Sentencia CP-40-17 — Registro 11944
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado por el delito de extorsión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO.- El presente caso inicio mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra de los señores Wilmer Alexis Lagos y Joel Orlando Reyes Vindel, por suponerlos responsables, a título de coautores, de un delito consumado de Extorsión, en perjuicio del señor CX-0073-2014. Como parte del proceso penal fue celebrada la audiencia preliminar en fecha 12 de febrero de 2015, en donde el Ministerio Público formalizó los cargos en contra del acusado Wilmer Alexis Lagos, estableciendo que 1) Que el ofendido ha sido objeto de amenazas, para efectos de obligarlo a pagar cantidades de dinero de manera periódica; 2) El día sábado 06 de septiembre de 2014, en horas de la mañana el ofendido informó a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), que ese mismo día, en horas de la tarde debía hacer una nueva entrega de dinero que correspondía a esa semana, a las personas que le amenazaban; por ello agentes de la FNA procedieron a registrar las series de 04 billetes de denominación de L 100.00 c/u a ser entregados; 3) Alrededor de la 01:30 P.M., dos personas, entre ellas el acusado Wilmer Alexis Lagos, se bajaron de un autobús, requiriendo al ofendido la entrega del dinero, procediendo este último a entregar los 04 billetes de L 100.00 que previamente se habían registrado; habiendo recibido el dinero las dos personas subieron nuevamente al autobús; 4) El acusado Wilmer Alexis Lagos, quien era el conductor del autobús y la otra persona, fueron aprehendidos por agentes de la FNA, incautándole al primero 10 billetes de denominación de L 100.00, entre éstos los 04 billetes que le había entregado momentos antes el ofendido.- Los cargos formulados fueron rechazados por la representación legal del acusado. En fecha 09 de junio de 2016 se celebró la audiencia de debate, en donde el Ministerio Público planteó su teoría del caso, siendo ésta idéntica a la formalización de cargos; entretanto la defensa del acusado señaló rechazar los cargos, aprovechando la etapa de incidentes para proponer como medio de prueba la declaración testifical del señor Francisco Rosales, a efecto de declarar que tanto él como el acusado Wilmer Alexis Lagos son víctimas del delito de extorsión, el cual fue admitido y evacuado en la audiencia.- Al término del debate las partes realizaron sus alegatos de cierre: el Ministerio Público consecuente con la acusación solicitó la emisión de un pronunciamiento condenatorio, entretanto la defensa del acusado solicitó una sentencia absolutoria, señalando entre otras cosas que los transportistas son víctimas del delito de extorsión. Como resultante de la audiencia de debate y en específico de la actividad probatoria, el Tribunal de Sentencia estableció como probado: 1) El 06 de septiembre de 2014, a la 01:20 P.M., en el barrio el Centro de la ciudad de La Ceiba, el señor Wilmer Alexis Lagos, detuvo el bus que conducía, bajándose del automotor y aproximándose, junto con otro, al señor CX-0073-2014, quien le hace entrega de 04 billetes de denominación de L 100.00 cada uno, luego de lo cual el señor Wilmer Alexis Lagos y su acompañante regresan al autobús alejándose del lugar; 2) Momentos más tarde, el acusado y su acompañante fueron requeridos por elementos de la FNA, incautándoles 10 billetes de denominación de L 100.00, que se encontraban en la bolsa derecha de su pantalón, entre los cuales estaban los 04 billetes entregados previamente por el señor CX-0073-2014.- Narración histórica que fundó la emisión de una sentencia absolutoria a favor del acusado, dado que los jueces de sentencia consideraron no haberse acreditado que el acusado haya proferido amenazas al ofendido para la entrega del dinero con la finalidad de un beneficio económico, ni tampoco que el acusado “ tuviere pleno conocimiento que el dinero que recibía en ese momento era fruto de una previa amenaza…”, así como tampoco se acreditó que el acusado formase parte de un grupo organizado que intimidase al ofendido con la finalidad de obtener un beneficio económico. Conforme lo anterior, el Tribunal de Sentencia dio por acreditados los elementos objetivos del tipo penal contenido en el artículo 222 del Código Penal que tipifica el delito de extorsión, más no el elemento subjetivo: el dolo, que implicaba el conocimiento previo del acusado de estar recibiendo dinero de parte del ofendido como parte de un proceso sistemático de intimidación hecho en su perjuicio para tales efectos y además la voluntad del acusado de recibir dicho dinero en tales condiciones, a efectos de procurar un beneficio económico propio o de un tercero, siendo esta falta de derivación lo que el Ministerio Público reprocha en su recurso y que la Sala de lo Penal determina que ello constituye un vicio in procedendo por ser consecuencia de la inobservancia de las reglas de la sana crítica. En principio, la postura de los señores jueces colisiona con la propia teoría del caso de la defensa, quien en la audiencia de debate expuso que los transportistas, entre ellos el acusado Wilmer Alexis Lagos, eran víctimas de extorsión, para referirse que eran obligados por un grupo delictivo para recoger el dinero de personas que eran amenazados por aquellos; la defensa -para efectos de acreditar tales hechos- propuso la declaración del señor Francisco Uvinaldo Rosales, quien se identificó como transportista y señaló que ellos recogían dinero de distintos puntos para después entregárselo a miembros del grupo delictivo, agregando “..muchos dueños de transporte piensan que ese dinero es de nosotros, pero no es así”.- Es claro para la Sala de lo Penal que la propia parte defensora estableció como postura de debate que el acusado si tenía conocimiento de que estaba recogiendo dinero producto de extorsión, pero justificando tal conducta al indicar que lo hacían porque los transportistas eran amenazados y con ello subrogándose la carga de la prueba, comprometiéndose la defensa en acreditar tal hecho justificatorio, lo que conforme a los propios jueces de sentencia no fue logrado pues el testigo nominado para ello (señor Francisco Uvinaldo Rosales) fue calificado como no creíble. Lo anterior se suma al indebido proceso de valoración intelectiva de la prueba, ello dado que existen elementos probatorios que no justifican la conclusión derivada de los señores jueces de sentencia de que el acusado no tenía conocimiento de los hechos. Es de considerar que salvo la declaración testifical del señor Francisco Uvinaldo Rosales, a quien el a-quo no dio credibilidad, a toda la demás prueba le fue otorgada una calificación positiva, sin hacer ningún reparo en su contenido, por lo que los señores jueces dieron por verdadera toda aquella información que arrojó la prueba; así entonces: 1) Ofendido CX-0073-2014, el que explicó ser objeto de extorsión por largo tiempo y que en un momento dado decidió interponer la denuncia ante la FNA, siendo lo mismo que fue referido por los testigos Marco Tulio Barahona Suazo y Jenrry Roel Amaya Rodríguez; el ofendido acudió en horas de la mañana del día 06 de septiembre de 2014, dado que ese mismo día, en horas de la tarde, correspondía hacer una nueva entrega de dinero; dinero que el acusado fue a recoger el día y a la hora que se le había indicado al ofendido y que aun ello no fue objeto de reflexión derivativa de parte de los jueces en cuanto al conocimiento previo que tenía que tener el acusado para llegar el día y hora preciso; 2) El tribunal de sentencia dio por cierto que el acusado recogió el dinero y se marchó de allí, y que 40 minutos después fue requerido y aprehendido por agentes de la FNA, quienes le incautaron el dinero entregado por el ofendido, el cual estaba ya integrado a otro dinero que portaba el acusado y que llevaba consigo en la bolsa derecha delantera de su pantalón; llama la atención de la Sala de lo Penal que tanto los factores del tiempo transcurrido de la entrega así como la disposición del dinero que hizo el acusado no fueron parte de la reflexión de los señores jueces respecto a que el acusado no procuraba benefició económico propio o de tercero; 3) Posterior a la aprehensión del acusado, se realizó un reconocimiento en rueda de personas, que fue presentado como medio de prueba en la audiencia de debate y al cual el tribunal de sentencia consideró como válido y creíble; medio de prueba en el cual consta la manifestación del ofendido CX-0073-2014, primero describiendo físicamente al acusado y posteriormente señalando que a éste y a su acompañante los miraba semanalmente, indicando “yo los conozco porque son los que me cobran el dinero semanalmente” (f. 23 v.)’; respondiendo a la pregunta de la defensa que la última vez que los había visto había sido el sábado (día de la captura del acusado); empero el tribunal de sentencia, aun cuando dio credibilidad al medio de prueba reconocimiento en rueda, ya había dejado sentada como conclusión en un apartado anterior que “no llega a establecerse que Wilmer Alexis Lagos es la persona que de forma periódica realizaba la conducta denunciada” (f, 143); 4).- El ofendido CX-0073-2014, refirió en su declaración quedespués de la aprehensión del acusado recibió llamadas amenazadoras, pues sabían (el grupo) quien había hecho la denuncia, viéndose obligado a irse del lugar; referencia a un hecho importante que no fue objeto de derivación alguna por parte del tribunal de sentencia en cuanto a la pertenencia o no del acusado al grupo que se dedicaba a amenazar al ofendido. En conclusión, encuentra esta Sala de lo Penal que el reclamo hecho por el Ministerio Púbico mediante el recurso de casación por quebrantamiento de forma debe ser atendido, a consecuencia de que el Tribunal de Sentencia ha hecho una valoración probatoria ajena al cauce que marca las reglas de la sana crítica, derivando hechos y emitiendo conclusiones que no tienen razón suficiente en consideración a la propia valoración individual que los jueces hicieron de la prueba..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-040-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha uno de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Wilmer Alexis Lagos, del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido CX-0073-2014.- Segundo: No procede condenar al Ministerio Público en costas. Son partes en única instancia: La Abogada Yesenia María Márquez Lobo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente y los Abogados Arnoldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua, agentes de la defensa pública, apoderados legales del acusado Wilmer Alexis Lagos, en su condición de recurridos. Hechos probados de la instancia Único: Que el día seis de septiembre del año dos mil catorce, a la una y veinte minutos de la tarde, en el barrio El Centro de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, el señor Wilmer Alexis Lagos, conducía un vehículo tipo autobús, color blanco rojo y azul, con placas número AAG6871, marca Internacional cuando se detiene en un punto de la ciudad; bajándose del vehículo junto con otra persona del sexo masculino y se dirigen hasta donde se encuentra el Testigo Protegido CX-0073-2014, quién le entrega al señor Wilmer Alexis Lagos la cantidad de cuatrocientos lempiras, en cuatro billetes en denominación de cien lempiras, con las series BZ9970073, BY6546397,BY5204658, BZ3261361 y luego se retiran del lugar el señor Wilmer y su acompañante abordando nuevamente el autobús y se dirigen al lado este de la ciudad, hasta la calle que conduce al muelle de cabotaje en donde fueron requeridos por los agentes de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y le practican un registro personal al señor Wilmer Alexis Lagos, encontrándole en la bolsa frontal derecha de su pantalón diez billetes con denominación de cien lempiras con series BY6787738, BW9415677, BY2984504, BY2253419, BW1457086, BY8488549, BZ9970073, BY6546397, BY5204658 y BZ3261361 y un teléfono celular de color negro Marca ALCATEL, objetos que le decomisaron junto al autobús antes descrito, dándoles detención y posteriormente les ponen a la orden de la autoridad competente. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Único Motivo: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de Wilmer Alexis Lagos, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha uno (1) de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), respecto al imputado Wilmer Alexis Lagos, lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador, de la prueba evacuada en Debate, no se estableció que se produjeran las amenazas en perjuicio del ofendido identificado como Testigo Protegido CX-0073-2014, con la finalidad de obtención de un beneficio económico para un grupo de personas que hacen llamar “jomis”, habida cuenta que el Ministerio Público, sobre dichas amenazas, no presentó más prueba que el dicho del ofendido, resultando insuficiente el hallazgo de cuatro billetes seriados en poder del señor Wilmer Alexis Lagos, como para acreditar con ello que el acusado tuviera pleno conocimiento que el dinero que recibía en ese momento era para el pago fruto de una previa amenaza, así como que tampoco se acreditó que éste formara parte de un grupo organizado, que intimidara al Testigo Protegido CX-0073-2014, con la finalidad de obtener ese beneficio económico, por lo que sin haberse acreditado los elementos del tipo no es posible hablar del ataque al bien jurídico protegido que es la propiedad de los bienes y la libertad del ofendido y que en consecuencia no concurre la parte objetiva del tipo penal por el cual se le incoo proceso al imputado. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado Wilmer Alexis Lagos, es porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para establecer los elementos objetivos de tipicidad, supra indicados, en el delito de Extorsión. Ante esta premisa, el Ministerio Público evidencia que el Juzgador efectuó una incipiente valoración fáctica, al afirmar que “Con la prueba de cargo no se estableció la concurrencia del ilícito por el cual se le incoó proceso al acusado”; sin embargo, al Juzgador nuestra Normativa Adjetiva Penal le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, se presentó la siguiente: Prueba Testifical. 1. Declaración de Testigo Protegido CX0073-2014 (Ofendido); Quien manifestó que desde el año dos mil doce pagaba extorsión y tenía tres años de estar haciéndolo; que inicialmente pagaban trescientos lempiras, ya que por primera vez llegaron cinco individuos y les dijeron que todos los sábados iban a pagar esa cantidad, luego ese muchacho le dijo que pagarían cien lempiras más y que si no daban esa suma, ya sabían a lo que se atendrían, porque si no la daba los iban a matar, por lo que ellos accedieron y luego les dijeron que tenían que dar la cantidad de veinte mil lempiras (L.20,000.00), para un tal “jomi”, tiene entendido que solo los antisociales hablan así y tienen sus señas particulares; le dijeron que necesitaban ese dinero y meses después le dijeron que tenía que dar diez mil lempiras (L.1O,000.00), para unos familiares de ellos que tenían problemas y sino ya sabían a qué atenerse, luego les dijeron que en diciembre del año dos mil trece, tenían que dar un bono navideño que oscilaba entre diez mil a veinte mil lempiras y les pidieron quince mil lempiras (L.15,000.00) que fue lo que ellos dieron y luego pedían la cuota que era el sábado y después el lunes y ellos la daban, porque les decían que los tenían vigilados, pero como ya no aguantaban decidió ir a la Fuerza Nacional Anti Extorsión e interponer la denuncia y el seis de septiembre del año dos mil catorce, que entregaría cantidad de cuatrocientos lempiras los entregó a la FNA, los cuales fueron seriados y procedió a su entrega en el Barrio El Centro de la ciudad de La Ceiba, Atlántida y llegaron ese día dos personas, uno camiseta anaranjada, pantalón jean azul y el otro camiseta blanca y no recuerda el color del pantalón y a ellos les entregó los cuatro billetes seriados; después que denunció los hechos y realizó la entrega recibió una serie de llamadas en las que recibió amenazas, por lo que tuvo que irse del lugar donde vivía.(Lo resaltado nuestro). 2. Declaración de Marco Tulio Barahona Suazo; Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quien manifestó que el día veinticinco de agosto del año dos mil catorce, recibió denuncia del Testigo Protegido CX-0073-2014, quien les indicó que estaba siendo extorsionado por dos pandillas y que al tener ciertos incidentes le exigían más dinero, por lo que procedieron a asesorarle con la entrega vigilada y realizaron el acta de sereo del dinero, que eran cuatro billetes de cien lempiras y el día seis de septiembre del año dos mil catorce, en el que se realizó la entrega, habían dos grupos de vigilancia y observaron a dos individuos bajarse de un autobús y el testigo protegido les entregó el dinero; tenían suficiente visibilidad, la entrega fue en el Barrio El Centro de la ciudad de La Ceiba, Atlántida; el testigo protegido le entregó al acusado el dinero seriado y luego el agente Roel Amaya procedió a subirse al autobús en el que se conducía el acusado y su acompañante y se dirigieron al lado este de la ciudad, por la calle que conduce al muelle de cabotaje y ahí se procedió a su detención, decomisándole al acusado los billetes que habían sido seriados.(Lo resaltado es nuestro). 3. Declaración de Jenrry Roel Amaya Rodriguez; también agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; manifestó que el día seis de septiembre del año dos mil catorce, se conformaron dos grupos para proceder a la vigilancia de la entrega que haría el testigo protegido CX00073-2014 y de un autobús se bajó el acusado y su acompañante y el ofendido procedió a entregarle el dinero, después de la vigilancia que duró aproximadamente cuarenta minutos y la entrega, el acusado se subió al autobús en el que se conducía y él agente indica que se subió como pasajero a efecto de observar y escuchar alguna plática relacionada con los hechos denunciados, pero no escuchó nada al respecto.(Lo resaltado es nuestro). Prueba Documental. 1.- Acta de Reconocimiento en Rueda, de fecha diez (10) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, Departamento de Atlántida; en la que el Testigo Protegido CX-0073-2014, reconoce al acusado como la persona a la que le hizo entrega del dinero seriado. 2.- Acta contentiva de las series del dinero entregado; de fecha 6 de Septiembre del año 2014, de cuatro billetes de cien lempiras (L.100.00), que fueron utilizados para el decomiso de evidencia al acusado, que fueron entregados por la víctima en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión y que corresponde a las series BZ9970073, BY6546397, BY5204658 y BZ3261361, ratificada por el agente Marco Tulio Barahona Suazo. 3.- Acta de Vigilancia Policial de fecha seis (6) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) ratificada por el agente Marco Tulio Barahona Suazo, en la que se describe la entrega del dinero que hizo el ofendido al acusado y que éste fue detenido en la carretera que conduce al muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. 4.- Acta de Registro Personal al acusado de fecha 6 de Septiembre del año dos mil catorce, de un teléfono celular marca ALCATEL, color negro y la cantidad de mil lempiras, entre la cual se encontraban los billetes descritos en el acta de Sereo. 5.- Actas de Decomiso al acusado, de fecha seis (6) de Septiembre del año dos mil catorce (2014); de cuatro billetes que corresponden a las series BZ9970073, BY6546397, BY5204658 y BZ3261361. 6.- Acta de Decomiso al acusado, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil catorce (2014) de un autobús con placas número AAG6871, marca Internacional, número de motor 1HVBBAANISH692867. 7.- Acta de Diligencia Policial de fecha seis (6) de Septiembre del año dos mil catorce (2014), ratificada por Marco Tulio Barahona Suazo, en la que se describe que de acuerdo a información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el autobús decomisado al imputado pertenece a Tomás Mariano Oliva. De lo anterior podemos apreciar que no obstante al cuestionamiento del sentenciador, con relación a que no fueron acreditadas las Amenazas, como elemento objetivo del tipo penal de extorsión, contenido en el artículo 222 del Código Penal Vigente; por las que el Testigo Protegido CX0073-2014, fue obligado a entregar semanalmente la cantidad de trescientos lempiras semanal y luego esa cuota le fue aumentada a cuatrocientos lempiras; asimismo que tenía que entregar dinero para los problemas personales que tenían los individuos denominados “Jomis” y hasta un bono navideño de quince mil lempiras, el ofendido fue claro en señalar que tenía tres años de estar siendo extorsionado y que la primera vez fue en el año dos mil doce, cuando llegaron cinco individuos a amenazarle y precisamente esas entregas las hizo porque había sido conminado a hacerlo, ya que lo tenían vigilado y que si no hacía las entregas de dinero señaladas ya sabía a qué se atenía, entonces ésta es la intimidación que recibió para entregar ese dinero y por ende se produjese menoscabo a su patrimonio, no hay otra forma de acreditar dicha intimidación sino que con la declaración de la propia víctima y aun cuando no indicase que el acusado era una de las personas que llegó a intimidarle, fue a éste quien le entregó el dinero que había sido seriado por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, con motivo de la denuncia interpuesta por el Testigo Protegido CX-0073, quien indicó que ya no aguantaba el cobro de esa renta semanal y hasta extraordinaria en cantidades más grandes, señalando los agentes Marco tulio Barahona Suazo y Jenrry Roel Amaya Rodríguez que fue a él a quien se le decomisaron los cuatro billetes seriados, después de practicar la vigilancia respectiva y también fue reconocido por el ofendido a través de diligencia de Reconocimiento en Rueda. En tal sentido se estima de importancia señalar la posición que al respecto y en caso que por el delito de Extorsión Agravada resolvió la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Proceso de Casación 37-987 de fecha 9 de mayo del año 2012: “...En verdad, sobre el delito de extorsión, en pacífica y reiterada doctrina la Sala ha señalado: Esta conducta punible, implica que el sujeto activo constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener un provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, necesariamente de naturaleza económica, para sí o para un tercero. Aunque es evidente que en la extorsión se socava la autonomía personal a través del constreñimiento, hasta la aniquilación de la voluntad, el bien jurídico principalmente tutelado es el patrimonio económico, a juzgar por la ubicación del tipo en el Código Penal. Tan es así que el delito de extorsión puede quedarse en el estadio de la tentativa cuando se embate contra la libre determinación a través de amenazas, pero no se logra el hacer, omitir o tolerar aquello que al sujeto activo reportaría la finalidad económica. Y en el mismo sentido, ha indicado: Darle otro alcance a esa expresión (‘El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero se precisa), es considerar consumado el delito con la sola amenaza del mal futuro, lo cual ciertamente no estuvo en la mente del legislador, ni es el alcance que le dan otras legislaciones similares...”[1] (Lo resaltado es nuestro). En el presente caso como ya lo indicamos si la victima hizo entrega de dinero al acusado es porque precisamente fue constreñido a hacerlo y solamente con su declaración fue demostrado ese aspecto, ya que de viva voz expresó haber sido amenazado por los individuos que le solicitaban ese dinero. Aunado a lo anterior y respecto al cuestionamiento que hiciera el Juzgador, de que no se acreditó que el acusado era parte de un grupo ilícito u organizado que intimidara al testigo protegido; es necesario apreciar, desde el momento que los individuos solicitaban dinero para otras personas, se entiende que forman parte de un grupo que realiza actividades ilícitas, ya que el testigo protegido CX-0073, dijo que esas personas le decían que ocupaban dinero para un tal “jomi” y después para parientes de ellos que tenían problemas personales, entonces desde el momento que el acusado va reclamar el dinero el día de la entrega vigilada, es claro que forma parte de ese grupo de individuos que llegaban a cobrarle la renta semanal y en ese sentido, es preciso señalar que los delitos de extorsión, por lo general se cometen por un grupo de individuos que tienen distribución de funciones y en el caso supra referido la tarea el acusado se limitó a recoger la entrega de dinero programa para el día seis de septiembre del año dos mil catorce y eso lo convierte en coautor de los hechos objeto del proceso. En tal sentido se estima de gran importancia señalar que la Sala de lo Penal, con relación a la Coautoría ha dejado establecido mediante sentencia CP.- 129-2009, de fecha 28 de Octubre del año 2010 lo siguiente: “...todas estas acciones del señor C.M.A., demuestran un dominio conjunto del hecho con el señor P.F.L. en forma coordinada y planificada que denota un concierto previo al menos entre ambos encartados, confirmado por la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso cometer el delito de secuestro; nos encontramos sin lugar a dudas ante un caso de coautoría, pues como afirma Welzel, “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios... El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario...” Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor Wilmer Alexis Lagos, fue la persona que mediante amenazas y en nombre de otros individuos le cobraban renta semanal y hasta extraordinaria al testigo protegido CX-0073-2014, siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que el imputado, ha tenido participación en el delito de Extorsión, establecido en el artículo 222, en relación al 32 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí con la prueba documental evacuada en Juicio, con relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Motivo: Violación de las reglas de la sana critica en la valoración intelectiva de la prueba; *Concepto de la infracción: Violación al principio lógico de derivación integrado por el principio de razón suficiente; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse generado el vicio al momento de la sentencia; y *Pretensión: Sin determinar por la recurrente. Estima la recurrente que el tribunal de sentencia ha infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, ello por haber hecho valoración de la prueba con vulneración al principio lógico de derivación, en su apartado de suficiencia. Explica que la sentencia absolutoria se basa en el criterio de los señores jueces de que no fue acreditado que el acusado Wilmer Alexis Lagos hubiese tenido conocimiento que la entrega del dinero que realizaba el señor CX-0073-2014, hubiese sido como consecuencia de amenazas; además por la falta de acreditación de que el acusado formase parte de un grupo organizado encargado de intimidar al ofendido para conseguir un beneficio económico. Señala el Ministerio Público que tales conclusiones fueron indebidamente derivadas al considerar lo declarado por el ofendido, el que manifestó ser víctima del delito de extorsión hace 03 años, y precisamente la entrega del dinero (que posteriormente le fue incautado al acusado), fue como consecuencia de haber sido constreñido para hacerlo; además agrega el Ministerio Público que desde que el momento en que el acusado va a reclamar el dinero el día de la entrega es claro que forma parte del grupo de individuos que extorsionaban al ofendido, por lo que la tarea de ir a recoger el dinero le convierte en coautor. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo.- El presente caso inicio mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra de los señores Wilmer Alexis Lagos y Joel Orlando Reyes Vindel, por suponerlos responsables, a título de coautores, de un delito consumado de Extorsión, en perjuicio del señor CX-0073-2014. Como parte del proceso penal fue celebrada la audiencia preliminar en fecha 12 de febrero de 2015, en donde el Ministerio Público formalizó los cargos en contra del acusado Wilmer Alexis Lagos, estableciendo que 1) Que el ofendido ha sido objeto de amenazas, para efectos de obligarlo a pagar cantidades de dinero de manera periódica; 2) El día sábado 06 de septiembre de 2014, en horas de la mañana el ofendido informó a la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), que ese mismo día, en horas de la tarde debía hacer una nueva entrega de dinero que correspondía a esa semana, a las personas que le amenazaban; por ello agentes de la FNA procedieron a registrar las series de 04 billetes de denominación de L 100.00 c/u a ser entregados; 3) Alrededor de la 01:30 P.M., dos personas, entre ellas el acusado Wilmer Alexis Lagos, se bajaron de un autobús, requiriendo al ofendido la entrega del dinero, procediendo este último a entregar los 04 billetes de L 100.00 que previamente se habían registrado; habiendo recibido el dinero las dos personas subieron nuevamente al autobús; 4) El acusado Wilmer Alexis Lagos, quien era el conductor del autobús y la otra persona, fueron aprehendidos por agentes de la FNA, incautándole al primero 10 billetes de denominación de L 100.00, entre éstos los 04 billetes que le había entregado momentos antes el ofendido.- Los cargos formulados fueron rechazados por la representación legal del acusado. En fecha 09 de junio de 2016 se celebró la audiencia de debate, en donde el Ministerio Público planteó su teoría del caso, siendo ésta idéntica a la formalización de cargos; entretanto la defensa del acusado señaló rechazar los cargos, aprovechando la etapa de incidentes para proponer como medio de prueba la declaración testifical del señor Francisco Rosales, a efecto de declarar que tanto él como el acusado Wilmer Alexis Lagos son víctimas del delito de extorsión, el cual fue admitido y evacuado en la audiencia.- Al término del debate las partes realizaron sus alegatos de cierre: el Ministerio Público consecuente con la acusación solicitó la emisión de un pronunciamiento condenatorio, entretanto la defensa del acusado solicitó una sentencia absolutoria, señalando entre otras cosas que los transportistas son víctimas del delito de extorsión. Como resultante de la audiencia de debate y en específico de la actividad probatoria, el Tribunal de Sentencia estableció como probado: 1) El 06 de septiembre de 2014, a la 01:20 P.M., en el barrio el Centro de la ciudad de La Ceiba, el señor Wilmer Alexis Lagos, detuvo el bus que conducía, bajándose del automotor y aproximándose, junto con otro, al señor CX-0073-2014, quien le hace entrega de 04 billetes de denominación de L 100.00 cada uno, luego de lo cual el señor Wilmer Alexis Lagos y su acompañante regresan al autobús alejándose del lugar; 2) Momentos más tarde, el acusado y su acompañante fueron requeridos por elementos de la FNA, incautándoles 10 billetes de denominación de L 100.00, que se encontraban en la bolsa derecha de su pantalón, entre los cuales estaban los 04 billetes entregados previamente por el señor CX-0073-2014.- Narración histórica que fundó la emisión de una sentencia absolutoria a favor del acusado, dado que los jueces de sentencia consideraron no haberse acreditado que el acusado haya proferido amenazas al ofendido para la entrega del dinero con la finalidad de un beneficio económico, ni tampoco que el acusado “ tuviere pleno conocimiento que el dinero que recibía en ese momento era fruto de una previa amenaza…”, así como tampoco se acreditó que el acusado formase parte de un grupo organizado que intimidase al ofendido con la finalidad de obtener un beneficio económico. Conforme lo anterior, el Tribunal de Sentencia dio por acreditados los elementos objetivos del tipo penal contenido en el artículo 222 del Código Penal que tipifica el delito de extorsión, más no el elemento subjetivo: el dolo, que implicaba el conocimiento previo del acusado de estar recibiendo dinero de parte del ofendido como parte de un proceso sistemático de intimidación hecho en su perjuicio para tales efectos y además la voluntad del acusado de recibir dicho dinero en tales condiciones, a efectos de procurar un beneficio económico propio o de un tercero, siendo esta falta de derivación lo que el Ministerio Público reprocha en su recurso y que la Sala de lo Penal determina que ello constituye un vicio in procedendo por ser consecuencia de la inobservancia de las reglas de la sana crítica. En principio, la postura de los señores jueces colisiona con la propia teoría del caso de la defensa, quien en la audiencia de debate expuso que los transportistas, entre ellos el acusado Wilmer Alexis Lagos, eran víctimas de extorsión, para referirse que eran obligados por un grupo delictivo para recoger el dinero de personas que eran amenazados por aquellos; la defensa -para efectos de acreditar tales hechos- propuso la declaración del señor Francisco Uvinaldo Rosales, quien se identificó como transportista y señaló que ellos recogían dinero de distintos puntos para después entregárselo a miembros del grupo delictivo, agregando “..muchos dueños de transporte piensan que ese dinero es de nosotros, pero no es así”.- Es claro para la Sala de lo Penal que la propia parte defensora estableció como postura de debate que el acusado si tenía conocimiento de que estaba recogiendo dinero producto de extorsión, pero justificando tal conducta al indicar que lo hacían porque los transportistas eran amenazados y con ello subrogándose la carga de la prueba, comprometiéndose la defensa en acreditar tal hecho justificatorio, lo que conforme a los propios jueces de sentencia no fue logrado pues el testigo nominado para ello (señor Francisco Uvinaldo Rosales) fue calificado como no creíble. Lo anterior se suma al indebido proceso de valoración intelectiva de la prueba, ello dado que existen elementos probatorios que no justifican la conclusión derivada de los señores jueces de sentencia de que el acusado no tenía conocimiento de los hechos. Es de considerar que salvo la declaración testifical del señor Francisco Uvinaldo Rosales, a quien el a-quo no dio credibilidad, a toda la demás prueba le fue otorgada una calificación positiva, sin hacer ningún reparo en su contenido, por lo que los señores jueces dieron por verdadera toda aquella información que arrojó la prueba; así entonces: 1) Ofendido CX-0073-2014, el que explicó ser objeto de extorsión por largo tiempo y que en un momento dado decidió interponer la denuncia ante la FNA, siendo lo mismo que fue referido por los testigos Marco Tulio Barahona Suazo y Jenrry Roel Amaya Rodríguez; el ofendido acudió en horas de la mañana del día 06 de septiembre de 2014, dado que ese mismo día, en horas de la tarde, correspondía hacer una nueva entrega de dinero; dinero que el acusado fue a recoger el día y a la hora que se le había indicado al ofendido y que aun ello no fue objeto de reflexión derivativa de parte de los jueces en cuanto al conocimiento previo que tenía que tener el acusado para llegar el día y hora preciso; 2) El tribunal de sentencia dio por cierto que el acusado recogió el dinero y se marchó de allí, y que 40 minutos después fue requerido y aprehendido por agentes de la FNA, quienes le incautaron el dinero entregado por el ofendido, el cual estaba ya integrado a otro dinero que portaba el acusado y que llevaba consigo en la bolsa derecha delantera de su pantalón; llama la atención de la Sala de lo Penal que tanto los factores del tiempo transcurrido de la entrega así como la disposición del dinero que hizo el acusado no fueron parte de la reflexión de los señores jueces respecto a que el acusado no procuraba benefició económico propio o de tercero; 3) Posterior a la aprehensión del acusado, se realizó un reconocimiento en rueda de personas, que fue presentado como medio de prueba en la audiencia de debate y al cual el tribunal de sentencia consideró como válido y creíble; medio de prueba en el cual consta la manifestación del ofendido CX-0073-2014, primero describiendo físicamente al acusado y posteriormente señalando que a éste y a su acompañante los miraba semanalmente, indicando “yo los conozco porque son los que me cobran el dinero semanalmente” (f. 23 v.)’; respondiendo a la pregunta de la defensa que la última vez que los había visto había sido el sábado (día de la captura del acusado); empero el tribunal de sentencia, aun cuando dio credibilidad al medio de prueba reconocimiento en rueda, ya había dejado sentada como conclusión en un apartado anterior que “no llega a establecerse que Wilmer Alexis Lagos es la persona que de forma periódica realizaba la conducta denunciada” (f, 143); 4).- El ofendido CX-0073-2014, refirió en su declaración que después de la aprehensión del acusado recibió llamadas amenazadoras, pues sabían (el grupo) quien había hecho la denuncia, viéndose obligado a irse del lugar; referencia a un hecho importante que no fue objeto de derivación alguna por parte del tribunal de sentencia en cuanto a la pertenencia o no del acusado al grupo que se dedicaba a amenazar al ofendido. En conclusión, encuentra esta Sala de lo Penal que el reclamo hecho por el Ministerio Púbico mediante el recurso de casación por quebrantamiento de forma debe ser atendido, a consecuencia de que el Tribunal de Sentencia ha hecho una valoración probatoria ajena al cauce que marca las reglas de la sana crítica, derivando hechos y emitiendo conclusiones que no tienen razón suficiente en consideración a la propia valoración individual que los jueces hicieron de la prueba. Decisión Estimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se Casa la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis (f. 140), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en consecuencia de decreta su nulidad absoluta, así como también de la audiencia de debate que la origina, celebrada en fecha nueve de junio del mismo año (f. 132).- Y Manda: Primero: Observando los plazos legales previstos en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, proceda a celebrar nueva audiencia de debate y emitir nueva sentencia en la cual se resuelva la acción penal interpuesta contra el señor Wilmer Alexis Lagos, por suponerlo responsable a título de coautor de un delito consumado de extorsión, en perjuicio del señor CX-0073-2014; audiencia de debate y sentencia en las que deberán participar jueces distintos a aquellos que emitieron la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis (2016).- Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al tribunal colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-40-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/jurisprudencia_2012