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Sentencia CP-378-16 — Registro 12284

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de Extorsión Continuada, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega la vulneración del Derecho de Defensa y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio del acusado señor C. A. A. R., por considerar que el tribunal de juicio condena al señor C. A. A. R., por el delito de Extorsión continuada, basado en la declaración del testigo protegido H-90, o sea por un testigo con reserva de identidad, a pesar de que el principio del contradictorio contiene el derecho del acusado a examinar a los testigos que declaran en su contra, en igualdad de condiciones. Se ha violentado el derecho de defensa y el debido proceso del acusado al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 a juicio oral por la fuerza como lo manda la ley, dado que en su momento fue citado y el testigo se negó a recibir la citación por parte del receptor del tribunal, omitiendo el tribunal el procedimiento establecido en la ley que era ordenar a la Policía traerlo por la fuerza al juicio oral, sino que el tribunal en forma indebida volvió a citarlo por medio del receptor manifestando éste que ya no se encontraba en dicho lugar, procediendo a incorporar mediante lectura la declaración rendida en audiencia inicial, declaración con que el tribunal basó su fallo condenatorio, sin haber prueba en el proceso que justificara el uso de testigo protegido o de identidad reservada, por la existencia de un peligro real. Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. No obstante, lo anterior, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, nuestra legislación permite -por excepción a los principios de inmediación y oralidad- la incorporación por medio de lectura a juicio, de testimonios, que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. En el presente caso, el juez de garantías de la etapa preparatoria del juicio a petición del fiscal ordena tomar declaración como prueba anticipada al ofendido identificado como testigo protegido Clave H 90, como medida de protección establecida en los artículos 237 y 237-A del Código Procesal Penal, fundado en el temor de que su evacuación no se lleve a cabo en el debate por el peligro de ser expuesto el denunciante a presiones mediante violencia por el tipo y magnitud del delito de Extorsión Continuada. (ver folios 34 al 36 vuelto del proceso). Consta asimismo en el proceso, que el testigo protegido clave H90, fue citado en legal y debida forma por medio del señor receptor del despacho para rendir declaración como testigo en la audiencia de juicio oral y público, a la que no comparece, por lo que el tribunal ordena al receptor que practique un segundo citatorio el que no es debidamente cumplimentado debido a que el testigo protegido H90, por no haber sido localizado en el lugar de su residencia. Es por el ello que el tribunal a petición de la Fiscalía, accede a la incorporación mediante lectura de la declaración rendida en la audiencia de prueba anticipada rendida por el testigo protegido H90, en virtud de haber sido rendida ante juez competente, conforme al procedimiento de prueba anticipada. Esta Sala observa que en juicio también obran las declaraciones del testigo F. M. P. C., Agente de Investigación de la Fuerza Nacional Anti Extorsión y del señor M. A. P. C., que en sus declaraciones son contestes al vincular al acusado señor C. A. A. R., en los hechos por los que se le juzga. Por lo anterior, esta Sala concluye que al haber incorporado por medio de lectura y valorado la declaración rendida mediante prueba anticipada la declaración rendida por el testigo protegido H-90, con reserva de identidad, no se ha violentado los derechos fundamentales del derecho a la defensa, ni del debido proceso establecidos a favor del acusado C. A. A. R. por tratarse el testigo protegido H90 de una víctima del delito de Extorsión continuada, que supone encontrarse en inminente situación de riesgo o peligro para su vida y la vida de los miembros de su familia, y por haber sido imposible reproducir la declaración del Testigo Protegido H90 en el acto del juicio oral y público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-378-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor C. A. A., como autor del delito de Extorsión Continuada en perjuicio del Testigo Protegido H-90, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales; Segundo: Condenó al señor D. A. R., como autor del delito de Extorsión Continuada en perjuicio del Testigo Protegido H-90, a la pena de veinticinco años de reclusión, más la multa de 83.33 salarios mínimos mensuales; Tercero: Condenó a los señores C. A. A. y D. A. R., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los señores C. A. A. y D. A. R.; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes: Los Abogados J. R. I. S. y A. A. G. A., en su condición de defensores públicos del señor C. A. A. R.; y los Abogados A. A. G. A. y A. R. P. P., en su condición de defensores públicos del señor J. D. A. R., como partes recurrentes; y el Abogado S. C. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “ÚNICO: En una fecha no determinada del mes de noviembre de dos mil trece, el testigo protegido H-90, se encontraba en su negocio, ubicado en la colonia Municipal de La Lima, departamento de Cortés, cuando llegaron los hermanos C. A. A. Y J. D. A. R., identificándose como miembros de la organización denominada “Santa Muerte”, exigiéndole la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS (L500.00) semanales, los que debía entregar en concepto de “impuesto de guerra”, advirtiéndole que de no cumplir lo demandado, le causarían la muerte a él y a su familia; frente a lo cual, el testigo protegido H-90, les adujo, que no tenía capacidad económica para darles esa suma de dinero, por lo que finalmente acordaron que les entregaría la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00) cada semana, lo cual cumplió desde el mes de noviembre de dos mil trece hasta enero de dos mil catorce y de enero a abril de ese mismo año, 2014, lo obligaron a entregar TRECIENTOS LEMPIRAS (L.300.00) semanales. Todas, esas sumas de dinero fueron recogidas personalmente y de forma alterna, por los señores C. A. A. Y J. D. A. R..” RECURSO DE CASACIÓN El Recurrente Abogado C. F. H., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82 de la Constitución de la República que establece: “Que el derecho de defensa es inviolable, asimismo dispone, que la justicia se imparte gratuitamente en Nombre del Estado y que la ley dispondrá lo necesario a fin de asegurar el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, proveyendo los medios eficaces para atender a sus necesidades funcionales y administrativas”. Artículo 90 de la Constitución de la República.

  • Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Artículo 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. - “Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”. Artículo 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - “a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. PRIMERO: Artículos éstos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, es decir haberse violentado el derecho de defensa y el debido proceso en perjuicio de mi representado C. A. A. R., por parte del Tribunal Sentenciador, al haberlo condenado basado en la declaración del testigo protegido H-90, es decir testigo con reserva de identidad, dentro de un argumento más amplio referido al “acceso a una defensa efectiva”, siendo que el principio de contradictorio implica el derecho del inculpado a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en igualdad de condiciones.- Por otra parte al haberse violentado el debido proceso en contra de mi representado al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 al juicio oral por la fuerza como lo manda la ley en el momento oportuno que fue citado y éste o sea el testigo se negó a recibir la citación por parte del receptor del tribunal, omitiendo el tribunal el procedimiento establecido en la ley que era ordenar a la fuerza de Seguridad Pública traerlo por la fuerza al juicio oral, a lo que el tribunal indebidamente volvió a citarlo por medio del receptor manifestando que ya no se encontraba en dicho lugar, procediendo para tal efecto a incorporar mediante lectura dicha declaración rendida en audiencia Inicial, razón por la cual esta Defensa Pública interpuso recurso de reposición declarándose sin lugar el mismo por parte del Tribunal, dejando de esta forma a la defensa en el juicio oral en una situación de claro desequilibrio procesal, agravándose por el uso de testigo que declaró con reserva de identidad y haber declarado en su contra donde el tribunal como se dijo antes basó su fallo condenatorio tomando como base la misma. Por otra parte, sumado a lo anterior “no hubo prueba en el expediente” con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada sea debidamente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa. - Ni la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigos, tampoco la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. - El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la “garantía mínima” del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradicción e igualdad procesal.- Ya la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado, que entre las garantías

reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. Señalamos como antecedentes de violación al derecho de defensa los dictados por el tribunal Especial de Derechos Humanos casos como ser: (cfr TEDH, caso Kostovski Vs. Países Bajos, No. 11454/85, Sentencia de 20 de noviembre de 1989, Párr. 42); (cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Fondo, reparaciones y Costas, párr. 154, y caso J. Vs. Perú, Párr. 208). SEGUNDO: Siendo así en este proceso penal en concreto no se adoptaron las medidas de reserva de Identidad de testigos sujetos a control Judicial fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad tomándose en cuenta que se trata de una medida excepcional y verificándose la existencia de una situación de riesgo para el testigo. Por lo que al efectuarse el análisis se deduce que no hubo incidencia para aplicar dicha medida violentándose de esta forma el derecho de defensa del acusado.- Aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena de marras no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en una declaración realizada por un testigo de identidad reservada (Testigo Protegido clave H-90).- De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionalmente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento del derecho de defensa.- Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en la que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las Reglas de la Sana crítica. Por último, la declaración de este testigo protegido H-90 estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada, pues si bien se hizo referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras declaraciones de cargo solo tenían un conocimiento indiciario quedando huérfanos. TERCERO: Consideramos que, si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene, como el derecho de defensa. - No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “fin justifique los medios” de manera que se pueda recurrir aún a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia.- Partimos del hecho que un testimonio es una prueba lícita; una confesión es una prueba lícita; pero si aquél o ésta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación al derecho de defensa o al debido proceso, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia.- En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba.- El hacerlo así sería pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una “paradoja jurídica” por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna y a las Convenciones Sobre Derechos Humanos de los cuales Honduras es signatario. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquél destino son las garantías. Por consiguiente, haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por EXTORSIÓN CONTINUADA a mi representado C. A. A. R., esto es una flagrante violación tanto al derecho de defensa del imputado como el debido proceso; lo cual solo puede ser subsanado a través de la admisión del presente recurso de casación.” La recurrente Abogada O. F., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14. 2 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 82. “El Derecho de Defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece……”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 8.2 f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Derecho a la Defensa a interrogar los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, y Artículo 14.3 e) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.” SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de mi representado J. D. A. R., por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO H-90, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, ya que su declaración fue incorporada mediante lectura, ambas declaraciones (Prueba anticipada y audiencia inicial) afectando con ello el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso que le asisten al imputado por mandato Constitucional, porque el ente acusador no ha entendido que la imposición de restricción a los Abogados Defensores de los imputados vulnera el derecho de Defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas en el proceso. TERCERO: Al analizar el contenido del fáctum de la sentencia se observa que se evacuó como prueba de cargo el testimonio del Testigo Protegido H-90 incorporado mediante lectura, con lo que el Tribunal declaró terminantemente probado que el imputado J.. D. A. R., es el responsable del supuesto Delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, esta defensa no comparte este criterio pues la Corte Interamericana de Derecho Humanos, ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos, afectando además el principio de contradicción, derecho del inculpado a examinar a los testigos que declaren en su contra y a su favor, en igualdad de condiciones. CUARTO: En ese orden de ideas al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 al juicio oral y público, se violentó el debido proceso en contra de mi representado, en vista de que en su momento se tenía localizado al mencionado testigo , quien el receptor del Tribunal concurrió al domicilio de éste y se entrevistó y tuvo acercamiento con ellos por ello no se desconoce su domicilio , por ello se debía proceder y traerlos a la audiencia mediante la fuerza, tal y como lo establece el artículo 234, 327 y 329 de nuestra norma procesal, esto en vista que se pueden estar ocultando para no comparecer y no estando conforme por nuestra parte se interpuso recurso de reposición, declarándole sin lugar por parte del Tribunal, resultando con esta actuación a la violación al derecho de defensa y al debido proceso, específicamente a su derecho a interrogar los testigos presentes en el Tribunal bajo el artículo 8.2 f., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Además, no hubo otra prueba por parte del ente acusador que probara o justificara el uso del testigo protegido o de identidad reservada, ya que ésta debe ser debidamente justificada y contrabalanceada para proteger el derecho de defensa, ni la existencia de un peligro real. Ya que las declaraciones de esta clase de testigos deben ser valorados con extrema precaución. QUINTO: El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, consagra la garantía mínima del derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusadas está la de examinar los testigos en su contra, y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de identidad del testigo (testigo protegido) limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa a realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. SEXTO: En conclusión de lo anterior la incorporación de la declaración del testigo protegido H-90, al debate y posterior valoración, sin que la defensa pudiera hacer uso adecuado de los principios de inmediación y contradicción, y al fundar el A-quo su fallo condenatorio en dicha declaración, se transgredieron las formalidades procesales que garantiza el debido proceso , al haber sido incorporada sin cumplir con los requisitos relacionados con la ley procesal vigente infringiéndose el precepto constitucional del debido proceso y el Derecho de Defensa. En consecuencia, de lo anteriormente relacionado se solicita se declara ha lugar el presente Recurso, absolviendo de toda responsabilidad penal al imputado J. D. A. R.. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Pretendemos con la Presentación de este Recurso de Casación que se anule el fallo condenatorio por Extorsión Continuada, en contra de nuestro representado J. D. A. R., en virtud de haberse basado el fallo en la declaración en grado decisivo del Testigo Protegido clave H-90, no permitiendo hacerse una defensa efectiva y por ende violentándose normas constitucionales, así como instrumentos internacionales de los cuales Honduras es parte. En este sentido se pide que se interprete que ese fallo debió haber sido absolutorio y no condenatorio como erróneamente lo hizo el Tribunal Sentenciador, en consecuencia, ser declarado nulo por haber basado el mismo en prueba espuria, debiendo corregirse dicho error por este alto Tribunal.” Fundamentación Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado C. F. H., en su condición de defensor público del acusado C. A. A. R., fundado en la infracción del contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Casación por Infracción de Precepto Constitucional por infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al haberlo condenado a C. A. A. R., por el delito de Extorsión continuada, basado en la declaración del testigo protegido H-90, testigo con reserva de identidad, a pesar de que el principio de contradictorio implica el derecho del acusado a examinar a los testigos que declaran en su contra, en igualdad de condiciones. Se ha violentado el debido proceso al acusado al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 a juicio oral por la fuerza como lo manda la ley, dado que en su momento fue citado y el testigo se negó a recibir la citación por parte del receptor del tribunal, omitiendo el tribunal el procedimiento establecido en la ley que era ordenar a la Policía traerlo por la fuerza al juicio oral, sino que el tribunal en forma indebida volvió a citarlo por medio del receptor manifestando éste que ya no se encontraba en dicho lugar, procediendo a incorporar mediante lectura la declaración rendida en audiencia inicial, por lo que la Defensa Pública interpuso recurso de reposición el que fue declarado sin lugar, dejando a la defensa en juicio oral en clara situación de desequilibrio procesal, agravada por el uso la reserva de identidad del testigo y por declarar en contra del acusado, declaración con que el tribunal basó su fallo condenatorio, sin haber prueba en el proceso que justificara el uso de testigo protegido o de identidad reservada, por la existencia de un peligro real. El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la “garantía mínima” del derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradicción e igualdad procesal. La condena de marras no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en una declaración realizada por un testigo de identidad reservada (Testigo Protegido clave H-90), pues si bien se hizo referencia a otras declaraciones de cargo, estas solo tenían un conocimiento indiciario, quedando el juicio huérfano de prueba para condenar. Concepto general del recurso El Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece en el artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabrá alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico del Recurso La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, el cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub-principios de contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el Principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria: nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 establece el derecho del acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. Incorporación de prueba por lectura La lectura del articulo 311 CPP permite designar dos casos y finalidades diferentes de autorización de la lectura de material procedente de la etapa preparatoria. a) Lectura con finalidad integradora. a.1) Lectura de material que ha de servir de base a un testimonio o pericia propuestos para ser practicadas durante el debate en juicio oral. Tal es el caso del Articulo 311.1.4), alusivo a las <<… actas que documenten Inspecciones, reconocimientos, registros, allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de los dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible…>>; y del Articulo 311.1.5) referente a los <<… informes periciales realizados durante la etapa Preparatoria, a efectos de ratificación en el acto del juicio…

. Una necropsia, una comprobación alcoholimétrica, un registro domiciliario o una interceptación y registro de una comunicación telefónica son, en sí mismos. Actos irreproducibles. Sin embargo, si pueden ser citados a fin de que comparezcan en juicio los expertos que llevaron a cabo esas investigaciones o los funcionarios policiales que efectuaron el registro, a fin de que manifiesten como se practicaron y cuáles fueron sus resultados, y puedan ser sometidos a examen contradictorio (la << cross examination>> del Derecho Procesal penal angloamericano por todas las partes procesales, de modo que el órgano sentenciador pueda valorar su credibilidad y fiabilidad bases el juicio de persuasivilidad”. a.2) Lectura de material que ha de servir para formar la convicción del órgano sentenciador. El Articulo 311.1.2) CPPP permite la lectura de los <<… testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral… >> Las consideraciones expuestas con anterioridad sobre el juicio de imposibilidad extraordinaria dificultad de reproducción de la prueba testifical o pericial en el acto del juicio oral. En todo caso, únicamente debería abrirse esta vía al material obtenido en fase o etapa preparatoria observando la garantía de oportunidad de asistencia contradictoria por ambas partes. El valor probatorio potencial de esta materia es, en principio, el mismo que el del conseguido en el acto del juicio oral. Puede servir de fundamento para contrarrestar otras pruebas y, además, para fundar positivamente un fallo condenatorio, enervando la afirmación interina de inocencia. Las partes podrían criticar, al defender sus respectivas conclusiones definitivas En la difusión final, la fuerza persuasiva de los testimonios o pericias incorporadas por esta vía como material probatorio utilizable para formar el convencimiento del Tribunal sentenciador. Obviamente, no será el mismo si su documentación comprende la trascripción literal e integras de las preguntas y respuestas, que si se han resumido por quien redacto el acta documentadora. En todo caso, siempre se habrá perdido (salvo registro audiovisual) la parte del mensaje comunicativo propio del lenguaje oral y del lenguaje no verbal o gestual. Por todo ello, la utilización de este material ha de hacerse con suma cautela y razonarse cumplidamente en la sentencia de su admisión o descarte a efectos Probatorios”.[2] De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega la vulneración del Derecho de Defensa y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio del acusado señor C. A. A. R., por considerar que el tribunal de juicio condena al señor C. A. A. R., por el delito de Extorsión continuada, basado en la declaración del testigo protegido H-90, o sea por un testigo con reserva de identidad, a pesar de que el principio del contradictorio contiene el derecho del acusado a examinar a los testigos que declaran en su contra, en igualdad de condiciones. Se ha violentado el derecho de defensa y el debido proceso del acusado al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 a juicio oral por la fuerza como lo manda la ley, dado que en su momento fue citado y el testigo se negó a recibir la citación por parte del receptor del tribunal, omitiendo el tribunal el procedimiento establecido en la ley que era ordenar a la Policía traerlo por la fuerza al juicio oral, sino que el tribunal en forma indebida volvió a citarlo por medio del receptor manifestando éste que ya no se encontraba en dicho lugar, procediendo a incorporar mediante lectura la declaración rendida en audiencia inicial, declaración con que el tribunal basó su fallo condenatorio, sin haber prueba en el proceso que justificara el uso de testigo protegido o de identidad reservada, por la existencia de un peligro real. Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. No obstante, lo anterior, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, nuestra legislación permite -por excepción a los principios de inmediación y oralidad- la incorporación por medio de lectura a juicio, de testimonios, que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. En el presente caso, el juez de garantías de la etapa preparatoria del juicio a petición del fiscal ordena tomar declaración como prueba anticipada al ofendido identificado como testigo protegido Clave H 90, como medida de protección establecida en los artículos 237 y 237-A del Código Procesal Penal, fundado en el temor de que su evacuación no se lleve a cabo en el debate por el peligro de ser expuesto el denunciante a presiones mediante violencia por el tipo y magnitud del delito de Extorsión Continuada. (ver folios 34 al 36 vuelto del proceso). Consta asimismo en el proceso, que el testigo protegido clave H90, fue citado en legal y debida forma por medio del señor receptor del despacho para rendir declaración como testigo en la audiencia de juicio oral y público, a la que no comparece, por lo que el tribunal ordena al receptor que practique un segundo citatorio el que no es debidamente cumplimentado debido a que el testigo protegido H90, por no haber sido localizado en el lugar de su residencia. Es por el ello que el tribunal a petición de la Fiscalía, accede a la incorporación mediante lectura de la declaración rendida en la audiencia de prueba anticipada rendida por el testigo protegido H90, en virtud de haber sido rendida ante juez competente, conforme al procedimiento de prueba anticipada. Esta Sala observa que en juicio también obran las declaraciones del testigo F. M. P. C., Agente de Investigación de la Fuerza Nacional Anti Extorsión y del señor M. A. P. C., que en sus declaraciones son contestes al vincular al acusado señor C. A. A. R., en los hechos por los que se le juzga. Por lo anterior, esta Sala concluye que al haber incorporado por medio de lectura y valorado la declaración rendida mediante prueba anticipada la declaración rendida por el testigo protegido H-90, con reserva de identidad, no se ha violentado los derechos fundamentales del derecho a la defensa, ni del debido proceso establecidos a favor del acusado C. A. A. R. por tratarse el testigo protegido H90 de una víctima del delito de Extorsión continuada, que supone encontrarse en inminente situación de riesgo o peligro para su vida y la vida de los miembros de su familia, y por haber sido imposible reproducir la declaración del Testigo Protegido H90 en el acto del juicio oral y público. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada O. F., en su condición de defensora pública del señor J. D. A. R., fundado en la infracción del contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, y se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Casación por Infracción de Precepto Constitucional por infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 8.2 f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al haber condenado a J. D. A. R., por el delito de Extorsión continuada, basado en la declaración del testigo protegido H-90, incorporado mediante lectura, a pesar de que el principio del contradictorio implica el derecho del acusado a examinar a los testigos que declaran en su contra, en igualdad de condiciones. Se ha violentado el debido proceso al acusado debido a que a pesar de tener localizado en su domicilio el Receptor del tribunal al testigo protegido H-90 para que compareciera a rendir declaración en juicio oral y público, ante su negativa a comparecer no procedió a traer al testigo por la fuerza como lo manda la ley, dejando a la defensa en juicio oral en clara situación de desequilibrio procesal, agravada por el uso la reserva de identidad del testigo y por declarar en su contra del acusado, declaración con que el tribunal basó su fallo condenatorio, sin haber prueba en el proceso que justificara el uso de testigo protegido o de identidad reservada, por la existencia de un peligro real. Considera que la incorporación por lectura de la declaración del Testigo Protegido H90 sin que la defensa pudiera hacer adecuado uso de los principios de inmediación y contradicción trasgrede el debido proceso y el derecho de defensa. Concepto general del Recurso El Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabrá alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[3] Concepto especifico del Recurso La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, en cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub-principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el Derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un Juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un Juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del Juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. “Incorporación De Prueba Por Lectura La lectura del articulo 311 CPP permite designar dos casos y finalidades diferentes de autorización de la lectura de material procedente de la etapa preparatoria. a) Lectura con finalidad integradora. a.1) Lectura de material que ha de servir de base a un testimonio o pericia propuestos para ser practicadas durante el debate en juicio oral. Tal es el caso del Articulo 311.1.4), alusivo a las <<… actas que documenten Inspecciones, reconocimientos, registros, allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de los dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible…>>; y del Articulo 311.1.5) referente a los <<… informes periciales realizados durante la etapa Preparatoria, a efectos de ratificación en el acto del juicio… >>. Una necropsia, una comprobación alcoholimetrica, un registro domiciliario o una interceptación y registro de una comunicación telefónica son, en sí mismos. Actos irreproducibles. Sin embargo, si pueden ser citados a fin que comparezcan en juicio los expertos que llevaron a cabo esas investigaciones o los funcionarios policiales que efectuaron el registro, a fin de que manifiesten como se practicaron y cuáles fueron sus resultados, y puedan ser sometidos a examen contradictorio (la << cross examination>> del Derecho procesal penal angloamericano por todas las partes procesales, de modo que el órgano sentenciador pueda valorar su credibilidad y fiabilidad bases el juicio de persuasivilidad”. a.2) Lectura de material que ha de servir para formar la convicción del órgano sentenciador. El Articulo 311.1.2) CPPP permite la lectura de los <<…testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral… >> Las consideraciones expuestas con anterioridad sobre el juicio de imposibilidad extraordinaria dificultad de reproducción de la prueba testifical o pericial en el Acto del juicio oral. En todo caso, únicamente debería abrirse esta vía al material obtenido en fase o etapa preparatoria observando la garantía de oportunidad de asistencia contradictoria por ambas partes. El valor probatorio potencial de esta materia es, en principio, el mismo que el del conseguido en el acto del juicio oral. Puede servir de fundamento para contrarrestar otras pruebas y, además, para fundar positivamente un fallo condenatorio, enervando la afirmación interina de inocencia. Las partes podrían criticar, al defender sus respectivas conclusiones definitivas En la difusión final, la fuerza persuasiva de los testimonios o pericias incorporadas por esta vía como material probatorio utilizable para formar el convencimiento del Tribunal sentenciador. Obviamente, no será el mismo si su documentación comprende la trascripción literal e integras de las preguntas y respuestas, que si se han resumido por quien redacto el acta documentadora. En todo caso, siempre se habrá perdido (salvo registro audiovisual) la parte del mensaje comunicativo propio del lenguaje oral y del lenguaje no verbal o gestual. Por todo ello, la utilización de este material ha de hacerse con suma cautela y razonarse cumplidamente en la sentencia de su admisión o descarte a efectos Probatorios”.[4] De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega la vulneración del Derecho de Defensa y al Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8.2 f) de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio del acusado señor J. D. A. R., por considerar que el tribunal de juicio lo condena por el delito de Extorsión continuada, basado en la declaración del testigo protegido H-90, o sea por un testigo con reserva de identidad, a pesar de que el principio de contradictorio contiene el derecho del acusado a examinar a los testigos que declaran en su contra, en igualdad de condiciones. Se ha violentado el derecho de defensa y el debido proceso del acusado al no haber hecho comparecer al testigo protegido H-90 a juicio oral por la fuerza como lo manda la ley, dado que en su momento fue citado y el testigo se negó a recibir la citación por parte del receptor del tribunal, omitiendo el tribunal el procedimiento establecido en la ley que era ordenar a la Policía traerlo por la fuerza al juicio oral, sino que el tribunal en forma indebida volvió a citarlo por medio del receptor manifestando este que ya no se encontraba en dicho lugar, procediendo a incorporar mediante lectura la declaración rendida en audiencia inicial, declaración con que el tribunal basó su fallo condenatorio, sin haber prueba en el proceso que justificara el uso de testigo protegido o de identidad reservada, por la existencia de un peligro real. Esta Sala considera que un proceso que se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo este como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. No obstante, lo anterior, en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, nuestra legislación permite por excepción a los principios de inmediación y oralidad, la incorporación por medio de lectura a juicio, de testimonios, que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. En el presente caso, el juez de garantías de la etapa preparatoria del juicio a petición del fiscal ordena tomar declaración como prueba anticipada al ofendido identificado como testigo protegido Clave H 90, como medida de protección establecida en los artículos 237 y 237-A del Código Procesal Penal, fundado en el temor de que su evacuación no se lleve a cabo en el debate por el peligro de ser expuesto el denunciante a presiones mediante violencia por el tipo y magnitud del delito de Extorsión Continuada. (ver folios 34 al 36 vuelto del proceso). Consta asimismo en el proceso, que el testigo protegido clave H90, fue citado en legal y debida forma por medio del señor receptor del despacho para rendir declaración como testigo en la audiencia de juicio oral y público, a la que no comparece, por lo que el tribunal ordena al receptor practique un segundo citatorio el que no es debidamente cumplimentado debido a que el testigo protegido H90, por no haber sido localizados en el lugar de su residencia. Es por el ello que el tribunal a petición de la Fiscalía, accede a la incorporación mediante lectura de la declaración rendida en la audiencia de prueba anticipada rendida por el testigo protegido H90, en virtud de haber sido rendida ante juez competente, conforme al procedimiento de prueba anticipada. Esta Sala observa que en juicio también obran las declaraciones del testigo F. M. P. C., Agente de Investigación de la Fuerza Nacional Anti Extorsión y del señor M. A. P. C., que en sus declaraciones son contestes al vincular al acusado señor J. D. A. R., en los hechos por los que se le juzga. Por lo anterior, esta Sala concluye que al haber incorporado por medio de lectura y valorado la declaración rendida mediante prueba anticipada la declaración rendida por el testigo protegido H-90, con reserva de identidad, no se ha violentado los derechos fundamentales del derecho a la defensa, ni del debido proceso establecidos a favor del acusado J. D. A. R. por tratarse el testigo protegido H90 de una víctima del delito de Extorsión continuada, que supone encontrarse en inminente situación de riesgo o peligro para su vida y la vida de los miembros de su familia, y por haber sido imposible reproducir la declaración del Testigo Protegido H90 en el acto del juicio oral y público. DECISIÓN: la Sala declara: 1) No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por el Abogado C. F. H., en su condición de defensor público del acusado C. A. A. R.; y 2) No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por la Abogada O. F., en su condición de defensora pública del señor J. D. A. R.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado C. F. H., en su condición de defensor público del acusado C. A. A. R.; y declara No Ha Lugar el motivo único de casación por infracción de precepto constitucional, invocado por la Abogada O. F., en su condición de defensora pública del señor J. D. A. R., en la causa que le fue instruida, a los señores C. A. A. R. y J. D. A. R. a quienes se le condenó por delito de Extorsión Continuada en perjuicio del Testigo Protegido H-90; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-378-2016. FIRMA Y SELLO.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.

[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[2] Manual de Derecho Procesal Penal. Jesús Fernández Entralgo. Agencia Española de Cooperación Internacional. Páginas 422 y 423.

[3] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.

[4] Manual de Derecho Procesal Penal. Jesús Fernández Entralgo. Agencia Española de Cooperación Internacional. Páginas 422 y 423.