Sentencia CP-385-15 — Registro 12638
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de delito de Asociación Ilícita y encubrimiento y se condena por el delito de de adquisición de vehículo robado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EL RECURSO ES DE RECIBO.Esta Sala de lo Penal, sin prejuzgar en modo alguno sobre el fondo del asunto y por consecuencia sobre la culpabilidad del imputado, observa que, en el presente caso, efectivamente el Juzgador de instancia ha incurrido en inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo. Concretamente el a quo ha incurrido en violación de la regla de la lógica, de derivación, integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues no ha concedido plena credibilidad y virtualidad. El conflicto planteado en el recurso es en relación a la identificación del acusado como persona responsable del delito de asociación ilícita; 1) Declaración del testigo Pedro Gonzales, seguimiento de la policía al encartado cuando se cruzaba el semáforo, donde señala que el encausado intentó utilizar un arma de fuego contra la policía más sin embargo la misma se le cayó. 2) La detención por el agente de policía Pedro Gonzales, del encausado cuando se pasó el semáforo en rojo de la siete calle, no contando con los documentos de la motocicleta en que se conducía y el arma que portaba. 2) Acta de registro corporal describiendo que en fecha 14 de mayo del 2013, el agente Paulo Fernando Lara, realizó un registro al imputado donde consignó observar en el cuerpo de este: en dedos de la mano izquierda el nombre ¨BEST¨, en la parte interna de la misma mano la palabra ¨SNOOPY¨ en el hombro tiene un dibujo de una calavera y una telaraña, en el pecho tiene un Joker, con las letras ¨ROSA¨ en el cuello tiene un rosario, en el hombro derecho tiene un número ¨18¨y un letrero que dice: In Memory Of My Homies¨ Litter, locos, S.P.L.S. en la parte del muslo Rip Oreja, y en la espalda tiene un letrero con el nombre ¨DIECIOCHO¨ ocho tumbas y en el pie derecho tiene el nombre de ¨KIMBERLY.¨ 3) Análisis técnico ratificado por el agente de investigación Carlos Reiniery Vásquez, quien es agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el cual ratificó y llegó a las siguientes conclusiones:” Que el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, alias "LIRU SAYCO" o "EL DEMENTE es considerado "PALABRERO" de la pandilla "18", que dicho seudónimo (palabrero) significa que lleva la palabra a determinado lugar o sector y tiene la autoridad de hacer cumplir y dar órdenes a otros pandilleros, que están bajo su mando, estas órdenes son dadas por cabecillas o jefes nacionales que se encuentran en centro penales. Los tipos de delitos que presenta en sus antecedentes policiales son, Homicidio, Tráfico Ilícito de Droga, Asociación lícita, Adquisición de vehículo robado, Encubrimiento y Posesión Ilegal de Arma, los cuales son característicos del modus operandis de las pandillas. Sus detenciones tienen inicio desde el año 2008, lo que hace méritos de ser palabrero o que comanda en alguna colonia, ya que ha mostrado fidelidad y respeto a la pandilla en la comisión de delitos, que es cabecilla por que puede controlar una clica o determinado sector, los tatuajes que presenta en su cuerpo solamente son utilizados por cabecillas de la Pandilla "18", que durante ha estado privado de su 1ibertad se ha encontrado recluido en las bartolinas de la pandilla "18" antes en la lo acreditara como legítimo dueño del vehículo en el cual se transportaba, adquiriéndolo de manera Ilícita, logrando ubicarlo con dicho testimonio en el lugar, tiempo y espacio, donde acontecieron los reprochables hechos. Por lo que con tales medios probatorios de cargo dam08 por demostrados y acreditados los hechos declarados como probado8, siendo que no fueron controvertidos por prueba de la defensa”. 4) el decomiso de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca SARSILMAZ, serie Ti102-07A00200, color gris, cacha de plástico color negro, con un cargador marca SARSILMAZ, color gris, conteniendo en su interior 15 proyectiles sin percutir, la cual según constancia del registro balístico se encontraba registrada a nombre de otra persona. 5) el decomiso de una motocicleta con denuncia de robo. Aprecia esta Sala, que el a quo no ha logrado vincular en forma conjunta y armoniosa la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio. Por todo lo expuesto, esta Sala de lo Penal, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y por ende sobre la responsabilidad penal del acusado, aprecia el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 385-2015 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Josué Gerardo Cruz Lagos, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Absolvió al señor Josué Gerardo cruz lagos, del delito de encubrimiento, en perjuicio de la administración pública.- Tercero: Condenó al señor Josué Gerardo cruz lagos, del delito de adquisición de vehículo robado, en perjuicio de la empresa seguros Atlántida, s.a. a la pena de diez años de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor Josué Gerardo Cruz Lagos, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cuatro años de reclusión.- Quinto: Condenó al señor Josué Gerardo Cruz Lagos, a las penas accesorias de inhabilitación especial y absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal.-Sexto: Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.-Septimo: Declaró la responsabilidad civil del señor Josué Gerardo Cruz Lagos.- Son Partes En La Única Instancia: La abogada Maricela Tejeda López, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada Martha Liliana Acosta, en su condición de Defensora Pública del señor Josué Gerardo Cruz Lagos, como parte recurrida. Hechos Probados De La Instancia “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día sábado veintiocho de julio del año dos mil doce, a las cuatro con cincuenta minutos de la madrugada, se conducía el señor Mardoc Castro Benítez, en una Motocicleta marca Italika, modelo FT-150, año 2012, color azul, con serie LLCPLJ2H5C1104461, de la Colonia Nueva San Juan, hacia el aeropuerto cuando a la altura de la Colonia Campo Dos, ubicada en el Municipio de La Lima, Departamento de Cortés, fue desapoderado de la motocicleta por tres personas. Segundo: En fecha cuatro de mayo del año dos mil trece, a eso de las siete de la mañana, el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, se conducía en una motocicleta marca Italika, modelo FT-150, año 2012, color azul, con serie LCPLJ2H5C1104461, quien se pasó un semáforo de la 7 calle, en rojo siendo observado por agentes de la Policía de Tránsito, quienes le dieron persecución logrando detenerlo dos cuadras más adelante, dejando la motocicleta en la que se conducía abandonada e intentando sacar el arma que portaba, una pistola calibre 9mm, marca SARSILMAZ, con serie T110207A00200, color gris, cacha de plástico, color negro con dos cargadores, misma que se le cayó, lo que permitió que los Agentes de la Policía procedieran a requerirlo, solicitándole los documentos de la motocicleta y el arma, al no contar con los mismos fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos “La recurrente abogada Maricela Tejeda López, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: Exposición de los motivos de casación. infracción de ley. Motivo único: “falta de aplicación del artículo 388 numeral 6) del código penal” precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del código procesal penal. Explicación del motivo: el precepto penal y legal citado como infringido por falta de aplicación textualmente dice: artículo 388 numeral 6) del código penal: “incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6) auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado...”. al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: “primero: el día sábado veintiocho de julio del año dos mil doce, a las cuatro con cincuenta minutos de la madrugada, se conducía el señor Mardoc Castro Benítez, en una motocicleta marca Italika, modelo FT150, año 2012, color azul, con serle LLCPLJ2H5C11044461, de la colonia Nuevo San Juan, hacia el aeropuerto cuando a la altura de la colonia Campo Dos, ubicada en el municipio de La Lima, Departamento de Cortés, fue desapoderado de la motocicleta por tres personas. Segundo: En fecha cuatro de mayo del año dos mil trece, a eso de las siete de la mañana, el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, se conducía en una motocicleta marca Italika, modelo FT-150, año 2012, color azul, con serie LLCPLJ2H5C11O44461, quien se pasó un semáforo de la 7 calle, en rojo, siendo observado por Agentes de la Policía de Tránsito, quienes le dieron persecución logrando detenerlo dos cuadras más adelante, dejando la motocicleta en la que se conducía, abandonada, e intentando sacar el arma que portaba, una pistola calibre 9mm, marca SARSILMAZ, con serie T110207A00200, color gris, cacha de plástico, color negro, con dos cargadores, misma que se le cayó, lo que permitió que los agentes de la Policía procedieran a requerirlo, solicitándole los documentos de la motocicleta y el arma, al no contar con los mismos fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente”. Según se consigna en el fáctum, el imputado Josué Gerardo Cruz Lagos, participó como autor de un delito de Encubrimiento, pues el cuatro de Mayo de 2013, estaba haciendo uso de la motocicleta que le había sido robada al señor Mardoc Castro en fecha 28 de Julio de dos mil doce, tenencia que no puede presumirse era de buena fe, pues tal y como el mismo fáctum señala, cuando la Policía solicitó al acusado Cruz Lagos los documentos de la motocicleta, no los proporcionó, razón por la cual se le dio detención. De la lectura del relato fáctico se concluye la consumación total del delito de Encubrimiento, pues la acción ejecutada por el acusado al conducirse en la motocicleta de la cual se le despojó al señor Mardoc Castro y aunado a ello el hecho de no portar documentos de la misma, encaja perfectamente en el último párrafo del numeral 6) del artículo 388, pues el acusado aparentemente sin concierto previo con los autores o cómplices del robo de la motocicleta; pero con motivos suficientes para suponer su ilegal procedencia (pues no dio razón de la documentación de propiedad de la misma), se aprovechó personalmente del vehículo en mención. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 388 numeral 6) del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la configuración de un hecho criminal de Encubrimiento, como se puede colegir de la simple lectura del Fáctum. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el fáctum y la parte dispositiva de la sentencia, para enfatizar como la acción descrita en aquél, evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Encubrimiento, haremos referencia a lo establecido doctrinalmente. Se entiende por “Encubridor”[1]a quien “con posterioridad a la infracción, oculta a los autores de un delito o a los cómplices, contribuye a disimularlo o se beneficia voluntariamente de aquél... Para el Código Penal español, en lineamientos compartidos por la generalidad de los textos penales... son encubridores los que con conocimiento de la perpetración del hecho punible, sin haber tenido participación en él como autores ni cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de algunos de los modos siguientes: 1- Aprovechándose por sí mismos, o auxiliando a los delincuentes para que se aprovechen, de los efectos del delito o falta...”... “Encubrimiento, es la acción o efecto de encubrir u ocultar. Para el Derecho Penal, participación en un delito con conocimiento e intervención posteriores a la comisión del mismo, para ocultar a los autores, favorecer su fuga, impedir el descubrimiento de la infracción o aprovecharse de los efectos de la misma. ... 2. Penalidad peculiar. En el esquema del texto legal citado, configuran delito específico, las siguientes modalidades de encubrimiento: 1..., 2..., 3. Con fin de lucro adquirir, recibir o juntar dinero, cosas o bienes que se saben provenientes de un delito en el que no se ha participado... 4. Con fin de lucro también, adquirir o recibir cosas o bienes que, de acuerdo con las circunstancias, quepa presumir provenientes de un delito.” Del anterior texto podemos concluir que hay dos acciones a través de las cuales se evidencia el encubrimiento: 1) El recibir, adquirir bienes que constituyen los efectos de un delito para su provecho personal; en el caso del acusado el adquirió el vehículo robado (moto) y para su provecho personal, pues al momento de ser detenido, lo estaba utilizando. 2) El recibir o adquirir bienes en circunstancias que pueda presumirse que dichos objetos provienen de un delito éste es el caso de adquirir un vehículo automotor sin los respectivos papeles que demuestran la propiedad del mismo y a sabiendas de ello, hacer uso de él; tal y como se presentó en el caso en estudio, pues siendo así el acusado no puede alegar (como en efecto no lo ha hecho) que adquirió dicho vehículo, de buena fe, pues aunque ésta se presume, asimismo la buena fe también consiste en la “Creencia o persuasión personal de que aquel de quien se recibe una cosa, por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y puede transferir el dominio... Convicción de que el acto realizado es lícito”[2]. Al someter la verdad intangible contenida en el relato fáctico a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente como el actuar del imputado, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado como producto de tal acción, ya que dicha conducta (aprovecharse del objeto proveniente del delito) fue una condición que se adecúa y está contenida dentro de las exigencias establecidas para la configuración de dicha acción antijurídica. En conclusión, del relato fáctico queda plenamente establecida la participación del acusado Josué Gerardo Cruz Lagos, como autor de un delito de Encubrimiento. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado, puesto que, según la verdad descrita en el fáctum, el enjuiciado participó a título de autor en el delito de Encubrimiento. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada considerar que la figura delictiva que sirvió de fundamento para la acusación en la presente causa, se ejecutó en la totalidad de sus elementos típicos, configurándose la acción delictiva enmarcada en el artículo 388 numeral 6) del Código Penal. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber absuelto de responsabilidad al acusado Josué Gerardo Cruz Lagos en su participación en el delito de Encubrimiento, ha producido, en consecuencia, la falta de aplicación del precepto legal citado como vulnerado. Por lo antes expuesto, El Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación por “Quebrantamiento de Forma. motivo único: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del Código procesal penal. explicación del motivo: la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. en el presente proceso con la finalidad de acreditar el delito de asociación ilícita, se evacuó durante la audiencia de juicio, entre otra, la prueba de cargo que se describe a continuación: 1. análisis técnico de pandillas, que fuera elaborado y ratificado por el Agente de Investigación Carlos Reiniery Vásquez; documento que concluye en el siguiente análisis en relación a la persona del acusado: • Se le conoce con los Alias “Liru-Sayco” o “El Demente”. • Es considerado “palabrero” miembro cabecilla de la Pandilla 18. • El término “Palabrero” significa que lleva la palabra a determinado lugar o sector y que tiene la autoridad de hacer cumplir y dar órdenes a otros pandilleros que están bajo su mando, éstas órdenes son dadas por cabecillas o jefes nacionales que se encuentran en centros penales. • Los antecedentes policiales del acusado se orientan a delitos de Homicidio, Tráfico Ilícito de Drogas, Asociación Ilícita, Adquisición de Vehículos Robados, Posesión Ilegal de Armas, Encubrimiento; ilícitos, que son característicos de los modus operandi de las pandillas. • Sus detenciones inician en el año 2008, por lo que hace méritos de ser “palabrero” o que comanda alguna colonia ya que ha mostrado fidelidad y respeto a su pandilla en la comisión de delitos. • como cabecilla controla una “clica” o determinado sector. • en su cuerpo tiene tatuajes alusivos a la pandilla 18. • durante ha estado recluido se le ha ubicado en las bartolinas de la pandilla 18 (es decir en el número 17 y 21). 2. acta de registro corporal, la cual fue ratificada por el agente Paulo Fernando Lara y que hace la siguiente descripción de los tatuajes encontrados en el cuerpo del acusado: • dedos de la mano izquierda, la palabra “best”. • parte interna de la mano izquierda, la palabra “snoopy”. • hombro: dibujo de calavera y una telaraña. • pecho: el dibujo de un joker con las letras “rosa”. • cuello: el dibujo de un rosario. • hombro derecho: números 18 y un letrero que se lee: “in memory of myhomies, litter, locos, spls”. • muslo: “rip oreja”. • espalda: “dieciocho” y el dibujo de ocho (8) tumbas. • pie derecho: el nombre kimberly”. 3. testigo Mario Arnaldo Urbina Escalante quien manifestó que fue víctima del robo de un arma de su propiedad color blanco, 9mm, marca sarsilmaz, por lo que procedió a interponer una denuncia por el robo. 4. Denuncia interpuesta por el señor José Mardoc castro por robo de vehículo (motocicleta). 5. testigo Pedro Gonzales Rodriguez: agente de la policía de tránsito, quien refirió que al dar detención al acusado Josué Gerardo cruz lagos, éste portaba el arma propiedad del señor Mario Arnaldo Urbina Escalante, la cual tenía reporte de robo; asimismo se conducía en una motocicleta con reporte de robo y que corresponde a las características antes descritas de la motocicleta en la que se conducía el señor Urbina Escalante. 6. actas de decomiso del arma y de la motocicleta, mismas que fueron encontradas en poder del acusado cruz lagos. al hacer la valoración de la prueba tendiente a demostrar la participación del acusado en el delito de asociación ilícita el sentenciador señala que “no se trajo prueba suficiente para poder declarar la culpabilidad del hoy encartado, siendo que se emitió un dictamen de Pandillas, mismo que no se ajusta para poder encuadrar el accionar contrario a derecho”; consideró que el dictamen (del experto en pandillas), “no constituye siquiera un indicio que le lleve a la convicción de que el acusado sea un miembro activo y que se reúne de manera permanente para delinquir...” (Ver página 11 de la Sentencia). En virtud de lo anterior, debemos señalar que la anterior apreciación hecha por el Juzgador, la consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que no se puede vincular al acusado con el hecho criminal de Asociación Ilícita por no existir probanza que acredite fehacientemente este extremo, al afirmar que el análisis realizado por el experto en pandillas constituye una “mera deducción casi empírica, de no ser porque la realizó un Agente de Investigación”; apreciación que afrenta la característica de veracidad que debe conformar el Postulado de Razón Suficiente, pues dicho estudio no está y no puede fundamentarse en aseveraciones meramente empíricas, ya que el mismo es el resultado de toda una investigación realizada por Agentes Encubiertos y personal especializado en tratar con la materia de pandillas o maras, investigaciones que se hacen por años para poder llegar a conclusiones acertadas y veraces; el mencionado documento es el producto pesquisas realizadas con el fin de determinar el accionar del acusado Josué Gerardo Cruz Lagos dentro de la pandilla 18, no resultó de la imaginación o capricho de los Agentes Vásquez o Fernando Lara al constatar los tatuajes en el cuerpo del acusado; contrario a ello, los tatuajes representativos de la mara 18 en el cuerpo del acusado corroboran las investigaciones en relación a la actividad delictiva del Josué Gerardo Cruz o mejor conocido como “liru-sayco” o “el demente” como parte de su “rango” dentro de dicha pandilla 18; tanto la pericia de Análisis Técnico de Pandillas, como el Acta de Registro Corporal, así como del resto de la prueba, se deriva un conjunto de indicios que evidencian la responsabilidad del enjuiciado Josué Gerardo Cruz Lagos como autor del delito de Asociación Ilícita por el cual fue acusado. Las Pericias relacionadas, en conjunto con el resto de la prueba, se enlazan en una pluralidad de indicios que evidencian la participación del acusado como un cabecilla de la pandilla 18 y se refuerzan con los hallazgos identificativos en el cuerpo del acusado: • El Dictamen señala que el acusado es considerado “palabrero” de la pandilla 18, es decir, que por su “record” delictivo y lealtad a dicho grupo criminal se le ha dado autoridad en cierto territorio y además recibe instrucciones directamente de los cabecillas recluidos en la Penitenciaría Central, muestra de su fidelidad o lealtad a la pandilla 18 es que el acusado ha impreso en su espalda la identificación de su pandilla con la palabra “dieciocho” y además ha grabado el dibujo de ocho (8) tumbas. Aunado a lo anterior, se ha constatado que sus antecedentes policiales se orientan a los ilícitos que caracterizan el modus operandi de las pandillas. Las reglas de la experiencia nos indican que ninguna persona estando en su sano juicio, se imprimirá los mencionados mensajes y dibujos en su cuerpo si no perteneciera a dicha organización criminal y aunque llegara a hacerlo, no podría este hecho coincidir perfectamente con su accionar delictivo el cual refleja la forma en cómo operan las pandillas, por lo que es evidente, su vinculación directa con dicho grupo criminal. • Su permanencia en dicha organización delictiva se ve reflejada también en que el acusado ha logrado tener la autoridad de hacer cumplir y dar órdenes a otros pandilleros que están bajo su mando, es por ello que se le llama “palabrero”, pues como muy bien lo expone el dictamen y lo señaló el experto, el acusado recibe instrucciones directamente dadas por cabecillas o jefes nacionales que se encuentran en centros penales, para hacerlas cumplir en los territorios bajo su mando; así también se verificó que las detenciones del acusado, como parte de la pandilla 18, datan desde el año 2008 y como reconocido miembro de dicha pandilla se le ha recluido en las bartolinas 17 y 21; donde solamente están los miembros de dicha pandilla. • El acusado Josué Gerardo Cruz Lagos, en su cuerpo tiene gran cantidad de tatuajes alusivos a la pandilla 18, (“hombro derecho: Números 18 y un letrero que se lee: “In memory of myhomies, Litter, locos, SPLS; espalda: dieciocho y el dibujo de 8 tumbas, etc.) tal y como se demostró con el Acta de Registro Corporal, lo cual corrobora las investigaciones que se reflejan en el Dictamen, y confirman la permanente asociación del acusado como miembro activo de la pandilla 18. • El Dictamen está soportado en una serie de investigaciones, registros y vigilancias que se han venido haciendo por años en relación al estudio de maras o pandillas, el acusado es un personaje conocido como miembro activo de dicha pandilla y las investigaciones relacionadas con su persona corroboran su accionar delictivo y su pertenencia a dicha organización criminal. Todos estos elementos constituyen prueba indiciaria suficiente para acreditar la responsabilidad del acusado Josué Gerardo Cruz Lagos como autor responsable del delito de Asociación Ilícita. Sobre los indicios la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de diciembre de 2004.En este mismo orden de ideas, la Jueza Doña María de Jesús Hernández Elvira, de la Comunidad Autónoma de Canarias de España; ha comentado a través de ensayo relacionado a La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal, que desde el punto de vista material es preciso cumplir con requisitos que se refieren tanto a los indicios en si mismos como a la deducción o inferencia, por lo cual se requiere: a) Que estén plenamente acreditados. b) De naturaleza inequívocamente acusatoria. c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa. d) Que sean concomitantes al hecho que se trate de probar. e) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que refuercen entre sí. De igual forma la autora supra referida, señala que la validez y eficacia de la prueba indiciaria es necesaria “porque es un hecho que, en los juicios criminales, no siempre es posible esa prueba directa, por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaria, conduciría en ocasiones a la impunidad de ciertos delitos, y especialmente de los perpetrados con particular astucia, lo. que provocaría una grave indefensión social”[3], por tanto, la prueba indirecta aportada en el caso subjudice, de haber sido valorada de forma conjunta, resultaba suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Por otra parte, la Sala de Lo Penal, mediante fallo de fecha 16 de agosto del 2012 (Casación Penal SP 263-2010), ha señalado que: “... en prueba indiciaria que, el control de la casación debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; “desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos base o indicio acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional de la correcta racionalidad de la inferencia. Desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí, todo a efectos de que la inducción o Inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada...[4]. Posición que es respalda en la Sentencia de Casación Penal 120-08 del 26 de agosto del 2009 al establecer que “… Ciertamente, es válido poder sustentar una sentencia condenatoria con prueba indiciaria es decir, cuando se está ante la ausencia de prueba directa capaz de destruir la presunción de inocencia inherente a todo y toda ciudadano (a) imputado de un ilícito penal, se puede acudir a la prueba por indicios, teniéndose en cuenta que al indicio se llega a través de testimonios, peritajes, inspecciones y otros medios de prueba con los cuales se acredita la realidad del hecho base concreto, permitiendo a la vez realizar una inferencia determinada, siendo la inferencia la depuración de la prueba indiciaria.” De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal referida, vemos que el Juzgador considera que no está probada la participación del acusado por ausencia de prueba directa, lo cual es erróneo, pues sí puede dictarse una condena siempre que se cuente con indicios que reúnan las condiciones antes descritas, tal y como se ha expuesto en el presente motivo. Tal y como lo hemos venido señalando, con la prueba antes descrita, se genera una pluralidad de indicios que fortalecen la tesis acusatoria; quedando descubierta la participación del acusado Josué Gerardo Cruz Lagos como autor en el delito de Asociación Ilícita, conclusión a la que se arriba si se valora la prueba de manera conjunta y armónica, siendo evidente que el juzgador, con el fallo ahora censurado, incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009.En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, pues la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por lo que debió ser también condenado por el delito de Asociación Ilícita; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia y la de veracidad, así como las máximas de la experiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose del recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).[5] Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 388 numeral 6 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del precepto penal sustantivo. *Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación por infracción de ley. Resumen Denuncia la recurrente, que tal como está redactado el cuadro fáctico en los hechos probados, claramente se colige la consumación total del delito de Encubrimiento, pues la acción ejecutada por el acusado al conducirse en la motocicleta de la cual se le despojó al señor Mardoc Castro y aunado a ello el hecho de no portar documentos de la misma, encaja perfectamente en el último párrafo del numeral 6 del artículo 388, pues el acusado aparentemente sin concierto previo con los autores o cómplices del robo de la motocicleta; pero con motivos suficientes para suponer su ilegal procedencia pues no dio razón de la documentación de propiedad de la misma, se aprovechó personalmente del vehículo en mención. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 388 numeral 6 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la configuración de un hecho criminal de Encubrimiento, como se puede colegir de la simple lectura del factum.El recurrente expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, incurrió en el delito de Encubrimiento, establecido en el artículo 388 numeral 6 del Código Penal, y más aún cuando de los hechos declarados como probados claramente se describe este tipo penal. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo La Sala de lo Penal, ha constatado que, conforme a los hechos probados, los cuales fueron transcritos ut supra, los Juzgadores establecieron: 1)En fecha veintiocho de julio del año dos mil doce, a las cuatro con cincuenta minutos de la madrugada. El señor Mardoc Castro Benítez, en una Motocicleta marca Italika, modelo FT-150, año 2012, color azul, con serie LLCPLJ2H5C1104461, de la Colonia Nueva San Juan, hacia el aeropuerto cuando a la altura de la Colonia Campo Dos, ubicada en el Municipio de La Lima, Departamento de Cortés, fue desapoderado de la motocicleta por tres personas. 2) Los hechos denunciados por el recurrente ocurrieron en fecha cuatro de mayo del año dos mil trece, a eso de las siete de la mañana. 3) En la fecha antes indicada el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, se conducía en una motocicleta marca Italika, modelo FT-150, año 2012, color azul, con serie LCPLJ2H5C1104461, quien se pasó un semáforo de la 7 calle, en rojo. 4) La Policía de Tránsito, observando la acción de Josué Cruz, le dieron persecución logrando detenerlo dos cuadras más adelante. 5) La motocicleta en la que se conducía el encausado la deja abandonada para lograr huir del lugar, de la misma no presentó documentación. 6) Portaba un arma que portaba, una pistola calibre 9mm, marca SARSILMAZ, con serie T110207A00200, color gris, cacha de plástico, color negro con dos cargadores, solicitándole los documentos de la motocicleta, al no contar con los mismos fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una correcta interpretación de la misma. Concepto Específico: “Conforme la reforma, los requisitos de este delito serían: “1) Que el autor de Encubrimiento no se haya concertado previamente con los autores o cómplices de un delito.; 2) Pero que tenga motivos suficientes para suponer la comisión de éste; y, 3) Que ejecute cualquiera de los hechos siguientes: 1º. Oculte al delincuente o le facilite la fuga para evitar su juzgamiento; 2. Procure la desaparición de las pruebas del delito; 3. Guarde, esconda, compre, venda o reciba en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito; 4. Niegue a la autoridad, sin motivo justificado, el permiso de penetrar en el domicilio para capturar al delincuente que se encuentre dentro del mismo; 5. Deje de comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, caso por el cual se le impondrá además de la pena de reclusión las de inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena; 6 Auxilie a los autores o cómplices para que se beneficien del productos o precios de los productos provenientes del delito o se aproveche personalmente del producto o precio mencionados. La reforma no se refiere ya al requisito de que estos hechos se ejecuten después de la comisión del delito encubierto, pero debe entenderse siempre que el encubrimiento se produce por hechos ejecutados después de la comisión del delito. Pena: Reclusión de 3 a 5 años (más la inhabilitación especial en el caso del numeral 5. Esta pena debe aumentarse en un tercio cuando la ejecución se ejecuta con ánimo de lucro y en la mitad (cincuenta por ciento) cuando se ejecuta en forma habitual (receptación).”[6] Es criterio de los Juzgadores que, a considerar lo declarado probado, es correcto. Como lo explica el a-quo, la imputación del delito de encubrimiento no logró concretarse ya que la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía robada transportando a los autores materiales del delito a otro lugar; señalando entonces que si dedujera una responsabilidad por el delito de Encubrimiento estaría juzgando doblemente a una misma persona por un mismo accionar. En el presente caso, de acuerdo a lo probado en juicio, el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, es el autor de las acciones consistentes en haber adquirido de manera dolosa bienes muebles de ajena pertenencia, ya que tales acciones ejecutadas por el encartado no pueden tener otra finalidad, por este motivo fue condenado por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, por esta razón, sumados los requisitos subjetivos a los objetivos de cada uno de los tipos penales analizados por el a quo, nos encontramos con la correcta valoración de los hechos del delito de Adquisición de Vehículo Robado, habiéndose probado sin lugar a dudas y de manera certera que el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, adquirió de manera ilícita un vehículo tipo motocicleta y que al momento de las acciones realizadas por parte del acusado, se consumaron los elementos típicos del delito, 1o antes relacionado emana de toda la prueba, presentada a juicio por la fiscalía del Ministerio Público. Recurso de Casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público-Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por la recurrente. *Concepto de la Infracción: Sin desarrollar por el recurrente. *Pretensión: Sin determinar por la recurrente. Resumen. El Censor argumenta que la sentencia que hoy se impugna, contiene un vicio grave en la que incurrió el juzgador la considera como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que cree se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que no se puede vincular al acusado con el hecho criminal de Asociación Ilícita por no existir probanza que acredite fehacientemente este extremo, al afirmar que el análisis realizado por el experto en pandillas constituye una “mera deducción casi empírica, de no ser porque la realizó un Agente de Investigación”; apreciación que afrenta la característica de veracidad que debe conformar el Postulado de Razón Suficiente, pues dicho estudio no está y no puede fundamentarse en aseveraciones meramente empíricas, ya que el mismo es el resultado de toda una investigación realizada por Agentes Encubiertos y personal especializado en tratar con la materia de pandillas o maras, investigaciones que se hacen por años para poder llegar a conclusiones acertadas y veraces; menciona que el mencionado documento es el producto pesquisas realizadas con el fin de determinar el accionar del acusado Josué Gerardo Cruz Lagos dentro de la pandilla 18, no resultó de la imaginación o capricho de los Agentes Vásquez o Fernando Lara al constatar los tatuajes en el cuerpo del acusado; contrario a ello, los tatuajes representativos de la mara 18 en el cuerpo del acusado corroboran las investigaciones en relación a la actividad delictiva del Josué Gerardo Cruz. En este sentido se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. [7] Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa, señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.[8] El autor citado, explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del tipo penal de Asociación Ilícita. Bajo el Título XII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico: La Seguridad Interior del Estado de Honduras; entre los delitos contemplados encontramos el de Asociación Ilícita, contenido en el Decreto Legislativo No. 223-2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,645 en fecha 12 de marzo de 2005 y vigente a partir de su publicación. El delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L 100,000.00) a trescientos mil (L 300,000.00) Lempiras a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior, rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son Jefes o cabecillas, aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo”. El tipo penal de Asociación Ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito de ejecutar los actos delictivos de los que tuviesen oportunidad en un ámbito espacial determinado y por lo tanto dicha agrupación no es de carácter accidental o momentánea. Si bien el tipo penal fue creado por el legislador pensando en las maras o pandillas, por su carácter independiente el mismo puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos. Teniendo ello presente y considerando que el bien jurídico protegido del tipo penal es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. [9] De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: Sujetos Activos: Los participantes en el delito deben ser un mínimo de dos personas; Es importante advertir que no necesariamente una de ellas deberá actuar como Jefe o Cabecilla, pues puede acontecer que todos los participantes estén en un mismo nivel de autoridad, ello especialmente cuando el grupo es de un número mínimo de personas. Por otro lado, el sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer que solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la “membresía”. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entre tanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerará parte de la asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos, aun cuando la participación del sujeto activo solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos. Acto Jurídico: Teniendo como verbo rector el “asociarse” o “actuar concertadamente”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución |de actos delictivos. Implica entonces que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuando no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento durante el tiempo en que el grupo esté conformado como tal. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicamente tutelados por la Constitución de la República y por el Código Penal. Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo se asocie o actúe concertadamente, ello implica que la agrupación no debe ser provisional o accidental, sino que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia y cuyo único rol o como parte de sus roles, sea cometer delitos; este elemento es lo que permite diferenciar la coautoría del delito de Asociación Ilícita Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo de cometer delitos de manera invariable en el tiempo. Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña. Elementos Subjetivos: el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es la de conformar un grupo de personas que se asocian en el tiempo para cometer delitos.[10] El Recurso es de Recibo.Esta Sala de lo Penal, sin prejuzgar en modo alguno sobre el fondo del asunto y por consecuencia sobre la culpabilidad del imputado, observa que, en el presente caso, efectivamente el Juzgador de instancia ha incurrido en inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo. Concretamente el a quo ha incurrido en violación de la regla de la lógica, de derivación, integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues no ha concedido plena credibilidad y virtualidad. El conflicto planteado en el recurso es en relación a la identificación del acusado como persona responsable del delito de asociación ilícita; 1) Declaración del testigo Pedro Gonzales, seguimiento de la policía al encartado cuando se cruzaba el semáforo, donde señala que el encausado intentó utilizar un arma de fuego contra la policía más sin embargo la misma se le cayó. 2) La detención por el agente de policía Pedro Gonzales, del encausado cuando se pasó el semáforo en rojo de la siete calle, no contando con los documentos de la motocicleta en que se conducía y el arma que portaba. 2) Acta de registro corporal describiendo que en fecha 14 de mayo del 2013, el agente Paulo Fernando Lara, realizó un registro al imputado donde consignó observar en el cuerpo de este: en dedos de la mano izquierda el nombre ¨BEST¨, en la parte interna de la misma mano la palabra ¨SNOOPY¨ en el hombro tiene un dibujo de una calavera y una telaraña, en el pecho tiene un Joker, con las letras ¨ROSA¨ en el cuello tiene un rosario, en el hombro derecho tiene un número ¨18¨y un letrero que dice: In Memory Of My Homies¨ Litter, locos, S.P.L.S. en la parte del muslo Rip Oreja, y en la espalda tiene un letrero con el nombre ¨DIECIOCHO¨ ocho tumbas y en el pie derecho tiene el nombre de ¨KIMBERLY.¨ 3) Análisis técnico ratificado por el agente de investigación Carlos Reiniery Vásquez, quien es agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el cual ratificó y llegó a las siguientes conclusiones:” Que el señor Josué Gerardo Cruz Lagos, alias "LIRU SAYCO" o "EL DEMENTE es considerado "PALABRERO" de la pandilla "18", que dicho seudónimo (palabrero) significa que lleva la palabra a determinado lugar o sector y tiene la autoridad de hacer cumplir y dar órdenes a otros pandilleros, que están bajo su mando, estas órdenes son dadas por cabecillas o jefes nacionales que se encuentran en centro penales. Los tipos de delitos que presenta en sus antecedentes policiales son, Homicidio, Tráfico Ilícito de Droga, Asociación lícita, Adquisición de vehículo robado, Encubrimiento y Posesión Ilegal de Arma, los cuales son característicos del modus operandis de las pandillas. Sus detenciones tienen inicio desde el año 2008, lo que hace méritos de ser palabrero o que comanda en alguna colonia, ya que ha mostrado fidelidad y respeto a la pandilla en la comisión de delitos, que es cabecilla por que puede controlar una clica o determinado sector, los tatuajes que presenta en su cuerpo solamente son utilizados por cabecillas de la Pandilla "18", que durante ha estado privado de su 1ibertad se ha encontrado recluido en las bartolinas de la pandilla "18" antes en la lo acreditara como legítimo dueño del vehículo en el cual se transportaba, adquiriéndolo de manera Ilícita, logrando ubicarlo con dicho testimonio en el lugar, tiempo y espacio, donde acontecieron los reprochables hechos. Por lo que con tales medios probatorios de cargo dam08 por demostrados y acreditados los hechos declarados como probado8, siendo que no fueron controvertidos por prueba de la defensa”. 4) el decomiso de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca SARSILMAZ, serie Ti102-07A00200, color gris, cacha de plástico color negro, con un cargador marca SARSILMAZ, color gris, conteniendo en su interior 15 proyectiles sin percutir, la cual según constancia del registro balístico se encontraba registrada a nombre de otra persona. 5) el decomiso de una motocicleta con denuncia de robo. Aprecia esta Sala, que el a quo no ha logrado vincular en forma conjunta y armoniosa la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio. Por todo lo expuesto, esta Sala de lo Penal, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y por ende sobre la responsabilidad penal del acusado, aprecia el motivo de casación invocado por el recurrente. Decisión No Ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. Ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos59, 78, 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; 8.2, 11.1, 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.a de La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 17, 32, 69, 332 del Código Penal. Falla: Primero: Declara NO Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Maricela Tejeda López, en su condición de Fiscal del Ministerio Público- Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Maricela Tejeda López, en su condición de Fiscal del Ministerio Público- tercero: Anula parcialmente la sentencia de fecha dieciocho de junio del dos mil quince, (F.320 al 328 ) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, así como parcialmente la audiencia de juicio que le origina, quedando incólume los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia. Y Manda: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del señor Josué Gerardo Cruz Lagos, en el cual deberán de participar Jueces/zas distintos/as a aquellos/as que concurrió a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince. -Segundo. - Que la secretaria del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-385-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. D-E. p 450. Editorial Heliasta. Bs As. Argentina, 1994.
[2] Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo 1. A-B. p 521. Editorial Heliasta. Bs As Argentina, 1994.
[3] http;//icalanzarote.com/docus/artículo/prueba_indiciaria.pdf
[4] Sentencia de fecha 8 de febrero del año 2010 dictada en el recurso de casación No. 399-08
[5] Ver Sentencia de fecha 18 de septiembre 2018, S.P. 58-2015
[6] Código Penal Comentado. René Suazo Lagos. - 4ta Edición Corregida, actualizada y ampliada. 2007. Página 222.
[7]Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09.
[8]Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156,157. Ver SP.177-2008, 16 nov.2009.
[9]
Sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el exp 291-04, sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006, sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el exp 058-2006, sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en exp 079-2006.
[10] Ver Sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005, en el Exp 291-2004, Sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006, Sentencia de fecha 10 días del mes de enero del 2013, en el Exp 449-2011, R.A. 0902-2016-01029.