Sentencia CP-386-17 — Registro 13250
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio y Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal le corresponde verificar si dicha valoración se hizo respetando la regla de la lógica, la psicología y la experiencia común, y especialmente en su postulado de razón suficiente la cual fue denunciada como infringida por el recurrente; la tarea no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. Establece la recurrente que, con las declaraciones testificales, se presenta dos posiciones contrapuestas, ya que en una le atribuye participación del imputado y la otra por el contrario lo exonera de ella sin ofrecer suficientes razones, también manifiesta que la resolución es violatoria a la presunción de inocencia que opera a favor del imputado Como prueba de cargo, se presentó: 1) Declaración testifical de Marvin Neptaly Paguaga Ruiz (ofendido); 2) Declaración testifical de Rubén Fernando Muñoz Mendoza; como prueba documental: 3) Acta de levantamiento de cadáver del señor Pedro Arturo Paguaga; 4) Acta de defunción del señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz; 4) Revisión de expediente clínico del señor Marvin Ruíz Gonzáles. Como prueba de descargo, se presentó: 1) declaración testifical de Evin Alexander Cáceres Aguilera; declaración testifical de Rómulo Antonio Urbina Talavera; como prueba documental: 3) acta de levantamiento cadavérico de Juan Alberto talavera. En la declaración testifical de Marvin Neptaly Paguaga Ruíz (ofendido), estableció: “se celebraba un rezo de 9 días, entonces Juan, le dijo a Marvin que andaba mariguaneado, entonces le respondió que si él se la vendía, entonces se enojó Juan y se le tiró y le tomó de los brazos, entonces Marvin le habló a su hermano Pedro Arturo y llegó, luego llegó Omar, con la pistola y le disparó en dos ocasiones a Pedro Arturo y luego le disparó”. A preguntas del Ministerio Público, entre otras cosas manifestó: “ … los hechos ocurrieron el 28 de febrero, día sábado, como a las 9 o 10 de la noche, ya conocía anteriormente a los atacantes, señalando al imputado Omar Antonio Ávila Talavera, andaba armado, Juan no andaba armado, Juan se le tiró a Marvin, y entonces Marvin le habló al hermano y en lo que su hermano Pedro Arturo llego, Omar le disparó en dos ocasiones, ya estaba con la pistola en la mano, Omar estaba a cinco metros de donde le disparó a Pedro Arturo, inmediatamente le disparó a él, … Juan y Omar eran hermanos, recibió el disparo en el costado izquierdo, después cayó y lo llevaron al Hospital Gabriel Alvarado, el arma no se la pudo distinguir, no sabe que tipo de arma, no era muy grande, revolver pues, los hechos se dieron a la fuga”. En cuanto a las preguntas de la defensa, entre otras cosas contestó: “… no puedo decir cuántas personas había en el rezo porque había bastantes, los hechos ocurrieron en Apali la Campus… se encontraban en la casa de Digna Ardón…Omar estaba con el arma en la mano, Omar le disparó…ya tiempos se conocían porque son aldeas vecinas, la herida la recibió en el costado izquierdo,… estuvo hospitalizado 9 días”. En la declaración testifical de Rubén Fernando Muñoz Mendoza, entre otras cosas estableció: “escuchó que Juan Alberto le dice a Marvin que si andaba mariguaneado, entonces Marvin le contesta que si él se la vendía y de allí se acercó Juan y Omar, tomándolo por detrás a Marvin y Marvin le pidió auxilio a Arturo, donde lo iba a auxiliar Arturo, allí fue donde disparo él a Arturo, le disparó dos veces y allí le disparó a Marvin y de allí se dieron a la fuga”. A interrogatorio de las partes, estableció: “los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2009, eran las 9, el que andaba armado era él Omar Antonio Ávila Talavera… el que disparó a Pedro y a Marvin fue Omar, el que esta presente aquí, hizo tres disparos, dos veces a Arturo y una vez a Marvin, …después de los disparos se dieron a la fuga…los hechos ocurrieron la casa de Digna Ardón…”. Valoración conjunta en la que el Tribunal le da credibilidad las declaración del testigo/víctima señor Marvin Neptaly Paguaga Ruíz y el testigo Rubén Fernando Muñoz Mendoza, pues ambos coinciden en el tiempo, espacio, así como las circunstancias que precedieron la agresión que produjo el resultado muerte y tentativa de homicidio, estableciendo el Tribunal que existen algunas aparentes contradicciones, pero al valor las declaraciones en forma conjunta se puede concluir que las declaraciones son coherentes y concordantes, por tanto creíbles, afirmando ambas declaraciones que la persona que andaba armada era Omar y fue la que disparó el arma de fuego. Como prueba documental se presentó el acta de levantamiento del señor Pedro Arturo Paguaga (F08 a F10), realizado por el Doctor Vladimir Núñez, en el que se evacuó mediante lectura, realizado el 30 de marzo de 2009, en el cementerio El Paraíso del Recuerdo de la aldea de Jutiapa, en el que se establece como aparente causa de muerte: laceración cerebral, por heridas por proyectil disparado por arma de fuego. Con el acta de defunción del señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz (F13), en el que se les puso a la vista a las partes, con número de defunción 0703 2009 00092, fecha de defunción el 28 de febrero de 2009; en cuanto a prueba documental, consiste en la revisión de un expediente clínico, la cual fue realizada por el Doctor Santos Ceferino Zepeda Mejía, en el que se establece el expediente clínico N° 85279 del Hospital Gabriel Alvarado, correspondiente al paciente Marvin Ruíz Gonzáles, estableció: herida penetrante toracoabdominal con lesión de estómago, colon transverso, riñón izquierdo y del diafragma compatible con las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, con una incapacidad de treinta y cinco (35) días, si hubo peligro de muerte. Valoración de estas pruebas documentales a las que el Tribunal les dio la correspondiente credibilidad ya que son documentos públicos. En cuanto a las pruebas de descargo, como es la declaración testifical de Evin Alexander Cáceres Aguilera, manifestó: “ese día se encontraban en un rezo, como a eso de las 11 por allí, cuando paso por la calle una persona llamada Joelillo, quien grito “viva la mariguana”, entonces Juan Alberto, le dijo: “ ajá hijo de puta te la fumaste verde” en eso iba entrando Marvin y le contesto: “como decís hijo de puta” desde cuando he fumado con vos para que digas, entonces le contesto Juan, no es con vos es con Joelillo, no hijo de puta ya días te la traes, saco la pistola, cuando saco la pistola vino Juan Alberto, y se le abalanzo, forcejeando la pistola, en eso alguien dijo tuco, matan a Marvin, Tuco se encontraba en la calle, entonces en lo que corrió Juan Alberto, ya le había quitado el arma a Marvin, y en eso en lo que venía le dio el disparo”.
En cuanto a la declaración de Rómulo Antonio Urbina Talavera, manifestó: “el 28 de febrero de 2009, se encontraba platicando en un rezo, en casa de Digna Ardón, Juan, Omar y el testigo, paso un muchacho por la calle gritando, en ese momento le gritó Juan, te la fumaste verde, en ese momento llegó el muchacho Marvin, y le contestó que con él nunca había fumado le contesto Juan, que no era con él, se le fue acercando y le dijo que ya días se la traía con él y cuando se le iba acercando dijo a la cintura, cuando Juan, se le tiro a forcejear con él y le quitó el arma, cuando una persona grito Tuco, matan a Marvin, fue cuando Juan hizo los disparos… a Omar solo lo escuchó que dijo cálmense” Estableciendo contradicciones en esta deposición por parte del Ministerio Público, porque en Juicio estableció que escucho tres disparos y en audiencia inicial dijo que había escuchado dos disparos; así mismo se estableció otra contradicción ya que en audiencia inicial dice que escucho los disparos porque estaba largo, manifestando el testigo que cuando los disparos él se corrió y si miro y estaba a 6 metros. Valoración en que el Tribunal le da credibilidad a los testigos de la defensa en el sentido que estos coinciden con los testigos de cargo en tiempo y espacio en que ocurrieron los hechos, así como con el hecho que Pedro recibió dos disparos y Marvin un disparo, así mismo en la misma valoración conjunta a estas declaraciones no les da credibilidad en la intención de responsabilizar a Juan, de la muerte de Pedro y la tentativa de homicidio en perjuicio de Marvin, por el simple hecho que Juan, está muerto y favorecer al imputado estableciendo que ambas declaraciones resultan incoherentes, por lo que no es cierto lo que establece la recurrente al establecer en su motivo casacional que el tribunal sentenciador posee dos posiciones probatorias contrapuestas uno atribuyéndolo la particpacion y otra exonerándola, extremo este que se acredita con la prueba documental como es el acta de levantamiento cadavérico del señor Juan Alberto Talavera, el que fue realizado el 27 de marzo de 2010, cuya causa de muerte fue homicida, a la que el tribunal de sentencia le dio credibilidad por tener el carácter de documento público. Por lo anteriormente expuesta esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en violación a las reglas de la sana crítica de la lógica, dado que el Juzgador valora la prueba de cargo en forma conjunta y armoniosa, de las que resultan inferencias lógicas, suficientes y razonables para establecer un estatuto de verdad, de tal suerte que los hechos declarados como probados son resultado precisamente del correcto análisis de la prueba, de lo que resulta acreditado la responsabilidad del imputado en los hechos a los cuales se le imputa, en razón de lo cual resulta la sentencia emitida por el Tribunal de juicio..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. - A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Omar Antonio Ávila Talavera, una pena principal de reclusión de veinticinco años (25) de reclusión, de la siguiente manera: Quince (15) años de reclusión por el delito de homicidio en perjuicio de Pedro Arturo Paguaga Ruíz y Diez (10) años de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, más las penas accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe de imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; en el caso examinado las acciones ejecutadas por el imputado provocaron heridas en zona vital del ofendido, sin que pudiera el actor consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad, en consecuencia estamos ante la comisión de una tentativa acabada, en razón de lo cual en el caso de autos debe hacerse una rebaja de 1/4, por lo que la pena abstracta para el delito de Homicidio en grado de Tentativa, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, será de once años y tres meses (11 años y 3 meses) a quince (15) años de prisión. De conformidad con los hechos acreditados y declarados así por el juzgador, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mi nueve, siendo las once de la noche, en la aldea La Campus, Valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso, en casa de la señora Digna Ardón, se celebraba un rezo, encontrándose entre otras personas los señores Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, Pedro Arturo Paguaga Ruíz, Juan Alberto Ávila Talavera y Omar Antonio Ávila Talavera, suscitándose una discusión entre Juan Alberto Ávila Talavera y Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, y que producto de la discusión Omar Antonio Ávila Talavera con un arma de fuego le disparó al señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz, quien recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte y resultó también con herida grave por impacto de bala el señor Marvin Neptaly Paguaga Ruíz De conformidad con la nueva legislación penal, el delito de Homicidio tiene una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, y por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa (acabada) tiene una pena abstracta de once (11) años tres (3) meses a quince (15) años de reclusión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Omar Antonio Ávila Talavera, conforme el Código Penal contenido en el Decreto 144-83, al ser condenado por el delito de homicidio a la pena de quince años (15) años, se encuentra comprendida dentro del margen abstracto señalado por la nueva norma penal; por otro lado, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa se le impuso la pena de diez (10) años de reclusión, la cual es menor al marco penológico abstracto que pudiera imponerse con la nueva normativa penal; por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 386-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Omar Antonio Ávila Talavera, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz, a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Omar Antonio Ávila Talavera, como autor del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, a la pena de diez años de reclusión; Tercero: Condenó al señor Omar Antonio Ávila Talavera, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Omar Antonio Ávila Talavera; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Omar Antonio Ávila Talavera, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil nueve (2009), siendo las once de la noche, en la Aldea La Campus Valle de Jamastrán, Danlí, Departamento de El Paraíso, en casa de la señora Digna Ardón, se celebraba un rezo, encontrándose entre otras personas los señores Marvin Neptalí Paguaga Ruiz, Pedro Arturo Paguaga Ruiz, Juan Alberto Ávila Talavera, y Omar Antonio Ávila Talavera, sucintándose una discusión entre Juan Alberto Ávila Talavera, y Marvin Neptalí Paguaga Ruiz, e interviniendo también inmediatamente después Pedro Arturo Paguaga Ruíz, y Omar Antonio Ávila Talavera. SEGUNDO: Que producto de la discusión Omar Antonio Ávila Talavera, de fuego y a consecuencia de ello el señor Pedro Arturo Paguaga Ruiz, recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte y resulto también con herida grave por impacto de bala el señor Marvin Neptalí Paguaga Ruiz.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Anny Marielle López Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, por inobservar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Los hechos ilícitos en los que se le atribuye responsabilidad penal, a título de autor material, a OMAR ANTONIO ÁVILA TALAVERA son los acaecidos en la casa de la señora Dina Ardón ubicada la aldea La Campus Valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso, en donde se suscitó una discusión entre varias personas que se encontraban en dicho lugar, que derivó en agresiones con arma de fuego, producto de los disparos resultó muerto el señor Pedro Arturo Paguaga Ruiz y Lesionado Marvin Neptalí Paguaga Ruiz. SEGUNDO: Por los hechos antes referidos, el 28 de julio de 2015, se inició juicio oral y público en el que fue juzgado el señor OMAR ANTONIO ÁVILA TALAVERA y una vez concluido el debate, el Juzgador decidió condenarlo, como responsable penalmente a título de autor material de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor PEDRO ARTURO PAGUAGA RUIZ y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de MARVIN NEPTALY PAGUAGA RUIZ. TERCERO: Comparecieron a declarar como testigos de cargo los señores MARVIN NEPTALY PAGUAGA RUIZ (ofendido) y RUBÉN FERNANDO MUÑOZ MENDOZA y a propuesta de la defensa declararon también, los señores EVIN ALEXANDER CÁCERES AGUILERA y RÓMULO ANTONIO URBINA TALAVERA, todos estos testigos son coincidentes en la mayor parte de sus relatos, discrepando en el núcleo del acontecimiento fáctico, pues los dos primeros refieren que fue OMAR ANTONIO ÁVILA TALAVERA quien disparó en contra de los ofendidos, pero los dos restantes le atribuyen dicha acción al señor JUAN ALBERTO ÁVILA TALAVERA (hermano del imputado). CUARTO: Es en la valoración de lo declarado por estos testigos en donde el Juzgador viola, de modo manifiesto y claro, las reglas de la sana crítica en su ley lógica de razón suficiente, pues frente a esas dos posiciones probatorias contrapuestas, una que le atribuye participación activa al imputado en los hechos y la otra que, por el contrario, lo exonera de ella, el Tribunal les reconoce credibilidad a todos los declarantes en las partes que coinciden, pero a la hora de decidir sobre el núcleo de la controversia, les concede un plus de credibilidad a los testigos de cargo, negándosela a los de descargo, pero sin ofrecer suficientes razones para ello, pues las que expone son infundadas al calificar de incoherentes los dichos de los segundos, porque, según el Tribunal de juicio, afirmaron conocer al imputado de toda la vida, que desconocían la existencia de problemas entre el imputado y los ofendidos, pero dijeron haber escuchado cuando Marvin le dijo a Juan <que ya días se la traía> tal relato en ninguna de sus partes muestra rasgos de incoherencia como erróneamente lo apreció el Juzgador, por lo que la descalificación del testimonio de los testigos de descargo viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de razón suficiente. QUINTO: Por otra parte, la resolución recurrida también es violatoria del derecho fundamental a la presunción de inocencia que opera a favor del imputado, porque, frente a dos medios de prueba de similares características de confiabilidad, una que incrimina al imputado y otra que lo excluye sin que exista una más que incline el juicio a un lado u otro, debe mantenerse incólume dicha presunción de inocencia. RECLAMACIÓN HECHA PARA SUBSANAR EL VICIO DENUNCIADO Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso de casación se produjo con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de éste a través de la vía casacional y de ello resulta que no hubo reclamación previa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: Que se anule el fallo. Establece la recurrente que el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de razón suficiente ya que, con las declaraciones testificales, se presenta dos posiciones contrapuestas, ya que en una le atribuye participación del imputado y la otra por el contrario lo exonera de ella sin ofrecer suficientes razones, también manifiesta que la resolución es violatoria a la presunción de inocencia que opera a favor del imputado. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica.
La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal le corresponde verificar si dicha valoración se hizo respetando la regla de la lógica, la psicología y la experiencia común, y especialmente en su postulado de razón suficiente la cual fue denunciada como infringida por el recurrente; la tarea no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. Establece la recurrente que, con las declaraciones testificales, se presenta dos posiciones contrapuestas, ya que en una le atribuye participación del imputado y la otra por el contrario lo exonera de ella sin ofrecer suficientes razones, también manifiesta que la resolución es violatoria a la presunción de inocencia que opera a favor del imputado Como prueba de cargo, se presentó: 1) Declaración testifical de Marvin Neptaly Paguaga Ruiz (ofendido); 2) Declaración testifical de Rubén Fernando Muñoz Mendoza; como prueba documental: 3) Acta de levantamiento de cadáver del señor Pedro Arturo Paguaga; 4) Acta de defunción del señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz; 4) Revisión de expediente clínico del señor Marvin Ruíz Gonzáles. Como prueba de descargo, se presentó: 1) declaración testifical de Evin Alexander Cáceres Aguilera; declaración testifical de Rómulo Antonio Urbina Talavera; como prueba documental: 3) acta de levantamiento cadavérico de Juan Alberto talavera. En la declaración testifical de Marvin Neptaly Paguaga Ruíz (ofendido), estableció: “se celebraba un rezo de 9 días, entonces Juan, le dijo a Marvin que andaba mariguaneado, entonces le respondió que si él se la vendía, entonces se enojó Juan y se le tiró y le tomó de los brazos, entonces Marvin le habló a su hermano Pedro Arturo y llegó, luego llegó Omar, con la pistola y le disparó en dos ocasiones a Pedro Arturo y luego le disparó”. A preguntas del Ministerio Público, entre otras cosas manifestó: “ … los hechos ocurrieron el 28 de febrero, día sábado, como a las 9 o 10 de la noche, ya conocía anteriormente a los atacantes, señalando al imputado Omar Antonio Ávila Talavera, andaba armado, Juan no andaba armado, Juan se le tiró a Marvin, y entonces Marvin le habló al hermano y en lo que su hermano Pedro Arturo llego, Omar le disparó en dos ocasiones, ya estaba con la pistola en la mano, Omar estaba a cinco metros de donde le disparó a Pedro Arturo, inmediatamente le disparó a él, … Juan y Omar eran hermanos, recibió el disparo en el costado izquierdo, después cayó y lo llevaron al Hospital Gabriel Alvarado, el arma no se la pudo distinguir, no sabe que tipo de arma, no era muy grande, revolver pues, los hechos se dieron a la fuga”. En cuanto a las preguntas de la defensa, entre otras cosas contestó: “… no puedo decir cuántas personas había en el rezo porque había bastantes, los hechos ocurrieron en Apali la Campus… se encontraban en la casa de Digna Ardón…Omar estaba con el arma en la mano, Omar le disparó…ya tiempos se conocían porque son aldeas vecinas, la herida la recibió en el costado izquierdo,… estuvo hospitalizado 9 días”. En la declaración testifical de Rubén Fernando Muñoz Mendoza, entre otras cosas estableció: “escuchó que Juan Alberto le dice a Marvin que si andaba mariguaneado, entonces Marvin le contesta que si él se la vendía y de allí se acercó Juan y Omar, tomándolo por detrás a Marvin y Marvin le pidió auxilio a Arturo, donde lo iba a auxiliar Arturo, allí fue donde disparo él a Arturo, le disparó dos veces y allí le disparó a Marvin y de allí se dieron a la fuga”. A interrogatorio de las partes, estableció: “los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2009, eran las 9, el que andaba armado era él Omar Antonio Ávila Talavera… el que disparó a Pedro y a Marvin fue Omar, el que esta presente aquí, hizo tres disparos, dos veces a Arturo y una vez a Marvin, …después de los disparos se dieron a la fuga…los hechos ocurrieron la casa de Digna Ardón…”. Valoración conjunta en la que el Tribunal le da credibilidad las declaración del testigo/víctima señor Marvin Neptaly Paguaga Ruíz y el testigo Rubén Fernando Muñoz Mendoza, pues ambos coinciden en el tiempo, espacio, así como las circunstancias que precedieron la agresión que produjo el resultado muerte y tentativa de homicidio, estableciendo el Tribunal que existen algunas aparentes contradicciones, pero al valor las declaraciones en forma conjunta se puede concluir que las declaraciones son coherentes y concordantes, por tanto creíbles, afirmando ambas declaraciones que la persona que andaba armada era Omar y fue la que disparó el arma de fuego. Como prueba documental se presentó el acta de levantamiento del señor Pedro Arturo Paguaga (F08 a F10), realizado por el Doctor Vladimir Núñez, en el que se evacuó mediante lectura, realizado el 30 de marzo de 2009, en el cementerio El Paraíso del Recuerdo de la aldea de Jutiapa, en el que se establece como aparente causa de muerte: laceración cerebral, por heridas por proyectil disparado por arma de fuego. Con el acta de defunción del señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz (F13), en el que se les puso a la vista a las partes, con número de defunción 0703 2009 00092, fecha de defunción el 28 de febrero de 2009; en cuanto a prueba documental, consiste en la revisión de un expediente clínico, la cual fue realizada por el Doctor Santos Ceferino Zepeda Mejía, en el que se establece el expediente clínico N° 85279 del Hospital Gabriel Alvarado, correspondiente al paciente Marvin Ruíz Gonzáles, estableció: herida penetrante toracoabdominal con lesión de estómago, colon transverso, riñón izquierdo y del diafragma compatible con las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, con una incapacidad de treinta y cinco (35) días, si hubo peligro de muerte. Valoración de estas pruebas documentales a las que el Tribunal les dio la correspondiente credibilidad ya que son documentos públicos. En cuanto a las pruebas de descargo, como es la declaración testifical de Evin Alexander Cáceres Aguilera, manifestó: “ese día se encontraban en un rezo, como a eso de las 11 por allí, cuando paso por la calle una persona llamada Joelillo, quien grito “viva la mariguana”, entonces Juan Alberto, le dijo: “ ajá hijo de puta te la fumaste verde” en eso iba entrando Marvin y le contesto: “como decís hijo de puta” desde cuando he fumado con vos para que digas, entonces le contesto Juan, no es con vos es con Joelillo, no hijo de puta ya días te la traes, saco la pistola, cuando saco la pistola vino Juan Alberto, y se le abalanzo, forcejeando la pistola, en eso alguien dijo tuco, matan a Marvin, Tuco se encontraba en la calle, entonces en lo que corrió Juan Alberto, ya le había quitado el arma a Marvin, y en eso en lo que venía le dio el disparo”.
En cuanto a la declaración de Rómulo Antonio Urbina Talavera, manifestó: “el 28 de febrero de 2009, se encontraba platicando en un rezo, en casa de Digna Ardón, Juan, Omar y el testigo, paso un muchacho por la calle gritando, en ese momento le gritó Juan, te la fumaste verde, en ese momento llegó el muchacho Marvin, y le contestó que con él nunca había fumado le contesto Juan, que no era con él, se le fue acercando y le dijo que ya días se la traía con él y cuando se le iba acercando dijo a la cintura, cuando Juan, se le tiro a forcejear con él y le quitó el arma, cuando una persona grito Tuco, matan a Marvin, fue cuando Juan hizo los disparos… a Omar solo lo escuchó que dijo cálmense” Estableciendo contradicciones en esta deposición por parte del Ministerio Público, porque en Juicio estableció que escucho tres disparos y en audiencia inicial dijo que había escuchado dos disparos; así mismo se estableció otra contradicción ya que en audiencia inicial dice que escucho los disparos porque estaba largo, manifestando el testigo que cuando los disparos él se corrió y si miro y estaba a 6 metros. Valoración en que el Tribunal le da credibilidad a los testigos de la defensa en el sentido que estos coinciden con los testigos de cargo en tiempo y espacio en que ocurrieron los hechos, así como con el hecho que Pedro recibió dos disparos y Marvin un disparo, así mismo en la misma valoración conjunta a estas declaraciones no les da credibilidad en la intención de responsabilizar a Juan, de la muerte de Pedro y la tentativa de homicidio en perjuicio de Marvin, por el simple hecho que Juan, está muerto y favorecer al imputado estableciendo que ambas declaraciones resultan incoherentes, por lo que no es cierto lo que establece la recurrente al establecer en su motivo casacional que el tribunal sentenciador posee dos posiciones probatorias contrapuestas uno atribuyéndolo la particpacion y otra exonerándola, extremo este que se acredita con la prueba documental como es el acta de levantamiento cadavérico del señor Juan Alberto Talavera, el que fue realizado el 27 de marzo de 2010, cuya causa de muerte fue homicida, a la que el tribunal de sentencia le dio credibilidad por tener el carácter de documento público. Por lo anteriormente expuesta esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en violación a las reglas de la sana crítica de la lógica, dado que el Juzgador valora la prueba de cargo en forma conjunta y armoniosa, de las que resultan inferencias lógicas, suficientes y razonables para establecer un estatuto de verdad, de tal suerte que los hechos declarados como probados son resultado precisamente del correcto análisis de la prueba, de lo que resulta acreditado la responsabilidad del imputado en los hechos a los cuales se le imputa, en razón de lo cual resulta la sentencia emitida por el Tribunal de juicio. Decisión: Desestimar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. - A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Omar Antonio Ávila Talavera, una pena principal de reclusión de veinticinco años (25) de reclusión, de la siguiente manera: Quince (15) años de reclusión por el delito de homicidio en perjuicio de Pedro Arturo Paguaga Ruíz y Diez (10) años de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, más las penas accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe de imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; en el caso examinado las acciones ejecutadas por el imputado provocaron heridas en zona vital del ofendido, sin que pudiera el actor consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad, en consecuencia estamos ante la comisión de una tentativa acabada, en razón de lo cual en el caso de autos debe hacerse una rebaja de 1/4, por lo que la pena abstracta para el delito de Homicidio en grado de Tentativa, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, será de once años y tres meses (11 años y 3 meses) a quince (15) años de prisión. De conformidad con los hechos acreditados y declarados así por el juzgador, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mi nueve, siendo las once de la noche, en la aldea La Campus, Valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso, en casa de la señora Digna Ardón, se celebraba un rezo, encontrándose entre otras personas los señores Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, Pedro Arturo Paguaga Ruíz, Juan Alberto Ávila Talavera y Omar Antonio Ávila Talavera, suscitándose una discusión entre Juan Alberto Ávila Talavera y Marvin Neptaly Paguaga Ruíz, y que producto de la discusión Omar Antonio Ávila Talavera con un arma de fuego le disparó al señor Pedro Arturo Paguaga Ruíz, quien recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte y resultó también con herida grave por impacto de bala el señor Marvin Neptaly Paguaga Ruíz De conformidad con la nueva legislación penal, el delito de Homicidio tiene una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, y por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa (acabada) tiene una pena abstracta de once (11) años tres (3) meses a quince (15) años de reclusión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Omar Antonio Ávila Talavera, conforme el Código Penal contenido en el Decreto 144-83, al ser condenado por el delito de homicidio a la pena de quince años (15) años, se encuentra comprendida dentro del margen abstracto señalado por la nueva norma penal; por otro lado, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa se le impuso la pena de diez (10) años de reclusión, la cual es menor al marco penológico abstracto que pudiera imponerse con la nueva normativa penal; por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Casación FALLA: Primero Declara NO HA LUGAR el Recurso de por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Anny Marielle López Rodríguez, en su condición de defensora pública del señor Omar Antonio Ávila Talavera, en la causa instruida por el delito de Homicidio en perjuicio de Pedro Arturo Paguaga Ruíz y por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Marvin Neptaly Paguaga Ruíz. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado Omar Antonio Ávila Talavera. - Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Rafael Bustillo Romero Magistrado Coordinador Alma Consuelo Guzmán García Magistrada
José Olivio Rodríguez Vásquez MAGISTRADO. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-386-2017.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL