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Sentencia CP-415-16 — Registro 13256

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Adquisición de Vehículo Robado y Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de La Fe Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y la procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo impugnado argumenta que la sentencia que se impugna incurre en motivo de casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 218 D y 289 ambos del Código Penal. El artículo 218 D del Código Penal establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Por su parte el artículo 289 del Código Penal dispone: “Quien a sabiendas hiciere uso de documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. Y el Artículo 284 del mismo cuerpo legal que: “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) …4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos,5) …”. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar es si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche, sin que puede intentarse la revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En una fecha y hora no determinada del año dos mil nueve, la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, se conducía en su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 2014, tipo turismo, color gris, chasis 1NXBR32E94Z208316, Vin 1NXBR32E94Z208316, motor 1ZZ-5773901, placa PCK-5889 y cuando se disponía a bajarse del mismo, para ingresar a su vivienda, localizada en un barrio de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, fue interceptada por una persona del sexo masculino, quien haciendo uso de un arma de fuego, la despojó del automotor, llevándoselo con rumbo desconocido, por lo que ésta entabló la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Segundo: En una fecha no determinada el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, conociendo su procedencia irregular, obtuvo el vehículo antes descrito y el tres de septiembre de dos mil trece, a eso de las siete de la noche, cuando se conducía por la segunda avenida, tercera calle frente al Centro Comercial MAHECO, de esta ciudad, fue requerido por agentes de la Policía de Tránsito, quienes le solicitaron mostrara la documentación del vehículo, permiso de operación como taxi colectivo y licencia de conducir, de los cuales, el acusado únicamente les mostró una boleta de revisión falsa. Posteriormente, se verificó que se trataba del mismo vehículo del cual anteriormente, había sido despojada la señora Claudia Viviana Marcía Amaya, habiéndosele modificado su color original y sus placas.” Del factum de la sentencia que se impugna resulta probado que el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez conocía el origen ilícito del vehículo que conducía. En el presente caso los jueces de sentencia equiparan la adquisición a un apoderamiento o recepción del vehículo robado, en virtud de haber sido encontrado el acusado realizando la acción de ir manejando vehículo con reporte de robo. El tribunal parte de un conjunto de indicios, que analizados en su conjunto hacen suponer que el acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez sabía o debía conocer la procedencia ilícita del vehículo, como ser estar pintado de color blanco sobre la pintura original del vehículo de color gris, portar placas hechizas, portar una tarjeta de revisión falsa y con manchas, y conducir sin licencia, por lo que esta sala considera que los hechos declarados probados por el tribunal se ajustan perfectamente a lo dispuesto en el artículo 218-D del Código Penal. Asimismo, esta Sala considera que por estar debidamente probado que el acusado conducía un vehículo robado con una boleta de revisión falsa, la acción ilícita del acusado también se subsume en el artículo 284 del Código Penal, por todo lo cual se declara no ha lugar el motivo único de casación por infracción de Ley invocado por el recurrente. DECISIÓN. La Sala declara Ho Ha lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva, invocado por la Abogada Zhaira Ivonne Fletes Escalante, en su condición de defensora pública del señor Juan Carlos Ulloa Velásquez..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Juan Carlos Ulloa Velásquez una pena principal de reclusión de cuatro años (04), por haber sido encontrado responsable del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, (Art. 513.3), por ser el tipo penal que se ajusta al caso concreto, debe imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que el acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez encubrió es el delito de Robo de vehículo con violencia, realizado en fecha no determinada del año dos mil nueve, por un joven de tez blanca usando para ello un arma de fuego con la que despojó a la señora Claudia Viviana Marcia Amaya del vehículo marca Toyota, Corolla año 2004, recuperado por la policía en posesión del acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez en fecha tres de septiembre del año dos mil trece (f. 173); delito de robo con violencia que conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión (Art. 361), la cual debe ser aumentada en un tercio cuando se haga uso de armas de fuego (Art. 363.9), siendo la nueva pena abstracta de 08 años a 10 años 08 meses de prisión; pena que como se ha indicado debe ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de Encubrimiento, siendo ésta entonces de 02 años, 08 meses a 08 años de prisión. Por otra parte, al haber sido también condenado el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, por el delito de Uso de Documento Público Falso, corresponde determinar si en este caso, le favorece al acusado la retroactividad de la ley penal. El artículo 284 del Código Penal Decreto 144-87 por el que fue condenado sanciona el delito de Uso de Documento Público Falso con una pena abstracta de 03 años a 09 años de reclusión, en virtud de que se le ha de imponer la misma pena establecida para el autor de falsedad, conforme dispone el artículo 289 de CP144-87. Por su parte, el artículo 459 del CP 130-17, sanciona al autor del delito de Uso de Documento Falso con la pena establecida para el autor del delito de Falsificación de documento público que conforme al artículo 456 establece la pena de 04 a 08 años de prisión y multa de 300 a 500 días, rebajada en un tercio, por lo que la pena sería de 02 años 08 meses a 04 años de prisión y multa de 200 a 300 días. Ambos delitos de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, con pena de 02 años 08 meses a 04 años de prisión y de Uso de Documento Público Falso en perjuicio de la Fe Pública, con pena de 02 años, 08 meses a 04 años de prisión y multa de 200 a 300 días, todo ello en concurso real de delitos. Al no concurrir circunstancias específicas agravantes corresponde sancionar al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez con la pena mínima señalada CP 130-17 para el autor de cada una de las infracciones penales. A partir de lo anterior, es posible determinar que las penas impuestas al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez conforme el CP-144-83 en concurso real son; de doce años de prisión por los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, y de Uso de Documento Falso en perjuicio de la Fe Pública, que conforme al CP 130-17 se reforman en beneficio del acusado a los delitos de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, y Uso de Documento Público Falso en perjuicio de la Fe Pública, en concurso real, los que en suma ascienden a la pena concreta privativa de libertad de 05 años, 04 meses de prisión con multa de 200 días, de haber sido juzgado el acusado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, por corresponderle al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez una pena privativa de libertad y una multa que corresponde con la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, la que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal, en consideración a que, si bien se le impone una multa como pena principal, esta sala considera que a falta de un estudio socio económico y dado que al momento de los hechos el acusado se dedicaba a la labor de taxista, en este caso fija el valor del día multa en el límite mínimo de veinte Lempiras (L20.00), por lo que el monto de la pena de multa impuesta al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez asciende a la cantidad de cuatro mil Lempiras, (L4,000.00) valor que el acusado deberá enterar a favor del Estado de Honduras en la Tesorería General de la República, en la forma que dispone la ley. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En Nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-415-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Juan Carlos Ulloa Vásquez, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, a la pena de nueve años de reclusión, más las penas accesorias consistentes en Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Condenó al señor Juan Carlos Ulloa Vásquez, por el delito de Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de La Fe Pública, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias consistentes en Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Juan Carlos Ulloa Vásquez; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: Se declaró el comiso de un documento falso con apariencia de comprobante de tasa única anual por matrícula de vehículo. SON PARTES: Los Abogados Arnaldo Alcides García y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Juan Carlos Ulloa Vásquez, como parte recurrente y la abogada Yessenia Maria Márquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Primero: En una fecha y hora no determinada del año dos mil nueve, la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, se conducía en su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 2014, tipo turismo, color gris, chasis 1NXBR32E94Z208316, Vin 1NXBR32E94Z208316, motor 1ZZ-5773901, placa PCK-5889 y cuando se disponía a bajarse del mismo, para ingresar a su vivienda, localizada en un barrio de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, fue interceptada por una persona del sexo masculino, quien haciendo uso de un arma de fuego, la despojó del automotor, llevándoselo con rumbo desconocido, por lo que ésta entabló la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Segundo: En una fecha no determinada el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, conociendo su procedencia irregular, obtuvo el vehículo antes descrito y el tres de septiembre de dos mil trece, a eso de las siete de la noche, cuando se conducía por la segunda avenida, tercera calle frente al Centro Comercial MAHECO, de esta ciudad, fue requerido por agentes de la Policía de Tránsito, quienes le solicitaron mostrara la documentación del vehículo, permiso de operación como taxi colectivo y licencia de conducir, de los cuales, el acusado únicamente les mostró una boleta de revisión falsa. Posteriormente, se verificó que se trataba del mismo vehículo del cual anteriormente, había sido despojada la señora Claudia Viviana Marcía Amaya, habiéndosele modificado su color original y sus placas.” Recurso de Casación: La recurrente Abogada Zhaira Ivonne Fletes Escalante, en su condición de defensora pública del señor Juan Carlos Ulloa Vásquez, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Infracción por violación a la Ley Penal por aplicación indebida de los artículos 218-D y 289 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero CPP. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La norma infringida es el artículo 218-D del Código Penal que establece: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. Artículo que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece dicho artículo. PRIMERO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso subjudice donde al abocarnos al contexto de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, encontramos que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, establece como hechos probaos los siguientes; PRIMERO: en una fecha y hora no determinada del año 2009, la señora CLAUDIA VIVIANA MARCIA AMAYA, se conducía en su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 2004, color gris, chasis 1NXBR32E94Z208316, Vin 1NXBR32E94Z208316, motor 1ZZ-5773901, placa PCK-5889 y cuando se disponía a bajarse del mismo, para ingresar a su vivienda localizada en un barrio de esta ciudad, fue interceptada por una persona del sexo masculino, quien haciendo uso de un arma de fuego, la despojó de su automotor, llevándoselo con rumbo desconocido, razón por la cual ésta entabló la respectiva denuncia ante la autoridad competente. SEGUNDO: En fecha no determinada el señor JUAN CARLOS ULLOA VELÁSQUEZ, conociendo su procedencia irregular obtuvo el vehículo antes descrito y el 03 de septiembre de 2013, a eso de las siete de la noche, cuando se conducía por la segunda avenida, 3 calle frente al centro comercial MAHECO, de esta ciudad, fue requerido por agentes de la Policía de Tránsito, quienes le solicitaron mostrara la documentación del vehículo, permiso de operación como taxi colectivo y licencia de conducir, de los cuales el acusado únicamente les mostró una boleta de revisión falsa. Posteriormente, se verificó que se trataba del mismo vehículo del cual anteriormente, había sido despojada la señora CLAUDIA VIVIANA MARCIA AMAYA, habiéndosele modificado su color original y sus placas.” Al analizar el contenido de los hechos que el tribunal considera como probados, esta defensa considera que no se tomó en cuenta las circunstancias establecidas por mi representado en su defensa material y que son congruentes con la prueba evacuada consistente en la declaración rendida por mi representado quien estableció que él fue al punto de taxis de la Sandoval porque lo recomendó un amigo y me dijo que un mentado Julio se encargaba de entregar los taxis, cuando yo llegué sólo me entregó las llaves y la revisión y firme el contrato en el que se establecía una tarifa de 350 y 50 lempiras de parqueo esto fue sustentado con lo declarado por el señor SANTOS TORIBIO MATUTE quien refirió que fue él quien llevó a mi representado a trabajar a ese lugar, con ello se acreditaba que mi representado desconocía de la existencia de ese vehículo en dicho lugar, además que dicho taxi antes de mi representado, ya había sido conducido por varios taxistas en ese punto, por ello se presentó un contrato de prestación de servicios, cuestiones estas que no fueron valoradas por este tribunal. Con esto debemos tomar en cuenta que el artículo 218-D refiere Adquisición de Vehículo con procedencia robada, hurtado o abandonado, por ello es INCORRECTO calificar los hechos como una Adquisición de acuerdo a los términos en los que se pronuncian los jueces de sentencia, ya que con la prueba presentada por la defensa (declaración de mi representado, declaración del señor SANTOS TORIBIO MATUTE; el contrato de prestación de servicios; Acta notarial con la que se acredita la existencia del punto de taxis) con estos medios de prueba se logró establecer el desconocimiento o la falta de dolo al momento de recibir el vehículo, dicho de otra manera ADQUISICIÓN debe implicar un apoderamiento y no una simple tenencia; y es que la calificación de posesión que califica el tribunal de sentencias, tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de ocupación, del dominio de la cosa robada, hurtada o abandonada y no una simple posesión, en pocas palabras, al establecerse en este delito la conducta “...quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado...” Significa que la conducta desplegada por el hechor de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada, a esta interpretación se allega cuando se analiza el tipo penal que nos ocupa, es decir que vaya dirigida la ocupación o recepción de una cosa mediante un convenio con el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su propietario, es decir una transacción dolosa con el ánimo de receptar o de obtener un dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe sin conocer la procedencia irregular del objeto, como es el caso que nos ocupa. En estos términos el legislador se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura 218-D del Código Penal, se observa sin mayor esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que construirse desde la perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal “como acto donde se adquiera o se transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado”, consecuentemente, la adquisición a lo cual se refiere el legislador en el artículo 218-D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere un cosa robada, sino que esa adquisición debe implicar un Animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito. SEGUNDO: Véase Honorables magistrados de la Sala Penal que la sentencia recurrida se le denuncia de APLICACIÓN INDEBIDA ya que no se establece en los hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi representado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado, y que lo haya hecho con el ánimo de apoderarse del mismo o que es lo mismo, los jueces de Sentencia, no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos o subjetivos del tipo penal (sin predeterminar el fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado como ser que el acusado se hizo del vehículo con ánimo de dueño o que tenía conocimiento de que el vehículo era robado; ya que con estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de la presunción la existencia del delito sancionad; por lo que los jueces de sentencia indebidamente pretenden equiparar la adquisición de un efecto o instrumento del delito, a un apoderamiento o recepción del vehículo robado o como ellos le llaman adquisición. Aplicación que para esta defensa resulta indebida, en vista de que violenta la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia: “Cuando se alega como vicio de la sentencia Aplicación Indebida, esta Sala Penal ha establecido: “Que se origina cuando el juzgador, en el momento de aplicar la ley, aplica una proposición jurídica que no corresponde a la situación fáctica que se ha planteado...” Sentencia de fecha 12-2-2008, recaída en el recurso de Casación Penal N°190-2007. En el presente caso el delito precedente es un robo de vehículo. - entonces es prudente detenerse a analizar si la acción atribuible a mi representado es subsumible en los presupuestos del tipo establecidos para su realización dolosa o culposa; tomando como punto de partida que la definición doctrinaria de delito reconocida por nuestro ordenamiento penal es “toda acción u omisión, típica, antijurídica, culpable y punible”. Esto se pone de manifiesto en el artículo 13 de nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión y que necesariamente debe ser doloso o culposo.- En el caso subjudice habiéndose admitido por parte del Tribunal de Sentencia como una acción “manejando vehículo robado” y que lo integran a los elementos objetivos del tipo como circunstancias “sine cuan non” para derivar en la culpabilidad de mi representado por la acción realizada en el caso concreto. Este elemento subjetivo se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo a fin de considerar el dolo del sujeto activo (mi representado) en función de la acción por él realizada. El elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento subjetivo implica la voluntad o dolo de parte del sujeto activo para realizar la acción a pesar de tener el conocimiento de la restricción. A esto hay que añadir un tercer elemento como lo es la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado. Con la prueba evacuada en la audiencia de juicio oral, quedó evidenciado que mi representado desconocía la procedencia ilícita del vehículo y que por ello lo recibió mediante un contrato de prestación de servicios para trabajar en el punto de taxis cercano al cual fue detenido por los agentes de investigación. Hay que ver otro punto importante para establecer el desconocimiento de la procedencia del vehículo y esto es que mi representado fue detenido a una cuadra y media del punto de taxis, lugar al cual se dirigía para recoger pasajeros. Siendo así, el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por cuanto el agente ha querido el resultado, dicho de otra manera, cuando el autor ha tenido la intención de lesionar determinados bienes jurídicos tutelados por nuestra ley penal, conociendo y queriendo el resultado (situación está que tampoco se acreditó en juicio oral). TERCERO: De tal manera que la calificación del hecho probado debe de estar en consonancia con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo dictado no se circunscribe como verdad que mi representado haya cometido el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO a título de autor, sino que simplemente fue un poseedor de buena fe, en virtud de que fue llevado por otra persona a ese lugar para realizar un trabajo como taxista, por el cual previo al entrega del vehículo se le hizo firmar un contrato de prestación de servicios que fue evacuada a la defensa en la audiencia de juicio, esto de igual manera lo ratificó el testigo SANTOS TORIBIO MATUTE. Por ende, no hay una congruencia en los hechos considerados como probados por el tribunal y la prueba que se evacuó en el debate. El estado de inocencia es un estado inherente a la persona humana y este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.8.2), así como en nuestra Constitución de la República (art.89). Por consiguiente cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como ser la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido una infracción penal de manera dolosa y para obtener un provecho propio o para un tercero; en este caso al no haberse apreciado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada; “se debe anular el fallo dictado por el A quo por la aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal en los hechos declarados como probados en contra de mi representado. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA De lo anterior se desprende que narrada en los hechos “primero y segundo” declarados como probados por el Tribunal de Sentencia no son constitutivos del delito de Adquisición de Vehículo Robado como erróneamente se califica, en vista de no haberse acreditado en el juicio oral que mi representado conocía todos los detalles del delito antecedente, por lo que tampoco la simple sospecha de ese conocimiento. Por ello esta defensa pretende “que se anule el fallo del A-quo” y que se declare CON LUGAR el recurso de Casación interpuesto por haberse infringido una ley sustantiva.” FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación de infracción de ley, por aplicación indebida de los artículos 218-D y 289 del Código Penal. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 218 D y 289 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen Infracción por violación a la ley penal por aplicación indebida de los artículos 218-D y 289 del Código Penal. El artículo 218-D se refiere a la adquisición de vehículo con procedencia robada, hurtado o abandonado, por lo que estima incorrecto calificar los hechos como una adquisición en los términos en que se pronuncia el Tribunal de Sentencia. Con la prueba presentada por la defensa consistente en: declaración del acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez, del testigo señor Santos Toribio Matute; y la prueba documental del contrato de prestación de servicios y de Acta notarial con la que se acredita la existencia del punto de taxis, se logró establecer el desconocimiento o la falta de dolo del acusado al momento de recibir el vehículo. La adquisición debe implicar un apoderamiento y no una simple tenencia; y la calificación de posesión que califica el tribunal tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de ocupación, de dominio de la cosa robada, hurtada o abandonada y no una simple posesión. Al establecerse en este delito la conducta “...quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado...” significa que la acción de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada, dirigida la ocupación o recepción de una cosa mediante un convenio con el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su propietario, de una transacción dolosa con el ánimo de receptar o de obtener un dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe, sin conocer la procedencia irregular del objeto, como en el caso que nos ocupa. Al darse lectura 218-D del Código Penal, se observa que la adquisición a lo cual se refiere el legislador, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere cosa robada, sino una adquisición con animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito, ya que no se establece en los hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio de que el acusado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado, y que lo haya hecho con el ánimo de apoderarse del mismo. Concepto General del Recurso Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Concepto Especifico La sentencia que se impugna no indica los elementos objetivos o subjetivos del tipo penal de adquisición de vehículo robado, que sirvan para configurar su existencia, como ser que el acusado se hizo del vehículo con ánimo de dueño o que tenía conocimiento de que el vehículo era robado. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. El censor del fallo impugnado argumenta que la sentencia que se impugna incurre en motivo de casación de infracción de ley por aplicación indebida del artículo 218 D y 289 ambos del Código Penal. El artículo 218 D del Código Penal establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Por su parte el artículo 289 del Código Penal dispone: “Quien a sabiendas hiciere uso de documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad”. Y el Artículo 284 del mismo cuerpo legal que: “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) …4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos,5) …”. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar es si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche, sin que puede intentarse la revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En una fecha y hora no determinada del año dos mil nueve, la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, se conducía en su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 2014, tipo turismo, color gris, chasis 1NXBR32E94Z208316, Vin 1NXBR32E94Z208316, motor 1ZZ-5773901, placa PCK-5889 y cuando se disponía a bajarse del mismo, para ingresar a su vivienda, localizada en un barrio de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, fue interceptada por una persona del sexo masculino, quien haciendo uso de un arma de fuego, la despojó del automotor, llevándoselo con rumbo desconocido, por lo que ésta entabló la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Segundo: En una fecha no determinada el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, conociendo su procedencia irregular, obtuvo el vehículo antes descrito y el tres de septiembre de dos mil trece, a eso de las siete de la noche, cuando se conducía por la segunda avenida, tercera calle frente al Centro Comercial MAHECO, de esta ciudad, fue requerido por agentes de la Policía de Tránsito, quienes le solicitaron mostrara la documentación del vehículo, permiso de operación como taxi colectivo y licencia de conducir, de los cuales, el acusado únicamente les mostró una boleta de revisión falsa. Posteriormente, se verificó que se trataba del mismo vehículo del cual anteriormente, había sido despojada la señora Claudia Viviana Marcía Amaya, habiéndosele modificado su color original y sus placas.” Del factum de la sentencia que se impugna resulta probado que el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez conocía el origen ilícito del vehículo que conducía. En el presente caso los jueces de sentencia equiparan la adquisición a un apoderamiento o recepción del vehículo robado, en virtud de haber sido encontrado el acusado realizando la acción de ir manejando vehículo con reporte de robo. El tribunal parte de un conjunto de indicios, que analizados en su conjunto hacen suponer que el acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez sabía o debía conocer la procedencia ilícita del vehículo, como ser estar pintado de color blanco sobre la pintura original del vehículo de color gris, portar placas hechizas, portar una tarjeta de revisión falsa y con manchas, y conducir sin licencia, por lo que esta sala considera que los hechos declarados probados por el tribunal se ajustan perfectamente a lo dispuesto en el artículo 218-D del Código Penal. Asimismo, esta Sala considera que por estar debidamente probado que el acusado conducía un vehículo robado con una boleta de revisión falsa, la acción ilícita del acusado también se subsume en el artículo 284 del Código Penal, por todo lo cual se declara no ha lugar el motivo único de casación por infracción de Ley invocado por el recurrente. DECISIÓN. La Sala declara Ho Ha lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva, invocado por la Abogada Zhaira Ivonne Fletes Escalante, en su condición de defensora pública del señor Juan Carlos Ulloa Velásquez. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Juan Carlos Ulloa Velásquez una pena principal de reclusión de cuatro años (04), por haber sido encontrado responsable del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, (Art. 513.3), por ser el tipo penal que se ajusta al caso concreto, debe imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que el acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez encubrió es el delito de Robo de vehículo con violencia, realizado en fecha no determinada del año dos mil nueve, por un joven de tez blanca usando para ello un arma de fuego con la que despojó a la señora Claudia Viviana Marcia Amaya del vehículo marca Toyota, Corolla año 2004, recuperado por la policía en posesión del acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez en fecha tres de septiembre del año dos mil trece (f. 173); delito de robo con violencia que conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión (Art. 361), la cual debe ser aumentada en un tercio cuando se haga uso de armas de fuego (Art. 363.9), siendo la nueva pena abstracta de 08 años a 10 años 08 meses de prisión; pena que como se ha indicado debe ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de Encubrimiento, siendo ésta entonces de 02 años, 08 meses a 08 años de prisión. Por otra parte, al haber sido también condenado el señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, por el delito de Uso de Documento Público Falso, corresponde determinar si en este caso, le favorece al acusado la retroactividad de la ley penal. El artículo 284 del Código Penal Decreto 144-87 por el que fue condenado sanciona el delito de Uso de Documento Público Falso con una pena abstracta de 03 años a 09 años de reclusión, en virtud de que se le ha de imponer la misma pena establecida para el autor de falsedad, conforme dispone el artículo 289 de CP144-87. Por su parte, el artículo 459 del CP 130-17, sanciona al autor del delito de Uso de Documento Falso con la pena establecida para el autor del delito de Falsificación de documento público que conforme al artículo 456 establece la pena de 04 a 08 años de prisión y multa de 300 a 500 días, rebajada en un tercio, por lo que la pena sería de 02 años 08 meses a 04 años de prisión y multa de 200 a 300 días. Ambos delitos de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, con pena de 02 años 08 meses a 04 años de prisión y de Uso de Documento Público Falso en perjuicio de la Fe Pública, con pena de 02 años, 08 meses a 04 años de prisión y multa de 200 a 300 días, todo ello en concurso real de delitos. Al no concurrir circunstancias específicas agravantes corresponde sancionar al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez con la pena mínima señalada CP 130-17 para el autor de cada una de las infracciones penales. A partir de lo anterior, es posible determinar que las penas impuestas al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez conforme el CP-144-83 en concurso real son; de doce años de prisión por los delitos de Adquisición de Vehículo Robado en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, y de Uso de Documento Falso en perjuicio de la Fe Pública, que conforme al CP 130-17 se reforman en beneficio del acusado a los delitos de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, y Uso de Documento Público Falso en perjuicio de la Fe Pública, en concurso real, los que en suma ascienden a la pena concreta privativa de libertad de 05 años, 04 meses de prisión con multa de 200 días, de haber sido juzgado el acusado conforme las normas del CP-130-2017. Por tanto, por corresponderle al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez una pena privativa de libertad y una multa que corresponde con la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, la que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal, en consideración a que, si bien se le impone una multa como pena principal, esta sala considera que a falta de un estudio socio económico y dado que al momento de los hechos el acusado se dedicaba a la labor de taxista, en este caso fija el valor del día multa en el límite mínimo de veinte Lempiras (L20.00), por lo que el monto de la pena de multa impuesta al acusado Juan Carlos Ulloa Velásquez asciende a la cantidad de cuatro mil Lempiras, (L4,000.00) valor que el acusado deberá enterar a favor del Estado de Honduras en la Tesorería General de la República, en la forma que dispone la ley. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Zhaira Ivonne Fletes Escalante, en su condición de defensora pública del señor Juan Carlos Ulloa Velásquez.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, en consecuencia Reforma de oficio la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en que se condena al señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, por los delitos de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora Claudia Viviana Marcia Amaya, y Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de La Fe Pública.- Tercero: En consecuencia de lo anterior, condena al señor Juan Carlos Ulloa Velásquez, por el delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia a la pena de dos años, ocho meses de prisión; y por el delito de Uso de Documento Público Falso, en perjuicio de La Fe Pública, a la pena de a la pena de dos años, ocho meses de prisión, y a la pena de Multa de cuatro mil Lempiras, en concurso real, las que en suma ascienden a la pena concreta de la 05 años, 04 meses de prisión y multa de cuatro mil Lempiras valor que el acusado deberá enterar a favor del Estado de Honduras en la Tesorería General de la República, en la forma que dispone la ley. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia respectivo y al juez de ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento y efectos legales. - Notifíquese. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-415-2016.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

EXP 415-2016

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