica, sin embargo es posible detectar un señalamiento sensato y coherente, cuando afirma que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica al valorar la declaración de testigo protegido “Alfa” introducida mediante lectura. Al realizar una revisión de la valoración probatoria que el sentenciador realiza de dicho testigo protegido, mismo que no se presentó al debate y cuya declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no es una prueba anticipada y además es el único testigo que supuestamente reconoce al acusado como la persona que le quitó la vida al ahora ofendido. La Sala de lo Penal ha dejado establecido la importancia del testigo protegido pero la necesidad de que, si el testigo no se presenta al debate y no se cuenta con una declaración de prueba anticipada, no podría condenarse con la sola lectura de su deposición rendida en etapas previas, pues ello incidiría gravemente en el derecho de defensa y en el principio contradictorio. En el caso sometido a estudio, observa esta Sala de Casación que el sentenciador ha incurrido en transgresión a las normas del recto pensamiento humano, pues ha derivado de la declaración del testigo protegido “Alfa” la culpabilidad del señor Elvis Joel Lanza Hernández en la muerte del señor Omar Alexi Marin Aguilar, sin embargo la declaración de este testigo no posee las características para que por sí sola desvirtúe el estado de Inocencia del imputado, pues el referido testigo protegido no se presentó a declarar al debate, su declaración fue rendida en audiencia inicial, es decir no declaró bajo la figura de una prueba anticipada y es el único testigo que afirma reconocer al ahora imputado como la persona que le quitó la vida al señor Marín Aguilar; el otro testigo protegido denominado “Bravo” que si se presentó al debate, no fue capaz de reconocer al acusado, afirmó que la gente decía que se llamaba Elvis, es decir no fue algo que le constara a pesar de que el imputado era vecino del lugar, además que al describir al supuesto individuo dijo que era un hombre alto, con camisa blanca y el testigo “Alfa” afirmó que era una persona de 1.65 (hombre de baja estatura) que andaba vestido con camisa manga larga y unos jeans azules; ambos testigos describen a individuos diferentes, por lo que el testigo “Bravo” no es suficiente para enervar el estado de Inocencia del acusado, razonamiento que no derivó el Tribunal Sentenciador, por lo que concluimos que se violentaron las reglas de la sana crítica, específicamente de la lógica en su principio de derivación, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente recurso, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate celebrado y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su tercer motivo, interpuesto por la defensa privada del acusado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Danilo Madrid, en su condición de defensor privado del señor Elvis Joel Lanza Hernández, a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Omar Alexi Marín Aguilar. Segundo: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su tercer motivo interpuesto por el Abogado Oscar Danilo Madrid, en su condición de defensor privado del señor Elvis Joel Lanza Hernández. Tercero: Casa la sentencia recurrida. Cuarto: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-441-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012