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Sentencia CP-404-17 — Registro 12955

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Públicos Falsos y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La documentación resumida fue valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia F. 4161 v.) donde se aprecia que de las 97 reservas presupuestarias, 61 presentaban inconsistencias, ello porque aparece que los contratistas extendieron autorización a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula para el pago directo de cantidad específica que honra las facturas extendidas por la Ferretería SUMACO, en una fecha antes a la que se extendieron dichas facturas y antes de que la persona contratase con la Alcaldía.- De otra forma: un total de 61 contratistas extendieron autorización para que la Alcaldía realizará el pago directo, señalando una cantidad específica adeudada por la compra de implementos en una fecha en que dicha compra aun no existía; pero aún más, los mismos 61 contratistas firmaron esa misma autorización aun antes de haber firmado el contrato de servicio con la alcaldía municipal.- Tales inconsistencias que constan en la documentación a la que el Tribunal de Sentencia dio crédito, estuvo a disposición de cada uno de los acusados a su turno y que todos ellos, a pesar de tan evidentes contrariedades en la documentación, usaron la misma en los procesos administrativos en los que intervinieron dando como resultado el libramiento del cheque para la disposición de fondos municipales que conforme el propio Tribunal de Sentencia constituyó un uso de documentos falsos, un abuso de autoridad y una malversación de caudales públicos, por lo que nuevamente se señala que existe un error en derivación cuando los juzgadores señalan que los acusados Oscar Kilgore y Oscar Guerra, actuaron bajo el principio de buena fe y de confianza y, además cuando señalan que no existen elementos que determinen la intervención en los delitos por los acusados Ingmar Gonzales y Rubén Gustavo Bonilla Ortega. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-404-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Oscar Eduardo Kilgore López, de los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Públicos Falsos y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Segundo: Absolvió al señor Oscar Guerra Ocampo, de los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Públicos Falsos y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Tercero: Absolvió al señor Ingmar Gonzáles Figueroa, de los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Públicos Falsos y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Cuarto: Absolvió al señor Rubén Gustavo Bonilla Ortega, de los delitos de Abuso de Autoridad, Uso de Documentos Públicos Falsos y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada Ela Paredes Bromfield, fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, apoderado defensor privado del acusado Rubén Gustavo Bonilla Ortega, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero: En el periodo comprendido del año 2002 al 2006 los señores Oscar Eduardo Kilgore López, Óscar Guerra Ocampo, Rubén Gustavo Bonilla Ortega E Ingmar Gonzales Figueroa, se desempeñaban como alcalde, Tesorero, Gerente de Servicios Municipales y Gerente de Finanzas y Administración respectivamente de la Municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Segundo: El 22 de abril de 2004, durante la gestión del señor Oscar Kilgore, este y el Vice Alcalde suscribieron contratos de servicio de limpieza vial, con varias personas naturales, obligándose la Municipalidad a pagar la cantidad de Quince Mil Lempiras (L.15, 000.00) mensuales en concepto de prestación de servicios y a proveer a los microempresarios de los materiales e insumos necesarios para desarrollar dicha actividad. Tercero: En una fecha no determinada, un empleado municipal no identificado llegó a la Ferretería Sumaco S. de R.L.., ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, proponiéndole al señor Jean Fracois Boadla Figueroa, propietario de dicha empresa, abriera una línea de crédito a favor de los micros empresarios que tenían a cargo la labor de limpieza de bulevares y parques, por lo que a partir del 22 de abril del mismo año, dicha ferretería facturó a nombre de los micro empresarios distintas herramientas e insumos para limpieza y pintura por un valor de Dos Millones Setecientos Once Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Lempiras Con Veinticuatro Centavos (L. 2,711,441.24), de los cuales no se logró determinar la cantidad exacta que ingresó a la Bodega Municipal. Cuarto: Cada uno de los Microempresarios firmó una solicitud, antes y después de suscritos los contratos, autorizando a la Municipalidad de San Pedro Sula a fin de que emitiera los cheques en concepto de reembolso de pintura amarilla color tránsito y palas directamente a favor de la empresa Sumaco S. de R.L., en atención a la línea de crédito que esta empresa otorgó a los contratistas, a pesar de que la obligada a suministrar dichos insumos era la Corporación Municipal, esto de conformidad a lo establecido en los contratos. Quinto: El 07 de diciembre de 2004, la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, emitió el cheque número 1563 de la cuenta de Banco del País a favor de la empresa Sumaco S. de R.L., por un valor de Dos Millones Setecientos Once Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Lempiras Con Veinticuatro Centavos (L. 2,711,441.24), con el cual se cancelaba el crédito extendido a nombre de los microempresarios con dicha empresa en concepto de la compra de los suministros, sustentando dicho cheque, las distintas facturas emitidas a favor de los microempresarios y sus correspondientes reservas presupuestarias en concepto de reembolso de gastos de compra de implementos de limpieza. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de casación por quebrantamiento de forma: motivo único: no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del código procesal penal. Explicación del motivo: el fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación del artículo 202 de la ley penal adjetiva, “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana critica”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal, requerimiento a los que, consideramos, no se ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada; resultando de ello, una sentencia absolutoria por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, imputados a Oscar Eduardo Kilgore López, Oscar Guerra Ocampo, Ingmar Gonzales Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega. En el caso in examine con la finalidad de acreditar cada uno de los ilícitos anteriormente descritos y la participación de los imputados mencionados respectivamente, se evacuó durante la audiencia de juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: testifical: 1. Jean Francisco Boadla Figueroa gerente general de la empresa suplidora de materiales de construcción conocida como Sumaco S. de R.L., quien depuso que el departamento de compras de la municipalidad de San Pedro Sula, cotizó el precio de artículos para limpieza de áreas verdes, proporcionando una línea de crédito a favor de varios microempresarios. 2. Carlos Enrique Rosa Toro, Conmemoración Reyes Villatoro, José Alberto Vásquez, Pedro Antonio Lara, Héctor Humberto Maradiaga Y Gilberto Orellana Borjas todos microempresarios contratados por dicha municipalidad para la prestación de servicios de limpieza en parques y bulevares, declararon en los mismos términos, al señalar que desde el 22 de abril del 2004 al 7 de diciembre del mismo año, suscribieron contrato con la municipalidad de San Pedro Sula, a fin de prestar servicios de limpieza de parque y bulevares, para lo cual la alcaldía le entregaba los materiales e insumos de limpieza, en virtud de lo estipulado en el contrato, por esa razón, no se les hicieron deducciones por concepto del valor de los materiales que les fueron entregados. Documental: 1. Certificación extendida por la gobernación del departamento de cortés, extendida en fecha 18 de febrero del 2009, que acredita la condición de alcalde de San Pedro Sula, del acusado Oscar Eduardo Kilgore López. 2. Constancia extendida por el departamento de recursos humanos de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, la que establece que el señor Oscar Guerra Ocampo, fungió como tesorero municipal desde el 1 de febrero del año 2002 al 31 de enero de 2006; Rubén Gustavo Bonilla Ortega, laboró como jefe del departamento de desechos sólidos y parques desde el 09 de julio del 2002 al 31 de enero del 2003, gerencia de servicios municipales del 1 de febrero del 2003 al 11 de julio del 2004 y en la gerencia de servicios humanos del 12 de julio de 2004 al 31 de enero de 2006, Ingmar Gonzáles Figueroa laboró como gerente de finanzas y administración del 01 de febrero del 2002 al 25 de enero del 2006 y Carlos E. García, se desempeñó como jefe de proveeduría desde el 16 de marzo del 2002 hasta 31 de enero de 2004 y jefe de operaciones y administración utu del 01 de noviembre del 2004 al 31 de enero del 2006. 3. Cheque número 1563. Suscrito por el señor alcalde Oscar Eduardo Kilgore y por el señor Oscar Guerra Ocampo tesorero municipal, el cual fue emitido por la municipalidad de San Pedro Sula, cortés el 07 de diciembre del 2004 contra la cuenta corriente 01-015569 del banco del país y a favor de la ferretería Sumaco, por valor de dos millones setecientos once mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras con veinticuatro centavos (l 2, 711,441.24), el cual fue debidamente depositado el 13 de diciembre del año 2004. 4. Oficio número 0023-20077da-msps, de fecha 17 de mayo de 2007, emitido por la licenciada María Eugenia Suazo, directora administrativa de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, en la que se establece que la empresa ferretera Sumaco, estaba inscrita en el año 2004, como proveedora de esta municipalidad. Oficio número 0031-2007 da msps, de fecha 18 de septiembre del mismo año, a través de la cual se constata que la empresa ferretera Sumaco, en el año 2004, estaba inscrita como proveedora de dicha municipalidad y el impreso del sistema sae, en cuyo contenido se indica, que, en catálogo de proveedores de la municipalidad de San Pedro Sula, esta empresa aparece bajo la calificación conse. 5. Constancia emitida en fecha 17 de mayo 2007 por la empresa ferretera Sumaco con sus respaldos documentales. La cual fue extendida y firmada por el señor Wilfredo De Jesús Sánchez, en su condición de contador general de la empresa en mención y en la cual, se establece que el 13 de diciembre de 2004, se recibió cheque de caja número 1563, suscrito por el señor alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés Oscar Eduardo Kilgore, el cual fue emitido por la municipalidad de San Pedro Sula, 07 de diciembre de 2004 contra la cuenta 01- 015569 del banco del país ya favor de la ferretería Sumaco, el cual fue depositado el 13 de diciembre del año 2004 en la cuenta de cheque que la mencionado empresa mantiene con el banco. 6. Comprobantes de entrega de materiales e insumos efectuada por la empresa ferretera Sumaco, número 39601, 39602, 37737, 39739, 39740, 39741, 39742, 39743, 39810, 40052 y 40053. En ellos se hace constar que se entregaron materiales a la bodega de desechos sólidos de la municipalidad de san pedro, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo al 22 de abril de 2004. 7. Detalle de facturaras y reservas presupuestarias del cheque número 1563 del 07 de diciembre de 2004 emitido por la municipalidad de San Pedro Sula, el cual consiste en un listado en que aparecen los nombres de 35 microempresarios a quienes la empresa ferretería Sumaco, facturó, documento que fue entregado al señor Rubén G. Bonilla. En el listado se detalla cada factura por cada uno de los microempresarios, consignándose los números de reserva presupuestaria y el valor de cada una de las reservas que se efectuaron por cada factura y a favor de cada microempresario; el sub total de la factura, que en algunos es de treinta mil seiscientos ochenta y dos mil lempiras (l. 30,682.00) y en otro es de treinta y un mil ciento veinticuatro lempiras (l. 31,124.00); el impuesto sobre ventas que en unos casos es de tres mil seiscientos ochenta y uno con ochenta y cuatro centavos (l. 3,681 .84) y en otros tres mil setecientos treinta y cuatro con sesenta y ocho centavos (l. 3,734.68) y el valor total que corresponde a treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con ochenta y cuatro centavos (l. 34, 858.84). En la parte final del documento se establece la suma total de dos millones setecientos seis mil novecientos setenta y un mil lempiras con cincuenta centavos (l. 2,706,971.50) del valor de las reservas; dos millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y siete mil lempiras con setenta y un centavo (l. 2,423,987.71) del sub total de la factura; doscientos noventa mil ochocientos setenta y ocho lempiras con cincuenta y tres centavos (l. 290,878.53); dos millones setecientos catorce mil ochocientos sesenta y seis lempiras con veinticuatro centavos (l. 2,714,866.24) correspondiente al total de la factura y en el texto hay una columna final de deducción de papelería cuyo monto total era de tres mil novecientos diecinueve lempiras con setenta y cuatro centavos (l.3,919.74). 8. Constancia remitida por la tesorería de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, en fecha tres de julio del dos mil siete. En ella se hace constar, que luego de una revisión cuidadosa de los archivos de ese departamento de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, no se encontró ninguna documentación que sirva de soporte a la emisión del cheque número 1563 de fecha 07 de diciembre de 2004 por valor de dos millones setecientos once mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras con veinticuatro centavos (2,711,441.24), contra la cuenta corriente 01-015569 que la municipalidad mantenía en el banco del país y a favor de la ferretería Sumaco. 9. Asiento de contabilidad del año 2004. Consistente en la documentación ingresada en el sistema de contabilidad de San Pedro Sula, cortés, de forma sistemática en el año 2004. Entre las que se encuentran: 1) asientos contables número 4 donde las partidas de contabilidad afectadas, desde el 30 de septiembre de 2004. Validado 14 de diciembre de 2004. 2) asientos contables número 4 donde aparece las partidas de contabilidad afectadas, desde el 07 de diciembre de 2004. Validado 08 de agosto de 2005. 3) las reservas presupuestarias para el pago de planillas efectuadas a los microempresarios y sus documentos respaldo, tales como recibos de pago, reporte de días trabajados, contratos de servicio de limpieza vial, documentos personales de los contratistas. 4) reservas presupuestarias reembolso de gastos e implementos de limpieza, con sus documentos respaldo, entre ellos, solicitudes de autorización de cheque por rembolso de gastos de limpieza vial de los contratistas, copia de facturas emitidas por la ferretería Sumaco a nombre de los microempresarios, copias de contratos de servicios de limpieza vial de los contratistas, copias de facturas emitidas por la ferretería Sumaco a nombre de los microempresarios, copias de contratos de servicios de limpieza vial. 10. Constancia emitida por la tesorería de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, en fecha tres de junio del 2007, en ella se hace constar que luego de una revisión cuidadosa de los archivos de ese departamento de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, no se encontró ninguna documentación que sirva de soporte a la emisión del cheque número 1563 de fecha 07 de diciembre de 2004 por valor de dos millones setecientos once mil cuatrocientos centavos y un lempiras con veinticuatro centavos (l.2,711,441,24) contra la cuenta corriente 01-015569 que la municipalidad mantenía en el banco del país y a favor de la ferretería Sumaco. 11- libro de orden de reserva presupuestaria del departamento de auditoría de noviembre de 2003 libro de entrada y salidas de los meses de agosto y septiembre de 2004 (ordenes de reserva) (auditoría - reserva). Consistente en cuaderno, carece de autorización, el cual está organizado en un rayado improvisado, con números, nombres de personas e instituciones, descripción de rubro, el valor de las reservas a afectar y un espacio donde aparecen firmas ilegibles. Tres renglones que carecen de fecha y del cuarto en adelante, están fechados desde el 19 de noviembre de 2003 al 25 de mayo de 2005. Una anotación de fecha 28 de diciembre de 2005 en la página 97, dinero y varios rubros roto a la mitad y un folio muy roto, sin número de folio y con unos después el folio número 98 que no tiene fecha en el que aparecen varias sumas de nombres: Jummy Grisel Flores Orellana, Jimmy Flores Y Jummy Grisel Flores Orellana. 12. Libro de control de visitas de directores de planificación y sistemas de control de herramientas y materiales del departamento de parques y bulevares de la municipalidad San Pedro Sula, cortés, el que carece de autorización, en la parte primera aparece una nota personal y unas firmas ilegibles y un sello del departamento de parques y bulevares, con el nombre control de visitas al director de planificación. Organizado por fecha desde el 17 de noviembre de 1986 al 17 de agosto 2006. E n su contenido hay varios tipos de anotaciones, desde visitas, hasta memorándum enviados y recibidos hasta el control de materiales, ingresos a la bodega, entrega de materiales y herramientas a varias personas, reparación de equipo y herramientas, en el último folio utilizado, el 173 (frente) hay unas etiquetas pegadas en los que aparecen números de barra y un número manuscrito 164145434. 13.- varias actas de decomiso y entrega de documentos. Consistente en: el acta manuscrita, de fecha 29 de mayo de 2007, suscrita por el fiscal Denis Sánchez, José Alberto Vásquez Y Jorge Canales, donde se hace constar la entrega del libro de entrega de materiales de parques y bulevares, el que está compuesto por 300 folios útiles, levantada en el departamento de parques u bulevares de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés. Acta manuscrita de fecha 16 de mayo de 2007, suscrita por el fiscal Luis Javier Santos en la oficina de contabilidad de la municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, José Antonio Montúfar y otra persona cuyo nombre resulta elegible, donde se hace constar la entrega de la documentación soporte y reserva presupuestarias, del cheque número 1563 emitido contra el banco del país, 07 de diciembre de 2004. Acta de entrega de documento de fecha 11 de junio de 2007, levantada al efecto en el edificio Fernández Guzmán, exactamente en la fiscalía contra la corrupción en la que se hace constar que se requirió al señor Wilfredo De Jesús Sánchez Irías, quien en ese acto entregó al abogado Luís Miguel Lara, los comprobantes de entrega de la ferretería Sumaco S. de R.L. Números: 39737, 39810, 39601, 39602, 40052, 40053, 39739, 39740, 39741, 39742, 39743. Acta de entrega de documentos de fecha 07 de mayo de 2007, levantada en la dirección de servicios generales de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, en la que se hace constar que se requirió al señor Luis Napoleón Paz, quien en ese acto entregó al abogado Luis Miguel Lara, lo siguiente: 1)138 fotocopias: de solicitudes de autorización extendida por los microempresarios para que para que se acreditara directamente a favor de la ferretería Sumaco S De R.L., y las facturas, correspondientes a gastos materiales y reembolsos. 2) copia de un memorando dirigido a Ingmar Gonzáles, gerente administrativo por parte del Señor Rubén Bonilla, gerente de servicios municipales, sobre el reembolso de gastos de pintura e implementos de limpieza para los microempresarios, de fecha 19 de febrero de 2013, junto con un listado de contratistas, área de trabajo asignada y monto del reembolso. 3) copia de un memorando dirigido a Ingmar Gonzáles, gerente administrativo y económico por parte del señor Rubén Bonilla, gerente de servicios municipales, sobre el reembolso de gastos de pintura e implementos de limpieza para los microempresarios, de fecha 5 de junio de 2004, junto con los listados de contratistas, áreas de trabajo asignada y monto del reembolso. 4) listado de contratista de microempresarios de parques y bulevares y desechos sólidos. 5) fotocopia de solicitud de autorización a nombre del señor Ramón Alexander Benítez Perdomo, contratista de microempresa y adjunto fotocopia de factura de la ferretería Sumaco S. de R.L. Acta de decomiso de fecha 14 de noviembre de 2008, en el que el abogado Marco Dubón, fiscal contra la corrupción, decomisó los siguientes documentos: 1) asiento contable número 4 de julio del 2004, partida número 80, por valor de l. 713,293.96, conteniendo cinco reservas presupuestarias, desde la número 38931 a la 38935.- 2) asiento contable número 4 de julio de 2004, partidas números, 66 y 68, por valor de l. 643, 954.00 y l 208, 500.00. La partida 66 contiene 7 reservas presupuestarias desde la 39095 a la 39101; la partida 68 contiene la reserva presupuestaria número 38404. 3) asiento contable número 4 de octubre de 2004, partidas números 90 y 91, por valor de l. 645.00, 587.66 y l. 643,471.19, la partida 90 contiene las reservas presupuestarias desde la 39958 a la 39960; la partida 91 contiene las reservas presupuestarias desde la 39924, 39925, y desde la 39927 hasta la 39930. 4) asiento contable número 4 de noviembre de 2004, partida 214, primera y segunda parte, por valor de l. 668,636.69, que contiene cinco reservas presupuestarias número 40348, 40350, 40351, 40352, 40356, todas con su documentación de respaldo. El tribunal sentenciador valorando los elementos de prueba anteriormente descritos, consideró que de conformidad a esta prueba no se observaron cada uno de los pasos que conforman la ruta administrativa a seguir en los procesos de compra que rigen al accionar de la municipalidad de San Pedro Sula, es decir se violentó el marco legal aplicable, con lo cual se configura los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, no obstante la valoración expuesta decide absolver a los encausados Oscar Eduardo Kilgore López, Oscar Guerra Ocampo, Ingmar Gonzáles Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega; en virtud de las siguientes consideraciones: 1) en relación al testimonios de jean Francisco Boadla Figueroa, el juzgador les confiere valor probatorio, considerando que a través de ellos se acreditó que la alcaldía abrió una línea de crédito con la empresa Sumaco S. de R.L.., gestionada por el departamento de compras de esa institución, a favor de varios microempresarios encargado del mantenimiento de parques y bulevares; igualmente se acreditó que la municipalidad de San Pedro Sula canceló el importe de cada una de las facturas de los materiales entregados a los microempresarios, mediante cheque de fecha 7 de diciembre del 2004; los juzgadores consideraron acreditado que los insumos y herramientas en listados en las facturas fueron entregados por Sumaco en la bodega de la alcaldía municipal, en el período de marzo a diciembre del 2004. 2) de las declaraciones de los señores Carlos Enrique Rosa Toro, Conmemoración Reyes Villatoro, José Alberto Vásquez, Pedro Antonio Lara, Héctor Humberto Maradiaga Y Gilberto Orellana Borjas, les concede credibilidad para tener por acreditado que en el periodo comprendido desde 22 de abril al 7 de diciembre se suscribieron contratos de limpieza vial entre la municipalidad de San Pedro Sula y varias personas entre ellos los testigos antes mencionados, acreditándose que la alcaldía les entregó los materiales e insumos y que nunca se les hizo deducciones correspondientes al valor de tales insumos y herramientas, pues los contratitas no tuvieron ninguna relación con la empresa Sumaco S. de R.L.., finalmente apreciaron los sentenciadores que ha quedado acreditado que se recurrió al artificio de simular la compra directa de esos materiales disfrazándolo como gastos de los microempresarios, compra directa que fue cancelada mediante cheque número 1563, suscrito por el señor Oscar Kilgore como alcalde municipal y Oscar Guerra Ocampo como tesorero. 3. Al valorar la prueba documental que acreditan los cargos que los acusados desempeñaban en la municipalidad; les dio validez pues estimó que con estos documentos se acreditó la calidad de funcionarios públicos de los acusados al momento de ocurrir los hechos. 4) en cuanto a las constancias emitidas por el departamento de recursos humanos de la municipalidad de San Pedro Sula, cortés, se tiene por acreditado que Oscar Guerra Ocampo fungió como tesorero municipal, Ingmar Gonzáles Figueroa laboró como gerente de finanzas y administración y Rubén Gustavo Bonilla como jefe del departamento de desechos sólidos y parques. 5.- en relación a la prueba documental consistente en cheque número 1563 (el cual fue ya descritos en detalle, con su numeración y monto), fue firmado por el señor ortega laboró como jefe de departamento de desechos sólidos y gerencia de servicios municipales, por los acusados Oscar Eduardo Kilgore (alcalde) y Oscar Guerra Ocampo como tesorero municipal, a favor de Sumaco; con los contratos, constancias, comprobantes de entrega y documentos soporte, considera el tribunal que se acreditó que los encausados suscribieron contratos de servicios de limpieza, con varias personas naturales, obligándose la municipalidad a pagar la cantidad de quince mil lempiras (l. 15,000.00) mensuales en concepto de prestación de servicios y se comprometió a proveer a los microempresarios los materiales e insumos necesarios para desarrollar dicha actividad, siendo esta documentación coincidente con las declaraciones que rindieran los señores Carlos Enrique Rosa Toro, Conmemoración Reyes Villatoro, José Alberto Vásquez, Pedro Antonio Lara, Héctor Humberto Maradiaga Y Gilberto Orellana Borjas. Exponen los juzgadores, que el cheque descrito corresponde al pago de insumos y herramientas, que la municipalidad de San Pedro Sula estaba obligada a proporcionar de conformidad con la cláusula tercera de los contratos suscritos con los microempresarios, concluyendo que no debía existir ningún reembolso, ni debían hacer ninguna deducción de los pagos. 6. Respecto a la constancia emitida en fecha 17 de mayo 2007 por la empresa ferretera Sumaco con sus respaldos documentales, extendida y firmada por el señor Wilfredo De Jesús Sánchez en su condición de contador general de la empresa Sumaco, en la que menciona que el 13 de diciembre del 2004, recibió cheque de caja número 1563, en virtud de los insumos y herramientas entregados fueran dados en el período correspondiente entre el 18 de marzo al 22 de abril del 2004, a la bodega de desechos sólidos de esa institución, acreditándose este punto con los comprobantes de entrega de materiales e insumos, extremos que coinciden con lo declarado por los microempresarios. En relación específicamente a cada uno de los delitos señaló: a) en la valoración conjunta de la prueba, en referencia al delito malversación de caudales públicos[1]: el sentenciador, textualmente señala: “con ésta prueba, sin duda alguna, se acreditó que se destinaron fondos municipales para fines distintos de los establecidos en el contrato suscrito entre la municipalidad de San Pedro Sula y varios microempresarios, en cuya cláusula tercera, la municipalidad, se obliga a proveer los materiales e insumos necesarios para la limpieza en lugar de ello, se recurrió al artificio de simular la compra directa de esos materiales, disfrazándolo como gastos de los microempresarios para hacerles mejoras al área asignada a cada uno de ellos por la municipalidad, de lo cual según el contrato debía hacerse responsable el contratista, y su pago mediante reembolso, contra la factura. En realidad, se produjo una compra directa de materiales e insumos que fueron pagados mediante el cheque número 1563 suscrito por el señor alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, cortes, Oscar Kilgore y el tesorero municipal, el señor Oscar Guerra Ocampo………. Por lo que se puede constatar con el simple examen físico de las reservas presupuestarias en las que se indica la afectación de los fondos municipales por reembolsos. Si bien, el señor alcalde y el tesorero municipal de San Pedro Sula, cortés de conformidad a la ley de municipalidades, son responsable del manejo de fondos de ese ente estatal, y en atención a esa potestad firmaron el titulo valor descrito, no es posible deducirles responsabilidad por la distracción de los caudales públicos mencionada, pues privan los principios de buena fe y el de confianza en las actuaciones administrativas, tomando en cuenta que al examinar visualmente el documento y verlo sustentado documentalmente, con las firmas y sellos correspondientes, y el haber pasado la revisión por del departamento de auditoría, han de suponer que se siguió la ruta del procedimiento administrativo de compras correspondientes, por esa razón, la sola firma de dicho título valor por ambos funcionarios, no puede considerarse por sí misma, como una acción típica, ni constituir dolo o culpa por parte de dichos funcionarios para malversar los fondos municipales en relación a los otros encausados Ingmar Gonzáles Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega el ministerio público, no ha establecido que como funcionarios públicos, tuviesen a cargo la administración de bienes o efectos municipales o alguna potestad que los obligase a dirigir o supervisar los procedimientos administrativos, y concretamente relacionado con la adquisición de materiales e insumo, específicamente las compras y el pago de las mismas y por otro lado, tampoco se acreditó que hubiesen malversado los fondos públicos que se pagaron a la ferretería Sumaco o que de alguna manera hubiesen estado vinculados mediante acciones con la distracción de dichos fondos públicos, faltando a la verdad con documentos falsos en su contenido, o distorsionando el procedimiento administrativo correspondiente” b) referente al delito de abuso de autoridad[2] los juzgadores al momento de valorar la prueba de la defensa consistente en las declaraciones de los señores Carlos Ernesto García Y Julio Cesar Valdez, corroborada con las pruebas documentes cheque número 1563, oficio número 0023-2007da- msps y las disposiciones generales del presupuesto de los años 2004-2005, consideraron que: “se acredita que en el caso de autos, se violentaron todos los procedimientos administrativo, al haberse fraccionado innecesariamente los pagos, a los microempresarios de la limpieza vial, con lo cuales se evadió la obligación de realizar licitaciones, no hubo tal subrogación en la cual ha insistido la defensa, pues ninguna prueba determinó que se hubiesen efectuado deducciones a los pagos de planilla hecho a los microempresarios por parte de la municipalidad…… debieron respetarse las disposiciones internas vigentes, las ley general de presupuesto y de contratación del estado, pues los límites si se tomaban individualmente para cada contrato debían haberse exigido tres cotizaciones como mínimo para asignar la compra, lo cual no fue correcto, y el hacerlo implicó un fraccionamiento del gasto, que no es permitido en el marco legal mencionado para la ejecución de los gastos públicos; y en relación con el gasto global de dos millones setecientos once mil cuatrocientos cuarenta y un lempiras con veinticuatro centavos (l 2,711,441.24) debió seguirse un proceso de licitación pública[3].” Siendo el criterio de este ente objetivo que conforme a nuestra normativa dicha violación al procedimiento de contratación del estado es constitutivo del delito de abuso de autoridad. Sin embargo el tribunal apreció que “en el caso concreto, la compra de insumos y herramientas nunca fue efectuada por los contratistas, pues la cláusula tercera imponía a la municipalidad de San Pedro Sula, la obligación de proporcionarles insumos y herramientas, por otra parte, tal como se deduce de las facturas pagadas a la ferretería Sumaco, esas erogaciones nunca podrían considerarse gastos para mejoras de las aéreas de trabajo, por tanto esos pagos fueron indebidos, sin embargo la prueba no nos permite determinar que los acusados hubiesen sido los responsables de tales ilicitudes” (ver apartado de la valoración probatoria, páginas 21 de la sentencia). C) concerniente al delito de uso de documentos públicos falsos[4], los sentenciadores respecto al pago de los materiales e insumos, señalaron “si se pagaron a pesar que se recurrió a una falacia para que se produjera el pago, el cual fue emitido mediante un cheque, titulo valor que en forma es legítimo por cuanto fue emitido por los funcionarios con las facultades legales correspondientes, produciéndose una falsedad ideológica; asimismo, producto de esa argucia, se produjo un pago único, fraccionándolo y disfrazándolo como si se tratase de una suma de varios pagos parciales por cada uno de los micro empresarios, para evitar la realización de licitaciones públicas, y aun cuando se tomase individualmente cada monto, de conformidad a la ley general de presupuesto, siempre se quebrantó la normativa vigente, pues, para ese monto debieron hacerse tres (3) cotizaciones previamente a ejecutar las erogaciones. Concluyendo el tribunal, que a pesar de haberse acreditado dichos hechos “tampoco se demostró que los acusados hubiesen distraído fondos públicos, mediante la argucia de utilizar documentos falaces en su contenido y que hubiesen implementado los procedimientos irregulares que tuvieron como consecuencia la emisión del cheque 1563, suscrito por el señor alcalde Oscar Kilgore López el señor Oscar Guerra Ocampo, en su condición de tesorero municipal…… causándole un ostensible daño patrimonial a la comuna sampedrana” esta representante de la sociedad, considera las citadas apreciaciones por parte del juzgador, como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de éstas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador como conclusión que se extrae de los medios probatorios aportados, que no se pudo establecer la responsabilidad de los acusados en los delitos antes descritos, basado en las razones señaladas; pues de la prueba evacuada en inicio podemos constatar, que se probó fehacientemente los ilícitos en que se fundamentó la acusación, lo cual afirmamos en base a los argumentos que señalamos a continuación: en relación a la responsabilidad de los acusados Oscar Eduardo Kilgore, Oscar Guerra Ocampo, Ingmar Gonzáles Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega en su participación en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos de carácter doloso y uso de documentos públicos falsos considero la absolución de todos los encausados. No obstante que, ha tenido como acreditada la autoría de los acusados, Oscar Eduardo Kilgore Y Oscar Guerra Ocampo por el delito de malversación de caudales públicos, pues como alcalde y tesorero respectivamente son responsables del manejo de ese ente estatal y en atención a esa potestad firmaron el titulo valor, sin embargo reflexionaron los juzgadores que no es posible deducirles responsabilidad por la distracción de caudales públicos mencionada, pues privaron los principios de buena fe y el de confianza en las actuaciones administrativas. En cuanto al delito de abuso de autoridad, al valorar la probanza se consideró que no se aportó prueba como el manual de puestos y salario, por ello no fue posible determinar, cuál era la posición desde el punto de vista, funcional de cada uno de los encausados, para poder delimitar así, la intervención en el ilícito y su nivel de responsabilidad en el mismo. Los sentenciadores establecieron que también se cometió el delito de uso de documentos públicos falsos, tipificado en el artículo 284 del código penal en el numeral 4 establece contenido normativo de la falsedad ideológica consistente en hacer en todo o en parte u documento falso, de modo que pueda resultar perjuicio faltando a la verdad en la narración de los hechos, al estimar que en efecto los señores Oscar Eduardo Kilgore Y Oscar Guerra Ocampo, en su carácter de funcionarios públicos, suscribieron el documento en uso de sus facultades legales, los cuales en atención al principio de confianza sabiendo que el mismo, se emitió, una vez evacuada la ruta administrativa de verificación del soporte documental en que se fundamentó; por otra parte valoran que, no se reprodujo prueba que nos indique que ambos actuaron a sabiendas o a propósito de falsear el documento de mérito, por lo cual, no es posible deducirles responsabilidad alguna por el delito de uso de documentos público falso. Siendo estos aspectos donde el ente fiscal centrará su alegato, pues al examinar la probanza en su conjunto, se logra establecer que se quebrantó el imperio de logicidad que rige la valoración fáctica, pues los imputados aprovechándose de sus respectivas funciones en la alcaldía de San Pedro Sula, realizaron una serie de acciones en una perfecta distribución de roles, que dieron lugar a cada uno de los ilícitos por los cuales fueron acusados, mismas qué enumeramos a continuación: a) no siguió el procedimiento establecido en la ley de contratación del estado para la compra de materiales e insumos; ésta acción permitió que se desviaran fondos municipales para fines distintos a (os establecidos en el contrato suscrito entre la municipalidad y los contratistas, ya que a través de una compra directa simulada de esos materiales, se evitó realizar el proceso de licitación, en la realización del mencionado pago de forma directa por más de dos millones de lempiras, para lo cual se recurrió al ardid de simular como gastos de los microempresarios para hacerles mejoras al área asignada cada uno de ellos, en realidad se produjo una compra directa de materiales e insumos, que fueron pagados mediante el cheque número 1563, suscrito por el señor alcalde y tesorero de la ciudad de San Pedro Sula, teniendo como soporte los contratos, las reservas presupuestarias y solicitudes de reembolso falsos (los micro empresarios declararon no haber autorizados para que se les dedujera el valor de las facturas a favor de ferretería Sumaco y que nunca solicitaron crédito a dicha empresa): de tal modo que en las mencionadas acciones tienen responsabilidad todos los encausados, el señor Oscar Kilgore como alcalde, Oscar Guerra Ocampo como tesorero, Ingmar Gonzáles Figueroa como gerente administrativo y financiero y Rubén Gustavo Bonilla jefe del departamento de desechos sólidos y parques, desde 9 julio del 2002 al 31 de enero del 2003 y en la gerencia de servicios municipales desde el 01 de febrero del 2003 al 1 julio de 2004; es así que los cargos que desempeñaban le imponía la obligación de actuar diligentemente en el cuidado del patrimonio del estado, para decirlo de otra manera, estos tenía la posición de garante[5] de los bienes que estaban bajo su administración, los funcionarios tenían la obligación en apego a la ley de actuar y no lo hicieron, pudiendo y debiendo hacerlo; de tal forma, que debían verificar la legalidad de los documentos que suscribían y corroborar que los procedimientos reglamentarios fueran seguidos y que no existiesen irregularidades en la compra de bienes; sin embargo, participaron en la simulación de las compras fraccionadas, no obstante que la municipalidad se había obligado en el contrato a proporcionar dichos materiales a los microempresarios, todo ello, a sabiendas que se trataba de una sola compra de materiales, pues conocían lo estipulado en dicho contrato, debido a que ellos mismo lo suscribieron y eran responsables de su ejecución, perjudicando así de manera arbitraria, los intereses económicos de la comuna sampedrana. Siendo relevante señalar, que fue acreditado en el expediente de mérito, que los microempresarios no solicitaron ningún crédito a la ferretería Sumaco, lo cual se evidencia con la declaración de los contratistas Carlos Enrique Rosa Toro, Conmemoración Reyes Villatoro, José Alberto Vásquez, Pedro Antonio Lara, Héctor Humberto Maradiaga Y Gilberto Orellana Borjas. De forma que, la ley de general presupuesto establecía en esa época, la obligatoriedad de realizar procesos de licitación para compras cuyo monto sea mayor a los doscientos cincuenta mil lempiras, extrañamente las compras fueron fraccionados y se realizó un solo pago de l. 2,711.441.24, lo que hace presumir que lo ejecutaron de esa forma para proceder a la contratación directa de la compra, sin embargo tal como lo expresamos con anterioridad, la ley de contratación de estado en su artículo 25 prohíbe expresamente el fraccionamiento de los contratos con el fin de eludir los procedimientos de contratación, por ello, consideramos que los enjuiciados en su calidad de servidores públicos, con sus actuaciones fuera de la ley, debidamente documentadas en el presente juicio, causaron un grave perjuicio al estado. B) se elaboraron las reservas presupuestarias para el pago del supuesto crédito otorgado por la empresa Sumaco a los contratistas, crédito que nunca existió pues los microempresario depusieron que ellos no contrajeron a mencionada deuda, ni se les dedujo de sus pagos las cantidades supuestamente adeudadas, de forma que la cantidad a que ascendía el monto del cheques a nombre de Sumaco sobrepasaba los dos millones de lempiras; documentos valores que definitivamente iban firmados por el alcalde y el tesorero y eran del conocimiento de Ingmar Gonzáles gerente de finanzas y administrador y del conocimiento de Rubén Bonilla jefe de desechos sólidos y parques, teniendo estos últimos una inmediación con el bien jurídico protegido, ya que el señor bonilla administraba los bienes de la alcaldía y el señor gózales por sus cargo estaba directamente relacionado con la ejecución del proyecto; encontrándose por ello, los encausados en la obligación de velar y garantizar el manejo adecuado de los recurso que le fueron dados para su administración y custodia, estando en el deber de ejecutar los proyectos respetando y defendiendo los intereses del estado, de acuerdo con los límites que establece la ley. C) la prueba evidencia un plan preconcebido, como antes lo señalamos, y como se demuestra de la prueba evacuada en juicio, cada uno de los procedimientos legales fueron cambiados para obtener los resultados previstos de antemano por los ahora acusados: • las reservas presupuestarias relacionadas con contratos evidencian que los acusados planificaron su acción delictiva pues éstas debían hacerse con un año de anticipación para que dichas cantidades de dinero fuesen consideradas en el presupuesto. • se fraccionó la compra de materiales e insumos. • se solicitó el crédito a la empresa ferretera Sumaco a nombre de los contratistas, sin conocimiento de estos. • se elaboraron autorizaciones para efectuar deducciones a los contratistas las cuales según estos no fueron firmadas por ellos. • acciones todas que las máximas de la experiencia y la lógicidad sea a nivel de coherencia en la regla de la identidad o de la suficiencia, en la razón suficiente que integra el postulado de derivación, nos indican que no fueron cometidas bajo el principio de confianza, porque si las analizamos en su conjunto evidencian una secuencia para dar lugar a un resultado, que ya hemos señalado en los párrafos anteriores. El sentenciador apartándose del sentido común, señala que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa y que en el caso de Ingmar Gonzáles Y Rubén Bonilla, no tienen responsabilidad porque a su criterio desconocían lo que sucedía; razonamiento que consideramos contrario al recto entendimiento humano, pues las acciones antes enumeradas y probadas fehacientemente con la prueba antes descrita evidencian que los acusados por la función que ejercían dentro de la alcaldía, conocían o sabían muy bien los resultados que obtendrían al final de la ejecución de las mismas, es así que como hemos reiterado que fraccionó la compra de materiales e insumos, no obstante que se encontraban en la obligación de velar y garantizar el manejo adecuado del recurso que le fue dados para su administración y custodia. La prueba supra descrita, hace patente que los imputados Oscar Eduardo Kilgore López, Oscar Guerra Ocampo, Ingmar Gonzáles Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega cooperaron entre sí para llevar a cabo su acción delictiva, de esa manera les sería posible sustraer o desviar los fondos de la alcaldía municipal de San Pedro Sula, evidenciado su concierto previo para apropiarse de los caudales públicos, cada partícipe tenía una función asignada, tal y como lo hemos descrito anteriormente en detalle, consecuentemente, las máximas de la experiencia nos inducen a concluir que todo obedeció a un plan delictivo en donde la conclusión lógica fue el desvió del caudal público, lesionando a administración pública al vulnerar el principio de la buena administración pública. En este orden de ideas y atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el ministerio público es del criterio, que la errónea valoración del tribunal se evidencia, al considerar la probanza de manera aislada y no haber sido realizada su valoración en consonancia con las reglas de la sana crítica, pues si se hubiese estimado de forma conjunta y armónica, se habría dictado una sentencia condenatoria en contra de los imputados, por la perpetración de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos, a los que hemos hecho referencia; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la sana crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada. Finalmente, referimos que a la convención interamericana contra la corrupción contiene normas que resultan esenciales al momento de interpretar los diversos actos de corrupción y entre ellos los ilícitos antes señalados. En este sentido resulta oportuno recordar que el propósito de la convención ha sido promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y así también asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones a fin de preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente recurso, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo tribunal de sentencia, para que el trámite de que se trate, sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Concepto de la Infracción: Haber infringido el sentenciador la regla lógica de derivación, por falta de razón suficiente; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por haberse producido en el acto de la emisión de la sentencia definitiva. *Pretensión: Se declare procedente el Recurso El censor señala que el fallo contiene vicio grave que atenta contra las reglas de la sana critica, lo que provocó una sentencia absolutoria a favor de los acusados, en transgresión a los artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Explica que el Tribunal de Sentencia fue del criterio que la prueba pudo acreditar la existencia de los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y el uso de documentos falsos, empero señaló que no existían elementos que señalaran como responsables a los acusados Oscar Eduardo Kilgore López, Oscar Guerra Ocampo, Ingmar Gonzales Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega; Los juzgadores señalaron que respecto a los acusados Oscar Kilgore y Oscar Guerra, no era posible deducirles responsabilidad pues éstos obraron bajo el principio de buena fe y confianza en las actuaciones administrativas en las que intervinieron; entretanto en los casos de los señores Ingmar Gonzales y Rubén Gustavo Bonilla Ortega, no se puedo establecer cuál fue su intervención en la ejecución de los delitos, a falta de haber aportado un Manual de Puestos y Salarios. Afirma el censor que el Tribunal de Sentencia ha infringido la regla lógica de derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, a consecuencia de las conclusiones exculpatorias a las que arribó con respecto a la responsabilidad de cada uno de los acusados, ello porque: *No se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado para la compra de materiales e insumos, lo que permitió se desviaran fondos municipales; de ello los acusados son responsables pues sus cargos les exigían actuar diligentemente en el cuidado del patrimonio del Estado; *Se elaboraron reservas presupuestarias para el pago de un supuesto crédito dado por la Ferretería Sumaco a los contratistas; crédito que nunca existió y que sirvieron de respaldo para la emisión de cheque de parte del acusado Oscar Kilgore y Oscar Guerra, ello con conocimiento de los acusados Ingmar Gonzales y Rubén Bonilla, en su condición de Gerente de Finanzas y Jefe de Desechos Sólidos, respectivamente; Analiza el censor que los delitos fueron orquestados por los acusados pues se realizaron reservas presupuestarias relacionadas con los contratos, se fraccionó la compra de materiales e insumos, se solicitó crédito a la Ferretería Sumaco a nombre de los contratistas y sin el consentimiento de ellos, se elaboraron autorizaciones para efectuar deducciones a los contratistas, las cuales no fueron firmadas por ellos. Por lo anterior es criterio del censor que los acusados no realizaron las conductas bajo el principio de confianza, siendo ello una violación al principio de razón suficiente. De la Imputación Para esta Sala de lo Penal es importante tener en consideración cual es la imputación formulada por el Ministerio Público a cada uno de las personas acusadas, pues ello permitirá determinar si efectivamente existió -o no- una indebida valoración probatoria en relación a cada uno de los delitos por los cuales los acusados fueron objeto de procesamiento. Conforme la foliada judicial, fueron objeto de imputación los acusados por los siguientes delitos y conforme a los siguientes grados de participación: Cuadro No. 1

ACUSADO

CARGO

DELITO/TITULO DE PARTICIPACIÓN

AUDIENCIA PRELIMINAR

FOLIO

Abuso de Autoridad

Uso de Documentos Falsos

Malversación de Caudales Públicos

Oscar Eduardo Kilgore

Alcalde Municipal

Autor

Autor

Autor

14 de noviembre de 2008

Oscar Guerra Ocampo

Tesorero Municipal

Autor

Autor

Cómplice Necesario

27 de marzo de 2015

1802 Y 2385

Ingmar Gonzales Figueroa

Gerente financiero

Autor

Autor

Cómplice Necesario

27 de marzo de 2015

1802 Y 2385

Rubén Gustavo Bonilla Ortega

Jefe de la Unidad de Servicios Municipales

Autor

Autor

No hay Imputación

16 de junio de 2014

El cuadro No. 1 obliga a corregir el contenido del recurso de casación, pues en éste se señala que los acusados actuaron en coautoría respecto a todos los delitos, alejándose de lo que fue la imputación y de lo que se defendieron cada una de las personas acusadas. Por otra parte, considera importante esta Sala de lo Penal, siempre para efectos de análisis sobre el proceso valorativo de la prueba, hacer recordatorio de los conceptos que gravitan alrededor de cada uno de los delitos objeto de la imputación: A.- Del delito de Falsificación de Documentos Públicos En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública; Esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es así que sin la fe pública no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal: la primera tiene su amparo en la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que inviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de la defensa de este bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos, la Falsificación de Documentos Privados y el Uso de Documento Falso, contenidos en los artículos 284, 285 y 289 respectivamente, lo que obliga a definir: que es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación. Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calón, (Citado por Diego Diez, Alfredo, en Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Proyecto de Fortalecimiento de la Carrera Judicial de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pág., 18) que para efectos legales deberá de reunir los siguientes elementos: 1. Ha de ser escrito: Confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; 2. Ha de estar escrito en cosa mueble; 3. Autor identificado o identificable; y, 4. Apto para producir efectos jurídicos; Ahora bien, son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 271[6], entre otros, “los otorgados ante funcionario o empleado público legalmente facultados para dar fe en ejercicio de sus atribuciones”.- El Código Penal, en el artículo 393 señala que se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeña un cargo o empleo público; Si bien este concepto está vigente a la fecha, el mismo ha sido ampliado por el definido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, (CICC), al señalar que funcionario público o servidor público es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos (Art. 1 CICC), con independencia de su antigüedad (Art. 2.a.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, CNUCC). Finalmente, el documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: 1. La Falsificación Material acontece cuando existiendo de previo un documento público legitimo se procede a alterar el mismo agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; 2. La Falsedad Ideológica puede producirse de dos maneras: a.- Por Veracidad: Cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; b.- Por Legitimidad: Cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley; igualmente cuando el funcionario elabora el documento fuera de las potestades que la ley le señala. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 284 del Código Penal que “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1).- Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2).- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; 3).- Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4).- Faltando a la verdad en la narración de los hechos; 5).- Alterando las fechas y cantidades verdaderas; 6).- Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido; 7).- Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original; 8).- Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial; y 9).- Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.”. Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como guardador de la fe pública estatal; 3. Objeto material del delito es un documento de carácter público, catalogado así por estar comprendido dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso hacer en todo o en parte un documento público falso (Falsedad Ideológica) o alterar uno verdadero (Falsificación Material); 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, descrito en el tipo penal mediante nueve supuestos de hecho, cada uno constitutivo de un delito independiente: Los supuestos de los numerales 1, 5, 6 y 8 están dentro de las falsificaciones materiales, los supuestos de los numerales 2 y 3 están dentro de la falsedad ideológica, los supuestos de los numerales 4 y 7 pueden ser cometidos de ambas maneras, y el supuesto del numeral 9 en realidad no se ajusta al concepto de falsificación material o falsedad ideológica, sino que implica la destrucción total o parcial de dicho documento, así como su ocultamiento, que se castiga bajo la pena indicada en el artículo 284 del Código Penal; 6. Causación de perjuicio: Como elemento objetivo el tipo penal exige que exista un perjuicio ocasionado por la falsificación de documento; la norma no determina la clase de perjuicio, por lo que ésta puede ser de cualquier índole (en perjuicio patrimonial, del estado civil de las personas, del honor, etc.) por lo cual da vía a que este tipo de delito generalmente se aprecie en concurso medial con otro u otros; 7. La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción principal de tres (3) a nueve (9) años de reclusión cuando el documento fuese público y de seis (06) meses a tres (03) años de reclusión cuando el documento fuese privado, a la que debe sumarse la inhabilitación absoluta de dos (2) a diez (10) años cuando se trate de un delito de falsificación material o falsedad ideológica por veracidad de un documento público cuya autoría sea de un funcionario público quien lo haya ejecutado con abuso de su cargo, que no es más que el documento haya sido confeccionado con ocasión del ejercicio del cargo público, conforme lo ordena el artículo 290 del Código Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de falsificación de documentos públicos es el dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es (ver sentencia de la Sala de lo Penal del 11 de junio del 2009 en Exp. 040-2008). Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: 1. Según su Estructura: a.- Tipo Penal Básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; b.- Tipo Penal Compuesto: ya que describe varios modelos de comportamiento, cada uno capaz de configurar un delito independiente; 2. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la falsificación de documento público; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c.- Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d.- Tipo Penal cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión las circunstancias típicas, de tal manera que las conductas prohibidas se desprende con claridad en los nueve numerales de la norma; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal, cuando se trate de falsificación material; c.- Tipo Penal Especial o de Sujeto Activo Cualificado, pues tratándose de la falsificación ideológica se requiere que el sujeto activo sea de aquellos que la ley determina que pueden ser autores del documento público; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la fe pública; b.- Tipo Penal de Lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado; Como se ha señalado ut supra, la lesión a la fe pública se provoca debido a que el documento público falso, al tener apariencia de verdadero, logra un cometido (perjuicio resultado de su falsedad), con lo cual no solo se provoca en sí el menoscabo a la fe pública, sino además daño a otro bien jurídicamente tutelado, dándose así el concurso medial entre el delito de falsificación de documentos y otra figura delictiva. Como delito relacionado a la Falsificación de Documentos Públicos, encontramos el delito de Falsificación de Documentos Privados, que ocurre cuando el objeto del delito recae en un documento que no es público. Otro delito relacionado es el de Uso de Documento Público Falso, contenido en el artículo 289 del Código Penal que establece que constituye delito cuando una persona teniendo conocimiento previo de la falsedad de un documento público o privado, hace uso de él en el tráfico jurídico; es pues que para la existencia de este delito debe de concurrir los siguientes requisitos: 1. Existencia previa de un documento público falso, en los términos de los artículos 284 del Código Penal; 2. Que el autor del delito tenga conocimiento previo respecto a la falsedad del documento público (elemento subjetivo); 3. Que el documento público o privado sea utilizado en el tráfico jurídico inherentes a las relaciones sociales y con ello se cause un perjuicio; y 4. Que el autor del uso de documento público o privado falso no haya tenido participación alguna en la falsificación del documento público. B.- Del Tipo Penal de Abuso de Autoridad La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNACC) señala que cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito -cuando se cometa intencionalmente-, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad (Art. 19 CNACC); cumpliendo tal compromiso, el Estado de Honduras ha previsto en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la agrupación de una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato, como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en perjuicio de la Administración Pública encontramos los contenidos en el artículo 349 del Código Penal: i).- Delito de Abuso de Autoridad, que agrupa aquellas conductas realizadas por el empleado o funcionario público, que desbordan las funciones a él encomendadas por ley, reglamento, resolución o mandato de autoridad competente, ejecutando entonces conductas que no está autorizado a realizar; y ii).- Delito de Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, que apila las conductas omisivas que el empleado y funcionario público deja de realizar aun cuando por disposición legal, reglamentaria, por resolución o mandato de autoridad competente, está obligado a cumplir por estar dentro de las funciones inherentes a su función pública.- Desafortunadamente el legislador al momento de construir el artículo 349 del Código Penal no previó la debida separación de las conductas propias de cada delito; de este modo encontramos conductas de Abuso de Autoridad en los numerales 2 y 5; y de Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios en los numerales 1, 2, 3, 4, y último párrafo sin numerar. - El artículo in comento señala: “Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el Funcionario/a o empleado/a público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 4) Requerido por autoridad competente no preste la debida cooperación para la eficaz administración de justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dictada por autoridad competente, la pena se aumentará en un (1/3) tercio; y, 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuere de grave trascendencia, la pena se rebajará en un (1/6) sexto. La misma pena se aplicará al oficial o agente de la fuerza pública que rehusé, omita o retarde, sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Puntualmente el delito de abuso de autoridad reprocha al empleado o funcionario público que -traicionando la confianza que se ha depositado en él- por parte del elector o por parte de otra autoridad pública, abusa la autoridad recibida en administración para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario debe ser un guardián celoso de su cumplimiento.- El artículo 349 del Código Penal prevé cuatro supuestos distintos para la comisión de este delito: 1. Cuando el empleado o funcionario público dicte ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2. Cuando el empleado o funcionario ejecute las órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 3. Cuando el empleado o funcionario público revele un hecho del que tenga conocimiento por razón de su cargo y que deba permanecer en secreto; y 4. Cuando en empleado o funcionario público facilite la revelación un hecho del que tenga conocimiento por razón de su cargo y que deba permanecer en secreto. Por ser atinente al caso que nos ocupa, estudiaremos los dos primeros supuestos del delito de abuso de autoridad. - Son los elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales, lo señalado por el artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como: toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte la Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo I señala que debe entenderse por funcionario público, oficial gubernamental o servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; 2. Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública; 3. Objeto material del delito es la administración pública, como bien jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, los cuales deben diferenciarse si se trata de carácter general o de carácter particular: a) De carácter general cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe) por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; b) Es de carácter particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleado o funcionario público sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, Pág. 165); 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es: a) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer; y b) Ejecutar: que implica dolosamente cumplir, concretar, materializar, hacer, elaborar o en definitiva llevar a cabo el contenido de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto, plasmarlo en la realidad; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; En este caso él puede ser: Cuando el sujeto activo es el emisor: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ella, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la ley no le otorga o cuando la propia ley se lo prohíba; b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones; y Cuando el sujeto activo es el ejecutor: Ejecutar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, con conocimiento de cualquiera de los siguientes supuestos: a) La autoridad que los emite no tiene la facultad para emitirlos; b) El mandamiento no reúne las formalidades que ley exige; c) El mandamiento es contrario a lo que establece la Constitución y las leyes; d) No está dentro de las facultades legales del sujeto activo ejecutar el mandato. 6. Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción de reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, individualizada por el tribunal de sentencia. Como elemento subjetivo del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Abuso de Autoridad: A) Según su estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal compuesto: ya que describe cuatro modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por sí mismo una modalidad típica distinta; B) Según su contenido; i) Tipo Penal de mera conducta, para la conducta criminosa de “dictar”, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de resultado, para la conducta criminosa de “ejecutar”, por exigir la producción de un resultado derivado precisamente de la ejecución de las disposiciones ilegales; iii) Tipo de Conducta Instantánea al contener dos supuestos de hecho (dictar, ejecutar) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iv) Tipo Penal de Acción: porque en las conductas criminosas de dictar y ejecutar, describe un modelo de comportamiento comisivo; v) Tipo Penal Cerrado porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo Penal de Peligro: es preciso tener claro que la modalidad criminosa descrita puede ser realizada por diversas formas de conducta, pero en lo que se refiere a la conducta criminosa de “dictar” no es un delito de resultado material, bastando la acción -en su caso la mera acción- para que se consume el tipo. En el caso del dictado de órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, es claro que la consumación se dará cuando se dicten, esto es cuando aquélla se integre como acto administrativo o jurisdiccional válido, independientemente de que haya producido sus efectos afectando a terceros o más propio al Estado, o que alcance estado de firmeza.- En el caso del verbo rector “ejecución”, el delito se consuma cuando el funcionario ejecute las órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos; esto es, que concrete sus contenidos sobre los objetos de ellas, aun cuando ello no produzca perjuicio a terceros o al Estado. Por todo lo expuesto se señala que en el caso del verbo rector de “dictar” no es posible la tentativa, más si en el verbo rector de “ejecutar” ya que quien se prepara para cumplir la disposición ya está actuando sobre el objeto de la orden y esto puede entenderse como acto ejecutivo, que puede ser impedido. Por otra parte, el delito de violación de los deberes y obligaciones de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se traduce o no algún resultado lesivo para la administración pública. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: empleado o funcionario público. 2. Sujeto Pasivo: lo constituye el Estado de Honduras, al ser el garante de una correcta administración pública, entendiéndose como tal el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad. 3. Conducta Criminosa: Está definida con la descripción conductual contenida en los verbos rectores; tratándose del delito de Violación de los Deberes y Obligaciones de los funcionario públicoss, se requiere: a. El deber de realizar el acto omitido, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el empleado o funcionario público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b. Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c. Omitir, rehusar o retardar el acto obligado, lo que implica: a.- Omitir (no preste), la que requiere que el agente no realice la conducta funcional dentro del término señalado, y en los casos donde no exista término, dentro del período de tiempo en que la conducta pueda alcanzar el fin perseguido.- También implica omisión cuando se realice la conducta funcional dolosamente tan ineficiente que no consiga los efectos normales; b.- Rehusarse (negarse) lleva la condición no solo de omitir el acto dentro del plazo señalado o dentro del “tiempo útil”, sino de manifestar abiertamente su negativa de realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; y c.- Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o término previsto por la ley, reglamento, disposición u orden o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe cumplir como empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe realizar el mismo y voluntad libre de no hacerlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público, a determinar en cada caso concreto bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Abuso de Autoridad: A) Según su Estructura: i) Tipo Penal Básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: ya que describe varios modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta: “se niegue”, “se abstenga”, “omita, rehusé o retarde” y “no preste”.- B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de Mera Actividad, ya que el delito se agota con la mera omisión del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener supuestos de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Omisión Propia: al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); iv) Tipo Penal en blanco debido a que el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República.- C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal de Sujeto Activo Calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público y que con ocasión de éste: desempeñe u observe la omisión reprochada.- D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo Penal de Peligro: pues la conducta omisiva no necesariamente requiere un resultado material, una lesión al bien jurídicamente tutelado; basta que éste haya sido puesto en peligro para que se considere consumado el delito; la sola inactividad de la acción esperada en el tiempo exigido por la ley o esperado consumar el delito, aun cuando no se diese resultado dañoso materialmente.- Por todo lo expuesto es que en este tipo de delito no es posible la tentativa, ante la ausencia de un estadio intermedio entre la ejecución y la consumación. C.- Del Delito de Malversación de Caudales Públicos En común, todos los delitos contemplados en el Capítulo VI del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, tratan sobre la tutela del regular cumplimiento de las actividades patrimoniales del Estado de Honduras que tengan como objeto la administración de sus propios activos.- Es importante señalar que aun cuando es innegable el contenido patrimonial de los delitos agrupados, éstos no tienen como destino la protección de la propiedad como bien jurídicamente protegido, sino la seguridad de su afectación a los fines para los cuales se los ha reunido, creado o destinado los bienes objeto del delito, es decir que el bien jurídicamente tutelado por estos delitos es la Administración Pública; es así que los delitos recogen supuestos donde se formula reproche de conductas que impliquen un manejo anormal de los bienes por parte de empleados o funcionarios públicos, quienes están encargados de hacerles cumplir sus finalidades o preservarlos para ello, ya sea porque a éstos se le haya confiado directamente su administración, percepción o custodia o ya sea porque intervienen en dicho proceso. La malversación de caudales públicos puede ser por apropiación o por distracción, siendo este último el sentido de la acusación. - El artículo 372 del Código Penal establece: “El funcionario o empleado público que destine los caudales, bienes o efectos que administra a un fin distinto del que les corresponde y si con ello no causa daños a los intereses patrimoniales del Estado, será sancionado con multa de cincuenta mil (L 50, 000.00) a cien mil (L 100, 000.00) lempiras e inhabilitación especial de tres (3) a cinco (5) años. Si ocasiona daños a dichos intereses o entorpece un servicio público, la multa será igual al cien por ciento (100%) del valor del daño causado o de los gastos que el Estado deba realizar para normalizar el correspondiente servicio público, más inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años. En ningún caso la multa será inferior a la señalada en el párrafo precedente.”. Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: 1. Sujeto Activo: La norma exige que debe ser un empleado o funcionario público, entendiéndose como tal la definición del Código Penal en el artículo 393 en relación con el concepto dado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción en el artículo 1 y por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el artículo Art. 2.a.1, tal y como se ha señalado ut supra. Además, el empleado o funcionario público, para que tenga la calidad de autor, deberá tener una de estas dos condiciones: a.- Tener a su cargo la administración, percepción o custodia de los caudales objetos de delito o, en su caso, por disposición legal, reglamentaria o resolución válida: i .-El funcionario o empleado público administra cuando está facultado para disponer de los bienes o para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas; ii.- El funcionario o empleado público percibe cuando llegan a él/ caudales con la obligación de ingresarlos a la administración o regresarlos a ella, integrándolos en la pertenencia de la Administración, adquiriendo así el carácter de públicos; y, iii.- El funcionario o empleado público realiza la custodia cuando ejerce la actividad de cuidado y vigilancia sobre los bienes como parte de la función administrativa (y no como una mera vigilancia). b.- Intervenir, por cualquier causa, en los actos de administración, percepción o custodia, lo que implica que para este sujeto activo no se requiere que tal intervención sea por mandato legal, reglamentario o por resolución válida, puede inclusive ser una intervención de hecho o inclusive una intervención contra legem. 2. Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como garante de una correcta administración pública, caracterizada por la eficiencia y eficacia de sus decisiones; 3. Objeto material del delito son caudales públicos, los cuales no se reducen a simplemente dinero, sino a cualquier activo, mueble o inmueble, tangible o intangible, y en general a cualquier objeto, bien o acción dotados de valor de naturaleza económica. 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es el de destinarlos a un fin distinto, que agrupa dos acciones: a.- Sustraer, ya sea material o simbólicamente, el caudal público de la esfera administrativa en que han sido colocados por resolución basada en ley o reglamento; y b.- Distraer el caudal público para la satisfacción de un interés social no previsto, siendo indiferente si estaba ya definido o estaba por definirse, siendo lo importante que los fondos hayan sido utilizados para un objeto social no contemplado; la disposición de fondos deberá l ser a nombre o por cuenta del órgano estatal. 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, el cual puede ser de cualquier forma, desde la mera sustracción propia o a través de disposiciones de terceros con ocasión de un ardid; 6. Causación de Perjuicio: a.- Sin causación de perjuicio, ello porque la disposición de los bienes del Estado logró la satisfacción de un interés social bajo la responsabilidad de la institución a la que pertenece el funcionario público, sin que esto allá implicado el desprovisionamiento de fondo de otras responsabilidades; b.- Con causación de perjuicio, ya sea porque: i.- tuvo por objeto la satisfacción de un interés social que no forma parte de las responsabilidades de la institución pública a la que pertenece el sujeto activo; ii.- el interés social satisfecho, aun cuando sea parte de las obligaciones de la institución pública a la que pertenece el sujeto activo, ocasionó el desaprovisionamiento de fondos para la satisfacción en el tiempo previsto. de otros intereses sociales que si estaban contemplados como fin para los caudales públicos que fueron dispuestos. - Es importante señalar que el delito no desaparece por la posterior restitución del empleado o funcionario público de los activos distraídos, aun cuando no haya mediado requerimiento; 7. La penalidad, está condicionada a la existencia o no de perjuicio para el Estado de Honduras como consecuencia del delito: a.- Multa de cincuenta mil (L 50, 000.00) a cien mil (L 100, 000.00) lempiras e inhabilitación especial de tres (3) a cinco (5) años, si no se causa perjuicio a los interés patrimoniales del Estado y; b.- Multa al cien por ciento (100%) del valor del daño causado o de los gastos que el Estado deba realizar para normalizar el correspondiente servicio público, no debiendo ser en ningún caso menor a L 50,000.00, más inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años; Como elemento subjetivo del tipo penal, debe existir en el empleado o funcionario público conocimiento de que se están distrayendo fondos públicos, destinándolos a un fin distinto o en un tiempo no contemplado, sin que exista ánimo de lucro propio o ánimo de lucrar a un tercero. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: 1. Según su Estructura: a.- Tipo Penal Especial: por partir de un tipo penal básico como lo es el peculado; b.- Tipo Penal Simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: apropiación; 2. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de Resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la apropiación del caudal público, el cual debe ser cuantificable para efectos de pena; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c.- Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d.-Tipo Penal Cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con claridad; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal Especial o de Sujeto Activo Cualificado, pues tratándose no solo requiere que se trate de un empleado o funcionario público, sino que también éste tenga a su cargo la administración, recepción o custodia del caudal público o, como tal participe en dichas actividades en cualquier etapa del proceso; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública, volviendo el delito en funcional, pues protege la correcta función pública; b.- Tipo Penal de Peligro al representar un peligro en la correcta y efectiva administración pública; De la Procedencia del Motivo. El Motivo es de RECIBO. Retornando al caso de marras, ha señalado el Tribunal de Sentencia que se probó la existencia de los tres delitos acusados: malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y uso de documentos falsos; reflexionaron los juzgadores en relación a ello de la siguiente manera: *Las pruebas permiten determinar la irregularidad con que se manejó el pago a la empresa mercantil Sumaco S. de R. L., pues se evidenció que se recurrió al artificio de simular la compra directa de esos materiales, disfrazándolos como gasto de los micro empresarios para hacerles mejoras al área asignada a cada uno de ellos por la Municipalidad, de lo cual -según el contrato- debía hacerse responsable el contratista y su pago mediante reembolso contra la factura; en realidad se produjo una compra directa de materiales e insumos que fueron pagados mediante cheque suscrito por el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Oscar Eduardo Kilgore y por el tesorero municipal Oscar Guerra Ocampo; (f. 4159); *Se violentaron todos los procedimientos administrativos, al haberse fraccionado innecesariamente los pagos a los micro empresarios de la limpieza vial, con lo cual se evadió la obligación de realizar licitaciones, no hubo la subrogación alegada por las defensas privadas, pues ninguna prueba determinó que se hubiesen efectuado deducciones a los pagos de planilla hechos a los micro empresarios por parte de la Municipalidad (f. 4164); *Se debió seguir un proceso de licitación pública, en el caso concreto la compra de insumos y herramientas nunca fue efectuada por los contratistas, pues la cláusula tercera imponía a la Municipalidad de San Pedro Sula la obligación de proporcionarles los insumos y herramientas a los micro empresarios; Por otra parte, tal como se deduce de las facturas pagadas a la ferretería Sumaco, esas erogaciones nunca podrían considerarse gastos para mejora de áreas de trabajo, por tanto esos pagos fueron indebidos (F. 4166); *Con la prueba, sin duda alguna, se acreditó que se destinaron fondos municipales para fines distintos a los establecidos en el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y varios micro empresarios (f. 4166); *Que se usaron -para la solicitud de pago- reservas presupuestarias y solicitudes de reembolsos faltos a la verdad, porque en ningún momento los micro empresarios dijeron haber autorizado a la Municipalidad para que les dedujeran el valor de las facturas a favor de la empresa Ferretería Sumaco, porque nunca solicitaron crédito a dicha empresa y por tanto no había nada que reembolsarles, lo que se puede constatar con el simple examen físico de las reservas presupuestarias en las que se indica la afectación de los fondos municipales por reembolso. (f. 4159); *Respecto a la responsabilidad de los acusados de los delitos acreditados, los juzgadores derivaron lo siguiente: *A los acusados Oscar Eduardo Kilgore y Oscar Guerra Ocampo no es posible deducirles responsabilidad por la distracción de los caudales públicos, pues privan los principios de buena fe y el de confianza en las actuaciones administrativas, tomando en cuenta que al examinar visualmente los documentos se aprecian firmas y sellos que prueban que pasaron por la revisión del Departamento de Auditoría, lo que supone que siguieron la ruta de procedimiento administrativo; *No se estableció que los acusados Ingmar Gonzales Figueroa y Rubén Gustavo Bonilla Ortega, tuviesen cargo de administración de bienes (f. 4164 v.). - No se probó la participación de los acusados en los delitos, en específico cuál era su función o cual fue su intervención (f. 4165); *No se probó que los acusados hubiesen estados vinculados en acciones de distracción de fondos públicos, faltando a la verdad con documentos falsos en su contenido o distorsionando el procedimiento administrativo (f. 4164 v.). La derivación hecha por los jueces es que los acusados no tienen responsabilidad en los delitos acreditados -aquella a la que el Ministerio Público identifica como mal derivada por no haber razón suficiente- resolviendo esta Sala de lo Penal que tal denuncia es correcta, pues los juzgadores han derivado conclusiones de las que no se encuentra razón suficiente conforme a la propia valoración hecha por éstos de los medios de prueba que fueron presentados en la audiencia de debate. Recordemos que, mediante la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado de Honduras se ha comprometido con la comunidad internacional a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. (Art. 9.1 CNACC). Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por Ley de Contratación del Estado, en adelante LCE y su respectivo reglamento, en adelante RLCE (Art. 1 LCE).- Las Alcaldías Municipales, como Órgano de la Administración Pública descentralizada, deberá regirse igualmente por la ley mencionada, que dispone que todo contrato suscrito por estas entidades deberán ser aprobado por la mayoría simple de los miembros de la Corporación Municipal (Art. 11 LCE); condicionando que las contrataciones deben ser pactadas con el más alto sentido de calidad y las mejores condiciones de costo (Art. 5 LCE) , y con cláusulas y disposiciones claramente establecidas para una correcta ejecución y un debido control (Art. 5 LCE). Una de las atribuciones del Alcalde es la celebración de contratos (Art. 40.3 del Reglamento de la Ley de Municipalidades (RLM) en consonancia con el ordenamiento jurídico, el que deberá observar el orden por jerarquía contemplado en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado (Art. 14 RLCE) y cumpliendo con los principios de la sana y buena administración, respetando los procedimientos previstos en la ley (Art. 4 LCE).- Es de tener en cuenta que el alcalde municipal es la máxima autoridad ejecutiva dentro del término municipal, teniendo el papel de administrador general y representante legal del Municipio (Art. 43 y 44 Ley de Municipalidades, LM), y por ello el deber de cumplimiento de las normas legales, normas reglamentarias y normas técnicas que regulen su función administrativa, la que se debe basar en los Principios de Legalidad, Economía, Eficacia, Eficiencia, Equidad y Veracidad. (Art. 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RLTSC). El alcalde está obligado a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad; Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse de forma tal que permitan la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia (Art. 5 LCE), para ello la escogencia de la oferta más conveniente al interés general se hará con aplicación del método objetivo de evaluación y comparación que necesariamente se incluirá en el Pliego de Condiciones (Art. 7 LCE); en todos los casos los contratos deberán contener las cláusulas y disposiciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control (Art. 10 LCE); los contratos celebrados tendrán el carácter de documentos públicos (Art. 112 LCE). La Administración deberá optar por uno de los procedimientos de contratación establecidos en la ley, que para el año 2004 eran: Licitación Pública, Licitación Privada o Contratación Directa (Art. 38 LCE), debiendo estarse para su elección a las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado en relación a las contenidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año fiscal vigente al momento de efectuarse. Advierte la ley que en ningún caso el objeto de contratación o la ejecución del proyecto será fragmentado, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación descritos (Art. 25 LCE). Los Presupuestos Generales de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para los Ejercicios Fiscales aprobados para los años 2002 a 2006 (período de gobierno del acusado Oscar Kilgore), estaban contenidos en los decretos legislativos: i.- Año 2002: Decreto Legislativo No. 237-2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2001; ii.- Año 2003: Decreto Legislativo No. 12-2002-E, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2002; iii.- Año 2004; Decreto Legislativo No. 231-2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2003; iv.- Año 2005: Decreto Legislativo No. 215-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 31 de diciembre de 2004, el cual estuvo vigente hasta el 14 de mayo de 2006; y v.- Año 2006: Decreto Legislativo No. 32-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de mayo del 2005, vigente a partir del 15 de mayo de 2006. Las leyes fiscales temporales determinaban las normas de contratación del Estado regentes durante su vigencia, a saber: Cuadro No. 2

AÑO

Rangos de Contratación para Bienes y Servicios

Licitación Pública

Licitación Privada

Contratación Directa

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

Mayor de L. 250,000.00

Entre L. 100,000.00 y los L. 249,999.99.

Menor de L. 100,000.00

En todo proceso de contratación por Licitación Pública o Privada la autoridad pública responsable debía nombrar una comisión de análisis y evaluación de ofertas, la que en base a los Pliegos de Condiciones evaluaría cuál de ellas era la más propia para la adjudicación del contrato (Art. 53 RLCE).- Los contratistas favorecidos debían tener la capacidad legal para contratar con el Estado, de lo contrario los contratos serían nulos (Art. 19 LCE), por ello como requisito formal debía presentarse declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las causales de inhabilitación (Art. 18 LCE), sin perjuicio de las indagaciones que hiciera la autoridad responsable. La Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, por conducto del Señor Oscar Eduardo Kilgore, en su condición de alcalde municipal, firmó con al menos sesenta (60) personas naturales, a las que se les denominó “Contratistas” o “Micro Empresarios”, distintos contratos de “Servicio de Limpieza Vial” (Ver Tomo IX); todos los contratos eran idénticos, diferenciándose solamente por el nombre del contratista, el lugar o sector en donde se realizaría la limpieza, el valor a pagar por la Municipalidad de San Pedro Sula, la duración del contrato y la fecha de su firma; Entre sus cláusulas estaban: “Primera: La Municipalidad contrata los servicios del Contratista, para que ejecute labores de limpieza vial, sector comprendido […]. Segundo: El Contratista se obliga a realizar los siguientes trabajos: a.- […] b.- […] c.- […] d.- […] e.- […] f.- […] g.- […] h.- […] i.- […] j.- […] k.- […] l.- […] m.- […] n.- […] o.- […] p.- […] q.- […] r.- […] s.- […]. Tercero: La Municipalidad proveerá al Contratista de lo siguiente: 1.- Materiales e insumos necesarios para la limpieza (uniformes, chalecos, botas de hule, capotes, bolsas, carretas, trocos, drones, escobillas, etc.); 2.- Camiones recolectores u otro vehículo que se necesite para la recolección del producto generado para la limpieza. Cuarto: […].- Quinta: […].- Sexta: […].- Séptima: […]. Octava: Cualquier gasto que incurra la Micro Empresa para hacerle mejoras al área que se asignó la Municipalidad de San Pedro Sula, será la responsable de dichos gastos para ello el contratista deberá presentar la factura para su respectivo reembolso. Novena: […].- Decima: […]”. Lo anterior evidencia el error de valoración de los señores jueces de que impera el principio de confianza y de buena fe, ello porque al haber firmado todos los contratos el acusado Oscar Eduardo Kilgore tenía pleno conocimiento de su contenido, los que estipulaban claramente: 1.- La Alcaldía Municipal iba a proveer a los contratistas de las herramientas para realizar las obras de limpieza, es pues que los contratistas no debían aportar ninguna herramienta o insumo para este fin, mucho menos solicitar reembolso por compra alguna de herramientas o insumos; y 2.- Toda mejora que realizará el contratista en el área de trabajo asignado, entendiéndose como tales los lugares para realizar la limpieza, debían ser pagados por éste, quien posteriormente procedería a realizar solicitud de reembolso a la Alcaldía Municipal mediante la presentación de las facturas correspondientes; el pago entonces debía hacerse directamente a los contratistas siempre que lo hecho significara mejora en el área de trabajo.- Es claro que en todos los contratos se hizo una clara distinción entre los insumos y herramientas de limpieza y las obras de mejora en los lugares de trabajo; contratos que según los testigos valorados positivamente por el a-quo: Carlos Enrique Rosa Toro (f. 4131 v), Conmemoración Reyes Villatoro (f. 4132 v), Pedro Antonio Lara (f. 4134), Héctor Humberto Maradiaga (f. 4134 v), Gilberto Orellana Borjas (f. 4134 v.) fueron firmados en la Alcaldía Municipal, es así que se trataba de contratos de adhesión, cuyas cláusulas fueron fijadas precisamente por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula por conducto del entonces alcalde municipal. El Tribunal de Sentencia tuvo por acreditado (f. 4158 v) que en el año 2004, en una fecha no determinada pero antes del mes de marzo, una persona que se identificó como funcionario de la alcaldía municipal de San Pedro Sula se personó en las instalaciones de la Ferretería Sumaco S. de R.L., solicitando se abriera un crédito a favor de contratistas de limpieza y proporcionando un listado de personas que tenían tal calidad; Según el testigo Jean Francois Boadla, a quien el Tribunal de Sentencia dio plena credibilidad, (f 4158), se procedió a abrir la línea de crédito sin que ninguno de los contratistas se hubiese personado en el establecimiento comercial, procediendo a facturarse a nombre de éstos: insumos, herramientas de limpieza y pintura amarilla para señalamiento vial; facturas que después fueron entregadas a la Unidad de Servicios Municipales, en donde luego el acusado Rubén Gustavo Bonilla Ortega las usó para solicitar el reembolso de dichos valores en concepto de gastos por la compra de implementos para limpieza al acusado Ingmar Gonzales Figueroa -como más adelante se detallará- es de repetir lo señalado por el Tribunal de Sentencia que claramente las facturas eran por herramientas e insumos de limpieza y ninguna de ellas era por obras de mantenimiento o de mejoramiento vial (f. 4164). Como ya se ha insistido, en los contratos firmados por el acusado Oscar Eduardo Kilgore, con los “contratistas” se estipuló que sería la Alcaldía Municipal la encargada de suministrar los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad de limpieza; con ello el acusado, en su calidad de representante de la Municipalidad de San Pedro Sula asumió la responsabilidad de adquirir dichos implementos, adquisición que solo era posible mediante la práctica de una licitación pública, al sobrepasar la compra los L 250,000.00 que señalaba el Presupuesto General de Ingreso y Egreso de la República de Honduras para el año 2004; es por ello que no se puede deducir, como así lo hicieron los señores jueces, que el acusado obró de buena fe cuando suscribió un cheque por L 2,711,441.24 a favor de una ferretería, por la compra de implementos de limpieza, pues como alcalde sabía que no se había realizado licitación para realizar la compra de los insumos, los cuales se había comprometido entregar a los contratistas, era evidente que se trataba de una compra directa tal y como lo señala el propio tribunal de sentencia. De igual forma constituye un error en el proceso de derivación la conclusión del Tribunal de Sentencia de que el acusado Oscar Guerra Ocampo, actuó bajo el principio de buena fe y de confianza. El tesorero municipal es un funcionario público que es nombrado por la Corporación Municipal (Art. 31-A y 56 LM), obligado a dar fiel cumplimiento a la Ley de Municipalidades y su respectivo reglamento (Art. 31-C LM), así como a toda norma que sea inherente a sus funciones, las que están definidas en el artículo 58 de la Ley de Municipalidades, entre las que se encuentran: “1.- Efectuar los pagos contemplados en el Presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes” e “5.- Informar en cualquier tiempo a la Corporación Municipal, de las irregularidades que dañaren los intereses de la Hacienda Municipal”.- Contrariando tales obligaciones, el acusado Oscar Guerra Ocampo junto con el acusado Oscar Eduardo Kilgore López, libraron un cheque para que con fondos municipales se cancelara un supuesto crédito que había sido concedido por una ferretería a favor de particulares, sin que existiera ninguna obligación contractual o legal de la Alcaldía para cancelar el mismo.- Es de recordar que formalmente era la Alcaldía Municipal quien debía proporcionar los implementos necesarios para que los contratistas realizarán la labor de limpieza, por lo que no estaba previsto que la comuna realizará reembolso de facturas a éstos por la compra de los implementos. Los acusados no solo realizaron el pago en concepto de reembolso de implementos de limpieza, sino que dicho pago se realizó bajo el supuesto cumplimiento de la cláusula octava de los contratos, la que, si preveía reembolso, pero por reparaciones a las zonas de limpieza y no por la compra de implementos. Las facturas objeto de reembolso fueron las siguientes: Cuadro No. 3

Fecha

No. De Reserva Presupuestaria

No. De Factura

Nombre Del Contratista

Valor De La Reserva

Sub-Total Factura

Impuesto Sobre Ventas

Valor Total Factura

Deducción Papelería

24/08/04

Edgardo Adalid Vásquez

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Héctor Orlando Amaya

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Digno Mendoza

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

María Obdulia Vásquez

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Pedro Fuentes

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Reynaldo Rivera

34,338.84

31,124.00

3,734.88

34,858.88

520.04

24/08/04

Heriberto Escobar

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Waldina Lizeth Lara

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Ramón Alexander Benítez

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Tomas Baide

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Blanca Margarita Castillo

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Mario Elías Canales

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Pedro Antonio Lara

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Doris Suyapa Tabora

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Armando Agapito Brito

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

María de Jesús Barahona

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Valentina Amaya

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Juan Carlos Urbina

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

María Angélica Villalobos

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Héctor Humberto Maradiaga

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Carlos Enrique Rosa Toro

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Doris Suyapa Tabora

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Manuel de Jesús Toro

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Iris Argentina Flores

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Juan José Rodríguez

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Gilberto Orellana

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Conmemoración Reyes

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Sandra Patricia Amador

34,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

25.00

24/08/04

Omar Ramos Cabrera

33,833.88

31,124.00

3,734.88

34,858.88

1,025.00

24/08/04

Federico Juan Hegengarth

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Federico Juan Hegengarth

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Federico Juan Hegengarth

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Elia Tabora

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Lily Medina

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

24/08/04

Francisco Antonio Velásquez

34,338.84

30,682.00

3,681.84

34,363.84

25.00

31/08/04

Doris Suyapa Tabora

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Federico Juan Hegenbarth

34,937.39

31,216.42

3,745.97

34,962.39

25.00

31/08/04

Federico Juan Hegengarth

34,937.69

31,216.42

3,745.97

34,962.39

24.70

31/08/04

Omar Ramos Cabrera

34,937.39

31,216.42

3,745.97

34,962.39

25.00

31/08/04

Sandra Patricia Amador

35,007.58

31,279.09

3,753.49

35,032.58

25.00

31/08/04

Juana Pineda Leiva

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Federico Juan Hegenbarth

34,937.39

31,216.42

3,745.97

34,962.39

25.00

31/08/04

Pedro Fuentes

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Mario Elías Canales

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Antonio Lara

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Ramón Alexander Benítez

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Edgardo Adalid Vásquez

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

30/08/04

Lily Medina

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

28/09/04

Nimia Miyozty Guzmán

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

José de la Luz Maradiaga

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Juan Villalobos

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Francisco Antonio Velásquez

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Elia Tabora Ortiz

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Héctor Orlando Amaya

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Digno Mendoza

34,410.99

30,746.42

3,689.57

34,435.99

25.00

31/08/04

Federico Juan Hegenbarth

34,937.39

31,216.42

3,745.97

34,962.39

25.00

31/08/04

Doris Suyapa Tabora

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Conmemoración Reyes

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Blanca Margarita Castillo

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

30/08/04

Cleotilde Hernández

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

30/08/04

Tomas Baide

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

31/08/04

Manuel de Jesús Toro

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

28/09/04

Gilberto Orellana

35,007.58

31,279.09

3,753.49

35,032.58

25.00

28/09/04

Juan José Rodríguez

35,007.58

31,279.09

3,753.49

35,032.58

25.00

24/08/04

Iris Argentina Flores

35,007.58

31,279.09

3,753.49

35,032.58

25.00

28/09/04

Carlos Enrique Rosa Toro

35,007.58

31,279.09

3,753.49

35,032.58

25.00

28/09/04

Héctor Humberto Maradiaga

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

María Angélica Villalobos

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Víctor Manuel Umanzor

31,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Arnulfo Rivera

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

28/09/04

Heriberto Escobar

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Armando Agapito Brito

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

María de Jesús Barahona

35,131.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Valentina Amaya

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Juan Carlos Urbina

35,106.14

31,367.09

3,764.05

35,131.14

25.00

28/09/04

Benjamín Hernández

35,789.51

31,977.24

3,837.27

35,814.51

25.00

28/09/04

Reynaldo Rivera

35,654.94

31,857.09

3,822.85

35,679.94

25.00

28/09/04

María Elizabeth Palma

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Marco Leiva Acosta

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Carol Isaac Salinas

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Miguel Ángel Umaña

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Ramón rosa Galeano

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Fredis Alberto Rodríguez

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Daniel Ramos Contreras

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Samuel Saldívar Sagastume

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Alejandro Gonzales

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Delia Gabriela Montoya

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Yanira Yamileth Ramírez

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Ronin Eliberto Moya

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Manuel Hermógenes Mejía

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Angela López Hernández

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Juventina Martínez

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Julia Milena Vásquez

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Elward Marlon Rodríguez

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Pedro Lenin Maldonado

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Jaime Antonio Tejada

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

28/09/04

Ramón Rosa Galeano

1,130.17

1,031.40

123.77

1,155.17

25.00

TOTAL:

2,706,971.50

2,423,987.68

290,878.56

2,714,866.24

3,919.74

Es de mencionar que el número correlativo de las reservas presupuestarias no concuerda con las fechas emitidas; así por ejemplo: la reserva presupuestaria número 39,562 fue emitida el 24 de agosto, la número 39,695 el 31 de agosto, pero la No. 39,999 en una fecha anterior: el 24 de agosto y la No. 40,036 también en una fecha anterior: el 28 de septiembre, todos del 2004. El Tribunal de Sentencia además calificó como creíbles las declaraciones de los señores Carlos Enrique Rosa Toro (f. 4131 v), Conmemoración Reyes Villatoro (f. 4132 v), Pedro Antonio Lara (f. 4134), Héctor Humberto Maradiaga (f. 4134 v), Gilberto Orellana Borjas (f. 4134 v.) quienes como “micro empresarios” o “contratistas” afirmaron que nunca solicitaron crédito en la ferretería, nunca recibieron materiales de la ferretería y que nunca les realizaron deducciones a los pagos por los servicios de limpieza por compra de materiales, dado que éstos les eran entregados por la municipalidad; declaraciones que se articulan con la hecha por el Señor Jean Francois Boadla Figueroa (f. 4131), también valorada positivamente por el A-Quo, el que señaló que una persona de la alcaldía municipal le solicito abrir crédito a favor de micro empresarios para la entrega de materiales, por lo que procedieron a entregar dichos materiales a la Municipalidad facturándolos a los micro empresarios conforme a una lista que fue entregada por esta persona, en otras palabras la Ferretería estableció como compradores de materiales de limpieza y deudores de sus valores a personas naturales aun cuando ninguna de ellas les solicitó o autorizó, entregando los materiales a la Municipalidad de San Pedro Sula, ergo este aspecto de las facturas extendidas es falso porque en realidad era el ente estatal quien compró los insumos y al final los terminó pagando a la Ferretería. Por otra parte informó el señor Carlos Ernesto García (f. 4136 v.), que entre los años 2002 al 2006 trabajaba en el Departamento de Compras, en donde se establecía el procedimiento de compra a depender el monto (compra directa, licitación privada o pública), y en el caso particular de las compras directas se realizaban las cotizaciones respectivas, pero que en relación a los contratos de limpieza no llegó a su departamento ninguna solicitud para realizar cotizaciones sobre los suministros que se dieron a los “contratistas”, para la limpieza vial. En fecha 19 de febrero de 2003, en fecha 27 de febrero de 2003, en fecha 26/04/2004 y en fecha 25 de junio de 2004 el acusado Rubén G. Bonilla, remitió Memorándums al acusado Ingmar Gonzáles, en su condición de Gerente Administrativo y Económico, solicitando el reembolso de gastos por la compra de implementos para limpieza de la ciudad, basado en la cláusula Octava del contrato firmado por la Comuna Sampedrana y los Micro empresarios (f. 132, 2155, 1594, 776 y 167, respectivamente). Como ya se ha señalado, la cláusula Octava prevé el reembolso por mejoras a las áreas de trabajo y no por la compra de insumos y herramientas de limpieza, ello hace entonces que se estime mal derivada la conclusión del Tribunal de Sentencia de que el acusado Rubén Bonilla no tuviese ninguna participación en la comisión de los delitos.- Los memorándums fueron acompañados del listado de los valores que debían ser reembolsados conforme a las facturas extendidas: i.- Memorándum del 19 de febrero de 2003, para el reembolso de L 778,720.32, a favor de 46 contratistas; ii.- Memorándum del 27 de febrero de 2003 para el reembolso de L 853,382.88, a favor de 46 Contratistas; iii.- Memorándum del 26 de abril de 2004 para el reembolso de L 1,655,265.08, a favor de 104 Contratistas; iv.- Memorándum del 25 de junio de 2004 para el reembolso de L 1,180,251.52, a favor de 34 Contratistas; Lo que -en suma- se trató de gestiones administrativas para disponer de dinero de la comuna Sampedrana por un total de L 4,467,619.80. El acusado Rubén Bonilla acompañó como documentación soporte de los Memorándums referidos: *Facturas extendidas por la Ferretería Sumaco S. de R. L., a nombre de los contratistas (ninguna a nombre de la Municipalidad de San Pedro Sula), en el cual se estipulaba el valor de los implementos de limpieza vendidos; *Contrato firmado por el Contratista (Micro empresario) con la Municipalidad de San Pedro Sula; y * “Solicitud de Autorización” firmada por cada uno de los contratistas, en donde autorizaron a la Alcaldía de San Pedro Sula para que el cheque de reembolso de gastos fuese emitido directamente por la comuna a favor de la ferretería, “en virtud de que este gasto fue otorgado a través de un crédito”. Como consecuencia de la solicitud hecha por el acusado Rubén G. Bonilla -en su condición de Gerente de Servicios Municipales- la Gerencia de Finanzas y Administración rectorada por el acusado Ingmar Gonzáles, procedió a realizar las reservas presupuestarias para “Reembolso de Gastos por compra de Implementos de Limpieza” (F. 144), lo que dio paso para la disposición de fondos municipales para la cancelación de las facturas extendidas por la Ferretería Sumaco S. de R. L. El pago se realizó mediante el cheque de fecha 07 de diciembre de 2004 en contra de la cuenta corriente no. 01-015569 del Banco de El país, a favor de la Ferretería SUMACO, por un valor de L 2,711,441.24, canjeado el 13 de diciembre del mismo año; cheque que fue autorizado como se ha dicho por los acusados Oscar Eduardo Kilgore López en su condición de alcalde y por el acusado Oscar Guerra Ocampo, en su condición de tesorero, ambos de la comuna sampedrana. Conforme la declaración del señor Julio Cesar Valdez Méndez (f. 4137), quien fue asistente en el Departamento de Tesorería entre los años 2002 y 2006 la que fue declarada como “útil” por el Tribunal de Sentencia (f. 4165 v.), la documentación soporte para la emisión de cheque es la que consta en los tomos V y VIII del expediente judicial; recordemos que esta documentación fue enviada por el acusado Rubén Bonilla al acusado Ingmar Gonzáles y que éste a su vez le dio el trámite respectivo para que llegase ante el acusado Oscar Kilgore y de allí al acusado Oscar Guerra, todo sin que participara en el proceso administrativo el Departamento de Compras de la Alcaldía, lo que era evidente para todos los acusados; documentación que además tenía importantes inconsistencias: Cuadro No. 4

Nombre del Contratista

Fecha de Contrato

Factura Extendida por la Ferretería

Solicitud de Autorización de Pago

Memorándum

Reserva Presupuestaria

Folios

José de la Luz Maradiaga

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2666 al 2674

Doris Suyapa Tabora

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2854 al 2862

Federico Juan Hegenbarth

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2833 al 2842

Federico Juan Hegenbarth

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2843 al 2853

Omar Ramos Cabrera

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2863 al 2872

Sandra Patricia Amador

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2873 al 2883

Juana Pineda Leiva

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2894 al 2903

Pedro Fuentes Fuentes

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2724 al 2733

Mario Elías Canales

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2705 al 2714

Antonio Lara

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3403 al 3412

Ramón Alexander Benítez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2734 al 2743

Edgardo Adalid Vásquez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3454 al 3463

Lily Medina

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2685 al 2694

Nimia Miyozoty Guzmán

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2714 al 2723

Juan Villalobos

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2675 al 2684

Francisco Velásquez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2646 al 2654

Elia Tabora Ortiz

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3464 al 3473

Héctor Orlando Amaya

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2655 al 2664

Digno Mendoza

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3434 al 3443

Federico Juan Hegenbarth

22/04/2004

29/04/ 2004

19/04/2004

26/04/2004

2625 al 2635

Doris Suyapa Tabora

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3444 al 3453

Conmemoración Reyes

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3424 al 3433

Blanca Margarita Castillo

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3413 al 3423

Clotilde Hernández

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2884 al 2893

Tomas Baide

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2744 al 2754

Manuel de Jesús Toro

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2695 al 2704

Gilberto Orellana

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2904 al 2913

Juan José Rodríguez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2917 al 2923

Iris Argentina Flores

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

2924 al 2933

Carlos enrique Rosa Toro

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3199 al 3209

Héctor Maradiaga

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3272 al 3281

María Villalobos

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3484 al 3493

Víctor Manuel Umanzor

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3494 al 3503

Arnulfo Rivera

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3323 al 3332

Heriberto Escobar

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3514 al 3523

Armando Agapito Brito

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3504 al 3513

María de Jesús Barahona

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3541 al 3544

Valentina Amaya

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3545 al 3553

Juan Carlos Urbina

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3524 al 3533

Benjamín Hernández

22/04/2004

23/04/ 2004

19/04/2004

26/04/2004

3534 al 3540

Reynaldo Rivera

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3563 al 3572

María Elizabeth Palma

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3343 al 3356

Marco Leiva Acosta

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3313 al 3322

Carol Isaac Salinas

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3210 al 3219

Miguel Ángel Umaña

22/04/2004

29/04/ 2004

19/04/2004

26/04/2004

3357 al 3362

Ramon Rosa Galeano

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3373 al 3382

Fredis Alberto Rodríguez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3262 al 3271

Daniel Ramos Contreras

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3220 al 3229

Samuel Saldívar

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3230 al 3239

Alejandro Gonzales

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3573 al 3582

Delia Gabriela Montoya

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3240 al 3249

Yanira Yamileth Ramírez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3474 al 3483

Ronin Eliberto Moya

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3393 al 3402

Manuel Mejía

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3333 al 3342

Angela López Hernández

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3583 al 3592

Juventina Martínez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3292 al 3302

Julia Milena Vásquez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3303 al 3312

Elward Marlon Rodríguez

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3252 al 3261

Pedro Lenin Maldonado

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3363 al 3372

Jaime Antonio Tejada

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3282 al 3291

Ramón Rosa Galeano

22/04/2004

22/04/2004

19/04/2004

26/04/2004

3383 al 3392

La documentación resumida fue valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia F. 4161 v.) donde se aprecia que de las 97 reservas presupuestarias, 61 presentaban inconsistencias, ello porque aparece que los contratistas extendieron autorización a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula para el pago directo de cantidad específica que honra las facturas extendidas por la Ferretería SUMACO, en una fecha antes a la que se extendieron dichas facturas y antes de que la persona contratase con la Alcaldía.- De otra forma: un total de 61 contratistas extendieron autorización para que la Alcaldía realizará el pago directo, señalando una cantidad específica adeudada por la compra de implementos en una fecha en que dicha compra aun no existía; pero aún más, los mismos 61 contratistas firmaron esa misma autorización aun antes de haber firmado el contrato de servicio con la alcaldía municipal.- Tales inconsistencias que constan en la documentación a la que el Tribunal de Sentencia dio crédito, estuvo a disposición de cada uno de los acusados a su turno y que todos ellos, a pesar de tan evidentes contrariedades en la documentación, usaron la misma en los procesos administrativos en los que intervinieron dando como resultado el libramiento del cheque para la disposición de fondos municipales que conforme el propio Tribunal de Sentencia constituyó un uso de documentos falsos, un abuso de autoridad y una malversación de caudales públicos, por lo que nuevamente se señala que existe un error en derivación cuando los juzgadores señalan que los acusados Oscar Kilgore y Oscar Guerra, actuaron bajo el principio de buena fe y de confianza y, además cuando señalan que no existen elementos que determinen la intervención en los delitos por los acusados Ingmar Gonzales y Rubén Gustavo Bonilla Ortega. DECISIÓN: Declarar con Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Motivo Único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016) (f. 4154) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en consecuencia se declara la nulidad total de la sentencia señalada, así como de la audiencia de debate que le origina, de fecha veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016) (f. 4126).- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a citar a las partes y demás intervinientes para la celebración de la audiencia de debate, a fin de dar respuesta definitiva a la acusación incoada en contra de: i.- Oscar Eduardo Kilgore, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Malversación de Caudales Públicos, un delito consumado de Abuso de Autoridad y un delito consumado de Uso de Documentos Falsos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública; ii.- Oscar Guerra Ocampo, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Abuso de Autoridad y de un delito consumado de Uso de Documentos Falsos en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública, y como cómplice necesario de un delito consumado de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública; iii.- Ingmar Gonzáles Figueroa, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Abuso de Autoridad y un delito consumado de Uso de Documentos Falsos en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública, y como cómplice necesario de un delito consumado de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública; y iv.- Rubén Gustavo Bonilla Ortega, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de abuso de autoridad y un delito consumado de Uso de Documentos Falsos, en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública.- Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-404-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Artículo 372. El funcionario o empleado público que destine los caudales, bienes o efectos que administra a un fin distinto del que les corresponde y si con ello no causa daño a los intereses patrimoniales del Estado, será sancionado con multa de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil lempiras (L.l00,000.00) e inhabilitación especial de tres (3) a cinco (5) años. Código Penal Hondureño.

[2] Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que…… 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos;

[3] Artículo 147 de la Ley General de Presupuestos

[4] ARTICULO 289. Quien, a sabiendas hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será sancionado como si fuere autor de la falsedad. Código Penal de Honduras.

[5] Explica Castillo en su Libro El delito de Omisión Impropia, en referencia a los delitos omisivos “Los delitos de omisión se escinden en delitos propios de omisión y delitos impropios de omisión, llamados también delitos de comisión por omisión. La omisión es siempre el incumplimiento de una obligación impuesta por el ordenamiento, que espera del obligado una conducta debida. Por el contrario en los delitos impropios de omisión lo que toma en cuenta el legislador es la posición de garante del obligado- estrecha relación del sujeto con un bien jurídicamente tutelado, que convierte a este en responsable del hecho reprimido en consideración al resultado producido, si no le evita, pudiendo hacerlo

[6] Entre los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 271 del Código Procesal Penal, están los comprendidos en los artículos 11.60 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 151 del Código Procesal Civil, 23 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 218 y 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 5 del Código del Notariado, 828 del Código de Comercio, entre otros.