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Sentencia CP-421-19 — Registro 17810

Resumen

Ministerio Público interpone apelación contra la resolución dictado por la Corte de Apelaciones, mediante la cual declaró NO HA LUGAR la solicitud de antejuicio promovida contra Jueza al no haber observado lo ordenado en los artículos 102 y 103 del Código Procesal Penal sobre la identificación plena del acusado se hará tomando como base su cedula de identidad. Resolviendo la Sala de lo Penal Ha Lugar la solicitud de Antejuicio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...No corresponde a la Sala de Apelación en el procedimiento de antejuicio constatar que lo ocurrido en la audiencia 13 de septiembre de 2017 constituye delito, determinando la existencia de una conducta dolosa y descartando que la antejuiciada haya obrado por mera ignorancia inexcusable; la tarea de este tribunal de segunda instancia está limitada a dar respuesta a los agravios formulados por la apelante, que en este caso es determinar si la acción penal que se pretende entablar contra una servidora judicial con funciones jurisdiccionales no obedece a una mera represalia o un esfuerzo de separarla de su cargo como táctica fraudulenta, lo cual y con el estudio hecho de la causa se ha descartado; también se descarta que se trate de una maniobra intimidatoria en contra de la servidora judicial desde la perspectiva institucional, aun cuando en el caso concreto se ha informado actuaciones impropias de la fiscal Melisa Montalván, al amenazar a la señora jueza con presentar denuncias para deducción de responsabilidad disciplinaria y penal tras la celebración de la audiencia, olvidando que le asisten los recursos que prevé la ley para impugnar decisiones judiciales que considera contrarias a derecho y, en su caso, tiene la potestad de poner en conocimiento a las autoridades competentes de los actos que considera incorrectos de cualquier servidor público sin la necesidad de propiciar espacios de discusión de casos fuera de las audiencias, lo que al parecer se ha convertido en una práctica a la que acuden no pocos agentes fiscales: tal cual espada de Damocles, amenazar a jueces con procesos penales y disciplinarios como forma de presionar para que éstos resuelvan a la exactitud de lo pedido. Desde la perspectiva estrictamente formal la apelante tiene razón al señalar que causa agravio cuando la Corte de Apelaciones no ha considerado que lo acontecido en la audiencia de imputado y en especial las decisiones judiciales tomadas por la antejuiciada, no encuentran identidad con lo señalado en las normas procesales que rigen el acto en cuestión.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de francisco Morazán, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, en nombre del Estado de Honduras, La siguiente sentencia en el Recurso de Apelación No. 421-2019, interpuesto por el Ministerio Público, en contra de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso judicial de Antejuicio, mediante el cual el Ministerio Público solicita autorización para presentar acción penal pública en contra de la señora Laura Carolina Casco Ochoa, quien es mayor de edad, hondureña, nacida el 06 de enero de 1976, con número de identidad 0801-1976-06374, con último domicilio conocido en la Colonia Rio Grande Sur, Municipio del Distrito Central, actualmente servidora judicial con potestades jurisdiccionales, manifestando la intención de imputarle, a título de autor, un delito consumado de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Son Partes en Segunda Instancia: Se personaron ante la Segunda Instancia la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Apelante. Antecedentes Procesales Primero: En fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Ministerio Público presentó Antejuicio contra la señora Laura Carolina Casco Ochoa, por actuaciones realizadas como Jueza de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, solicitando autorización para presentar acción penal por suponerla responsable como autora del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: En fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, tras haber conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio, dictó sentencia resolviendo declarar “No ha lugar” la petición del Ministerio Público, al considerar que “… en el caso particular no se ha aportado por parte del Ministerio Público el material indiciario necesario para estimar como cierta la relación de los hechos que se imputan”. Tercero: No conforme con lo resuelto por el tribunal colegiado de primera instancia el Ministerio Público interpuso recurso ordinario devolutivo de apelación, señalando que causa agravio que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán haya considerado que no se aportó material indiciario para estimar como cierta la realización de los hechos que se imputan, su relevancia jurídica penal y la participación que tuvo en ellos la antejuiciada. Discute la apelante: *Con el acta de declaración de imputado se logra acreditar el delito de abuso de autoridad; audiencia en donde la antejuiciada dejó en libertad por falta de mérito a una persona acusada por un delito, ello porque en ese momento no portaba carnet de identidad, lo que impidió corroborar que se trataba de la persona que era señalada en el requerimiento fiscal; *La antejuiciada no observó lo ordenado en los artículos 102 y 103 del Código Procesal Penal: el artículo 102 establece que la identificación plena del acusado se hará tomando como base su cedula de identidad. En defecto de ésta, se le identificará tomando sus datos personales relacionados con su nombre, apellidos, sexo, lugar de nacimiento, color de piel, ojos y pelo, estatura, impresiones dactilares, señas particulares, estado civil y en general con cualquier otro dato que sirva para identificarlo. En el supuesto de que se negase a colaborar o si suministra datos falsos o incompletos, la identificación se deberá realizar por medio de prueba testifical, reconocimiento en rueda de personas u otros medios lícitos. - Agrega que el artículo 103 del mismo cuerpo legal establece que la inexactitud de los datos suministrados u obtenidos no alterará el curso del proceso; *La antejuiciada no observó lo ordenado en el artículo 104 del Código Procesal Penal: Indica la norma que el acusado en su primera comparecencia ante el Ministerio Púbico u órgano jurisdiccional deberá dar cuenta de su domicilio particular y deberá señalar el lugar y la dirección exacta en la que se deberán hacer las notificaciones, advirtiendo que si éste suministra maliciosamente datos inexactos, se considerará como indicio de peligro de fuga, extremo éste que en el caso concreto no pudo ser corroborado en la audiencia de declaración de imputado ya que la antejuiciada no consultó al acusado sus datos generales. *La antejuiciada resolvió tener por no ratificado el requerimiento fiscal por parte de la agente fiscal del Ministerio Público actuante en la audiencia de declaración de imputado, ordenó la libertad por falta de méritos a un imputado en un momento procesal inoportuno, y dejó de imponerle a éste medidas cautelares y dejó de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en la causa relacionada con dicha persona, todo en contravención a lo ordenado en el artículo 292 del Código Procesal Penal. *La antejuiciada ordenó la libertad de una persona sospechosa de un delito, por el hecho de no portar carnet de identidad, es un acto de autoridad que contraviene el artículo 292 del Código Procesal Penal; Cuarto: La antejuiciada, en el ejercicio de su defensa, contestó los agravios planteados, señalando entre otras cosas: *El antejuicio es una acción intimidatoria del Ministerio Público; *Se advirtió la omisión cometida por el Ministerio Público en lo referente a la identificación de la persona acusada, por lo que al no constar su identificación exacta se consideró oportuno dejarle en libertad por falta de méritos por ahora, por lo que no se tuvo por ratificado el requerimiento fiscal; *Como servidora judicial está en la obligación de respetar, garantizar y proteger la dignidad del ser humano y libertad, conforme lo señala el artículo 58 y 59 de la Constitución de la República; y *La resolución judicial es conforme a las potestades que otorga la ley. Fundamentación jurídica Primero: Del Recurso de Apelación.- El sistema de impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. Concretamente, el objeto detrás de cada medio (remedio) de impugnación es el restablecimiento del derecho violado y cuya violación ha causado un perjuicio (agravio) a una persona con el objeto de garantizar sus derechos. Entre los medios de impugnación se encuentran los recursos, los cuales constituyen una actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios provoca que el mismo u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre; debe entenderse como agravio cuando la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo resuelto por el tribunal, causa un perjuicio efectivo y concreto, por efecto de inobservancia de la ley. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución de la República, referente al derecho fundamental a la doble instancia. Entre los recursos dispuestos por el legislador, encontramos el de Apelación, que conforme su configuración legal, constituye el principal recurso ordinario, teniendo por objeto, tal y como se ha señalado ya, que una resolución judicial sea revisada por un tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente, el que adquiere el nombre de apelante. El recurso de apelación constituye el recurso por excelencia, teniendo como características: a. Es un recurso ordinario: Contra la resolución recurrida se puede plantear cualquier motivo; b. Taxatividad Objetiva: Solo puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones expresamente autorizadas por la ley; c. Recurso Devolutivo: La decisión de la impugnación es tomada por un órgano jurisdiccional superior; y d. Garantía de aplicación del Derecho: La resolución pasa a un segundo examen, pudiendo ser únicamente revocada, confirmada o reformada. La norma procesal determina que constituyen principios rectores de este recurso los siguientes: 1. El Efecto Extensivo de los Recursos: La resolución del tribunal podrá extenderse para favorecer a las personas imputadas que se encuentren en la misma situación jurídica que la parte apelante, aun cuando no hayan impugnado la resolución; acontrario sensu, por el efecto restrictivo, la resolución no podrá extender sus efectos a otras personas imputadas, aun cuando se encuentren en la misma situación jurídica, cuando el recurso lo haya interpuesto la parte actora (Ministerio Público o acusación privada), en contra de uno de ellos específicamente; 2. El efecto devolutivo del Recurso de Apelación Limitado (Cuantum Apelatum, Tantum Devolutum): La decisión que tome el Tribunal de Apelaciones tendrá como límite el marco de competencia fijado en la expresión de agravios, de modo que no podrá resolver sobre cuestiones distintas a las impugnadas (Art. 350 del CPP); ello no limita al tribunal de apelación de pronunciarse sobre los aspectos de hecho o jurídicos que crea que son importantes en la causa, para efectos ilustrativos, sin que ello sea objeto de pronunciamiento resolutorio; 3. No reforma en Perjuicio (Non Reformatio in Peius): La resolución no podrá empeorar la condición jurídica de la persona imputada, cuando sea ésta la parte apelante; salvo en los casos donde igualmente se resuelva impugnación por parte actora de la acusación, pudiendo agravar el tribunal de apelación la situación de la persona imputada hasta el límite de lo solicitado por ésta, conforme a la expresión de agravios (Reformatio In Melius). Segundo: Del Antejuicio Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen algunos funcionarios del Estado, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de sus funciones públicas.- Concretamente, es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario del Estado, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también, y más importante, es una garantía para la ciudadanía para que se vea beneficiada de una correcta administración pública ejecutada por funcionarios del Estado que no tengan la necesidad de distraerse en falsas acusaciones criminales que persigan separarle de sus funciones.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo público. El Antejuicio ha sido asociado como una figura de protección para el ejercicio jurisdiccional, sin embargo, la misma no es exclusiva para los jueces, dado que la ley prevé tal protección para otro tipo de servidores públicos, entre ellos: los miembros de la Comisión de Banca y Seguros, los miembros de la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia, miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguros de Depósitos, alcaldes, Vicealcaldes y Regidores Municipales. (Artículos 7 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 25 de la Ley para la Defensa y la Promoción de la Competencia, 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, 28 de la Ley de Municipalidades, respectivamente). - El Antejuicio es entonces un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de ciertos funcionarios del Estado, como mecanismo de protección del ejercicio de funciones públicas.Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a. Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b. Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función pública, encomendada a ciertos funcionarios del Estado; c. Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del funcionario público que esté siendo cuestionado; d. Mediante el Antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e. El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: i.- Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; ii.- Como excepción: cuando el juez acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y f. Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 LOAT), ello genera varias consecuencias: i.- Aun cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii.- El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii.- El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo juez, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv.- La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como funcionario público, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando desempeñaba el cargo público. Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del Antejuicio se verificarán el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el tramite previsto por el Código de Rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia, tanto en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: Verificación de Requisitos Formales: i.- Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de este monopolio (Art. 25 del CPP), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del CPP) en los delitos que hayan superado el proceso de conversión de la acción pública a acción privada (Art. 41 CPP), y en los delitos de acción privada (Art. 27 CPP); ii.- Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función pública que protege esta garantía. - Si la persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano; iii.- Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función pública. - Aun cuando la persona se esté desempeñando como funcionario del Estado, en los casos de los delitos no funcionales (Ejemplo: robo, homicidio, lesiones, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv.- Que el escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de estos. a. Verificación de requisitos materiales: Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i.- Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario público de sus funciones; ii.- Que la acción sea un medio de intimidación, en contra del funcionario público que no ha cedido a presiones en su correcto actuar; iii.- Que el hecho imputado no tenga apariencia de delito; iv.- Que la acción sea planteada como una forma de represalia por una decisión adoptada por el funcionario público, adversa al actor. b. Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de que se hayan agotado otras instancias diferentes, como la civil, laboral o administrativa, por cuanto el antejuicio, al encontrarse dentro del Derecho Procesal Penal, interesa solamente determinar si existe mérito o no para la presentación del correspondiente requerimiento fiscal, sin que ello tenga vinculación con otro tipo de acciones que pudiesen tomarse en relación al hecho imputado, ya sea en contra de la entidad a favor de la cual el funcionario público trabaje o en contra de éste a título personal. (Salvo para los miembros de la Junta Administradora del Fondo de Seguro de Depósitos, contra quienes no podrá intentarse el Antejuicio sino hasta después de haberse declarado con lugar las reclamaciones que se hayan hecho en proceso judicial contencioso administrativo. - Artículo 17 de la Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financieros). Tercero: Procedencia del Recurso de Apelación De la Sentencia venida en Apelación: La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ha conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio en contra de una servidora judicial con funciones jurisdiccionales; la sentencia consta de un preámbulo, antecedentes procesales, fundamentación jurídica, hechos probados, valoración de la prueba, norma aplicable y parte dispositiva. En su contenido la Corte de Apelaciones hace análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el cual el actor solicita permiso para entablar la acción penal, afirmando que no concurren éstos y que por ello es improcedente la acción de antejuicio, convirtiendo el antejuicio en un juicio. La Sala de lo Penal advierte que el a-quo ha emitido una resolución impropia en el caso concreto, pues ha asumido la posición de un tribunal de juzgamiento, procedido a valorar el merito de una eventual acusación criminal contra la servidora judicial, valorado prueba y emitido declaratoria de hechos probados, aun cuando su mandato legal se reducía a establecer si es procedente o no el iniciar un proceso penal en contra de aquella en un proceso pre judicial en donde no existe evacuación de medios de prueba, mucho menos procede valoración probatoria y declaratoria de hechos probados. Este tribunal de apelación ha explicado en el apartado anterior cual es el objeto del antejuicio y los aspectos que deben ser valorados para estimar o no su procedencia, sin que en ningún caso implique una valoración sobre la existencia del delito y la comprobación de que la persona antejuiciada está vinculados con éstos. De las Actuaciones cuestionadas en el Antejuicio: Como hecho cuestionado por el Ministerio Público y que se plantea como justificante para la presentación del requerimiento fiscal, fue el realizado por la antejuiciada en fecha 13 de septiembre de 2017, en el marco del desarrollo de una audiencia de declaración de imputado (audiencia de intimación de cargos). La audiencia tenía por objeto intimar los cargos formulados por el actor a la persona que se identificó como Edas Josué Aguilera Ordoñez, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de portación de arma de fuego de uso personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; la audiencia in comento se desarrolló de la siguiente manera: *Se inició la audiencia siendo las 02:00 p.m., con la participación de la jueza Laura Casco, la agente fiscal del Ministerio Público Abogada Melissa Montalbán y el defensor privado Marlon Javier Arévalo Cerna; además se encontraba presente en la audiencia la persona que hasta ese momento se identificó como Edas Josué Aguilera Ordoñez (Id: 0610-1987-00472); *La autoridad judicial procedió a dar lectura de los derechos constitucionales y procesales que le asistían a la persona acusada; de igual forma se le dio a conocer el contenido del requerimiento fiscal, dándole a conocer los hechos que le estaba imputando el Ministerio Público; * El secretario de actuaciones dio informe al tribunal de que no era posible tomar los datos generales del acusado, dado que éste no portaba su tarjeta de identidad, y que el nombre y datos que había proporcionado (se entiende que previo a la audiencia), no concordaban con aquellos consignados en el requerimiento fiscal. Por ello se consultó con la Licenciada Karen Fernández, encargada de la oficina de la Unidad de Antecedentes Penales, quien informó que conforme los datos consignados en el requerimiento fiscal, el acusado no tenía registrado antecedentes penales; también se consultó la base de datos del Registro Nacional de las Personas constatándose que el número de identidad no estaba vinculado con el nombre con los que se identificó al acusado en el requerimiento fiscal. *Cedida la palabra al Ministerio Público, la agente fiscal procedió a ratificar el contenido del requerimiento fiscal contra la persona que se estaba identificando como Edas Josué Aguilera Ordoñez, solicitando como medida cautelar la detención judicial alegando que “… los hechos son constitutivos de delito”, y en que, si el acusado fuese dejado en libertad, podría darse a la fuga (sin señalar fundamento de hecho), y que se temía que ejecutase actos de represalia en contra de los ofendidos (siendo el Estado de Honduras); advirtiendo que sería en la audiencia inicial en donde se definiría lo concerniente al numero de identidad del acusado; *Por su parte la Defensa Privada alegó que no era posible individualizar al acusado y que no era posible someter a una persona a un proceso penal sin que estuviese previamente identificada, la que hasta el momento era una persona desconocida, por lo que solicitó que a su representado no se le tuviera como persona imputada; y *De lo alegado por las partes la señora jueza, hoy antejuiciada, resolvió: “… no contamos con una identificación exacta que nos determine que la persona precisamente es la que según él nos da un número de identidad de la averiguación; tanto el Ministerio Público y la Defensa (SIC) ha hecho en estrado no establecen ninguna circunstancia sobre la existencia de ese número de identidad (SIC), razón por la cual no se le han tomado sus datos personales, no se les puede tomar como persona procesal con conocimiento el Ministerio Público (SIC), por lo que consideramos oportuno por ahora dejarlo en libertad por falta de méritos…” […] “asimismo no se tiene por ratificado el requerimiento fiscal en contra del señor Edas Josué Aguilera Ordoñez […], en vista de las circunstancias que se suscitaron, por lo tanto la suscrita juez considera dejar en libertad por ahora por falta de méritos al señor Edas Josué Aguilera Ordoñez, ya que no se puede individualizar a dicha persona con un documento indubitado…”. En resumen, el acto cuestionado y que funda la presentación del antejuicio es lo resuelto por la antejuiciada de dejar en libertad por falta de méritos a la persona presentada como acusada, en virtud de no contarse con su número de identidad y el de no tener por ratificado el requerimiento fiscal; las actuaciones posteriores, presentación de documentos o criterios de entes administrativos (como la Supervisión General de Tribunales), no son vinculantes, pues el estudio que ha de realizarse es enfocado a lo decidido por la antejuiciada en ese momento, con la información con la que contaba para tomar una decisión. Para poder determinar la procedencia de lo alegado por el Ministerio Público, como razón para la presentación del antejuicio, considera oportuno esta Sala de lo Penal hacer un repaso sobre el objeto de la audiencia de declaración de imputado, la condición de una persona como tal y el proceso de identificación personal de ésta. Señala el artículo 101 del Código Procesal Penal que una persona tendrá la calidad de imputada cuando: i.- Una persona haya sido privada de su libertad cautelarmente como sospechosa de haber participado en un hecho de apariencia delictiva; ii.- Cuando en contra de una persona se haya presentado denuncia (falta), requerimiento fiscal o querella, por considerarla autora o partícipe de un hecho delictivo; requerimiento o querella que deberá ser presentado por las personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley.- Es claro entonces que la transición de una persona a la condición de imputada no depende de una decisión judicial, sino de un señalamiento hecho por las autoridades encargadas de la investigación del delito, por las autoridades estatales de entablar la acción penal pública o la acción penal pública a instancia de particular, y por las personas autorizadas por la ley para presentar la acción penal privada. En específico: al presentarse un requerimiento fiscal en contra de una persona, señalándose como posible responsable de un hecho delictivo, corresponde al órgano jurisdiccional dar inicio al proceso penal, tomando las decisiones en torno a tal acción penal bajo el canon de la ley. Es importante advertir en este punto que ningún órgano jurisdiccional está facultado para rechazar ad portas una acción penal pública o una acción penal pública a instancia particular, en ningún caso, siendo la única excepción los casos en donde dicha persona sea de aquellas que el derecho internacional concede inmunidad; así entonces y en el supuesto de que el requerimiento fiscal no satisfaga los requisitos señalados en el artículo 293 del Código Procesal Penal, el órgano jurisdiccional deberá solicitar su corrección; en el supuesto de que el actor adolezca de falta de acción, deberá ser resuelto tan pronto se plantee la excepción correspondiente, pero siempre después de admitido el requerimiento fiscal; cuando el hecho imputado no fuese constitutivo de delito o que fuese evidente que la persona imputada no es la que participó en él, ello deberá ser determinado así en la audiencia inicial, dictándose el correspondiente sobreseimiento definitivo (Art. 296.1 CPP); en el supuesto de que el requerimiento fiscal fuese presentado en contra de un menor de edad, lo procedente será declinar la competencia al tribunal competente; en el supuesto de que los hechos fuesen constitutivos de falta en lugar de delito, lo procedente es declinar la competencia al respectivo Juzgado de Paz; etc.. En conclusión, los llamados autos de admisión de requerimiento fiscal y los actos de ratificación de requerimiento fiscal en las audiencias de declaración de imputado son actos procesales de contenido formal, pues en ningún caso el órgano jurisdiccional podrá inadmitir un requerimiento fiscal o tener por no ratificado la acción penal pública o la acción pública a instancia particular; cosa distinta es lo referente a la procedencia -o no- de imponer en contra de la persona imputada una medida cautelar. Presentado el requerimiento fiscal y satisfaciendo los requisitos fijados por el artículo 293 del Código Procesal Penal, corresponde al órgano jurisdiccional celebrar la audiencia de declaración de imputado, que tiene por objeto: i.- Informar y, de ser necesario, explicar a la persona acusada cuales son los hechos que se le imputan para que pueda ejercer defensa sobre éstos (Art. 287.1 CPP); ii.- Informar y de ser necesario explicar a la persona acusada cuales son los derechos constitucionales y los derechos procesales que puede ejercer en el proceso judicial que se inicia (Art. 286 CPP); iii.- Identificar plenamente a la persona que se señala como acusada o, en su caso, ordenar las gestiones pertinentes para ello. La persona acusada podrá ser consultada sobre sus datos de identificación, quien responderá a ello si así lo tiene a bien (Art. 290 primer párrafo CPP); iv.- Dar la oportunidad a la persona acusada de realizar el primer acto de defensa material ante órgano jurisdiccional, declarando lo que tenga a bien, si así lo desea (Art. 286 CPP); v.- Resolver las peticiones que tengan a bien hacer las partes sobre incidencias procesales como: excepciones, solicitud de actos de investigación, solicitud de aseguramiento de prueba o de prueba anticipada, etc. (Art. 287.4 CPP); vi.- Resolver la consecución del proceso con la definición del día y hora para la celebración de la audiencia inicial (cuando no exista excepción que lo impida) y, en su caso, la imposición de medidas cautelares al acusado para asegurar los fines del proceso penal (Art. 292, relacionado con el art. 285.1 CPP). Es importante señalar que la persona imputada debe ser debidamente identificada, lo cual consiste en poder determinar sus nombres y apellidos completos, así como demás datos generales como edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio actual y demás datos que sean necesarios según el caso concreto.- La identificación de la persona imputada es precisa pues repercute en varios aspectos procesales importantes: i).- Identidad de la persona: Se coteja que la persona que comparece es la que señala el requerimiento fiscal como posible autora o partícipe del delito, descartándose los casos de suplantación de identidad; ii).- Imparcialidad Judicial: Se verifica que la persona acusada no tenga ningún tipo de vinculación con los órganos jurisdiccionales llamados a conocer el caso concreto, descartando cualquier conflicto de intereses y por ende cualquier causal de excusa o recusación por y en contra de los funcionarios judiciales; iii).- Publicidad: La identificación de la persona acusada forma parte del principio general de publicidad que rige todo proceso penal, el cual determina que todos los actos procesales -como regla general- y salvo las excepciones previstas en la ley, serán de carácter público. Prevé el artículo 293 del Código Procesal Penal que el requerimiento fiscal deberá contener los nombres y apellidos completos de la persona, e idealmente otros datos generales de identificación que le individualicen; el agente fiscal actuante deberá procurar contar con dichos datos para al momento de presentar el requerimiento fiscal y, de ser necesario, complementarlos en la audiencia de declaración de imputado.- Lo anterior no obsta para que el órgano jurisdiccional por su parte también proceda a determinar la identificación de la persona acusada, tomando como base su tarjeta de identidad cuando se tenga y se determine que es verdadera; así entonces en los casos en donde no se cuente con la tarjeta de identidad o se tema que ésta es falsa, se procederá a identificar a la persona acusada por cualquier otro medio, pudiendo ser mediante reconocimiento en rueda de personas, declaración de testigo, exámenes corporales (comparación de huella dactilar, comparación de registros dentales, determinación de edad, entre otros), etc. (Art. 102 CPP) – No es extraordinario que la persona acusada brinde información falsa sobre su identidad con el afán de eludir su responsabilidad, culpar a otros de los hechos o simplemente entorpecer el proceso penal, por lo que lo señalado por éste siempre deberá ser objeto de corroboración, siendo un indicio de rebeldía cuando se compruebe la falsedad de lo señalado (no debe entenderse indicio de rebeldía la decisión de la persona acusada de no brindar información, como parte de su derecho de abstenerse de declarar) (Art. 102 en relación con el art. 108 CPP).- En su caso, cuando no exista duda de que la persona que se ha llevado a estrado judicial es la misma que pudo tener participación en el delito, la inexactitud o ausencia de los datos de identificación no entorpecerá la marcha regular del proceso judicial (Art. 103 CPP). Retornando al estudio del caso de marras, la antejuiciada determinó dejar en libertad por falta de méritos por ahora a la persona señalada como posible autora de un delito de acción pública, considerando que no se contaba con su tarjeta de identidad y no se podía corroborar que el número de identidad que fue consignado en el requerimiento fiscal fuese el correcto es decir por la falta de datos de identidad de la persona acusada. Adicionalmente la antejuiciada dio por no ratificado el requerimiento fiscal y con ello por terminado el proceso penal incoado. Para la Sala de lo Penal la decisión de la antejuiciada fue inopinada: i.- No se consultó al acusado si estaba de acuerdo en proporcionar sus datos personales y ii.- No se dispuso la realización de ninguna diligencia para la comprobación de la identidad del acusado, a realizarse en la misma audiencia o posterior a ella y entretanto se celebraba la audiencia inicial.- Es de recordarse una vez más que el artículo 296 del Código Procesal Penal prevé como causales para dictar un sobreseimiento definitivo, entre otros, que la persona acusada no haya participado en el delito, ya sea porque no es la persona descrita en el requerimiento fiscal (confusión de identidad) o porque siendo la persona señalada en el requerimiento fiscal, no haya realizado ninguna conducta relacionada con el delito; en ambos casos la determinación de ello solo es posible en la audiencia inicial. Del Mérito del Antejuicio: La antejuiciada en audiencia de fecha 13 de septiembre de 2017, emitió resoluciones que en apariencia (se subraya lo anterior) colisionan con una efectiva administración de justicia: la señora jueza ordenó la libertad inmediata del acusado, no porque considerase que no fueron acreditados los requisitos generales e indispensables que prevé el artículo 172 del Código Procesal Penal para la imposición de cualquiera de las medidas cautelares, sino en una motivación impropia que además no tenía relación alguna con lo declarado en la resolución: la señora jueza (según consta en el acta) concedió razón al secretario de actuaciones en no tomar los datos personales del acusado para efectos de corroboración de identidad, aun cuando como directora del proceso era su obligación hacerlo sin importar que los proporcionados en el requerimiento fuesen insuficientes o inexactos; además la Señora Jueza motivó que no se contaba con una identificación del acusado al no coincidir el numero de identidad con el nombre en los registros públicos y con los datos que privadamente éste dio al secretario, lo que según su criterio impedía tenerle como persona procesal, todo ello sin atender lo mandado en los artículos 102 y 103 del Código Procesal Penal; lo anterior fue fundamento para resolver que en el caso se apreciaba la falta de méritos y ordenar la inmediata liberad del acusado, en un claro divorcio entre lo motivado con lo decidido, en especial porque la voz “falta de méritos” implica la inexistencia de elementos de cargo lo que no puede ser evaluado en una audiencia de declaración de imputado, sino en una audiencia inicial; se suma que la señora jueza tuvo por no ratificado el requerimiento fiscal, lo cual tiene como efecto real el rechazo de la acción penal pública, dando de plano por terminado el proceso penal en contra de la persona que se identificó como Edas Josué Aguilera Ordoñez, aun cuando no existía ninguna causal que imposibilitara al Ministerio Público de presentar y sostener la acción penal; todo lo anterior en aparente colisión con lo que manda el artículo 292 del Código Procesal Penal y el artículo 232 de la Constitución de la República en relación con el artículo 92 del Código Procesal Penal. No corresponde a la Sala de Apelación en el procedimiento de antejuicio constatar que lo ocurrido en la audiencia 13 de septiembre de 2017 constituye delito, determinando la existencia de una conducta dolosa y descartando que la antejuiciada haya obrado por mera ignorancia inexcusable; la tarea de este tribunal de segunda instancia está limitada a dar respuesta a los agravios formulados por la apelante, que en este caso es determinar si la acción penal que se pretende entablar contra una servidora judicial con funciones jurisdiccionales no obedece a una mera represalia o un esfuerzo de separarla de su cargo como táctica fraudulenta, lo cual y con el estudio hecho de la causa se ha descartado; también se descarta que se trate de una maniobra intimidatoria en contra de la servidora judicial desde la perspectiva institucional, aun cuando en el caso concreto se ha informado actuaciones impropias de la fiscal Melisa Montalván, al amenazar a la señora jueza con presentar denuncias para deducción de responsabilidad disciplinaria y penal tras la celebración de la audiencia, olvidando que le asisten los recursos que prevé la ley para impugnar decisiones judiciales que considera contrarias a derecho y, en su caso, tiene la potestad de poner en conocimiento a las autoridades competentes de los actos que considera incorrectos de cualquier servidor público sin la necesidad de propiciar espacios de discusión de casos fuera de las audiencias, lo que al parecer se ha convertido en una práctica a la que acuden no pocos agentes fiscales: tal cual espada de Damocles, amenazar a jueces con procesos penales y disciplinarios como forma de presionar para que éstos resuelvan a la exactitud de lo pedido. Desde la perspectiva estrictamente formal la apelante tiene razón al señalar que causa agravio cuando la Corte de Apelaciones no ha considerado que lo acontecido en la audiencia de imputado y en especial las decisiones judiciales tomadas por la antejuiciada, no encuentran identidad con lo señalado en las normas procesales que rigen el acto en cuestión. DECISIÓN: Declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 305, 313.3, 321 y 323 de la Constitución de la República; artículo 127 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 55.6, 56.1, 61, 92, 354.5, 420, 421 y 423 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Revoca la sentencia de primera instancia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve.- Tercero: Declara Ha Lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público. En consecuencia se le autoriza para que proceda a interponer requerimiento fiscal en contra de la señora Laura Carolina Casco Ochoa, por suponerla responsable a título de autora de un delito consumado de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración de Justicia del Estado de Honduras, por un supuesto hecho ocurrido en fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete en la audiencia de declaración de imputado celebrada en la causa criminal registrada bajo el número 2583-17 en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Manda: Que la Secretaria del Tribunal notifique a las partes personadas en segunda instancia la presente resolución y una vez firme devuelva la foliada judicial al tribunal de primera instancia, el que deberá extender debida certificación de lo resuelto al Ministerio Público para los efectos que determina el tercer párrafo del artículo 422 del Código Procesal Penal. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Apelación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-421-2019.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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