Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-438-16 — Registro 12298

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado por los delitos Abuso de Autoridad y Detención Ilegal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ante el vicio denunciado, ha procedido a realizar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y encuentra que en efecto existe quebranto a las reglas de la sana crítica, pues el Juzgador no ha derivado del resultado probatorio conclusiones coherentes y congruentes. En el apartado valoración probatoria, numeral primero el sentenciador valoró los testimonios de los ofendidos José Joel Izaguirre Avilez y Ángel Iban Andino Barahona, ambos afirmaron en resumen, que el día 12 de octubre de 2011 a eso de las 4 de la tarde, el imputado junto con otros compañeros, los detuvieron a ambos en el metromall, los llevaron a una posta por el aeropuerto y le dijeron al guardia que quedan detenidos, a las 7 de la noche regreso el imputado a decirles que no tenían nada que ver con la extorsión, pero que necesitaban revisar los papeles de la motocicleta, los llevaron arriba y al revisar los papeles de la moto no tenía ningún problema; luego el imputado regreso y que la placa de la moto de uno de ellos tenía problemas; luego de tenerlos ahí toda la noche, los dejaron libre a las 12 del mediodía. El tribunal al valorar estos testimonios dice: “Que ambas declaraciones son coincidentes en establecer que fueron requeridos por el acusado Jose Luis Galindo para investigación en torno a una vigilancia en las instalaciones del metromall” sin embargo el Tribunal hace una derivación errónea del testimonio de estos ofendidos, pues afirmaron de forma categórica que fueron detenidos, en ningún momento utilizaron la palabra “requeridos”, tampoco dijeron que era para investigación, porque entonces perfectamente pudieron ser dejados en libertad y continuar con las investigaciones del caso. El Juez A-quo erróneamente extrae del testimonio de los ofendidos conclusiones que no se desprenden de sus declaraciones, afirmando que en el tiempo requerido las víctimas fueron informados que podían irse por no tener vinculación; sin embargo esa conclusión no fue en ningún momento advertida por los testigos; el Tribunal A-quo además concluye que los ofendidos lo que están es molestos porque a la fecha del juicio no les habían devuelto sus motocicletas, conclusión que consideramos fuera de orden pues nada tiene que ver la no devolución de las motos con todo lo que vivieron las victimas al ser detenidos ilegalmente sin tener si quiera indicios de su participación en delito alguno. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del Sentenciador no cumplen con los requisitos de congruencia pues las deducciones del Juzgador no guardan una adecuada afinidad pues extrajo del testimonio de las víctimas razonamientos erróneos, tampoco son concordantes pues las conclusiones a las que arribó el A-quo son no corresponden al resultado probatorio, tal es el caso de las declaraciones de las víctimas que establecieron unos hechos pero el Sentenciador derivó en otros muy diferentes; así considera este Tribunal de Casación que el Juez A-quo ha establecido juicios de valor contrarios a las reglas de la sana crítica por lo que este primero motivo de casación debe ser declarado con lugar, por lo que se decreta la nulidad de la sentencia y el debate acontecido, además de ordenarse la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal no procede a analizar el otro motivo de casación interpuesto por el recurrente, en tanto que ha sido declarado con lugar el primero con los efectos legales correspondientes...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 438-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual; Primero: Absolvió al señor Luis Josué Aguilar Galindo, de los delitos de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras y de Ángel Iván Andino Barahona y Josué Joel Izaguirre Avilés. Segundo: Se ordenó la inmediata liberación del señor Luis Josué Aguilar Galindo. Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Cuarto: No procede declarar la responsabilidad civil del señor Luis José Aguilar Galindo. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma el Abogado Juan Carlos Griffin Ramirez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha doce de octubre del año dos mil once, entre las cinco a cinco y treinta de la tarde Agentes Policiales entre ellos LUÍS JOSUÉ AGUILAR GALINDO, quien se desempeñaba en el cargo de Policía de Fronteras, asignado a la unidad antiextorsión de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación, se encontraban realizando una vigilancia de una entrega controlada por una denuncia de extorsión, en las instalaciones del Centro Comercial de Metro Mall de la ciudad de Comayagüela, de las vigilancias realizadas se detectó a una persona con actitud sospechosa quien fue requerida e identificándose esta con el nombre de JOSÉ JOEL IZAGUIRRE, manifestando éste que estaba a la espera de un amigo de nombre ÁNGEL IVÁN ANDINO BARAHONA, y justo cuando era trasladado al parqueo, se encontraron a ÁNGEL ANDINO quien también fue requerido, siendo trasladados ambos a la Dirección General de Investigación de Servicios Especiales, para efectos de investigación. SEGUNDO: De las primeras diligencias investigativas realizadas por parte del agente LUÍS JOSUÉ AGUILAR GALINDO, se descartó la participación de José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona, con respecto al delito de EXTORSIÓN, lo cual hizo del conocimiento de estos y les comunicó que quedaban en libertad; e igualmente les informó que estaba verificando la propiedad de los vehículos tipo motocicletas en que se conducían, por lo que al ingresar el número de la placa MPA 4948 de la motocicleta marca HONDA, color blanco, al sistema nacmis, se encontró que esta presentaba reporte de robo, por lo que se requirió la ampliación de la investigación a efecto de esclarecer esa situación sin con ello afectar la libertad ambulatoria de José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. PRIMER MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria por dos delitos de Detención Ilegal, lo hizo valorando la prueba inobservado las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio, al estimar que la prueba de cargo resultó ser insuficiente para desvirtuar la versión del acusador, en consecuencia tuvo por cierto el siguiente hecho probado: PRIMERO: En fecha doce de octubre del dos mil once, entre las cinco a cinco y treinta de tarde Agentes Policiales entre ellos LUÍS JOSUÉ AGUILAR GALINDO, quien se desempeñaba en el cargo de Policía de Fronteras, asignado a la unidad antiextorsión de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación, se encontraban realizando una vigilancia de una entrega controlada por una denuncia de extorsión, en las instalaciones del Centro Comercial de Metro Mall de la ciudad de Comayagüela, de las vigilancias realizadas se detectó a una persona con actitud sospechosa quien fue requerida e identificándose con el nombre de JOSÉ JOEL IZAGUIRRE, manifestó que estaba a la espera de su amigo de nombre ÁNGEL IVÁN ANDINO BARÁHONA, y justo cuando era trasladado al parqueo, se encontraron a ÁNGEL IVÁN ANDINO, quien también fue requerido, siendo trasladados ambos a la Dirección General de Investigación de Servicios Especiales, para efectos de investigación (lo subrayado es nuestro). SEGUNDO: De las primeras diligencias investigativas realizadas por el agente LUÍS JOSUÉ AGUILAR GALINDO, se descartó la participación de José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona con respecto al delito de EXTORSIÓN, lo cual hizo de conocimiento de estos y les comunicó que quedaban en libertad; e igualmente se les informó que estaban verificando la propiedad de los “vehículos tipo motocicletas en que se conducían”, por lo que al ingresar el número de placa PMA 4948 de la motocicleta Honda, color blanco, al sistema nacmis, se encontró que esta presentaba reporte de robo, por lo que se requirió ampliación de la investigación a afecto de esclarecer esa situación sin con ello afectar la libertad ambulatoria de José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino (el subrayado, comillas y negrilla es nuestro). Dentro de este primer motivo de casación invocaré la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, en primera instancia por violación a la regla lógica de la veracidad y segundo a la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de razón suficiente. 1.1.- En atención a lo anterior y para efecto de declarar el fáctum que antecede, las juzgadoras estimaron como hechos probados, circunstancias que están alejadas de la realidad, ya que al hacer un análisis de la valoración de la prueba, encontramos que los argumentos que se utilizaron para restarle credibilidad a la prueba de cargo o darle credibilidad prueba de descargo no son veraces, pues de la prueba evacuada se deriva hechos totalmente distintos a los apreciados y valorados por el Tribunal de Sentencia. En primer momento al valorar en forma conjunta las declaraciones de ambas víctimas José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona, el Tribunal ad-quo de forma inexplicable da por cierto que a ellos (los detenidos) les informaron que podían irse por no tener vinculación en los hechos por los cuales fueron detenidos, lo cual es totalmente falso, porque ambas víctimas en sus deposiciones fueron reiterativos, claros y contestes en afirmar que estaban detenidos y que no podían salir del recinto policial por orden del acusado, pese a que no tenían vinculación en falta o delito alguno, que recobraron su libertad hasta el día siguiente en horas de la mañana cuando el acusado les dio su libertad. Afirma también incorrectamente el Tribunal Ad-quo en otro apartado de la valoración de la prueba (valoración conjunta de declaración de las víctimas), que las víctimas se quedaron esperando le devolvieran la motocicleta para marcharse, lo cual es totalmente falaz por cuanto las víctimas por el contrario manifestaron que no podían recobrar su libertad pese a que el imputado les había indicado que no tenían responsabilidad ni por el delito de extorsión, ni por las motocicletas decomisadas, incluso el señor José Joel Izaguirre, lo increpó en varias ocasiones para que lo dejase en libertad una vez que se verificó no tener responsabilidad por ninguno de los dos motivos y la respuesta del señor Luís José Aguilar Galindo, fue que se quedaba detenido porque era amigo del señor Ángel Andino, es decir, de ambas declaraciones los que se aprecia es que no había motivo para mantener detenidos a las víctimas hasta el día siguiente pues de las primeras investigaciones se demostró su inocencia, todo lo contrario al incorrecto criterio o discernimiento del Tribunal, por ende el que no se hayan ido a sus viviendas no fue por esperar la devolución de una motocicleta sino porque de forma ilegal el acusado los obligó a permanecer en dicho recinto policial. Otro aspecto cuestionable, es que el Tribunal de Sentencia le resta valor probatorio a las declaraciones de ambas víctimas aduciendo que el ofendido Ángel Iván Andino Barahona, estaba molesto o incómodo por la devolución de una motocicleta, lo cual no es congruente con lo verdaderamente declarado por el testigo, pues en su deposición no se advierte resentimiento o molestia alguna, extremo por la que su declaración al igual que la de José Joel Izaguirre, fueron congruentes, confiables y desprovistos de un interés por perjudicar. Un punto importante a destacar y que denota poca veracidad, es la valoración que se hace por lo declarado por el testigo de descargo Rigoberto Oseguera Mass, ya que el Tribunal de Sentencia da por cierto que este testigo y el acusado dejaron en libertad a los requeridos para investigación una vez que verificaron no tener responsabilidad en el delito de extorsión o por el robo de una motocicleta, pero que estos no abandonaron el lugar por medidas de seguridad. Obsérvese en la valoración de la prueba de este testigo como el ente Juzgador señala: que son del parecer que Rigoberto al encontrarse en el momento de la ocurrencia del hecho, conoce lo sucedido y se limitó a narrar lo que pudo constatar a través de sus sentidos, no se acreditó ningún medio probatorio que pusiese en entredicho su versión acerca de los hechos, al contrario, fue ratificada con el acervo probatorio que se incorporó durante el debate y analizó a través de la sana crítica. Este argumento es totalmente erróneo en virtud que los testigos de cargo José Joel Izaguirre Avilés, Ángel Iván Andino Barahona e Israel Andino Lagos, CONTRADICEN Y PONEN EN ENTREDICHO totalmente lo manifestado por el señor Oseguera Mass, en más en ningún momento los testigos de descargo mencionan ese extremo, lo único que indican es que el acusado les dijo que ambos no tenían ninguna responsabilidad, no obstante los mantuvo detenidos de forma antojadiza hasta el día siguiente trece (13) de octubre del año dos mil once (2011). Obsérvese como el Tribunal de Sentencia asevera con poco criterio que no existen otras pruebas que contradigan al señor Oseguera Mass, lo cual a todas luces es falso, ya que se cuenta con la declaración de tres testigos de cargo que ponen en entredicho su declaración. Otra prueba evacuada en juicio y que pone en entredicho lo manifestado por el oficial Oseguera Mass, es el libro de novedades del Departamento de Inteligencia e Información y Antiextorsión de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, que en su novedad del día 13 de octubre del 2011, hora 12:58 a.m. se consignó a las 18:06 horas regresaron con la detención de 3 individuos ya que e1 fue capturado por extorsión... y dos personas más sospechosas las cuales se detuvieron y se le decomisó una motocicleta Honda, blanca con reporte de Robo Bloqueada con placa MPA 4948, las cuales las dos personas portaban su identificación correspondiente José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona el cual fue detenido con la motocicleta el cual presentó la documentación de dicha motocicleta Ángel Iván Andino. En la novedad de las 10:20 am (13/10/2016) de ese mismo día se consignó: se dejaron en libertad a los jóvenes José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona. Véase como se utiliza el término DETENCIÓN en varias ocasiones y no el de REQUERIDO PARA INVESTIGAR como arguye el Tribunal Ad-Quo, por otro lado en el mismo libro de novedades indica que se les dejó en libertad al día siguientes 13 de octubre del 2011, no a las once de la noche del día 12 de octubre del mismo año como manifestó el señor Oseguera Mas, por ende esta es otra prueba que contradice o pone en entredicho lo dicho por este testigo cargo. En conclusión se puede apreciar que el Tribunal de Sentencia al emitir la sentencia no utilizó las reglas de la sana crítica racional, por cuanto, su fallo se base en una valoración de la prueba que dista en demasía de veracidad por cuanto como hemos evidenciado las pruebas derivan en que los hechos fueron distintos por ende los hechos probados no fueron extraídos del correcto análisis y valoración de la prueba. Para finalizar debo señalar otro punto no menos importante y que denota la “poca atención” “análisis” y “discernimiento” que las juzgadoras tuvieron de la prueba y de la pretensión del Ministerio Público, en virtud que esta representación Fiscal, formalizó acusación por dos delitos de Detención Ilegal (delitos cometidos únicamente por servidores del Estado) amparado en el artículo 333 numeral 1 del Código Penal, sin embargo, de forma desacertada el Tribunal Ad-quo absuelve al acusado por un delito de Detención Ilegal amparándose en el artículo 193 del Código Penal que regula el delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD el cual puede ser cometido por cualquier ciudadano, véase con ello que la regla lógica del correcto discernimiento humano que deriva en la veracidad de la resolución no aconteció, por cuanto las juzgadoras valoraron las pruebas y vincularon los hechos a un tipo penal distinto al que argumento el ente acusador. 1.2.- El segundo acápite de este primer motivo para impetrar el recurso de casación lo sustentó en base a la violación de la regla lógica de la derivación integrada por el principio de razón suficiente. El Juzgador de la valoración de la prueba aportada para formar su convicción, estimó que la declaración del oficial de policía Rigoberto Oseguera Mass y propia declaración del acusado, fueron vitales para argumentar su decisión, no obstante, esta prueba no reviste utilidad ni tampoco fue suficiente para tener por acreditado que efectivamente las víctimas NO ESTUVIERON EN CALIDAD DE DETENIDOS y que si estuvieron en dichas instalaciones fue en CALIDAD DE REQUERIDOS, como incorrectamente apreció el Tribunal de Sentencia. Es precisamente sobre la valoración de la prueba en su conjunto y por ende del resultado de ello en que se centra nuestro reproche recursivo, pues estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer tanto la concurrencia de los delitos por el cual el Ministerio Público vino gestionando desde su génesis el presente proceso, así como también la autoría en los hechos por parte del acusado. Si advertirnos las reflexiones que hizo el Tribunal una vez analizada toda la prueba desarrollada en audiencia de debate y que lo indujeron a dictar tan desacertada decisión, vemos como efectivamente éste al momento de valorar la prueba se apartó de las reglas integrantes de la Sana Crítica y para ello basta observar el contenido de la prueba en sí y los resultados que de ella se derivan, tal como lo desarrollamos a continuación: El señor José Joel Izaguirre Avilés, al momento de rendir declaración en audiencia de juicio oral depuso: El día 12 de octubre del 2011 me encontraba en metro mall, eran como las cuatro de la tarde y estaba esperando a Ángel Iván Andino Barahona, porque íbamos a reparar unos televisores en la Colonia Centro América Oeste, yo me encontraba tomando una granita y de repente se apareció el oficial José Luís Aguilar Galindo, quien me ordenó caminara, al salir del metro mall me dijo el oficial que si conocía a un muchacho que estaba en una patrulla boca abajo amarrado de los brazos a lo que le dije que nunca lo había visto, por lo que me dijo que me subiera a la patrulla, en ese momento se apareció Ángel Iván Andino, por lo que les dije que era la persona a quien esperaba, después le preguntaron a Ángel si lo conocía y este respondió que si, por lo que le dijeron también se subiera a la patrulla, nos dijeron en ese momento entregáramos las llaves de las motos, nos llevaron a la posta que tienen frente al aeropuerto, por lo que al llegar los policías le dicen al de la guardia que nos cuide porque estamos detenidos, como a eso de las siete de la noche regresó el oficial Aguilar Galindo, quien nos dijo que por el delito de extorsión no teníamos nada que ver, pero que necesitaba revisar los papeles de mi moto por lo que subí arriba y revisamos en una computadora y los papeles de mi moto no tenían ningún problema, de allí subió Ángel Iván Andino, a revisar los papeles de la moto de él y supuestamente tenía problemas por la placa, pero yo no tenía ningún problema por lo que le dije al oficial que porque no me dejaba ir, entonces me dijo que no me dejaría ir, que me debía quedar por andar acompañando a Ángel Andino, entonces allí nos quedamos, se fue como a las siete y media, ya siendo la madrugada regresó tipo dos de la mañana a burlarse de Ángel Andino, ya tipo once o doce de la mañana del día siguiente el señor Luis Josué Aguilar Galindo, nos dijo que nos podíamos pero previo debíamos firmar unos papeles. A pregunta del Fiscal pidió usted al señor Luís los dejaran libre? contestó: Si en dos ocasiones, y me dijo que no me podía ir porque debía acompañar a mi amigo que estaba detenido. Porque estaba usted detenido? R/ Porque era amigo de Ángel Andino, por eso no me podía ir. Me dijo que mi motocicleta estaba limpia. Le devolvieron su motocicleta? R/ Si al día siguiente. Manifestó que estaban en una oficina con Ángel Iván, ustedes podían salir de lugar? R/ No podía salir, yo estaba detenido ahí. Nos detuvieron del 12 de octubre a las seis hasta el 13 de octubre a las once o doce de la mañana. Quien fue la persona que realizo su detención? R/ José Galindo, que es la persona que está a mi derecha. En algún momento se le dijo a usted que podía retirarse? R/ No, por eso estaba yo enojado, porque si no tenía nada que ver en la extorsión y no tenía ningún problema mi moto, por lo que le preguntaba y simplemente me decía que estaba detenido únicamente. A pregunta del defensor: Dice que permaneció en un sitio donde había televisor y una fuerte luz describa que podría ser? R. / Como una oficina, la cosa es que usted puede estar en una oficina, pero si le dicen no te moyas de aquí no se mueve uno, imagínese que saliera de ahí y de la manera que me detuvieron me iban hacer algunos tiros. Habían otras personas más? R. / Si, estaba el otro muchacho que le dije al principio que me estaban acusando de cómplice de él, un chavo de 17 años, lo tenían en el piso amarrado (las negrillas y subrayado son nuestras). El ciudadano Ángel Iván Andino Barahona, depuso en Juicio Oral 1 siguiente: El día El día 12 de octubre del 2011, mi amigo Joel Izaguirre me llamó para reparar unos electrodomésticos, ese día llegue al metro mall, ahí vinieron dos oficiales los cuales señalaron a Joel y dije que lo conocía, y me llevaron a una patrulla donde se encontraba en la paila una persona amarrada, me preguntaron si lo conocía y dije que no, por lo que dijeron me iban a llevar, y que les prestara mi moto que también la iban a llevar, nos llevaron a una posta y el oficial le dijo al de la guardia que estábamos presos, como a las seis y media el oficial Galindo, nos dijo que no teníamos nada que ver con el muchacho amarrado, pero que le pasáramos las identidades y revisión de las motos, luego nos pasaron uno por uno, primero Joel y después yo, ahí me dijeron que tenía problema con la revisión y que tenía problemas la motocicleta, en eso llame a mi madre, pues ella tenía los papeles, mi padre llevó los documentos, por lo que Aguilar Galindo, como a eso de las diez a once de la noche me dijo que los papeles estaban bien, pero que tenia que darme el beneficio de la duda y que tenía que quedarme, en horas de la madrugada me acosté en el suelo y Aguilar Galindo llegó a burlarse. Luego como a las diez u once nos dejaron salir y me dijeron que me decomisarían mi motocicleta, yo me fui en la moto de José Joel, en esos días no había ley que impidiera a dos hombres andar en una misma moto por lo que me fui con Joel hacia la casa. Ante la pregunta del Ministerio Público: Joel hizo alguna petición a las autoridades R. / Si hablo con José, y le dijo que no podía irse porque andaba conmigo. Quien ordenó la detención fue José Galindo. La posta queda frente al aeropuerto Toncontin. Porque los tenían ahí. R. /Porque estábamos acusados de algo nos tenían ahí. Quien indicó al Comandante de guardia que ustedes llegaban por esos hechos. R. / El señor Galindo. En algún momento en horas de la noche se les permitió salir del recinto policial R./ No, porque estaba detenido. Recobre libertad tipo una o dos de la tarde del día siguiente. ¿Quién le dijo se podía ir? R/ El señor Galindo. En el lugar donde estaban ustedes habían más personas? R. /Si habían varias. (Las negrillas y subrayado son nuestras)-. El testigo Israel Andino Lagos, en su declaración enjuicio oral manifestó: El 12 de octubre del 2011, mi hijo llamó a mi esposa para que le llevaran documentos de la motocicleta, por lo que me dio los papeles y llegue corno a las siete de la noche ahí al aeropuerto, donde está la posta, entre la posta y les dije que era el padre de Ángel Iván Andino y pregunte porque me lo tenían detenido, que quería verlo y el guardia que está enfrente en la entrada dijo que no podía verlo, en ese momento le dije que entregaría los papales originales de la motocicleta y los deje ahí. Usted escucho si su esposa le dijo que algún oficial le había reportado que tenían detenido a su hijo? R./ Si es que lo tenían detenido, desde el momento que piden los papeles es porque lo detenían (las negrillas y subrayado son nuestras).- En juicio Oral se evacuó el medio de prueba denominado Inspección al libro de novedades del Departamento de Inteligencia e Información y Antiextorsión de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, que en su novedad del día 13 de octubre del 2011, hora 12:58 a.m. se consigno a las 18:06 horas regresaron con la detención de 3 individuos ya que 1 fue capturado por extorsión... y dos personas más sospechosas las cuales se detuvieron y se le decomiso tina motocicleta Honda, blanca con reporte de Robo Bloqueada con placa MPA 4948, las cuales las dos personas portaban su identificación correspondiente José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona, el cual fue detenido con la motocicleta el cual presentó la documentación de dicha motocicleta Ángel Iván Andino. En la novedad de las 10:20 am (13/10/2016) de ese mismo día se consignó: se dejaron en libertad a los jóvenes José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona. De estas declaraciones e inspección al libro de novedades antes mencionados, se desprenden elementos sustanciales que el Tribunal Sentenciador inobservada como producto de una errónea valoración de la prueba, como ser: Que ambas víctimas fueron detenidas formalmente, desde las cuatro de la tarde del día 12 de octubre del 2011, según libro de novedades y declaraciones testificales, y que recobraron su libertad dieciocho horas después. el trece de octubre a las 10:20 de la mañana. Obviaron derivar que aunque ese recinto policial no es un centro de detención formal, porque no existen celdas, a las víctimas se le privo de su libertad de locomoción por dicho término de tiempo, pese a que la misma prueba de cargo dejo claro (declaración de Oseguera Mas y del propio acusado) que ninguno de los dos detenidos tenia responsabilidad penal por extorsión o por robo de una motocicleta. Por ende no entendernos como el Tribunal arribó a la conclusión con la prueba evacuada que las víctimas no estaban detenidas, sino retenidas para investigación al amparo del artículo 283 del Código Procesal Penal, que faculta a la entidad policial a reunir o asegurar los elementos de prueba y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos, bajo esa premisa vale decir que el Tribunal de Sentencia derivó como correcta la detención de estas dos personas, lo que nos parece una pobre apreciación, por cuanto, si bien dicho artículo faculta hacerlo, dicha facultad no debe ser tomada sin ninguna restricción, es decir, el elemento policial debe ajustar su actuación a parámetros legales, sin embargo, de la prueba recabada ya para las once de la noche según lo manifestó el policía Oseguera Mass y el propio acusado, ya tenían claro que los detenidos no tenían responsabilidad por delito o falta alguna, entonces nos preguntamos si ellos confiesan este hecho, porque no se les dejó en libertad inmediatamente?, la respuesta es más que obvia, y es que el señor GALINDO abusando de su cargo y desconociendo el ordenamiento jurídico hondureño, determinó de manera ilegal dejarlos detenidos por dieciocho (18) horas sin que el Ministerio Público tuviera conocimiento de tal extremo (constancia evacuada en juicio de fiscalía de turno determinó no tener conocimiento de detención de estas dos personas). El Tribunal debió derivar que una detención para investigación tiene límites y restricciones en su despliegue, no se puede detener a un ciudadano conforme al criterio discrecional de un operador policial, sino que su actuar debe basarse en pruebas que legitimen su proceder. Otro aspecto a que debieron arribar las juzgadoras es que la coartada por la cual trataron de justificar la detención de las víctimas hasta el día siguiente, es burda y difícil de asimilar, pues tratan de hacer creer que los dejaron en libertad a las once de la noche del dio 12 de octubre del 2011, pero por razones de seguridad los dejaron en el dicho recinto policial, pues no tenían los detenidos medios de trasporte, extremo por demás incongruente y totalmente falaz, por cuanto una de las víctimas José Joel Izaguirre, se conducía en una motocicleta que no tenían ningún problema de legalidad, razón por lo cual de haber sido dejados en libertad en dicho medio de trasporte se hubieran ido a sus viviendas, tal como aconteció al siguiente en que ambos se fueron a sus viviendas a bordo de la motocicleta del señor José Joel Izaguirre (ver declaración de Ángel Andino). Otro aspecto que debió derivar el Tribunal de Sentencia es que las víctimas no estuvieron en un centro de detención preventivo legalmente establecido, hecho que patentiza la ilegalidad de la detención, sobre ese tema la ley de Justicia Constitucional en su artículo 24 numeral 3 que establece: De las privaciones de libertad que se consideran ilegales y arbitrarias. El ilegal y arbitraria: 1)... 2)... 3). Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. Bajo estos extremos la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Sentencia es violatoria a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, dado que las razones expuestas para dictar un fallo absolutorio se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado, y no de lo realmente derivado de las probanzas del juicio, por cuanto si se analiza la conclusión a la cual arribó como producto del razonamiento de las declaraciones testificales en relación y que a efecto transcribimos literalmente en acápites que anteceden, fácilmente se infiere de ello que dicha probanza fue desvalorada porque según el Tribunal los deponentes estaban molestos o incómodos (circunstancia que además de ser inexistente), de dicho razonamiento no se desprende que haya sido porque el acusado no realizó el hecho imputado. En resumen, si el Tribunal se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, y que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la narrada por los ofendidos y para ello bastaba concatenar de manera armónica toda el andamiaje probatorio incorporado al proceso, y resultado de ello es que efectivamente quien dijo la verdad en todo el proceso, fueron las víctimas. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le de la oportunidad al Ministerio Público en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior.” “SEGUNDO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria por dos delitos de Detención Ilegal, lo hizo de forma incongruente a la pretensión del Ministerio Público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 6, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador consideró dictar un fallo absolutorio indicando de forma incongruente que el Ministerio Público, no allegó suficiente prueba de cargo al proceso para demostrar la concurrencia del tipo penal de Detención Ilegal, por lo tanto absuelve al acusado por un delito de Detención Ilegal amparándose en el artículo 193 del Código Penal que regula el delito de PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD el cual puede ser cometido por cualquier ciudadano, sin embargo, esta representación Fiscal, formalizó acusación por dos delitos de Detención Ilegal (delitos cometidos únicamente por servidores del Estado) amparado en el artículo 333 numeral 1 del Código Penal, véase con ello que la resolución no es congruente con la pretensión acusatoria planteada por el Ministerio Público, por cuanto las juzgadoras valoraron las pruebas y vincularon los hechos a un tipo penal distinto al que argumento el ente acusador.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b.Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. *Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica *Reclamación ex-ante: el vicio denunciado se produjo en el acto mismo de sentenciar por lo cual no se hizo reclamo anterior. *Pretensión: sin determinar por el recurrente. Explicó el censor que el juzgador incurrió en violación a la regla de la lógica de la veracidad y de derivación integrado por el principio de razón suficiente, al momento de valorar las declaraciones testificales de ambas víctimas, José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván andino Barahona, de quienes el tribunal de forma inexplicable dar por cierto que a ellos les informaron que podían irse por no tener vinculación en los hechos, lo cual no es correcto porque ambos testigos afirmaron que estaban detenidos y que no podían salir del recinto policial; afirmó el Sentenciador erróneamente que las víctimas se quedaron esperando les devolvieran la motocicleta para marcharse, lo cual es falaz, pues los testigos afirmaron que no podían recobrar su libertad pese a que el imputado les había indicado que no tenían responsabilidad ni por el delito de extorsión, ni por la motocicleta decomisada. La valoración del A-quo es violatoria de la regla de la lógica en su postulado de derivación, pues las razones expuestas para dictar un fallo absolutorio se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado y no de lo que derivó realmente las probanzas del juicio. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ante el vicio denunciado, ha procedido a realizar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y encuentra que en efecto existe quebranto a las reglas de la sana crítica, pues el Juzgador no ha derivado del resultado probatorio conclusiones coherentes y congruentes. En el apartado valoración probatoria, numeral primero el sentenciador valoró los testimonios de los ofendidos José Joel Izaguirre Avilez y Ángel Iban Andino Barahona, ambos afirmaron en resumen, que el día 12 de octubre de 2011 a eso de las 4 de la tarde, el imputado junto con otros compañeros, los detuvieron a ambos en el metromall, los llevaron a una posta por el aeropuerto y le dijeron al guardia que quedan detenidos, a las 7 de la noche regreso el imputado a decirles que no tenían nada que ver con la extorsión, pero que necesitaban revisar los papeles de la motocicleta, los llevaron arriba y al revisar los papeles de la moto no tenía ningún problema; luego el imputado regreso y que la placa de la moto de uno de ellos tenía problemas; luego de tenerlos ahí toda la noche, los dejaron libre a las 12 del mediodía. El tribunal al valorar estos testimonios dice: “Que ambas declaraciones son coincidentes en establecer que fueron requeridos por el acusado Jose Luis Galindo para investigación en torno a una vigilancia en las instalaciones del metromall” sin embargo el Tribunal hace una derivación errónea del testimonio de estos ofendidos, pues afirmaron de forma categórica que fueron detenidos, en ningún momento utilizaron la palabra “requeridos”, tampoco dijeron que era para investigación, porque entonces perfectamente pudieron ser dejados en libertad y continuar con las investigaciones del caso. El Juez A-quo erróneamente extrae del testimonio de los ofendidos conclusiones que no se desprenden de sus declaraciones, afirmando que en el tiempo requerido las víctimas fueron informados que podían irse por no tener vinculación; sin embargo esa conclusión no fue en ningún momento advertida por los testigos; el Tribunal A-quo además concluye que los ofendidos lo que están es molestos porque a la fecha del juicio no les habían devuelto sus motocicletas, conclusión que consideramos fuera de orden pues nada tiene que ver la no devolución de las motos con todo lo que vivieron las victimas al ser detenidos ilegalmente sin tener si quiera indicios de su participación en delito alguno. Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del Sentenciador no cumplen con los requisitos de congruencia pues las deducciones del Juzgador no guardan una adecuada afinidad pues extrajo del testimonio de las víctimas razonamientos erróneos, tampoco son concordantes pues las conclusiones a las que arribó el A-quo son no corresponden al resultado probatorio, tal es el caso de las declaraciones de las víctimas que establecieron unos hechos pero el Sentenciador derivó en otros muy diferentes; así considera este Tribunal de Casación que el Juez A-quo ha establecido juicios de valor contrarios a las reglas de la sana crítica por lo que este primero motivo de casación debe ser declarado con lugar, por lo que se decreta la nulidad de la sentencia y el debate acontecido, además de ordenarse la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron. Esta Sala de lo Penal no procede a analizar el otro motivo de casación interpuesto por el recurrente, en tanto que ha sido declarado con lugar el primero con los efectos legales correspondientes. V. Decisión.Se declarar a lugar el primero motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. VI. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por el Abogado Juan Carlos Griffin Ramírez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Luis José Aguilar Galindo, a quien se le absolvió por el delito de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal en perjuicio de La administración Pública y de los señores José Joel Izaguirre Avilés y Ángel Iván Andino Barahona. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Tegucigalpa. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-438-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL