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Sentencia CP-412-16 — Registro 12287

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia que absuelve al acusado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO El recurrente alega la vulneración del Derecho de Defensa y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio del acusador público, respecto de la prueba utilizada para acreditar su pretensión acusatoria, en virtud de que el A quo declaró ilícito el registro practicado al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, encontrado con una mochila, que en su interior tenía una bolsa negra con doce bolsas plásticas transparentes con hierba seca que al ser analizadas resultó ser marihuana, a pesar de que el acta de registro fue ratificada en juicio por el Policía Preventivo Miguel Ángel Mejía Milla. El sentenciador consideró que la prueba documental, consistente en el acta de registro es prueba ilícita y todo lo que de ella se desprenda, por estimar que no es posible que al acusado se haya registrado primero en el Municipio de Santa Bárbara a las tres con cuarenta minutos de la tarde el día de los hechos y posteriormente a las tres con cincuenta y cinco minutos de la tarde, en la aldea Mezcalito del Municipio de Petoa, en el Departamento de Santa Bárbara, se haya realizado el decomiso, además que en el acta de decomiso no se establece en su encabezado el nombre y número de identidad de la persona a la que se le práctica el decomiso y no haberse llevado a cabo conforme lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal,. Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éte como el derecho de las partes procesales, en un plano de igualdad, el acusado y su abogado defensor, el fiscal en representación de intereses generales de la sociedad, y el acusador privado en los casos en que la víctima adquiera aptitud procesal, a comparecer en juicio, oponerse con eficacia a las pretensiones de la parte contraria, y a presentar pruebas a su favor. En el presente caso, el acta de Registro (folio 10) se elabora en la ciudad de Santa Bárbara, el día de los hechos a las 15:40 horas que en su contenido hace constar que el hecho ocurrió en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Santa Bárbara, acta que calza la firma del Kevin Josué Santos Guzmán, y la de los agentes de policía señores Miguel Ángel Milla y Santos García, en la cual se hace contar que al momento del registro personal al ciudadano Kevin Josué Santos Guzmán se le encontró una mochila color blanco y azul marca Barcelona conteniendo en su interior una bolsa plástica color negra misma que contenía doce envoltorios de plástico transparente con hierba seca supuesta marihuana…” Consta asimismo, el acta de Decomiso o Secuestro (folio 11) elaborado en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Municipio de Santa Bárbara, el día de los hechos, pero a las 15:55 horas, que deja en blanco los espacios de nombre e identidad y demás datos a la persona a la que se decomisan los objetos, que en su contenido hace constar entre otros detalles que los objetos decomisados son: una mochila color blanco y azul marca Barcelona conteniendo en su interior una bolsa plástica color negra misma que contenía doce envoltorios de plástico transparente con hierba seca supuesta marihuana…”, y que en su parte final calza la firma del Kevin Josué Santos Guzmán, como interesado, y la firma y sello del agente de policía señor Miguel Ángel Milla. Esta Sala considera que los defectos de forma encontrados por el juzgador de instancia, y que dieron lugar a declarar la nulidad de la prueba documental consistentes en las actas de registro practicado por los policías Miguel Ángel Milla y Santos García, al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, y de decomiso de la hierba seca marihuana de que el acusado estaba en posesión, aunque constituyen defectos de forma, no invalidan la prueba, ni son prueba ilícita, en virtud de que en ambas actas calza la firma del acusado, por lo que no debió haber ninguna duda en el juzgador respecto a la persona a quien se le practican. Aunque el acta de registro practicada al acusado es elaborada en la ciudad de Santa Bárbara y el acta de decomiso de la hierba seca marihuana en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Municipio de Santa Bárbara, lo cierto es que ambas actas son elaboradas por el Policía Miguel Ángel Milla, quien comparece a declarar a la audiencia de juicio declara que …mientras hacían un patrullaje en la Aldea de Mezcalito, vieron un sospechoso con una mochila y en una bolsa negra conteniendo hierba seca marihuana un celular y trescientos lempiras, a las 15:45 horas, junto con el Clase Santos Anael Chinchilla, él se hizo llamar Kevin, lo vieron sospechoso por donde andaba…”, con lo cual fueron ratificadas en juicio los datos de lugar, fecha, hora, y datos de identidad de la persona a quien se le practican, contenidos en las actas de registro y decomiso respectivas. hierba seca decomisada al acusado que luego del Dictamen pericial No. 2016-0501-0506-3156 resultó ser marihuana, con un peso de 36.1 gramos, cantidad que desde el punto de vista toxicológico no es una dosis considerada para consumo personal inmediato. Esta Sala concluye que al haber sido anuladas por el A quo las actas de decomiso y registro incorporadas al juicio por medio de lectura, por considerarlas pruebas ilícitas, habiendo sido ratificadas por el Policía Miguel Ángel Milla, quien las elaboró, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 311.4 del Código Procesal Penal, descarta así cualquier tipo de duda respecto a la identidad de la persona a quien se le practicó el registro, el lugar y hora de los hechos, y los objetos decomisados al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, por lo que esta Sala concluye que en el presente caso la sentencia recurrida dictada por el A Quo efectivamente ha vulnerado el Derecho de Defensa del acusador público a probar su pretensión con prueba efectiva y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP-412-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Kevin Josué Santos Guzmán, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado De Honduras; Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: Se declaró el comiso de la droga consistente en hierba seca, marihuana constante de 36.1 gramos. Son Partes: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; los Abogados José Roberto Izaguirre y Alba Regina Paniagua, en su condición de defensores públicos del señor Kevin Josué Santos Guzmán, como parte recurrida; y el Abogado David Edgardo Sabillón, en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, como parte recurrida. Hechos Probados: “ÚNICO: Que en fecha uno de septiembre de del año dos mil catorce, como a eso de las once con quince minutos de la mañana, el fiscal del Ministerio Público abogado Nery Armando Betancourt, presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado Tercero de Letras departamental de Santa Bárbara, contra el señor Kevin Josué Santos Guzmán, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.” Recurso de Casación: El recurrente Abogado Edwin Carbajal Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1 POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal

Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Derecho al Debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando el Juzgador consideró ilícito el registro practicado al señor Kevin Josué Santos Guzmán, en el cual le fue encontrado en el interior de una mochila, una bolsa negra que a su vez contenía doce bolsas plásticas transparentes con hierba seca que al ser analizadas resultó ser marihuana y cuya acta de registro fue ratificada en Juicio por Policía Preventivo Miguel Ángel Mejía Milla; el sentenciador indica que los agentes de la Policía Nacional no le hicieron la advertencia al acusado sobre la sospecha que se tenía sobre él y se le invitara o exhibiera lo que llevaba consigo, conforme a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal y por ende se contamina la prueba documental consistente en el acta de registro supra referida y todo lo que de ella se desprenda es nulo, aunado a ello cuestiona que no es posible que se haya registrado primeramente al acusado en el municipio de Santa Bárbara a las tres con cuarenta minutos de la tarde el día de los hechos y que posteriormente a las tres con cincuenta y cinco minutos de la tarde, en la aldea Mezcalito del municipio de Petoa, en el departamento de Santa Bárbara, se haya realizado el decomiso, además de que en el acta de decomiso no se establece en el encabezado de la misma el nombre y número de identidad de la persona a la que se le práctica el decomiso, para que no exista duda que es la misma persona que firma como interesado, por lo que el resultado de tales diligencias resulta contaminado como fruto del árbol envenenado. La nulidad del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Picó I. las Garantías Constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en el fallo en comento se limitó a establecer la nulidad del registro practicado al acusado en una inconsistencia, es decir que los agentes policiales si actuaron conforme a lo requerido en el Código Procesal Penal; asimismo basó en formalismos los cuestionamientos realizados al acta de decomiso respectiva. Respecto a lo anterior compareció a declarar el agente policial Miguel Ángel Milla Mejía, quien expresó que el día treinta y uno de agosto del año dos mil catorce, se encontraban en un patrullaje en la aldea Mezcalito, del municipio de Petoa, en el departamento de Santa Bárbara y como a las tres y cuarenta y cinco de la tarde, vieron a un sospechoso refiriéndose al acusado, a quien le pidieron un registro; solo andaba una mochila, en la cual se le encontró una bolsa color negro de plástico, conteniendo en su interior doce bolsitas plásticas transparentes con la supuesta marihuana, también andaba una cartera con trescientos lempiras y un celular; el Policía procedió a ratificar las actas de Registro y Decomiso, indicando que fueron hechas por él y respecto al acta de decomiso dijo que su nombre aparece consignado en la parte de abajo de la misma; de dicha declaración se desprende que se precedió a solicitar el registro al acusado, conforme a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal supra referido y respecto al cuestionamiento de que no es posible que a las tres con cuarenta y cinco minutos de la tarde se haya practicado el registro al acusado en la ciudad de Santa Bárbara y que posteriormente se realizara el decomiso a la tres con cincuenta y cinco minutos de la tarde en la aldea Mezcalito; si observamos la secuencia de las horas corresponde con la dinámica de los hechos, ya que de acuerdo a lo expresado por el agente policial Miguel Ángel Milla Mejía, la diligencia de registro fue como a las tres con cuarenta y cinco minutos de la tarde y es razonable que el decomiso sea posterior, en lo que existe discrepancia es en los lugares de las diligencias respectivas, ya que el registro se practicó en la aldea Mezcalito y el decomiso en la ciudad de Santa Bárbara; pero lo que ocurrió es un mero formalismo que no incide en la esencia de las diligencias de ejecución inmediata para la constatación del delito, contenidas en dichas actas. Por otra parte, compareció a Debate el agente policial Miguel Ángel Milla Mejía y ratificó tanto el acta de decomiso como el registro practicados al imputado, con lo cual legitima dichas diligencias, así como el cuestionamiento que también se hizo al acta de decomiso por no contar los datos generales de la persona a la que se le practicó el decomiso, en el encabezado de dicha acta, como ser el nombre y número de identidad; al respecto se hace necesario señalar que el acusado o interesado en la práctica de la diligencia de decomiso si firmó el acta respectiva y eso legitima la actuación policial, aunado a que no necesariamente va a constar el número de identidad de una persona indiciada en todas las actuaciones de ejecución inmediata, porque muchas veces los acusados no saben ese dato, sino portan su identidad, porque si la portan no existiría inconveniente al respecto o bien cuando dicho dato se obtiene por parte del investigador, al contar con el padrón fotográfico del encausado; sin embargo la circunstancia de que no consten esos datos no anula o inválida el contenido esencial de la diligencia, ya que como antes lo referimos en el caso supra indicado el acusado firmó el acta de decomiso y eso le da válidez a la misma. Sobre la práctica de Actuaciones de Ejecución Inmediata, como las supra referidas, se hace necesario señalar lo que al respecto expresó la Sala de Lo Penal, a través de fallo 354-2010; de fecha 15 de Abril del año 2013, en el que refiere lo siguiente: “Esta Sala estima que con la práctica dé las mencionadas diligencias preliminares de investigación policial, para constatar la comisión del delito, no se ha infringido el derecho de defensa de la encausada BLP., en tanto que la ley procesal permite a las autoridades de Policía y de del Ministerio Público llevar a cabo tales actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto. El artículo 203 del Código Procesal Penal en su último párrafo dispone que: “El acta será firmada por él o los Agentes de Policía de Investigación Criminal que hayan intervenido y, de ser posible por dos testigos, que preferiblemente sean vecinos del sitio en que tuvieron ocasión los hechos investigados”. La ley procesal permite que dichas actuaciones Policiales puedan practicarse aún sin la presencia de la defensa técnica del acusado. No obstante tal atribución de los entes investigativos, en los primeros momentos del delito, el derecho de defensa del acusado queda debidamente tutelado y resguardado por la legislación, al disponer que el acusado y su defensor técnico en todo caso, pueden alegar la nulidad de los actos investigativos realizados por la autoridad policial durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 167.1 del Código Procesal Penal. Esta Sala observa que las actas de reproche, efectivamente carecen de la firma de testigos, sin embargo, tal omisión no causa la nulidad o inválidez de las actas en que consta el acto investigativo, a causa de la naturaleza no indispensable, eventual o circunstancial de su intervención. La falta de firma de testigos, no es requisito esencial para la válidez del acta y basta que la misma calce la firma del Policía o del Agente de investigación a cargo de la actuación, y en su caso, la firma de la persona objeto de registro personal, si desea firmar, tal como sucede, en el caso de autos. Asimismo, esta Sala observa que tampoco el recurrente ejercitó oportunamente su derecho de defensa al no alegar la nulidad del acto procesal o impugnar la válidez de las actas de reproche, en la audiencia inicial (vid, folios 103 al 106 vuelto del proceso). Por todo ello, cualquier defecto de forma que pudieran tener las mencionadas actas, ya ha quedado debidamente subsanado por la inactividad procesal o falta de reclamo de la parte interesada. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que en el caso de autos, al valorar y fundar una sentencia condenatoria en la prueba de reproche, el Juzgador de instancia no ha infringido, el derecho de defensa, ni la garantía genérica del debido proceso...” Finalmente, al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, al declarar la ilicitud del registro practicado al encausado y las diligencias que de ella se derivan, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Normas autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación del contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de casación que en derecho corresponda. Resumen Infracción de Precepto Constitucional por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El artículo 90 de la Constitución de la República, establece que: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Se le ha vulnerado al acusador público su derecho de defensa y el debido proceso, respecto de presentar prueba para acreditar su pretensión acusatoria, debido a que el juzgador consideró ilícito el registro practicado al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, al quien se le encontró en el interior de una mochila, una bolsa negra que contenía doce bolsas plásticas transparentes con hierba seca que al ser analizadas resultó ser marihuana, acta de registro que fue ratificada en juicio por el Policía Preventivo Miguel Ángel Mejía Milla. El sentenciador indica que los agentes de la Policía Nacional no le hicieron la advertencia al acusado de la sospecha que se tenía sobre él, ni le invitan a exhibir lo que llevaba consigo, conforme lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal, por lo que considera que la prueba documental, consistente en el acta de registro está contaminada y es nula, y todo lo que de ella se desprenda, por estimar que no es posible que al acusado se haya registrado primero en el Municipio de Santa Bárbara a las tres con cuarenta minutos de la tarde el día de los hechos y posteriormente a las tres con cincuenta y cinco minutos de la tarde, en la aldea Mezcalito del Municipio de Petoa, en el Departamento de Santa Bárbara, se haya realizado el decomiso, además que en el acta de decomiso no se establece en su encabezado el nombre y número de identidad de la persona a la que se le práctica el decomiso, para que no exista duda de que es la misma persona que firma como interesado, por lo que el resultado de tales diligencias resulta contaminado como fruto del árbol envenenado. Concepto general del Recurso El Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico del Recurso La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez, en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo El recurrente alega la vulneración del Derecho de Defensa y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio del acusador público, respecto de la prueba utilizada para acreditar su pretensión acusatoria, en virtud de que el A quo declaró ilícito el registro practicado al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, encontrado con una mochila, que en su interior tenía una bolsa negra con doce bolsas plásticas transparentes con hierba seca que al ser analizadas resultó ser marihuana, a pesar de que el acta de registro fue ratificada en juicio por el Policía Preventivo Miguel Ángel Mejía Milla. El sentenciador consideró que la prueba documental, consistente en el acta de registro es prueba ilícita y todo lo que de ella se desprenda, por estimar que no es posible que al acusado se haya registrado primero en el Municipio de Santa Bárbara a las tres con cuarenta minutos de la tarde el día de los hechos y posteriormente a las tres con cincuenta y cinco minutos de la tarde, en la aldea Mezcalito del Municipio de Petoa, en el Departamento de Santa Bárbara, se haya realizado el decomiso, además que en el acta de decomiso no se establece en su encabezado el nombre y número de identidad de la persona a la que se le práctica el decomiso y no haberse llevado a cabo conforme lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal,. Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éte como el derecho de las partes procesales, en un plano de igualdad, el acusado y su abogado defensor, el fiscal en representación de intereses generales de la sociedad, y el acusador privado en los casos en que la víctima adquiera aptitud procesal, a comparecer en juicio, oponerse con eficacia a las pretensiones de la parte contraria, y a presentar pruebas a su favor. En el presente caso, el acta de Registro (folio 10) se elabora en la ciudad de Santa Bárbara, el día de los hechos a las 15:40 horas que en su contenido hace constar que el hecho ocurrió en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Santa Bárbara, acta que calza la firma del Kevin Josué Santos Guzmán, y la de los agentes de policía señores Miguel Ángel Milla y Santos García, en la cual se hace contar que al momento del registro personal al ciudadano Kevin Josué Santos Guzmán se le encontró una mochila color blanco y azul marca Barcelona conteniendo en su interior una bolsa plástica color negra misma que contenía doce envoltorios de plástico transparente con hierba seca supuesta marihuana…” Consta asimismo, el acta de Decomiso o Secuestro (folio 11) elaborado en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Municipio de Santa Bárbara, el día de los hechos, pero a las 15:55 horas, que deja en blanco los espacios de nombre e identidad y demás datos a la persona a la que se decomisan los objetos, que en su contenido hace constar entre otros detalles que los objetos decomisados son: una mochila color blanco y azul marca Barcelona conteniendo en su interior una bolsa plástica color negra misma que contenía doce envoltorios de plástico transparente con hierba seca supuesta marihuana…”, y que en su parte final calza la firma del Kevin Josué Santos Guzmán, como interesado, y la firma y sello del agente de policía señor Miguel Ángel Milla. Esta Sala considera que los defectos de forma encontrados por el juzgador de instancia, y que dieron lugar a declarar la nulidad de la prueba documental consistentes en las actas de registro practicado por los policías Miguel Ángel Milla y Santos García, al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, y de decomiso de la hierba seca marihuana de que el acusado estaba en posesión, aunque constituyen defectos de forma, no invalidan la prueba, ni son prueba ilícita, en virtud de que en ambas actas calza la firma del acusado, por lo que no debió haber ninguna duda en el juzgador respecto a la persona a quien se le practican. Aunque el acta de registro practicada al acusado es elaborada en la ciudad de Santa Bárbara y el acta de decomiso de la hierba seca marihuana en la Aldea de Mezcalito, Petoa, Municipio de Santa Bárbara, lo cierto es que ambas actas son elaboradas por el Policía Miguel Ángel Milla, quien comparece a declarar a la audiencia de juicio declara que …mientras hacían un patrullaje en la Aldea de Mezcalito, vieron un sospechoso con una mochila y en una bolsa negra conteniendo hierba seca marihuana un celular y trescientos lempiras, a las 15:45 horas, junto con el Clase Santos Anael Chinchilla, él se hizo llamar Kevin, lo vieron sospechoso por donde andaba…”, con lo cual fueron ratificadas en juicio los datos de lugar, fecha, hora, y datos de identidad de la persona a quien se le practican, contenidos en las actas de registro y decomiso respectivas. hierba seca decomisada al acusado que luego del Dictamen pericial No. 2016-0501-0506-3156 resultó ser marihuana, con un peso de 36.1 gramos, cantidad que desde el punto de vista toxicológico no es una dosis considerada para consumo personal inmediato. Esta Sala concluye que al haber sido anuladas por el A quo las actas de decomiso y registro incorporadas al juicio por medio de lectura, por considerarlas pruebas ilícitas, habiendo sido ratificadas por el Policía Miguel Ángel Milla, quien las elaboró, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 311.4 del Código Procesal Penal, descarta así cualquier tipo de duda respecto a la identidad de la persona a quien se le practicó el registro, el lugar y hora de los hechos, y los objetos decomisados al acusado Kevin Josué Santos Guzmán, por lo que esta Sala concluye que en el presente caso la sentencia recurrida dictada por el A Quo efectivamente ha vulnerado el Derecho de Defensa del acusador público a probar su pretensión con prueba efectiva y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. DECISIÓN: la Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por el Abogado Edwin Carbajal Varela, fiscal en representación del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 18 y 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Edwin Carbajal Varela, fiscal en representación del Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, la que absolvió al señor Kevin Josué Santos Guzmán, del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; Tercero: Falla: 1) Condena al señor Kevin Josué Santos Guzmán, por el delito de Facilitación de Medio de Transporte de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de seis (6) años de reclusión, la que deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional, que corresponda de conformidad con la ley; 2) Impone al señor Kevin Josué Santos Guzmán, las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; 3) Declara la responsabilidad civil del señor Kevin Josué Santos Guzmán; 4) No condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes para que ejecute la presente sentencia condenatoria impuesta al condenado. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-412-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Módulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.