Sentencia CP-413-17 — Registro 12288
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casacíón interpuesto por el MP, contra la sentencia se primera instancia que absuelve al acusado por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso es de recibo. A esta Sala de lo penal por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esta tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto de los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que si corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, esté o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que, al imputado Santos Isabel Espinoza Baires, se le dio detención en fecha 21 de noviembre de 2015, cuando la policía haciendo un patrullaje de rutina, observa a tres sujetos, quienes al verlos salieron corriendo, ingresando el señor Santos Isabel Espinoza Baires a su casa de habitación, hasta donde llegó uno de los agentes policiales en donde se le encontró el arma en el interior de dicha vivienda un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, calibre 9 mm, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba documento legal de la misma. (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor Santos Isabel Espinoza Baires, a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, calibre 9 mm 2. Que de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo en fecha 21 de noviembre de 2015, en la casa de habitación del acusado. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, es evidente que al encontrarle el arma al señor Santos Isabel Espinoza Baires en su casa de habitación sin poseer documento alguno de la misma (propiedad y permiso de portación), de la que no logró demostrarse, que el señor Espinoza Baires tuviera intención o realizara ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor Santos Isabel Espinoza Baires fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no está acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 413-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Santos Isabel Espinoza Baires, del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Se ordena la devolución del arma de fuego, tipo pistola, serie 80037496, a quien acredite ser su legítimo propietario; Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Mario Reiniery Amador, en su condición de defensor público del señor Santos Isabel Espinoza Baires, como parte recurrida. Hechos Probados: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana Crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil quince cuando agentes de la policía del sector de Santa Cruz de Yojoa, en el caserío los limonares, de la aldea la Vegona, hacían un patrullaje de rutina, observaron a tres sujetos, quienes al verlos salieron corriendo, ingresando el señor SANTOS ISABEL ESPINOZA BAIRES a su casa de habitación, hasta donde llego uno de los agentes policiales, encontrando en el interior de dicha vivienda sobre un saco de maíz un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ calibre 9mm y al no mostrar documento legal de la misma, fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” Recurso de Casación, Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Susan Molina, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: ÚNICO: “En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil quince cuando agentes de la policía del sector de Santa Cruz de Yojoa, en el caserío Los Limonares, de la aldea La Vegona, hacían un patrullaje de rutina observaron a tres sujetos, quienes al verlos salieron corriendo, ingresando el señor SANTOS ISABEL ESPINOZA BAIREZ a su casa de habitación hasta donde llegó uno de los agentes policiales, encontrando en el interior de dicha vivienda sobre un saco de maíz un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, calibre 9mm, y al no mostrar documento legal de la misma, fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente”. Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación del artículo 332- B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado SANTOS ISABEL ESPINOZA BAIREZ, participó a título de Autor en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, pues se relata, que en su casa de habitación estaba el arma de fuego tipo pistola, Marca CZ, calibre 9mm, sin la autorización correspondiente. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, específicamente en su numeral tercero donde el sentenciador, refiere: “La fecha en que ocurrieron los hechos imputados al señor Santos Isabel Espinoza Baires, ocurrieron en fecha 21 de noviembre del 2015, fecha en que se encontraba vigente el artículo 332-8 del Código Penal, luego entró en vigencia el decreto legislativo número 60-15 de fecha ocho de septiembre del año 2015, en el cual se ordena establecer un periodo de VEDA por un(1) año para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva realizar los trámites correspondientes para su registro por lo que al momento de cometerse el hecho la veda estaba vigente, derogando tácitamente el proceso penal”, Consideramos nosotros, que el decreto supra descrito “no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano por un período de tiempo establecido, pueda acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto transportando, en posesión, o almacenamiento de un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332- A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto(s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, pues el precepto en mención, no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, se tuvo como hecho probado que el enjuiciado al ver la presencia policial ingresó a su vivienda, hasta donde llegó uno de los agentes del orden, quien al solicitar la respectiva autorización para ingresar a la morada encontraron sobre unos sacos de maíz el arma de fuego tipo pistola calibre 9mm marca CZ, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva, esta que conforme el dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo; relato que no evidencia que el imputado en cuestión, tuviere la voluntad de registrar el arma de fuego que tenía en su casa de habitación, sino que más bien describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecidos en el artículo 332-B del Código Penal. En relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido “El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía a que efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras... “(Ver Amparos SCO-241-351-365 Y 378-2015/1104-14). En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación. Conforme el contexto precitado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-8 que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial” Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: I) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; II) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; III) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo…”[1]; y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:
- Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal. *Concepto de la Infracción primer motivo: Falta de Aplicación de una norma sustantiva. *Pretensión: Que se case la sentencia impugnada Establece la recurrente que la infracción denunciada se produjo cuando los hechos probados establecen que al señor Santos Isabel Espinoza Baires, se le decomisó un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, calibre 9 mm, de la que no poseía documentación requerida y dieciocho proyectiles sin percutir de calibre .22 mágnum, y al no mostrar documento legal de la misma, fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente, y en la que el juzgador de manera errónea y en contraposición al relato fáctico, respecto al tipo penal de portación ilegal de arma de fuego comercial regulada en el artículo 332-B, establece que existe una derogación tácita temporal al aplicar el decreto 63-2014 en donde se amplía por un año más el decreto 184-2013 (31 de diciembre de 2015), y estando en vigencia el decreto 60-2015 referente a la veda. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; También a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; Véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; A su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el Legislador en el área penal.- Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L5, 000.00) a diez mil (L10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior.- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: •Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; •Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; •Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: •No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o •Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. De los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014 emitidos por el Soberano Congreso Nacional. El decreto legislativo 184-2013 relata: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad…” Este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta. El Artículo 1 del Decreto Legislativo 63-2014 refiere: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre del 2013, el cual establece un período de veda por un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del Decreto referido.” El referido decreto legislativo fue publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 06 de noviembre de 2014, fecha en la que entró en vigor. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso es de recibo. A esta Sala de lo penal por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esta tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto de los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que si corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, esté o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que, al imputado Santos Isabel Espinoza Baires, se le dio detención en fecha 21 de noviembre de 2015, cuando la policía haciendo un patrullaje de rutina, observa a tres sujetos, quienes al verlos salieron corriendo, ingresando el señor Santos Isabel Espinoza Baires a su casa de habitación, hasta donde llegó uno de los agentes policiales en donde se le encontró el arma en el interior de dicha vivienda un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, calibre 9 mm, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba documento legal de la misma. (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor Santos Isabel Espinoza Baires, a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, calibre 9 mm 2. Que de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo en fecha 21 de noviembre de 2015, en la casa de habitación del acusado.
- Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, es evidente que al encontrarle el arma al señor Santos Isabel Espinoza Baires en su casa de habitación sin poseer documento alguno de la misma (propiedad y permiso de portación), de la que no logró demostrarse, que el señor Espinoza Baires tuviera intención o realizara ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor Santos Isabel Espinoza Baires fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no está acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado. decisión Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13 segundo párrafo, 140.1 del Código Penal. FALLA: Primero: Declara CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, invocado por la Abogada Susan Molina, en su condición de fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Tercero: En consecuencia CONDENA al señor Santos Isabel Espinoza Baires a la pena de cuatro años de Reclusión, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a cumplirla en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Departamento de Francisco Morazán, así como a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-413-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha 17 de enero del 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No. S.P. 248=2010