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Sentencia CP-434-16 — Registro 12294

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comerciales, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. El Tribunal sentenciador subsume el cuadro fáctico en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, por el que condena al acusado Oxuel Adalid Castro López, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El día diecinueve (19) de enero de dos mil catorce (2004), a eso de las tres de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, requirieron al señor Oxuel Adalid Castro López, cuando este se encontraba en un cerro del sector de Casa Quemada, Cofradía, de la jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encontrándolo en posesión de un arma artesanal compuesta de dos tubos, capaz de percutir proyectiles calibre 12 gauge, en buen estado de funcionamiento mecánico, como operativo, con mecanismo de disparo manual de impacto.” La acción desplegada por al acusado Oxuel Adalid Castro López, se subsume en el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial, por lo que se debe entender que la remite a las leyes que regulan las armas de fuego, lo que incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. En el segundo párrafo se habla de armas de defensa, sin embargo, no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, se ha de entender como arma de uso personal toda aquella destinada para un fin distinto a la guerra, que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que son proscritas por el peligro que representan, como lo son las armas automáticas, a consecuencia del mecanismo de disparo; las armas de fabricación casera o artesanal, dada  la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; y las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a) No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. Siendo la sanción en estos casos de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En conclusión, esta Sala considera que la sentencia recurrida no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares, en virtud que el fusil, sin marca, sin serie, de color café y culata de madera de color café, decomisado al imputado no puede ser considerada un arma de guerra. Esta Sala reitera que, en este tipo de casos, la conducta desplegada por el acusado al que se le encontró en posesión de un arma de fabricación cacera es autor material del delito de portación de un arma de fuego de tipo comercial, que se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, por comprender que se trata de un arma de mano, de tipo defensivo, bajo poder destructivo, mecanismo simple de funcionamiento, y de calibre comercial. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de reproche, señalado como infringido..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...."el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, por falta de aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala considera que la acción desplegada por el acusado Oxuel Adalid Castro López, no se subsume en el delito de Portación ilegal de arma de fuego de Guerra, en virtud de que el Delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, se encuentra tipificado en el artículo 332-A, del Código Penal vigente, y para la descripción de las armas de guerra la Ley Especial de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, y las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a Reglamentación especial. Del contenido de la norma, se establecen las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate: son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión. En cambio, las armas de fabricación casera o artesanal, como en este caso un fusil calibre 22 solo tienen la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa que se les clasifica como armas de guerra. El delito de Portación Ilegal de Armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien Jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. El tipo o elemento objetivo de la infracción pretendida por el Ministerio Fiscal, está determinada por la conducta típica de la Portación ejecutada por cualquier persona de un arma considerada de guerra o de combate, pues según lo establece la ley especial su uso es reservado a las fuerzas Armadas y Policial Nacional, en consecuencia, son consideradas armas nacionales, sujetas al régimen de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y son usadas exclusivamente para propósitos bélicos. La Sala reitera que las armas artesanales o de fabricación cacera, no pueden considerarse armas de guerra, por su mecanismo rudimentario, al sólo permitir un disparo a la vez, y porque dichas armas artesanales o chimbas, son de limitada capacidad lesiva, tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por el ordenamiento jurídico. Siendo armas de guerra o de combate las de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión o de alto poder destructivo, lo cual no ocurre en el presente caso...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-434-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Oxuel Adalid Castro López, por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Se declara la responsabilidad civil del señor Oxuel Adalid Castro López; Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: Se declara el comiso de un arma de fuego de fabricación casera o artesanal (chimba). SON PARTES: La abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los abogados José Roberto Izaguirre y Mario Reiniery Amador, en su condición de Defensores Públicos del señor Oxuel Adalid Castro López, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Primero: El día diecinueve (19) de enero de dos mil catorce (2004), a eso de las tres de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, requirieron al señor Oxuel Adalid Castro López, cuando este se encontraba en un cerro del sector de Casa Quemada, Cofradía, de la jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encontrándolo en posesión de un arma artesanal compuesta de dos tubos, capaz de percutir proyectiles calibre 12 gauge, en buen estado de funcionamiento mecánico, como operativo, con mecanismo de disparo manual de impacto.” III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Lourdes Iveth Rivas, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró como hechos probados las siguientes verdades intangibles PRIMERO :“El día diecinueve (19) de enero del dos mil catorce (2014), a eso de las tres de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, requirieron al señor OXUEL ADALID CASTRO LOPEZ, cuando este se encontraba en un cerro del sector de Casa Quemada, Cofradía de la jurisdicción de San Pedro Sula departamento de Cortés, encontrándolo en posesión de un arma artesanal compuesta de dos tubos, capaz de percutir proyectiles calibre 12 gauge, en buen estado de funcionamiento mecánico, como operativo, con mecanismo de disparo manual de impacto. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que oficiales de policía encontraron al encausado en posesión de un arma artesanal tipo chimba, compuesta de dos tubos, capaz de percutir proyectiles calibre 12 gauge, en buen estado de funcionamiento. Motivo por el cual se emite sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nomina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como “chimba”, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado “...que ésta arma de fuego se trata de un arma de fabricación artesanal o casera la cual está diseñada para disparar munición de calibre: 12 GA y su mecanismo de acción es manual de impacto y se comprobó su buen estado de funcionamiento mecánico y operativo”…”. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, procurando explicar el porqué el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el numeral segundo, párrafo final de dicho apartado establece “... siendo que si bien es cierto se trata de una arma de fuego prohibida, no menos cierto es también que el imputado portaba una munición permitida y de naturaleza comercial razones por las cuales considera este tribunal, que se cumple el elemento objetivo del tipo penal de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES”. Que de lo anterior se desprende que el arma de fuego utiliza un calibre tipo comercial tal como acontece con el arma de fuego de fabricación casera, se subsumen en el tipo penal de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, configurándose lo regulado en el articulo 332-B del Código Pena al tratarse de un arma artesanal por su calibre es considerada comercial para su tenencia es necesario la obtención del correspondiente permiso...” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza, que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) que utiliza munición calibre 12GA, debe ser considerado comercial, pues refiere, que para su tenencia es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que ha sido citado en el motivo anterior. Es por ello que del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado OXUEL ADALID CASTRO LOPEZ, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, El Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV. Fundamentación Primer Motivo: Recurso de Casación por Infracción de ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por aplicación indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal, defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en si denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente, tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El Tribunal sentenciador subsume el cuadro fáctico en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, por el que condena al acusado Oxuel Adalid Castro López, por lo que le impone una pena de tres (3) años de reclusión. Al analizar la declaración de hechos probados, no se visualiza que el acusado haya incurrido en la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, establecido en el Artículo 332 B. El primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, deportivo, ni comercial, en virtud de que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 referido. La acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como “chimba”, misma que nunca podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, con independencia del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, por lo que el cuadro fáctico no se subsume en el artículo 332-B del Código Penal. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. El Tribunal sentenciador subsume el cuadro fáctico en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, por el que condena al acusado Oxuel Adalid Castro López, que textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El día diecinueve (19) de enero de dos mil catorce (2004), a eso de las tres de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, requirieron al señor Oxuel Adalid Castro López, cuando este se encontraba en un cerro del sector de Casa Quemada, Cofradía, de la jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, encontrándolo en posesión de un arma artesanal compuesta de dos tubos, capaz de percutir proyectiles calibre 12 gauge, en buen estado de funcionamiento mecánico, como operativo, con mecanismo de disparo manual de impacto.” La acción desplegada por al acusado Oxuel Adalid Castro López, se subsume en el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, pues el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial, por lo que se debe entender que la remite a las leyes que regulan las armas de fuego, lo que incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. En el segundo párrafo se habla de armas de defensa, sin embargo, no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, se ha de entender como arma de uso personal toda aquella destinada para un fin distinto a la guerra, que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería). Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que son proscritas por el peligro que representan, como lo son las armas automáticas, a consecuencia del mecanismo de disparo; las armas de fabricación casera o artesanal, dada la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; y las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a) No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; b) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. Siendo la sanción en estos casos de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En conclusión, esta Sala considera que la sentencia recurrida no incurre en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares, en virtud que el fusil, sin marca, sin serie, de color café y culata de madera de color café, decomisado al imputado no puede ser considerada un arma de guerra. Esta Sala reitera que, en este tipo de casos, la conducta desplegada por el acusado al que se le encontró en posesión de un arma de fabricación cacera es autor material del delito de portación de un arma de fuego de tipo comercial, que se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, por comprender que se trata de un arma de mano, de tipo defensivo, bajo poder destructivo, mecanismo simple de funcionamiento, y de calibre comercial. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de reproche, señalado como infringido. Segundo Motivo: Recurso de Casación por Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal. Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. El Artículo 332-A literalmente dice: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Oxuel Adalid Castro López, tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud de que, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por falta de aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico Infracción de Ley por falta de aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. El precepto penal de orden sustantivo infringido textualmente dice: “artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000.00) a diez mil (L 10,000.00) Lempiras por cada arma incautada”. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el tribunal, transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Oxuel Adalid Castro López, tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en el motivo de casación por infracción de ley penal sustantiva, por falta de aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala considera que la acción desplegada por el acusado Oxuel Adalid Castro López, no se subsume en el delito de Portación ilegal de arma de fuego de Guerra, en virtud de que el Delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra, se encuentra tipificado en el artículo 332-A, del Código Penal vigente, y para la descripción de las armas de guerra la Ley Especial de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en su artículo 8 determina las armas y municiones prohibidas entre ellas las armas de cualquier calibre de funcionamiento automático, y las silenciadas o de alta precisión, cuyo uso es reservado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y sujetas a Reglamentación especial. Del contenido de la norma, se establecen las especificaciones propias de las armas de guerra o de combate: son de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión. En cambio, las armas de fabricación casera o artesanal, como en este caso un fusil calibre 22 solo tienen la capacidad de lanzar proyectiles aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora, al ser armas distintas, el artículo 8 las regula en numerales diferentes, a igual que las demás armas estimadas como prohibidas, como lo son las armas de fuego de fantasía (bastones, lápices, maletines y otras), las que por ser prohibidas no significa que se les clasifica como armas de guerra. El delito de Portación Ilegal de Armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien Jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. El tipo o elemento objetivo de la infracción pretendida por el Ministerio Fiscal, está determinada por la conducta típica de la Portación ejecutada por cualquier persona de un arma considerada de guerra o de combate, pues según lo establece la ley especial su uso es reservado a las fuerzas Armadas y Policial Nacional, en consecuencia, son consideradas armas nacionales, sujetas al régimen de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y son usadas exclusivamente para propósitos bélicos. La Sala reitera que las armas artesanales o de fabricación cacera, no pueden considerarse armas de guerra, por su mecanismo rudimentario, al sólo permitir un disparo a la vez, y porque dichas armas artesanales o chimbas, son de limitada capacidad lesiva, tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por el ordenamiento jurídico. Siendo armas de guerra o de combate las de funcionamiento automático, silenciadas o de alta precisión o de alto poder destructivo, lo cual no ocurre en el presente caso. V. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar los dos motivos de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocados por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 332-A y 332-B del Código Penal; y y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar los dos motivos de casación de infracción de ley penal sustantiva invocados por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de de fecha tres de noviembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se condena al señor Oxuel Adalid Castro López,, como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-434-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL