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Sentencia CP-377-16 — Registro 12283

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera instancia que lo condena por el delito de homicidio simple

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Analiza esta Sala de lo Penal los planteamientos del recurrente, así como el cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y en efecto no encuentra en el desarrollo de los mismos, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, es decir cuales fueron las acciones que realizó el acusado para quitarle la vida al ofendido K. S. R.. Los hechos probados relatan que el 08 de julio de 2013, a las 11:30 de la noche, el señor K. S. R. se encontraba sentado en una piedra frente a una iglesia, ubicada en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, cuando se estacionó frente a él una camioneta marca Ford, color crema conducido por el señor Á. E. A. R., del cual se bajaron dos personas desconocidas de sexo masculino, quienes lo golpearon y lo ataron con sus manos hacia atrás y lo introdujeron al interior del vehículo, retirándose del lugar con rumbo desconocido. Al día siguiente en horas de la mañana fue encontrado sin vida el señor K. S. R. en el lugar conocido como bordos de Llanos de Sula 2, presentando varias heridas por arma de fuego, una de las cuales le produjo laceración cerebral que le causó la muerte. Esta Sala de lo Penal, al revisar los hechos probados, no encuentra cuales fueron las acciones realizadas por el acusado o algún otro implicado, para quitarle la vida al ahora occiso S. R.; queda claro en los hechos, que dos sujetos desconocidos se bajaron del vehículo que manejaba el imputado Á. E. A. R., golpearon al acusado y se lo llevaron con rumbo desconocido, pero el sentenciador ha omitido relatar las acciones realizadas por el acusado u otras personas, que hayan provocado su muerte, tampoco establece el Juez A-quo en los hechos, si el acusado y las otras personas desconocidas, actuaban bajo un plan preconcebido en el cual, de las acciones cometidas por uno, también serían responsables los otros, conforme la teoría del dominio del hecho; pero al hacer omisión el sentenciador sobre la relación de las personas desconocidas con el acusado, no es posible tampoco hacer ese tipo de razonamientos. Al no conformarse en el cuadro fáctico el verbo rector “matar”, ni tampoco el ánimo o la intencionalidad del acusado, no encontramos armonía entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el juzgador, es decir el artículo 116 del Código Penal, que claramente establece los elementos que deben suscitarse para acreditarse la comisión de un homicidio; ante esa falencia, lo procedente es dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues no hay forma de encuadrar los hechos a ninguna norma penal; razones suficientes para declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 377-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Á. E. A. R., como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor K. S. R., a la pena de quince (15) años de reclusión, más las pena accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor Á. E. A. R.. Tercero: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procede declarar el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, el Abogado M. A. V., en su condición de defensor público del imputado. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado A. A. G., en su condición de defensor público del señor Á. E. A. R., como parte recurrente, el Abogado S. C. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. Hechos Probados “PRIMERO: El 08 de julio del año dos mil trece, a las 11:30 de la noche aproximadamente, el señor K. S. R., se encontraba sentado en una piedra frente a la IGLESIA CRISTO NO ESTÁ MUERTO, ubicada en la colonia Asentamientos Humanos, sector RIVERA HERNÁNDEZ, San Pedro Sula, Cortés, cuando se estacionó frente a él, una camioneta marca Ford, color crema, conducido por el señor Á. E. A. R., del cual, se bajaron dos personas desconocidas, de sexo masculino, quienes lo golpearon, lo ataron con sus manos hacia atrás, y lo introdujeron al interior del vehículo, después de lo cual, se retiraron del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: Al día siguiente, en horas de la mañana, el señor K. S. R., fue encontrado sin vida, en el lugar conocido como Los Bordos de Llanos de Sula Dos, Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés, presentado varias heridas por arma de fuego en su cuerpo, una de las cuales le produjo laceración cerebral, que le causó la muerte.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: “PRIMERO: El 08 de julio del año dos mil trece, a las 11:30 de la noche aproximadamente, el señor K. S. R., se encontraba sentado en una piedra frente a la IGLESIA CRISTO NO ESTÁ MUERTO, ubicada en la COLONIA Asentamientos Humanos, sector RIVERA HERNÁNDEZ, San Pedro Sula, Cortés, cuando se estacionó frente a él, una camioneta marca Ford, color crema, conducido por el señor Á. E. A. R., del cual, se bajaron dos personas desconocidas, de sexo masculino, quienes lo golpearon, lo ataron con sus manos hacia atrás, y lo introdujeron al interior del vehículo, después de lo cual, se retiraron del lugar rumbo desconocido. SEGUNDO: Al día siguiente, en horas de la mañana, el señor K. S. R., fue encontrado sin vida, en el lugar conocido como Los Bordos de Llanos de Sula Dos, sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés, presentando varias heridas por arma de fuego en su cuerpo, una de las cuales le produjo laceración cerebral, que le causó la muerte.” La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando no armonizan cabe hablar de aplicación indebida. La aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. De lo dicho anterior, compete realizar el análisis jurídico del tipo penal que se denuncia ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia. El artículo 116 del Código Penal establece: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. La Sala Penal ha sostenido que los elementos del tipo son : 1) Elementos Objetivos: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo: Podrá ser cualquier persona diferente a: i) Los ascendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y iii) Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio: c) objeto material del delito es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito. d) La conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida, e) La modalidad criminosa, entendida como la forma de lleva a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de Asesinato. f) La penalidad está fijada por el legislador con una sanción de 15-20 años de reclusión, misma que se cualifica cual al momento del delito el sujeto pasivo estuviese realizando sus funciones como autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público o funcionario o empleado de un establecimiento penal. 2) Elemento subjetivo: el dolo específico de matar (animus necandi) de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Visto lo anterior, resulta seguro aseverar que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 116 del Código Penal, exige una conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, lo que implica privar de la vida. Es decir, para la debida aplicación de la norma penal en cuestión, el cuadro fáctico debe comprender el aludido elemento objetivo, en consecuencia, el sentenciador debe encuadrar dentro de la declaración de hechos probados la acción de cometer el delito de Homicidio. Tras el estudio de los hechos declarados probados, claramente se evidencia que no concurre el elemento dar muerte, dicho de otra forma, el Tribunal no da por acreditado que efectivamente mi representado cometió la acción de matar en perjuicio de K. G. S. R., siendo así no concurren en el fáctum todos los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal acusado, pues lo único que consta es la desaparición del mencionado joven, por lo que resulta incuestionable que no procede la aplicación del artículo 116 del Código Penal en el caso de mérito. En otras palabras, si se aplica una norma diferente a los hechos probados se comete además de la infracción de ley citada, una grave transgresión al principio de legalidad, ya que los Jueces de Sentencia infringen lo establecido en el artículo 11 del mismo cuerpo legal, donde establece que: “Las autoridades judiciales no podrán crear ningún tipo de figuras delictivas” como acontece en el caso que nos ocupa, donde no describe la acción matar, elemento clave para configurarse el tipo penal acusado. Según P. M., la declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, es entonces; “el arranque”, Es un presupuesto necesario del fallo, porque mediante ella se fija judicialmente la reconstrucción de lo sucedido, y constituye la base sobre la que se construirá el tratamiento (subsunción) jurídico del caso debatido en el proceso; pero no integra propiamente la motivación de su decisión. La importancia del hecho probado en la sentencia penal, lo constituye que debe reunir todos los elementos de la tipicidad del delito requerido para llegar a una condena y todos los elementos fácticos en que se fundamenta la sentencia, es una parte fundamental del fallo, el cual debe consignarse de manera precisa y circunstancial el hecho que se tuvo por demostrado que, evidentemente ha de coincidir con lo acusado. La consignación del relato fáctico en la sentencia es fundamental, puesto que constituye la premisa fáctica del silogismo en que la misma consiste, y supone el pronunciamiento sobre lo que es realmente objeto del proceso (los hechos). Debe rechazarse, así, la construcción de un relato de hechos por remisión al contenido de las actuaciones, sea el contenido de una pericia o de un documento que obre en las actuaciones. La declaración del Hecho Probado de la sentencia deberá consistir en un auténtico relato fáctico, por eso es su vital importancia en la sentencia. Con lo argumentado, se deja en evidencia que el honorable Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aplicó indebidamente el artículo 116 del Código Penal, al subsumir equivocadamente la conducta del imputado en el delito de Homicidio. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Al no plasmarse en la declaración de hechos probados por el Tribunal Sentenciador, la acción típica o conducta objetiva, ni los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el fáctum no comprende el hecho que mi defendido le hayan dado muerte al señor K. G. S. R., por lo tanto, no se puede subsumir en el tipo penal contemplado en el artículo 116 del Código Penal. En este sentido, se pide que se interprete que esos hechos probados son atípicos, no son antijurídicos y ni culpables, en consecuencia, solicitamos una Sentencia Absolutoria a favor de Á. E. A. R..” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 116 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación Indebida del artículo 116 referente al delito de homicidio simple. *Pretensión: que se dicte una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que, conforme a los hechos declarados probados por el sentenciador, no aparecen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, pues el verbo rector “matar” no concurre en los hechos probados, es decir no se da por acreditado que el señor Á. E. A. R. haya cometido la acción de matar al ofendido K. G. S. R.. Del delito de Homicidio Simple[1]. El Código Penal hondureño recoge (Libro II, título I), bajo la rúbrica «Delitos contra la vida y la integridad corporal», cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a los delitos de homicidio, aborto, lesiones y abandono de niños y de personas desvalidas. El legislador ha ordenado sistemáticamente los delitos en función de los bienes jurídicos protegidos, ocupándose en primer lugar de las conductas con un mayor desvalor social, como son los ataques contra la vida humana, tanto independiente como dependiente, para seguir con los delitos que afectan a la integridad física del individuo. El artículo 116 del Código Penal hondureño establece: Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. La pena será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, cuando la víctima del delito fuese autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de Centros Penales, cuando el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función. a) Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la vida humana, derecho inviolable de todas las personas (hondureños y extranjeros) protegido por los artículos 61 y 65 de la Constitución de la República y concebido por el Tribunal Constitucional español como soporte ontológico del resto de derechos fundamentales de la persona. También los tratados internacionales suscritos y ratificados por Honduras reconocen este derecho. Así aparece en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948); en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (1966); y en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). En todos los delitos contra la vida humana independiente se tutela la vida desde su inicio –nacimiento- hasta su finalización –muerte-. Algo tan aparentemente sencillo se complica a la hora de concretar sus límites. Se trata de un fenómeno biológico, pero con decisivas repercusiones jurídico-penales. Por un lado, el momento del nacimiento marcará la frontera entre el aborto y el homicidio; y, por otro, la muerte lo hará entre el homicidio y el delito imposible. b) Sujetos. Se distingue en los dos párrafos del precepto un tipo básico y un tipo cualificado o agravado por la cualidad del sujeto pasivo. a) Sujeto activo y pasivo del tipo básico. Cualquier persona puede ser autor o víctima del delito de homicidio, sin más limitación que las derivadas del concurso de leyes, cuyas reglas para seleccionar la norma aplicable se encuentran en el artículo 2-A del Código Penal. Aun sin decirlo expresamente, también el artículo 116, en su primer inciso, establece un criterio de selección de la norma aplicable en caso de concurso de leyes: «Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple». Es decir, el propio precepto señala implícitamente su carácter de tipo genérico, de aplicación subsidiaria frente a los tipos específicos que se mencionan en los siguientes artículos. Así pues, si el sujeto pasivo es un ascendiente, descendiente, cónyuge o persona con la que el sujeto activo haga vida marital, su muerte sería constitutiva del delito de parricidio (art. 118 del CP), por aplicación del criterio de especialidad (lex specialis derogat lex generalis), contenido tanto en el artículo 2A.1 como en el propio artículo 116, inciso primero, del CP. Ello es así porque el tipo del parricidio contiene las características generales del homicidio (matar a una persona) y otra más específica (la relación parental o marital entre el autor y su víctima). Un parricidio es también un homicidio y, si no estuviera específicamente tipificado en el Código Penal, podría ser castigado como homicidio; el parricidio, como tipo más específico, desplaza al homicidio, como tipo más genérico. Del mismo modo, dar muerte a un Jefe de Estado o Jefe de Gobierno extranjero que se hallase en Honduras en carácter oficial sería un delito contra el derecho de gentes (art. 318 CP), de aplicación preferente, por su especialidad, sobre el homicidio. También el genocidio (art. 319, numeral 1, del CP) o el dar muerte al presidente de un Poder del Estado (art. 322 del CP), son tipos preferentes al homicidio. c) La conducta típica. El homicidio consiste en «dar muerte» a otra persona. Se trata de un tipo «prohibitivo de causar». Lo que se prohíbe es causar la muerte, con independencia de cómo se produzca. De ahí que, a tal efecto, se admitan no solo los medios materiales sino también los morales o psíquicos. Estos últimos son aquéllos que no operan directamente sobre el cuerpo de la víctima (piénsese, por ejemplo, en proporcionar un terrible sobresalto a una persona de edad avanzada con problemas cardíacos, con intención de provocar su muerte). La dificultad de estos casos, ciertamente anómalos, no radica en su admisibilidad como idóneos para constituir un delito de homicidio, sino en la acreditación de la relación de causalidad. d) Culpabilidad. El delito de homicidio admite las dos formas de imputación subjetiva: dolo y culpa. El legislador hondureño ha decidido tipificarlos por separado, de suerte que el que ahora nos ocupa (art. 116 del CP) exige dolo en la acción, mientras que el homicidio culposo se regula en el artículo 121, que examinaremos más adelante. Los principales problemas que se nos plantean son los relativos al dolo eventual, a la acreditación del ánimo de matar (animus necandi) y a la cuestión del «homicidio preterintencional». a) El dolo eventual. El ánimo homicida se cubre tanto con el dolo directo como con el dolo eventual (por lo demás, muy frecuente en este delito). En el homicidio doloso el autor sabe que mata a otra persona y quiere hacerlo o, por lo menos, se representa su muerte como una consecuencia inevitable de su acción (dolo de consecuencias necesarias). Para que concurra dolo eventual basta con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia altamente probable de su acción (doctrina de la probabilidad o representación) o haya aceptado en última instancia que aquel resultado se produzca (Teoría del Consentimiento). Así, aunque no se persiguiera directamente, se acepta el resultado, al preferir la ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus posibles consecuencias. No importa, por tanto, para la existencia de dolo eventual, que el autor no desease el resultado o que tuviera la «esperanza» de que aquél no se produjera. Lo importante es que sea consciente del concreto y grave peligro generado por su acción y continúe adelante con la misma. b) Ánimo de matar. El ánimo o intención de matar (animus necandi) es un elemento subjetivo del injusto, inaccesible si no es a partir de los actos de carácter objetivo que exteriorizan tal intención. Los actos precedentes, simultáneos y posteriores a la acción del agente, son datos que, valorados conforme a las leyes de la lógica y de la experiencia, servirán para acreditar si hubo o no ánimo de matar. Se trata, como dice la STS de 24 de marzo de 2005, de averiguar «mediante prueba inferencial, a falta de una confesión de intencionalidad patente del acusado, acerca de la existencia de animus necandi o animus laedendi, que presida su actuar». En palabras de la STS de 13 de octubre de 2004(60), «como esa indagación aparece dificultada, por pertenecer a lo más interno del hombre, al arcano de la conducta, hemos de deducirlo a través de los hechos que sí pueden ser apreciados por los sentidos, es decir, habrá de deducirse racionalmente de los hechos externos, anteriores, posteriores o coetáneos realizados por el agresor que permitan descubrir la intencionalidad del autor. Deducción que habrá de ser lógica y racional y debidamente exteriorizada por el juzgador en la motivación de la sentencia para posibilitar el conocimiento del camino deductivo empleado y facilitar, en su caso, la impugnación casacional». Más en general, y entre los múltiples signos externos que deben tenerse en consideración para determinar el ánimo de matar, una jurisprudencia pacífica (SSTS, entre otras muchas, de 5 de octubre de 2004 [RJ 2004\6301] y 3 de febrero de 2005 [RJ 2005\2193]) señala los siguientes: a) Los antecedentes de hecho y las previas relaciones entre el agresor y la víctima. b) La clase de arma o instrumento utilizado y su capacidad vulnerante. c) La zona o zonas del cuerpo a que se haya dirigido la agresión, en especial si allí existen órganos vitales. d) La intensidad y persistencia del ataque, con el número de los golpes inferidos a la víctima. e) La actitud, gestos y expresiones vertidas por el autor durante el ataque y su reacción con posterioridad a los hechos. f) Las condiciones del lugar, tiempo y demás circunstancias conexas o concomitantes con la acción. g) La causa o motivación de la agresión. h) La entidad y gravedad de las heridas causadas. Entre estos indicios, hay que considerar especialmente relevantes la naturaleza del arma o instrumento empleado y la zona del cuerpo atacada. De esta forma, un disparo con un arma de fuego dirigido a la cabeza, al cuello, o al tórax o región abdominal, han de calificarse como homicidio en grado de ejecución de tentativa, aunque finalmente las lesiones causadas pudieran ser de escasa entidad en el caso de que la bala no alcanzara plenamente el cuerpo, y provocara un rasguño o herida superficial. V. De la Procedencia del Recurso El Motivo es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal los planteamientos del recurrente, así como el cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y en efecto no encuentra en el desarrollo de los mismos, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, es decir cuales fueron las acciones que realizó el acusado para quitarle la vida al ofendido K. S. R.. Los hechos probados relatan que el 08 de julio de 2013, a las 11:30 de la noche, el señor K. S. R. se encontraba sentado en una piedra frente a una iglesia, ubicada en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, cuando se estacionó frente a él una camioneta marca Ford, color crema conducido por el señor Á. E. A. R., del cual se bajaron dos personas desconocidas de sexo masculino, quienes lo golpearon y lo ataron con sus manos hacia atrás y lo introdujeron al interior del vehículo, retirándose del lugar con rumbo desconocido. Al día siguiente en horas de la mañana fue encontrado sin vida el señor K. S. R. en el lugar conocido como bordos de Llanos de Sula 2, presentando varias heridas por arma de fuego, una de las cuales le produjo laceración cerebral que le causó la muerte. Esta Sala de lo Penal, al revisar los hechos probados, no encuentra cuales fueron las acciones realizadas por el acusado o algún otro implicado, para quitarle la vida al ahora occiso S. R.; queda claro en los hechos, que dos sujetos desconocidos se bajaron del vehículo que manejaba el imputado Á. E. A. R., golpearon al acusado y se lo llevaron con rumbo desconocido, pero el sentenciador ha omitido relatar las acciones realizadas por el acusado u otras personas, que hayan provocado su muerte, tampoco establece el Juez A-quo en los hechos, si el acusado y las otras personas desconocidas, actuaban bajo un plan preconcebido en el cual, de las acciones cometidas por uno, también serían responsables los otros, conforme la teoría del dominio del hecho; pero al hacer omisión el sentenciador sobre la relación de las personas desconocidas con el acusado, no es posible tampoco hacer ese tipo de razonamientos. Al no conformarse en el cuadro fáctico el verbo rector “matar”, ni tampoco el ánimo o la intencionalidad del acusado, no encontramos armonía entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el juzgador, es decir el artículo 116 del Código Penal, que claramente establece los elementos que deben suscitarse para acreditarse la comisión de un homicidio; ante esa falencia, lo procedente es dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues no hay forma de encuadrar los hechos a ninguna norma penal; razones suficientes para declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley. VI. Decisión: Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 del Código Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marco Antonio Velasco en su condición de defensor público del señor Á. E. A. R.. Segundo: Revoca la sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Tercero: Casa la sentencia recurrida, por lo que absuelve de toda responsabilidad penal al señor Á. E. A. R., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de K. G. S.; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue la carta de libertad correspondiente. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-377-2016.

DORIS SUYAPA FIGUERO VALLADARES

RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL

[1] De Diego Díez, Luis Alfredo. Manual de Derecho Penal Hondureño. Parte Especial. Volumen I. Magistrado - Doctor en Derecho Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España) Paginas 12-37.