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Sentencia CP-422-16 — Registro 12960

Resumen

En primera instancia se condenó al menor de edad por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato. Reprocha que en el presente caso los hechos declarados probados evidencian que el niño C. J. G. M. acepto irse con el niño acusado J. A. Z. R. en un caballo, saliendo con rumbo desconocido, apareciendo el niño C. sin vida en un lugar distante. Señala que el Tribunal no da por acreditado que el niño acusado J. A. Z. R. haya efectivamente cometido la acción matar en perjuicio del niño C. J. G. M., por lo que el factum de la sentencia no concurren todos los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal del tipo penal de Asesinato, por lo que la sentenciadora aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Que el día miércoles veinticuatro de Febrero del año dos mil dieciséis, el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito Á. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. R. (alias El Joper) montado en un caballo color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño Á. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper), yéndose ambos con rumbo desconocido.- Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M.. Segundo: Que en fecha veintiséis de Febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindó la madre del menor Ofendido quien les dijo que el niño Á. M. le había dicho que El J. se había lo había en un caballo, los Agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño Ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó Joper en un caballo color café y les ofreció un raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. no quiso por tenerle miedo a los caballos en cambio el niño C. J. G. M. si acepto, por lo que fue ayudado por J. alias Joper para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido.- Que posteriormente el menor Ofendido fue encontrado sin vida en un lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida.” Esta Sala de lo Penal observa que, los hechos declarados probados que constituyen la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta se configuran los elementos objetivos, y subjetivos del tipo penal de Asesinato tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal. El artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de Asesinato, quién de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación, conocida; 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido...” Del factum de la sentencia que se impugna resultan indicios suficientes de la participación del menor J. A. Z.R. en la acción matar al niño C. J. G. M., por lo que la acción del niño acusado se subsume en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en los artículos 117 del Código Penal, dado que la acción desplegada por el menor J. A. Z. R. reúne las condiciones del autor o partícipe de la muerte del niño C. J. G. M., pues tiene por probado que el menor J. A. Z. R. (alias El Joper) llegó montado en un caballo color café y se llevó a dar un paseo en el caballo al niño C. J. G. M. en el ancas del caballo yéndose ambos con rumbo desconocido; la denuncia del desaparecimiento del niño C. J. G. M. por parte de sus familiares ante las autoridades, investigaciones policiales que comenzaron apuntando hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M., de las que resulta que el menor J. A. Z. R., indica a los Policías el lugar preciso donde está el cuerpo sin vida del menor. En este caso, esta Sala concluye que, no obstante, los defectos de redacción del hecho declarado probado por parte del Juzgador de instancia, que la sentencia impugnada no aplica en forma debida lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vázquez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-422-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Segundo de la Sección Judicial de Danlí, y de Niñez por Ministerio de la Ley, mediante la cual Primero: Declara al niño J. A. Z. R. responsable de la infracción penal tipificada en el Código Penal como Asesinato, en perjuicio del niño C. J. G. M., la sanción de privación de libertad en forma concreta de cinco años, seis meses, los que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Renacimiento, ubicada en la circunscripción de Támara, departamento de Francisco Morazán.- Segundo: Se le declara la Responsabilidad Civil al niño infractor J. A. Z. R.. Son Partes: La Abogada Ela Paredes Bromfield, Fiscal en representación del Ministerio Público, y los Abogados Arnaldo Alcides García y José Roberto Izaguirre Santos, Defensores Públicos del niño J. A. Z. R., como partes recurrentes. II. HECHOS PROBADOS “Primero: Que el día miércoles veinticuatro de Febrero del año dos mil dieciséis, el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito Á. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. R. (alias El Joper) montado en un caballo color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño Á. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper), yéndose ambos con rumbo desconocido.- Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M.. Segundo: Que en fecha veintiséis de Febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindó la madre del menor Ofendido quien les dijo que el niño Á. M. le había dicho que El Joper se había lo había en un caballo, los Agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño Ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó Joper en un caballo color café y les ofreció un raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. no quiso por tenerle miedo a los caballos en cambio el niño C. J. G. M. si acepto, por lo que fue ayudado por J. a. J. para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido.- Que posteriormente el menor Ofendido fue encontrado sin vida en un lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Á. A. A. G., Fiscal en representación del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. 1. POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO UNICO: “Infracción por interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los Preceptos penales sustantivos que se invoca como infringido por interpretación erróneamente prescribe. Artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “La Privación de la libertad en un centro estatal especializado o certificado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ajustará a las reglas especiales siguientes: a) Cuando la edad del infractor oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho años no cumplidos, la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho años;….” y éste en relación al; Artículo 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Para la determinación de la sanción y a fin de lograr su mejor individualización, el Juez debe considerar: a. La proporcionalidad con el hecho, las circunstancias del niño (a) y la gravedad de la conducta realizada; b. B. Los principios rectores y fines establecidos en éste título; c. La edad del sancionado y sus circunstancias personales, familiares, sociales y culturales; d. El grado de participación en el hecho; e. Las características del caso concreto, su gravedad y las circunstancias en que se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta aquellas que atenúen la responsabilidad, f. La posibilidad de cumplimiento de la sanción; g. El daño causado y los esfuerzos del niño (a) por repararlo; y cualquier otro supuesto que establezca este título;.” El Juzgador de instancia declaró expresa y terminantemente probados los hechos que a continuación se transcriben: “PRIMERO: Que el día miércoles veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis en horas de la tarde, el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito Á. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. R. (alias el JOPER) montado en un caballo, color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño Á. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (alias el JOPER), yéndose ambos con rumbo desconocido.- Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacía el joven J. A. Z. R. (alias el JOPER) por ser la última persona que vio con vida al niño C. J. G. M.. SEGUNDO: Que en fecha veintisiete de Febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindó la madre del menor ofendido quien les dijo que el niño Á. M. le había dicho que EL JOPER se lo había llevado en un caballo los Agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño Ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó JOPER en un caballo color café y les ofreció raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. M. no quiso por tenerle miedo a los caballos en cambio el niño C. J. G. M. si aceptó, por lo que fue ayudado por J. alias EL JOPER para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido.- Que posteriormente el menor ofendido fue encontrado sin vida en lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigador el lugar investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida.” El supraindicado relato fáctico, fue subsumido por el juzgador en el delito de Asesinato, conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código Penal; para el cual ese cuerpo legal, en el caso de enjuiciados adultos, se establece una pena mínima abstracta de hasta quince (15) años de reclusión. Ahora bien, Los hechos declarados probados por el ente jurisdiccional, determinan contundentemente que el joven infractor realizó una conducta de violencia grave hacia la integridad física la víctima, pues aprovechó que el niño se encontraba en un desprotegido del cuidado de sus padres, lo llevó hasta un lugar más apartado y le causó la muerte, de manera que resultaba procedente aplicarle la sanción ocho años de Privación de Libertad contenida en el artículo 195, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo vigencia consecuentemente, los artículos 205 y 237 citados como infringidos. Se considera que ha habido una interpretación errónea de los artículo 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que el Juzgador en el momento determinar la sanción a la infracción cometida el niño J. A. Z. R., no tomó en cuenta el alcance de la norma para imponer la sanción, señalada. En el caso suprareferido, el Ministerio Público en audiencia de Individualización de pena celebrada en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis solicita la imposición de ocho años como pena concreta al infractor; que es el parámetro máximo establecido en el rango de edad de dieciséis a dieciocho años no cumplidos, de acuerdo a la norma citada y el ente acusador acreditó que el infractor tenía la edad de dieciséis años, al momento de cometer el hecho criminal. Ahora bien, el sentenciador refiere en el apartado décimo segundo de la fundamentación jurídica del fallo en comento, que de conformidad al artículo 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las consideraciones que deberá tomar en cuenta el Juez para lograr su menor individualización en la sanción, para determinar la Sanción y a fin de lograr su mejor individualización, el Juez debe considerar a) La proporcionalidad con el hecho, las circunstancias de el niño 8) y la gravedad de la conducta realizada b) Los principios rectores y fines establecidos en este titulo; c) La edad del sancionado y sus circunstancias personales, familiares sociales y culturales; d) El grado de participación en el hecho, e) Las características del caso concreto, su gravedad y las circunstancias del caso concreto y su gravedad y las circunstancias en que se hubiese cometido tomando especialmente en cuenta aquellas que atenúen; f) La posibilidad de cumplimiento de la sanción g) El daño causado y los esfuerzos del niño (a) por repararlo; y h) Cualquier otro supuesto que establezca este titulo.- En la sentencia el Juez podrá imponer la Sanción de Privación de Libertad cuando no sea posible aplicar ninguna otra Sanción de ser el caso, de tal forma, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Juez determinará el rango mínimo y máximo en el que va oscilar la sanción, si ésta fuese privativa de libertad de acuerdo a la edad del menor. Es así que partiendo de lo establecido en el artículo 237 citado, los supuestos descritos no fueron observados por el Juzgador al determinar la sanción concreta al infractor y a continuación nos referimos a cada uno de ellos a efecto de señalar que tampoco fue considerado el alcance de la norma en cuestión: Respecto al literal a); el proceso que se le incoó a J. A. Z. R. fue por la infracción penal de ASESINATO, que es de naturaleza grave, considerando que el infractor aprovechaba las circunstancias que el niño se encuentra si la supervisión de un adulto, por lo que aprovecha esa circunstancia y mediante engaño lo conduce hasta otro sitio mas solitario, donde le quita la viva mediante ensañamiento, pues según el Dictamen de Autopsia la víctima presenta Asfixia por estrangulamiento, tres heridas contusas, una en la frente otra en la región ciliar izquierda (en el ojo) y otra al lado izquierdo de la cara.. En cuanto al literal b, que prevé la observancia, al momento de imponer la sanción correspondiente los principios rectores y fines establecidos en el título de la Niñez Infractora de la Ley, contenidos en el artículo 180-b del Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuyo literal a), encontramos que el principio denominado de interés superior del Niño, conlleva el aseguramiento del pleno y efectivo ejercicio y disfrute de los derechos y garantías del Niño, en vinculación con el articulo 5, numerales del 1 al 6 del cuerpo legal supraindicado, entraña no sólo la tutela en el Sistema establecido para el infractor, sino que también opera en relación a considerar la protección de la víctima, respecto a la forma en que ocurrieron los hechos, habida cuenta que se trata también de una menor, que a temprana edad se le privó de su vida. Con relación a la edad del sancionado contemplado en el literal c), como ya se estableció, el joven Z. R. tenía la edad de dieciséis años cuando ocurrieron los hechos y es precisamente el rango de edad que le puede ser aplicada la sanción máxima a la infracción, es decir de ocho (8) años; y no se presentó dictamen de Trabajo Social que indicaran las condiciones de vida y patrones culturales del procesado, en tal sentido no pueden ser valoradas esas circunstancias. El grado de participación en el hecho fue a título de Autor; (literal d)) quedó claramente evidenciado que el infractor participo a titulo de autor directo de la infracción imputada. En cuanto al literal e), es relevante indicar que las circunstancias del hecho y tal como se indica en el Fáctum, el infractor evidenció en su actuar que premeditadamente mediante engaño logra la victima acepte dar un paseo a caballo con él, pues por su corta edad no advierte el peligro en que se encontraba, es así que es conducido a un lugar distante y solitario donde procede a cometer hecho delictivo, por ello, no se observa de acuerdo a los hechos circunstancias que atenúen su responsabilidad. No se acreditó la imposibilidad de cumplimiento de la sanción; (literal f)). Finalmente el literal g), que señala como parámetro para imponer la sanción punitiva, en cuanto al daño causado; tal como ya lo indicamos al acreditarse la comisión de una infracción de naturaleza grave, como lo es un ataque a la integridad física que termino con la su vida de la víctima; y en ese sentido se estableció el daño a la víctima y no se demostró por parte del infractor esfuerzos por reparar el daño causado. Cabe señalar que respecto a la determinación de la pena concreta al infractor, Santiago Mir Puig considera lo siguiente: “La determinación de la Pena para el menor de 18 años deberá decidirse en atención a las circunstancias del menor y del hecho”[1]., pero esos aspectos no fueron considerados por el Juzgador al menoscabar los alcances de los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que hubiere dado lugar a la imposición de una sanción mayor al acusado debido a la naturaleza del hecho. Como se puede apreciar del cuadro fáctico, el Tribunal sentenciador deja claramente establecido que el sentenciador no consideró la edad del joven J. A. Z. R., en el rango máximo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a las circunstancias señaladas en el artículo 237 del mismo Código, a efecto de aplicar la sanción solicitada por el ente acusador respecto a la gravedad de la infracción cometida en perjuicio de J. A. Z. R.; menoscabando así el alcance de las normas citadas, las cuales fueron aplicadas erróneamente por el Tribunal. Es evidente que las razones esgrimidas por el Juzgador sobre dicho aspecto son contrarias a las facultades que le han sido delegadas por la ley como ser la de Juzgar aplicando la ley al caso concreto. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber condenado al infractor J. A. Z. R., a la sanción de cinco (5) años, seis (6) meses de privación de libertad, por la infracción de ASESINATO, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en los artículos 205 y 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, la pretensión del Ministerio Público va orientada a que J. A. Z. R., sea sancionado con Privación de Libertad, bajo los parámetros de pena que ha venido peticionando el representante de la sociedad que es de ocho años, pues al haber dictado un fallo sancionando con cinco (5) años, seis (6) meses de Privación de Libertad, a pesar de encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el literal a) del artículo 205 y 237 del Código de la Niñez y Adolescencia, ha incurrido en la infracción por Falta de Aplicación de los artículos precitados, mereciendo por ende admisibilidad el presente recurso.” La recurrente abogada Ingrid Lizeth García Gaitán, Defensora Pública del niño J. A. Z. R., procedió a formalizar su: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: PRIMERO: Que el día miércoles veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito A. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. (alias EL JOPER) montado en un caballo color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño A. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (alias El Joper), yéndose ambos con rumbo desconocido. Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M.. SEGUNDO: Que en fecha veintiséis de febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindo la madre del ofendido quien les dijo que el niño A. M. le había dicho que EL JOFER se había ido en un caballo, los agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó JOPER en un caballo color café y les ofreció un raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. no quiso por tenerle miedo a los caballo en cambio el niño C. J. G. M. si acepto, por lo que fue ayudado por J. alias JOPER para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido. Que posteriormente el menor ofendido fue encontrado sin vida en un lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, es consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando no armonizan cabe hablar de aplicación indebida. La aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia[2]. De lo dicho anterior, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. El artículo 117 del Código Penal establece: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y 4) Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiera mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. Aquí el objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito. La conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida. La modalidad criminosa, entendida como la forma de lleva a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo mediante alevosía, premeditación, ensañamiento, etc. La penalidad esta fijada por el legislador con una sanción de 20-30 años de reclusión y hasta privación de por vida de la libertad en ciertos casos. Por tratarse de una materia especializada en materia de menores infractores, la Privación de la libertad cuando oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho (18) años no cumplidos la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho (8) años. Elemento subjetivo: el dolo específico de matar (animus necandi) de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Visto lo anterior, resulta seguro aseverar que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 117 del Código Penal, exige una conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, lo que implica privar de la vida. Es decir, para la debida aplicación de la norma penal en cuestión, el cuadro factico debe comprender el aludido elemento objetivo, en consecuencia, el sentenciador debe encuadrar dentro de la declaración de hechos probado la acción de cometer el delito de asesinato. Tras el estudio de los hechos declarados probados, claramente se evidencia que el niño C. J. G. M. acepto irse con J. A. Z. R. en un caballo, saliendo con rumbo desconocido, apareciendo sin vida el niño C. en un lugar distante. De lo anterior el Tribunal no da por acreditado que efectivamente mi representado cometió la acción matar en perjuicio del niño C. J. G. M., siendo así no concurren en el factum todos los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal acusado, por lo que resulta incuestionable que no procede la aplicación del articulo 117 del Código Penal en el caso de mérito. En otras palabras, si se aplica una norma diferente a los hechos probados se comete además de la infracción de ley citada, una grave transgresión al principio de legalidad, ya que los Jueces de Sentencia infringen lo establecido en el articulo 11 del mismo cuerpo legal, donde establece que: “Las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas” como acontecen en el caso que nos ocupa , donde el hecho de andar montados a caballo no es igual a matar, elemento clave para configurarse el tipo penal acusado. Según PALACIOS MEJIA, la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, es entonces; “el arranque”, Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso, pero no integra propiamente la motivación de su decisión[3]. La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos fácticos en que se fundamenta la sentencia, es una parte fundamental del fallo, el cual debe consignarse de manera precisa y circunstancial el hecho que se tuvo por demostrado que, evidentemente ha de coincidir con lo acusado. La consignación del relato factico en la sentencia es fundamental, puesto que constituye la premisa factica del silogismo en que la misma consiste, y supone el pronunciamiento sobre lo que es realmente objeto del proceso (los hechos). Debe rechazarse, así, la construcción de un relato de hechos por remisión al contenido de las actuaciones, sea el contenido de una pericia o de un documento que obre en las actuaciones. La declaración de Hecho probados de la sentencia deberá consistir en un autentico relato factico, por eso es su vital importancia en la sentencia. Con lo argumentado, se deja en evidencia que la Sentenciadora, aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal, al subsumir equivocadamente la conducta del supuesto menor infractor en el delito de asesinato. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Al no plasmarse en la declaración de hechos probados por el Tribunal Sentenciador, la acción típica o conducta objetiva, ni los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el factum no comprende el hecho que mi defendido le hayan dado muerte al niño C. J. G. M., por lo tanto no se puede subsumir en el tipo penal contemplado en el articulo 117 del Código Penal. En este sentido, se pide que se interprete que esos hechos probados son atípicos, no son antijurídicos y ni culpables, en consecuencia, solicitamos una Sentencia Absolutoria a favor del joven J. A. Z. R..” IV. Fundamentación Recurso de Casación de Infracción de ley interpuesto por el Abogado Ángel Antonio Aguilar Gómez, Fiscal en representación del Ministerio Público, por interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia literalmente dice: “La Privación de la libertad en un centro estatal especializado o certificado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ajustará a las reglas especiales siguientes: a) Cuando la edad del infractor oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho (18) años no cumplidos, la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho años..”. Por su parte el artículo 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece: “Para la determinación de la sanción y a fin de lograr su mejor individualización, el Juez debe considerar: a. La proporcionalidad con el hecho, las circunstancias del niño (a) y la gravedad de la conducta realizada; b. B. Los principios rectores y fines establecidos en éste título; c. La edad del sancionado y sus circunstancias personales, familiares, sociales y culturales; d. El grado de participación en el hecho; e. Las características del caso concreto, su gravedad y las circunstancias en que se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta aquellas que atenúen la responsabilidad, f. La posibilidad de cumplimiento de la sanción; g. El daño causado y los esfuerzos del niño (a) por repararlo; y cualquier otro supuesto que establezca este título.” El relato fáctico, es subsumido por el juzgador en el delito de Asesinato, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código Penal, en el caso de enjuiciamiento de adultos, que establece una pena mínima abstracta de quince (15) años de reclusión. Refiere el recurrente que los hechos declarados probados por el juzgador determinan contundentemente que el joven infractor realizó una conducta de violencia grave hacia la integridad física la víctima, al aprovechar que el niño se encontraba desprotegido del cuidado de sus padres, llevarlo hasta un lugar más apartado y causarle la muerte, por lo que considera que era procedente aplicarle la sanción ocho años de privación de libertad, contenida en el artículo 195, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo vigencia los artículos 205 y 237 citados como infringidos y que el tribunal sentenciador no consideró la edad del joven J. A. Z. R., en el rango máximo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a las circunstancias señaladas en el artículo 237 del mismo Código, por lo que aplica erróneamente la norma de reproche al haber condenado al niño infractor J. A. Z. R., a una sanción de solo cinco (5) años, seis (6) meses de privación de libertad, por Asesinato, a pesar el Ministerio Público venia solicitando que a J. A. Z. R., se le impusiera la sanción de Privación de Libertad de ocho años de reclusión. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico Los hechos declarados probados por el juzgador determinan que el joven infractor realizó una conducta de violencia grave hacia la integridad física la víctima, pues aprovechó que el niño se encontraba en un desprotegido del cuidado de sus padres, lo llevó hasta un lugar más apartado y le causó la muerte, de manera que resultaba procedente aplicarle la sanción ocho años de privación de libertad contenida en el artículo 195, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, teniendo vigencia consecuentemente, los artículos 205 y 237 citados como infringidos. El Tribunal sentenciador no consideró la edad del joven J. A. Z. R., en el rango máximo establecido en el artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación a las circunstancias señaladas en el artículo 237 del mismo Código, por lo que aplicada erróneamente la norma de reproche al haber condenado al infractor J. A. Z. R., a la sanción de cinco (5) años, seis (6) meses de privación de libertad, por la infracción de Asesinato, a pesar que la pretensión del Ministerio Público va orientada a que J. A. Z. R., sea sancionado con Privación de Libertad, bajo los parámetros de pena que ha venido peticionando el representante de la sociedad es de ocho años de reclusión. De la Procedencia Recurso. El Recurso No es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo que se impugna adolece de interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por considerar que los hechos declarados probados por el juzgador determinan contundentemente que el joven infractor realizó una conducta de violencia grave hacia la integridad física la víctima, al aprovechar que el niño se encontraba desprotegido del cuidado de sus padres, llevarlo hasta un lugar más apartado y causarle la muerte, por lo que resultaba procedente aplicarle la sanción ocho años de privación de libertad contenida en el artículo 195, numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar si el cuadro fáctico del fallo se encuadra o subsume en las normas penales sustantivas de reproche. Asimismo, que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Que el día miércoles veinticuatro de Febrero del año dos mil dieciséis, el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito Á. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. R. (alias El Joper) montado en un caballo color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño Á. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper), yéndose ambos con rumbo desconocido.- Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M.. Segundo: Que en fecha veintiséis de Febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindó la madre del menor Ofendido quien les dijo que el niño Á. M. le había dicho que El Joper se había lo había en un caballo, los Agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño Ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó Joper en un caballo color café y les ofreció un raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. no quiso por tenerle miedo a los caballos en cambio el niño C. J. G. M. si acepto, por lo que fue ayudado por J. alias Joper para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido.- Que posteriormente el menor Ofendido fue encontrado sin vida en un lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida”. Al contrario de lo expresado por el recurrente esta Sala comprueba que el hecho declarado probado se configura en lo que dispone el artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia respecto a considerar la edad del menor infractor J. A. Z. R. al momento de los hechos, para ampliar la sanción privativa de libertad. El artículo 205 del Código de la Niñez y la Adolescencia literalmente dice: “La Privación de la libertad en un centro estatal especializado o certificado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ajustará a las reglas especiales siguientes: a) Cuando la edad del infractor oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho (18) años no cumplidos, la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho años.” El artículo 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece: “Para la determinación de la sanción y a fin de lograr su mejor individualización, el Juez debe considerar: a. La proporcionalidad con el hecho, las circunstancias del niño (a) y la gravedad de la conducta realizada; b. B. Los principios rectores y fines establecidos en éste título; c. La edad del sancionado y sus circunstancias personales, familiares, sociales y culturales; d. El grado de participación en el hecho; e. Las características del caso concreto, su gravedad y las circunstancias en que se hubiese cometido, tomando especialmente en cuenta aquellas que atenúen la responsabilidad, f. La posibilidad de cumplimiento de la sanción; g. El daño causado y los esfuerzos del niño (a) por repararlo; y cualquier otro supuesto que establezca este título.” Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que la sentencia que se impugna no incurre en infracción de ley penal sustantiva por interpretación errónea del artículo 205 literal A, en relación al 237 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Recurso de Casación de Infracción de ley interpuesto por la abogada Ingrid Lizeth García Gaitán, Defensora Pública del niño J. A. Z. R. por aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal que establece: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación conocida; 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y 4) Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena de asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiera mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañe de robo o violación la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.” El objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido. La conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, implica privar de la vida. La modalidad criminosa, puede llevarse a cabo mediante alevosía, premeditación, ensañamiento, etc. La penalidad, fijada por el legislador con una sanción de 20-30 años de reclusión y hasta privación de por vida de la libertad en ciertos casos. Por ser una materia especializada la materia de menores infractores, la Privación de la libertad cuando oscile entre dieciséis (16) y los dieciocho (18) años no cumplidos la privación de libertad no podrá ser inferior a seis (6) meses ni exceder los ocho (8) años. Elemento subjetivo: el dolo específico de matar (animus necandi) de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Resulta seguro aseverar que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 117 del Código Penal, exige una conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, lo que implica privar de la vida. Para la debida aplicación de la norma penal en cuestión, el cuadro factico debe comprender el aludido elemento objetivo, en consecuencia, el sentenciador debe encuadrar dentro de la declaración de hechos probado la acción de cometer el delito de asesinato. De los hechos declarados probados se evidencia que el niño C. J. G. M. acepto irse con J. A. Z. R. en un caballo, saliendo con rumbo desconocido, apareciendo sin vida el niño C. en un lugar distante. El Tribunal no da por acreditado que efectivamente el niño acusado J. A. Z. R. haya cometido la acción matar en perjuicio del niño C. J. G. M., por lo que en el factum de la sentencia no concurren todos los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal acusado, por lo que la Sentenciadora, aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal, al subsumir la conducta del supuesto menor infractor en el delito de Asesinato. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico “Asesinato. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos del delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116.II, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.2 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”.[4] De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 117 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato. Reprocha que en el presente caso los hechos declarados probados evidencian que el niño C. J. G. M. acepto irse con el niño acusado J. A. Z. R. en un caballo, saliendo con rumbo desconocido, apareciendo el niño C. sin vida en un lugar distante. Señala que el Tribunal no da por acreditado que el niño acusado J. A. Z. R. haya efectivamente cometido la acción matar en perjuicio del niño C. J. G. M., por lo que el factum de la sentencia no concurren todos los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal del tipo penal de Asesinato, por lo que la sentenciadora aplicó indebidamente el artículo 117 del Código Penal. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en Casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: Que el día miércoles veinticuatro de Febrero del año dos mil dieciséis, el niño C. J. G. M. de seis años de edad en horas de la tarde pasó por la casa de su amiguito Á. M. M. para irse a bañar a una poza ubicada en la Colonia San Juan de la ciudad de El Paraíso y cuando estaban en el lugar llegó J. A. Z. R. (alias El Joper) montado en un caballo color café ofreciéndole a los niños llevarlos de paseo (raite) en el caballo, negándose el niño Á. M. M., porque tiene miedo a los caballos y aceptando el niño C. J. G. M., el que se montó en ancas del caballo ayudado por el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper), yéndose ambos con rumbo desconocido.- Que en vista de lo anterior la madre del menor puso en conocimiento de la Policía el desaparecimiento de su hijo, con lo que comenzaron las investigaciones apuntando las mismas hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M.. Segundo: Que en fecha veintiséis de Febrero del año en curso luego de las indagaciones necesaria y por la información que brindó la madre del menor Ofendido quien les dijo que el niño Á. M. le había dicho que El J. se había lo había en un caballo, los Agentes de Investigación llegaron hasta el menor J. A. Z. R., por ser la persona con la que fue visto por última vez el niño Ofendido, según la declaración del niño Á. M. M., quien manifestó que se encontraba con C. en una poza, cuando llegó Joper en un caballo color café y les ofreció un raite (paseo) en el caballo, que el niño Á. M. no quiso por tenerle miedo a los caballos en cambio el niño C. J. G. M. si acepto, por lo que fue ayudado por J. alias Joper para montarse en la parte trasera del caballo y atrás del joven J. y quienes salieron con rumbo desconocido.- Que posteriormente el menor Ofendido fue encontrado sin vida en un lugar distante del que fue recogido teniendo como sospechoso al niño J. A. Z. R., quien indicó al ente investigativo el lugar donde se encontraba el menor ofendido ya sin vida.” Esta Sala de lo Penal observa que, los hechos declarados probados que constituyen la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta se configuran los elementos objetivos, y subjetivos del tipo penal de Asesinato tipificado y sancionado en el artículo 117 del Código Penal. El artículo 117 del Código Penal establece: “Es reo de Asesinato, quién de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2) Con premeditación, conocida; 3) por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido...” Del factum de la sentencia que se impugna resultan indicios suficientes de la participación del menor J. A. Z.R. en la acción matar al niño C. J. G. M., por lo que la acción del niño acusado se subsume en el tipo penal de Asesinato, tipificado y sancionado en los artículos 117 del Código Penal, dado que la acción desplegada por el menor J. A. Z. R. reúne las condiciones del autor o partícipe de la muerte del niño C. J. G. M., pues tiene por probado que el menor J. A. Z. R. (alias El Joper) llegó montado en un caballo color café y se llevó a dar un paseo en el caballo al niño C. J. G. M. en el ancas del caballo yéndose ambos con rumbo desconocido; la denuncia del desaparecimiento del niño C. J. G. M. por parte de sus familiares ante las autoridades, investigaciones policiales que comenzaron apuntando hacia el joven J. A. Z. R. (Alias El Joper) por ser la última persona con la que se le vio con vida al niño C. J. G. M., de las que resulta que el menor J. A. Z. R., indica a los Policías el lugar preciso donde está el cuerpo sin vida del menor. En este caso, esta Sala concluye que, no obstante, los defectos de redacción del hecho declarado probado por parte del Juzgador de instancia, que la sentencia impugnada no aplica en forma debida lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Asesinato. DECISIÓN, la Sala declara: 1) No Ha Lugar el motivo de casación de infracción de ley sustancia invocado por la Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de Fiscal en representación del Ministerio Público; 2) No Ha Lugar el motivo de casación por infracción de ley sustantiva, invocado por la abogada Ingrid Lizeth García Gaitán, en su condición de Defensora Pública del niño acusado J. A. Z. R.. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustancia invocado por la Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de Fiscal en representación del Ministerio Público; y, declara No ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva, invocado por la abogada Ingrid Lizeth García Gaitán, en su condición de Defensora Pública del menor acusado J.A. Z. R., en la causa en que se le condenó al menor J. A. Z. R. como responsable de la infracción penal tipificada en el Código Penal como Asesinato, en perjuicio del niño C. J. G. M.; Segundo: Declara FIRME Y EJECUTABLE, la sentencia de fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Segundo de la Sección Judicial de Danlí, y de Niñez por Ministerio de la Ley; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-422-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Santiago Mir Puig, Derecho Penal General, Barcelona, Euros; 1998. Pág. 757.

[2] Vid. Entre otras, sentencias dictadas por la Sala Penal en los recursos de Casación N° SP-129-2009 de fecha 28 de octubre de 2010; N° SP- 250-2009, de fecha 13 de abril del 2011; N° SP-240-2011 de fecha 16 de mayo del 2013 y N°. SP-208-2011 de fecha 25 de abril del 2013.

[3] López Zúniga/ Fernández Entrago/ Derecho Procesal Penal de Honduras ( Manual Teórico-Práctico). Declaración de los Hechos Probados/Pág.527.

[4] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Páginas 23 a 25.