Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-433-16 — Registro 12967

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Extorsión Continuada, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, en la valoración de la prueba consistente en la declaración de dos policías, y la declaración rendida por el testigo protegido H89, en condición de ofendido, rendida en la audiencia de prueba anticipada, incorporada por lectura no se deriva que el acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales haya cobrado impuesto de guerra en el momento de su detención, en virtud de no habérsele decomisado dinero alguno, tampoco arma alguna con la que supuestamente atenta contra los agentes de policía, no se presenta acta de decomiso, por lo que la lógica señala al recurrente que los Policías mienten para perjudicar al acusado Cristian Alberto Alvarado. Esta sala considera como la prueba de cargo en valorada en su conjunto, constituye prueba mínima de cargo suficiente para con ella establecer la participación del acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales, en hecho ilícito de que se le atribuye. Por lo anterior, esta Sala considera que, al haber dotado de credibilidad a la prueba de cargo preinserta, el juzgador no ha infringido en manera alguna las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, por lo que procede desestimar el motivo único de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-433-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor Cristian Alberto Alvarado Raudales, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido clave H-89 a la pena de veinticinco años de reclusión más una multa de cuatrocientos cinco mil ochocientos noventa y dos lempiras con noventa y tres centavos, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declara la responsabilidad civil del señor Cristian Alberto Alvarado Raudales.- Tercero: No procede condenar al señor Cristian Alberto Alvarado Raudales en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los abogados Arnaldo Alcides García y Mario Reniery Amador, Defensores Públicos del señor Cristian Alberto Alvarado Raudales, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.- En el mes de noviembre del año dos mil trece, en la colonia Municipal, del municipio de La Lima, departamento de Cortés, el testigo protegido H-89 fue conminado vía amenaza de ocasionarle daño a él o su familia por personas integrantes del cartel de La Santa Muerte, de hacer efectivo el pago de doscientos (L.200.00) lempiras semanales, llegando a cobrar el dinero Cristian Alberto Alvarado Raudales todos los viernes y al final dichos pagos se realizaron los miércoles, debido a que los agentes de La Policía Nacional Preventiva patrullaban la colonia ya que tenían conocimiento de la existencia de tales pagos, cumpliéndose con un total de veintiún desembolsos. SEGUNDO.- El día nueve del mes del mes de abril del año dos mil catorce, eso de la doce con treinta minutos del mediodía, agentes de La Policía Nacional Preventiva que patrullaban en la colonia Municipal de La Lima, departamento de Cortés, recibieron denuncia de que una persona se encontraba cobrando el impuesto de guerra, llegando al lugar y localizar a dicha persona éste les disparó, por lo que repelieron el ataque, resultando herido Cristian Alberto Alvarado Raudales, luego fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Dinora Oneyda Posadas, Defensor Público del acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, ni confiable que para la investigación de la verdad debieron haberse practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la verdadera existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes.- Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a Cristian Alberto Alvarado Raudales no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario las acciones imputadas han resultado efectivamente imprecisas como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de “EXTORSION CONTINUADA” por parte de mi defendido. Resulta que del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no son congruentes, habiendo el Tribunal en referencia declarado como probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En el mes de noviembre del año dos mil trece, en la colonia Municipal del Municipio de La Lima, departamento de Cortés, el testigo protegido H—89 fue conminado vía amenaza de ocasionarle daño a él o a su familia por personas integrantes del cartel de la Santa Muerte, de hacer efectivo el pago de doscientos (L. 200/00) lempiras semanales, llegando a cobrar el dinero Cristian Alberto Alvarado Raudales todos los viernes y al final dichos pagos se realizaron los miércoles, debido a que los agentes de la Policía Nacional Preventiva patrullaba la colonia ya que tenían conocimiento de la existencia de tales pagos, cumpliéndose con un total de veintiún desembolsos. SEGUNDO: El día nueve del mes de abril del año dos mil catorce, a eso de las doce con treinta minutos del medio día, agentes de la Policía Nacional Preventiva que patrullaban en la Colonia Municipal de la Lima, departamento de Cortés, recibieron denuncia de que una persona se encontraba cobrando el impuesto de guerra, llegando al lugar y localizar a dicha persona éste les disparó, por lo que repelieron el ataque, resultando herido Cristian Alberto Alvarado Raudales, luego fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente”. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos los dos hechos probados no son terminantes en vista que los mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal penal, en vista que los mismos hacen una descripción incongruente con la prueba aportada, es decir que mi representado cobrara el impuesto de guerra en ese momento, en virtud que no se le decomisa dinero alguno, mucho menos que portara y decomisara arma alguna donde atentara con la misma contra los agentes de policía, llegando a dicha conclusión solamente con la declaración de una persona que denotaba tener un interés particular en perjudicar al acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales, mas sin embargo nos sorprende sobremanera por una parte el hecho que las autoridades investigativas no presentaran acta de decomiso del arma si supuestamente los policías dicen que el imputado les disparo primero, situación esta que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta ¿Porqué si el imputado estaba armado decomisándosele la misma no se presento por parte del Ministerio Fiscal ningún acta de decomiso o de balística del arma de fuego? la respuesta es, porque no existió tal arma, mas bien la lógica nos indica que pareciera que los Policías mienten en sus dichos y de esta forma querer perjudicar al joven Cristian Alberto Alvarado, por otra parte el policía testigo de cargo Osmani Jonatan Méndez Muñoz al preguntarle la defensa pública en juicio ¿Qué hacía esta persona al momento que llega? Contesta el policía Osmani R/ supuestamente estaba cobrando el impuesto y sale corriendo. Por otro lado en lo que se refiere a la declaración del testigo protegido H-89 este manifestó que el estaba en su casa cuando observo el hecho que hirieron al acusado y por esa razón lo fue a denunciar al 911, donde al detenerlo no encontraron evidencia alguna que lo vinculara con la acusación, asimismo nos extraña sobremanera el hecho que nunca se estableció cual era el negocio que se extorsionaba, como tampoco a pesar de haber supuestas denuncias con anterioridad nunca se monto vigilancia por parte de los agentes anti extorsión, como tampoco se establecieron las fechas de inicio de las extorsiones anteriores, por último los agentes de policía no reconocieron al acusado en la vista pública, no verificándose la información facilitada por el testigo protegido H89. Siendo así, el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del supuesto ofendido y del policía que capturo al imputado nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración prestada por quien aparenta un móvil espurio como se dijo antes; somos del criterio que el tribunal sentenciador no debió valorar la declaración del supuesto ofendido Protegido H89, careciendo su declaración por si sola de fuerza probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia de la que gozaba mi representado. De lo antes relacionado se desprende existir duda si en realidad el imputado cometía delito de Extorsión Continuada, denotando a todas luces que el supuesto ofendido falto a la verdad.- Además que en juicio oral y público el Ministerio Público no fue capaz de presentar un medio de prueba fundamental como ser dinero decomisado, actas de denuncias, arma de fuego con la que supuestamente el imputado disparo contra la policía, acta de vigilancia u otra prueba que lo vinculara con el delito acusado, prueba que hubiera llevado a la convicción al Tribunal sentenciador que efectivamente el joven Cristian Alberto Alvarado Raudales estaba cometiendo delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido H89. TERCERO: Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación del imputado para conocer la actividad realizada por este.- Por todo ello los testigos de cargo no fueron contundentes denotando en el ofendido no estar diciendo la verdad y por ende perjudicar a nuestra representado, ni que los cuerpos investigativos hayan realizado una investigación profunda para llegar a la verdad del hecho delictivo, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condena por autor del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA a mi representado Cristian Alberto Alvarado Raudales, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado con certeza la participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas esas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio por existir duda razonable en la prueba de cargo y no condenarla como autor directo del delito antes señalado, por lo que en base al principio In Dubio Pro Reo el tribunal debió condenar a mi representado si previamente los elementos de prueba reunidos en juicio hubiesen demostrado a manera de certeza absoluta los hechos atribuidos al acusado y su participación en aquél, no siendo así debió absolverlo, pues como se dijo antes la declaración del ofendido al alcance del tribunal solo permitía apreciar como probable la convergencia intencional de que mi representado haya cometido dicho delito. Asimismo, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna ex-ante para la subsanación del mismo.” VI. Fundamentación Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por haberse violentado las reglas de la sana crítica. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma por haberse violentado las reglas de la sana crítica al valorar prueba de cargo la que no es concluyente, ni confiable para la investigación de la verdad, pues debieron haberse practicado otras diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible. La prueba incurre en claras omisiones, que hace la fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación que exige que la sentencia contenga razonamientos provenientes de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Con la prueba aportada, no se deriva que el acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales cobrara el impuesto de guerra en ese momento, pues no se le decomisa dinero alguno, tampoco arma alguna con la que atentara contra los agentes de policía, llegando a dicha conclusión el tribunal solamente con la declaración de un testigo que denota interés en perjudicar al acusado, porque no se presenta el acta de decomiso del arma con que supuestamente los policías dicen que el imputado les disparo primero, y la lógica indica que los Policías mienten con propósito de perjudicar al acusado Cristian Alberto Alvarado. El testigo protegido H-89 manifestó que estaba en su casa cuando observo el hecho que hirieron al acusado y por esa razón lo fue a denunciar al 911, cuando al detenerlo no se le encuentra evidencia que lo vincule con la acusación, no se estableció el negocio que se extorsionaba, tampoco se montó vigilancia por parte de los agentes anti extorsión, tampoco las fechas de inicio de las extorsiones anteriores, y los policías no reconocen al acusado en la vista pública, por lo que no se verifica la información facilitada por el testigo protegido H89. El tribunal sentenciador no debió valorar la declaración del ofendido Protegido H89, porque su declaración carece por si sola de fuerza probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. La prueba testifical y documental no es concluyente para tener la certeza que permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condena por autor del delito de Extorsión Continuada a al acusado señor Cristian Alberto Alvarado Raudales, y en base al principio In Dubio Pro Reo el tribunal no debió condenar al acusado sin la certeza absoluta de los hechos a él atribuidos. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Concepto específico: La prueba incurre en claras omisiones, que hace la fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación que exige que la sentencia contenga razonamientos provenientes de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Con la prueba aportada, no se deriva que el acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales cobrara el impuesto de guerra en ese momento, pues no se le decomisa dinero alguno, tampoco arma alguna con la que atentara contra los agentes de policía, llegando a dicha conclusión el tribunal solamente con la declaración de un testigo que denota interés en perjudicar al acusado, no se presenta el acta de decomiso del arma con que supuestamente los policías dicen que el imputado les disparo primero, y la lógica indica que los Policías mienten con propósito de perjudicar al acusado Cristian Alberto Alvarado. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, en la valoración de la prueba consistente en la declaración de dos policías, y la declaración rendida por el testigo protegido H89, en condición de ofendido, rendida en la audiencia de prueba anticipada, incorporada por lectura no se deriva que el acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales haya cobrado impuesto de guerra en el momento de su detención, en virtud de no habérsele decomisado dinero alguno, tampoco arma alguna con la que supuestamente atenta contra los agentes de policía, no se presenta acta de decomiso, por lo que la lógica señala al recurrente que los Policías mienten para perjudicar al acusado Cristian Alberto Alvarado. Esta sala considera como la prueba de cargo en valorada en su conjunto, constituye prueba mínima de cargo suficiente para con ella establecer la participación del acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales, en hecho ilícito de que se le atribuye. Por lo anterior, esta Sala considera que, al haber dotado de credibilidad a la prueba de cargo preinserta, el juzgador no ha infringido en manera alguna las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, por lo que procede desestimar el motivo único de casación de quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. DECISIÓN, esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Dinora Oneyda Posadas, Defensora Pública del acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Dinora Oneyda Posadas, Defensora Pública del acusado Cristian Alberto Alvarado Raudales, en la causa instruida en su contra, a quien se condenó al señor Cristian Alberto Alvarado Raudales, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido clave H-89; Segundo: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-433-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 5

[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005