Sentencia CP-409-16 — Registro 12957
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...FUNDAMENTACIÓN Recurso de casación por Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que agentes de la Policía encontraron al encausado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), sin embargo, emite sentencia absolutoria por considerar que la ley aplicable en éste caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al Imputado. El Juzgador estructuró el apartado de Fundamentación Jurídica, procurando explicar el por qué a la acción perpetrada por el Imputado (y que se describe en el factum) no puede aplicársele, la norma contemplada en el artículo 332-B, pues, considera que al habérsele incautado al imputado Manuel de Jesús Hernández Martínez el arma comercial en fecha cuatro de junio del año 2012, y al haberse publicado en fecha 05 de octubre de 2013 el Decreto 184-2013, debe aplicarse la ley que más favorece al reo, en el presente caso, la ley intermedia; sosteniendo que la ley más favorable al imputado es el Decreto Legislativo 184-2013 que concede un período de un (1) año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al acusado. El Tribunal, considera que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado, quien tomó dominio directo en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos probados es el Decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. Considera que durante la comisión del ilícito penal y el pronunciamiento de la sentencia, la Ley Penal ordena sancionar las conductas que encajan en el artículo 332-B del Código Penal. En este caso, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, pues fue encontrado portando un arma de fuego Comercial en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos probados es el Decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. Sin embargo, durante la comisión del ilícito penal y el pronunciamiento de la sentencia, la Ley Penal ordena sancionar las conductas que encajan en el artículo 332-B del Código Penal, pues el hecho declarado probado por el juzgador establece que el acusado señor Manuel de Jesús Hernández Martínez, fue encontrado portando un arma de fuego Comercial en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente. De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. El artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “ÚNICO: En fecha cuatro de junio del año dos mil doce, en el Barrio Guamilito segunda avenida, entre seis y siete calle de esta ciudad de San Pedro Sula, a eso de las dos de la tarde agentes de la Policía Preventiva se encontraban realizando un patrullaje de rutina cuando fueron requeridos por estudiantes quienes les manifestaron que dos personas del sexo masculina que se encontraban en cercanías eran asaltantes por lo que los agentes les siguieron y al requerirlos se identificó a uno de ellos como Manuel de Jesús Hernández Martínez a quien se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” La acción desplegada por al acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, no se subsume en el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, el primer lugar, porque el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. El Decreto Legislativo No.184-2013 establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. El Decreto Legislativo No.184-2013, no limita, impide, restringe, interfiere, deroga, ni suspende en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. En segundo lugar, en virtud que de los hechos declarados probados no se desprende en forma expresa y categórica que el acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, al momento de portar el arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo careciera del permiso respectivo de portación de arma de fuego tipo comercial, elemento objetivo del tipo penal esencial para su tipificación legal, conforme a lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal. Por lo anterior, esta Sala desestima el motivo de casación de Infracción de ley invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras la siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-409-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Manuel de Jesús Hernández Martínez, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Tercero: Se ordena la devolución de la evidencia puesta a la orden del Tribunal, consistente en un arma de fuego. SON PARTES: La abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados: “ÚNICO: En fecha cuatro de junio del año dos mil doce, en el Barrio Guamilito segunda avenida, entre seis y siete calle de esta ciudad de San Pedro Sula, a eso de las dos de la tarde agentes de la Policía Preventiva se encontraban realizando un patrullaje de rutina cuando fueron requeridos por estudiantes quienes les manifestaron que dos personas del sexo masculina que se encontraban en cercanías eran asaltantes por lo que los agentes les siguieron y al requerirlos se identificó a uno de ellos como Manuel de Jesús Hernández Martínez a quien se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN: el recurrente abogado Gustavo A. Mejía Perla, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial’. (Lo resaltado es nuestro). El A quo en el fallo en exposición, declaró como hechos probados las siguientes verdades intangibles: PRIMERO: “En fecha cuatro de junio del año dos mil doce, en el Barrio Guamilíto segunda avenida, entre seis y siete calle de esta ciudad de San Pedro Sula, a eso de las dos de la tarde agentes de la Policía Preventiva, se encontraba realizando un patrullaje de rutina cuando fueron requeridos por estudiantes quienes les manifestaron que dos personas del sexo masculino que se encontraban en las cercanías eran asaltantes por lo que los agentes les siguieron y al requerirlos se identificó a uno de ellos como MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a quien se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38) por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que agentes de la Policía encontraron al encausado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), sin embargo, emite sentencia absolutoria por considerar que La Ley aplicable en éste caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al Imputado. El Juzgador en el caso en comento, estructuró el apartado de Fundamentación Jurídica, procurando explicar el por qué a la acción perpetrada por el Imputado (y que se describe en el factum) no puede aplicársele, a su criterio, la norma contemplada en el artículo 332-B, pues, considera que al habérsele incautado al Imputado MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ el arma comercial en fecha cuatro de junio del año 2012, y al haberse publicado en fecha 05 de octubre de 2013 el Decreto 184-2013, debe aplicarse la ley que más favorece al reo, por lo que el Tribunal consideró que en el presente caso, debe aplicarse la ley intermedia; sosteniendo su decisión, en que la fecha del hecho es antes de entrar en vigencia el decreto 184-2013 y que la ley más favorable al Imputado es la intermedia, es decir el Decreto Legislativo 184-2013 que concedía un período de un (1) año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al Acusado, por tanto, a criterio del sentenciador, procede su libre absolución por el delito en cuestión. Es así que el juzgador establece en la fundamentación jurídica: “…en el caso sub judíce, nos encontramos ante un caso de derogación tacita temporal debido a las leyes penales intermedias que según la doctrina y jurisprudencia dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia son aquellas que al momento del hecho no tenían vigencia, pero cobran vigencia durante la tramitación del juico de manera temporal, a tal punto que al momento de dictarse sentencia en el caso, ya no son las leyes vigentes. Dicha doctrina establece que el Juez o Tribunal tiene la obligación de tomar en cuenta aquellas leyes penales intermedias cuando están favorecen al acusado en relación a la ley que se encontraba vigente al momento del hecho o al momento de dictar sentencia y todo ello en base al principio de retroactividad de la ley, mismo que en nuestra Constitución se encuentra consagrado el artículo 96, así como en el 9 de nuestro Código Penal y que textualmente reza: “la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Se puede apreciar en base a lo anterior que en la presente causa, los decretos emitidos por el Congreso Nacional número 184-2013 mismo que entró en vigencia el 1 de septiembre del mismo año y que establecía un período de Veda de un año a fin que toda persona pudiera inscribir las armas de fuego comercial ante la Secretaría de Seguridad para el registro correspondiente; en el mismo sentido en fecha 6 de noviembre del año dos mil catorce, se publicó el Decreto número 63-2014 que establece un período de VEDA de SEIS meses: luego entró en vigencia el Decreto 60-2015 desde el ocho de septiembre del mismo año, estableciendo un período de VEDA hasta el treinta y uno (31) de diciembre del referido año, se circunscriben dentro de lo que se considera leyes penales intermedias, asimismo dichos decretos de manera retroactiva favorecen al acusado, al haber establecido cada uno de ellos, una VEDA....” Vale la pena destacar que el A Quo utilizó como fundamentó doctrinario la posición del autor Francisco Muñoz Conde, en la valoración de la sentencia STS 27. 12. 82, relativa a que “si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma, si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no debe aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.” Postura que, a criterio del Ministerio Público, hace patente el yerro in procedendo de la sentencia de mérito, puesto que en la esencia lo que el Autor, sostiene es que el enjuiciado no puede resultar perjudicado por una “dilación o larga duración del juicio”, por ello definitivamente, a criterio de la Fiscalía carece de asidero legal, pues nuestra legislación no contempla regulación alguna en aspectos tan trascendentes como la penalización o no de una conducta al estimarse la misma lícita o ilícita. Como se logra evidenciar, la apreciación equívoca de la normativa que ha realizado el juzgador ha repercutido en la conformación viciada de la parte dispositiva de la sentencia, al concluir que la acción perpetrada por el Acusado no es punible, al no ser lesiva del bien por serle aplicable una norma temporal que estaba en vigencia durante la tramitación del proceso, pero no en el momento de la consumación del hecho, tal y como puede apreciarse en el apartado de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión. De la observación de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el Imputado MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, quien tomó dominio directo en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico, se evidencia la ejecución de la acción por parte del Imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, es el Decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. 3. El A Quo justifica su decisión en que la ley más favorable al Imputado es el Decreto antes señalado y se fundamenta en la opinión del Jurista Muñoz Conde; donde hace referencia a la Ley Intermedia. 4. En la causa en estudio resulta claro que antes de la vigencia de la ley intermedia se perpetró el ilícito o sea en el ámbito temporal legislativo del artículo 332-B, luego al llegar el 5 de Octubre, se produjo una veda lo que sumado con los 6 meses que incrementó a la misma, a través del Decreto 63-2013, nos conduce a determinar que fue el 31 de diciembre del 2015 la fecha en que la misma culminó fallo en el caso en comento se pronunció el 9 de junio de 2016, no cabe otra conclusión que no sea que durante la comisión del ilícito penal y el pronunciamiento de la sentencia, el imperio de la Ley Penal era sancionar punitivamente conductas como las que encajan en el artículo 332-B del Código Penal. 5. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1:“Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley”. 6. El Tribunal también aduce que en atención al principio de irretroactividad le resulta aplicable al acusado, el decreto 184-2013 mencionado; pero consideramos que tampoco el Principio señalado es aplicable a la causa en comento, pues el artículo 96 de la Constitución de la República, que lo contiene, establece lo siguiente: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. En la causa en estudio el Decreto al que aduce el sentenciador no constituye “una nueva ley vigente”, pues como ya lo señalamos, la misma constituyó solamente una norma de vigencia temporal, y cuando el acusado fue sentenciado, ya no estaba en vigencia dicha disposición legal. 7. Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 8. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A Quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Recurso de casación por Infracción de Ley por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su se dicte la sentencia de fondo que proceda conforma a derecho. Resumen: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que agentes de la Policía encontraron al encausado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), sin embargo, emite sentencia absolutoria por considerar que la ley aplicable en éste caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al Imputado. El Juzgador estructuró el apartado de Fundamentación Jurídica, procurando explicar el por qué a la acción perpetrada por el Imputado (y que se describe en el factum) no puede aplicársele, la norma contemplada en el artículo 332-B, pues, considera que al habérsele incautado al imputado Manuel de Jesús Hernández Martínez el arma comercial en fecha cuatro de junio del año 2012, y al haberse publicado en fecha 05 de octubre de 2013 el Decreto 184-2013, debe aplicarse la ley que más favorece al reo, en el presente caso, la ley intermedia; sosteniendo que la ley más favorable al imputado es el Decreto Legislativo 184-2013 que concede un período de un (1) año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al acusado. El Tribunal, considera que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado, quien tomó dominio directo en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos probados es el Decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. Considera que durante la comisión del ilícito penal y el pronunciamiento de la sentencia, la Ley Penal ordena sancionar las conductas que encajan en el artículo 332-B del Código Penal. En este caso, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, pues fue encontrado portando un arma de fuego Comercial en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente. Concepto general del recurso: Esta Sala reitera que, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y Otros Similares. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos probados es el Decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. Sin embargo, durante la comisión del ilícito penal y el pronunciamiento de la sentencia, la Ley Penal ordena sancionar las conductas que encajan en el artículo 332-B del Código Penal, pues el hecho declarado probado por el juzgador establece que el acusado señor Manuel de Jesús Hernández Martínez, fue encontrado portando un arma de fuego Comercial en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico: El recurrente alega que la sentencia recurrida incurre en Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. El artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, textualmente dice: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”. Esta Sala reitera que, los hechos declarados probados y que constituyen la base fáctica de la sentencia, son intangibles e inalterables en casación. Además, que el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, el A Quo declara terminantemente probados los hechos siguientes: “ÚNICO: En fecha cuatro de junio del año dos mil doce, en el Barrio Guamilito segunda avenida, entre seis y siete calle de esta ciudad de San Pedro Sula, a eso de las dos de la tarde agentes de la Policía Preventiva se encontraban realizando un patrullaje de rutina cuando fueron requeridos por estudiantes quienes les manifestaron que dos personas del sexo masculina que se encontraban en cercanías eran asaltantes por lo que los agentes les siguieron y al requerirlos se identificó a uno de ellos como Manuel de Jesús Hernández Martínez a quien se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” La acción desplegada por al acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, no se subsume en el delito de Portación Ilegal de Armas de Naturaleza Comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, el primer lugar, porque el tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Las armas de uso personal o de comercio lícito, están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que son todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. El Decreto Legislativo No.184-2013 establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. El Decreto Legislativo No.184-2013, no limita, impide, restringe, interfiere, deroga, ni suspende en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 B del Código Penal. En segundo lugar, en virtud que de los hechos declarados probados no se desprende en forma expresa y categórica que el acusado Manuel de Jesús Hernández Martínez, al momento de portar el arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho (38), en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo careciera del permiso respectivo de portación de arma de fuego tipo comercial, elemento objetivo del tipo penal esencial para su tipificación legal, conforme a lo establecido en el artículo 332-B del Código Penal. Por lo anterior, esta Sala desestima el motivo de casación de Infracción de ley invocado por el recurrente. DECISIÓN, esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de ley penal sustantiva, invocado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo de casación de infracción de ley penal sustantiva invocado por la abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-409-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
6 de 6