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Sentencia CP-421-16 — Registro 12959

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico constituido por la ley de la coherencia y la derivación, que exige al juzgador que la sentencia resulte de razonamientos congruentes, verdaderos y suficientes, al condenar al señor Alberto Serrano Alvarado, por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en virtud que el tribunal de juicio no utiliza razonamientos verdaderos, suficientes, ni aptos para producir un convencimiento cierto del suceso que se juzga, en la valoración de la prueba consistente en las declaraciones de los testigos: Ana Concepción Romero Valle jueza, José Dagoberto Martínez fiscal, Enilda Geraldina Mejía Rivera jueza, y Jocelyn Marie Donaire Fernández jueza, de las que se desprende que 1.- Nunca existió inventario alguno antes del período de Alberto Serrano Alvarado, es decir que le haya entregado el secretario saliente para poderse acreditar que Alberto Serrano recibió el arma y demás bienes muebles que iban a ser puestos bajo su responsabilidad como nuevo secretario de Sala, como tampoco las autoridades del Tribunal de Sentencia en pleno recibieron por parte del secretario saliente Gabriel Ordóñez la entrega física o material de toda la evidencia a su cargo o que en su defecto el Tribunal le haya entregara a Alberto Serrano un inventario de las piezas de convicción existentes, entre ellas el arma y demás piezas de convicción y por ende probar que las haya recibido legalmente. 2.- Que la Jueza Joselyn Marie Donaire manifestó en juicio que al inicio se recibían las evidencias en el Tribunal, pero que posteriormente no lo hacían porque no tenían espacio físico donde dejarlas, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, asimismo que los Secretarios de Sala no eran los únicos que mantenían en custodia las piezas de convicción sino que también el administrador Yimi tal y como lo manifestó la juez Joselyn Marie Donaire y que quedara acreditado en acta de debate. 3.- Asimismo, no se acreditó documentalmente en Juicio Oral y Público mediante acta de debate del primer juicio donde constan las incidencias en que se hayan puesto a disposición del Tribunal la pieza de convicción (arma de fuego) y evacuado la misma en ese debate, tal y como lo manifestó el Tribunal en la valoración de la prueba de la Jueza Ana Concepción Romero Valle y del Fiscal José Dagoberto Martínez Urbina, sino que más bien el testimonio de ambos testigos de cargo obedecía al conocimiento que ambos tenían sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba de las evidencias en el debate y no a que recordaran con exactitud que éstas se hayan recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal. Esta Sala observa que, con la prueba de los testigos de cargo antes referenciada, fue probado que el señor Alberto Serrano Alvarado no recibió el cargo de Secretario Adjunto de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán con beneficio de inventario de manos del señor Gabriel Edgardo Ordóñez Barrientos, anterior Secretario adjunto de dicho tribunal. Al no haber recibido el cargo sin inventario y haberse retirado del cargo de Secretario adjunto el señor Alberto Serrano Alvarado también sin inventario, si bien no es posible establecer que el extravío de las mencionadas evidencias responda a una acción dolosa del acusado Alberto Serrano Alvarado, lo cierto es que el encausado falta a su deber del cuidado e incurre en negligencia a los deberes de su cargo, respecto a la custodia y debida conservación de las evidencias de los expedientes judiciales asignadas. Concretamente, se acredita con la prueba de testigos de cargo que el acusado Alberto Serrano Alvarado al momento al tomar posesión de su cargo como Secretario Adjunto del mencionado tribunal recibe las evidencias, entre ellas el arma de fuego calibre 38 perteneciente al Expediente judicial No. (9) 522-2004 instruido en contra del imputado señor Francisco Flores Galo por el delito de Asesinato en perjuicio de Arquímedes Hernández Hernández, además de otras evidencias que al momento de la investigación no se encontraron en la caja fuerte del Tribunal; lo anterior, en virtud de que el inventario de las evidencias del interior de la caja fuerte del mencionado tribunal se practicó después de haber cesado en funciones el señor Alberto Serrano Alvarado del ejercicio del cargo de secretario adjunto del tribunal, y hasta después de haberse requerido el arma de fuego calibre 38 por el fiscal del segundo juicio seguido contra el imputado Francisco Flores Galo por el delito de Asesinato en perjuicio de Arquímedes Hernández Hernández, del que éste resultó condenado. Por lo anterior, esta Sala concluye que el juzgado de instancia efectivamente no incurre en violación de las reglas de la sana crítica, al principio lógico de coherencia y derivación, en virtud de que la sentencia que se impugna está provista de razonamientos coherentes, verdaderos y suficientes, para dictar una sentencia de condena en contra del señor Alberto Serrano Alvarado, por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios para con ellas producir un convencimiento certero sobre el suceso que se juzga. Por lo que declara no ha lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-421-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Alberto Serrano Alvarado, como autor del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública a la pena principal de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Absolvió al señor Gabriel Edgardo Ordóñez Barrientos, del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública.- Tercero: Se le declara la Responsabilidad Civil del señor Alberto Serrano Alvarado.- Cuarto: No procede condenar al señor Alberto Serrano Alvarado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Arnaldo Alcides García y Alba Regina Paniagua, defensores públicos del señor Alberto Serrano Alvarado, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veinticinco de julio del dos mil ocho se levantó acta de inventarios de evidencias de la caja fuerte de Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, la cual se encontraba bajo la custodia del secretario adjunto ALBERTO SERRANO ALVARADO, encontrándose varias bolsas que contenían evidencias cuyo embalaje estaban abierto, no rotulados, algunas bolsas vacías, con pérdidas de dineros en efectivo y objetos varios.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada Irma Lizeth Aguilar, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por haberse violentado las Reglas de la Sana Crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en los artículos 202 en relación con los artículos 336 y 338 regla 4 número 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido en El artículo 362 No.3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en la sentencia recurrida, el Tribunal excluye valorar conforme a las reglas de la san crítica de forma armónica y conjunta la prueba producida en el debate tal como lo advierte este artículo, si bien el sistema de valoración de la prueba mediante las reglas de la sana crítica no establece límites al juzgador para formar su convicción y por ello puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objetivo del juicio basado en el principio de libertad probatoria, pero al examinar la prueba si debe de indicar las razones que lo conducen a dedicarse por la que lo convence, esa obligación a que está sujeto el juzgador debe ajustarse necesariamente a juicios racionales es decir al correcto entendimiento humano, de esa manera es controlable en casación el proceso lógico seguido por aquél en su razonamiento específicamente el empleado para explicar por qué se ha decidido por determinada prueba para fundar su convicción y de esa manera el Tribunal de Casación poder verificar la correcta aplicación de las reglas de la san crítica racional, verificando si en la fundamentación se han observado las normas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia común, siendo esta precisamente la omisión en la que incurrió el Tribunal en la sentencia recurrida. En este caso que nos ocupa precisa referirnos a las reglas de la lógica y de la experiencia, por ser estas las más inobservadas por el tribunal de sentencia y sobre la cual está orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS Y SUFICIENTES. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribó el Tribunal de sentencia para condenar al mismo no provienen de elementos verdaderos, ni suficientes, como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la responsabilidad por “violación de los deberes de los funcionarios públicos” por parte de mi defendido. PRIMERO: Es así que en el apartado valoración de la prueba numeral primero, el Tribunal expresa: “Estima el Tribunal que lo declarado por los testigos Ana Concepción Romero y José Dagoberto Martínez permiten dar a conocer que efectivamente se llevó acabo el Juicio Oral y Público en la causa que se instruyó a Luis Francisco Flores Galo, mismo que se realizó en los últimos días de noviembre y principios de diciembre del 2005, siendo la primera Jueza presidenta y el segundo intervino como Fiscal, si bien ambos refirieron que se evacuaron diversos medios de pruebas entre ellos un arma de fuego de la cual según refirieron se ordenó el comiso; pese a lo anterior no consta en el acta que contiene las incidencias del debate en mención que se hayan puesto a disposición del Tribunal y evacuado la misma en el debate, por lo que su testimonio obedece más al conocimiento que ambos tienen sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba evidencias en el debate y no a que recuerden con pulcritud que ésta se haya recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal...”, y esto lo dice el Tribunal porque existen dos testigos de cargo como ser la Juez Ana Concepción Romero Valle y el Fiscal José Dagoberto Martínez, quienes como bien lo dice el Tribunal Sentenciador lo dicho por estos en el debate obedece más al conocimiento que ambos tienen sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba evidencias en el debate y no a que recuerden con pulcritud que esta se haya recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal, pese a que no constó documentalmente porque no se acreditó como se dijo antes que en el acta de debate que dicha arma se haya recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal acreditación que debió haberse hecho por ser de vital importancia. Por otra parte consta la declaración de la Jueza ENILDA GERALDINA MEJÍA RIVERA quien entre otras cosas manifestó en Juicio Oral y Público que las Juezas de la Sala Primera le informaron que Serrano no estaba yendo a laborar y que se había llevado la llave de la caja de la sala, y que tenía que solventarse, preguntaron a los que se llevaban cerca si lo habían visto, Dania les dijo que lo había visto, le pidieron a ella que le fuera a pedir la llave, y dijo “aquí está la llave la mando ALBERTO” no recuerda si fue a su persona o/a Yimi el administrador, ante ello vieron necesario que inspectoría tuviera conocimiento, decidieron que se levantara un inventarío en la sala primera, el que quedó por el fue Jacobo Reyes dijo que no quedo nada…….”.- Asimismo el Tribunal en su valoración manifestó que otro dato relevante aportado por la testigo Mejía Rivera era que en el período en que fungió como Coordinadora del tribunal no tuvo a la vista que se pasara por inventario de un Secretario a otro las evidencias…….- Por último consta la declaración de la Jueza JOCELYN MARIE DONAIRE FERNÁNDEZ quien entre otras cosas manifestó…… es hasta que la coordinación de la Juez Julissa que se ordenó levantar un inventario de todo lo que había físicamente…….- Asimismo a las preguntas de la defensa Uno contestó…..” al inicio se recibían evidencias, posteriormente no tenemos un espacio físico donde dejar, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, no se si después el señor YIMI recibió más evidencias y si lo mantenía actualizado…….”. SEGUNDO: Siendo así, si analizamos de acuerdo a las Reglas de la Sana crítica las pruebas aportadas en Juicio Oral y Público podemos deducir que la configuración de un delito imputable a un Funcionario Público en su calidad de tal aparece si y solo si se acredita a cargo de aquél el dominio del hecho dañoso en forma directa o mediata al ejercicio de una competencia clara y específica fundada en ley e imputable a título de dolo; por lo que se desprende de las pruebas aportadas que: 1.- Nuca existió inventario alguno antes del período de Alberto Serrano Alvarado, es decir que le haya entregado el secretario saliente para poderse acreditar que Alberto Serrano recibió el arma y demás bienes muebles que iban a ser puestos bajo su responsabilidad como nuevo secretario de Sala, como tampoco las autoridades del Tribunal de sentencias como lo es la sala en pleno recibió por parte del Secretario saliente Gabriel Ordóñez la entrega física o material de toda la evidencia a su cargo o que en su defecto el Tribunal le haya entregara a Alberto Serrano un inventario de las piezas de convicción existentes entre ellas el armas y demás piezas de convicción y por ende probar que las haya recibido legalmente. 2.- Que la Juez Joselyn Marie Donaire manifestó en juicio que al inicio se recibían las evidencias en el Tribunal, pero que posteriormente no lo hacían porque no tenían espacio físico donde dejarlas, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, asimismo que los Secretarios de Sala no eran los únicos que mantenían en custodia las piezas de convicción sino que también el administrador YIMI tal y como lo manifestó la Juez Joselyn Marie Donaire y que quedara acreditado en acta de debate. 3.- Asimismo no se acreditó documentalmente en Juicio Oral y Público mediante acta de debate del primer juicio donde constaran las incidencias que se haya puesto a disposición del Tribunal la pieza de convicción (arma de fuego) y evacuado la misma en ese debate, tal y como lo manifestó el Tribunal en la valoración de la prueba de la Juez Ana Concepción Romero Valle y del Fiscal José Dagoberto Martínez Urbina, sino que más bien el testimonio de ambos testigos de cargo obedecía al conocimiento que ambos tenían sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba de las evidencias en el debate y no a que recordaran con pulcritud que estas se hayan recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal. Dicho lo anterior no sabemos cómo el Tribunal sentenciador pudo llegar a la conclusión que el imputado Alberto Serrano Alvarado tenía a su cargo los bienes muebles extraviados o faltantes en la caja fuerte por las razones antes señaladas, es decir que se violentaron normas administrativas Procedimentales desde antes de la llegada al Tribunal Sentenciador por parte de Alberto Serrano Alvarado como Secretario de dicha sala al momento de este tomar posesión, lo que determina el grado de no responsabilidad por parte del Funcionario acusado, por lo que debemos tener en cuenta que la omisión en términos del ejercicio de una competencia administrativa implica el incumplimiento de una potestad (definida como obligación o facultad — deber pero nunca como un derecho). Esto va de suyo que complejiza desde el inicio la interpretación, ya que el funcionario público esta compelido por una actuación enmarcada dentro del principio de cobertura legal suficiente, o principio de legalidad, que cercena la aplicación del denominado principio ontológico de la libertad, propio de las personas físicas. TERCERO: Sobre este particular esta defensa no comparte el criterio esbozado por el tribunal sentenciador en su fallo al no haber valorado la prueba de cargo aportada en juicio de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica en vista de no haber tomado en cuenta la actitud del Funcionario que recibía el cargo donde éste se encontraba ante el panorama de no saber por dónde empezar en vista de no habérsele entregado inventario alguno al tomar posesión de su cargo para así hacerlo responsable de dichos bienes, además que no era el único que tenía responsabilidad sobre dichas evidencias, donde tampoco se acreditó documentalmente en juicio que se haya puesto a disposición del Tribunal Sentenciador dicha arma de fuego y por último que dichas piezas de convicción eran devueltas al Ministerio Público por carecer el Tribunal de espacio físico y por ende evidenciándose una ruptura, un desfasamiento o un mal manejo de sus funciones, como resultado no existiendo indicio de responsabilidad penal por no haber dolo por parte de imputado, por no haberse acreditado por parte del ente acusador el deseo del imputado de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para si o para otro originando de esta manera un delito. De lo anterior se desprende que la conducta narrada en el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencias no es constitutiva de una VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS como erróneamente fue calificado por el Tribunal, por lo que tal situación agrava significativamente la situación de mi representado en cuanto a la pena impuesta, razones que me llevan a interponer el presente recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Por tanto Honorables Magistrados esta defensa es del criterio que los hechos probados de una sentencia penal está sustentada en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria, es decir que la fundamentación elaborada por el tribunal sentenciador al describir las declaraciones testifícales de las juezas Ana Concepción Romero Valle, Enilda Geraldina Mejía Rivera y Joselyn Marie Donaire, como del Fiscal José Dagoberto Martínez Urbina, debió tomar en cuenta lo que favorecía a nuestro representado Alberto Serrano Alvarado, por lo que esta defensa hace el reproche respectivo del porque el Tribunal no valoró los puntos antes señalados a favor de nuestro representado, por lo que al ser muy obvia dichas falencias y no valorarlas a favor del imputado se estaría violentando de esta forma las Reglas de la San crítica, por lo que la violación a las mismas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia, por lo que las conclusiones a que arribó el tribunal sentenciador consideramos que no fue el fruto razonado en las pruebas que se apoyo, tampoco consideramos haberse respetado los principios de la recta razón: “Tal como lo señala el Jurista Manuel Estrella Ruiz, en su obra “valoración de la prueba, Presunción de inocencia, indubio Pro reo….. el requisito esencial del indicio del cual se parte, es que esté acreditado, probado, demostrado y el enlace que exista entre el hecho y aquél que se trata de deducir haya enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano mediante un proceso mental razonado, se trata de una operación lógica que desarrolla el juzgador, consiste en un razonamiento de índole deductivo que se refleja en la conclusión contendida en la sentencia que ha de dictarse.” Por último queremos señalar que la resolución del sentenciador de condenar al imputado a una pena concreta de CINCO AÑOS de reclusión por el delito de “VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS” obedece a un mal análisis o juicio de valor, incurriendo en clara omisión que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica y de la experiencia, por consiguiente la defensa estima que el fallo no está en armonía con lo que revelan las pruebas aportadas en juicio, en consecuencia con fundamento en esas consideraciones la defensa no está de acuerdo con la sentencia de mérito por lo que debe de declararse nula la misma. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL HIERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex—ante.” IV. Fundamentación Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Motivo de casación de Quebrantamiento de Forma por haberse violentado las reglas de la sana crítica, de la lógica constituida por la ley de la coherencia y la derivación, que exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamientos congruentes, verdaderos y suficientes. La conclusión a que arribó el tribunal de sentencia para condenar al señor Alberto Serrano Alvarado, no provienen de elementos verdaderos, suficientes, ni aptos para producir un convencimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario, la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la responsabilidad por Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos. El Tribunal refiere que los testigos de cargo: la juez Ana Concepción Romero Valle y el fiscal José Dagoberto Martínez, quienes como dice el mismo tribunal en el debate declaran más por el conocimiento que ambos tienen sobre la práctica de la evacuación de evidencias en el debate y no que recuerden con pulcritud que la evidencia se haya recibido, exhibido y quedado bajo custodia del tribunal, lo que no se constó documentalmente en el juicio porque no se acreditó en el acta de debate que dicha arma se haya recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal, acreditación de vital importancia. La declaración de la jueza Enilda Geraldina Mejía Rivera entre manifestó en juicio que las juezas de la Sala Primera le informaron que Serrano no estaba yendo a laborar y que se había llevado la llave de la caja de la sala, y que tenía que solventarse, preguntaron a los que se llevaban cerca si lo habían visto, Dania les dijo que lo había visto, le pidieron a ella que le fuera a pedir la llave, y dijo “aquí está la llave la mandó Alberto” no recuerda si fue a su persona o a Yimi el administrador, ante ello vieron necesario que inspectoría tuviera conocimiento, decidieron que se levantara un inventarío en la sala primera. La testigo Mejía Rivera era la que en el período en que fungió como coordinadora del tribunal no tuvo a la vista que se pasara por inventario de un secretario a otro las evidencias…….- La declaración de la jueza Jocelyn Marie Donaire Fernández manifestó:…… es hasta que la coordinación de la juez Julissa que se ordenó levantar un inventario de todo lo que había físicamente…….- A las preguntas de la defensa uno contestó: “… al inicio se recibían evidencias, posteriormente no tenemos un espacio físico donde dejar, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, no sé si después el señor Yimi recibió más evidencias y si lo mantenía actualizado”. De lo anterior, se desprende que: 1.- Nunca existió inventario alguno antes del período de Alberto Serrano Alvarado, es decir que le haya entregado el secretario saliente para poderse acreditar que Alberto Serrano recibió el arma y demás bienes muebles que iban a ser puestos bajo su responsabilidad como nuevo secretario de Sala, como tampoco las autoridades del Tribunal de Sentencia como lo es la sala en pleno recibió por parte del secretario saliente Gabriel Ordóñez la entrega física o material de toda la evidencia a su cargo o que -en su defecto- el Tribunal le haya entregado a Alberto Serrano un inventario de las piezas de convicción existentes, entre ellas el arma y demás piezas de convicción y por ende probar que las haya recibido legalmente. 2.- Que la juez Joselyn Marie Donaire manifestó en juicio que al inicio se recibían las evidencias en el tribunal, pero que posteriormente no lo hacían porque no tenían espacio físico donde dejarlas, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, asimismo que los Secretarios de Sala no eran los únicos que mantenían en custodia las piezas de convicción sino que también el administrador Yimi tal y como lo manifestó la juez Joselyn Marie Donaire y que quedara acreditado en acta de debate. 3.- Asimismo no se acreditó documentalmente en Juicio Oral y Público mediante acta de debate del primer juicio donde constaran las incidencias que se haya puesto a disposición del Tribunal la pieza de convicción (arma de fuego) y evacuado la misma en ese debate, tal y como lo manifestó el Tribunal en la valoración de la prueba de la juez Ana Concepción Romero Valle y del fiscal José Dagoberto Martínez Urbina, sino que más bien el testimonio de ambos testigos de cargo obedecía al conocimiento que ambos tenían sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba de las evidencias en el debate y no a que recordaran con pulcritud que estas se hayan recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal. Esta defensa no comparte el criterio esbozado por el tribunal sentenciador al no haber valorado la prueba de cargo aportada en juicio de acuerdo a las Reglas de la Sana Crítica y no haber tomado en cuenta la actitud del funcionario que recibía el cargo donde éste se encontraba ante el panorama de no saber por dónde empezar en vista de no habérsele entregado inventario alguno al tomar posesión de su cargo, para hacerlo responsable de dichos bienes, además que no era el único que tenía responsabilidad sobre dichas evidencias, donde tampoco se acreditó documentalmente en juicio que se haya puesto a disposición del Tribunal Sentenciador dicha arma de fuego y por último que dichas piezas de convicción eran devueltas al Ministerio Público por carecer el Tribunal de espacio físico y por ende evidenciándose una ruptura, un desfasamiento o un mal manejo de sus funciones, como resultado no existiendo indicio de responsabilidad penal por no haber dolo por parte de imputado. El Tribunal no valoró los puntos antes señalados a favor de nuestro representado, por lo que al ser muy obvias dichas falencias y no valorarlas a favor del imputado se estaría violentando de esta forma las Reglas de la San crítica. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. Concepto específico: Violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica constituida por la ley de la coherencia y la derivación, que exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamientos congruentes, verdaderos y suficientes. La conclusión a que arribó el tribunal de sentencia para condenar al señor Alberto Serrano Alvarado, por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios no provienen de elementos verdaderos, suficientes, ni aptos para producir un convencimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario, la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la responsabilidad por dicho delito. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico constituido por la ley de la coherencia y la derivación, que exige al juzgador que la sentencia resulte de razonamientos congruentes, verdaderos y suficientes, al condenar al señor Alberto Serrano Alvarado, por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en virtud que el tribunal de juicio no utiliza razonamientos verdaderos, suficientes, ni aptos para producir un convencimiento cierto del suceso que se juzga, en la valoración de la prueba consistente en las declaraciones de los testigos: Ana Concepción Romero Valle jueza, José Dagoberto Martínez fiscal, Enilda Geraldina Mejía Rivera jueza, y Jocelyn Marie Donaire Fernández jueza, de las que se desprende que 1.- Nunca existió inventario alguno antes del período de Alberto Serrano Alvarado, es decir que le haya entregado el secretario saliente para poderse acreditar que Alberto Serrano recibió el arma y demás bienes muebles que iban a ser puestos bajo su responsabilidad como nuevo secretario de Sala, como tampoco las autoridades del Tribunal de Sentencia en pleno recibieron por parte del secretario saliente Gabriel Ordóñez la entrega física o material de toda la evidencia a su cargo o que en su defecto el Tribunal le haya entregara a Alberto Serrano un inventario de las piezas de convicción existentes, entre ellas el arma y demás piezas de convicción y por ende probar que las haya recibido legalmente. 2.- Que la Jueza Joselyn Marie Donaire manifestó en juicio que al inicio se recibían las evidencias en el Tribunal, pero que posteriormente no lo hacían porque no tenían espacio físico donde dejarlas, por lo que se ordenó que una vez fueran evacuadas fuesen devueltas al Ministerio Público, asimismo que los Secretarios de Sala no eran los únicos que mantenían en custodia las piezas de convicción sino que también el administrador Yimi tal y como lo manifestó la juez Joselyn Marie Donaire y que quedara acreditado en acta de debate. 3.- Asimismo, no se acreditó documentalmente en Juicio Oral y Público mediante acta de debate del primer juicio donde constan las incidencias en que se hayan puesto a disposición del Tribunal la pieza de convicción (arma de fuego) y evacuado la misma en ese debate, tal y como lo manifestó el Tribunal en la valoración de la prueba de la Jueza Ana Concepción Romero Valle y del Fiscal José Dagoberto Martínez Urbina, sino que más bien el testimonio de ambos testigos de cargo obedecía al conocimiento que ambos tenían sobre la práctica de la evacuación de los medios de prueba de las evidencias en el debate y no a que recordaran con exactitud que éstas se hayan recibido, exhibido y quedado bajo custodia del Tribunal. Esta Sala observa que, con la prueba de los testigos de cargo antes referenciada, fue probado que el señor Alberto Serrano Alvarado no recibió el cargo de Secretario Adjunto de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán con beneficio de inventario de manos del señor Gabriel Edgardo Ordóñez Barrientos, anterior Secretario adjunto de dicho tribunal. Al no haber recibido el cargo sin inventario y haberse retirado del cargo de Secretario adjunto el señor Alberto Serrano Alvarado también sin inventario, si bien no es posible establecer que el extravío de las mencionadas evidencias responda a una acción dolosa del acusado Alberto Serrano Alvarado, lo cierto es que el encausado falta a su deber del cuidado e incurre en negligencia a los deberes de su cargo, respecto a la custodia y debida conservación de las evidencias de los expedientes judiciales asignadas. Concretamente, se acredita con la prueba de testigos de cargo que el acusado Alberto Serrano Alvarado al momento al tomar posesión de su cargo como Secretario Adjunto del mencionado tribunal recibe las evidencias, entre ellas el arma de fuego calibre 38 perteneciente al Expediente judicial No. (9) 522-2004 instruido en contra del imputado señor Francisco Flores Galo por el delito de Asesinato en perjuicio de Arquímedes Hernández Hernández, además de otras evidencias que al momento de la investigación no se encontraron en la caja fuerte del Tribunal; lo anterior, en virtud de que el inventario de las evidencias del interior de la caja fuerte del mencionado tribunal se practicó después de haber cesado en funciones el señor Alberto Serrano Alvarado del ejercicio del cargo de secretario adjunto del tribunal, y hasta después de haberse requerido el arma de fuego calibre 38 por el fiscal del segundo juicio seguido contra el imputado Francisco Flores Galo por el delito de Asesinato en perjuicio de Arquímedes Hernández Hernández, del que éste resultó condenado. Por lo anterior, esta Sala concluye que el juzgado de instancia efectivamente no incurre en violación de las reglas de la sana crítica, al principio lógico de coherencia y derivación, en virtud de que la sentencia que se impugna está provista de razonamientos coherentes, verdaderos y suficientes, para dictar una sentencia de condena en contra del señor Alberto Serrano Alvarado, por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios para con ellas producir un convencimiento certero sobre el suceso que se juzga. Por lo que declara no ha lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN: Esta Sala declara No ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por la Abogada Irma Lizeth Aguilar, Defensora Pública del acusado señor Alberto Serrano Alvarado. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por la Abogada Irma Lizeth Aguilar, Defensora Pública del acusado señor Alberto Serrano Alvarado, en la causa instruida en su contra, a quien se le condenó como autor del delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: Declarar Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-421-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005