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Sentencia CP-410-17 — Registro 13254

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley penal (Ley decreto N. 130-2017).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. El Recurso No es de Recibo. Examina este Tribunal de Casación los argumentos del recurrente, que considera violentada la garantía a la presunción de inocencia, puesto que según su criterio el sentenciador se ha visto influenciado por la tesis acusatoria, que se ha valido de una sola declaración como único sustento para reunir los requisitos del tipo penal Trafico de Drogas y condenar con una pena tan gravosa, imponiendo una concatenación de medios de prueba en perjuicio de los imputados, y haciendo caso omiso a la prueba aportada por la defensa, que es una flagrante violación al Derecho de Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico, en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación otros dichos o medios que comprueben la no participación en este ilícito. Según la valoración, el Tribunal no encuentra las razones que le impidan darle credibilidad y valor probatorio al testigo policía Yestin Omar Pérez, y todos los documentos de cargo, el Policía Pérez no se equivocó en sus apreciaciones, al afirmar que los acusados Sandy Saraí, Osman Omar y Luis Enrique realizaban en la vía pública denominada Paseo Kennedy ubicado en la Colonia del mismo nombre, actos de comercio, que era verdadera transacción de tipo ilícita de droga; que el dictamen emitido por el Laboratorio Toxicológico de Medicina Forense, y ratificado por la perito Karla Medina, ha establecido sin lugar a dudas que la hierba seca es marihuana, la cantidad decomisada 294.10 gramos, no compatible para la dosis de consumo personal. Y las piedras de Crack se trata de cocaína; la cantidad decomisada de 0.59 de cocaína crack es compatible como consumo personal inmediato, que dicho análisis fue realizado por un perito oficial del Ministerio Público, con la experticia y capacidad profesional requeridas en la realización de este tipo de análisis que se hizo en un laboratorio dotado del equipo e insumos requeridos para el examen de la evidencia siguiendo un protocolo de análisis y finalmente el perito está apartado del conocimiento del asunto, razones por las que se da credibilidad al dictamen. No queda duda a este Tribunal que este análisis resulta eficaz para determinar de forma científica que la acusada Sandi Saray tenía en su poder la droga que le fue entregada por los acusados Osman Edgardo y Luis Enrique a cambio de pago en de dinero en efectivo, lo que corrobora lo dicho por el testigo de cargo que indica que se realizó un intercambio entre los tres acusados consistentes en una bolsa negra que en su interior contenía la droga encontrada en su habitación esta fue recibida por la señora Sandy Saraí; que al registro del vehículo, automóvil con las características antes enumeradas en cuyo interior se encontró la evidencia consistente la cantidad de trece mil veinte lempiras en diferentes denominaciones, contenidos en una bolsa de color rojo, que el acta de levantamiento o recolección de indicios realizada en el interior del automóvil ya descrito donde se establece que en medio del piloto y copiloto se encontró una bolsa color rojo con trece mil veinte lempiras en su interior, en billetes de diferentes denominaciones. Por tanto, considera que con estas pruebas se ha acreditado la forma en que se dio detención a los acusados Sandy Saraí Lopez Ramírez, Osman Edgardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix, los que tenían en su poder la marihuana, las piedras cocaína crack cantidad para uso personal inmediato, y el dinero, producto de la transacción comercial que realizaron en conjunto los tres acusados. Sobre esa base, todos estos medios de prueba merecen credibilidad y valor probatorio. Se procede a examinar la prueba de cargo que indica: En cuanto a la declaración de Yestin Omar Perez Corrales, con identidad número 0609-1995-00521, policía militar, se extrae de su declaración que: “El día 30 de junio del 2015 a eso de las dos y media íbamos pasando por el Pasco Kennedy y observamos a dos muchachos y una muchacha que estaban como platicando intercambiando bolsas y en eso cuando miraron nuestra presencia, los dos muchacho cogieron para el vehículo y la muchacha se fue para su vivienda y cuando nosotros seguimos a la muchacha llamamos a patrulla cercana apostada en un retén en la salida y que iba un vehículo sospechoso con dos muchachos que se dieron a la fuga. Cuando nosotros seguimos a la muchacha y ella abre la puerta, ella tira una bolsa color negra sobre la cama y cuando le dijimos que nos permitiera un registro salió una muchacha diciendo que ella era la dueña del lugar y que la muchacha Sandy alquilaba. Cuando nos hablaron los compañeros que ya tenían el vehículo dejé a mi compañero con la muchacha y yo me dirigí al vehículo que habían detenido los compañeros sobre el retén que habían montado en eso a ellos se les encontró una bolsa color roja conteniendo trece mil veinte lempiras y cuando le pasaron la revisión a la muchacha en la vivienda, en la bolsa de color negro se encontró 98 carrucos de marihuana y cinco paquetes de piedra, cuando iba en la colonia Kennedy me acompañaba el compañero Nicolás Benítez, nos transportábamos en una motocicleta observamos al pasar por el lugar que los Imputados estaban platicando e intercambiando bolsas, las intercambiaban la muchacha con un muchacho chino chaparro. El muchacho le entregó a la muchacha una bolsa negra a la muchacha y la muchacha le entrego una bolsa roja al muchacho. Se determinó sospechosa esa entrega de bolsas porque al momento que ellos iban intercambiando bolsas y vieron la presencia de nosotros salieron corriendo asustados, los muchachos hacia el carro y la muchacha hacia su vivienda. El carro de los Jóvenes estaba a dos metros, la muchacha se dirigió enfrente de donde estaban ellos, a su vivienda. La vivienda de ella era una cuartería de dos plantas, color amarillo, el cuarto de ella estaba al seguir unas gradas, en la segunda planta. A la muchacha nos dirigimos los dos, porque mi compañero andaba la motocicleta y yo me dirigí sobre ella. Al ingresar al Cuarto de la Imputada, observamos que la muchacha había tirado una bolsa negra sobre la Cama. Llegando ahí le solicitamos un registro y cogimos la bolsa donde se le encontró la marihuana. Al llegar nosotros a la vivienda de la muchacha, hablamos a los compañeros por radio para que montaran un retén y que detuvieran un vehículo Mazda, PDU3768, color blanco y negro y cuando nos hablaron los compañeros ya tenían el vehículo. Cuando supe que habían detenido a los varones, le dije a mi compañero que se quedara con la muchacha y yo me fui a donde habían detenido a los muchachos quienes estaban por la salida de la roja que Kennedy por BAC BAMER, les hicimos un registro y entre ellos había una bolsa contenía trece mil veinte lempiras. La evidencia estaba en medio de los muchachos, dentro del vehículo. Cuando miramos a los muchachos haciendo el intercambio solo estaban los tres ahí. Cuando estábamos en el cuarto de la Imputada a ella la acompaña otra muchacha que tenía a un niño a niña., a estas personas que intercambiaban las bolsas las observé a unos ochenta metros. De ese lugar a donde se encontró la droga hay una distancia de veinte metros. Del lugar en que se encontró la droga a donde se detuvieron a los muchachos hay una distancia de ciento veinte metros. Primero estuve donde de la muchacha, luego dejé a mi compañero con la muchacha y de ahí me fui a donde detuvieron a los muchachos, y tarde cinco minutos en llegar ahí, eran como las dos y media. - Estas personas cuando nos miraron se pusieron como nerviosos y cada quien agarró su lugar: los muchachos sobre su carro y la muchacha dentro de su vivienda. Las personas que salieron en el carro salieron a velocidad rápida. Decidimos ir primero de la mujer y no de las personas que salieron en el vehículo, ya que ellos iban en vehículo y nosotros en motocicleta. Los muchachos del vehículo estaban a una distancia de un metro. Yo iba en la parte de atrás de la moto, iba de copiloto, el intercambio consistió en que la muchacha le entrega la bolsa roja al muchacho chino y ese muchacho le entrega una bolsa negra a la muchacha.” En cuanto al Dictamen Toxicológico N° 05533 Laboratorio Químico Toxicológico, (f.49) del expediente de mérito, establece: “El perito concluye que, la hierba seca es marihuana, la cantidad decomisada son 294 gramos sería un poco más de media libra, la piedra de crack se trata de cocaína, siendo 0.5g, La marihuana se consume tomada en cigarrillos y también puede oral, generalmente es fumada, con la cantidad decomisada siendo que un cigarrillo normal pesa 0.2 a 0.4 gramos, voy a tomar el más grandecito que sería de U.4 gramos y tengo 294.1 entre 0.4, se podrían sacar 755 cigarrillos. La dosis toxicológica cinco gramos”; Según el acta de decomiso o secuestro de objetos: “un vehículo. (F.43). En el lugar denominado Colonia Kennedy, Francisco Morazán, a las 15:00hrs, del día martes 30 de junio de 2015, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; se le decomiso los objetos al señor Osman Eduardo Vallecillo Castro, N° de identidad 0801 1992 15691, de Tegucigalpa, residen en colonia Flor No.2, se le decomiso lo siguiente: 1 Vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda con placa número PDU3768.” Acta de Registro de Vehículo. (F.44). “En la ciudad de Tegucigalpa, a las 15:00 horas, del día martes 30 de junio 2015. los investigadores al PMOP, hacen constar que se realizó una denuncia, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la salud del estado de Honduras, ocurrido en Colonia Kennedy; se procedió a realizar un registro de vehículo al señor Osman Eduardo Vallecillo Castro con identidad 0801 1992 15691, de Tegucigalpa, residen en colonia Flor No.2, Comayagüela; Resultando lo siguiente: Un vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda, con placa número PDU3768, se encontró exactamente en medio del asiento del copiloto y el piloto una bolsa de plástico color roja, la cual contenía en su interior la cantidad de L.13.020.00 (trece mil veinte lempiras), de diferentes denominaciones. Terminando a las 15:10hrs, del día martes 30 de junio 2015”; Asimismo el acta de levantamiento o recolección de indicios. (F.45). (F5). “En la ciudad de Tegucigalpa, al 30 de junio del 2015, a las 2:30 horas, en Colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; se procedió a levantar los siguientes indicios: En medio del piloto y copiloto se encontró una bolsa de plástico color roja la cantidad de trece mil veinte lempiras (L.13.020.00), en billetes de diferentes denominaciones. Vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda, con placa número PDU3768.” De la misma forma el acta de convalidación de allanamiento; de fecha 30 de junio del 2015 (F. 5); “En fecha 15 de Junio de 2015, a las 2:30 horas, en Colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; presente en el cuarto de la señora Sandy Saraí López Ramírez, No. de identidad 0601 1981 25702, reside en colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, 10 metros a la orilla de calle principal, vivienda de dos plantas, arriba una cuartería, ingresaron por gradas, a la parte de arriba, ingresando solamente a la habitación de la ciudadana Sandi Saraí Lopez Ramirez con tarjeta de identidad No. 0601 1981 25702, inquilina de la vivienda, construida de material, pintada color amarillo, realizando allanamiento en flagrancia, llegaron fueron atendidas por la inquilina, la que se identificó con el nombre de Sandi Saraí Lopez Ramírez, se le dijo que se le realizar registro a la vivienda, consta de una sola habitación, se observa una cama matrimonial, un televisor, un baño dentro del cuarto, se pudo observar sobre la cama matrimonial una bolsa de plástico color negra, se observó al levantarla y abrirla 98 envoltorios de papel periódico conteniendo cada uno en su interior hierba seca supuesta droga,(marihuana), 5 empaques de plástico transparente y gris conteniendo en su interior cada uno de ellos una piedra, supuesta droga (crack), se continuo la inspección y registro, no se encontró nada más ilícito. Al preguntarle a la inquilina por la evidencia dijo que no era de ella, sin decir de quien era la evidencia, se le dio detención a las 15:00 horas. Se dio por terminada la diligencia, haciendo el levantamiento de dicha evidencia el técnico de inspecciones Oculares Cristian Leonardo Cano. El día martes 30 de junio de 2015, a las 15:00 horas.” Esta Sala de lo Penal disiente totalmente con el censor, puesto que existe en la sentencia recurrida suficiente prueba que acredita la intencionalidad o el dolo de los imputados al ser decomisada a la acusada Sandy Saraí López Martínez, la cantidad de 294.10 gramos de marihuana dispuesta en 98 envoltorios de papel periódico y cinco depósitos de blíster de cocaína crack con un peso de 0.5 gramos, y el dinero decomisado a los acusados Osman Vallecillo castro y Luis Enrique Ortega López, que suma la cantidad de trece mil veinte lempiras (L.13,020.00), pudiéndose constatar que en fecha 30 de junio del 2015, los acusados se encontraban reunidos en virtud que estaban realizando una transacción de la que se deduce una compra y venta de droga, entregándole los acusados Osman Vallecillo y Luis Ortega, la droga que le fue incautada a la acusada Sandi López, y está a cambio les hizo entrega de la cantidad de dinero decomisado, observando estas acciones el testigo Yestin Perez, cuya declaración es reforzada con el acta de inspección ocular y levantamiento de indicios (f.33), acta de decomiso o secuestro de objetos (43), acta de registro de vehículo (f.44), acta de levantamiento o recolección de indicios (f.45), dictamen toxicológico N° 05533 ( f.49) y la evidencia presentada. Observándose a los acusados de esta manera en actividades propias de comercio con la droga incautada, los indicios encontrados dan pie para llegar a la conclusión que los señores Osman Eduardo Vallecillo, Luis Enrique Ortega y Sandy Saraí Lopez, se dedican al tráfico ilícito de sustancias prohibidas (drogas). Por todas estas circunstancias es procedente desestimar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Raimundo Velásquez, en su condición de Defensor Público de los señores Sandy Sarai Lopez, Osman Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017.

A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.

Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-410-2017 por, Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Osman Eduardo Vallecillo Castro, como autor del delito de Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión más una multa de un millón de lempiras; Segundo: Condenó al señor Luis Enrique Ortega Calix, como autor del delito de Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión más una multa de un millón de lempiras; Tercero: Condenó a la señora Sandy Saraí López Ramírez, como autora del delito de Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión más una multa de un millón de lempiras; Cuarto: Condenó a los señores Osman Eduardo Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramírez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Quinto: Ordenó la destrucción de a) Noventa y ocho envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana, con un peso de 294.10 gramos y b) Cinco piedras de cocaína crack, con un peso de 0.5 gramos, asimismo se ordenó el comiso de trece mil veinte lempiras en billetes de diferentes denominaciones, siendo las siguientes: a) 23 billetes de quinientos lempiras, b) 2 billetes de cien lempiras, c) 8 billetes de cincuenta lempiras, d) 26 billetes de veinte lempiras, e) 34 billetes de diez lempiras, f) 9 billetes de cinco lempiras, g) 1 billete de dos lempiras y h) 13 billetes de un lempira; Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Osman Eduardo Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramírez; Séptimo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Osman Eduardo Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramírez.

SON PARTES: Los abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos de los señores Osman Eduardo Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramírez, como parte recurrente y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida y la abogada Francis López, en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República. HECHOS PROBADOS: “Primero: En fecha 30 de junio del 2015 siendo las dos y media de la tarde policías militares que hacían un patrullaje de rutina en la zona comercial de la Colonia Kennedy de la ciudad de Tegucigalpa, de este Distrito Central; se percataron de la presencia de tres personas: Sandy Saraí Lopez Martínez Ramírez, Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix quienes al ver la presencia de los agentes policiales procedieron a salir en veloz carrera. Sandy se dirigió a su casa de habitación que se encontraba cerca del lugar de los hechos, y los señores Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix se subieron a un vehículo turismo, marca Mazda, color blanco, placa PDU 3768, huyendo del lugar. Segundo: Seguidamente los agentes policiales al observar esta situación ingresaron a la casa de habitación de la señora Sandy Saraí, encontrando sobre la cama de la habitación de ella una bolsa de color negro que tenía 294 gramos de marihuana; consecuentemente de manera inmediata mediante un retén se detuvo el vehículo con las características antes mencionadas que lo conducía el señor Osman Edgardo Vallecillo y Luis Enrique Ortega, encontrando en el interior del mismo al lado de Osman y Luis una bolsa plástica de color rojo que en su interior contenía la cantidad de trece mil veinte lempiras (L.13,020.00) en billetes de diferente denominación.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos “El recurrente abogado Raimundo Velásquez, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: exposición del motivo de casación. Motivo único: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo La norma Constitucional que invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. Primero: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo Juicio Justo y apegado a derecho, que se examine todos los elementos que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado. En el caso de marras el sentenciador se ha visto influenciado por la tesis acusatoria que se ha valido de una sola declaración como único sustento para reunir los requisitos del tipo penal Trafico de Drogas y condenar a mis representados con una pena tan gravosa, imponiendo una concatenación de medios de prueba en perjuicio de los imputados, haciendo caso omiso a la prueba aportada por esta Defensa es una flagrante violación al Derecho De Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación otros dichos o medios que comprueben la no participación de mis poderdante en este ilícito, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias e investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mis representados Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix, o que sindiquen la concurrencia de un tipo penal menos gravoso para Sandy Saraí Lopez Martinez, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Segundo: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mis patrocinados, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo Yestin Omar Perez Corrales, que manifiesta haber visto a una distancia de unos ochenta metros un intercambio de bolsas entre mis representados, además depone la forma en que pudo estar en dos lugares diferentes (la detención de la imputada Sandy Saraí Lopez Martinez en su casa de habitación en la colonia Kennedy y los coimputados Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix en un retén vehicular) con una diferencia de tipo de cinco minutos. En ese sentido en cuanto a la detención de los jóvenes Osman Eduardo Vallecillo y Luis Enrique Ortega Calix y cuyo decomiso de una bolsa conteniendo la cantidad de trece mil veinte lempiras fue realizado por el agente Perez Corrales, esta Defensa hizo llegar a los Honorables juzgadores los medios de prueba con los cuales se acredita la procedencia ilícita de tal cantidad, valiéndose de la declaración de los señores Mauro Munguía Santos y Maritza Munguía Cisneros quienes han depuesto que dicha cantidad corresponde a un préstamo, declaraciones respaldadas por una letra de cambio firmada sin protesto a favor de Mario Danilo Vallecillo Fuentes con la cantidad de trece mil lempiras, aspectos que el Ministerio Fiscal estaba en la obligación de investigar con igual celo a fin de esclarecer aquellas circunstancias atenuantes que pudieron beneficiar a los imputados. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del Estado de Inocencia de mis patrocinados, llegar al fondo de los hechos, en este caso no será posible debido a la insuficiencia probatoria que ha dejado entrever la incompetencia en la investigación por parte de los que obligados traer a juicio oral y público todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia, en este caso no solo condenar. La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra Manual de Derecho Constitucional pagina 34 inciso 7 establece: “ Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mis representados existe prueba que acredita la procedencia licita del dinero que le fue decomisada a Osman Eduardo Vallecillo Castro; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.- En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la deposición de este testigo Yestin Omar Perez el cual carece de prueba periférica, que venga a reforzar su dicho en cuanto al supuesto intercambio de bolsas entre los imputados Osman Eduardo Vallecillo Casto y Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí Lopez Martinez, por lo cual para esta Defensa estima que el Acusatorio no ha logrado reunir con los elementos legitimadores del delito de Tráfico de Drogas. Tercero: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración del testigo Yestin Omar Perez, nos encontramos que el resto de prueba no tiene ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye dicho testimonio, mismo que si lo tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.” FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: El sentenciador quebranta el Estado de Inocencia. Reclamación Ex Ante: No ha podido reclamar su subsanación por efectuarse en el propio acto de sentenciar. Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente. Resumen Establece el recurrente que, En el caso de marras el sentenciador se ha visto influenciado por la tesis acusatoria que se ha valido de una sola declaración como único sustento para reunir los requisitos del tipo penal Trafico de Drogas y condenar con una pena tan gravosa, imponiendo una concatenación de medios de prueba en perjuicio de los imputados, haciendo caso omiso a la prueba aportada por esta Defensa es una flagrante violación al Derecho De Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación otros dichos o medios que comprueben la no participación en este ilícito, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias e investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix, o que sindiquen la concurrencia de un tipo penal menos gravoso para Sandy Saraí Lopez Martinez, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación; el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mis patrocinados, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo Yestin Omar Perez Corrales, que manifiesta haber visto a una distancia de unos ochenta metros un intercambio de bolsas entre sus representados, además depone la forma en que pudo estar en dos lugares diferentes (la detención de la imputada Sandy Saraí Lopez Martinez en su casa de habitación en la colonia Kennedy y los coimputados Osman Eduardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix en un retén vehicular) con una diferencia de tipo de cinco minutos. En ese sentido en cuanto a la detención de los jóvenes Osman Eduardo Vallecillo y Luis Enrique Ortega Calix y cuyo decomiso de una bolsa conteniendo la cantidad de trece mil veinte lempiras fue realizado por el agente Perez Corrales, que se hizo llegar a los Honorables juzgadores los medios de prueba con los cuales se acredita la procedencia ilícita de tal cantidad, valiéndose de la declaración de los señores Mauro Munguía Santos y Maritza Munguía Cisneros quienes han depuesto que dicha cantidad corresponde a un préstamo, declaraciones respaldadas por una letra de cambio firmada sin protesto a favor de Mario Danilo Vallecillo Fuentes con la cantidad de trece mil lempiras, aspectos que el Ministerio Fiscal estaba en la obligación de investigar con igual celo a fin de esclarecer aquellas circunstancias atenuantes que pudieron beneficiar a los imputados. Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[2]. De la Procedencia del Recurso. El Recurso No es de Recibo. Examina este Tribunal de Casación los argumentos del recurrente, que considera violentada la garantía a la presunción de inocencia, puesto que según su criterio el sentenciador se ha visto influenciado por la tesis acusatoria, que se ha valido de una sola declaración como único sustento para reunir los requisitos del tipo penal Trafico de Drogas y condenar con una pena tan gravosa, imponiendo una concatenación de medios de prueba en perjuicio de los imputados, y haciendo caso omiso a la prueba aportada por la defensa, que es una flagrante violación al Derecho de Inocencia, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico, en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación otros dichos o medios que comprueben la no participación en este ilícito. Según la valoración, el Tribunal no encuentra las razones que le impidan darle credibilidad y valor probatorio al testigo policía Yestin Omar Pérez, y todos los documentos de cargo, el Policía Pérez no se equivocó en sus apreciaciones, al afirmar que los acusados Sandy Saraí, Osman Omar y Luis Enrique realizaban en la vía pública denominada Paseo Kennedy ubicado en la Colonia del mismo nombre, actos de comercio, que era verdadera transacción de tipo ilícita de droga; que el dictamen emitido por el Laboratorio Toxicológico de Medicina Forense, y ratificado por la perito Karla Medina, ha establecido sin lugar a dudas que la hierba seca es marihuana, la cantidad decomisada 294.10 gramos, no compatible para la dosis de consumo personal. Y las piedras de Crack se trata de cocaína; la cantidad decomisada de 0.59 de cocaína crack es compatible como consumo personal inmediato, que dicho análisis fue realizado por un perito oficial del Ministerio Público, con la experticia y capacidad profesional requeridas en la realización de este tipo de análisis que se hizo en un laboratorio dotado del equipo e insumos requeridos para el examen de la evidencia siguiendo un protocolo de análisis y finalmente el perito está apartado del conocimiento del asunto, razones por las que se da credibilidad al dictamen. No queda duda a este Tribunal que este análisis resulta eficaz para determinar de forma científica que la acusada Sandi Saray tenía en su poder la droga que le fue entregada por los acusados Osman Edgardo y Luis Enrique a cambio de pago en de dinero en efectivo, lo que corrobora lo dicho por el testigo de cargo que indica que se realizó un intercambio entre los tres acusados consistentes en una bolsa negra que en su interior contenía la droga encontrada en su habitación esta fue recibida por la señora Sandy Saraí; que al registro del vehículo, automóvil con las características antes enumeradas en cuyo interior se encontró la evidencia consistente la cantidad de trece mil veinte lempiras en diferentes denominaciones, contenidos en una bolsa de color rojo, que el acta de levantamiento o recolección de indicios realizada en el interior del automóvil ya descrito donde se establece que en medio del piloto y copiloto se encontró una bolsa color rojo con trece mil veinte lempiras en su interior, en billetes de diferentes denominaciones. Por tanto, considera que con estas pruebas se ha acreditado la forma en que se dio detención a los acusados Sandy Saraí Lopez Ramírez, Osman Edgardo Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega Calix, los que tenían en su poder la marihuana, las piedras cocaína crack cantidad para uso personal inmediato, y el dinero, producto de la transacción comercial que realizaron en conjunto los tres acusados. Sobre esa base, todos estos medios de prueba merecen credibilidad y valor probatorio. Se procede a examinar la prueba de cargo que indica: En cuanto a la declaración de Yestin Omar Perez Corrales, con identidad número 0609-1995-00521, policía militar, se extrae de su declaración que: “El día 30 de junio del 2015 a eso de las dos y media íbamos pasando por el Pasco Kennedy y observamos a dos muchachos y una muchacha que estaban como platicando intercambiando bolsas y en eso cuando miraron nuestra presencia, los dos muchacho cogieron para el vehículo y la muchacha se fue para su vivienda y cuando nosotros seguimos a la muchacha llamamos a patrulla cercana apostada en un retén en la salida y que iba un vehículo sospechoso con dos muchachos que se dieron a la fuga. Cuando nosotros seguimos a la muchacha y ella abre la puerta, ella tira una bolsa color negra sobre la cama y cuando le dijimos que nos permitiera un registro salió una muchacha diciendo que ella era la dueña del lugar y que la muchacha Sandy alquilaba. Cuando nos hablaron los compañeros que ya tenían el vehículo dejé a mi compañero con la muchacha y yo me dirigí al vehículo que habían detenido los compañeros sobre el retén que habían montado en eso a ellos se les encontró una bolsa color roja conteniendo trece mil veinte lempiras y cuando le pasaron la revisión a la muchacha en la vivienda, en la bolsa de color negro se encontró 98 carrucos de marihuana y cinco paquetes de piedra, cuando iba en la colonia Kennedy me acompañaba el compañero Nicolás Benítez, nos transportábamos en una motocicleta observamos al pasar por el lugar que los Imputados estaban platicando e intercambiando bolsas, las intercambiaban la muchacha con un muchacho chino chaparro. El muchacho le entregó a la muchacha una bolsa negra a la muchacha y la muchacha le entrego una bolsa roja al muchacho. Se determinó sospechosa esa entrega de bolsas porque al momento que ellos iban intercambiando bolsas y vieron la presencia de nosotros salieron corriendo asustados, los muchachos hacia el carro y la muchacha hacia su vivienda. El carro de los Jóvenes estaba a dos metros, la muchacha se dirigió enfrente de donde estaban ellos, a su vivienda. La vivienda de ella era una cuartería de dos plantas, color amarillo, el cuarto de ella estaba al seguir unas gradas, en la segunda planta. A la muchacha nos dirigimos los dos, porque mi compañero andaba la motocicleta y yo me dirigí sobre ella. Al ingresar al Cuarto de la Imputada, observamos que la muchacha había tirado una bolsa negra sobre la Cama. Llegando ahí le solicitamos un registro y cogimos la bolsa donde se le encontró la marihuana. Al llegar nosotros a la vivienda de la muchacha, hablamos a los compañeros por radio para que montaran un retén y que detuvieran un vehículo Mazda, PDU3768, color blanco y negro y cuando nos hablaron los compañeros ya tenían el vehículo. Cuando supe que habían detenido a los varones, le dije a mi compañero que se quedara con la muchacha y yo me fui a donde habían detenido a los muchachos quienes estaban por la salida de la roja que Kennedy por BAC BAMER, les hicimos un registro y entre ellos había una bolsa contenía trece mil veinte lempiras. La evidencia estaba en medio de los muchachos, dentro del vehículo. Cuando miramos a los muchachos haciendo el intercambio solo estaban los tres ahí. Cuando estábamos en el cuarto de la Imputada a ella la acompaña otra muchacha que tenía a un niño a niña., a estas personas que intercambiaban las bolsas las observé a unos ochenta metros. De ese lugar a donde se encontró la droga hay una distancia de veinte metros. Del lugar en que se encontró la droga a donde se detuvieron a los muchachos hay una distancia de ciento veinte metros. Primero estuve donde de la muchacha, luego dejé a mi compañero con la muchacha y de ahí me fui a donde detuvieron a los muchachos, y tarde cinco minutos en llegar ahí, eran como las dos y media. - Estas personas cuando nos miraron se pusieron como nerviosos y cada quien agarró su lugar: los muchachos sobre su carro y la muchacha dentro de su vivienda. Las personas que salieron en el carro salieron a velocidad rápida. Decidimos ir primero de la mujer y no de las personas que salieron en el vehículo, ya que ellos iban en vehículo y nosotros en motocicleta. Los muchachos del vehículo estaban a una distancia de un metro. Yo iba en la parte de atrás de la moto, iba de copiloto, el intercambio consistió en que la muchacha le entrega la bolsa roja al muchacho chino y ese muchacho le entrega una bolsa negra a la muchacha.” En cuanto al Dictamen Toxicológico N° 05533 Laboratorio Químico Toxicológico, (f.49) del expediente de mérito, establece: “El perito concluye que, la hierba seca es marihuana, la cantidad decomisada son 294 gramos sería un poco más de media libra, la piedra de crack se trata de cocaína, siendo 0.5g, La marihuana se consume tomada en cigarrillos y también puede oral, generalmente es fumada, con la cantidad decomisada siendo que un cigarrillo normal pesa 0.2 a 0.4 gramos, voy a tomar el más grandecito que sería de U.4 gramos y tengo 294.1 entre 0.4, se podrían sacar 755 cigarrillos. La dosis toxicológica cinco gramos”; Según el acta de decomiso o secuestro de objetos: “un vehículo. (F.43). En el lugar denominado Colonia Kennedy, Francisco Morazán, a las 15:00hrs, del día martes 30 de junio de 2015, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; se le decomiso los objetos al señor Osman Eduardo Vallecillo Castro, N° de identidad 0801 1992 15691, de Tegucigalpa, residen en colonia Flor No.2, se le decomiso lo siguiente: 1 Vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda con placa número PDU3768.” Acta de Registro de Vehículo. (F.44). “En la ciudad de Tegucigalpa, a las 15:00 horas, del día martes 30 de junio 2015. los investigadores al PMOP, hacen constar que se realizó una denuncia, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la salud del estado de Honduras, ocurrido en Colonia Kennedy; se procedió a realizar un registro de vehículo al señor Osman Eduardo Vallecillo Castro con identidad 0801 1992 15691, de Tegucigalpa, residen en colonia Flor No.2, Comayagüela; Resultando lo siguiente: Un vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda, con placa número PDU3768, se encontró exactamente en medio del asiento del copiloto y el piloto una bolsa de plástico color roja, la cual contenía en su interior la cantidad de L.13.020.00 (trece mil veinte lempiras), de diferentes denominaciones. Terminando a las 15:10hrs, del día martes 30 de junio 2015”; Asimismo el acta de levantamiento o recolección de indicios. (F.45). (F5). “En la ciudad de Tegucigalpa, al 30 de junio del 2015, a las 2:30 horas, en Colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; se procedió a levantar los siguientes indicios: En medio del piloto y copiloto se encontró una bolsa de plástico color roja la cantidad de trece mil veinte lempiras (L.13.020.00), en billetes de diferentes denominaciones. Vehículo, tipo turismo, de cuatro puertas, color blanco, y negro marca Mazda, con placa número PDU3768.” De la misma forma el acta de convalidación de allanamiento; de fecha 30 de junio del 2015 (F. 5); “En fecha 15 de Junio de 2015, a las 2:30 horas, en Colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; presente en el cuarto de la señora Sandy Saraí López Ramírez, No. de identidad 0601 1981 25702, reside en colonia Kennedy, frente paseo Kennedy, 10 metros a la orilla de calle principal, vivienda de dos plantas, arriba una cuartería, ingresaron por gradas, a la parte de arriba, ingresando solamente a la habitación de la ciudadana Sandi Saraí Lopez Ramirez con tarjeta de identidad No. 0601 1981 25702, inquilina de la vivienda, construida de material, pintada color amarillo, realizando allanamiento en flagrancia, llegaron fueron atendidas por la inquilina, la que se identificó con el nombre de Sandi Saraí Lopez Ramírez, se le dijo que se le realizar registro a la vivienda, consta de una sola habitación, se observa una cama matrimonial, un televisor, un baño dentro del cuarto, se pudo observar sobre la cama matrimonial una bolsa de plástico color negra, se observó al levantarla y abrirla 98 envoltorios de papel periódico conteniendo cada uno en su interior hierba seca supuesta droga,(marihuana), 5 empaques de plástico transparente y gris conteniendo en su interior cada uno de ellos una piedra, supuesta droga (crack), se continuo la inspección y registro, no se encontró nada más ilícito. Al preguntarle a la inquilina por la evidencia dijo que no era de ella, sin decir de quien era la evidencia, se le dio detención a las 15:00 horas. Se dio por terminada la diligencia, haciendo el levantamiento de dicha evidencia el técnico de inspecciones Oculares Cristian Leonardo Cano. El día martes 30 de junio de 2015, a las 15:00 horas.” Esta Sala de lo Penal disiente totalmente con el censor, puesto que existe en la sentencia recurrida suficiente prueba que acredita la intencionalidad o el dolo de los imputados al ser decomisada a la acusada Sandy Saraí López Martínez, la cantidad de 294.10 gramos de marihuana dispuesta en 98 envoltorios de papel periódico y cinco depósitos de blíster de cocaína crack con un peso de 0.5 gramos, y el dinero decomisado a los acusados Osman Vallecillo castro y Luis Enrique Ortega López, que suma la cantidad de trece mil veinte lempiras (L.13,020.00), pudiéndose constatar que en fecha 30 de junio del 2015, los acusados se encontraban reunidos en virtud que estaban realizando una transacción de la que se deduce una compra y venta de droga, entregándole los acusados Osman Vallecillo y Luis Ortega, la droga que le fue incautada a la acusada Sandi López, y está a cambio les hizo entrega de la cantidad de dinero decomisado, observando estas acciones el testigo Yestin Perez, cuya declaración es reforzada con el acta de inspección ocular y levantamiento de indicios (f.33), acta de decomiso o secuestro de objetos (43), acta de registro de vehículo (f.44), acta de levantamiento o recolección de indicios (f.45), dictamen toxicológico N° 05533 ( f.49) y la evidencia presentada. Observándose a los acusados de esta manera en actividades propias de comercio con la droga incautada, los indicios encontrados dan pie para llegar a la conclusión que los señores Osman Eduardo Vallecillo, Luis Enrique Ortega y Sandy Saraí Lopez, se dedican al tráfico ilícito de sustancias prohibidas (drogas). Por todas estas circunstancias es procedente desestimar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Raimundo Velásquez, en su condición de Defensor Público de los señores Sandy Sarai Lopez, Osman Vallecillo Castro y Luis Enrique Ortega. DECISIÓN. 1-No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, en su único motivo, interpuestos por el Abogado Raimundo Velásquez, en su condición de defensor público de los señores Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017.

A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente.

Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.

Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez., las sanciones de quince (15) años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L. 1,000,000), como responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga y precursores (Art. 311), cuya pena es: De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en los listados de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10.000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2000) gramo de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Retornando al caso concreto, los acusados, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de la cantidad de 294.10 gramos de marihuana dispuesta en 98 envoltorios de papel periódico y cinco depósitos de blíster de cocaína crack con un peso de 0.5 gramos, considerada esta cantidad última para consumo personal inmediato; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00. A partir de lo anterior se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues las penas le son más favorables en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Raimundo Velásquez, en su condición de defensor público de los señores Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conductas reprochada a los acusados Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez.; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos a los acusados Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez, como coautor de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública, a cumplir las penas principales siguientes: prisión por cuatro (04) años; multa de 500 días, con un valor de veinte lempiras (L. 20.00) por cada día, ascendiendo la pena a diez mil lempiras (L. 10,000).- ii.- Que debemos condenar y condenamos a los acusados Osman Vallecillo Castro, Luis Enrique Ortega Calix y Sandy Saraí López Ramirez, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. - iii.-Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; la pena de multa deberá de cumplirse 30 días hábiles después de adquirir firmeza esta sentencia, enterando lo debido a la Tesorería General de la República, salvo resolución de pago diferido emitida por el Juzgado de Ejecución como consecuencia de haberse acreditado justa causa.- La pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión, Tercero: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Rafael Bustillo Romero Magistrado coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiún días de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-410-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011