Sentencia CP-429-15 — Registro 12963
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de violación especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.-. El Censor en el desarrollo de su recurso contraria el valor probatorio dado por el Tribunal a la prueba testifical de la menor víctima Y. A. R. P., refiriendo como ésta debió ser interpretada, según la particular visión del Censor, lo que es propio de los alegatos de la primera instancia y no de única instancia, pues en el proceso recursivo casacional no se revalora prueba alguna, de igual manera denuncia que la declaración vertida por la víctima le proviene la duda razonable. Ha explicado esta Sala de lo Penal a propósito ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el Recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan que este Alto Tribunal de un pronunciamiento, pues para iniciar no existe claridad de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación, siendo la única idea que de manera persistente plantea el Censor es como debieron valorar los medios de prueba los Juzgadores, por lo cual resulta improcedente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenando a al acusado Wilfredo Paz Fernández, como autor responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de la menor Y. A. R. P. a la pena de quince años de reclusión, con las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo que dure la pena principal.- Segundo: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en juicio. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Wilfredo Paz Fernández. - Cuarto: No procede el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Félix Gerardo Méndez Lizárraga, actuando en su condición de defensor privado del señor Wilfredo Paz Fernández. Son partes en única instancia: El Abogado Félix Gerardo Méndez Lizárraga, defensor privado en su condición de recurrente, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: Que desde el mes de febrero del año dos mil trece, cuando la menor ofendida Y. A. R. P., tenía la edad de trece años y cada vez que la menor se dirigía hacia la escuela, el hoy acusado Wilfredo Paz Fernández la interceptaba y mediante señas la llamaba para que entrara a su casa de habitación que compartía junto a su madre y abuelo de la víctima, ya en ese lugar, específicamente en la sala, el imputado Wilfredo Paz Fernández, luego de quitarle la falta y blúmer a la menor la penetraba carnalmente y luego la amenazaba de no contarle a nadie, hecho que se repitió en varias ocasiones, aun cuando la menor no había cumplido los catorce años.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Félix Gerardo Méndez Lizárraga, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ, cometió quebrantamiento de forma en la Sentencia Definitiva, al NO OBSERVAR LA REGLA DE LA SANA CRITICA DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LÓGICA DE LA DERIVACIÓN ESPECÍFICAMENTE EL PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica.” PRECEPTO INFRINGIDO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del Código Procesal Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera:.. Segunda:...Tercera:...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana, crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Honorables Magistrados, como es de su conocimiento, quien pretenda invocar un Motivo de Quebranto de Forma por haberse inobservado las reglas de la sana crítica, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la ley Procesal, el Vicio que cometió el Juez o que permitió que se formara en su actividad de valoración de cada una de las pruebas, qué regla de la sana crítica que fue inobservada en cada una de ellas y por una vía de demostración idónea, la Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de la parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la Sala Penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el articulo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, como principio lógico de la LOGICA misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por DERIVACIÓN el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de LA LEY DE DERIVACIÓN, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el Motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante WILFREDO PAZ FERNANDEZ, ya que a sabiendas el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente del porque le otorga y le resta credibilidad a determinadas pruebas, entre estas la declaración de la propia supuesta víctima, los dictámenes médicos forenses y de ADN, cuando estos refieren que esos hechos no pudieron ser cometidos, siendo otras las razones de donde se derivan su explicación y consecuentemente resultan ser decisivos porque cambiarán completamente el fallo dictado. El recurrente, establece en primer lugar que mi representado WILFREDO PAZ FERNANDEZ es condenado por el Tribunal de Sentencia como autor de un delito de VIOLACION ESPECIAL a la pena de 15 AÑOS DE RECLUSIÓN, por lo que según los hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se aduce que el imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ: “HECHOS PROBADOS.- Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: Que desde el mes de febrero del año dos mil trece, cuando la menor ofendida Y. A. R. P., tenía la edad de trece años y cada vez que la menor se dirigía hacia la escuela, el hoy acusado Wilfredo Paz Fernández la interceptaba y mediante señas la llamaba para que entrara a su casa de habitación que compartía junto con madre y abuelo de la víctima, ya que en ese lugar, específicamente en la sala, el imputado Wilfredo Paz Fernández luego de quitarle la falda y blúmer a la menor la penetraba carnalmente y luego la amenazaba de no contarle a nadie, hecho que se repitió en varias ocasiones aun cuando la menor no había cumplido los catorce años”. En efecto, en el hecho probado que nos relatan los jueces de sentencia, se establece que la declaración de la menor de edad Y. A. R. P., radica la fuente de la razón suficiente de donde extraen los razonamientos para inducir la supuesta existencia del delito sexual de violación especial, que según lo manifestado por la menor supuestamente agredida le introdujeron el pene en su cavidad vaginal en unas diez veces; de tales situaciones no se tiene cuenta del día, la hora, ni la fecha exacta en que acontecieron los supuestos accesos carnales, habida cuenta que según lo manifestado por la propia víctima, era en horas de la mañana cuando iba rumbo a la escuela y pasaba por la casa donde se encontraban su mamá, su abuelo materno y su tío, supuesto violador. Por lo que deviene la razón suficiente donde el Tribunal descansa su criterio judicial para establecer que a pesar de que la supuesta víctima fue agredida por primera vez en el mes de febrero del 2014, ésta continuó frecuentando la ruta donde supuestamente la interceptaba su agresor durante otras ocasiones en las que fue reiteradamente violada. En todas las ocasiones, según el único hecho probado, el imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ le decía a la menor de edad que no gritara ni contara a nadie lo sucedido, porque de hacerlo, le rompería la boca. Además resulta arbitraria la aseveración del sentenciador al razonar en su único hecho probado, que el acceso carnal ocurría “cada vez que la menor se dirigía hacia la escuela, el hoy acusado Wilfredo Paz Fernández la interceptaba y mediante señas la llamaba para que entrara a su casa de habitación”, sin individualizar los hechos y momentos en que supuestamente ocurrieron tales agresiones. De ahí que como lo hemos manifestado, que siendo un hecho criminal donde se le imputa a WILFREDO PAZ FERNANDEZ la pena de 15 años de reclusión, o que es lo mismo, la destrucción de su vida, aspiraciones personales y profesionales, su imagen y honor ante su familia y la propia sociedad, y más importante aún, su libertad personal, resulta menester que los razonamientos que en base a la sana crítica utilicen los jueces de sentencia sean contundentes y no radiquen en ambigüedades, subjetividades y falacias argumentativas, en vista que la vida de un ser humano está en sus manos, ya que una menor de edad como lo es Y. A. R. P., le menciona que la agredió sexualmente, acto que desde todo punto de vista también resulta de vital importancia, para no dejar impune un delito de esta magnitud; por ello, hay que saber las razones que motivaron a la menor para señalar a mi representado y a su vez que también resulta importante saber cómo es que se descubrieron los supuestos hechos, mismos que al no haberlos mencionado en los hechos probados los jueces de sentencia tenemos que remitirnos a lo declarado por la menor Y. A. R. P. y su padre JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ: Según el ACTA DE DEBATE: PAGINA 3: Y. A. R. P.... Cuando le preguntó el fiscal del Ministerio Público... “Cuándo fue que sucedió este hecho? Como a las siete de la mañana. ¿Para donde iba usted en ese momento? Para la escuela. ¿Cómo hizo Wilfredo para llevarla a esa casa a Usted? Me habló por señas. ¿Cuando Usted llegó a esa casa, estaban solos? Estaba mi abuelo y mi mamá. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban dormidos. ¿Y Wilfredo dónde cometió este abuso? En la sala. ¿Por qué Usted no gritó en ese momento? Porque me sentenció que me iba a romper la boca”... “¿Por qué no le contó a nadie que ese día habían abusado de usted? Porque me daba miedo a la sentencia que me hizo él. ¿Después de ese abuso que fue en febrero él lo volvió a hacer? Sí. ¿Cómo cuántas ocasiones más abusó Wilfredo de usted? Como diez veces. ¿Dónde abusaba de usted? En la casa de mi abuelo. ¿Cómo hacía para llevarla a esa casa? Me hacía señales. ¿Usted vive cerca de la casa de Wilfredo? Si, vecinos. ¿Por qué llegaba usted a esa casa? Como él me amenazaba. ¿Y., antes de Wilfredo usted había tenido relaciones sexuales con alguien más? Sí. ¿Tenía novio? Sí. ¿Con el novio usted tenía relaciones sexuales? Sí. ¿Tu papá sabía que tenías novio? No sabía. ¿Cómo se dio cuenta tu papá que eras parte de abuso por parte de Wilfredo? Yo le conté. ¿De quién salió embarazada usted? No sé. ¿En esos días también usted tenía relaciones con su novio? Sí. ¿Con alguien más a parte de su novio tenía relaciones sexuales? Sí. ¿Cuándo Wilfredo abusaba de usted, usted le decía algo a él? Sí, que me dejara y él me decía que no le dijera a nadie. Según el ACTA DE DEBATE: PAGINA 3 VUELTO: Y. A. R. P.... Cuando le preguntó el Defensor Público... “Por qué razón tu solo acusas (a Wilfredo) y no a las otras personas que dices que abusaron de ti sexualmente? Porque ellos no abusaron de mí. ¿Quiénes son esas personas? Brayan y el otro se llama no me acuerdo. ¿Cuándo tú dices que en la sala de la casa de tu abuelo abusaba de ti quienes más estaban en ese lugar? En la sala solo él. ¿Qué horas eran en ese momento? A las siete de la mañana. ¿Y no había más personas en ese lugar? Solo mi mamá y mi abuelo, ¿Y por qué tú no gritaste? Porque tenía miedo. ¿Hacían ruidos en ese momento? No”. El Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo, hace una valoración de las pruebas irracional y antojadiza, acomoda los hechos en su sentencia de tal forma que pierden su real dimensión, e inculpa a mi representado obviando hechos constitutivos de delito, que correspondería deducir a terceros no llamados a juicio. Y es que en el hecho PRIMERO de la Valoración de las Pruebas que corre en la sentencia recurrida en PAGINA 1 de la misma, este Tribunal admite que la ofendida, “antes de tener relaciones sexuales con Wilfredo había tenido relaciones sexuales con otras personas pero fueron voluntarias”. Considerando que antes de los supuestos hechos imputados a mi representado, la menor tenía 12 o 13 años de edad, dichos actos constituyen el delito de violación especial. Obviamente, consiente el Tribunal en castigar el supuesto hecho punible en contra de mi representado WILFREDO PAZ FERNANDEZ, sin cuestionar antes si la supuesta ofendida estaba inculpando a su tío materno por miedo a ser reprendida por su padre al descubrirse su embarazo a tan temprana edad. De este criterio, emite el A-Quo sus razonamientos ilógicos alejados del principio de razón suficiente; veamos: Según la VALORACION DE LA PRUEBA, que se consigna en la página uno vuelto de la sentencia recurrida: “PRIMERO: Y. A. R. P.... “antes de tener relaciones sexuales con Wilfredo había tenido relaciones sexuales con otras personas pero fueron voluntarias, pero las relaciones que tuve con Wilfredo abusaba de mí y no eran voluntarias, cuando salí embarazada le conté a mi papá.” JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ... Padre de la menor ofendida relata: “Que el día veintiuno de abril del dos mil catorce, miré a mi hija con vómitos, eso fue en semana santa, le compramos un prueba de embarazo y salió positiva, ella no me quiso decir de quien era y como a los cinco días me dijo que era de Wilfredo y que había abusado de ella en La Tejera de la aldea El Tigre Trinidad, Wilfredo Paz Fernández es el tío de ella y el que la abusó cuando tenía trece años...” Ahora bien, como podemos observar de los relatos rendidos en el Debate de juicio oral y público por lo testigos de cargo Y. A. R. P., como de su padre JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, y lo que a su antojo relazan los jueces de sentencia de esos mismo testimonios, la realidad de lo manifestado va desvaneciéndose para acomodarse a una valoración de la prueba, que no responde a las reglas de la sana crítica, porque si analizamos dichos relatos vertidos en audiencia pública, advertimos una serie de incongruencias y aspectos dudosos en la narración, que suscitan serios interrogantes en relación con la coherencia y derivación interna de los propios relatos, su segmentación y sobre el verdadero valor de la argumentación que conduce al pronunciamiento condenatorio. Aspectos tales como los siguientes: 1) En primer lugar hay que advertir, como base inicial de todo lo que a continuación sigue y contra lo que parece ser la actitud adoptada por los Jueces de Sentencia, que NO nos hayan dado razón suficiente ante una desproporción tal de que la menor Y. A. R. P., haya manifestado en audiencia pública que ella había sostenido relaciones sexuales con otras personas antes de Wilfredo, y por lo tanto, hayan evadido considerar en sus razonamiento todas aquellas situaciones inherentes que pasaron por la mente de la menor, al verse descubierta de su embarazo por su padre, y ante el fundado temor que tenía ésta al reproche y a la reprensión de éste último por tal circunstancia que significaba haber salido embarazada a tan corta edad. Y es que en ese momento podemos inferir que en busca de un pretexto para librarse de los castigos, reprimendas y más grave del temor de la pérdida de su contorno familiar, circunstancias inherentes ante la magnitud que significaba para la menor salir embarazada en esas circunstancias, sin siquiera saber el nombre de la persona que la embarazó, ésta se inventa tal historia; por la cual el Tribunal de Sentencia recurre a la omisión de explicar estos hechos, de ahí, que se entienda que el Ministerio Público curiosamente no ejercita la acción penal contra las personas mencionadas por la menor como ser las otras dos personas con que tuvo relaciones sexuales, que eran Brayan y otro de quien no sabe su nombre.[1] De estas circunstancias concomitantes devenían los Jueces de Sentencia dar razón suficiente, porque no es una semana que mandan a la cárcel a un ciudadano hondureño, sino por un período prolongado, ya que 15 años de reclusión, no es una pena que se puede imponer al antojo de un Juez, sino razonando adecuadamente la CERTEZA DE LOS TESTIMONIOS DE CARGOS mediante los cuales soportan su fallo condenatorio, y por lo tanto, al dar razones suficientes expliquen que no existe otra explicación que pueda derivar a otra conclusión a la que han asumido. 2) Por otra parte, en el relato de hechos de la sentencia recurrida NO se nos informa en base a la lógica de razón suficiente el extremo tan trascendental como lo era el momento del señalamiento o identificación que la supuesta víctima hace de su supuesto agresor, solo véase, que existen una serie de incongruencias, que el Tribunal de sentencia devenía examinar en base a la lógica, por ejemplo: Si la menor había sido “violada” en reiteradas ocasiones por mi representado, por qué ésta no ocurrió a donde su padre o ante alguien de su confianza a manifestarle de que había sido ultrajada. O vaya, si tal como ella misma manifestó, venía sosteniendo relaciones sexuales con su novio y con otro varón, por qué no decirle siquiera al primero de que era objeto de abusos por parte de su tío. Lo anterior supone que la menor venía manteniendo relaciones sexuales con los referidos “novios” de manera consuetudinaria, pero al verse acorralada ante un embarazo no deseado, buscó la manera de inculpar a alguien que ante su limitada experiencia, significara un riesgo menor por suponer ella que no tendría una repercusión emocional ante su imputación, ya que no sería su novio el reprendido por su padre quien probablemente le reclamaría por tal comportamiento impúdico[2] 3) Unido a lo anterior, nada dice en base a la razón suficiente el Tribunal de Sentencia de la declaración que rindió la ofendida y de la contundencia de los resultados de las pruebas científicas que se le practicaron para determinar si mi representado era el padre biológico de la menor que había concebido supuestamente producto de los abusos sexuales de los que fue objeto por parte de su tío. Ni mucho menos del resultado de las investigaciones que realizó la policía, las declaraciones que rindiera la supuesta ofendida en sede administrativa, donde se contradice al decir ante el oficial de investigación que fue violada desde febrero del 2013, hasta febrero del 2014, y que había sido amenazada de muerte por su tío (Wilfredo Paz Fernández), cuando en audiencia pública ésta manifestó ante los Jueces del Tribunal, que le había amenazado con romperle la boca[3]. Simplemente los sentenciadores le dan toda credibilidad a su declaración, rompiendo el criterio de la “lógica”, puesto que resulta ilógico e infantil que la menor haya sentido ese miedo insuperable que la llevara a callar durante un año los supuestos constantes abusos de los cuales era objeto por parte de su tío, bajo la única amenaza de que si contaba algo le rompería la boca. Y es que tal como la norma procesal determina en el artículo 333, que durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. Tomando ésto en consideración, cabe pensar que la menor Y. A. R. P., mintió sobre los hechos ya que no pudo sostener su palabra durante la tramitación del proceso, se contradijo, y vertió declaraciones las cuales a la luz del principio de objetividad, de la razón suficiente, y de la sana crítica, devenía en motivar a los Honorables Jueces de Sentencia, a pensar que nunca existió ese miedo insuperable que llevara a la ofendida a ocultar el hecho punible por más de un año, por lo que finalmente debieron considerar que ésta mentía por resultar sus declaraciones ilógicas y su actuar incongruente en contraste con los supuestos hechos probados en Sentencia Definitiva. En ese orden de ideas era menester para la defensa técnica demostrar que ese relato o versión de los supuestos hechos que afirmaba la menor Y. A. R. P., podían tener una base espuria, que se contradice con las bases misma de la imputación, sin embargo el defensor público fue deficiente y más bien representó una debilidad para los intereses de mi representado WILFREDO PAZ FERNANDEZ. Pero el Tribunal tuvo que advertir dichas contradicciones y restar valor a las declaraciones irracionales y contradictorias de la supuesta ofendida, y no darles el valor probatorio que les dio para condenar a mi representado a 15 años de reclusión, con el sólo testimonio espurio de esta el cual a todas luces era evidente fue manipulado y dirigido a fin de inculpar a un inocente, y exculpar a uno o varios novios de la menor, y finalmente evitar la reprimenda del furioso padre pues ubicándose en el papel de víctima de violación, suponía el camino fácil y llano para salir bien librada del problema que significaba un embarazo no deseado a tan temprana edad. SENTENCIA DEFINITIVA PAGINA 2: VALORACION DE LA PRUEBA: “...De igual forma se evacuó el Dictamen de Serología y Genética Forense, elaborado y ratificado en juicio por la Doctora en Microbiología Alicia Mirtina Gonzáles Ángeles, quien concluye que basándose en los resultados del análisis de ADN, el señor WILFREDO PAZ FERNANDEZ se excluye como padre biológico de la menor H. E. M. H.; Este Tribunal al analizar cada uno de los medios de prueba descritos considera que los mismos son útiles y confiables en relación a la pretensión probatoria contenidas en ellos y por la experiencia que ostentan dichos peritos no pueden ser objeto de incredulidad y no existe incorporado al debate ninguna prueba que desvirtúe estas pericias y no fueron cuestionados o controvertidos por la defensa, y se ven corroborados con otros medios de prueba objetivamente confiables, destacando sin lugar a dudas la pericia de muestras comparativas de ADN, desvinculando al imputado como padre de la menor hija de la ofendida, extremo que no exime de responsabilidad al acusado de los hechos planteados por el Ministerio Público, ya que la menor relata que fue abusada en reiteradas ocasiones por el hoy acusado y que tuvo otras relaciones sexuales con otras personas pero en forma voluntaria, basta con la declaración de la víctima que es menor de catorce años, y que siendo valorada en conjunto con los demás medios de prueba vinculan al acusado con los hechos...” Según la valoración de esta prueba el Tribunal admite que la misma es útil y confiable, sin embargo en su juicio de valor, no descarta el hecho que la supuesta ofendida puede estar mintiendo en su declaración, ya que la misma Fiscalía mantuvo su tesis acusatoria desde el inicio del proceso en que la menor se encontraba embarazada producto de los abusos que sufrió de su tío el señor Wilfredo Paz Fernández[4]. Entonces, cabe la disyuntiva axiológica que surge al tener dos tesis probables. La primera, que efectivamente la menor fue abusada por su tío y esta lo calló por “temor” a sus amenazas, y dos, que ésta estuviera sosteniendo relaciones sexuales a temprana edad, y que al salir embarazada sintió temor insuperable a enfrentar a su padre por lo que se le mintió para adoptar una postura de víctima ante la sociedad, y ante su núcleo familiar. Resulta obvio que esta estratagema de mentir ante un Tribunal, fue confabulada por el Ministerio Público, para influenciar a la menor y manipularla instruyéndole debidamente en ese sentido, dado que por su corta de edad y por desconocer los efectos, negativos de un falso testimonio no sabe de la dimensión que provoca su relato para que condenen injustamente por 15 años de reclusión a una persona, solo así se explica, del porque en sus declaraciones administrativas no confiesa que tuvo relaciones sexuales con otras personas, sean estas relaciones consentidas o no, por su corta edad estos hechos constituían delito de violación especial imputable a las otras personas. De aquí se deduce que el interés de la menor desde un principio fue proteger la identidad del padre de su hija (o como le llama ella sus novios), ya que esta información era vital para que el Fiscal del Ministerio Público realizar una imputación objetiva de los cargos. Sin embargo, mantenemos nuestro criterio de que la menor mintió desde un principio, sumado a que el Fiscal realizó una ineficiente investigación, y le fue lo más fácil imputar desde un principio a mi representado. De ahí que resulta contradictorio su criterio, y comete el Fiscal del Ministerio Público el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ya que hasta la fecha, no ha presentado requerimiento alguno contra las personas que tuvieron relaciones sexuales “consensuadas” con la menor Y. A. R. P., a pesar de que esta tenía menos de catorce años al momento de mantener esas relaciones con éstos. Amén de las anteriores contradicciones se puede establecer que la inobservancia de la lógica de razón suficiente, sobrevenía al valorar la prueba de cargo por parte del Tr
ibunal de Sentencia, de la siguiente manera, por ejemplo: Que no es cierto que los supuestos hechos fueron cometidos por mi representado en la sala de la casa de habitación donde vivía su madre y su abuelo materno, cuando se dirigía a su escuela (aproximadamente a las siete de la mañana). Cabe mencionar, y es de lato conocimiento, que en las comunidades rurales como donde ocurrieron los supuestos hechos, acostumbra la gente a levantarse temprano al despuntar el alba. Por lo que resulta ilógico que tales abusos (más de diez) nunca hayan sido notados por la madre de la ofendida, o por el abuelo, quienes debieron haber escuchado en más de alguna ocasión un evento de tal trascendencia. Resulta ilógico que la menor, si ya había sido abusada supuestamente por vez primera por su tío, cuando ésta caminaba rumbo a su escuela, que siguiera transitando por la misma calle a la misma hora de manera consuetudinaria y sin observar el deber de cuidado y el comportamiento que una víctima de abuso sexual pueda manifestar. Al contrario, ella “permitió” en más de diez ocasiones los abusos, o dicho de otra manera, transitaba por el mismo lugar a la misma hora, a sabiendas que su tío le llamaría “mediante señas” para abusar de esta. Cabe la duda razonable, de que la menor, en un afán de ocultar la identidad de quien la embarazó, por el temor a la reprimenda de su padre, al señalamiento público y a la desintegración de su núcleo familiar, haya mentido sobre este aspecto, y haya imputado injustamente a alguien inocente manipulada e instruida por su padre. Pero si lo anterior no fuere suficiente, cabe resaltar las declaraciones vertidas durante todo el proceso por parte de la menor Y. A. R. P., ya que primero en sede administrativa dice que su tío la amenazaba diciéndole: “que si yo decía algo a mi papá me iba a matar, pero primero me iba a volver a violar varios hombres y luego me iba a echar al río”. Luego, en audiencia inicial ésta varía su declaración contestando al interrogatorio del fiscal, cuando le preguntó por qué no gritó (durante el abuso), a lo que contestó: “sí gritaba me iba a romper la boca”, “que me iba a mandar a violar con otros hombres y me iba a botar al río”. Y ya en audiencia pública ante los Jueces del Tribunal de sentencia, Cuando le preguntó el fiscal del Ministerio Público… “Por qué Usted no gritó en ese momento? Porque me sentenció que me iba a romper la boca»... “Por qué no le contó a nadie que ese día habían abusado de usted? Porque me daba miedo a la sentencia que me hizo él”. En esta etapa, cambió totalmente su declaración, ya no dijo que la iba a matar, ni que la iba a mandar a violar con otros hombres y luego botarla en el río, sino que manifiesta que le iba a romper la boca. Estas contradicciones reflejan una grave inconsistencia de sus relatos los que va modificando de tiempo en tiempo, a tal grado que si se hubiera aplicado el principio lógico de la razón suficiente, se hubiera establecido, que todos esos relatos tienen una base ficticia o espuria, donde la mente de un niña ha sido evidentemente manipulada para recrear hechos que nunca existieron y esa manipulación es de tal grado que esta menor está convencida de que efectivamente fue abusada sexualmente por su tío; por lo que no cabe otra explicación, ya que si fuere cierto no existirían tales inconsistencias, que no pueden obviarse bajo el pretexto de un trauma psicológico. Visto lo anterior, resulta también ilógico que si la menor acusa a mi representado de que éste abusó de ella en más de diez ocasiones, porqué entonces el Ministerio Público no imputé objetivamente al señor Wilfredo Paz Fernández por el delito de Violación Especial en concurso real, ya que dichos supuestos abusos se dieron en diferentes fechas y circunstancias. Pero no, al Fiscal solo le bastaba una sentencia condenatoria, la cual sabía era de fácil acceso ante una defensa técnica ineficiente, y en contubernio con el Tribunal que no optó por aplicar los principios de la lógica y la derivación para intuir que los relatos de la menor eran espurios y falsos. También cabe resaltar que el Tribunal de Sentencia, no valora o tergiversa la lógica sobre la valoración de la prueba científica relativa al dictamen forense número 2014160107000142 de fecha 06 de mayo del año 2014, practicado en la humanidad de la menor Y. A. R. P., por lo que basado en el principio de derivación resulta preocupante como en la administración de justicia hondureña el que una persona sea sometido a juzgamiento por estos delitos, acontezca contra ellos una apología de odio, prejuicio por la afectación que en su ánimo interior exista en los juzgadores, porque, cuando una prueba científica de esta magnitud acredita una duda más que razonable, para creer en su inocencia, comienzan tergiversar y a evaluar la prueba de manera aislada, y a basar una sentencia condenatoria en la declaración espuria de una menor. Y mencionamos que es espurio y falso el testimonio de la supuesta ofendida, en base a los siguientes argumentos y hechos que debió el Tribunal haber considerado para dictar un fallo absolutorio: Según se desprende del dictamen forense número 2014160107000142 de fecha 06 de mayo del año 2014, practicado por la doctora Vianey Suazo, en la historia médico legal, la evaluada se trata de una femenina de 13 años quien según su relato desde SEPTIEMBRE DEL 2013 (antes del día del niño) es obligada a mantener relaciones sexuales con su tío mediante la fuerza y bajo amenaza. Que siguió abusando de ella en aproximadamente 20 ocasiones (4 veces por mes) y la última vez fue en febrero del 2014. • Menciona la evaluada que es su primera relación sexual.- Vida sexual activa: NO.- Fecha de su última relación sexual antes del hecho: NINGUNA. • Examen físico: Área paragenital: SIN EVIDENCIA EXTERNA DE LESIONES.- Área extra genital: SIN EVIDENCIA EXTERNA DE LESIONES.- Área genital: Genitales externos características puberales. Monte de venus con vello, SIN PRESENCIA DE LESIONES.- Himen orificio único, con ruptura antigua (mayor a 10 días), localizada a las VII horas según las manecillas del reloj.- Escotaduras congénitas: SI; localizadas al as III,V y VIII horas según las manecillas del reloj.- Carúnculas himeneales: No.- Genitales Internos; lesiones Vaginales: NO.- • Y concluye el dictamen forense: 1.- Área genital: Himen con ruptura antigua (mayor a 10 días) localizadas a las VII horas según las manecillas del reloj. Horquilla Vulvar y periné: Sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas. - 3.- Área para genital y extra genital: sin evidencia externa de lesiones. De lo anterior, podemos colegir fácilmente lo siguiente: - Existen incongruencias en lo que la menor manifiesta a la Doctora Vianey Suazo en su revisión en el laboratorio forense, y es que ésta manifiesta que el primer abuso se dio en el mes SEPTIEMBRE DEL 2013 (antes del día del niño), y lo manifestado por ésta en juicio y en sede administrativa fue que los supuestos abusos comenzaron en febrero del 2013. - Miente al decir que ésta fue su primera relación sexual y que tenía una vida sexual no activa. Y es que en juicio, ella misma manifestó que había tenido relaciones sexuales con otras personas[5] - Igualmente se contradice, al manifestarle a la galena forense que mi representado había abusado de ella aproximadamente 20 ocasiones (4 veces por mes), cuando lo que dijo en juicio fue que los supuestos abusos fueron unas diez veces[6]. De la simple lectura del referido dictamen médico forense se demuestra que NO EXISTE NINGUNA LESIÓN EN EL ÁREA PARAGENITAL, NI EN EL ÁREA EXTRAGENITAL, Y TAMPOCO EN EL ÁREA GENITAL PROPIAMENTE DICHA. La Doctora en su dictamen, manifiesta que encontró ruptura de himen antigua mayor a 10 días, localizada a las VII horas según las manecillas del reloj, horquilla vulvar y periné sin evidencia de lesiones, sin carúnculas himeneales. Esto quiere decir que no había evidencia científica de que la menor haya sufrido abuso alguno, sí de que ya había mantenido relaciones sexuales con un varón, pero al no encontrase lesiones típicas de una relación forzosa o mediante amenazas, no pudo el Tribunal intuir que ésta había sido abusada sexualmente; si que había tenido relaciones consensuadas. Asimismo, en el dictamen forense, el cual fuera ratificado por la Doctora Vianey Suazo en debate, está fue conteste al decir que en la evaluación, la menor no había dicho quien la embarazó, por lo que siguiendo el principio lógico de derivación y de la razón suficiente, es congruente pensar que ésta se encontraba en una situación complicada, al estar embarazada sin saber quién era el padre, y lo peor, sin que su propio padre supiera que ella tenía relaciones sexuales a tan temprana edad. Por lo que mentir sobre el origen de su embarazo fue la salida más fácil, acusando a su inocente tío. Por ello Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, cuando nos referimos al quebrantamiento de forma en la presente sentencia definitiva, nos estamos reseñando a la regla de la Sana Crítica relativa a al pensamiento lógico de la razón suficiente y al principio de derivación, ya que como reglas del correcto entendimiento humano no fueron observadas al momento de valorar el testimonio de la menor Y. A. R. P. y las subsecuentes pruebas de cargo que se han reseñado, véase, que cuando nos referimos a las reglas de valoración de la prueba en estos delitos contra la libertad sexual, máxime cuando afectan a menores cuando se producen en el ámbito familiar o de cercanía por amistad o vecindad, estamos de acuerdo que merecen un especial reproche moral y social, que impone una contundente reacción penal, proporcionada a su acentuada gravedad, a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela que los menores merecen como víctimas de los mismos. Pero siendo todo ello cierto, en ningún caso puede aceptarse que el carácter especialmente odioso de los hechos denunciados determine una degradación de las garantías propias del proceso penal, y especialmente a la inobservancia a las reglas de la sana crítica ya que su quebrantamiento infringe a su vez el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental de nuestra civilización, presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Por esa circunstancia es que denunciamos quebrantamiento de forma de la sentencia definitiva, se señala que la declaración de la víctima Y. A. R. P. si bien es cierto puede ser una prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, tampoco no es menos cierto, que su valoración debe realizarse con sumo detenimiento y cuidado ya que si no se hace en base a un correcto pensamiento humano, ello afectara la valoración que de ella haga el Tribunal de Sentencia; pero el hecho de que se trate de una prueba hábil, ello no significa, en absoluto, que con dicha declaración, quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada en grado de certeza lo relatado por la menor de edad, y que el imputado tenga que desvirtuar esa supuesta presunción de certeza de la acusación formulada en su contra, con medios de imposible obtención. Siendo así, se entiende que ese relato acusatorio que haga la supuesta víctima menor de edad, no puede ser descartado de credibilidad para los efectos de su valoración, por lo que sobra agregar, que debe ser estimada como una prueba más, por los jueces de sentencia, ya que como bien lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal, debe valorarse no solamente conjuntamente con las demás pruebas, sino que igualmente debe aplicársele obviamente, a esa valoración, los criterios de racionalidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba. Precisamente porque un defectuoso entendimiento o pensamiento que de ella se extraiga contrastara a los efectos de la valoración racional que se haga con la restante prueba de cargo. Reiterando: la valoración de estos testimonios es una de las funciones más complejas y difíciles que deben realizar los juzgadores, acreditando en su motivación racional como es que sus propios saberes, prudencia, conciencia y experiencia garantizan a la sociedad, a la víctima y al propio imputado que su fallo no procede de un desacierto lógico, y más aún tratándose de la única prueba de cargo que exige una cuidadosa y prudente valoración, donde debe ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurran en la causa, en vista de que la finalidad perceptiva que otorga el principio de inmediación a las declaraciones de los que normalmente tienen la doble cualidad de únicos testigos-víctimas, propicia una específica y atenta ponderación circunstanciada que, por un lado, aparece si cabe como más rigurosa y exigente en lo que a la fiabilidad y credibilidad se refiere y, de otro, sugiere prestar una extremada atención a los detalles de lugar, tiempo y modo que, como datos objetivos complementan la constatación narrativa que ofrece la versión prestada por el supuesto agredido o víctima de esta clase de delitos. Las pautas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para dotarlo de plena credibilidad como prueba de cargo, según nuestra reiterada jurisprudencia, son las siguientes: 1) AUSENCIA DE INCREDIBILIDAD SUBJETIVA derivada de las previas relaciones acusado - víctima, que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento o venganza que pueda enturbiar la sinceridad del testimonio, generando una incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes; en este caso nos hemos referido a los precisos momentos de cómo surge la identificación y señalamiento de mi representado WILFREDO PAZ FERNANDEZ por parte de la menor Y. A. R. P., por lo que no cabe duda alguna, que existe un motivo espurio, originado y fermentado por las presiones a las que fue sometida una menor de edad por parte de sus familiares y especialmente las presiones que ejerció su padre, para que le señalara un sospechoso o culpable de un delito de violación, que no había existido, dado que la menor al ser descubierta embarazada y ante el enojo y la reprimenda a la que se enfrentaría por parte de su padre, ésto le produjo un miedo y terror insuperable a tal grado que se vio obligada a señalar un inocente que no pusiera en riesgo a su(s) posible(s) amante(s). Asimismo, si analizamos estas pruebas en base a las reglas de la sana crítica y al principio de derivación, observaremos que según el dictamen emitido por la Dra. VIANEY SUAZO, éste estableció en fecha 06 de Mayo del 2014 sin lugar a dudas que encontró “Área genital: Himen con ruptura antigua (mayor a 10 días) localizadas a las VII horas según las manecillas del reloj. Horquilla Vulvar y periné: Sin evidencia externa de lesiones recientes o antiguas. Área para genital y extra genital: sin evidencia externa de lesiones”. No menciona éste haber rasgos de un abuso sexual, no concluye que haya lesiones típicas de una relación forzada o bajo amenazas, al contrario, los hallazgos son vestigios típicos de relaciones sexuales consensuadas. En ese orden de ideas, el Tribunal desecha estas conclusiones y se concentra a darle credibilidad a la declaración de la única testigo presencial, que es la misma víctima. 2) VEROSIMILITUD, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio directo de la única testigo de cargo, sino una declaración de un tercero imparcial, porque bien es sabido que en cuanto a esta clase de delitos, resulta regularmente cierto que no existe la presencia de testigos presenciales, pero por lo menos debería existir testimonios periféricos que de alguna manera sostuvieran objetivamente la versión de los hechos que fijan la víctima y sus familiares, lo que no acontece en el presente caso. Nos preguntamos, que tipo de cuidado recibe esta menor de edad en el entorno familiar donde vive, lo que evidencia que está en un grave riesgo social, pues tal como ella misma admitió en juicio, a su corta edad de 13 años mantenía relaciones sexuales con sus novios sin protección y sin planificación anticonceptiva. Pero como a la Fiscalía no le importa analizar estas situaciones con objetividad, es que recurre a la simulación y maniobra de prueba de cargo; en definitiva era fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho imputado, y más aún, habrá de ponderarse este elemento adecuadamente cuando se trate de delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración. Por ello, el hecho de que, en ocasiones, el dato corroborante no pueda ser contrastado no debe de existir la más mínima duda de algún elemento que pueda objetivamente desvirtuar el testimonio de la menor Y. A. R. P., porque existe la posibilidad de la falsedad de su relato por motivos espurios, lo que desacreditaría la supuesta comprobación de los juicios ilógicos en que se basa el Tribunal de Sentencia para justificar las supuestas circunstancias concurrentes en el hecho juzgado. 3) PERSISTENCIA EN LA INCRIMINACIÓN: del testimonio de la supuesta víctima Y. A. R. P., ya que ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades, ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado WILFREDO PAZ FERNANDEZ, que proclama su inocencia, por lo que prácticamente, la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su falsedad. Aspecto éste, que como lo hemos demostrado nuestro representado ha sido víctima de una perversa y fraudulenta manipulación de prueba de cargo, careciendo por un lado de la oportunidad de tener una defensa técnica competente y suficiente que aportara prueba decisoria y pertinente, y por otro la tergiversación y prejuicio de la prueba de cargo, para dictar un fallo condenatorio en su contra, todo ello, bajo la aplicación de la inobservancia de la regla de la sana crítica de la lógica de razón suficiente y del principio de derivación, en vista de que ese tergiversado pensamiento humano fue utilizado para impedir al imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ poder desvirtuar los hechos que se fundaban exclusivamente en una única declaración de culpabilidad, en vista de que esta prueba, por sí sola, si se excluye hipotéticamente de la sentencia condenatoria, se determinará que el resultado sería absolutorio, al no existir ninguna otra prueba que sea absolutamente coincidente y con base suficiente para que sostenga totalmente la potencialidad de un fallo incriminatorio en contra de mi patrocinado, y decimos ésto, porque no solo estamos hablando de exigencias condicionantes de su objetiva válidez como prueba, sino de criterios de ponderación que señalen los cauces por los que ha de discurrir un proceso valorativo verdaderamente razonable. En ese orden de ideas, Tales reservas a las cuales nos referimos, no son otra cosa que la aplicación de la teoría general del valor del testimonio, conforme a las reglas de la sana crítica, cada día más elaboradas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia Hondureña, y entre estas podemos mencionar las de la psicología que afectan, no sólo a estos sentimientos de odio, rencor, venganza, ánimo de exculpación, etcétera, sino a otros factores igualmente importantes como facultades de captación del hecho en función de las características del testigo, del tiempo de exposición del hecho, de la forma de producirse, etc. En definitiva, para concluir corresponde a la Sala de lo Penal, mediante el control casacional, establecer si la valoración del testimonio de la menor Y. A. R. P. que el Tribunal de Sentencia ha utilizado como piedra angular para dictar su fallo condenatorio, es carente de la aplicación de un correcto pensamiento humano, y dado que ese criterio puede ser estudiado en la fase del recurso de casación, pueden perfectamente los Magistrados de la Sala de lo Penal apreciar y justipreciar en su exacta dimensión, que dicha valoración de la declaración padece de incredibilidad subjetiva, que no es verosímil y que no existe persistencia de incriminación, amen, de que el resto de pruebas de cargo a las que nos hemos referido ampliamente en este motivo de casación por quebrantamiento de forma, no son concretas y suficientes por si solas para establecer un fallo condenatorio, en vista que han sido mal razonadas al ser segmentadas su real contenido lo que a constreñido una ambigua derivación de las mismas con el relato de la única testigo incriminadora, por lo que tal juicio valorativo o axiológico utilizado por los Jueces de Sentencia, no ha respetado en lo más mínimo las reglas de la sana crítica, específicamente de la razón suficiente y el principio lógico de derivación, al descartar la existencia sobre posibles actuaciones de resentimiento, odio, enemistad u otras razones similares que han originado la imputación en contra del ciudadano hondureño WILFREDO PAZ FERNANDEZ, contra quien no solamente no existe prueba objetiva y confiable para condenarlo por 15 años de reclusión, sino que también todos las pruebas científicas han demostrado que no es el padre biológico de la niña nacida producto de la supuesta violación de la cual era objeto de incriminación por la ofendida, por lo que se pide en base al principio de tutela judicial efectiva la aplicación de control casacional al caso en concreto. Es así, que pedimos que dada la situación límite de riesgo para no solo el derecho constitucional de presunción de inocencia del imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ, sino esencialmente de que la inobservancia de las reglas de la sana crítica se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. Y que ese riesgo se hace extremo si la supuesta víctima Y. A. R. P. es precisamente quien inició el proceso, haciéndose aún más acentuado cuando se constituye en única prueba de la imputación. Por lo que si se aplican correctamente las reglas de la sana crítica, en este caso la lógica de razón suficiente y el principio de derivación, no solo bastará con formular una imputación y sostenerla personalmente en el juicio, ya que ello no es suficientemente CERTERO para desplazar la carga de la prueba que exista a favor del imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ. Por lo que cabe aclarar que el control casacional al estar alejado de prejuicios y afectaciones en su ánimo interior, debe alcanzar la aplicación de la justicia, en aquellos casos en que la declaración del acusador no sólo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de Indefensión para el acusado cuando la imputación está fundada exclusivamente en la palabra del acusador y que ésta resulta ser tan Imprecisa en su circunstancias o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna para el imputado de obtener prueba en contrario. Es por ello por lo que, en estos supuestos, el control casacional no puede limitarse a la mera constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso conclusivo en que se fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba indiciaria. Ha de recordarse que el recurso de casación penal, además de su función propia de producir jurisprudencia también es unificadora de doctrina, por lo que cumple con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico de satisfacer la aplicación del derecho a la norma, como derecho fundamental de todo condenado a tener una posibilidad de que se repare la injusticia cometida en su contra; en consecuencia, pedimos que la Sala De Lo Penal declare que en el presente caso se ha quebrantado la regla de la sana crítica de la lógica de razón suficiente y el principio de derivación, en vista de que el testimonio de la víctima adolece de todos los requisitos antes expuestos, y que por tratarse de una inobservancia de una regla de la sana crítica, por ser una cuestión propiamente valorativa, que incumbe al Tribunal de Sentencia, ésta carece de aplicabilidad por ser ilógicas sus conclusiones, y ello produce un vacío probatorio o ausencia de prueba, supuesto con el cual la condena viola no solamente colateralmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, sino que quebranta la forma del juicio que se ventiló en su contra, por lo que el control casacional, siendo facultad y obligación de la sala de lo penal debe aplicarlo para determinar que esa valoración hecha por el Tribunal de Sentencia del testimonio de la supuesta víctima Y. A. R. P. NO RESULTA CONVINCENTE, pues de un lado no existen datos periféricos algunos de carácter corroborativo y contrariamente existen datos científicos que restan credibilidad a dicho testimonio, por lo que dicha prueba NO PUEDE REPUTARSE SUFICIENTE PARA ENERVAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA AL HABERSE INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA DE LA LÓGICA DE RAZÓN SUFICIENTE Y DEL PRINCIPIO LÓGICO DE DERIVACIÓN. A manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se acompañan precedentes donde ya esta Sala de lo Penal ha fijado su criterio casacional, en el sentido de respetar la regla de la sana crítica de la lógica, específicamente la razón suficiente y la ley de la derivación, advirtamos: “… Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que las agresiones o los abusos sexuales, cuando tienen lugar en el marco de las relaciones familiares, de los que resultan víctimas menores de edad, resultan de prueba muy compleja. Se trata de hechos que suelen cometerse en la clandestinidad, que son sufridos por menores que en muchos casos encuentran dificultades para relatarlos y que, cuando son descubiertos y denunciados, pueden dar origen a tensiones en el grupo familiar que pueden afectar seriamente a los propios menores que en ocasiones llegan incluso a desarrollar sentimientos de culpabilidad respecto a sucesos de los que en realidad han resultado víctimas. Esta clase de situaciones imponen a los Tribunales una profunda valoración de la prueba que, naturalmente, solo puede conducir a una sentencia condenatoria cuando la culpabilidad se demuestra más allá de toda duda razonable. En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea....” (Sentencia de fecha once de agosto de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Penal número S.P. 17=08). “… La Sala ha reiterado que en el juzgamiento de casos de tipo sexual se debe tomar en consideración aspectos de sutil importancia, entre ellos: “La falta de animosidad de la víctima, quien es menor de edad para querer faltar a la verdad, la normal ausencia de otros testigos oculares en los delitos sexuales excepto la propia víctima, la posición de autoridad del acusado con respecto a la víctima, el contexto rural del centro educativo, donde se desarrolla el hecho justiciable, el origen humilde de la madre, hermana y de la propia víctima y otras circunstancia. valorativas” (véase sentencia CP-1407 del veintitrés de enero del año dos mil ocho). Ciertamente, la experiencia nos muestra que gran cantidad de los delitos de abusos sexuales entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurre situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casa o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores con otras personas o familiares, resultando con frecuencia que en muchos casos se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta.- III.- Las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicológica) imponen al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de la prueba evacuada que permita de manera clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente. - La Sala, ha reiterado también que: “La deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante”. (Véase sentencia 172-2010 del nueve de junio del año dos mil once). “(sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal número S.P.60=2010). “...El Criterio de la Sala. 1) Para que una sentencia sea legítima es imperativo que se base exclusivamente en prueba válidamente introducida al debate. Si la motivación omite la consideración de prueba decisiva introducida al debate o si se basa en elementos no introducidos formalmente como parte integral de la prueba, la sentencia es ilegítima. Si bien la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casacional, sí es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el Juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. 2) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica (lógica)...” Sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación No. S.P. 64-2008). “...ESTA SALA DE LO PENAL concluye que la sentencia recurrida efectivamente adolece de defectos en la fundamentación intelectiva, pues las razones invocadas por el A Quo son inconsistentes e insuficientes, para formar su convicción judicial, e incurre en inobservancia de la regla de la sana crítica, de la lógica, específicamente de derivación, que exige razón suficiente y fundada.- Por lo anterior, ESTA SALA declara procedente el motivo de casación invocado, en cuanto a decretar la nulidad de la sentencia en lo conducente a los imputados..., a efecto de que se celebre para el juzgamiento de estos otro debate, con jueces diferentes a los que intervinieron en el debate y sentencia anulada parcialmente…” (SENTENCIA de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No. 171-06).- SE PROPONE PRUEBA En base a lo establecido en el artículo 368 del Código Procesal Penal, se propone como medio de prueba para demostrar los defectos de procedimiento o de forma en que incurrió el Tribunal de Sentencia, el Acta de Debate de Juicio Oral y Público No. TS-SB-0154-2014-J donde emana dicha Acta de Debate; específicamente para que se evacúe en la audiencia señalada en al Art. 367 del Código Procesal Penal y asimismo se propone como prueba la Sentencia Definitiva de fecha 20 de Julio del 2015 para que se contraponga la segmentación de la prueba con lo verdaderamente acontecido en el debate de juicio oral y público, consignado en la respectiva acta de debate, donde se demostrará que las diversas valoraciones probatorias de la prueba de cargo ni por cerca derivan de su contexto primigenio. Por otro lado, se pide que por la vía de la inclusión hipotética se analice como prueba documental la declaración administrativa proporcionada por la menor Y. A. R. P. ante la sede policía, declaración que al haber sido producida en la etapa preparatoria del procedimiento ordinario, ya que con esta prueba su finalidad probatoria demostrará un evidente testimonio espurio y falso que rindiera la supuesta víctima en audiencia público ante el Tribunal de Sentencia. Y es que esta mintió y calló aspectos constitutivos de actos reñido con la ley, que deben ser investigados y sancionados, como ser el hecho de que mantenía relaciones sexuales con terceros, a quienes verdaderamente se les debió deducir responsabilidad, y que con la venia de la Fiscalía se hizo para procurar la condena de una persona inocente a la que se le ha impuesto la pena de 15 años de reclusión. De igual manera, se solicita que por la vía de la inclusión hipotética se evalúe el Acta de Audiencia Inicial, donde la supuesta ofendida cambia la versión de los hechos en un lapso tan corto de tiempo, y cuya finalidad probatoria es demostrar igualmente, que esta ha mentido desde un inicio, ya que durante el proceso no pudo mantener los detalles concretos y relativos a los hechos imputados, y que valorados estos elementos junto con los demás medios de prueba, devenía el Tribunal obligado a dictar una sentencia absolutoria al carecer esto de la suficiente credibilidad como para dictar un fallo tan perjudicial en contra de mi representado. RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el único Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. “IV.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU UNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ cometió Infracción de Precepto Constitucional relativo a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, vicio a la norma constitucional que hizo al Tribunal de Sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como a los Tratados y Convenios Internacionales. PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE. En el Artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGIDO Artículo 89 Constitucional. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad correspondiente.” Artículo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” EXPLICACIÓN AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación de INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL de la sentencia definitiva, porque por la vía de la vulneración de derechos constitucionales, se denuncia la violación, del derecho a la presunción de inocencia. En vista de que el imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ ha sido condenado como autor de delitos de Violación Especial a la pena de 15 años de Reclusión mediante la valoración irracional de la prueba de cargo, misma que al no ser suficientemente creíble para enervar su estado constitucional de inocencia, existe un vacío probatorio de donde emana la duda razonable, aplicándose esta institución en su contra y no en su favor, invirtiendo con ello la máxima constitucional que en caso de duda razonable ésta será siempre valorada a favor del reo, y nunca en su contra. Se sostiene que ha sido condenado en ausencia de pruebas inequívocas y que el Tribunal de sentencia ha consentido una valoración totalmente sugestiva de la menor de edad Y. A. R. P., ya que los juzgadores valoran la credibilidad de la supuesta ofendida, no razonan cualquier prueba que beneficie a la persona del acusado, por lo que existe una DUDA RAZONABLE que le beneficia sobre las pruebas de cargo, en ese sentido, los jueces de sentencia omiten referirse a las graves contradicciones que contiene las declaraciones de la menor Y. A. R. P. en relación a las pruebas científicas que no confirman sus dichos, y nos referimos primeramente a que la menor mintió a la perito forense que la examinó en la evaluación médico forense al decir que ésta no había tenido otras relaciones sexuales, y que el supuesto abuso era la primera relación sexual que había tenido, cuando posteriormente en audiencia pública manifestó lo contrario, al verse descubierta que la hija que engendró no era del indiciado - WILFREDO PAZ FERNANDEZ - y fue cuando entonces manifestó que había tenido relaciones sexuales consensuadas con otras personas, pero que con su tío había éste “abusado de ella” De lo anterior emana una grave duda, si efectivamente lo manifestado por la supuesta víctima haya acontecido en realidad o si es producto de una causa espuria, dado que al ser la única prueba directa que nos puede llevar a la existencia del delito de violación especial, no se aprecia afectación alguna que pudiera derivarse de los supuestos hechos. Por otro lado, entendemos que en cuanto a la declaración de la menor Y. A. R. P. se manipuló su versión en el sentido que ésta omitiera pronunciarse sobre extremos probatorios que la defensa previamente había establecido como decisorios y fundamentales que acreditarían la falsedad de sus dichos, pero inconcebiblemente al torcer la lógica, y ante la manifiesta ineficiencia del Defensor Público al no aportar prueba de descargo al debate, el Tribunal consintió en que ésta expresara su versión sin prueba de descargo que lo contradijera, ya que la Y. A. R. P. mintió durante todo el proceso, y fue hasta que se vio confrontada a contestar en juicio ante el interrogatorio de la fiscalía y del defensor público, y ante la prueba irrefutable de ADN, que admitió haber tenido relaciones sexuales con terceras personas. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 89 de la Constitución de la República implica (si la interpretamos de manera sistemática) que toda persona imputada de un delito o falta debe ser considerada inocente, no solo hasta que se demuestre su culpabilidad por un tribunal competente, sino hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, ésto de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal de sentencia alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad. Pero cuando ésto no acontece así, se recurre en casación por infracción de precepto constitucional por su estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque debe justipreciarse por parte de la Sala de lo Penal, si el Tribunal de Sentencia valoró expresa y razonadamente la pruebas de cargo y de descargo que tengan un contenido relevante respecto de los hechos cuya acreditación se discute. Por lo que ese control procedente en casación no supone una nueva valoración del material probatorio disponible, sino que se orienta, en primer lugar, a verificar que las pruebas han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en segundo lugar, a comprobar la racionalidad de la valoración, es decir, que el Tribunal no se ha apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea y en tercer lugar, si ha existido igualdad de armas procesales para proponer y evacuar prueba de cargo o descargo. En ese orden de ideas se denuncia por conducto del motivo de casación por infracción de precepto constitucional que la esta Sala de lo Penal, realice la siguiente verificación. a) En primer lugar, debe analizar el --juicio sobre la prueba--, es decir, si existió prueba de cargo y de descargo (que pudo haber producido duda razonable), estimando por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que, además, se haya permitido racionalmente que los sujetos procesales en igualdad de armas procesales hayan tenido la oportunidad para introducirlas en el Debate de Juicio Oral y Público de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometido al cedazo de la contradicción, inmediación e igualdad que definen la actividad de la audiencia pública; en el caso que nos ocupa, la misma Fiscalía del Ministerio Público introdujo una prueba esencial y fundamental para demostrar la inocencia de mi representado. Y es que la tesis acusatoria del Estado siempre fue que el ciudadano WILFREDO PAZ FERNANDEZ, había abusado de la menor Y. A. R. P., basando su requerimiento fiscal y posterior formalización de la acusación, en lo vertido por esta en sede administrativa, en la que manifestaba hechos que posteriormente resultaron ser falsos — pero que el Tribunal no apreció de esa manera. El dictamen pericial médico forense realizado y luego ratificado en audiencia pública por la Doctora Vianey Suazo, perito del Ministerio Público, era prueba decisoria, para acreditar esa duda razonable a favor del reo, de que lo manifestado por la menor Y. A. R. P. era una mentira forjada ante el temor y pánico que tenía por haber sido descubierto su libertinaje y su temprano embarazo, de ahí, de que las amenazas y coacciones a las que fue sometida por su padre resultaron ser determinantes, pero al no ser valoradas bajo las reglas de la sana crítica, principalmente bajo los parámetros lógicos del principio de derivación, los Jueces De Sentencia se limitaron a condenar a mi representado, por lo que se pide a la Sala De Lo Penal que por medio del procedimiento de la inclusión hipotética, funde su control casacional al respecto del valor decisorio de esta prueba. Por lo anterior se pide que se analice por conducto de la Inclusión hipotética como medio de prueba documental la declaración administrativa y la ofrecida en la audiencia inicial que rindió en la etapa preparatoria la supuesta víctima Y. A. R. P., ya que en el debate, la referida menor se contradice en la narración de los hechos, al ser incongruente en detalles específicos que no podía variar, y es que debido a la naturaleza del delito, al no existir más testigos que la misma víctima, ésta debe ser siempre exacta en su relato y evitar este tipo de discrepancias que dan lugar a la duda razonable. PAGINA 3 DEL ACTA DE DEBATE: “...” ¿Porqué Usted no gritó en ese momento? Porque me sentenció que me iba a romper la boca”... “¿Por qué no le contó a nadie que ese día habían abusado de usted? Porque me daba miedo a la sentencia que me hizo él”. PAGINA 3 DEL ACTA DE AUDIENCIA INICIAL: “...Por qué no gritabas? “si gritaba me iba a romper la boca”, “A tus padres por qué no les dijiste que Wilfredo abusó de tí? Me sentenció.”. “Que te dijo Wilfredo para que no contaras?. “Que me iba a mandar a violar con otros hombres y me iba a botar al río”. DECLARACION DE OFENDIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA: “… mi tío me amenazó diciéndome que si yo le decía a mi papá me iba a matar pero primero me iban a violar varios hombres y luego me iba a echar al río...” De lo anterior podemos observar que la menor ha venido cambiando su versión, no sabemos con qué objeto, pero inferimos que lo hizo por el mismo temor fundado a la reprimenda de su padre, ya que menciona en su declaración en sede administrativa, que su tío amenazó no le contara a éste lo del abuso, por lo que deducimos fue por el miedo insuperable al verse descubierta por su padre de que mantenía relaciones sexuales sin protección con sus novios y que estaba embarazada de uno de éstos sin saber de exactamente de quien. En ese sentido, al existir esta grave contradicción se pide bajo control casacional y para fines de una sana administración de justicia la inclusión hipotética de estas pruebas (Declaración de ofendido, Acta de Audiencia Inicial y Acta de Debate), que resultan ser decisorias, ya que descartan los relatos o versiones de la única testigo de cargo, y deja ver a todas luces que su testimonio es espurio y falso. Al respecto, y ampliando, cabe mencionar que ya la doctrina científica hondureña, acogida por la jurisprudencia, ha establecido lo siguiente en lo referente a la duda razonable: “Es frecuente en la práctica, la confusión entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro-reo, cuando en realidad este es un principio auxiliar que se ofrece al juez a la hora de valorar la prueba, de modo que una vez practicada, sino se llega a ser bastante para formar su convicción o apreciación en conciencia, en orden a la culpabilidad o no del procesado, sus razonadas dudas habrá de resolverlas siempre a favor del reo. El principio In dubio Pro-Reo, entra en juego en el momento de valoración de las pruebas y no antes, hasta que se llegue a dicha fase, todo se habrá regido exclusivamente por el derecho a la presunción de inocencia, pero una vez obtenidas las pruebas de forma lícita y regular, el in dubio pro-reo habrá de interpretarse como principio interpretativo, tanto de la norma como de su resultancia procesal. Se vulnerará el in dubio pro-reo, cuando el Tribunal exprese directa o indirectamente su duda, es decir, cuando no haya podido descartar que los hechos se produjeron de una forma más beneficiosa para el reo y a pesar de ello, adopte la versión más perjudicial para el mismo, pero lo que no puede convertirse es en la exigencia de que el Tribunal dude, como de ordinario sucede en la práctica. Como dice la sentencia del TS Español de 1990, la presunción de inocencia actúa en tanto no se prueba el hecho delictivo y la participación del acusado en el, es decir, cuando existe un vacío probatorio, una laguna de actividad procesal, en cuyo caso es perceptivo absolver. Ahora bien, si existen pruebas de cargo y de descargo debe el Tribunal presidir cual ha de prevalecer, bien entendido que en caso de duda ha de prevalecer la absolución conforme al principio in dubio pro-reo” (Valoración de la prueba presunción de inocencia. Manuel Estrella Ruiz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz. España y Manuel A. Fortín Aguilar, Sub Director Escuela Judicial de Honduras. Cuadernos de Estudios Judiciales. Rafael Alvarado Manzano, Pág. 95). Por lo que la duda razonable siempre debe operar a favor del reo y nunca en su contra. b) En segundo lugar, se ha de verificar --el juicio sobre la suficiencia-- es decir si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y c) En tercer lugar, debemos verificar --el juicio sobre la motivación y su razonabilidad-- es decir si el Tribunal de Sentencia cumplió por el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora, no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal de sentencia que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado WILFREDO PAZ FERNANDEZ es no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión intra processum, porque es una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, sino también, extra processum, ya que la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial. En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal de Sentencia, es sí misma considerada, como lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal de sentencia soporta y mantiene la condena; por lo que hay que preguntarnos: ¿es suficientemente consistente y sólida la única declaración de cargo relativa a la versión de los hechos que da la menor de edad Y. A. R. P.? ¿Son racionales los juicios lógicos que emite el Tribunal de Sentencia para darle credibilidad en grado de certeza?, ¿existían otras pruebas de cargo que constataran en grado de certeza absoluta la versión de sus hechos?, ¿fueron las motivaciones dadas por los jueces de sentencia suficientemente fundamentadas para desvanecer las dudas razonables que existían a favor del imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ?; Las respuestas resultan ser obvias y es que esta sentencia condenatoria constituye el acto más aberrante de una apología de odio hacia hechos repugnantes narrados sobre un hipotético caso de abuso sexual de una menor de edad, que ha obnubilado el buen juicio racional que debió tener el Tribunal de Sentencia, unido todo ello, a posibles maniobras de deslealtad para con la justicia, para ocultar la verdad y agréguese además al prejuicio que existía contra la persona del imputado, ya que no se presentaron cargos contra terceros, los cuales resultaron expuestos por la comisión del delito de violación especial ante la declaración de la menor ofendida, después de admitir esta en juicio haber tenido relaciones sexuales consensuadas con estos cuando tenía menos de catorce años de edad. Esta duda razonable fue utilizada en su contra y no a su favor para absolverlo, siendo así, cuando se segmenta una prueba y de ahí se dice que se valora, lo que se hace constituye un atentado a la inteligencia, porque no solamente existe, el arbitrario contexto reducido que de la valoración de la prueba haga un Tribunal de Sentencia, sino que también existen parámetros racionales como las reglas de la sana crítica para desacreditar esos juicos de racionalidad. Siendo ello así, no constituyendo misión ni cometido de la casación penal hondureña, ni decidir, ni elegir, sino controlar el razonamiento con el que un Tribunal de Sentencia justifica su decisión, para con ello, determine en relación a la presunción de inocencia, si se ha actuado con legitimación en la decisión adoptada por los jueces de sentencia, y de igual manera, sancionar que esos juicios de coherencia y derivación, no se ha podido verificar su sólidez y razonabilidad para justificar esas conclusiones alcanzadas, por lo que procede rechazándolas, y por tanto, al controlar la inefectividad del entredicho en la aplicación de la duda razonable y su vulneración de la presunción de inocencia se decrete que esa sentencia condenatoria contiene una decisión inmotivada y consecuentemente una motivación arbitraria, que produce su nulidad absoluta. Por lo que debe fijarse bajo control casacional, que la prueba de cargo con la cual se fundamentó el Tribunal de Sentencia, no constituye prueba suficiente, por lo que una vez analizada detalladamente en los diversos contextos segmentados de la sentencia definitiva, su contexto real contenido en el acta de debate y la inclusión hipotética de prueba decisoria, se establezca, que la declaración de la víctima Y. A. R. P., respecto de la que el Tribunal de sentencia afirma su convencimiento absoluto del relato que realiza en base en primer lugar a su percepción, no es coherente, ni derivado, al no dar muestras inequívocas de responder a experiencias realmente vividas, sino forjadas por un motivo espurio al ser descubierta en su embarazo temprano y de tener relaciones sexuales con varias personas, de las cuales no puede individualizar cual es el padre del producto que llevaba en su vientre. Ello precisamente explica el por qué no se llegó a criterios de certeza, sino de duda razonable, porque toda la prueba de cargo en vez de corroborar los datos de la versión dada por la supuesta ofendida, lo contradicen y demuestran la inexistencia de delito de violación especial y más aún, no demuestran la culpabilidad del imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ por ningún lado de donde se le vea, todo ello ha de unirse al dictamen médico forense y prueba de ADN, en donde queda claro que la menor mintió sobre aspectos relevantes (parejas sexuales, si era su primera relación sexual, etc.) y que mi representado no era el padre biológico de la hija de la ofendida. Todo esto conduce sin duda alguna al convencimiento de que no existe razón legal para destruir la presunción de inocencia que ampara al procesado WILFREDO PAZ FERNANDEZ y que en definitiva, se está ante una verdad que NO alcanza el canon de “certeza más allá de toda duda razonable” que es exigible para todo pronunciamiento inculpatorio según reiterada jurisprudencia de esta sala de lo penal, al existir un vacío probatorio que impide la imposición de una sentencia condenatoria, por lo que procede la estimación del recurso de casación invocado por el recurrente. A manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se acompañan precedentes donde ya esta Sala de lo Penal a fijado su criterio casacional, en el sentido de acreditar la infracción del precepto constitucional de la presunción de inocencia, advirtamos: “...Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que “La base de la doctrina constitucional respecto de la presunción de Inocencia consiste, en que para desvirtuar la misma es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las debidas garantías, que pueda entenderse de cargo y de la que se deduzca, la culpabilidad del procesado. Por otro lado como una carga de quien acusa, la presunción de inocencia es correlativamente un derecho fundamental, en virtud del cual incumbe a quien acusa aportar las pruebas desvirtuadoras de aquélla presunción iuris tantum. No puede imputarse, en principio, a un ciudadano la carga de probar su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, esta carga de la prueba, y la necesidad de su efectiva práctica cobra sentido, no como un mero formalismo, sino con una específica y definida finalidad: la formación de la convicción del Juzgador respecto de los hechos. En último término, lo que interesa es la adecuada formación de esa convicción. La sucesión o concatenación lógica de las fases del proceso penal, en lo que aquí interesa podría sintetizarse, muy esquemáticamente, como: a) aportación de prueba por la acusación; b) a continuación, reconstrucción, a partir de esa prueba, de los hechos por el Juez; c) finalmente, la subsunción de tales hechos en los correspondientes tipos penales. Llegar pues a la determinación de los hechos del caso a partir de la prueba practicada aparece como una operación lógica fundamental. De este modo, la Sala de lo Penal estima que en el motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del derecho de Presunción de Inocencia, debe recaer sobre: a) la ponderación del Juzgador sobre la prueba, para constatar si las partes acusadoras han aportado al juicio prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia; y, b) La racionalidad de la fundamentación Intelectiva de la prueba para verificar los razonamientos o inferencias lógicas derivadas de ésta, para si en su valoración, el Juzgador ha observado las reglas del correcto entendimiento humano... .“(sentencia de fecha treinta días del mes de noviembre de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-125-2010) “… Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que El artículo 89 de la Constitución de la República establece que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Esta Sala de lo Penal también considera pertinente recordar que los delitos que atentan contra la libertad sexual, por su propia naturaleza suelen ser cometidos en el ámbito de la clandestinidad, de ahí que el análisis del testimonio de la víctima cuando este ha sido evacuado en el proceso debe ser analizado escrupulosamente para determinar junto con otros elementos probatorios si se tiene por acreditado o no el hecho criminoso que se atribuye al encartado...”(sentencia de fecha cinco de abril de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal No.42=2009). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por infracción de precepto constitucional expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICION DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia respetuosamente pido, declarar HA LUGAR, el Motivo de Casación por la Infracción de Precepto Constitucional relativo a la presunción de inocencia SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene se dicte Sentencia Absolutoria a favor del imputado WILFREDO PAZ FERNANDEZ, por estimar que en casos de duda razonable siempre debe absolverse.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[7] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 párrafo primero y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: No observar la regla de la sana crítica de la ley fundamental de lógica de la derivación específicamente el principio lógico de razón suficiente; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Anule la sentencia recurrida y se ordene su reenvió al tribunal de origen. El pretensor denuncia el presente recurso por considerar que no se aplicó correctamente la sana crítica, en la regla lógica de la derivación vertiente de razón suficiente, dado que la supuesta agredida en su declaración mencionó “le introdujeron el pene en la cavidad vaginal en unas diez veces”, de lo cual, no se tiene en cuenta del día, la hora ni la fecha exacta en que acontecieron, continuó en su desarrolla de recurso el censor, que resulta arbitraria la aseveración del sentenciador al razonar en su único hecho probado, que el acceso carnal ocurría cada vez que la menor se dirigía hacia la escuela, sin individualizar los hechos y momentos en que supuestamente ocurrieron tales agresiones. Que el Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo, hace una valoración de las pruebas irracional y antojadiza, acomoda los hechos en su sentencia de tal forma que pierden su real dimensión, e inculpa al acusado obviando hechos constitutivos de delitos que correspondería deducir a terceros no llamados a juicio. Que consiente en castigar el supuesto hecho punible en contra de su representado sin cuestionar antes si la supuesta ofendida estaba inculpando a su tío materno por miedo a ser reprendida por su padre al descubrir su embarazo a temprana edad. A lo largo del planteamiento, el recurrente realizó sus propias valoraciones, para concluir que, al analizar los relatos vertidos en audiencia pública, advierte una serie de incongruencias y aspectos dudosos en la narración, que causan serios interrogantes en relación con la coherencia y derivación interna de los propios relatos, su segmentación y sobre el verdadero valor de la argumentación que conduce al pronunciamiento condenatorio. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de Agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aún intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[8]. De la Procedencia del Recurso El Motivo No es de Recibo. Es posible detectar en la presentación del recurso de casación, la inadecuada técnica recursiva utilizada por el censor para desarrollar su impugnación, faltando al principio de Debida Técnica antes explicado. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Critica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; Para ello es preciso que el Recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro. La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, meya negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver (ejemplo reprochar porque el tribunal castiga del hecho punible al acusado y que obvie que eso hechos constitutivos de delito correspondería deducir a terceros no llamados a juicio), exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. Comparte el Recurrente su apreciación de que el tribunal de sentencia no haya dado razón suficiente, al manifestar la ofendida haber sostenido relaciones sexuales con otras personas antes que el acusado; Este último argumento recursivo repite el error señalado en cuanto a la confusión de la Única Instancia con una Segunda Instancia, ello pues, el recurrente no dirige su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana critica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el a quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este ad quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo; razones suficientes para declarar sin lugar el presente motivo de casación Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República, en relación al Artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. *Concepto de la infracción: Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia; *Pretensión: Declarar Ha Lugar, se anule la sentencia recurrida y se ordene se dicte sentencia absolutoria, por estimar que en casos de duda razonable siempre debe absolverse. Explican el recurrente que su representado ha sido condenado mediante la valoración irracional de la prueba de cargo, la que no ha sido suficientemente creíble para enervar el estado de inocencia, denuncia la existencia de un vacío probatorio de donde emana la duda razonable, cuestiona la falta de razonamiento de los juzgadores de la prueba que beneficie a la persona acusada, omitiendo referirse a las graves contradicciones que contiene las declaraciones de la menor ofendida en relación a las pruebas científicas que no confirman sus dichos, dado que la menor le mintió a la Perito Forense al decir que no había tenido relaciones sexuales y que el abuso era la primera vez relación sexual, sin embargo, en audiencia pública manifestó lo contrario, haber mantenido relaciones sexuales consensuadas con otras personas, pero con su Tío había sido abusada. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; Éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de Mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.-. El Censor en el desarrollo de su recurso contraria el valor probatorio dado por el Tribunal a la prueba testifical de la menor víctima Y. A. R. P., refiriendo como ésta debió ser interpretada, según la particular visión del Censor, lo que es propio de los alegatos de la primera instancia y no de única instancia, pues en el proceso recursivo casacional no se revalora prueba alguna, de igual manera denuncia que la declaración vertida por la víctima le proviene la duda razonable. Ha explicado esta Sala de lo Penal a propósito ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el Recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan que este Alto Tribunal de un pronunciamiento, pues para iniciar no existe claridad de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación, siendo la única idea que de manera persistente plantea el Censor es como debieron valorar los medios de prueba los Juzgadores, por lo cual resulta improcedente. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo: ambos recursos interpuestos por el Abogado Félix Gerardo Méndez Lizárraga, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Wilfredo Paz Fernández. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de julio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento Santa Bárbara, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Wilfredo Paz Fernández por el delito de Violación Especial en perjuicio de la menor Y. A. R. P.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-429-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] VER FOLIO 38. ACTA DE DEBATE. DECLARACION DE Y. A. R. P.…” “¿Por qué razón tu solo acusas (a Wilfredo) y no a las otras personas que dices que abusaron de ti sexualmente? Porque ellos no abusaron de mí. ¿Quines son esas personas? Brayan y el otro se llama no me acuerdo…”
[2] En su declaración que corre a folio 37 vuelto y 38 del ACTA DE DEBATE, el señor José Humberto Rodríguez Fernández, manifiesta: “¿ella le aseguró que ese embarazo era de Wilfredo? Directamente NO. ¿Ella manifestó que si alguna otra persona había abusado de ella? Pues no, nunca platicamos de eso. ¿Cuándo ella le dice quien fue la que abusó y ella le contesta el nombre de la persona que tan segura la vio la respuesta de ella? Si, porque ella estaba atemorizada”.
[3] PAGINA 3 DEL ACTA DE DEBATE: Y. A. R. P.…Cuando le preguntó el fiscal del Ministerio Público….” “¿Porqué Usted no gritó en ese momento? Porque me sentenció que me iba a romper la boca”…¿ Porqué no le contó a nadie que ese día habían abusado de usted? Porque me daba miedo a la sentencia que me hizo él”
[4] Ver Requerimiento Fiscal de fecha 08 de mayo del 2014: “…siendo los últimos abusos en este año 2014, y producto de esto la menor en el mes de Febrero del presente año (2014) se dió cuenta que estaba embarazada, y fue así como le contó lo sucedido a su madrastra María Lila Sánchez y posteriormente esta le contó al padre de la víctima”
[5] VER PAGINA 2. ACTA DE DEBATE: DECLARACION DE Y. A. R. P.…” ¿Porqué tu solo acusas (a Wilfredo) y no a las otras personas que dices que abusaron de ti sexualmente? Porque ellos no abusaron de mi. ¿Quienes son esas personas? Brayan y el otro se llama no me acuerdo…”
[6] VER PAGINA 2, ACTA DE DEBATE: DECLARACION DE Y. A. R. P.…” ¿Cómo cuántas ocasiones más abusó Wilfredo de usted? Como diez veces”
[7]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[8] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012