Sentencia CP-391-17 — Registro 14263
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Actos de Lujuria, Actos de Lujuria Agravados y violación especial. Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluta improcedencia, en consideración a: 1. En el numeral 1) el censor solo menciona que a su representado señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, se le violentó gravemente el principio de legalidad y derechos humanos ausentes en juicio, estableciendo que no fue juzgado con las formalidades y derechos que la ley establece en los artículos 90, 94 y 98 de la Constitución de la República, motivo este que no fue explicado ni demostrado el vicio, solo hace mención de los artículos Constitucionales sin el desarrollo del mismo. 2. El desarrollo del recurso en su numeral 2) establece la garantía de derecho de defensa, artículo 82, estableciendo que las pruebas testificales de descargo como son las declaraciones de los testigos Marlon David García López y Karla Patricia García López, en el que se establece que son testigos presenciales y que desvanecieron el ilícito penal de su representado y que el tribunal no le dio importancia, estableciendo en el mismo desarrollo que le denegaron una prueba documental consistente en la declaración que se encuentra a folio 56 de la audiencia inicial de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, que fue protocolizada en escritura pública en instrumento número 1820, la cual no tomaron en cuenta y no valoraron esta prueba los tres miembros del tribunal. En este sentido, a las declaraciones testificales de descargo mencionados anteriormente, el tribunal las valoró estableciendo que las mismas no desvirtúan los hechos, pues lo que procuran es afectar la credibilidad de hija y madre, estableciendo que la conducta personal de los testigos no es objeto del juicio, el tribunal le resta confianza a estas declaraciones tanto del cuñado como la esposa del acusado, pues obviamente con un interés directo en procurar la absolución del acusado, de allí que su parcialidad esté cuestionada y en entredicho, por lo que el tribunal si le dio la valoración a estas declaraciones de descargo; en cuanto a que el tribunal denegó una prueba documental consistente en la declaración de la madre de la menor señora Glenda Leticia Izcano Euceda, que se encuentra protocolizado en escritura pública según instrumento número 1820 y que al denegarla no se observó la sana crítica, el principio de legalidad, el principio de fragmentación, el principio en fracción, el principio de objetividad, el principio del debido proceso, estableciendo que tanto la madre y su hija mintieron y que dicho medio documental no fue valorado, fue rechazado sin ningún análisis jurídico y además estableciendo el derecho de petición no puede ser negado. La sala de lo Penal ha verificado que en la audiencia de proposición de pruebas (F127 a F128) el Ministerio Público, presentó como medio de prueba la declaración testifical de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, la cual fue admitida, la defensa privada presentó como prueba documental la protocolización de acta de audiencia inicial de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, la cual fue objetada por el Ministerio Público y en la que el tribunal declaró con lugar dicha objeción, inadmitiendo dicha prueba, estableciendo que se trata de un acto judicial que no es prueba del proceso, es un acta que recoge una diligencia o una audiencia del proceso y no constituye prueba. Estableciendo que la señora Izcano Euceda estará en el juicio para rendir su declaración libremente ante el tTribunal y la cual será interrogada por las partes, en todo caso si la intención de la defensa fuese establecer contradicciones es decir que la señora Glenda Leticia diga una cosa en juicio distinta a la que dijo en la inicial, el defensor perfectamente puede hacer o atraer estas contradicciones con la facultad que establece el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal; en este sentido dicha prueba documental no fue admitida en audiencia de proposición de pruebas y por ende nunca fue evacuada en juicio oral y público, por lo que no se puede valorar dicha prueba documental, verificando además que una vez que se evacuó la declaración testifical de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, en el acta de juicio oral y público (F144 a F145 vuelto), las partes pudieron hacer su interrogatorio y en la que no se estableció por parte de la defensa privada ninguna contradicción. 3. En cuanto a la presunción de inocencia y al principio de legalidad, señala como precepto autorizante el artículo 321 de la Constitución de la República que regula la responsabilidad de los servidores del Estado, el cual indica: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; agregando como concepto de la infracción que los jueces dirigieron sus actuaciones fuera del marco legal, es así que en apariencia el censor indebidamente usa el recurso de casación para formular denuncia en contra de los funcionarios judiciales, confundiendo a la Sala de lo Penal con un órgano receptor de denuncias y/o investigador del comportamiento de servidores públicos. Se ha explicado antes que esta Sala de lo Penal a propósito ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo de casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan que este alto tribunal de un pronunciamiento, pues, para iniciar no existe claridad de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación, siendo la única idea que de manera persistente plantea el censor que los juzgadores se extralimitaron de sus funciones, solo mencionado qué garantías se violentaron sin explicar e identificar esos vicios, haciendo alegatos de instancia y sus propias valoraciones, en resumen el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el concepto de la infracción ha sido infructuoso, pues el planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". El recurso no es de recibo. El recurrente, a partir del planteamiento, deja claro su falta de entendimiento del recurso de casación en general. En pocas ocasiones la Sala de lo Penal ha tenido que señalar su absoluta falta de entendimiento de lo planteado en un recurso, siendo este uno de esos casos extraordinarios en donde la dominante oscuridad de lo que se desea señalar, a causa de una redacción farragosa, planteamiento de ideas que no se relacionan y argumentos caóticos, hacen difícil dar una respuesta al Tribunal de Casación pues no se puede tener un mínimo entendimiento de lo que las recurrentes deseaba exponer. Los múltiples defectos se aprecian en toda la exposición del motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, y en la que desarrolla tres motivos en su escrito: El recurrente establece como primer motivo el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la que menciona como supuestos, que con base en medios o elementos probatorios o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código procesal Penal, o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; como segundo motivo la del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, mencionando dos supuestos, carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; establece como tercer motivo la del artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, estableciendo inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público. Al final de la lectura el recurso no da la suficiente claridad cuál es el recurso interpuesto, mucho menos cual es el motivo que le sustenta. El Recurso de Casación es falto de claridad al agrupar en un solo título diferentes alegatos que debieron ser presentados en motivos diferenciados; y falto de precisión al plantear diferentes argumentos, uno sobreponiendo a otro, de distinta naturaleza, en una construcción de ideas caótica. - Nada de lo expuesto en el escrito de interposición puede dar luz a este tribunal de casación cual es el recurso, el motivo y la infracción que se denuncia, que sección de la sentencia es la viciosa, como repercute el vicio en la decisión adoptada por el tribunal y cual es la pretensión perseguida para purgar el vicio. Se insiste en que las recurrentes, previo a la interposición del Recurso de Casación no se dieron a la tarea de empoderarse de los principios básicos vinculados con la institución de la Casación, tampoco sobre los requisitos mínimos que debe de satisfacerse en la interposición del recurso según su clase y principalmente como debe de ser planteado el argumento recursivo. Esta falta de experticia técnica provoca la interposición de un recurso tan defectuoso que lastimosamente ha impedido a esta Sala de lo Penal proceder a realizar un estudio de fondo sobre el caso y constatar o descartar los vicios de legalidad. Por lo que se desestima el presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.), son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017. Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, las sanciones por cuatro delitos en concurso real, a saber: i. Tres (3) años de reclusión por el delito de actos de lujuria; ii. Siete (7) años seis (6) meses de reclusión por el delito de actos de lujuria agravado especial; iii. Quince (15) años de reclusión por el delito de violación especial; iv.- Quince (15) años de reclusión por el delito de violación especial. En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 40 años, seis (6) meses de reclusión como pena principal de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. v. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv. Pena accesoria de interdicción civil; v. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Las conductas reprochadas al acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez están previstas en el Título IX, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, correspondiendo la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada al imputado por el delito de Actos de Lujuria está prevista como delito de Otras Agresiones Sexuales (Art.250), sancionado con pena de 05 a 08 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; pena abstracta a la cual deberá aumentarse un tercio (1/3) al concurrir la circunstancia de que la niña Á. P. M. I., al momento de esta acción delictiva era menor de 06 años (Art.255.3) quedando una pena de 8 a 10 años, 8 meses de prisión, más prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. En cuanto a la conducta reprochada por el delito de Actos de Lujuria Agravados, prevista como delito de Otras Agresiones Sexuales (Art.250), sancionado con pena de 05 a 08 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, aun y cuando la víctima Á. P. M. I. era menor de 14 años al momento de estos hechos delictivo, pero ante la falta de concurrencia de la circunstancia del empleo de la violencia o intimidación, no es posible aumentarse la pena en 1/3. En relación a las dos acciones reprochadas por el delito de Violación (Art.249) está sancionado con pena de 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, ante la falta de concurrencia de la circunstancia de ser la víctima menor de 14 años y el empleo de la violencia o intimidación, no es posible aumentarse la pena en 1/3. En total de ambas acciones delictivas, la pena abstracta sería de 18 a 26 años de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez, de aplicarse la nueva normativa penal sería de 31 a 44 años con 08 meses de prisión; más prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, Además de las penas privativas de derechos, medidas de seguridad y especiales pronunciamientos civiles (Art. 267) como ser: a) Penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria de los que se hubieren valido los responsables para la realización de los hechos por el doble del tiempo de la duración de la condena, pudiendo llegarse, en el caso de la patria potestad, tutela, curatela o guarda, a su privación definitiva; b) La medida de libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración de diez (10) años, cuando la pena de prisión impuesta sea superior a los cinco (5) años; c) Ingresar al registro de agresores sexuales que para tal efecto llevaran los juzgados de ejecución. El Artículo 68 del Código Penal 130-2017, dispone: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” En este sentido la doctrina penal considera aplicable la figura del delito continuado en agresiones sexuales, cuando éstas son realizadas: 1) Bajo la misma presión intimidatoria o de prevalimiento; 2) Que se trate de ataques al mismo sujeto; 3) Que se trate de una relación sexual de cierta duración, mantenida en el tiempo; y 4) Que obedezca a un dolo único o unidad de propósito o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del mismo sujeto activo. La Sala de lo Penal es de la opinión, que en el caso subjudice, no es procedente la aplicación de un delito continuado, al considerar que no existe una conexión-espacio temporal entre los acontecimientos delictivos, a razón de que del cuadro fáctico se describe que la primera agresión sexual aconteció en el año 2003, cuando la niña Á. P. M. I. tenía la edad de 05 años, siete años después, es decir en el año 2010, ocurrió una segunda agresión sexual, la ofendida con una edad de 12 años, finalmente hasta el año 2015 que suscitaron las últimas dos agresiones sexuales, en conclusión las agresiones sexuales suscitaron en el lapso del año 2003 al 2015, acciones lesivas no continuas sino que han sido esporádicas en el tiempo, aunado a lo anterior, los sucesos o acontecimientos que se produjeron en perjuicio de la niña Á. P. M. I., fueron causado por su padre, el llamado a cumplir un rol muy importante dentro del desarrollo de la niña, debiendo protegerla, educarla y ayudarle en las distintas etapas de su crecimiento, ante ello, aprovechándose de esa confianza que le da ser padre, ejecutó los abusos narrados en los hechos declarados como probados por los juzgadores, aspectos suficientes, para quedar exceptuadas de toda aplicación continua delictiva (Art.68 parte final). A partir de lo anterior es posible determinar que la pena concreta impuesta al acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez conforme el CP-144-83 al ser de 40 años, 06 meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro del marco abstracto que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-170-2019 que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de 31 a 44 años con 08 meses de prisión, no procediendo su modificación. Así las cosas y conforme las reglas del concurso real (Art. 66): las penas impuestas hacen una suma total de 40 años, 06 meses, misma que traspasa el limite objetivo ordinario de 30 años que es el mismo límite que establecía el artículo 35 del Código Penal 144-83. Por otra parte, y para efectos de determinar la aplicación del límite subjetivo se señala que la pena más grave impuesta es la de 15 años de reclusión, la que multiplicada por 03 da un resultado de 45 años, lo que nos vuelve a determinar que el límite a aplicar es el objetivo ordinario, el que -como se ha señalado- coincide con el límite objetivo que establecía el Código Penal anterior. En consecuencia, no procede la aplicación retroactiva del Código Penal 117-2017, pues el máximo objetivo a cumplir es coincidente con el del Código Penal 144-83, por lo que la aplicación de aquel no representa una condición jurídica más favorable al reo.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia recaída en el expediente con registro SP 391-2017, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 391-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual PRIMERO: Condenó al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, como autor del delito de Actos de Lujuria, en perjuicio de la niña Á.P. M. I. a la pena de tres años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, como autor del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña Á. P. M. I. a la pena de siete años, seis meses de reclusión. TERCERO: Condenó al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la niña Á. P. M. I. a la pena de quince años de reclusión. CUARTO: Condenó al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la niña Á. P. M. I. a la pena de quince años de reclusión. Como consecuencia de las condenas de reclusión por estos delitos, condeno a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. QUINTO: Declaró la responsabilidad civil del señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, a la indemnización de los daños morales ocasionados a la víctima. SEXTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Tampoco procedió a declarar el comiso. Son Partes: El Abogado Julio César Antúnez Perdomo, en su condición de defensor privado del señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, como parte recurrente. Hechos Probados. “Este Tribunal, habiendo analizado conjuntamente la prueba introducida y evacuada válidamente en juicio, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En el año dos mil tres (2003), la niña Á.A P. M. I. de cinco (5) años de edad, vivía junto a sus padres GLENDA LETICIA IZCANO EUCEDA y JULIO ANASTACIO MADRID ANTUNEZ y sus hermanos en una vivienda ubicada en el barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. En fecha indeterminada de ese año, A. P. se encontraba jugando con otros niños cuando su padre JULIO ANASTACIO la llamó pidiéndole que se acostara junto a él, ofreciéndole a cambio una muñeca como regalo. En ese momento, el señor MADRID ANTUNEZ toco la vulva de la niña con las manos, hecho que fue posteriormente relatado por la menor a su madre, quien reclamó a su esposo, negando éste en todo momento la veracidad de los mismos. SEGUNDO: En el año dos mil diez, cuando Á.A P. M. I. contaba con doce (12) años de edad, en fecha indeterminada, la niña se encontraba en el velatorio de un tío recién fallecido. En un momento, A. P. fue a su casa en el barrio Barandillas con el propósito de cambiarse de ropa, estando en la vivienda se encontró con su padre JULIO ANASTACIO MADRID ANTÚNEZ quien procedió a tocarle todo su cuerpo, yéndose la niña del lugar. Posteriormente el señor JULIO ANASTACIO insistía con su hija en que consintiera tener relaciones sexuales con él. TERCERO: Entre los meses de enero y febrero del año dos mil quince (2015) Á.A P. M. I., tenía dieciséis (16) años de edad y convivía con su madre y sus hermanos, en vista que sus padres se habían separado. En una fecha determinada, su padre JULIO ANASTACIO MADRID, la llamó por teléfono en horas de la noche, diciéndole llegara al apartamento que habitaba ubicado en el barrio Barandillas. Una vez que la niña se encontraba a solas con su padre, éste procedió a despojarla de la ropa que vestía e introdujo su pene en la vagina. Concluido el acto, la niña salió corriendo del lugar. CUARTO: Siempre en el año dos mil quince (2015), y una semana después de ocurrió el hecho anterior, el señor JULIO ANASTACIO MADRID llamó a su hija Á.A P. M. I. para que pasara por el apartamento que habitaba, siempre en el barrio Barandillas. Una vez que padre e hija se reunieron, ambos se dirigieron a un colegio donde el señor JULIO ANASTACIO matriculo a su hija. De regresó al apartamento, JULIO ANASTACIO MADRID pedía insistentemente a su hija que accediera a tener relaciones con él, proponiéndole que ingresaran a los hoteles que se encontraban en su ruta de retorno. Una vez en la vivienda; siendo ya noche, el señor JUILO ANASTACIO sostuvo relaciones sexuales con su hija, penetrándola con su pene por la vagina. Después de este hecho la niña huyo y se refugió en la casa de una amiga, lugar donde fue encontrada por su madre, a quien finalmente relató todos los hechos acontecidos, interponiendo consecuentemente la denuncia.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente Abogado Julio Cesar Antúnez Perdomo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL “FUNDAMIENTO” 1) La garantía procesal: mi representado judicial el señor JULIO ANASTACIO MADRID ANTUNEZ, debió de gozar con plenitud del debido proceso donde se le violento gravemente el principio de legalidad y derechos humanos, aspectos jurídicos ausente en este juicio oral y público que se le siguió, así mismo no fueron juzgados por este tribunal se sentencia con las formalidades y derechos que la ley establece de acuerdo con lo estipulado en los artículos 90-94-98 de la Constitución de la República Decreto 131 del 11 de enero del año 1982. 2) Garantía del derecho de defensa artículo 82 que las pruebas testificales de descargo presentados a favor del señor JULIO ANASTACIO MADRID ANTUNEZ, sobre el estilo de vida, su trabajo y conducta dentro del núcleo familiar digno de una vida honesta y decorosa en el juicio oral y público la defensa técnica propuso a los testigos MARLON DAVID GARCÍA LÓPEZ y KARLA PATRICIA GARCÍA LÓPEZ, testigos presenciales donde se desvaneció el indicio de alguna participación de mi representado en el ilícito penal que le imputaban, restando el Honorable Tribunal de Sentencia, no dando la importancia que merecía dicha prueba de descargo y a la vez denegando una prueba documental importantísima como ser una DECLARACIÓÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 56 DE LA SEÑORA GLENDA. 3) LETICIA EUCEDA IZCANO, AUDIENCIA INICIAL, AUTO DE FECHA 14 DE FEBRERO AÑO 2015, JUEZ ANA GLORIA MALDONADO, la Juez A quo, determinó que no existía tal violación y exhorta a la fiscal Sabrina Mejía que el requerimiento estaba mal planteado, esta prueba documental está en Escritura Pública, instrumento número 1820, no lo tomaron en cuenta, la balanza se inclinó hacia el Ministerio Público; por lo cual al no valorar las pruebas por los tres miembros de la sala no se observó la sana crítica, el principio de legalidad, el principio de fragmentación , el principio en fracción, el principio de infracción, el principio de objetividad, el principio del debido proceso; y la situación de mi representado como humano quedando en una indefensión y un grave quebrantamiento al debido proceso y a los derechos humanos fundamentados en la carta magna como ley primaria en defensa de mi representado, y lo más grave que la madre y su hija la supuesta víctima mintieron en ese tribunal de sentencia, no fue valorada la prueba testifical como la prueba documental, fue rechazada de tajo sin hacer un análisis jurídico. El artículo 80 Constitucional, el derecho de petición es inviolable y es irrevocable, no se puede denegar, este tribunal lo hizo violentando el debido proceso como derecho fundamental de la Constitución de la República establecidos con el fin de acreditar la conducta positiva, nunca cometió delito de violación y actos de lujuria. 4) Presunción de inocencia: Ninguna autoridad tiene más facultades que las que la ley le confiere: artículo 321 de la Constitución de la República. 5) Principio de legalidad: La defensa técnica sostiene firmemente que no debieron los tres miembros que integran dicha sala con el respeto que merece el Honorable Tribunal de Sentencia sin el respectivo análisis y una investigación de campo oportuna al señor JULIO ANASTACIO MADRID ANTUNEZ, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, hago la observación que si hay violación no tienen que existir actos de lujuria, la norma jurídica lo establece por regla general en perjuicio de Á.A P. M. I., donde se traslimitaron en su autoridad, llevándose y violentando el principio de legalidad y fallas en el debido proceso, y violentando los derechos como humano, saliéndose de las esferas y limites que la ley les confiere; lo establecido en la sana doctrina, la jurisprudencia y el mismo espíritu e interpretación de la ley en la Constitución de la República y las leyes secundarias del Código Procesal Penal, debiendo exonerar de toda responsabilidad penal de un delito que nunca existió, solo existió en la mente perversa de la madre y su hija Á.a P. M. I., y en última instancia absolverlo, dar un sobreseimiento definitivo por el delito de violación especial y actos de lujuria.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO “FUNDAMENTO” En virtud de adolecer de los siguientes vicios: 1) Artículo 362 numeral 2, establece que se base en menos o elementos probatorios o incorporarlos por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV del libro segundo de este código o excluya o deje de considera alguna prueba, valor decisivo que en cuanto a los medios de prueba presentados en la audiencia inicial y mencionados en dicha audiencia comenzando con el medio de prueba, reconocimiento en rueda o testimonio como testigo bajo juramento con la simple lectura de la audiencia inicial, se pudo constatar que la madre de la menor Á.A P. M. I. de nombre GLENDA LETICIA IZCANO EUCEDA, el día de la audiencia inicial la menor y la madre llegaron al Juzgado Penal y forma voluntaria le manifestó a la juez AQU Abogada ANA GLORIA MALDONADO que venía como testigo de la defensa luego la Juez la juramento y ella manifestó; ¡fue mi pareja, la verdad de las cosas cuando yo fui a poner la denuncia fue lo que mi hija me conto, el problema fue cuando detuvieron a su papá en la noche, yo la miré rara y empezó a llorar, yo le pregunte que le pasaba y ella me dijo que era mentira lo que había dicho de la violación y que ella lo había dicho es porque su papá le iba a dar un dinero y el papá le contestó mal, el papá le dio una cachetada, me conto eso y como le digo yo como madre esperaba que me mintiera; yo actué como tenía que actuar, como madre puse la denuncia porque yo le creí eso fue, fue que ella me conto eso, se encuentra en el Folio No. 56, 57, 58, Auto de fecha 14 de febrero del año dos mil quince (2015), Expediente No. 336-2016. 2) En el debate juicio oral y público, ella se presentó como testigo del Ministerio Público, es inconcurrente porque ella ya había declarado bajo juramento ante la juez Ana Gloria Maldonado audiencia inicial y el juicio oral y público, mintió ella y su hija Á.A P. M. I., en base a los artículos 69, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; artículos 2,4, 13, 14, 18, 200, 302 del Código Procesal Penal; artículos No. 1, 6, 7, 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres; artículo No. 7 de la Convención Americana; artículo No.3 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos; artículo No. 9 Pacto Universal de los Derechos Civiles y Políticos; artículo 3 y 4 Pacto de San José Hombres Libres; por lo cual este acto se constituye un quebrantamiento. 1- De forma de acuerdo al artículo 362, numeral 2, todo está falacia de la víctima va en detrimento de mi representado JULIO ANASTACIO MADRID ANTUNEZ. 2- Artículo No. 362, numeral 3, quien carezca de motivaciones fáticas o jurídicas que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sin la valorización de la prueba, no se observaron de la sana crítica. Al efecto una cronología y análisis sobre el juicio oral y público y el fallo del Honorable Tribunal de Sentencia o la sentencia en contra de mi representado, el Tribunal no valoró ninguna prueba como presupuestos legitimadores a favor de la defensa técnica. El Tribunal solo le dio la razón al Ministerio Público; si observamos el requerimiento fiscal, no reúne los requisitos ni las reglas artículo No. 285-293 del Código Procesal Penal, la supuesta víctima nunca menciona fechas específicas en el folio 60. El psicólogo manifestó que su funcionalidad es normal y que nunca mencionó que había sido violada, en el folio 60, 62 el dictamen foreste manifiesta hay una rotura vieja, esta joven en el colegio tenía un novio, no se sabe si tuvo relaciones con ese joven; en cuanto a la declaración de la ofendida y la madre mintieron y es improcedente esa declaración por ella ya había declarado bajo juramento en la audiencia inicial y la fiscal le preguntó dónde está ella, está afuera, la menor va a testificar ese día pero la juez dijo que con la declaración de la madre GLENDA LETICIA IZCANO era suficiente. 3- Artículo 362, numeral 5, las inobservancias de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público fundamentado en el presente vicio de quebrantamiento de forma. En el artículo No. 1 del Código Procesal Penal vigente, ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud firme dictada por un órgano judicial después de haberse probado los hechos en el juicio oral y público llevados conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte, el presente Código y con respeto al estricto apego a los imputados.” Fundamentación Jurídica. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Norma autorizante: Sin determinar por el pretensor. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 90, 94, 98, 82, 80, 321 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Violación al principio de legalidad y derechos humanos, al derecho de defensa, presunción de inocencia, el derecho de petición, de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente que a su representado se le violentó el principio de legalidad y derechos humanos y que no fueron juzgados con las formalidades y derechos que la ley establece de acuerdo con los artículos 90,94 y 98 de la Constitución de la República, se violentó el derecho de defensa en cuanto a las pruebas testificales de descargo donde se desvaneció el indicio de participación de su representado en el ilícito penal, y a la vez denegando la prueba documental en escritura pública según instrumento número 1820 sobre la declaración de la señora Glenda Leticia Euceda Izcano, realizada en audiencia inicial, mencionando violación a la presunción de inocencia y principio de legalidad. De la Debida Técnica Recursiva. Es claro para esta Sala de lo Penal que el censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1.Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe e ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el censor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva al censor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii).- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii).- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el censor señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3.Demostración del Vicio: el censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el censor que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1.Derecho de Acceso a la Justicia; 2.Derecho a una resolución fundada en derecho; 3.Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4.Derecho a la Tutela Cautelar; y 5.Derecho a la ejecución. - Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurso es de absoluta improcedencia, en consideración a: 1. En el numeral 1) el censor solo menciona que a su representado señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, se le violentó gravemente el principio de legalidad y derechos humanos ausentes en juicio, estableciendo que no fue juzgado con las formalidades y derechos que la ley establece en los artículos 90, 94 y 98 de la Constitución de la República, motivo este que no fue explicado ni demostrado el vicio, solo hace mención de los artículos Constitucionales sin el desarrollo del mismo. 2. El desarrollo del recurso en su numeral 2) establece la garantía de derecho de defensa, artículo 82, estableciendo que las pruebas testificales de descargo como son las declaraciones de los testigos Marlon David García López y Karla Patricia García López, en el que se establece que son testigos presenciales y que desvanecieron el ilícito penal de su representado y que el tribunal no le dio importancia, estableciendo en el mismo desarrollo que le denegaron una prueba documental consistente en la declaración que se encuentra a folio 56 de la audiencia inicial de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, que fue protocolizada en escritura pública en instrumento número 1820, la cual no tomaron en cuenta y no valoraron esta prueba los tres miembros del tribunal. En este sentido, a las declaraciones testificales de descargo mencionados anteriormente, el tribunal las valoró estableciendo que las mismas no desvirtúan los hechos, pues lo que procuran es afectar la credibilidad de hija y madre, estableciendo que la conducta personal de los testigos no es objeto del juicio, el tribunal le resta confianza a estas declaraciones tanto del cuñado como la esposa del acusado, pues obviamente con un interés directo en procurar la absolución del acusado, de allí que su parcialidad esté cuestionada y en entredicho, por lo que el tribunal si le dio la valoración a estas declaraciones de descargo; en cuanto a que el tribunal denegó una prueba documental consistente en la declaración de la madre de la menor señora Glenda Leticia Izcano Euceda, que se encuentra protocolizado en escritura pública según instrumento número 1820 y que al denegarla no se observó la sana crítica, el principio de legalidad, el principio de fragmentación, el principio en fracción, el principio de objetividad, el principio del debido proceso, estableciendo que tanto la madre y su hija mintieron y que dicho medio documental no fue valorado, fue rechazado sin ningún análisis jurídico y además estableciendo el derecho de petición no puede ser negado. La sala de lo Penal ha verificado que en la audiencia de proposición de pruebas (F127 a F128) el Ministerio Público, presentó como medio de prueba la declaración testifical de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, la cual fue admitida, la defensa privada presentó como prueba documental la protocolización de acta de audiencia inicial de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, la cual fue objetada por el Ministerio Público y en la que el tribunal declaró con lugar dicha objeción, inadmitiendo dicha prueba, estableciendo que se trata de un acto judicial que no es prueba del proceso, es un acta que recoge una diligencia o una audiencia del proceso y no constituye prueba. Estableciendo que la señora Izcano Euceda estará en el juicio para rendir su declaración libremente ante el tTribunal y la cual será interrogada por las partes, en todo caso si la intención de la defensa fuese establecer contradicciones es decir que la señora Glenda Leticia diga una cosa en juicio distinta a la que dijo en la inicial, el defensor perfectamente puede hacer o atraer estas contradicciones con la facultad que establece el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal; en este sentido dicha prueba documental no fue admitida en audiencia de proposición de pruebas y por ende nunca fue evacuada en juicio oral y público, por lo que no se puede valorar dicha prueba documental, verificando además que una vez que se evacuó la declaración testifical de la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, en el acta de juicio oral y público (F144 a F145 vuelto), las partes pudieron hacer su interrogatorio y en la que no se estableció por parte de la defensa privada ninguna contradicción. 3. En cuanto a la presunción de inocencia y al principio de legalidad, señala como precepto autorizante el artículo 321 de la Constitución de la República que regula la responsabilidad de los servidores del Estado, el cual indica: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; agregando como concepto de la infracción que los jueces dirigieron sus actuaciones fuera del marco legal, es así que en apariencia el censor indebidamente usa el recurso de casación para formular denuncia en contra de los funcionarios judiciales, confundiendo a la Sala de lo Penal con un órgano receptor de denuncias y/o investigador del comportamiento de servidores públicos. Se ha explicado antes que esta Sala de lo Penal a propósito ignora aquellos defectos de forma en el planteamiento del recurso de casación, cuando el motivo de casación, el concepto de la infracción y su desarrollo argumentativo permiten conocer, o cuando menos deducir, cual es la denuncia que formula el recurrente, ello en aras de efectivizar el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, más en el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan que este alto tribunal de un pronunciamiento, pues, para iniciar no existe claridad de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación, siendo la única idea que de manera persistente plantea el censor que los juzgadores se extralimitaron de sus funciones, solo mencionado qué garantías se violentaron sin explicar e identificar esos vicios, haciendo alegatos de instancia y sus propias valoraciones, en resumen el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el concepto de la infracción ha sido infructuoso, pues el planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Fundamentación Jurídica. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículos 362 numeral 2; 362 numeral 3; 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 362 numeral 2; 362 numeral 3; 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Que en base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente en juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro segundo de este código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba, no se observaron las reglas de la sana crítica; Inobservancia de las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, para la realización del juicio oral y público. Reclamación Ex Ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se anule el fallo. En la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, expone en forma separado tres vicios, siendo: 1) Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la que menciona los dos supuestos, refiriéndose a los medios de prueba presentados en audiencia inicial, como ser el reconocimiento en rueda o testimonio bajo juramento la señora Glenda Leticia Izcano Euceda, ella se presentó como testigo de la defensa y en juicio oral y público se presenta como testigo del Ministerio Público, en la que ella ya había declarado en audiencia inicial, por lo que es inconcurrente. 2) Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, también menciona los dos supuestos, refiriéndose a que el Tribunal de Sentencia no valoró ninguna prueba como presupuestos legitimadores de la defensa técnica solo le dio la razón al Ministerio Público, estableciendo que el requerimiento fiscal no reúne los requisitos, ni las reglas contenidas del artículo 285 al 293 del Código procesal Penal. 3) Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, establece inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público, en la que en su desarrollo solo hace mención al artículo 1 del Código Procesal Penal, referente al juicio previo. De la Debida Técnica Recursiva. Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1.Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3.Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el censor deberá e señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva al censor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii).- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii).- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el censor señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3.Demostración del Vicio: el censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el censor que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2.Derecho a una resolución fundada en derecho; 3.Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4.Derecho a la Tutela Cautelar; y 5.Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente, a partir del planteamiento, deja claro su falta de entendimiento del recurso de casación en general. En pocas ocasiones la Sala de lo Penal ha tenido que señalar su absoluta falta de entendimiento de lo planteado en un recurso, siendo este uno de esos casos extraordinarios en donde la dominante oscuridad de lo que se desea señalar, a causa de una redacción farragosa, planteamiento de ideas que no se relacionan y argumentos caóticos, hacen difícil dar una respuesta al Tribunal de Casación pues no se puede tener un mínimo entendimiento de lo que las recurrentes deseaba exponer. Los múltiples defectos se aprecian en toda la exposición del motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, y en la que desarrolla tres motivos en su escrito: El recurrente establece como primer motivo el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la que menciona como supuestos, que con base en medios o elementos probatorios o incorporados por su lectura en violación a las normas contenidas en el título IV del libro segundo del Código procesal Penal, o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; como segundo motivo la del artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, mencionando dos supuestos, carencia de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; establece como tercer motivo la del artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal, estableciendo inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral y público. Al final de la lectura el recurso no da la suficiente claridad cuál es el recurso interpuesto, mucho menos cual es el motivo que le sustenta. El Recurso de Casación es falto de claridad al agrupar en un solo título diferentes alegatos que debieron ser presentados en motivos diferenciados; y falto de precisión al plantear diferentes argumentos, uno sobreponiendo a otro, de distinta naturaleza, en una construcción de ideas caótica. - Nada de lo expuesto en el escrito de interposición puede dar luz a este tribunal de casación cual es el recurso, el motivo y la infracción que se denuncia, que sección de la sentencia es la viciosa, como repercute el vicio en la decisión adoptada por el tribunal y cual es la pretensión perseguida para purgar el vicio. Se insiste en que las recurrentes, previo a la interposición del Recurso de Casación no se dieron a la tarea de empoderarse de los principios básicos vinculados con la institución de la Casación, tampoco sobre los requisitos mínimos que debe de satisfacerse en la interposición del recurso según su clase y principalmente como debe de ser planteado el argumento recursivo. Esta falta de experticia técnica provoca la interposición de un recurso tan defectuoso que lastimosamente ha impedido a esta Sala de lo Penal proceder a realizar un estudio de fondo sobre el caso y constatar o descartar los vicios de legalidad. Por lo que se desestima el presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Decisión: Desestimar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Desestimar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A.- Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.), son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017. Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Julio Anastacio Madrid Antúnez, las sanciones por cuatro delitos en concurso real, a saber: i. Tres (3) años de reclusión por el delito de actos de lujuria; ii. Siete (7) años seis (6) meses de reclusión por el delito de actos de lujuria agravado especial; iii. Quince (15) años de reclusión por el delito de violación especial; iv.- Quince (15) años de reclusión por el delito de violación especial. En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de 40 años, seis (6) meses de reclusión como pena principal de los que cumpliría solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. v. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv. Pena accesoria de interdicción civil; v. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Las conductas reprochadas al acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez están previstas en el Título IX, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, correspondiendo la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada al imputado por el delito de Actos de Lujuria está prevista como delito de Otras Agresiones Sexuales (Art.250), sancionado con pena de 05 a 08 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; pena abstracta a la cual deberá aumentarse un tercio (1/3) al concurrir la circunstancia de que la niña Á. P. M. I., al momento de esta acción delictiva era menor de 06 años (Art.255.3) quedando una pena de 8 a 10 años, 8 meses de prisión, más prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. En cuanto a la conducta reprochada por el delito de Actos de Lujuria Agravados, prevista como delito de Otras Agresiones Sexuales (Art.250), sancionado con pena de 05 a 08 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, aun y cuando la víctima Á. P. M. I. era menor de 14 años al momento de estos hechos delictivo, pero ante la falta de concurrencia de la circunstancia del empleo de la violencia o intimidación, no es posible aumentarse la pena en 1/3. En relación a las dos acciones reprochadas por el delito de Violación (Art.249) está sancionado con pena de 09 a 13 años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, ante la falta de concurrencia de la circunstancia de ser la víctima menor de 14 años y el empleo de la violencia o intimidación, no es posible aumentarse la pena en 1/3. En total de ambas acciones delictivas, la pena abstracta sería de 18 a 26 años de prisión. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez, de aplicarse la nueva normativa penal sería de 31 a 44 años con 08 meses de prisión; más prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, Además de las penas privativas de derechos, medidas de seguridad y especiales pronunciamientos civiles (Art. 267) como ser: a) Penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria de los que se hubieren valido los responsables para la realización de los hechos por el doble del tiempo de la duración de la condena, pudiendo llegarse, en el caso de la patria potestad, tutela, curatela o guarda, a su privación definitiva; b) La medida de libertad vigilada, que se debe ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, con una duración de diez (10) años, cuando la pena de prisión impuesta sea superior a los cinco (5) años; c) Ingresar al registro de agresores sexuales que para tal efecto llevaran los juzgados de ejecución. El Artículo 68 del Código Penal 130-2017, dispone: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” En este sentido la doctrina penal considera aplicable la figura del delito continuado en agresiones sexuales, cuando éstas son realizadas: 1) Bajo la misma presión intimidatoria o de prevalimiento; 2) Que se trate de ataques al mismo sujeto; 3) Que se trate de una relación sexual de cierta duración, mantenida en el tiempo; y 4) Que obedezca a un dolo único o unidad de propósito o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del mismo sujeto activo. La Sala de lo Penal es de la opinión, que en el caso subjudice, no es procedente la aplicación de un delito continuado, al considerar que no existe una conexión-espacio temporal entre los acontecimientos delictivos, a razón de que del cuadro fáctico se describe que la primera agresión sexual aconteció en el año 2003, cuando la niña Á. P. M. I. tenía la edad de 05 años, siete años después, es decir en el año 2010, ocurrió una segunda agresión sexual, la ofendida con una edad de 12 años, finalmente hasta el año 2015 que suscitaron las últimas dos agresiones sexuales, en conclusión las agresiones sexuales suscitaron en el lapso del año 2003 al 2015, acciones lesivas no continuas sino que han sido esporádicas en el tiempo, aunado a lo anterior, los sucesos o acontecimientos que se produjeron en perjuicio de la niña Á. P. M. I., fueron causado por su padre, el llamado a cumplir un rol muy importante dentro del desarrollo de la niña, debiendo protegerla, educarla y ayudarle en las distintas etapas de su crecimiento, ante ello, aprovechándose de esa confianza que le da ser padre, ejecutó los abusos narrados en los hechos declarados como probados por los juzgadores, aspectos suficientes, para quedar exceptuadas de toda aplicación continua delictiva (Art.68 parte final). A partir de lo anterior es posible determinar que la pena concreta impuesta al acusado Julio Anastacio Madrid Antúnez conforme el CP-144-83 al ser de 40 años, 06 meses de reclusión, se encuentra comprendida dentro del marco abstracto que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-170-2019 que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de 31 a 44 años con 08 meses de prisión, no procediendo su modificación. Así las cosas y conforme las reglas del concurso real (Art. 66): las penas impuestas hacen una suma total de 40 años, 06 meses, misma que traspasa el limite objetivo ordinario de 30 años que es el mismo límite que establecía el artículo 35 del Código Penal 144-83. Por otra parte, y para efectos de determinar la aplicación del límite subjetivo se señala que la pena más grave impuesta es la de 15 años de reclusión, la que multiplicada por 03 da un resultado de 45 años, lo que nos vuelve a determinar que el límite a aplicar es el objetivo ordinario, el que -como se ha señalado- coincide con el límite objetivo que establecía el Código Penal anterior. En consecuencia, no procede la aplicación retroactiva del Código Penal 117-2017, pues el máximo objetivo a cumplir es coincidente con el del Código Penal 144-83, por lo que la aplicación de aquel no representa una condición jurídica más favorable al reo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio César Antúnez Perdomo, en su condición de defensor privado del señor Julio Anastacio Madrid Antúnez. SEGUNDO: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Julio Anastacio Madrid Antúnez. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Julio Anastacio Madrid Antúnez por un delito de Actos de Lujuria, un delito de Actos de Lujuria Agravada y dos delitos de violación, en perjuicio de la menor Á. P. M. I.. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de febrero del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-391-2017
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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