Sentencia CP-392-16 — Registro 12643
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados de los delitos de Hurto Agravado, Abuso de Autoridad y Sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad pública competente, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Opinión de la Sala sobre el caso específico. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su principio de la lógica, ley de derivación, integrada por el principio de razón suficiente, en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Testifical: Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Quintín Antonio Juárez García, Orlin Javier Cerrato Cruz, Dinora Reyes Pineda, Bayardo Enrique Méndez Martínez y Francis Alcides Suazo Ochoa; Documental: Copia de Acta Inspección con Álbum Fotográfico, Copia de Acta de Conteo y Entrega a la OABI, Informe de fecha seis de octubre del 2014, Acta de Decomiso de Documentos realizado en fecha once de diciembre del dos mil catorce, oficios DGPN-DNUE-Tigres 043-201, DGPN-DNUE- Tigres -44-2014, DGPN-DNUE Tigres-44-2014, IG-SEDS-1119-2014, DGPN-DNUE0495.20147, DGPN-11456-2014, de fecha 15 de noviembre, los Acuerdos de Suspensión de 70 miembros asignados a unidades especiales, oficio DGPN-SE-2843-2014, DGPN-SDGRH-1695-2014, DGPN-DN-063-2015, Copia certificada del requerimiento Fiscal y Audiencia Inicial, contenidas en el expediente registrado con número 001 -2015. 9. Informe Investigativo de fecha 20 de abril del 2015, Informe de Análisis Transaccional de Operaciones en el Sistema Financiero Nacional, realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), a los imputados elaborado por la analista financiera asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado Flora Yessenia Cortés, y el oficio UIFCU-CG-217/2015 de fecha 23 de abril del 2015, que se encuentra en el expediente administrativo 490-214, y por considerar que con la prueba evacuada es posible construir varios indicios que concatenados entre sí, llevan a inferir de manera lógica, que los encausados señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández se apoderaron de parte de la evidencia decomisada en fecha cinco de octubre del 2014, en el operativo de captura de la familia Valle, al participar en el operativo en mención, al estar presentes al momento del hallazgo de los dólares, tener el tiempo necesario para sustraer y disponer dicho dinero, efectuar gastos que no estaban acorde a su capacidad económica, en que uno de los partícipes admitió que se apoderaron de parte del dinero decomisado, indicios que no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba, concluyendo el sentenciador que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa. Esta Sala observa que las razones vertidas por los jueces de instancia para restar credibilidad a lo declarado en la Sala de juicio por los testigos de cargo señores Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Quintín Antonio Juárez García, Orlin Javier Cerrato Cruz, Dinora Reyes Pineda, Bayardo Enrique Méndez Martínez y Francis Alcides Suazo Ochoa, por considerar que son testigos de referencia son ilógicas, débiles e insuficientes, en virtud de ser los testigos de cargo contestes entre ellos y con la abundante prueba documental relacionada, con la que el juzgador mediante inferencias y deducciones lógicas, por medio del análisis objetivo de la variedad de indicios concatenados entre sí, para derivar de ellos alguna participación de los acusados en los hechos ilícitos que se les atribuyen. Por lo anterior, el juzgador al valorar la prueba de cargo, consistente en testigos de cargo y documental, preinserta y agregadas al juicio, y no hacerlo de forma conjunta y armoniosa, ha incurrido en violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su principio de derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en virtud de no haber derivado de ella deducciones, ni inferencias lógicas y suficientes para obtener un estatuto de verdad. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-392-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, mediante la cual: Primero: Absolvió a los señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández, de los delitos de Hurto Agravado, Abuso de Autoridad y Sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad pública competente, en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Tercero: No procedió a declarar la responsabilidad civil. SON PARTES: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; el Abogado Wilson Omar Díaz Flores, en su condición de apoderado defensor de los acusados señores Gerzán Vidal Alemán Romero, Elmer Orlando Mendoza Hernández y Edwin Antonio Midence Rivera; los Abogados Marvin Antonio Cálix Rosales y José Adalid Rodríguez Rosa, en su condición de defensores privados de los señores Pedro Tiburcio Zúniga Varela y Obed Diblaín Mencía Hernández; el Abogado Percy Fernando Elvir Landa, en su condición de defensor privado de los señores Guillermo Alfonso Urbina, Luis Enrique Godoy Díaz y Lot Pérez Avelar y el Abogado Jesús Elfidio Chinchilla Orellana, en su condición de defensor privado del señor Alejandro Rafael Díaz, como partes recurridas.- HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día cinco (05) de Octubre del año Dos Mil Catorce (2014), en horas de la madrugada un contingente de 50 miembros del grupo de Policías denominado TIGRES y 22 del grupo de Policías de la unidad SIU, en compañía de 4 Agentes de la DEA, se trasladaron, al lugar denominado Quebradona o Plan del Caribe, Jurisdicción del Municipio de Florida, Departamento de Copán, con el objetivo de dar captura a dos personas que tenían orden de extradición, una vez ubicados en dicho lugar, se dividieron en varios grupos, el grupo que encabezaba el Suboficial Bayardo Méndez, observaron unas láminas de zinc, denotando algo sospechoso, por lo que comunicó vía radio al inspector Alejandro Díaz, para que le consiguieran herramientas, las que al poco tiempo se las hicieron llegar y al escavar encontraron un rotoplast color negro, que al ser abierto contenía varios sacos de mezcal en su interior, a los pocos minutos llegaron el Inspector Díaz, y un grupo de miembros de las diferentes unidades y cuatro agentes de la DEA, al lugar del hallazgo, momento en que se le instruye al investigador Francis Alcides Suazo, que sacara los sacos y contabilizara el contenido, enumerándolos y contabilizando en total 17, los cuales contenían paquetes envueltos con moneda extranjera con el siguiente detalle: un saco de mezcal color rojo identificado como número 1: que contenía en su interior 25 paquetes envueltos, con dólares americanos de diferentes denominaciones; un saco de mezcal color blanco identificado como número 2: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 3: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 4: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente de dólares americanos con diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 5: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 6: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 7: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificándolo como número 8: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 9: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 10: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 11: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 12: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color rojo identificado como número 13: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 14: que contenía en su interior 24 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 15: que contenía en su interior 10 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 16: que contenía en su interior 25 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, saco de mezcal color blanco identificado como número 17: que contenía en su interior 10 paquetes envuelto en plástico transparente con dólares americanos de diferentes denominaciones, una vez levantada el Acta de Inspección respectiva, se trasladaron los 17 sacos a dos vehículos donde se transportaban miembros del grupos SIU, para luego salir de la zona, junto a 3 detenidos, con destino a La Ciudad de La Entrada, Copán, donde estuvieron por un espacio de tiempo aproximado de dos horas, esperando un helicóptero que trasladaría a los detenidos. SEGUNDO: Una vez que los detenidos fueron trasladados vía aérea, los miembros del Grupo SIU, encargados de transportar el dinero se trasladaron en varios vehículos hacia la Ciudad de Tegucigalpa. A eso de las 7:00 de la noche arribaron a las instalaciones de Casamata, donde fue entregado los 17 sacos y su contenido a las autoridades de la Fiscalía del Crimen Organizado, la OABI, quienes recibieron los sacos de dólares americanos y contabilizaron los mismos, resultando la suma de $11, 287,870.00. TERCERO: En días ulteriores salió en los medios de comunicación que los policías TIGRES que participaron en la Captura de los hermanos Valle Valle, se habían apropiado de una cantidad de 1.3 millones de dólares, de lo que se desprende una serie de investigaciones en el seno de la policía para determinar que era lo que había ocurrido y al establecerse que se trataba de un hecho ilícito, optaron por remitir informes al Ministerio Público. Quienes posteriormente presentan acusación pública en contra de los señores: OBED DIBLAIN MENCÍA HERNÁNDEZ, PEDRO TIBURCIO ZÚNIGA VARELA, LUIS ENRIQUE GODOY DÍAZ, LOT PÉREZ AGUILAR, GUILLERMO ALFONSO URBINA URBINA, ALEJANDRO RAFAEL DÍAZ, GERZAN VIDAL ALEMÁN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, Y ELMER ORLANDO MENDOZA HERNÁNDEZ, por considerarlos sospechosos de haberse quedado con la cantidad de 1.3 millones de dólares, en la operación del 5 de Octubre del 2014.- Cabe destacar que durante la Audiencia de Debate el ente acusador, no aportó elementos de prueba suficientes para acreditar la participación de dichos acusados, en el hecho investigado.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Jesús Samuel Paz del Cid, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la Prueba, las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Fallo que hoy se cuestiona por esta vía recursiva, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación del Artículo 202 de la Ley Penal Adjetiva, “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica” obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, requerimiento a los que, consideramos, no se ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada; resultando de ello, una sentencia absolutoria. En el caso in examine con la finalidad de acreditar cada uno de los ilícitos anteriormente descritos y la participación de los imputados mencionados respectivamente, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. WILMER EDUARDO SUAZO AGUILERA Comandante al mando de la Unidad Tigres, quien depuso que dio orden de operación a un grupo de 50 miembros de su Unidad, misma que comenzó la operación el día dos de octubre siendo dirigida por los comisarios TIBURCIO ZÚNIGA Y GUILLERMO URBINA, dichas operaciones dieron como resultado la captura de tres miembros de la organización VALLE VALLE y el decomiso de 17 sacos conteniendo Dólares Americanos, en ese sentido, manifestó que días posteriores al mencionado operativo él comenzó a ver irregularidades como el hecho que en la tropa comenzó a llegar en vehículos que antes no tenían, lo que despertó sospechas, por ello, habló con OBED DIBLAIN MENCIAS, quien le manifestó que lo encontrado en el operativo fueron 19 sacos y no 17 como se reportó y que se repartieron dos sacos, uno para el Grupo SIU y otro para el grupo Tigres y que en el Hotel Villa Nuria se había repartido el dinero, sublevándose la tropa porque solo querían dar la cantidad de $5,000.00, y que un grupo de policías llegaron al lugar, donde estaba la distribución del dinero y una vez que tomaron el control se repartieron la cantidad de $38,000.00 cada uno. 2. QUINTIN ANTONIO JUÁREZ GARCÍA en la fecha del juicio Subdirector General de la Policía, en el año 2014 se desempeñaba como inspector General de esa Institución, en ese orden, le fue remitido un informe para que iniciara las investigaciones en el presente caso, de tal forma, que consideró recomendar al Comisionado SUAZO AGUILERA, que debía remitiese informe al Ministerio Público por tratarse de un delito de índole penal, de conformidad a Ley Orgánica de la Policía Nacional; al ser interrogado por el Fiscal manifestó que el informe refería que el Subcomisionado SUAZO (Jefe de los Tigres en esa época) había observado una conducta impropia en los encausados, tiempo después del mencionado operativo, habían adquirido bienes, registrado movimientos migratorios, compraron un arma y vehículos. 3. ORLIN JAVIER CERRATO CRUZ, en el momento del juicio se desempeñaba como Director del Sistema Estratégico de Recolección Cotejamiento de Análisis Archivo e Información CERCA, refirió que en virtud de sus funciones se le instruyó iniciar un proceso administrativo de investigación. 4. DINORA REYES PINEDA, Investigadora de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, relató que dirigió el equipo que realizó la investigación en tornos al caso de mérito, de la cuales se obtuvieron varios indicios que corroboran lo manifestado por OBED DIBLAIN MENCÍA, es así que se constató que EDWIN MIDENCE, en fechas posteriores al operativo para la captura de los hermanos VALLE VALLE, realizó mejoras en su vivienda, compró un vehículo Tacoma y una motocicleta la cual regaló a su padre; igualmente ELMER MENDOZA realizó mejoras a su casa de habitación; OBED MENCÍA en el mes de diciembre en Alauca Valle, su lugar de origen, hizo varios gastos inusuales con moneda extrajera (Dólares); la testigo, al ser interrogada por el fiscal, refirió que para obtener la información antes referida tomó declaraciones a los vecinos de los investigados, mismas que están incorporadas al informe de investigación. 5. BAYARDO ENRIQUE MÉNDEZ MARTÍNEZ, miembro del equipo SIU, quien relató las diligencias realizadas en el operativo de captura de los hermanos VALLE VALLE, de lo que se pudo conocer que éste observó una zona sospechosa cubierta por una láminas, por lo que vía radio, le puso en conocimiento al Comisario ZÚNIGA, llegando en 5 minutos el clase II José Armando Castillo y el clase I RENAN MENDOZA, con una barra y una pala, se observó un rotoplast en que se almacenaban varios sacos, se abrió uno de los sacos para observar que contenían, en ese momento se le informa al Inspector DÍAZ, el cual llegó en diez minutos en compañía de GERARDO RODRÍGUEZ, 4 AGENTES de la DEA, y elementos de los TIGRES Y SIU. Se le ordenó al Analista de Investigación ALCIDES SUAZO, que procediera hacer el Acta y se da orden a los Policías TIGRES y los Agentes de SIU que trasladen los sacos al lugar donde están los vehículos, finalmente la evidencia fue trasladada hasta el Cuartel General de Casamata, donde entregaron el dinero a los funcionarios de OABI, estando presentes el Señor Director General de la Policía y las Fiscales. 6. FRANCIS ALCIDES SUAZO OCHOA, quien manifestó que participó en el operativo para capturar a los hermanos VALLE VALLE, estando en lugar de la captura reportaron por radio que necesitaban apoyo que había encontrado algo sospechoso, en ese momento me dirigí al lugar, el jefe de la Unidad el Inspector DÍAZ, le dio la instrucción que levantara la evidencia por lo que levantó un Acta por lo que al sacar cada saco se contaban los paquetes que contenían, luego nuevamente se introducían al saco, se levantaron fotografías del lugar como estaba, el procedimiento fue rápido porque se encontraban en riesgo, la evidencia fue llevada a Tegucigalpa hasta el Cuartel de Casamata, en el lugar se encontraba el Señor Director General de la Policía y las Fiscales, lo que registró en el Acta respectiva. DOCUMENTAL: 1. Copia de Acta Inspección con Álbum Fotográfico, 2. Copia de Acta de Conteo y Entrega a la OABI, en la que se establece la hora de la entrega, la cantidad de sacos entregados, así como la de dinero contabilizado, por parte del Ministerio Público y puesto a la disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). 3.Informe de Fecha Seis de Octubre del 2014, mismo que establece la operación realizada donde se produce el hallazgo de un rotoplast, conteniendo en su interior una serie de sacos y dinero en moneda extranjera Dólares. 4. Acta de Decomiso de Documentos realizado en fecha once de diciembre del dos mil catorce, en el cual se decomisó la Orden de Operación DNUE 02-2014, así como la orden DNUE 03-2014, y los oficios DGPN-DNUE-Tigres 043-201 y el oficio DGPN-DNUE- Tigres -44-2014, y el Oficios DGPN-DNUE Tigres-44-2014, esta prueba no es otra que la orden en la cual se encomienda a la Unidad Tigres Ponerse en contacto con una Unidad Especial para servir de Unidad Choque y acompañamiento, en las actividades, como ser: capturas, retenes, allanamientos y acompañamiento de la unidad especial. 5. Oficio IG-SEDS-1119-2014, acompañado por el oficio DGPN-DNUE0495.20147, en el cual el Comisionado QUINTÍN ANTONIO JUÁREZ, en su condición de Inspector General de la Policía remite el informe enviado a él por parte del Director General de la Policía Comisionado FÉLIX VILLANUEVA, para que el Ministerio Público comenzara las investigaciones y el proceso legal contra los sospechosos. 6. Oficio DGPN-11456-2014, de fecha 15 de noviembre mediante el cual el señor Director General de la Policía remite al Ministerio Público, al Fiscal General OSCAR CHINCHILLA, los Acuerdos de Suspensión de 70 miembros asignados a unidades especiales, así como en oficio DGPN-SE-2843-2014, en el cual se remiten al subdirector de Recursos Humanos de la Policía un cuadro de Policías suspendidos y el Oficio DGPN-SDGRH-1695-2014, dirigido al Comisionado General FELIX VILLANUEVA, con el personal asignado a las Unidades SIU y TIGRES y el cuadro de las personas notificadas de su suspensión, en reposo y de vacaciones. 7. Oficio DGPN-DN-063-2015 junto con el informe remitido por el director de Investigación de la Carrera Policial al Ministerio Público. 8. Copia certificada del requerimiento Fiscal y Audiencia Inicial, contenidas en el expediente registrado con número 001 -2015. 9. Informe Investigativo de fecha 20 de abril del 2015, remitida por la agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. 10. Informe de Análisis Transaccional de Operaciones en el Sistema Financiero Nacional, realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), a los imputados elaborado por la analista financiero asignada a la fiscalía especial Contra el Crimen Organizado FLORA YESSENIA CORTÉS, 11. Oficio UIFCU-CG-217/2015, de fecha 23 de abril del 2015, mediante el cual la Unidad de Información Financiera remitió CD, dicho informe se encuentra en el expediente administrativo 490-214. El Tribunal sentenciador en la valoración conjunta de las probanzas anteriormente descritas, consideró que al realizar el análisis de toda la prueba en su conjunto tanto la de cargo como la descargo, ha llegado a la conclusión que la primera no ha sido suficiente para quebrantar el estado de inocencia de los imputados, es así, que aprecian que todas las declaraciones testificales que evacuó el Ministerio Público, resultaron ser de referencia; sobre la base de las siguientes consideraciones: 1) En lo correspondiente al testimonio de WILMER EDUARDO SUAZO AGUILERA, el Juzgador determinó que los comentarios proferidos al Comisionado SUAZO AGUILERA de parte de OBED DIBLAIN MENCÍA, así como la que obtuvo el Comisionado CERRATO del señor PEDRO TIBURCIO ZÚNIGA, para darle válidez en juicio se tuvieron que plasmar en un documento oficial, no obstante pudieron percibir esas inferencias por sus actividades Policiales y su jerarquía superior en relación con los eventos que se investigan; de igual forma considera que QUINTIN ANTONIO JUÁREZ, es un testigo de referencia, por lo que el Tribunal esta imposibilitado de valorar esas declaraciones de manera inculpatoria. En alusión a la ratificación rendida por la DINORA REYES PINEDA, Investigadora Adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, los sentenciadores consideraron que la misma confirma la certeza a la que arribó el Tribunal al valorar el informe investigativo realizado por la ATIC, pues la misma aceptó que no tuvo a la vista documentación soporte para validar las conclusiones del informe. Respecto a las declaraciones de los miembros del SIU le merecen credibilidad a los Juzgadores, pues estas personas tuvieron relación directa con el hallazgo del dinero y la captura de los señores VALLE. 2.) Al valorar la prueba documental consistente en relación a la Copia de Acta inspección con álbum Fotográfico y copia de Acta de conteo entrega a la OABI, el Tribunal consideró que el Ministerio Público no pudo acreditar la existencia real de dos sacos más en el lugar del hallazgo, por lo que no valoran esta probanza en sentido inculpatorio. Exponen los Juzgadores, que el Acta de decomiso de documentos, Copia de Certificación de Requerimiento Fiscal y Audiencia Inicial, Informe Investigativo, que estos medios de prueba se valoran efectivamente en su compendio, pero éstos no han podido acreditar el incremento en el patrimonio de los encausados. La Prueba supra descrita, hace patente que los imputados OBED DIBLAIN MENCÍA HERNÁNDEZ, PEDRO TIBURCIO ZÚNIGA VARELA, LUÍS ENRIQUE GODOY DÍAZ, LOT PÉREZ AGUILAR, GUILLERMO ALFONSO URBINA URBINA, ALEJANDRO RAFAEL DÍAZ, GERZAN VIDAL ALEMÁN ROMERO, EDWIN ANTONIO MIDENCE RIVERA, Y ELMER ORLANDO MENDOZA HERNÁNDEZ cooperaron entre sí para llevar a cabo su acción delictiva, de esa manera les sería posible sustraer los Dólares de la evidencia decomisada. a) Declaraciones Testificales 1. El Comisionado WILMER EDUARDO SUAZO, Comandante de la Unidad Tigres, depuso que en el marco de sus funciones, pudo observar irregularidades en el comportamiento de los agentes Policiales que participaron en el operativo para la captura de los señores VALLE VALLE, pues observó que realizaban gastos mayores a sus posibilidades económicas (compra de vehículos, celulares, armas, viajes y vestimenta), por esa razón, decidió indagar, habló con OBED DIBLAIN MENCÍA (encausado), participó en el mencionado operativo, por lo que narró que encontraron una caleta con 19 sacos y no 17 como se reportó y se repartieron dos sacos, uno para el grupo SIU y otro para la Tropa de TIGRES, esta acción permitió que se apoderan ilegalmente del dinero, sustrayendo parte de la evidencia la desvían para provecho propio. Testimonio de referencia que analizado con el resto de la plataforma fáctica de cargo, y en apego a la Sana Crítica específicamente al Postulado de Derivación en su Característica Razón Suficiente, y Apartado de Suficiencia, es útil para demostrar que el testigo no tuvo ningún motivo espurio para inculpar a los encausados, ni que el señor MENCÍA tuviese una razón falaz para auto inculparse o acusar a sus compañeros; Testigo de referencia[1] que claramente expresó, que como jefe de la Unidad donde se desempeñaban los encausados, pudo percibir que existía una situación irregular, decide indagar obteniendo así la declaración de OBED DIBLAIN MENCÍA autor de los delitos atribuidos, refiriendo así el origen de la noticia e identificando claramente la persona que le proporcionó la información relatada en juicio, por ello es factible poder considerarlo como prueba de cargo. 2. DINORA REYES PINEDA: Investigadora de la Agencia Técnica de Investigación, manifestó que realizó la investigación de campo en el caso en estudio, en el marco de dicha investigación se realizaron visitas a los lugares de origen de los encausados constatando que en efecto en las viviendas de los encausados de algunos de sus padre se habían efectuado mejoras y los encausados habían realizado compras de electrodomésticos, motocicletas, armas en fechas posteriores al señalado operativo, específicamente en relación a EDWIN MIDENCE, informó que realizó mejoras a su vivienda, compró una motocicleta que le regaló a su padre; ELMER MENDOZA, igualmente realizó mejoras a su casa de habitación y compró una motocicleta; OBED DIBLAIN MENCÍA sus vecinos relataron que en el mes de diciembre de ese año, andaba invitando y realizando compras con moneda extrajera Dólares; en referencia a ALEJANDRO DÍAZ se observaron mejoras a la casa de su madre; LOT PÉREZ, se pudo observar que se han hecho mejoras a la vivienda de sus padres; siendo que se considera que los encausados no son las únicas personas que participaron en los delitos imputados se continúan las investigaciones, es por ello que el referido informe señala que HERMES OLIVA efectuó mejoras en su casa; OSMAN RODRÍGUEZ realizó también modificaciones en su residencia y donaciones a la Iglesia y al Equipo de Balón Pie, todos estos extremos se encuentran consignados a detalle en el informe que está agregado al expediente de mérito, por lo que, al provenir de autoridad competente, sin contaminación de motivo espurio, también contribuye a evidenciar la responsabilidad de los acusados en los delitos a ellos imputados. b) Prueba Documental Informe de análisis Transaccional de Operaciones en el Sistema Financiero, realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), se determinó que LUIS ENRIQUE GODOY, presentó un pago en su tarjeta de crédito del cual no pudo justificar de donde obtuvo esos fondos; LOT PÉREZ efectuó un depósito de L.140,833.00; el Señor ALEJANDRO RAFAEL DÍAZ reflejó un depósito de L.44,798.49 en línea, OBED DIBLAIN MENCÍA vende $200.00 al banco, ELMER MENDOZA realiza una venta de $300.00. Por otra parte, el oficio DIECP-DN63-2015, remitido por el Director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Policía, relató que en las investigaciones realizadas se contó con la Constancia de la Armería la cual demuestra que el Señor RAFAEL ALEJANDRO DÍAZ compró dos armas de fuego una CZ calibre 22 y otra Smith Wesson Beretta calibre 40, de igual manera se establece que EDWIN ANTONIO MIDENCE compró un arma de fuego calibre 9mm CZ, armas cuyo costo es elevado en comparación a los ingresos de los encausados, por lo que infiere que no tienen la capacidad económica para adquirir dichas armas. La probanza evacuada en juicio constituye varios indicios[2]2 que concatenados entre si, nos llevan a inferir de manera lógica, que los encausados se apoderaron de parte la evidencia decomisada en fecha 5 de Octubre del 2014, en el operativo de captura de la Familia Valle, pues participaron en el operativo en mención, estuvieron presentes en el momento del hallazgo de los Dólares, tuvieron el tiempo necesario para sustraer y disponer dicho dinero, efectuaron gastos que no estaban acorde a su capacidad económica, uno de los partícipes admitió que se apoderaron de parte del dinero decomisado, todos estos indicios no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba. En alusión a la prueba indiciara el Tribunal Supremo ha pronunciado que “1) Como bien señalan los Juzgadores y el Censor, no existe prueba directa en el presente caso y las conclusiones a que arriban los juzgadores respecto a la responsabilidad de los acusados es mediante prueba indiciaria. Es prueba Directa aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente), mientras que es prueba indirecta o indiciaria un hecho, el cual fuese desconocido sino por ser la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) por conducto de un medio de prueba al cual se le ha dado plena credibilidad. Es pues, que la prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor); entre más sea el número de prueba indiciaria (Concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), mejor será para lograr pasar de la probabilidad a la certeza, es decir, a un estado de convencimiento pleno. Retornando al caso de examiné, la prueba indiciaria apreciada por los Juzgadores es necesaria e independiente: i) Los acusados fueron plenamente identificados por los testigos, no existe duda de que fueron los Señores M.R.C.V y W.A.H.: El Acusado M.C. fue visto el día de los hechos, tanto en las inmediaciones de la casa del ofendido aproximadamente a las dos de la tarde con treinta minutos (Testigo María Gómez f.295 V.), como dentro de la casa del ofendido antes del hecho (Testigos G.M.F.304 y F.E. f.307), ambos acusados fueron vistos saliendo de la casa del ofendido (Testigo Pérez f.305 y Germán Pérez f.306), y conduciéndose juntos (Testigo Pablo Lara f.3l0), ubicándolos en el rango del tiempo en que aconteció la muerte del ofendido en el lugar de los hechos; ii) Los acusados tuvieron la oportunidad de realizar el delito, ésto porque el acusado M.R.C., conocía la casa del ofendido y conocía el ofendido por ser su abuelo, lo que le permitió que ambos acusados se condujeran con mayor facilidad, además de contar con el tiempo necesario para realizar el mismo e incluso favorecidos por el clima, ya que ese día en horas de la tarde cayó una tormenta (Testigo G.M. f 304, Pérez f.305, Germán Pérez f.306 y José M. f.3l7) que a los oídos de los vecinos ahogó cualquier sonido extraño que pudiese provenir de la vivienda; iii) Los acusados en contraste con el ofendido, pudieron fácilmente someterlo y darle muerte, no solo por las condiciones físicas que la edad permite, sino por el número de atacantes en relación al ofendido, es pues, tenían la capacidad para cometer el delito; iv) El acusado M.R. c. había previamente concebido la idea de agredir al ofendido A.V., buscando para ello un asociado, a quien manifestó su intención (Testigo Clave “Ángel”: F.294); y v) Los acusados no contraprobaron haber estado en un lugar distinto que la casa del acusado A.V., En conclusión, los indicios que concurren tienen la fuerza para lograr el convencimiento de los Juzgadores de que los acusados son los responsables del delito por el cual fueron juzgados y condenados”[3]. El sentenciador apartándose del sentido común, señala que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa; razonamiento que consideramos contrario a la Regla Lógica de la Derivación Integrado por el Principio de Razón Suficiente, pues las acciones antes enumeradas y probadas fehacientemente con la prueba antes descrita evidencian que los acusados se apoderaron de una parte del dinero decomisado que se estimó asciende a 1.3 millones de Dólares, no obstante que se encontraban en la obligación de velar y garantizar el manejo adecuado de la evidencia y consecuentemente ponerlo a la orden de la autoridad competente. a) En cuanto al monto de lo hurtado, acreditación que puede hacerse, en apego al principio de libertad probatoria a través de medios de prueba idóneos, como lo son las declaraciones testificales, por lo que, la estimación de la cuantía se deriva de las circunstancias que rodean el hecho, pues los investigadores efectuaron ese cálculo del monto de lo Hurtado, a través de una deducción lógica se puede llegar a determinar que si cada saco contenían un aproximado de 25 paquetes de Dólares (extremo que fue declarado probado por el Tribunal) los dos sacos Hurtado contenían un aproximado de 25 paquetes de Dólares, tomando en cuenta que OBED DIBLAIN MENCÍA (uno de los partícipes en el hecho) refirió que a cada uno de los involucrados se les dio la cantidad $38.000.00, estimándose que el total de lo sustraído podría ascender a 1.3 millones de Dólares. También es trascendental indicar que en relación al sujeto pasivo del delito de Hurto, ha quedado acreditado con las declaraciones de los testigos, que los sacos que contenían los Dólares fueron encontrados en la Propiedad de los Señores Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, quienes tenía Orden de Extradición por el delito de Tráfico de Drogas; es de lato conocimiento que las personas que se dedican a ese tipo de actividades criminales acostumbran a ocultar grandes cantidades de dinero en caletas, de ahí que un razonamiento derivado de las máximas de la experiencia nos lleva a inferir que los sacos que contenían los Dólares pertenecían a los Señores Valle Valle, pues ninguna prueba periférica nos índica que dicho dinero no formaba parte su patrimonio[4] o que le perteneciera a otra persona, sin embargo, por ser producto de una actividad ilícita que causa grave perjuicio a la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen ilícito[5], su titularidad pasa a favor del Estado de Honduras, forma que sin duda alguna el sujeto pasivo del presente delito es el Estado de Honduras. b) Sobre la base del las anteriores argumentaciones, estimamos la ocurrencia del delito de Hurto Agravado, estando claro que los dólares sustraídos servirían de prueba ante la autoridad competente, en el proceso contra la organización delictiva de la familia VALLE VALLE; en consecuencia, existía la obligación de los encausados como servidores públicos, de respetar sus disposiciones internas vigentes y las normas del Código Procesal Penal, poniendo a la orden de la autoridad correspondiente toda la evidencia encontrada en la operación policial, por ello sostenemos que conforme a nuestra normativa dicha violación al procedimiento es constitutivo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD. c) Se ha demostrado Igualmente, que los acusados sustrajeron una cantidad de Dólares, que constituía parte de las evidencias[6] decomisadas en el operativo para la captura de los Señores VALLE VALLE, de forma que esta representante de la sociedad, considera las citadas apreciaciones por parte del Juzgador, como una infracción tal como se sostuvo anteriormente a la Regla Lógica de la Derivación Integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su Característica de Suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión que de éstas se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de los medios probatorios aportados, que no se pudo establecer la responsabilidad de los acusados en los delitos antes descritos, basado en las razones señaladas; pues de la prueba evacuada en juicio podemos constatar, que se probó fehacientemente los ilícitos en que se fundamentó la acusación. El Tribunal, ha considerado la Absolución de los encausados por la comisión de los ilícitos atribuidos; siendo estos aspectos donde el ente Fiscal centrará su alegato, pues al examinar la probanza en su conjunto, se logra establecer que se quebrantó el imperio de logicidad que rige la valoración fáctica, pues los imputados en el ejercicio de sus funciones se apoderan de parte de la evidencia decomisada, al realizar una serie de acciones, que dieron lugar a cada uno de los ilícitos por los cuales fueron acusados. En este orden de ideas y atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público es del criterio, que la errónea valoración del Tribunal se evidencia, al considerar la probanza de manera aislada y no haber sido realizada su valoración en consonancia con las Reglas de la Sana Crítica, pues si se hubiese estimado de forma conjunta y armónica, se habría dictado una sentencia condenatoria en contra de los imputados, por la perpetración de los delitos HURTO AGRAVADO, ABUSO DE AUTORIDAD Y SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DESTINADOS A SERVIR DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD PÚBLICA COMPETENTE a los que hemos hecho referencia; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las Reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de Veracidad como de Suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente recurso, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate, sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservancia a las reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen No haber observado el sentenciador las reglas de la sana crítica, en la valoración de la prueba de cargo siguiente: Testifical: Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Quintín Antonio Juárez García, Orlin Javier Cerrato Cruz, Dinora Reyes Pineda, Bayardo Enrique Méndez Martínez y Francis Alcides Suazo Ochoa; Documental: Copia de Acta Inspección con Álbum Fotográfico, Copia de Acta de Conteo y Entrega a la OABI, Informe de fecha seis de octubre del 2014, Acta de Decomiso de Documentos realizado en fecha once de diciembre del dos mil catorce, oficios DGPN-DNUE-Tigres 043-201, DGPN-DNUE- Tigres -44-2014, DGPN-DNUE Tigres-44-2014, IG-SEDS-1119-2014, DGPN-DNUE0495.20147, DGPN-11456-2014, de fecha 15 de noviembre, los Acuerdos de Suspensión de 70 miembros asignados a unidades especiales, oficio DGPN-SE-2843-2014, DGPN-SDGRH-1695-2014, DGPN-DN-063-2015, Copia certificada del requerimiento Fiscal y Audiencia Inicial, contenidas en el expediente registrado con número 001 -2015. 9. Informe Investigativo de fecha 20 de abril del 2015, Informe de Análisis Transaccional de Operaciones en el Sistema Financiero Nacional, realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), a los imputados elaborado por la analista financiera asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado Flora Yessenia Cortés, y el oficio UIFCU-CG-217/2015 de fecha 23 de abril del 2015, que se encuentra en el expediente administrativo 490-214, por haber llegado a la conclusión el juzgador que la prueba de cargo preinserta no ha sido suficiente para quebrantar el estado de inocencia de los imputados señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández, a quienes se les considera penalmente responsables de los delitos de Hurto Agravado, Abuso de Autoridad y Sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad pública competente, en perjuicio de La Administración Pública. Por considerar que todas las declaraciones testificales que evacuó el Ministerio Público, son vertidas por testigos de referencia, no obstante declarar que los imputados antes nominados cooperan entre sí para llevar a cabo la acción delictiva de sustraer los dólares de la evidencia decomisada. Estima que la prueba evacuada en juicio constituye varios indicios que concatenados entre sí, llevan a inferir de manera lógica, que los encausados se apoderaron de parte la evidencia decomisada en fecha cinco de octubre del 2014, en el operativo de captura de la familia Valle, al participar en el operativo en mención, al estar presentes al momento del hallazgo de los dólares, tener el tiempo necesario para sustraer y disponer dicho dinero, efectuar gastos que no estaban acorde a su capacidad económica, en que uno de los partícipes admitió que se apoderaron de parte del dinero decomisado, indicios no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba, concluyendo el sentenciador que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa. Por todo ello considera que el juzgador infringió la regla lógica de la derivación, integrada por el principio de razón suficiente, pues las acciones enumeradas y probadas fehacientemente con la prueba descrita evidencian que los acusados se apoderaron de una parte del dinero decomisado que se estimó asciende a 1.3 millones de dólares, no obstante que se encontraban en la obligación de velar y garantizar el manejo adecuado de la evidencia y ponerlo a la orden de la autoridad competente. Concepto General del recurso. Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[7]. Concepto específico: La prueba evacuada en juicio constituye varios indicios que concatenados entre sí, llevan a inferir de manera lógica, que los encausados se apoderaron de parte la evidencia decomisada en fecha cinco de octubre del 2014, en el operativo de captura de la familia Valle, al participar en el operativo en mención, al estar presentes al momento del hallazgo de los dólares, tener el tiempo necesario para sustraer y disponer de dicho dinero, efectuar gastos que no estaban acorde a su capacidad económica, en que uno de los partícipes admitió que se apoderaron de parte del dinero decomisado, indicios no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba, concluyendo el sentenciador que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa, por lo que el recurrente concluye que el juzgador infringió la regla lógica de la derivación, integrada por el principio de razón suficiente, en la valoración de la prueba testifical y documental del caso. De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico. El recurrente funda su reproche recursivo por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su principio de la lógica, ley de derivación, integrada por el principio de razón suficiente, en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Testifical: Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Quintín Antonio Juárez García, Orlin Javier Cerrato Cruz, Dinora Reyes Pineda, Bayardo Enrique Méndez Martínez y Francis Alcides Suazo Ochoa; Documental: Copia de Acta Inspección con Álbum Fotográfico, Copia de Acta de Conteo y Entrega a la OABI, Informe de fecha seis de octubre del 2014, Acta de Decomiso de Documentos realizado en fecha once de diciembre del dos mil catorce, oficios DGPN-DNUE-Tigres 043-201, DGPN-DNUE- Tigres -44-2014, DGPN-DNUE Tigres-44-2014, IG-SEDS-1119-2014, DGPN-DNUE0495.20147, DGPN-11456-2014, de fecha 15 de noviembre, los Acuerdos de Suspensión de 70 miembros asignados a unidades especiales, oficio DGPN-SE-2843-2014, DGPN-SDGRH-1695-2014, DGPN-DN-063-2015, Copia certificada del requerimiento Fiscal y Audiencia Inicial, contenidas en el expediente registrado con número 001 -2015. 9. Informe Investigativo de fecha 20 de abril del 2015, Informe de Análisis Transaccional de Operaciones en el Sistema Financiero Nacional, realizado por la Unidad de Información Financiera (UIF), a los imputados elaborado por la analista financiera asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado Flora Yessenia Cortés, y el oficio UIFCU-CG-217/2015 de fecha 23 de abril del 2015, que se encuentra en el expediente administrativo 490-214, y por considerar que con la prueba evacuada es posible construir varios indicios que concatenados entre sí, llevan a inferir de manera lógica, que los encausados señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández se apoderaron de parte de la evidencia decomisada en fecha cinco de octubre del 2014, en el operativo de captura de la familia Valle, al participar en el operativo en mención, al estar presentes al momento del hallazgo de los dólares, tener el tiempo necesario para sustraer y disponer dicho dinero, efectuar gastos que no estaban acorde a su capacidad económica, en que uno de los partícipes admitió que se apoderaron de parte del dinero decomisado, indicios que no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba, concluyendo el sentenciador que no se aportó prueba que demuestre que los acusados actuaron con una conducta dolosa. Esta Sala observa que las razones vertidas por los jueces de instancia para restar credibilidad a lo declarado en la Sala de juicio por los testigos de cargo señores Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Quintín Antonio Juárez García, Orlin Javier Cerrato Cruz, Dinora Reyes Pineda, Bayardo Enrique Méndez Martínez y Francis Alcides Suazo Ochoa, por considerar que son testigos de referencia son ilógicas, débiles e insuficientes, en virtud de ser los testigos de cargo contestes entre ellos y con la abundante prueba documental relacionada, con la que el juzgador mediante inferencias y deducciones lógicas, por medio del análisis objetivo de la variedad de indicios concatenados entre sí, para derivar de ellos alguna participación de los acusados en los hechos ilícitos que se les atribuyen. Por lo anterior, el juzgador al valorar la prueba de cargo, consistente en testigos de cargo y documental, preinserta y agregadas al juicio, y no hacerlo de forma conjunta y armoniosa, ha incurrido en violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su principio de derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en virtud de no haber derivado de ella deducciones, ni inferencias lógicas y suficientes para obtener un estatuto de verdad. DECISIÓN, esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocados por la parte recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Ela Paredes Bromfield, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández, por los delitos de Hurto Agravado, Abuso de Autoridad y Sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad pública competente, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: Casa y en consecuencia declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, así como la nulidad del debate que la origina; Y MANDA: Que el Tribunal de Sentencia de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, celebre nuevo juicio contra de los señores Obed Diblaín Mencía Hernández, Pedro Tiburcio Zúniga Varela, Luis Enrique Godoy Díaz, Lot Pérez Aguilar, Guillermo Alfonso Urbina Urbina, Alejandro Rafael Díaz, Gerzán Vidal Alemán Romero, Edwin Antonio Midence Rivera y Elmer Orlando Mendoza Hernández, de los delitos de Hurto Agravado, Abuso de Autoridad y Sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad pública competente, en perjuicio de La Administración Pública, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anulan; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-392-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] El Testigo de referencia es a palabras de Muñoz Cuestas una persona que no aporta al proceso datos derivados de una percepción sensorial inmediata de los acontecimientos, sino lo que informa al Tribunal es una versión de los mismos ha obtenido de manifestaciones o confidencias de terceros, sin que él haya presenciado lo que relata o incorpora al procedimiento, podemos por tanto concluir que el testigo referencial viene a ser el testigo directo de lo que de aquel tercero ha escuchado, no de lo que él ha percibido directamente, por lo que deviene en testigo directo pues “aunque no vio cometer el hecho delictivo, aporta un dato que constituye un indicio de la posible participación del imputado en los hechos y no un testimonio de tercero.
[2] Cabanellas define esta prueba como la resultante de indicios, conjeturas o concatenación de los hechos, a la cual denomina prueba de indicio, conjetural, circunstancial o directa.
[3] CASACIÓN PENAL S.P. No.258=2010 de fecha once de febrero del año dos mil trece.
[4] El Patrimonio en este caso es el conjunto de bienes y posesiones económicas valorables de una persona, sin importar que se encuentren o no reconocidos jurídicamente como derechos. Para la concepción económica, el patrimonio que se encuentra bajo el poder fáctico de una persona, con independencia que su relación con ellos se concrete o no en un derecho o de que sea o no susceptible de reconocimiento jurídico. Así tanto las expectativas como las posesiones económicas antijurídicas incluida a cosas extarcommercium o de tráfico ilícito, forman parte del patrimonio, con tal que posean valor económico. Gonzales Rus, ob Cit. Por Eduardo Alberto Donna.
[5] Artículo 65 Ley de Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito “……En caso de declarar la procedencia, ordenará el comiso de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, y ordenará su adjudicación a favor del Estado, a través de la OABI, ordenando a ésta proceder a la asignación conforme a esta Ley….”
[6] Quien sustrae elementos u objetos destinados a servir ante autoridad competente de medios de prueba, artículo 358 del Código Penal.
[7] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005