Sentencia CP-397-16 — Registro 12951
Resumen
Se condena a los imputados por los delitos de Asociación Ilícita, Portación Ilegal de Arma Prohibida Tenencia de Municiones Prohibidas, Posesión Ilegal de Arma Comercial, se declrara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma al no observar las reglas de la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica, de la derivación en su característica de razón suficiente pues el tribunal en su sentencia condena a los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, por el delito de Asociación Ilícita, para lo que utiliza el informe realizado por Nelson Benítez Ortiz para declarar a los acusados culpables por este delito, informe que supone es subjetivo y carente de investigación y peso probatorio. Esta Sala aprecia que la sentencia recurrida contiene motivos lógicos, coherentes y suficientes para otorgar plena credibilidad a la prueba de cargo, concretamente al medio de prueba documental consistente en el informe emitido el 4 de diciembre de 2015, por Nelson Benítez Ortiz, Agente de Investigación asignado a la Unidad de Maras y Pandillas de la Policía Nacional que concluye lo siguiente: “Que los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, son miembros activos de la Pandilla 18, por las consideraciones siguientes: 1) Se encuentran en la celda numero 17 donde solo permanecen los privados de libertad de la Pandilla 18; 2) Por el vestuario que portan y el lenguaje que utilizan los tres acusados usado solo por el miembros activos de la Pandilla 18; 3) Por haber llevado a cabo, el día que ratifico el informe un reconocimiento a la zona de la ciudad donde opera la Pandilla 18 encontrando grafitis en números romanos en los muros, lugar donde solo opera la pandilla 18, zona en que nadie puede ingresar sin su autorización; 4) El acusado Oscar Alonso López Rodríguez anda tatuado el No.18, que solo los miembros de la Pandilla 18 lo pueden portar. Medio de prueba de Informe que analizada en forma conjunta, con las declaración del testigo de cargo Policia Antony Fernando Díaz Zúñiga, que participó junto a otros en la detención de los acusados portando el acusado Oscar Alonso López Rodríguez un fusil AK 47 arma de fuego de uso prohibido o de guerra y los acusados señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, una pistola calibre 9 mm y un revolver calibre 38, sin permiso de portación, respectivamente, armas de fuego de tipo comercial, además de la prueba documental consistente en acta de allanamiento, constancias de registro balístico Nacional de armas, prueba pericial balística Numero 5441, ratificada por Luis Fernando Márquez Hernández, sobre las armas de fuego AK47 y pistola y revolver, de la munición respectiva de cada de estas armas. Y finalmente el oficio remitido por la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, que acredita que los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, se encuentran recluidos en el módulo 21, celda número 17, donde se encuentran los integrantes de la Pandilla 18. Por todo lo anterior, esta sala concluye que en la valoración de la prueba de reproche, consistente en el medio de prueba documental de informe rendido por Nelson Benítez Ortiz, Agente de Investigación asignado a la Unidad de Maras y Pandillas de la Policía Nacional, que concluye que los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, son miembros activos de la Pandilla 18, agregada al juicio el juzgador no incurre en infracción alguna a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación y razón suficiente, pues la fundamentación de la sentencia contiene el iter lógico del juzgador, sustentado en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones derivado de elementos auténticos y suficientes para con ellas producir un convencimiento del suceso que se juzga. Por lo anterior esta Sala concluye que no procedente atacar el fallo impugnado por quebrantamiento de forma, por las razones expuestas. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que textualmente dicen: Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece” y el artículo 221: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...”, al no aplicar el juzgador lo dispuesto en Decreto 184-2013, en relación a los Decretos 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo. que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Y para que cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante el término de un (1) año. El Decreto No 63-2014, y 60-2015 del Poder Ejecutivo que establece prórrogas por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El Juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: en fecha 22 de julio del año 2014, Agentes de Investigación de la Unidad Contra Maras y Pandillas realizaban diligencias investigativas en la Colonia Independencia de La Lima, Cortés. Cuando se conducían por la 6 calle, entre la 1ra y 2da avenida, observaron a un individuo, posteriormente identificado como Oscar Alonso López Rodríguez, que portaba, colgando en su pecho, un arma de fuego tipo fusil AK 47, calibre 7.62 x 39mm, serie 1975542108, quien al percatarse de la presencia policial, pretendió huir e ingresó a una cuartería, hasta donde fue alcanzado por los agentes de investigación, al ingresar a la habitación, encontraron el arma escondida bajo un colchón. Segundo: En la misma habitación, descubrieron a los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, teniendo bajo la esfera de su dominio: un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN, modelo YAVUZ 16 BORA, calibre 9MM Parabellum, serie T6368-07 E00836; y un arma de fuego tipo revolver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 SPECIAL CTG, serie 203091, sin tener autorización para su posesión, expedida por autoridad competente. Tercero: Los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar también tenían a bajo la esfera de su dominio, dos cargadores curvos para uso en arma de fuego tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm y 62 cartuchos completos del mismo calibre. Cuarto: Los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar son miembros activos de la mara 18.” El factum de la sentencia que se impugna se subsume perfectamente entre otros preceptos penales aplicables, en lo dispuesto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, que tipifican y sancionan los delitos de Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido o de Guerra y el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, respectivamente. Esta Sala reitera que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En el presente caso, no se ha infringido el precepto constitucional del Debido Proceso, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece”, tampoco lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República, que establece: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta…”. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Y para que cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante el término de un (1) año. El Decreto No 63-2014, y 60-2015 del Poder Ejecutivo que establece prórrogas por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en la disposición contenida en el artículo 332 A, ni 332 B del Código Penal, que tipifican y sancionan los delitos de Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido o de Guerra, y Posesión Ilegal de Arma Comercial, respectivamente, por tratarse de decretos de naturaleza puramente administrativa, orientado en este caso, a la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado señor Oscar Alonso López Rodríguez, al momento de portar colgando en su pecho, un arma de fuego tipo fusil AK 47, calibre 7.62 x 39mm, serie 1975542108, ni los acusados señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, al estar el tenencia de un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN, modelo YAVUZ 16 BORA, calibre 9MM Parabellum, serie T6368-07 E00836; y de un arma de fuego tipo revolver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 SPECIAL CTG, serie 203091, respectivamente, sin tener autorización para su posesión, expedida por autoridad competente, armas en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido la primera por ser un arma de guerra, y el tipo comercial las segundas, hayan tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y sus prorrogas contenidas en los Decretos 63-2014 y 60-2015 que invocan como infringidos por falta de aplicación. Por el contrario, ha sido probados en forma terminante por el tribunal sentenciador que los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, como miembros de la pandilla 18, utilizan armas de fuego de uso prohibido y de tipo comercial, para cometer toda una serie de ilícitos en perjuicio de sus víctimas. Por las razones expuestas, en este caso la sentencia que se impugna no infringe el Precepto Constitucional, de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 y 221 de la Constitución de la República, de la vigencia de le ley, en relación al artículo 2, párrafo segundo del Decreto No.184-2013, publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y el artículo 1 del Decreto No.63 -2014, de fecha 6 de noviembre 2014. y el Decreto 60-2015, que le concede una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-397-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Oscar Alonso López Rodríguez, del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Condenó al señor Oscar Alonso López Rodríguez, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Oscar Alonso López Rodríguez, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho años de reclusión y multa de cinco mil lempiras.- Cuarto: Condenó al señor Brayan Francisco Moncada Garmendia, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Quinto: Condenó al señor Brayan Francisco Moncada Garmendia, como autor del delito de Tenencia de Municiones Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho años de reclusión y multa de cinco mil lempiras.- Sexto: Condenó al señor Brayan Francisco Moncada Garmendia, como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión.- Séptimo: Condenó al señor Bredis Alexis Raudales Cuellar, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión.- Octavo: Condenó al señor Bredis Alexis Raudales Cuellar, como autor del delito de Tenencia de Moniciones Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho años de reclusión y multa de cinco mil lempiras.- Noveno: Condenó al señor Bredis Alexis Raudales Cuellar, como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión.- Décimo: Condenó a los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Décimo Primero: Se le declara la Responsabilidad Civil de los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Décimo Segundo: Se declara el comiso de la siguiente evidencia: 1. Arma de fuego tipo fusil de fabricación rusa, modelo AK-47, calibre 7.62 x39mm, serie 1975542108. 2. Arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, modelo Yavuz 16 Bora, calibre 9mm Parabellum, serie T6368-07 E00836. 3. Arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 10, calibre .38 Especial CTG, serie 203091. 4. Un cargador de plástico color negro, conteniendo 30 municiones para fusil. 5. Un cargador de plástico color café, vacío. 6. Una bolsa plástica transparente conteniendo 30 municiones para fusil. Sin perjuicio de que el arma marca de fuego marca Girsan, modelo Yavuz 16 Bora, calibre 9mm Parabellum, serie T6368-07 E00836, que se encuentra registrada a nombre de tercera persona, pueda ser devuelta a quien acredite su legítima propiedad.- Décimo Tercero: No procede a condenar a los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- SON PARTES: Los Abogados Dinabel López Durón y José Roberto Izaguirre, defensores públicos de los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: en fecha 22 de julio del año 2014, Agentes de Investigación de la Unidad Contra Maras y Pandillas realizaban diligencias investigativas en la Colonia Independencia de La Lima, Cortés. Cuando se conducían por la 6 calle, entre la 1ra y 2da avenida, observaron a un individuo, posteriormente identificado como OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, que portaba, colgando en su pecho, un arma de fuego tipo fusil AK 47, calibre 7.62 x 39mm, serie 1975542108, quien al percatarse de la presencia policial, pretendió huir e ingresó a una cuartería, hasta donde fue alcanzado por los agentes de investigación, al ingresar a la habitación, encontraron el arma escondida bajo un colchón. SEGUNDO: En la misma habitación, descubrieron a los señores BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y a BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR, teniendo bajo la esfera de su dominio: un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN, modelo YAVUZ 16 BORA, calibre 9MM Parabellum, serie T6368-07 E00836; y un arma de fuego tipo revolver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 SPECIAL CTG, serie 203091, sin tener autorización para su posesión, expedida por autoridad competente. TERCERO: Los señores BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y a BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR también tenían a bajo la esfera de su dominio, dos cargadores curvos para uso en arma de fuego tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm y 62 cartuchos completos del mismo calibre. CUARTO: Los señores OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA Y BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR son miembros activos de la mara 18.” RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada Orbelina Ferrera, actuando como defensora pública de los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 90, 221 en relación a la falta de aplicación del Decreto 184-2013, en relación a los Decreto 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo en SEGUNDO MOTIVO: La sentencia carece de motivaciones fácticas suficientes, por lo que no se observan las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Los motivos de casación se encuentran comprendidos en los artículos 361, 362 N.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO El imputado OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ fue condenado por el delito de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA (332A), asimismo los coimputados BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR fueron declarados culpables por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL (332B), La Infracción por la cual se ha condenado a mis representados se produjo cuando de los hechos probados se deriva que en fecha veintidós de julio del año dos mil catorce Agentes de investigación de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban diligencias investigativas en la colonia Independencia de la Lima, Cortés deteniendo a mi representado OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ en posesión de un arma AK-47, calibre 7.62x39mm serie 1975542108; sin embargo, del artículo 2 párrafo segundo del Decreto Legislativo No.183-2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que; durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. En cuanto a los también representados BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR, fueron encontradas dentro de su esfera de dominio: un arma de fuego tipo pistola marca Girsan, modelo YAVUZ 16 hora, calibre 9mm parabelum serie T6368-07 E00836, y un arma de fuego tipo revólver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 especial CTG, serie 203091, siendo estas de uso comercial.- Conductas también consideradas sin aplicación temporal por el decreto arriba aludido en el cual el artículo 2 párrafo primero reza: Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posera factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Las conductas por la cuales fueron condenados mis poderdantes fueron temporalmente despenalizados por el Decreto Legislativo 184-2013 con la una vigencia de un año, del cinco de octubre del 2013 al cinco de octubre del dos mil catorce, decreto que fue prorrogado en su vigencia con el decreto (63-2014) que amplia su aplicación por un período de seis meses hasta el cinco de abril del dos mil catorce.- Y una segunda prórroga con el decreto (60-2015) que le concede una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince.- Al momento de la detención de los imputados la veda en relación estaba en plena vigencia o sea despenalizada, por lo cual debió aplicarse la ley vigente al momento de la comisión del supuesto hecho y ser absuelto de responsabilidad. Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece”.- Artículo 221: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...” De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A y 332B, del Código Penal, con fundamento en el principio de que nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en un ley anterior.- Se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella a manera mas favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para los señores OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR por los delitos de PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL.” “EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO La sentencia promulgada por el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. PRIMERO: Con base a lo anterior, el tribunal emite una sentencia condenatoria en contra de mis representados por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, consigna su criterio en el numeral cuarto de la valoración de prueba.- La cual es contraria a la sana crítica debido a que se fundamenta en argumentaciones débiles e insuficientes para llegar a la conclusión arribada en el fallo. El Tribunal utiliza básicamente el informe realizado por NELSON BENÍTEZ ORTÍZ para declarar a mis representados culpables por ese delito. No obstante, dicho informe es en demasía subjetivo y carente de investigación por consiguiente sin peso probatorio.- Para la realización del informe en mención no se realizó ningún seguimiento de forma personal a mis representados, y sin tener soporte investigativo concluye: “Que hizo un operativo donde opera la pandilla 18 encontraron grafiti en los muros (??)”, “Que uno de los imputados anda tatuado un 1 y un 8” pero no se hizo inspección del mismo (??)”, “Que los tres son miembros activos de la pandilla 18 fundamentándose en el hecho de que están recluidos en esa celda, además de su forma de vestir y lenguaje (??)”. Estos son los ambiguos y atentatorios puntos que concluye el señor NELSON BENÍTEZ ORTÍZ, los cuales no son suficientes para poder aseverar objetivamente que los señores BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA, BREDIS ALEXIS RAUDALES Y OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ estén involucrados en el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por el cual se le acusa. Las conclusiones de dicho informe son insuficiente para creer que todas las personas que tienen su domicilio en la colonia independencia de San Pedro Sula pertenecen a la pandilla 18, o todas las personas que se visten de x forma o que hablan de x manera pertenecen a la pandilla 18, de igual forma la ubicación de un interno dentro de un Centro Penal la realiza la autoridad del Centro Penitenciario no los reclusos.- No existe ninguna base científica de investigación que sustenten las aseveración de dicho informe. El Principio de Razón Suficiente formulada en forma evidente en el siglo XVII por Leibniz, señala que ningún fenómeno puede ser real y ninguna afirmación verdadera, sin la razón suficiente de porque las cosas son así y no de otro modo.- “Toda idea verdadera debe tener suficiente fundamentación”.- El problema de la demostrabilidad de la tesis propuestas es esencial para cualquier proceso creador, porque la ley de la razón suficiente protege nuestro pensamiento de la falta de motivación. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica. SEGUNDO: Valorando todo lo anterior, no se puede deducir responsabilidad contra mis representados pues no hay ningún elemento indubitado que pueda relacionar directamente a los imputados en la comisión del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, por lo que, esta Defensa considera que la sentencia en cuestión no cumple con los requisitos de la Sana Crítica. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no haberse aplicado las reglas de la sana crítica, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para los señores OSCAR ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, BRAYAN FRANCISCO MONCADA GARMENDIA y BREDIS ALEXIS RAUDALES CUELLAR por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA.” Fundamentación Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 90, 221 en relación a la falta de aplicación del Decreto 184-2013, en relación a los Decreto 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo. Motivo único: Normas autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 90, 221 en relación a la falta de aplicación del Decreto 184-2013, en relación a los Decreto 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia que se impugna, y se dicte de inmediato la sentencia que corresponda conforme a derecho. Resumen Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 90, 221 en relación a la falta de aplicación del Decreto 184-2013, en relación a los Decreto 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo. El imputado Oscar Alonso López Rodríguez fue condenado por el delito de Portación de Arma Prohibida (332 A), asimismo los coimputados Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar fueron declarados culpables por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial (332 B). La Infracción por la cual se ha condenado a los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar se produjo -según los hechos probados- en fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, cuando Agentes de Investigación de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban diligencias investigativas en la colonia Independencia de la Lima, Cortés deteniendo al acusado señor Oscar Alonso López Rodríguez en posesión de un arma AK-47, calibre 7.62x39mm serie 1975542108; sin embargo, del artículo 2 párrafo segundo del Decreto Legislativo No.183-2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que durante el término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. En cuanto a los también representados Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, fueron encontradas dentro de su esfera de dominio: un arma de fuego tipo pistola marca Girsan, modelo YAVUZ 16 hora, calibre 9mm parabellum serie T6368-07 E00836, y un arma de fuego tipo revólver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 especial CTG, serie 203091, siendo estas de uso comercial. Conductas también consideradas sin aplicación temporal por el decreto arriba aludido en el cual el artículo 2 párrafo primero reza: Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posera factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Las conductas por la cuales fueron condenados los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar fueron temporalmente despenalizados por el Decreto Legislativo 184-2013 con una vigencia de un año, del 5 de octubre del 2013 al 5 de octubre del 2014, decreto que fue prorrogado en su vigencia con el Decreto (63-2014) que amplía su aplicación por un período de seis meses hasta el 5 de abril del 2014. Y una segunda prórroga con el Decreto (60-2015) que le concede una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015. Al momento de la detención de los imputados la veda en relación estaba en plena vigencia o sea despenalizada, por lo cual debió aplicarse la ley vigente al momento de la comisión del supuesto hecho y ser absuelto de responsabilidad. Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece”. Y el artículo 221: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...” Resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A y 332B, del Código Penal, por lo que resulta manifiesta que la sentencia impetrada viola la garantía regulada en el artículo 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma. Concepto General Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don José Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. El debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: a) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; b) La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; c) Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; d) Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; e) Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; f) Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; g) Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Artículo 90 constitucional establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la procedencia recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que textualmente dicen: Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece” y el artículo 221: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...”, al no aplicar el juzgador lo dispuesto en Decreto 184-2013, en relación a los Decretos 63-2014 y 60-2015 del Poder Ejecutivo. que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Y para que cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante el término de un (1) año. El Decreto No 63-2014, y 60-2015 del Poder Ejecutivo que establece prórrogas por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El Juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: en fecha 22 de julio del año 2014, Agentes de Investigación de la Unidad Contra Maras y Pandillas realizaban diligencias investigativas en la Colonia Independencia de La Lima, Cortés. Cuando se conducían por la 6 calle, entre la 1ra y 2da avenida, observaron a un individuo, posteriormente identificado como Oscar Alonso López Rodríguez, que portaba, colgando en su pecho, un arma de fuego tipo fusil AK 47, calibre 7.62 x 39mm, serie 1975542108, quien al percatarse de la presencia policial, pretendió huir e ingresó a una cuartería, hasta donde fue alcanzado por los agentes de investigación, al ingresar a la habitación, encontraron el arma escondida bajo un colchón. Segundo: En la misma habitación, descubrieron a los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, teniendo bajo la esfera de su dominio: un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN, modelo YAVUZ 16 BORA, calibre 9MM Parabellum, serie T6368-07 E00836; y un arma de fuego tipo revolver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 SPECIAL CTG, serie 203091, sin tener autorización para su posesión, expedida por autoridad competente. Tercero: Los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar también tenían a bajo la esfera de su dominio, dos cargadores curvos para uso en arma de fuego tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm y 62 cartuchos completos del mismo calibre. Cuarto: Los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar son miembros activos de la mara 18.” El factum de la sentencia que se impugna se subsume perfectamente entre otros preceptos penales aplicables, en lo dispuesto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, que tipifican y sancionan los delitos de Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido o de Guerra y el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, respectivamente. Esta Sala reitera que el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En el presente caso, no se ha infringido el precepto constitucional del Debido Proceso, establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derecho y garantías que la ley establece”, tampoco lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República, que establece: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta…”. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un período de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Y para que cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante el término de un (1) año. El Decreto No 63-2014, y 60-2015 del Poder Ejecutivo que establece prórrogas por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en la disposición contenida en el artículo 332 A, ni 332 B del Código Penal, que tipifican y sancionan los delitos de Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido o de Guerra, y Posesión Ilegal de Arma Comercial, respectivamente, por tratarse de decretos de naturaleza puramente administrativa, orientado en este caso, a la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el juzgador no se deduce que el acusado señor Oscar Alonso López Rodríguez, al momento de portar colgando en su pecho, un arma de fuego tipo fusil AK 47, calibre 7.62 x 39mm, serie 1975542108, ni los acusados señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, al estar el tenencia de un arma de fuego tipo pistola marca GIRSAN, modelo YAVUZ 16 BORA, calibre 9MM Parabellum, serie T6368-07 E00836; y de un arma de fuego tipo revolver marca Smith and Wesson, modelo 10, calibre 38 SPECIAL CTG, serie 203091, respectivamente, sin tener autorización para su posesión, expedida por autoridad competente, armas en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido la primera por ser un arma de guerra, y el tipo comercial las segundas, hayan tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y sus prorrogas contenidas en los Decretos 63-2014 y 60-2015 que invocan como infringidos por falta de aplicación. Por el contrario, ha sido probados en forma terminante por el tribunal sentenciador que los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, como miembros de la pandilla 18, utilizan armas de fuego de uso prohibido y de tipo comercial, para cometer toda una serie de ilícitos en perjuicio de sus víctimas. Por las razones expuestas, en este caso la sentencia que se impugna no infringe el Precepto Constitucional, de Debido Proceso, contenido en el artículo 90 y 221 de la Constitución de la República, de la vigencia de le ley, en relación al artículo 2, párrafo segundo del Decreto No.184-2013, publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y el artículo 1 del Decreto No.63 -2014, de fecha 6 de noviembre 2014. y el Decreto 60-2015, que le concede una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Segundo motivo: Normas autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: En que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. Resumen Quebrantamiento de forma en virtud que la sentencia recurrida viola en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica, de la derivación en su característica de razón suficiente. El tribunal en su sentencia condena a los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, por el delito de Asociación Ilícita, con argumentaciones débiles e insuficientes para llegar a la conclusión arribada en el fallo. El Tribunal utiliza básicamente el informe realizado por Nelson Benítez Ortiz para declarar a los acusados culpables por este delito, informe que es en demasía subjetivo y carente de investigación y peso probatorio, y ningún seguimiento personal a los acusados, informe investigativo que concluye: “Que hizo un operativo donde opera la pandilla 18 encontraron grafiti en los muros”, “Que uno de los imputados anda tatuado un 1 y un 8” pero no se hizo inspección del mismo”, “Que los tres son miembros activos de la pandilla 18 fundamentándose en el hecho de que están recluidos en esa celda, además de su forma de vestir y lenguaje”. Es decir, es un informe con datos ambiguos y atentatorios que no son suficientes para aseverar objetivamente que los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia, Bredis Alexis Raudales y Oscar Alonso López Rodríguez estén involucrados en el delito de Asociación Ilícita. El Principio de Razón Suficiente señala que ningún fenómeno puede ser real y ninguna afirmación verdadera, sin la razón suficiente de porque las cosas son así y no de otro modo. “Toda idea verdadera debe tener suficiente fundamentación”. La ley de la razón suficiente protege nuestro pensamiento de la falta de motivación. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica. Concepto General Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es este último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 2 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Concepto especifico Violación de las reglas de la sana critica, específicamente las reglas de la lógica, de la derivación en su característica de razón suficiente. El tribunal en su sentencia condena a los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, por el delito de Asociación Ilícita, con argumentaciones débiles e insuficientes para llegar a la conclusión arribada en el fallo. El Tribunal utiliza básicamente el informe realizado por Nelson Benítez Ortiz para declarar a los acusados culpables por este delito, informe que es en demasía subjetivo y carente de investigación y peso probatorio, y ningún seguimiento personal a los acusados, informe investigativo que concluye: “Que hizo un operativo donde opera la pandilla 18 encontraron grafiti en los muros”, “Que uno de los imputados anda tatuado un 1 y un 8” pero no se hizo inspección del mismo”, “Que los tres son miembros activos de la pandilla 18 fundamentándose en el hecho de que están recluidos en esa celda, además de su forma de vestir y lenguaje”. Es decir, es un informe con datos ambiguos y atentatorios que no son suficientes para aseverar objetivamente que los señores Brayan Francisco Moncada Garmendia, Bredis Alexis Raudales y Oscar Alonso López Rodríguez estén involucrados en el delito de Asociación Ilícita. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma al no observar las reglas de la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica, de la derivación en su característica de razón suficiente pues el tribunal en su sentencia condena a los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, por el delito de Asociación Ilícita, para lo que utiliza el informe realizado por Nelson Benítez Ortiz para declarar a los acusados culpables por este delito, informe que supone es subjetivo y carente de investigación y peso probatorio. Esta Sala aprecia que la sentencia recurrida contiene motivos lógicos, coherentes y suficientes para otorgar plena credibilidad a la prueba de cargo, concretamente al medio de prueba documental consistente en el informe emitido el 4 de diciembre de 2015, por Nelson Benítez Ortiz, Agente de Investigación asignado a la Unidad de Maras y Pandillas de la Policía Nacional que concluye lo siguiente: “Que los señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, son miembros activos de la Pandilla 18, por las consideraciones siguientes: 1) Se encuentran en la celda numero 17 donde solo permanecen los privados de libertad de la Pandilla 18; 2) Por el vestuario que portan y el lenguaje que utilizan los tres acusados usado solo por el miembros activos de la Pandilla 18; 3) Por haber llevado a cabo, el día que ratifico el informe un reconocimiento a la zona de la ciudad donde opera la Pandilla 18 encontrando grafitis en números romanos en los muros, lugar donde solo opera la pandilla 18, zona en que nadie puede ingresar sin su autorización; 4) El acusado Oscar Alonso López Rodríguez anda tatuado el No.18, que solo los miembros de la Pandilla 18 lo pueden portar. Medio de prueba de Informe que analizada en forma conjunta, con las declaración del testigo de cargo Policia Antony Fernando Díaz Zúñiga, que participó junto a otros en la detención de los acusados portando el acusado Oscar Alonso López Rodríguez un fusil AK 47 arma de fuego de uso prohibido o de guerra y los acusados señores Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, una pistola calibre 9 mm y un revolver calibre 38, sin permiso de portación, respectivamente, armas de fuego de tipo comercial, además de la prueba documental consistente en acta de allanamiento, constancias de registro balístico Nacional de armas, prueba pericial balística Numero 5441, ratificada por Luis Fernando Márquez Hernández, sobre las armas de fuego AK47 y pistola y revolver, de la munición respectiva de cada de estas armas. Y finalmente el oficio remitido por la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula, que acredita que los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, se encuentran recluidos en el módulo 21, celda número 17, donde se encuentran los integrantes de la Pandilla 18. Por todo lo anterior, esta sala concluye que en la valoración de la prueba de reproche, consistente en el medio de prueba documental de informe rendido por Nelson Benítez Ortiz, Agente de Investigación asignado a la Unidad de Maras y Pandillas de la Policía Nacional, que concluye que los acusados Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, son miembros activos de la Pandilla 18, agregada al juicio el juzgador no incurre en infracción alguna a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación y razón suficiente, pues la fundamentación de la sentencia contiene el iter lógico del juzgador, sustentado en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones derivado de elementos auténticos y suficientes para con ellas producir un convencimiento del suceso que se juzga. Por lo anterior esta Sala concluye que no procedente atacar el fallo impugnado por quebrantamiento de forma, por las razones expuestas. DECISIÓN, la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional; y, el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocados por la recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.2 y 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar, el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional y el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, interpuestos por la Abogada Orbelina Ferrera, defensora pública de los acusados señores Oscar Alonso López Rodríguez, Brayan Francisco Moncada Garmendia y Bredis Alexis Raudales Cuellar, en la causa en que se condenó de la siguiente manera: al señor Oscar Alonso López Rodríguez, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras y como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; al señor Brayan Francisco Moncada Garmendia, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras, como autor del delito de Tenencia de Municiones Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, y como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; y, al señor Bredis Alexis Raudales Cuellar, como autor del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, como autor del delito de Tenencia de Moniciones Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, y como autor del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-397-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.