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Sentencia CP-411-16 — Registro 12286

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas y Tenencia de Arma de Fuego de Uso Prohibido, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal vigente, en relación con los artículos 1 y 11 de dicho cuerpo de leyes, que textualmente dice: “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate incluidas en estas últimas la armas AK-47 en cualquiera de sus modelos será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000,00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada...” Esta Sala reitera que los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el a quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En fecha 6 de febrero del año 2014 miembros de la Policía de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima en donde se les había estacionado un vehículo automotor tipo taxi de donde se había bajado varios individuos con armas de fuego de grueso calibre. Al día siguiente varios Agentes de Investigación se hicieron presente al lugar antes indicado, no obstante al verificar la dirección se constató que se trataba de una casa ubicada en la colonia Israel Norte, observando en ese momento que Luis Enrique Ruiz Pérez venia saliendo de la casa de habitación cuyas características correspondían a las descrita en la denuncio, éste al percatarse de la presencia policial vuelve rápidamente a ingresar a la vivienda lo cual despertó sospecha a la Policía quienes se dirigieron a la casa siendo atendidos por María del Carmen ArcePavón quien les autorizo el ingreso, observando los miembros de la Policía de Investigación que varios individuos saltaron el tapiar del muro de la vivienda dándose a la fuga. SEGUNDO: Al momento de ingresar a la vivienda en donde residía Luis Enrique Ruiz y María del Carmen Arce se encontró un arma de fuego tipo fusil marca Russian modelo AKM, sin serie visible calibre 7.62x19mm, en buen estado de funcionamiento; asimismo se encontró cien envoltorios de papel periódico que contenían marihuana con un peso de 83.93 gramos, un envoltorio de papel periódico con 11.20 gramos de marihuana cuyo peso no era apto para el consumo personal inmediato.” La acción desplegada por al acusado Luis Enrique Ruiz Pérez, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Prohibido, tipificado en el artículo 332-A del Código Penal, pues El Artículo 332-A literalmente dice: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.”. Quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Luis Enrique Ruiz Pérez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al estar en posesión -para su uso- de un arma de guerra prohibida por la ley, en perfecto estado mecánico y operativo, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar las armas de fuego de guerra como lo es el fusil AK 47 no se ajusta a tales parámetros y lleva implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. El imputado fue encontrado en posesión y uso de un arma de fuego prohibida por considerarla un arma de guerra. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332-A del Código Penal de reproche, señalado como infringido, por lo que no es apreciable el motivo de casación de infracción de ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-411-2016 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Luis Enrique Ruiz Pérez, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años, más una multa de cincuenta mil lempiras; Segundo: Condenó al señor Luis Enrique Ruiz Pérez, del delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años, más una multa de cinco mil lempiras; Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: Condenó al señor Luis Enrique Ruiz Pérez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se ordenó el comiso de las evidencias detalladas en la sentencia; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Sexto: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Son Partes: La Abogada Carmen Carelia Rivera, en su condición de defensora privada del señor Luis Enrique Ruiz Pérez, como parte recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “PRIMERO: En fecha 6 de febrero del año 2014 miembros de la Policía de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima en donde se les había estacionado un vehículo automotor tipo taxi de donde se había bajado varios individuos con armas de fuego de grueso calibre. Al día siguiente varios Agentes de Investigación se hicieron presente al lugar antes indicado, no obstante al verificar la dirección se constató que se trataba de una casa ubicada en la colonia Israel Norte, observando en ese momento que Luis Enrique Ruiz Pérez venia saliendo de la casa de habitación cuyas características correspondían a las descrita en la denuncio, éste al percatarse de la presencia policial vuelve rápidamente a ingresar a la vivienda lo cual despertó sospecha a la Policía quienes se dirigieron a la casa siendo atendidos por María del Carmen Arce Pavón quien les autorizo el ingreso, observando los miembros de la Policía de Investigación que varios individuos saltaron el tapiar del muro de la vivienda dándose a la fuga. SEGUNDO: Al momento de ingresar a la vivienda en donde residía Luis Enrique Ruiz y María del Carmen Arce se encontró un arma de fuego tipo fusil marca Russian modelo AKM, sin serie visible calibre 7.62x19mm, en buen estado de funcionamiento; asimismo se encontró cien envoltorios de papel periódico que contenían marihuana con un peso de 83.93 gramos, un envoltorio de papel periódico con 11.20 gramos de marihuana cuyo peso no era apto para el consumo personal inmediato.” Recurso de Casación La recurrente Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en su condición de defensora privada del señor Luis Enrique Ruiz Pérez, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por Aplicación Indebida del artículo 332 A del Código Penal vigente; en relación con los artículos uno (1) y once (11) de dicho Cuerpo de Leyes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo considero se encuentra comprendido en el artículo trescientos sesenta (360) del C6digo Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo trescientos treinta y dos A (332A) del Código Penal Vigente, que fuera aplicado en la sentencia de mérito, establece literalmente: “FABRICACIÓN Y TRÁFICO DE MATERIAL DE GUERRA ARMAS Y MUNICIONES, La persona no autorizada que fabrique, almacene , transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate incluidas en estas últimas la armas AK-47 en cualquiera de sus modelos será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000,00 ) a diez mil (L.10,000.00) lempiras por cada arma incautada...” Véase bien, que en dicho precepto no se menciona a la persona que sea sorprendida con la TENENCIA de arma de uso prohibido. Sin embargo, en la sentencia impugnada, en el hecho probado SEGUNDO se dice, entre otro a lo siguiente: “…SEGUNDO: Al momento de ingresar a la vivienda donde residía Luis Enrique Ruíz Pérez y María del Carmen Arco, se encontró un arma de fuego tipo fusil, marca Russian, Modelo AKM, sin serie visible, calibre 7,62 x 19 mm en buen estado de funcionamiento...” en la Valoración Jurídica que de los hechos hace el Tribunal Sentenciador, bajo numeral SEXTO, señala: “La acción del acusado LUIS ENRIQUE RUÍZ PÉREZ de poseer; (el subrayado es nuestro) de forma mediata un arma de fuego tipo fusil, marca Russian, modelo AKM.... sin lugar a dudas es transgresor de la normativa jurídica invocada por el Ministerio Público, resultando con ello la comisión de un ilícito de Portación ilegal de Arma Prohibida, el cual tiene aparejada una pena abstracta de……” Aquí vemos que ya el Tribunal impugnado no se refiere a Tenencia, antes bien, a Portación de arma prohibida, igual, en el artículo 332 A, no encontramos que se pene la Portaci6n, no la menciona gramaticalmente. En cambio, en el susodicho artículo, en el siguiente párrafo, 332 B, sí se habla de la tenencia, bajo la denominación de POSEER, que, entendemos es lo mismo que TENER o TENENCIA; empero, se refiere a las armas comerciales; que no es éste el caso. Para culminar el Tribunal su desacierto al denominar la acción cometida por el imputado como de TENENCIA, ya no Portación como lo dijo en otra ocasión de ARMA PROHIBIDA; creando con ello, ya no digamos una confusión en cuanto al verdadero delito perseguido, sino la creación de una figura delictiva, saliéndose de su esfera de su atribución e invadiendo la del legislador. Tal y como consta en la parte resolutiva. El artículo uno (1) del Código Penal vigente, estípula: Artículo 1.- Nadie ser penado por infracciones que no esté determinada en una Ley anterior a la perpetración de un delito. Y el artículo once (11) de dicho Cuerpo de Leyes, asimismo señala Las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas”. Luego, los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; y no se podrá dar a la ley otro significado más que el que se deriva de sus propios términos, según la ley civil. Resumiendo: el fallo impugnado es violatorio por aplicación indebida del artículo 332 A del Código Penal, que, en ningún momento pena la TENENCIA de Arma de Fuego de uso prohibido; ya que el imputado, al registro personal, incluso, no fue despojado de ninguna arma, tampoco la portaba, mucho menos la usaba. El vicio que da fundamento a la Infracción de Ley o de Doctrina Legal señalado fue cometido en el acto mismo de la sentencia, por lo cual no había sido posible pedir su subsanación con anterioridad. ALCANCE DE LA PETICIÓN DE LA RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pido: Declarar HA LUGAR el Motivo de Casación expuesto, se ANULE la sentencia recurrida y se absuelva de toda responsabilidad al encausado.” CASACIÓN POR QUEDRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO: ÚNICO: La sentencia recurrida se basó en elementos probatorios incorporados al juicio en violación a las normas contenidas en el Título IV, Libro Segundo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral dos (2) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: I. En el Hecho Probado SEGUNDO del fallo impugnado, el Tribunal dice en su parte conducente: “SEGUNDO… A1 momento de ingresar a la vivienda se encontró cien envoltorios de papel periódico que contenían marihuana con un peso de 83.93 gramos, un envoltorio de papel periódico con un peso de 11.20 gramos que contenía marihuana, cuyo peso no era apto para el consumo personal inmediato…” II. Bajo el Numeral TERCERO de la VALORACIÓN DE LA PRUEBA, el Tribunal acepta que se evacuó mediante lectura autorizada SIN RATIFICACIÓN el Dictamen Toxicol6gico 20l4-0801-0506-ll85, que corre a folios 29 y 30 donde se da fe que la hierba recibida como evidencia corresponde a la droga conocida como cannabis sativa o marihuana; y que por la cantidad decomisada se considera que no es compatible para consumo personal inmediato. III. El Tribunal impugnado consideró que por tratarse de una prueba científica resulta objetiva y merece toda la credibilidad para ser toma da como prueba incriminatoria contra el imputado Luis Enrique Ruíz Pérez. IV. Bajo el renglón FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, el Tribunal en su numeral TERCERO: expresa que el señor Luis Enrique Ruíz Pérez ha incurrido en el delito de Facilitar el Local donde habitaba, para el Tráfico Ilícito de Drogas; y que tal conducta debe sancionarse al tenor de lo que manda el artículo veintidós (22) de la Ley Especial, en este caso la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas; como así lo hizo ver en su parte resolutiva al imponer a mi defendido la pena de Seis Años de Reclusión y Multa de Cincuenta Mil Lempiras por el delito de FACILITACIÓN DEL LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. V. Se impugna la sentencia porque el dictamen Toxicológico no fue ratificado en la audiencia de debate por la perito Gloria Edelsa Moreno, tal y como era menester; no se justifica en manera alguna por el ente acusador la incomparecencia de tal perito; oír ende tal comisión acarrea nulidad y constituye un vicio procedimental por Quebrantamiento de Forma; ya que el artículo 311 No. 2, es claro y contundente cuando dice: “Artículo 311. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio, por lectura que hará el Secretario: l... 2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. En este caso, la perito expresada, no justificó su inasistencia al debate, para ratificar el acta levantada, como dijimos no se justificó tal incomparecencia y creó un vacío en la tramitación del juicio; el cual solamente se subsana anulando la sentencia por tal vicio procedimental. Esta defensa, en su oportunidad se opuso a la evacuación de tal medio probatorio, el cual fue desestimado por el Tribunal impugnado.” Recurso de Casación por Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332 A del Código Penal vigente; en relación con los artículos uno (1) y once (11) de dicho cuerpo de leyes. Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 332 A del Código Penal vigente; en relación con los artículos uno (1) y once (11) de dicho Cuerpo de Leyes. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Motivo Único. Resumen Infracción por Aplicación Indebida del artículo 332 A del Código Penal vigente, en relación con los artículos 1 y 11 de dicho cuerpo de leyes. El artículo 332 A del Código Penal aplicado en la sentencia de mérito, establece literalmente: “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene , transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate incluidas en estas últimas la armas AK-47 en cualquiera de sus modelos será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000,00 ) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada...” En dicho precepto no se menciona a la persona que sea sorprendida con la tenencia de arma de uso prohibido. Sin embargo, en la sentencia impugnada, en el hecho probado segundo se dice, entre otro lo siguiente: “…SEGUNDO: Al momento de ingresar a la vivienda donde residía Luis Enrique Ruíz Pérez y María del Carmen Arco, se encontró un arma de fuego tipo fusil, marca Russian, Modelo AKM, sin serie visible, calibre 7,62 x 19 mm en buen estado de funcionamiento...” en la Valoración Jurídica que de los hechos hace el tribunal sentenciador, bajo numeral sexto, señala: “La acción del acusado LUIS ENRIQUE RUÍZ PÉREZ de poseer; (el subrayado es nuestro) de forma mediata un arma de fuego tipo fusil, marca Russian, modelo AKM.... sin lugar a dudas es transgresor de la normativa jurídica invocada por el Ministerio Público, resultando con ello la comisión de un ilícito de Portación ilegal de Arma Prohibida, el cual tiene aparejada una pena abstracta de……” Vemos que ya el tribunal impugnado no se refiere a tenencia, antes bien, a portación de arma prohibida, igual, en el artículo 332-A no encontramos que se penalice la portación, no la menciona gramaticalmente. Culmina el tribunal su desacierto al denominar la acción cometida por el imputado como de tenencia, ya no portación de arma prohibida; creando con ello, ya no digamos una confusión en cuanto al verdadero delito perseguido, sino la creación de una figura delictiva, saliéndose de su esfera de su atribución e invadiendo la del legislador. Concluye que el fallo impugnado es violatorio por aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, ya que, en ningún momento se pena la tenencia de arma de fuego de uso prohibido; y el imputado, al registro personal, no fue despojado de ninguna arma, tampoco la portaba, y menos la usaba. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el tribunal de casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los tribunales de sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al tribunal de casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo con lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas que deban aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico El Tribunal impugnado no se refiere a tenencia, antes bien, a portación de arma prohibida, igual, en el artículo 332-A, no encontramos que se pene la portación, no la menciona gramaticalmente. Culmina el tribunal su desacierto al denominar la acción cometida por el imputado como de tenencia, ya no portación como lo dijo en otra ocasión de arma prohibida; creando con ello, ya no digamos una confusión en cuanto al verdadero delito perseguido, sino la creación de una figura delictiva, saliéndose de la esfera de su atribución e invadiendo la del legislador. Concluye que el fallo impugnado es violatorio por aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, ya que, en ningún momento pena la tenencia de arma de fuego de uso prohibido; y el imputado, al registro personal, no fue despojado, tampoco la portaba, ni usaba ninguna arma de fuego. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal vigente, en relación con los artículos 1 y 11 de dicho cuerpo de leyes, que textualmente dice: “Fabricación y Tráfico de Material de Guerra Armas y Municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate incluidas en estas últimas la armas AK-47 en cualquiera de sus modelos será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000,00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada...” Esta Sala reitera que los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el a quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “PRIMERO: En fecha 6 de febrero del año 2014 miembros de la Policía de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima en donde se les había estacionado un vehículo automotor tipo taxi de donde se había bajado varios individuos con armas de fuego de grueso calibre. Al día siguiente varios Agentes de Investigación se hicieron presente al lugar antes indicado, no obstante al verificar la dirección se constató que se trataba de una casa ubicada en la colonia Israel Norte, observando en ese momento que Luis Enrique Ruiz Pérez venia saliendo de la casa de habitación cuyas características correspondían a las descrita en la denuncio, éste al percatarse de la presencia policial vuelve rápidamente a ingresar a la vivienda lo cual despertó sospecha a la Policía quienes se dirigieron a la casa siendo atendidos por María del Carmen Arce Pavón quien les autorizo el ingreso, observando los miembros de la Policía de Investigación que varios individuos saltaron el tapiar del muro de la vivienda dándose a la fuga. SEGUNDO: Al momento de ingresar a la vivienda en donde residía Luis Enrique Ruiz y María del Carmen Arce se encontró un arma de fuego tipo fusil marca Russian modelo AKM, sin serie visible calibre 7.62x19mm, en buen estado de funcionamiento; asimismo se encontró cien envoltorios de papel periódico que contenían marihuana con un peso de 83.93 gramos, un envoltorio de papel periódico con 11.20 gramos de marihuana cuyo peso no era apto para el consumo personal inmediato.” La acción desplegada por al acusado Luis Enrique Ruiz Pérez, se subsume perfectamente en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Prohibido, tipificado en el artículo 332-A del Código Penal, pues El Artículo 332-A literalmente dice: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5,000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.”. Quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Luis Enrique Ruiz Pérez, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al estar en posesión -para su uso- de un arma de guerra prohibida por la ley, en perfecto estado mecánico y operativo, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar las armas de fuego de guerra como lo es el fusil AK 47 no se ajusta a tales parámetros y lleva implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. El imputado fue encontrado en posesión y uso de un arma de fuego prohibida por considerarla un arma de guerra. Por lo anterior, esta Sala concluye que los hechos declarados probados se ajustan a los elementos objetivos y subjetivos exigidos por artículo 332-A del Código Penal de reproche, señalado como infringido, por lo que no es apreciable el motivo de casación de infracción de ley. Casación por Quebrantamiento de forma. La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Único Motivo: Normas autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen La sentencia recurrida se basó en elementos probatorios incorporados al juicio en violación a las normas contenidas en el Título IV, Libro Segundo del Código Procesal Penal. En el hecho probado segundo del fallo impugnado, el tribunal dice en su parte conducente: “SEGUNDO… A1 momento de ingresar a la vivienda se encontró cien envoltorios de papel periódico que contenían marihuana con un peso de 83.93 gramos, un envoltorio de papel periódico con un peso de 11.20 gramos que contenía marihuana, cuyo peso no era apto para el consumo personal inmediato…” En el numeral tercero de la valoración de la prueba, el Tribunal acepta que se evacuó mediante lectura autorizada sin ratificación el Dictamen Toxicológico 20l4-0801-0506-ll85, que corre a folios 29 y 30 donde se da fe de que la hierba recibida como evidencia corresponde a la droga conocida como cannabis sativa o marihuana; y que por la cantidad decomisada se considera que no es compatible para consumo personal inmediato. El tribunal impugnado consideró que por tratarse de una prueba científica resulta objetiva y merece toda la credibilidad para ser tomada como prueba incriminatoria contra el imputado Luis Enrique Ruíz Pérez. Bajo el renglón Fundamentación Jurídica, el tribunal en su numeral tercero expresa que el señor Luis Enrique Ruíz Pérez ha incurrido en el delito de facilitar el local donde habitaba, para el Tráfico Ilícito de Drogas; y que tal conducta debe sancionarse al tenor de lo que manda el artículo veintidós (22) de la Ley Especial, en este caso la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. El dictamen Toxicológico no fue ratificado en la audiencia de debate por la Perito Gloria Edelsa Moreno, tal y como era menester; no se justifica en manera alguna por el ente acusador la incomparecencia de tal perito; oír por ende tal comisión acarrea nulidad y constituye un vicio procedimental por Quebrantamiento de Forma ya que el artículo 311. 2, dice: “Artículo 311. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio, por lectura que hará el secretario: l... 2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral” y en este caso, la perito expresada, no justificó su inasistencia al debate. vicio que se subsana solamente anulando la sentencia impugnada. Concepto General del recurso “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se base en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo; o b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. a) Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción del precepto constitucional, específicamente cuando se invoque la conculcación de la presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral. b) Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y en otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[1] Concepto específico: El dictamen toxicológico no fue ratificado en la audiencia de debate por la Perito Gloria Edelsa Moreno, tal y como era menester; no se justifica en manera alguna por el ente acusador la incomparecencia de tal perito; oír por ende tal comisión acarrea nulidad y constituye un vicio procedimental por Quebrantamiento de Forma ya que el artículo 311. 2, dice: “Artículo 311. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio, por lectura que hará el Secretario: l... 2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral” y en este caso, la perito expresada, no justificó su inasistencia al debate. Vicio que se subsana solamente anulando la sentencia impugnada. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que la resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que el dictamen Toxicológico no fue ratificado en la audiencia de debate por la Perito Gloria Edelsa Moreno, tal y como era menester, por la incomparecencia de la Perito, lo que acarrea nulidad y un vicio procedimental por Quebrantamiento de Forma, dado que el artículo 311.2, dice: “Artículo 311. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio, por lectura que hará el Secretario: l... 2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. En este caso, la Perito no justificó su inasistencia al debate, vicio que produce la nulidad de la sentencia impugnada. Esta Sala considera que, en el presente caso, si bien no ha sido evacuado el medio de prueba de dictamen Toxicológico como medio de prueba pericial, sino como medio de prueba documental, sin ratificación de la Perito Gloria Edelsa Moreno, ha sucedido a petición fundada del agente del Ministerio Público, conforme lo dispone el Art. 311.2 del Código Procesal Penal, dada la falta de comparecencia de la Perito en la Sala de juicio, siendo evacuado mediante lectura autorizada. Tal actuación del tribunal no infringe el derecho de defensa del acusado Luis Enrique Ruíz Pérez, en virtud de tener conocimiento la defensa, del contenido del mencionado Dictamen por estar anexo a las actuaciones, y por haber consentido tácitamente a su evacuación por exhibición al no constar en el acta de debate (folio 142 frente y vuelto del proceso) que se haya interpuesto recurso de reposición, ni hecho la respectiva reserva de casación por quebrantamiento de forma contra la resolución del juzgador. Por lo anterior, esta Sala considera que la evacuación por medio de lectura del mencionado Dictamen Toxicológico como prueba documental, y valoración para con ella y el resto de medios de prueba agregados al juicio, no es causa de nulidad ni invalida las actuaciones, tampoco es prueba ilegalmente incorporada a juicio, por las razones expuestas. DECISIÓN: la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley sustantiva y el motivo único de casación por quebrantamiento de forma, invocados por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 362.2 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustantiva, y el motivo único de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, en su condición de defensora privada del señor Luis Enrique Ruiz Pérez, en la causa en que se le condenó por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, y por el delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-411-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 119 y 120.,