Sentencia CP-44-17 — Registro 11947
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Extorsión Continuada, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo.Inicia la Sala de lo Penal el pronunciamiento de fondo lamentando que la representante de la Defensa Pública haga uso de argumentaciones falsas para sustentar el recurso de casación; en el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la convergencia de violaciones constitucionales a los derechos a un debido proceso judicial y al derecho de defensa con ocasión de que el tribunal de sentencia ordenase la introducción por lectura de la declaración de un testigo protegido, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria, pero resulta que al estudio del acumulado judicial se pudo constatar no solo que el testigo protegido T-112, compareció a rendir su declaración testifical a la audiencia de debate, sino que la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole un total de 17 preguntas, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al derecho de defensa por la falta de contradicción en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, la Defensa Pública había tenido la oportunidad de interrogar al testigo protegido (audiencia de prueba anticipada), por lo que al momento del debate contaba con conocimiento previo del contenido de la declaración, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción. Respecto a la violación al derecho a un debido proceso judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del señor Darwin Joel Salinas Ordoñez, determinándose en momento procesal posterior que su nombre correcto era Josué David Salinas Ordoñez, por suponerlo responsable, a título de coautor, de un delito consumado de Extorsión, en concurso continuado, en perjuicio del señor T-112; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal, destacando: i.- Audiencia de declaración testifical bajo protocolo de prueba anticipada, tomada en fecha 22 de noviembre de 2014, bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública quien ejerció la representación legal del acusado (F. 20), en donde se tomó la deposición del testigo T-112, sin que conste en el acta respectiva protesta por la medida de protección otorgada; ii.- Audiencia de proposición de medios de prueba 16 de abril de 2015, en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del señor identificado con la clave T-112, no habiendo la Defensa Pública hecho alguna protesta por la medida de protección otorgada al testigo, ni petición de cambio de medida de cara a la audiencia de debate (f 76); iii.- Audiencia de debate, celebrada en fecha 11 de marzo de 2016, en donde, según el acta respectiva, la Defensa Pública no presentó ningún incidente relacionado con la medida de protección al testigo, tampoco opuso reparo relacionado al momento en que éste compareció y rindió su testimonio en la audiencia, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (f. 93).- En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo T-112, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones:: *Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque la recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y Por fondo: i.- El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo éste una persona que ejercía actos de comercio y que como consecuencia de ello fue víctima del delito de extorsión por parte del acusado y un asociado menor de edad; ii.- La declaración del testigo protegido T-112, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser las declaraciones testificales de los agentes Francisco Misael Pérez Corea y Erick Raúl Zuniga Tabora, la prueba documental consistente en acta de seriado de papel moneda, acta de vigilancia, acta de registro personal y acta de incautación, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-044-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de agosto del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Josué David Salinas Ordoñez, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave T-112, a la pena de veinticinco años de reclusión, más una multa de cuatrocientos veintiséis mil lempiras con noventa con cinco centavos, el cual es el equivalente a treinta y tres salarios mínimos; Segundo: Condenó al señor Josué David Salinas Ordóñez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró al señor Josué David Salinas Ordóñez, responsable civilmente del delito por el que se le condena; Cuarto: No se declara el comiso de ningún instrumento de ejecución o pieza de convicción; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Josué David Salinas Ordoñez. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Mario Renieri Amador Espinal, agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado Josué David Salinas Ordoñez, en su condición de recurrentes; y la Abogada Marina Audely Varela, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: En el mes de junio del año dos mil catorce, cuatro individuos que se identificaron como miembros de la mara 18, entre ellos Josué David Salinas Ordoñez, alias “Guindy”, se presentaron al negocio del testigo protegido T-112, ubicado en la colonia Las Ayestas de esta ciudad de San Pedro Sula, diciéndole que a partir de la fecha debía pagarles la cantidad de cuatrocientos lempiras (400.00 Lps) el día viernes de cada semana, indicándole que de no hacerlo, lo matarían tanto a él como a su familia, además que incendiarían su negocio, informándole que los encargado de cobrar el dinero serían los jóvenes Josué David Salinas Ordóñez y otro muchacho conocido con el alias de “El Tatareto”, comenzando el testigo protegido a realizar los pagos desde el mes de junio hasta el mes de noviembre del dos mil catorce, entregando personalmente al imputado Salinas Ordoñez aproximadamente en ocho ocasiones el pago del dinero solicitado bajo amenaza. Segundo: En el mes de noviembre del año dos mil catorce, el testigo protegido se rehusó a seguir realizando el pago de cuatrocientos lempiras semanales, por lo que el joven Josué David Salinas Ordoñez alias “Guindy”, en compañía de otro sujeto conocido con el alias de “El Tatareto” hicieron varios disparos que impactaron en la pared de su negocio, razón por la cual, el testigo protegido el día veinte de noviembre del mismo año, interpuso denuncia en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, denunciando los hechos anteriores. El día veintiuno del mismo mes y año, en horas de la mañana el testigo protegido compareció ante esa unidad policial a informar que se día viernes por la tarde realizaría el pago del dinero, por ello se conformó un equipo de agentes de investigación, quienes se trasladaron hasta la colonia Las Ayestas a realizar una vigilancia estacionaria a pocos metros del negocio del testigo protegido, observando cuando al local se acercaron el joven Josué David Salinas Ordoñez en compañía de otro joven alias “El Tatateto”, y en ese momento por una ventanilla el testigo protegido les entrego la cantidad de cuatrocientos lempiras en cuatro billetes de cien lempiras, procediendo los agentes a darles seguimiento, logrando detenerlos a tres cuadras de distancia, encontrándoles a cada uno en posesión de la cantidad de cien lempiras, dinero que correspondía al entregado minutos antes por el testigo protegido, pues la series de los billetes previamente habían sido anotadas en un acta policial. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción de Precepto Constitucional Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 (Derecho De Defensa Y Debido Proceso), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Primero: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor Josué David Salinas Ordóñez por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido Clave T-112 infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y el debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un respaldo probatorio que lo sustente. Tercero: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba decisiva de cargo la declaración del Testigo Protegido Clave T-112 (supuesta víctima) con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el imputado Josué David Salinas Ordóñez, junto con otras personas, en el mes de junio de 2014, le exigieron al Testigo Protegido Clave T-112 les entregara la cantidad de Cuatrocientos Lempiras (L. 400.00) los días viernes de cada semana, bajo la amenaza que de no hacerlo lo matarían tanto a él como a su familia, además que le incendiarían su negocio, por lo que a partir de ese mes y hasta noviembre de 2014, el Testigo Protegido Clave T-112 les hizo entrega de la suma exigida. Cuarto: El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditarlos ya que, la prueba de cargo está constituida, decisivamente, por la declaración del Testigo Protegido Clave T-112, dicha insuficiencia probatoria se empeora por el hecho de que la mencionada declaración no fue rendida en el juicio oral y público, sino en audiencias previas e introducida al juicio mediante lectura y que además no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden, inconvenientes para la defensa que se agravan por la condición de testigo protegido (oculto y con identidad reservada) que impiden el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica el derecho del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero la no comparecencia a juicio y el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y debido proceso. Quinto: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso de los que legalmente goza el señor Josué David Salinas Ordóñez, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observó plenamente los principios procesales de contradicción e inmediación, infringiendo el derecho de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del Testigo Protegido Clave T112 (testigo oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pudo evitarse si el Juzgador hubiese llevado a cabo el obligado control de convencionalidad, consistente en la verificación de la compatibilidad entre las disposiciones legales y la práctica procesal interna con relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, pues de haberlo llevado a cabo el fallo sería totalmente diferente, porque al imputado Josué David Salinas Ordóñez se le condenó sobre la base de una única declaración de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) y ello es violatorio del derecho de defensa tal como lo reconocen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a ello reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución… b)… la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el testigo protegido Nº 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto… Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentepequeo Pichón Paillalao”. Caso Norin Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 247, 251 y 252[1] “…este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener el anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios.” Caso Kostovski Vs Países Bajos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno). Sentencia Final, 20 de noviembre de 1989, párr. 42. Séptimo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Josué David Salinas Ordóñez, porque a él se le condenó con base en la declaración del Testigo Protegido Clave T-112 (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser las declaraciones de los policías anti extorsión Francisco Pérez y Erick Raúl Zúniga Tábora, pero ellos son testigos de referencia y por tanto sus dichos no bastaban para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos del imputado y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor Josué David Salinas Ordóñez. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Art. 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Arts. 82 y 90, en relación con el art 16, todos de la Constitución de la República; y Art. 1 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental de defensa; y Violación al derecho fundamental a un debido proceso judicial. *Motivo: Única declaración que sustenta la sentencia condenatoria es de un testigo protegido, la cual fue introducida por lectura a la audiencia de debate, lesionando el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; *Pretensión: Se absuelva al acusado Josué David Salinas Ordoñez. La Defensa Pública señala que la sentencia que ahora se impugna ha quebrantado dos derechos fundamentales: el derecho de defensa, reconocido en el artículo 82 y el derecho al debido proceso judicial, reconocido en el artículo 90, ambos de la Constitución de la Republica. Explica la Defensa Pública que lo que ha motivado el recurso de casación es que la sentencia ha sentado un pronunciamiento de culpabilidad en contra del acusado Josué David Salinas Ordoñez, por suponerlo coautor de un delito consumado de Extorsión continuado, en perjuicio de la propiedad del testigo protegido T-112, infringiendo claramente derechos fundamentales. El vicio se produce, según alega, porque los hechos en que se funda la declaración de responsabilidad está definida decisivamente por la declaración de cargo del señor T-112, la que no fue rendida en la audiencia de debate sino en audiencias previas e introducida por lectura, sin que además cuente con elementos probatorios que le corroboren; lo anterior, según la Defensa Pública, impidió el ejercicio del derecho del acusado de poder examinar al testigo/ofendido en condiciones iguales que el ente acusador y con ello dándose la violación de los principios procesales de contradicción e inmediación, y en suma el derecho a la defensa. Agrega que la condición de testigo protegido del deponente no dio la oportunidad de que la defensa técnica realizara un verdadero contra examen. Para la Defensa Pública, la condena del acusado bajo la fundamentación hecha por el Tribunal de Sentencia, es contraria a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Norin Catriman y otros vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014, y contra lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1989, en el caso Kostovki vs. Los Países Bajos. Del Testigo Protegido A.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el/la testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: *Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; *Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); *Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); *Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y *Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenara cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: *Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); *Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; *Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; *Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (ver art. 308.2 CPP); o *Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación.- Entre las medidas que contempla la ley in comento están: *Medidas de Protección Personal: i.- Alejamiento del lugar del riesgo; ii.- Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii.- Cambio de identidad; iv.- Modificación de rasgos físicos; *Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii.- Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii.- Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv.- 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); *Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o *Medidas de Protección en el Proceso Penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de la misma; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Es importante anotar que aun cuando la legislación nacional señala como medida de protección el anonimato de identidad, no debe entenderse que autoriza la implementación del “Testigo Anónimo”, siendo éste aquel cuya identidad se desconoce de manera absoluta en el proceso, el cual es prohibido en nuestra legislación. A lo que se refieren las normas legales señaladas es que la identidad del testigo no sea de carácter pública; las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección En sentencias de la Sala de lo Constitucional de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. También la Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catrumán y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile).- Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: *Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; y *Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs.. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, e insiste en que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su no comparecencia se debe a que existe riesgo en contra de su vida, de su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección ha sido precisamente por dichos riesgos, y que las medidas adoptadas por el Estado debían de servir para contrarrestarlos, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate para informar lo que conoce; claro está que ello no puede tomarse como una fórmula matemática, pues habrá ocasiones en que el riesgo sea tal que efectivamente el testigo no pueda llegar a comparecer, pero tal circunstancias excepcionalísima debe ser compensada con la introducción por lectura de una declaración testifical tomada estrictamente bajo el protocolo de prueba anticipada, en donde se le haya dado a la defensa tanto el tiempo como la información que se tenga del caso para poder prepararse para participar en tal deposición. En cualquier caso, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.Inicia la Sala de lo Penal el pronunciamiento de fondo lamentando que la representante de la Defensa Pública haga uso de argumentaciones falsas para sustentar el recurso de casación; en el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la convergencia de violaciones constitucionales a los derechos a un debido proceso judicial y al derecho de defensa con ocasión de que el tribunal de sentencia ordenase la introducción por lectura de la declaración de un testigo protegido, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria, pero resulta que al estudio del acumulado judicial se pudo constatar no solo que el testigo protegido T-112, compareció a rendir su declaración testifical a la audiencia de debate, sino que la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole un total de 17 preguntas, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al derecho de defensa por la falta de contradicción en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, la Defensa Pública había tenido la oportunidad de interrogar al testigo protegido (audiencia de prueba anticipada), por lo que al momento del debate contaba con conocimiento previo del contenido de la declaración, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción. Respecto a la violación al derecho a un debido proceso judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del señor Darwin Joel Salinas Ordoñez, determinándose en momento procesal posterior que su nombre correcto era Josué David Salinas Ordoñez, por suponerlo responsable, a título de coautor, de un delito consumado de Extorsión, en concurso continuado, en perjuicio del señor T-112; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal, destacando: i.- Audiencia de declaración testifical bajo protocolo de prueba anticipada, tomada en fecha 22 de noviembre de 2014, bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública quien ejerció la representación legal del acusado (F. 20), en donde se tomó la deposición del testigo T-112, sin que conste en el acta respectiva protesta por la medida de protección otorgada; ii.- Audiencia de proposición de medios de prueba 16 de abril de 2015, en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del señor identificado con la clave T-112, no habiendo la Defensa Pública hecho alguna protesta por la medida de protección otorgada al testigo, ni petición de cambio de medida de cara a la audiencia de debate (f 76); iii.- Audiencia de debate, celebrada en fecha 11 de marzo de 2016, en donde, según el acta respectiva, la Defensa Pública no presentó ningún incidente relacionado con la medida de protección al testigo, tampoco opuso reparo relacionado al momento en que éste compareció y rindió su testimonio en la audiencia, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (f. 93).- En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo T-112, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al debido proceso y al derecho de defensa, denuncia que no es atendible por las siguientes razones:: *Por forma: 1.- Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones y -entre éstas- los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Art. 363 tercer párrafo CPP); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque la recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii.- La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndo sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Art. 170 CPP); y Por fondo: i.- El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo éste una persona que ejercía actos de comercio y que como consecuencia de ello fue víctima del delito de extorsión por parte del acusado y un asociado menor de edad; ii.- La declaración del testigo protegido T-112, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser las declaraciones testificales de los agentes Francisco Misael Pérez Corea y Erick Raúl Zuniga Tabora, la prueba documental consistente en acta de seriado de papel moneda, acta de vigilancia, acta de registro personal y acta de incautación, que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Decisión: Desestimar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis (f. 103), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-44-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El presente caso se refiere a alegadas violaciones en perjuicio de ocho presuntas víctimas relacionadas con su procesamiento y condena penal por delitos de carácter terrorista respecto a la República de Chile. En los procesos penales contra los señores Norín Catrimán, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe se reservó la identidad de determinados testigos.
[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.