Sentencia CP-367-16 — Registro 12627
Resumen
En primera instancia se condenó a las imputadas por el delito de Trata de Personas, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley y se condena por el delito de Proxenetismo en su modalidad básica.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO CON EFECTO EXTENSIVO. La recurrente fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la aplicación indebida del artículo 52 en sus numerales 1 y 5 de la Ley contra la Trata de Personas, que tipifica el delito de Trata de Personas Agravada en la modalidad de explotación sexual comercial, por considerar que dicho tipo penal, es una actividad que utiliza determinados medios (amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, la concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación) no descritos en los hechos fácticos; tampoco se relatan las agravantes por las cuales fue condenada su representada, al considerar que en ninguna de sus partes se detalla que las víctimas son menores de 18 años de edad, ni que la acusada haya conseguido maliciosamente el consentimiento de quien tenía la autoridad sobre las víctimas, pues según el relato factico, ese acercamiento se produjo directamente entre la imputada y la víctima, sin embargo, los hechos probados -a criterio de la denunciante- contienen los elementos objetivos descritos en la figura delictiva de Proxenetismo. En el caso de estudio, el juzgador construyó el hecho probado que reproduce el hecho histórico que considera se ha acreditado; hecho probado que al ser analizado no ha sido posible subsumirlo en el delito de Trata de Personas (descrito así, en su parte resolutiva de la sentencia impugnada), los hechos probados son los siguientes: “PRIMERO: Que en fecha once de enero del 2014, varios agentes de investigación se encontraban en la penitenciaría nacional, realizando actividades de investigación, cuando aproximadamente como a la una de la tarde; una persona desconocida les manifestó; que dentro de la penitenciaría nacional se encontraban dos mujeres que vendían a sus hijas, por lo que como agentes o autoridades que deben de atender las denuncias sean anónimas o por escrito, éstos procedieron a realizar las investigaciones preliminares, entre ellas localizar a estas personas que les habían manifestado que se encontraban dentro de la penitenciaría nacional con sus hijas explotándolas sexualmente. Fue así que ellos se aproximan a la penitenciaría nacional, encontrando a ambas señoras que ya venían de regreso del centro penal y procedieron a requerirlas siendo éstas las señoras Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, de la señora Francisca y de las jóvenes, H. y K. F. R., fue así que ellos procedieron a requerirlas y cuando se les requiere y se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas la señora Francisca manifiesta que porqué solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas y al tomarle su declaración a las menores de edad, estas han manifestado que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas y les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, con la declaración de la joven K. M. ante este tribunal ha vuelto a manifestarles que ella fue captada por Martha, mientras iba a ver un partido de futbol a un campo, ya que su hermano iba a jugar con el equipo cuando fue interceptada por Martha, quien le manifestó que si quería tener dinero al principio ella dice que no, pero cuando le dice cuál era la actividad que ella iba a realizar ella le contestó que sí, así como Martha junto con Francisca procedieron a trasladarlas hacia la penitenciaría nacional, donde fueron ingresadas a ese recinto penal y puestas adentro de dicho centro, Martha procede a conseguirles los hombres a estas niñas, para posteriormente ser entregadas a los hombres que iban a tener relaciones sexuales con ellas, manifiesta además que una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y se le pagaban a Martha y que ella les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a la mamá, así mismo la joven H. se abstuvo prácticamente a declarar pero tampoco negó que ellas hayan ingresado a la penitenciaría nacional y que iban con su mamá, no declaró que había tenido relaciones con hombres pero al final dijo que sí, pero que ellas lo hacían voluntariamente, mientras su madre iba a visitar a su padrastro, ellas le decían que iban a los columpios, pero que si tenían relaciones sexuales, con la declaración de la niña K. ella manifestó que también tenía relaciones sexuales y que le entregaba dinero a la mamá, SEGUNDO: Fue así que ellos se aproximan hacia dentro de penitenciaría nacional, encontrando que dos señoras, que ya venían de regreso del centro penal con sus hijas, por lo que procedieron a requerir a Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, H. y K. F. R., a quienes también se les requiere, manifestándoles el motivo por el cual son requeridas, es cuando la señora Francisca Flores; manifiesta que porque solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha Martínez, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde las menores manifestaron que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas por esta última quien les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, con billetes de quinientos, éstos le pagaban a Martha y que ella; les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a su mamá por lo que fueron puestas a la orden de la autoridad competente.” El artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas, contiene el delito de mismo nombre, regulado de la siguiente manera: “Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. Las penas anteriores aumentara en un medio (1/2), en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la victima de Trata de Personas o por su representante legal.” Como puede apreciarse, el tipo penal en principio, no define a que se refiere con servidumbre y con esclavitud o prácticas análogas; sin embargo, ese vacío ha sido llenado mediante el artículo 6 de la ley en mención, numerales 1, 2, 3 y 10 que dispone: “Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 1) TRATA DE PERSONAS: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 2) SERVIDUMBRE: Estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que la persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la persona víctima de Trata de Personas a realizar actos, trabajos o prestar servicios; 3) ESCLAVITUD O PRÁCTICAS ANÁLOGAS: El Estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos; 10) EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL (ESC): La utilización de personas en actividades con fines sexuales donde existe un pago o promesa de pago para la víctima o para un tercero que comercia con ella.” Para definir aún más dicho concepto y de conformidad con las convenciones internacionales y/o regionales en las que el Estado de Honduras es parte, se ratificó, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la cual aporta una definición de Trata de Personas: Artículo 3 Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. Del mismo concepto, es posible sustraer tres elementos para identificar la cadena de explotación en sus diversas manifestaciones los cuales son: a) Las conductas (captar, transportar, alojar, recibir, trasladar, enganchar, transferir, retener y entregar); b) Los medios (amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder valiéndose de su situación de vulnerabilidad, a través de la violencia física o moral, concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona o tenga autoridad sobre ella); y, c) Los fines (la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, entre otros). La actividad es la manera como la víctima es captada, trasladada y acogida en el lugar de destino; los medios, son aquellos procedimientos utilizados para cometer los delitos en materia de trata de personas y los fines son aquellas formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima. En opinión del penalista español Luis Alfredo De Diego Diez y por vía de ilustración explica que en la Trata de Personas, con independencia del tipo de explotación que se persiga (sexual, laboral, esclavitud o prácticas análogas, extracción de órganos) concurren tres elementos definitorios: a) Traslado: La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, no importando sí es llevada fuera del país o de una ciudad a otra. Lo que importa es su desarraigo de la comunidad de origen[5]; b) Limitación o privación de la libertad. La víctima no es libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia. En ocasiones las víctimas son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas dirigidas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad; c) Finalidad de Explotación: la trata de personas tiene por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no sólo en la explotación sexual sino también en el servicio doméstico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, en la de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley, entre otros[6]. Como consecuencia de la conducta descrita en el hecho probado, la señora Martha Cecilia Canales Martínez conquistó a las menores de edad en su colonia Ciudad España, les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional para tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esas relaciones sexuales, en un principio se negaron pero al repetir la actividad que iban a realizar aceptaron la propuesta; por ello, Martha procede a conseguirles los hombres para posteriormente ser entregadas para tener relaciones sexuales, quienes le pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y le pagaban a Martha quien les daba quinientos. Así las cosas, sin duda la conducta desplegada por la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, constituye un acto reprochable, pero distinto del tipo penal de Trata de Personas por el cual fue condenada, dado que la acción desplegada por la acusada no describe un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad de la víctima, menos que dicha acción ha sido desarrollada con amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, como le refiere el análisis del tipo penal antes esgrimido, pues los verbos rectores que rigen el tipo penal de Trata de Personas no suponen un acto único de suficiente influencia psíquica o ideológica para mover a otro a realizar una conducta que no había decidido por sí en un momento anterior a realizar; es decir, no basta una simple propuesta, invitación o consejo, requiere la realización efectiva, al menos, de acciones encaminadas a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción que obliguen a la víctima a realizar formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima. Ahora bien, en cuanto a la queja de las agravantes, consignadas en el artículo 52 numerales 1 y 5, la recurrente tiene razón; del hecho probado no ha sido posible sustraer la edad exacta de las víctimas, pues los sentenciadores se ha limitado a decir que son “menores de edad”, que son “jóvenes” y en una ocasión “a estas niñas”, sin poder reflejar a plenitud la edad exacta, pues la agravante consignada en el numeral 1 define que sean menores de 18 años para su aplicación; igual sucede con la agravante del numeral 5 la cual dispone que el sujeto activo se aproveche de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; en ninguno de los dos apartados primero y segundo del cuadro fáctico es posible hacer una deducción del mismo, no hay relato de que la acusada se aproveche de la relación de confianza, hizo pago, préstamo o concesiones para obtener consentimiento de la madre de las víctimas, lo que si describe el hecho probado, es un convencimiento a la propia víctima, en conclusión, el hecho probado, no reviste las características agravadas exigidas por el delito por el cual fue condenada. Descartándose que los hechos declarados probados constituyan delito de Trata de Personas agravado en la modalidad de explotación sexual comercial, corresponde entonces analizar si estos se encuadran en otra conducta típica, específicamente en el delito de Proxenetismo en su modalidad básica, como ha referido en el desarrollo de su recurso la Defensa Pública. Si bien, el relato histórico respecto a los acontecimientos debatidos no es una descripción cronológica, ordenada, clara y terminante de lo que aconteció, aun con esa falencia, si es posible sustraer, que la acción realizada por la acusada Martha Cecilia Canales Martínez encaja en el delito de Proxenetismo el cual está tipificado en el artículo 148 del Código Penal el cual dispone: “Incurre en el delito de proxenetismo, quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial, y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos.” La separación entre ambos tipos penales (Trata de Personas y Proxenetismo) es muy difícil y, en la mayoría de los casos las causas son las mismas, pero a pesar de ello, resulta primordial diferenciarlos y lo encontramos en los elementos objetivos, como resalta de la definición: en la Trata de Personas se recurre a medios como la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, a la retención, al sometimiento, privándolas de su libertad para ejecutar formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima, elemento no incluido en el delito de Proxenetismo, que solo muestra como elementos objetivos, las conductas (promover, inducir, facilitar, reclutar o someter) y la finalidad (la explotación sexual comercial). El tipo penal de Proxenetismo igualmente requiere de un elemento subjetivo, tendencial o intencional, consistente en que el sujeto activo tenga la intención de realizar actividades de explotación sexual comercial, tal y como lo hacía la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, que su intención no era otra que promover a las víctimas a mantener relaciones sexuales con personas del sexo masculino por un pago, lucrándose de estas relaciones, al obtener una parte del dinero. Este requisito, (subjetivo) también conduce a la determinación del dolo que, exige el conocimiento y voluntad de realizar todas las circunstancias del tipo objetivo, es decir, el autor debe tener pleno conocimiento, elemento cognitivo, y además debe querer realizar el acto, elemento volitivo. En el delito de Proxenetismo, el dolo debe implicar que todas las acciones que se realizaban sean tendientes a promover, inducir, facilitar o reclutar personas con el propósito de explotarlas sexualmente y beneficiarse económicamente. En en el presente caso los actos desarrollados por la acusada se adecúan hacía aquel propósito, pues sabía lo que hacía, (elemento intelectual, intencional, cognitivo); así mismo quería hacerlo, (elemento volitivo o emocional del dolo), que se dan desde el momento en que la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, ha promovido, facilitado e inducido a las víctimas a sostener relaciones sexuales comerciales, trasladándolas junto con Francisca Suyapa Flores Ramírez al centro penitenciario nacional, donde las ingresaron y entregaban a los hombres con los que iban a sostener las relaciones sexuales. Lo elemental en este caso es dejar determinado el nexo con la explotación sexual. Este vínculo directo activo supone que el beneficiado actúe en busca de dicho beneficio, no es recibirlo pasivamente y aceptar que proviene del ejercicio de la prostitución, sino que sabiendo que proviene de ahí, procure obtenerlo. De esta manera, la conducta de la acusada se subsume en el tipo penal de proxenetismo en su modalidad básica previsto en el artículo 148 del mismo texto punitivo. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de casación que por infracción de ley ha interpuesto la defensa de la encartada. Tal defecto no solo se aprecia en beneficio de la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, a favor del cual se interpuso el recurso de Casación, sino también en beneficio de la acusada Francisca Suyapa Flores Ramírez, pues el pronunciamiento de responsabilidad hecho por el Iudex en contra de ella tiene como génesis los mismos hechos probados, por lo que el recurso debe ser extensivo a ella tal y como lo ordena el artículo 349 del Código Procesal Penal. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 367-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción por Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Martha Cecilia Canales Martínez y Francisca Suyapa Flores Ramírez, como autoras responsables penalmente del delito de Trata de Personas, en perjuicio del H. J. F. R. y K. M. F. R., imponiéndole una pena de quince años de reclusión y doscientos cincuenta salarios mínimos. SEGUNDO: Condenó a Martha Cecilia Canales Martínez y Francisca Suyapa Flores Ramírez como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de Martha Cecilia Canales Martínez y Francisca Suyapa Flores Ramírez. CUARTO: No procedió la condena de Martha Cecilia Canales Martínez y Francisca Suyapa Flores Ramírez en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional el Abogado Julio Cesar Bracamontes, defensor público de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez; y el Recurso por Infracción de Ley, la Abogada Vilma Méndez Ordóñez, defensora pública de la señora Martha Cecilia Canales Martínez. Son partes en única instancia: Los Abogados Julio Cesar Ramírez Bracamontes y Vilma Méndez Ordóñez, defensores públicos en su condición de recurrentes; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que en fecha once de enero del 2014, varios agentes de investigación se encontraban en la penitenciaría nacional, realizando actividades de investigación, cuando aproximadamente como a la una de la tarde; una persona desconocida les manifestó; que dentro de la penitenciaría nacional se encontraban dos mujeres que vendían a sus hijas, por lo que como agentes o autoridades que deben de atender las denuncias sean anónimas o por escrito, éstos procedieron a realizar las investigaciones preliminares, entre ellas localizar a estas personas que les habían manifestado que se encontraban dentro de la penitenciaría nacional con sus hijas explotándolas sexualmente. Fue así que ellos se aproximan a la penitenciaría nacional, encontrando a ambas señoras que ya venían de regreso del centro penal y procedieron a requerirlas siendo éstas las señoras Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, de la señora Francisca y de las jóvenes, H. y K. F. R., fue así que ellos procedieron a requerirlas y cuando se les requiere y se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas la señora Francisca manifiesta que porqué solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas y al tomarle su declaración a las menores de edad, estas han manifestado que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas y les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, con la declaración de la joven K. M. ante este tribunal ha vuelto a manifestarles que ella fue captada por Martha, mientras iba a ver un partido de futbol a un campo, ya que su hermano iba a jugar con el equipo cuando fue interceptada por Martha, quien le manifestó que si quería tener dinero al principio ella dice que no, pero cuando le dice cuál era la actividad que ella iba a realizar ella le contestó que sí, así como Martha junto con Francisca procedieron a trasladarlas hacia la penitenciaría nacional, donde fueron ingresadas a ese recinto penal y puestas adentro de dicho centro, Martha procede a conseguirles los hombres a estas niñas, para posteriormente ser entregadas a los hombres que iban a tener relaciones sexuales con ellas, manifiesta además que una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y se le pagaban a Martha y que ella les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a la mamá, así mismo la joven H. se abstuvo prácticamente a declarar pero tampoco negó que ellas hayan ingresado a la penitenciaría nacional y que iban con su mamá, no declaró que había tenido relaciones con hombres pero al final dijo que sí, pero que ellas lo hacían voluntariamente, mientras su madre iba a visitar a su padrastro, ellas le decían que iban a los columpios, pero que si tenían relaciones sexuales, con la declaración de la niña K. ella manifestó que también tenía relaciones sexuales y que le entregaba dinero a la mamá, SEGUNDO: Fue así que ellos se aproximan hacia dentro de penitenciaría nacional, encontrando que dos señoras, que ya venían de regreso del centro penal con sus hijas, por lo que procedieron a requerir a Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, H. y K. F. R., a quienes también se les requiere, manifestándoles el motivo por el cual son requeridas, es cuando la señora Francisca Flores; manifiesta que porque solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha Martínez, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde las menores manifestaron que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas por esta última quien les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, con billetes de quinientos, éstos le pagaban a Martha y que ella; les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a su mamá por lo que fueron puestas a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Julio Cesar Ramírez Bracamontes, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; el artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el Órgano Jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral y Público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado: “…Marta junto a Francisca procedieron a trasladarlas hacía la penitenciaría nacional, donde fueron ingresadas a ese recinto penal y puestas adentro de dicho centro, Marta procede a conseguirles los hombres a estas niñas, para posteriormente ser entregadas a los hombres que iban a tener relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y se le pagaban a Martha y que ella les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a la mamá, asimismo la joven H. se abstuvo prácticamente a declarar pero tampoco negó que ellas hayan ingresado a la penitenciaria nacional y que iban con su mamá, no declaró que había tenido relaciones con hombres pero al final dijo que si, pero que ellas lo hacían voluntariamente, mientras su madre iba a visitar a su padrastro, ellas le decían que iban a los columpios, pero que si tenía relaciones sexuales, con la declaración de la niña K. ella manifestó que también tenía relaciones sexuales y que le entregaba dinero a la mamá. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representada es culpable del delito de TRATA DE PERSONAS en perjuicio de H. J. F. R. Y K. M. F. R.. En el Juicio Oral y Público se evacuó los siguientes medios probatorios:
- Alex Javier Mairena Hernández, quien declaró: “… Ya en horas de la tarde una persona se nos acercó y nos dijo ustedes son policías verdad, le respondimos que si, y nos dijo que había una señora que iba con unas niñas menores al centro y las vende él nos dijo eso en su denuncia, y nos señaló a las señoras que iban con dos menores, procedimos nosotros a hablar con la señora, fuimos a hablar con las niñas por separado y con la señora, para sorpresa nuestra la señora dijo bueno y porqué solo a mí me detienen por ésto o me paran por esto, allá adentro hay una que se llama Martha que también se dedica a esto, entonces esperamos a que saliera Martha iba saliendo ella con una menor recuerdo, al escuchar los testimonios de las menores hijas de doña Francisca, procedimos a realizar la detención y así remitirla a la Fiscalía. 2. H. J. F. R., quien declaró: “…Yo la conocí a ella en la ciudad España ahí se conoció con mí mamá, son amigas, de ahí se llevaban las dos juntas, y nosotros con mi hermana K., nos llevábamos con la hija de ella que se llama A. N., y después ellas iban a ver a los esposos de ellas y a nosotros nos llevaban y de ahí no fue culpa de ninguna de las dos, porque nosotros queríamos no porque ellas nos obligaban a nosotras hacer cosas malas, como a tener sexo con los hombres, entonces ese día que nosotros fuimos con mí hermana y yo nos escapamos de donde estaba ella y nos fuimos para adonde los hombres que nos llamaban. cuando salimos de la penitenciaría nos agarraron y de ahí les preguntó mi mamá que porqué la agarraban y los de la niñez le dijeron que porque nos estaba vendiendo a nosotras y mi mamá les dijo que nunca las había vendido y que porqué la detenían, se puso a llorar y nosotras también, de ahí nosotras le dijimos la verdad a mi mamá, que nosotras cuando ella nos llevaba a ver a mi padrastro le decíamos que íbamos a jugar a los columpios y que nos íbamos a donde los hombres. 3. K. M. F. R., 15 años de edad, hija de Francisca Flores, declara: “Mi hermano estaba en un equipo de futbol y entonces yo iba con unas amigas y yo me encontré a Martha y ella me dijo que sí yo quería tener dinero y yo le dije que no, y ella me dijo que fuéramos a la penitenciaría de hombres y que yo me iba a acostar con hombres y que iba a ganar dinero, entonces yo le dije que si y ella me llevaba a ahí; y yo tenía relaciones sexuales con hombres, y ella me conseguía los hombres y me decía que me iban a pagar mil lempiras, y entonces yo tenía relaciones con los hombres y me pagaban”.
- Prueba pericial psiquiátrica practicada a la joven K. F. R., no presenta daño psiquiátrico. 5. Prueba pericial psicológica practicada a la joven H. J. F. R., no presenta ningún retraso mental. 6. Prueba pericial psicológica realizada a K. M. F. R., concluyendo que: se presentan núcleos ansiosos y que ella se encuentra en su personalidad en formación en su adolescencia...su capacidad intelectual es limítrofe, no se encuentra dentro de lo normal pero tampoco se encuentra un retraso mental en la evaluada, en el entorno familiar manifiesta que tiene conflictos en las relaciones debido a una desadaptación del núcleo familiar, generándole ésto un sentimiento de culpa. 7. Evaluación psicológico practicada a la joven K. M. F., concluyendo: que la evaluada refleja un distanciamiento del núcleo familiar, emocional, lo que hace que ella se sienta ajena al entorno en el que se encontraba en ese momento, de igual manera presenta inadecuación en el aspecto sexual, debido a preocupaciones por si misma. 8. Dictamen de evaluación física practicada a H. J. F. R., donde se establece: ausencia de lesiones genitales y paragenitales, serología reporta negativa de presencia de semen y espermatozoides en área anal y bucal, pero en área vulvar, vaginal y ropa íntima se reporta la presencia de los mismos, compatibles con coito reciente... 9. Dictamen de evaluación física practicada a la joven K. M. F. R., en serología reporta negativa de presencia de semen y espermatozoides en área bucal, pero en área vulvar, anal, vaginal y ropa íntima no se realizó comparación tricológica por no haber presencia de vellos púbicos. Los hechos establecidos como probados en la sentencia condenatoria deben estar probados mediante prueba, en el presente caso las supuestas víctimas en ningún momento establecen que mi defendida la señora FRANCISCA SUYAPA FLORES RAMÍREZ, haya facilitado o captado para que sean utilizadas con fines sexuales a cambio de dinero u otro bien en recompensa, pues como lo manifestó H. J. F. R.: “… y mi mamá les dijo que nunca las había vendido y que porqué la detenían, se puso a llorar y nosotras también, de ahí nosotras le dijimos la verdad a mí mamá, que nosotras cuando ella nos llevaba a ver a mi padrastro le decíamos que íbamos a jugar a los columpios y que nos íbamos a donde los hombres”, en referencia a la joven K. F. R., solamente menciona a una mujer diferente a mi representada, quien le conseguía hombres para tener relaciones sexuales a cambio de dinero. En cuanto al testigo Alexis Javier Mairena, es solamente un testigo de referencia, ya que en ningún momento pudo percibir a través de sus sentidos si realmente las jóvenes de apellido F. R. eran víctimas del delito de trata de personas, pues una mujer desconocida le manifestó que había una señora que vendía a sus hijas en la Penitenciaría Nacional, pero en ningún momento comprobó dichos extremos, limitándose solamente hacer las capturas y posterior remisión a las oficinas competentes. Ya la sala penal se ha pronunciado sobre el testigo de Referencia es ilustrativa la opinión de CLIMENT DURAN cuando expresa que: “La esencia de la prueba testifical es que esta referida a las declaraciones que hace cualquier persona sobre aquello que ha visto u oído personal y directamente. El testimonio del testigo se caracteriza por su inmediación con el acontecimiento que ha presenciado visual y auditivamente... Aunque la admisión de esta prueba se hace con grandes cautelas, siempre que no sea posible oír el testimonio del testigo presencial de tal suceso. Y además se viene exigiendo que, al lado de la declaración del testigo de referencia, concurra alguna otra prueba de cargo, de manera tal que se impide un pronunciamiento condenatorio basado exclusivamente en una prueba testifical de referencia. La prueba testifical de referencia tiene un carácter supletorio y, como tal, excepcional, porque solo es admisible cuando no es posible la prueba directa: si ha quedado suficientemente justificada la imposible comparencia del testigo directo, cabe acudir al testimonio directo o de referencia. Esta afirmación está conforme con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que solo reconoce la validéz de los testimonios de referencia cuando no hay posibilidad ninguna de oír a los testigos directos[1]. En nuestro caso hubo prueba directa, por lo tanto no cabe la supletoriedad del testigo de referencia, ya que las menores fueras claras en establecer; que la madre en ningún momento tenía conocimiento de las actividades que hacían en el establecimiento penitenciario. El delito de trata de personas consiste: en utilizar a una persona con fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero, haciendo uso de la coerción, abuso de poder o la limitación de la libertad individual. La víctima es traída por engaños y artimañas que utilizan grupos de delincuencia que se dedican a estos actos ilícitos. Los verbos rectores son facilitar, promover, retener, transportar, entregar, someter, para fines de explotación sexual, para actividades criminales, tráfico de órganos y/o fluidos. La captación es un concepto que se traduce en atracción. Es decir atraer a una persona, llamar su atención o incluso atraerla para su propósito definido. En lo que respecta a la trata de personas tiene un significado muy similar. Presupone reclutamiento de la víctima, atraerla para controlar su voluntad para fines de explotación. La captación se ubica dentro de los verbos que definen las acciones sancionables dentro del tipo penal de trata de personas. En cuanto a la explotación se entenderá la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual o laboral, incluidos los actos de pornografía y la producción de materiales pornográficos. El protocolo de Palermo no incorpora un concepto en específico sobre la explotación, únicamente indica, las conductas que pueden incluir la explotación[2]. En nuestra legislación según el artículo 06 de la Ley Contra la Trata de Personas, esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras forma de explotación, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Este tipo de delitos lleva una investigación especializada, y como lo establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Manual Investigativo del año 2009: Una vez finalizada la etapa de la flagrancia, o después de haberse levantado la denuncia, o del inicio de la investigación oficiosa, el Ministerio Público debe abrir el expediente respectivo y proceder a definir una línea investigativa a partir de una hipótesis de consumación del delito de trata de personase Para comprobar esa hipótesis, los tratados internacionales y la normativa especializada para combatir la delincuencia organizada transnacional, facilitan medios de investigación y de prueba que requieren de un manejo delicado y seguro, así como de controles específicos. En nuestro caso se puede apreciar que el Ministerio Público no hizo ningún tipo de investigación a lo interno del establecimiento penitenciario, para tener la certeza de la comisión del delito, es así que no se demostró los elementos objetivos, ni tampoco demostró el elemento dolo es decir la intención de cometer el delito acusado (elemento subjetivo). El Estado de inocencia es “…es un estado inherente a la persona humana…” este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos ( Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal jurís tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en Juicio Oral y Público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra”[3]. Ya en nuestro caso podemos observar primeramente, que mi defendida se le impuso una pena sin ser vencida en juicio. Es así que de la prueba evacuada en el debate, es razonable concluir que no se probó la existencia del delito acusado a mi representada, pues no hubo suficiente prueba de cargo, ni tampoco se probó la intencionalidad de mi defendida en captar a sus hijas para cometer el delito de Trata de Personas, pues las menores manifestaron que iban a la Penitenciaria Nacional a visitar a su padrastro quien se encontraba recluido ahí y posteriormente sin ninguna inducción o conocimiento de su madre, se trasladaban donde los demás reclusos a tener relaciones sexuales, mientras le decían a su progenitora que iban a jugar en los columpios. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe revisar el fallo, ya que al imponerle a mi defendida una pena sin haberse comprobado la existencia del delito de trata de personas, se ha violentando los preceptos constitucionales de presunción de inocencia y vencimiento en juicio, en consecuencia solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” La recurrente Abogada Vilma Méndez Ordóñez, defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 52 numerales 1 y 5 de la Ley especial contra la Trata de Personas. El presente motivo de casación está comprendido en el Artículo 360 del Código de Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA EN EL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN PRIMERO: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal y en ellos el Juzgador describe las conductas que pueden o no ser calificadas como delitos; de esa realidad concreta se extraen las consecuencias penalmente relevantes, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo que se supone infringido. Por tal razón en ellos el Juzgador debe consignar una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que se tiene por acreditado, explicando los modos de conductas con relevancia penal observadas por las personas que intervinieron en los mismos, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes podemos ejercer control sobre la actividad jurisdiccional al momento de fallar. SEGUNDO: La sentencia penal, por disposición expresa del artículo 338 del Código Procesal Penal, es un cuerpo sistemático y armónico, por lo que su redacción debe respetar esos presupuestos normativos, distinguiendo, de manera clara, los aspectos fácticos de los jurídicos para permitir un apropiado control sobre ellos, por eso mismo, los elementos objetivos de los tipos de delitos, los grados de ejecución y los relativos a las circunstancias agravantes deben constar, en todo caso, en el apartado de hechos probados de la sentencia, sin que, válidamente, sea posible completarlos, en perjuicio del imputado, con el contenido de otro apartado de la sentencia. TERCERO: En el sistema penal hondureño existen dos figuras jurídicas que reprimen las actividades ilícitas de la explotación de la prostitución ajena, siendo ellos el PROXENETISMO contenido en el Artículo 148 del Código Penal y la TRATA DE PERSONAS contenido en el Artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas; el PROXENETISMO es un delito doméstico consistente en la obtención de beneficios económicos a costa de la prostitución ajena, mientras que la TRATA DE PERSONAS es una forma agravada de proxenetismo que por su gravedad es considerado como un delito de “lesa humanidad” consistente en separar o desarraigar a una persona de su entorno para explotarla en otro lugar, mismo que, por el nivel de fractura de los Derechos Humanos que sufren las víctimas, es calificado como una forma de esclavitud contemporánea, porque deshumaniza a las personas tratándolas como mercancía y por ello es una amenaza grave a la cohesión social, normalmente es llevado a cabo por Bandas Delincuenciales Trasnacionales, razón por la cual la comunidad internacional ejecuta acciones contundentes para luchar contra las redes de esta modalidad de Criminalidad Trasnacional creando Instrumentos Internacionales para combatirla, entre ellos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que son los precursores de nuestra ley interna sobre el tema, de acuerdo con el señalado Protocolo la Trata de Personas es una actividad (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas) que utilizando determinados medios (amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, la concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación) tiene como propósito la explotación (de la prostitución ajena, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos etc.). Generalmente se presenta en tres fases: 1) Enganche; 2) Traslado; y, 3) La explotación. CUARTO: En el presente caso el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en la audiencia de Juicio Oral, declaró terminantemente probado lo siguiente: “PRIMERO: Que en fecha once de enero del 2014, varios agentes de investigación se encontraban en la penitenciaría nacional, realizando actividades de investigación, cuando aproximadamente como a la una de la tarde; una persona desconocida les manifestó; que dentro de la penitenciaría nacional se encontraban dos mujeres que vendían a sus hijas, por lo que como agentes o autoridades que deben de atender las denuncias sean anónimas o por escrito, éstos procedieron a realizar las investigaciones preliminares, entre ellas localizar a estas personas que les había manifestado que se encontraban dentro de la penitenciaría nacional con sus hijas explotándolas sexualmente. — Fue así que ellos se aproximan a la penitenciaría nacional, encontrando a ambas señoras que ya venían de regreso del centro penal y procedieron a requerirías siendo éstas las señoras Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacía acompañar de sus hijas, de la señora Francisca y de las jóvenes, H. y K. F. R., fue así que ellos procedieron a requerirlas y cuando se les requiere y se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas la señora Francisca manifiesta que porque solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas y al tomarle su declaración a las menores de edad, éstas han manifestado que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas y les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, con la declaración de la joven K. M. ante este tribunal ha vuelto a manifestarles que ella fue captada por Martha, mientras iba a ver un partido de futbol a un campo, ya que su hermano iba a jugar con el equipo cuando fue interceptada por Martha, quien le manifestó que si quería dinero al principio ella dice que no, pero cuando le dice cuál era la actividad que ella iba a realizar ella le contestó que sí, así como Martha junto con Francisca procedieron a trasladarlas hacia la penitenciaría nacional, donde fueron ingresadas a ese recinto penal y puestas adentro de dicho centro, Martha procede a conseguirles los hombres a estas niñas, para posteriormente ser entregadas a los hombres que iban a tener relaciones sexuales con ellas, manifiesta además que una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y se le pagaban a Martha y que ella les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a la mamá, así mismo la joven H. se abstuvo prácticamente a declarar pero tampoco negó que ellas hayan ingresado a la penitenciaría nacional y que iban con su mamá, no declaró que había tenido relaciones con hombres pero al final dijo que sí, pero que ellas lo hacían voluntariamente, mientras su madre iba a visitar a su padrastro, ellas le decían que iban a los columpios, pero que sí tenían relaciones sexuales, con la declaración de la niña K. ella manifestó que también tenía relaciones sexuales y que le entregaba dinero a la mamá.— SEGUNDO: Fue así que ellos se aproximan hacia dentro de penitenciaría nacional, encontrando que dos señoras, que ya venían de regreso del centro penal con sus hijas, por lo que procedieron a requerir a Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, H. y K. F. R., a quienes también se les requiere, manifestándoles el motivo por el cual son requeridas, es cuando la señora Francisca Flores; manifiesta que porque solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha Martínez, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde las menores manifestaron que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas por esta última quien les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que estos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, con billetes de quinientos, éstos le pagaban a Martha y que ella; les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a su mamá por lo fueron puestas a la orden de la autoridad competente.” QUINTO: El Juzgador en la fundamentación jurídica del fallo impugnado consideró que los hechos antes referidos, se subsumen en el tipo penal de Trata de Personas contenido en el Artículo 52 de la Ley especial contra la Trata de Personas, porque, según él, se establecen los elementos objetivos del tipo penal de la “ley especial en blanco”, ya que las víctimas fueron convencidas por la imputada a dedicarse a actividades sexuales como respuesta a un medio económico de subsistencia, siendo llevadas hasta el centro penal a realizar tal acción y que además se cumplen las agravantes contempladas en los numerales primero y quinto del artículo 52 de la referida Ley, en los cuales se establece tal circunstancia por ser menores de edad y que se haya actuado con el abuso de confianza, pues las autoras del hecho una es la madre de las víctimas y la otra una vecina de la localidad con la que se había generado una empatía. SEXTO: El Artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 52.- TRATA DE PERSONAS. Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. La pena anterior se aumentará en un medio (1/2), en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga Liso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o fundón que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida.— En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la víctima de Trata de Personas o por su representante legal”. SÉPTIMO: Resulta, Honorables Magistrados, que al confrontar la declaración de hechos probados del fallo impugnado, con la estructura normativa del delito contenido en el artículo 52 de la Ley especial contra la Trata de Personas, por el cual fue condenada la señora Martha Cecilia Canales Martínez; evidentemente se aprecia que dicha decisión no se ajusta a las previsiones dispuestas por el legislador al regular el tipo penal de TRATA DE PERSONAS, ya que no basta con que se produzca de manera aislada una actividad sexual a cambio de una remuneración económica, pues la Trata de Personas está reservada para aquellos atentados más graves en los que se deshumaniza a la víctima, degradándola a la categoría de mera mercancía; trato inhumano que no se produce en el presente caso, por cuanto de los hechos probados se desprende que la señora Martha Cecilia Canales Martínez no recurrió a la amenaza, ni al uso de la fuerza u otra forma de coacción para determinar a las ofendidas a que se involucraran en actividades sexuales con algunos privados de libertad de la Penitenciaría Nacional a cambio de cierta cantidad de dinero; por lo que, si bien su conducta está desaprobada por nuestra legislación penal vigente, pero en su actuar no concurren las características propias de la moderna forma de esclavitud que reprime el tipo penal dispuesto en el Artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas; tampoco concurre en el cuadro fáctico del fallo recurrido las agravantes previstas en los numerales uno y cinco del mismo Artículo 52 como lo califica el Juzgador, porque en relación al numeral uno la agravación está prevista para cuando la víctima sea menor de 18 años, condición que no se puede establecer en el cuadro fáctico, pues en el mismo, lo que se menciona es que las víctimas eran menores de edad, pero entre las edades de 18 y 21 años también se es menor de edad, por lo que con los datos del cuadro fáctico del fallo impugnado no es posible establecer con certeza la existencia de la referida agravante y en cuanto a la segunda agravante, en el cuadro fáctico tampoco se describe que la señora Martha Cecilia Canales Martínez haya conseguido, maliciosamente, el consentimiento de quien tenía la autoridad sobre las víctimas, pues según los hechos probados ese acercamiento se produjo directamente entre la imputada y la víctima. De lo anterior resulta que los hechos probados del fallo recurrido no se subsumen en los presupuestos normativos previstos en el artículo 52 numerales uno y cinco de la Ley contra la Trata de Personas, por lo que el Juzgador al aplicarlo a dicho cuadro fáctico incurre en una aplicación indebida del mismo.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por falta de aplicación del Artículo 148 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA EN EL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN PRIMERO: Los hechos probados transcritos en el motivo anterior fueron calificados por el Juzgador como constitutivos del delito de TRATA DE PERSONAS, justificando la decisión en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas y declaró responsable de los mismos a la señora MARTHA CECILIA CANALES MARTÍNEZ, pero al analizar los mismos y apelando al respeto absoluto del principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que el referido cuadro fáctico, describe una realidad en la que la señora MARTHA CECILIA CANALES MARTÍNEZ sin hacer acopio de especiales argucias les propone a las jóvenes H. y K. F. R. el dedicarse a la prestación de servicios sexuales a cambio de una remuneración económica a lo que ellas se sintieron “conquistadas”, según sus propias palabras. SEGUNDO: No obstante lo anterior, el Tribunal de juicio, erróneamente, calificó los hechos como un delito de TRATA DE PERSONAS, a pesar de que esta figura delictiva, como lo expusimos en el primer motivo de casación, despoja a las víctimas de todos sus Derechos Humanos degradándolas a una condición de mera mercancía, muchas veces trascendiendo del ámbito doméstico al trasnacional, posición degradante y extraterritorial que no se produce en el caso de mérito, pero la relación de hechos probados da cuenta de una conducta que, indudablemente, es poseedora de los elementos objetivos descritos en la figura delictiva de PROXENETISMOS previstos en el Artículo 148 del Código Penal, norma que dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 148.— Incurre en el delito de Proxenetismo, quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial, y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos...”; por lo que el Juzgador debió de calificar los hechos probados como constitutivos del delito de PROXENETISMO por ser la norma penal en la que se subsume el referido cuadro fáctico, el no hacerlo implica vaciar de contenido el indicado tipo penal, porque no siempre el PROXENETISMO estará vinculado a la Trata de Personas, como en el presente caso en el que resulta evidente una actividad doméstica de PROXENETISMO, sin ningún vínculo a Trata de Personas, por lo que salta a la vista una violación a la ley por falta de aplicación del Artículo 148 del Código Penal, además de un quebranto al principio de legalidad que ampara al imputado, vicio que deberá ser subsanado por ese más alto Tribunal de justicia, casando la sentencia impugnada y dictando la que en derecho corresponde, calificando correctamente los hechos declarados probados como constitutivos de un delito de PROXENETISMO y adecuando la sanción a esa correcta calificación jurídica, siendo merecedora de la aplicación de la pena mínima, prevista para el delito de Proxenetismo contenido en el Artículo 148 del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[4] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe enunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez. Único Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al Estado Material de Inocencia y al debido proceso como consecuencia de pronunciamiento de culpabilidad con insuficiencia probatoria de cargo; *Remedio de saneamiento presentado contra el vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; y, *Pretensión: Declarar a lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria. Luego de transcribir algunos de los aspectos derivados de los medios de prueba evacuados en la audiencia de debate, denuncia el recurrente que ninguna de las víctimas establecen que su representada las haya facilitado o captado para que sean utilizadas con fines sexuales a cambio de dinero u otro bien en recompensa; en referencia a la testigo Alexis Javier Mairena, es solamente un testigo de referencia, pues nunca percibió si las ofendidas eran víctimas del delito de Trata de Personas, quien accionó por la razón que una mujer desconocida le manifestó que había una señora que vendía a sus hijas en la Penitenciaría Nacional, pero nunca comprobó dichos extremos, limitándose a realizar las capturas y posterior remisión a las oficinas correspondientes. Arguye el recurrente, que las menores víctimas fueron claras en establecer, que las madres en ningún momento tenían conocimiento de las actividades que hacían en el establecimiento penitenciario, concluye, que de la prueba evacuada en el debate, no se probó la existencia del delito acusado a su representada, pues no hubo suficiente prueba de cargo, ni tampoco se probó la intencionalidad de su defendida en captar a sus hijas para cometer el delito de Trata de Personas, pues las menores manifestaron que iban a la Penitenciaría Nacional a visitar a su padrastro quien se encontraba recluido ahí y posteriormente sin ninguna inducción o conocimiento de su madre, se trasladaban donde los demás reclusos a tener relaciones sexuales, mientras le decían a su progenitora que iban a jugar en los columpios. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debemostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se debe examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del Debido Proceso Legal La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita. En fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal reitera que las normas constitucionales susceptibles de ser examinadas en casación son aquellas referentes a derechos fundamentales y que guarden relación con el Derecho Penal y las formas de juicio; en consecuencia, deberá intentarse el recurso acudiendo únicamente a normas constitucionales reguladoras de derechos fundamentales que eventualmente pudieran verse afectadas producto de la persecución penal, como ser: derecho de defensa, debido proceso, etc., o bien, aquellas vinculadas con principios del Derecho Penal sustantivo, tal es el caso del principio de legalidad; en el caso actual, además del artículo 89 y 90 se denuncia infringido el artículo 94 de la Constitución de la República, el cual establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio; sin embargo, el censor impugna en su recurso la sentencia condenatoria por considerar ausencia de apoyo probatorio de signo incriminatorio, alegato en cuestión que corresponde analizarlo desde la perspectiva del estado material de inocencia en su vertiente de insuficiencia de carga probatoria, que será al cual esta Sala de lo Penal dará respuesta. Se ha determinado, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al estado de inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. Alega el recurrente que la prueba de cargo no vincula a la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez en el delito de Trata de Personas; así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende lo siguiente: En relación a la declaración testifical del agente de investigación Alex Javier Mairena Hernández entre otros aspectos señaló: “…ya en horas de la tarde una persona se nos acercó y nos dijo ustedes son policías verdad, respondimos que sí, y nos dijo que había una señora que iba con unas niñas menores al centro y las vende él nos dijo eso en su denuncia, y nos señaló a las señoras que iban con dos menores, procedimos nosotros a hablar con la señora, fuimos a hablar con las niñas por separado y con la señora, para sorpresa nuestra la señora dijo bueno y porque sólo a mí me detienen por esto o me paran por esto, allá adentro hay una que se llama Martha que también se dedica a esto, entonces esperamos a que saliera Martha iba saliendo ella con una menor recuerdo…” A preguntas del Ministerio Público respondió: “¿Qué le manifestaron las menores? Manifestaron que ellas residen en los sectores de Tamara, en esas zonas aledañas, y que doña Martha las captaba y las llevaba a un lugar a una casa baldía donde les daba instrucciones sobre qué adentro de la penitenciaría iban a ir a trabajar y se llevaban a doña Francisca a la mamá, ya adentro de la penitenciaría Martha se encargaba de conseguirle clientes para tener relaciones sexuales con ella, escuchando ese testimonio obviamente procedimos a darle detención ¿Le indicaron las menores si había pago por esas relaciones sexuales? Es correcto, la Señora Martha cobraba el dinero aproximadamente mil Lempiras por cada relación, luego al llegar a la casa de ella, ahí les pagaba a ellas les daba quinientos lempiras, al momento de llevarlas era ella quien la trasladaba a la penitenciaría. ¿Le indicaron las menores donde tenían las relaciones sexuales? Si, dentro de los dormitorios donde están los reos. ¿Le indicaron que secciones de la penitenciaría qué zonas visitaban? Recuerdo que eran dónde están los reos normales, no sé cómo están clasificados los módulos ahí....” “… ¿Se realizó algún decomiso a las menores? Si, recuerdo que traían unas almohadas, unos tenis que dentro de la penitenciaría los habían comprado según ellas, también se decomisó dinero. ¿Cuándo abordo a las menores éstas le manifestaron cómo habían llegado al centro penal? Las menores nos manifiestan que las llevaba a una casa y luego se iban en bus a la penitenciaría ¿Le manifestaron cuántas ocasiones habían ido a la penitenciaría con la señora Martha la menores? no recuerdo bien pero sí dijeron que en varias ocasiones. ¿En cuanto a las menores de la señora Francisca Suyapa qué manifestaron? Que ella las llevaba hasta la penitenciaría y que ella las introducía llevaba partida de nacimiento con una fotografía a la par, y ella era quien las metía adentro de la penitenciaría. ¿Las menores manifestaron quienes la acompañaban cuando visitaban el centro pena? Era doña Martha, Francisca y las menores también, había otro pequeño ahí pero no recuerdo el nombre y el tiernito.” A preguntas de la defensa uno respondió: “… Cuánto dinero le decomiso a las menores? Dentro del grupo que nosotros andamos, anda una compañera siempre por si existe el caso de hacer un registro a una fémina, siempre esta ella ahí, y ella fue quien hizo el decomiso…” Por su parte Karla Suyapa Oliva Barahona, agente de investigación de la DNIC ratifico en el desarrollo del debate los siguientes documentos: *Acta de registro personal de fecha 11 de enero de 2014 realizada a H. J. F. R. encontrando un billete de quinientos lempiras con serie número Q4380206. (F.67) *Acta de decomiso o secuestro de fecha 11 de enero de 2014 realizada a H. J. F. R. decomisándole un billete de quinientos lempiras con serie número Q4380206. (F.68) *Acta de decomiso o secuestro de fecha 11 de enero de 2014 realizada a H. J. F. R. decomisándole dos almohadas de color azul, estampadas con figuras de carros (F.71) *Acta de decomiso o secuestro de fecha 11 de enero de 2014 realizada a K. M. F. R. decomisándole un billete de quinientos lempiras con serie número V7227275 y cuatro billetes de cien lempiras, con series número BV3488026, BX1174810, BW2536306 y BX8771673. (F.62) *Acta de decomiso o secuestro de fecha 11 de enero de 2014 realizada a K. M. F. R. decomisándole un par de tenis color negro marca puma. (F.66) *Acta de registro personal realizada a la imputada Francisca Suyapa Flores Ramírez encontrándole cuatro billetes de cien lempiras con series números BY9043551, BY9129517, BV0710909 y BX26722855; un billete de veinte lempiras con serie número BR2244114; una partida de nacimiento a nombre de K. M. F. R. con número de identidad 0801-1999-14225 con fotografía pegada; una partida de nacimiento a nombre de H. J. F. R. con número de identidad 0801-1997-09709 con fotografía pegada; una partida de nacimiento a nombre de Irma Guadalupe Hernández Flores con número de identidad 0801-2006-14274; una partida de nacimiento a nombre de Orlin Alexander Herrera Flores con número de identidad 0801-2005-09933.(F.72) *Acta de decomiso o secuestro de fecha 11 de enero de 2014 realizada a a la imputada Francisca Suyapa Flores Ramírez decomisándole cuatro billetes de cien lempiras con series números BY9043551, BY9129517, BV0710909 y BX26722855; un billete de veinte lempiras con serie número BR2244114; una partida de nacimiento a nombre de K. M. F. R. con número de identidad 0801-1999-14225 con fotografía pegada; una partida de nacimiento a nombre de H. J. F. R. con número de identidad 0801-1997-09709 con fotografía pegada; una partida de nacimiento a nombre de Irma Guadalupe Hernández Flores con número de identidad 0801-2006-14274; una partida de nacimiento a nombre de Orlin Alexander Herrera Flores con número de identidad 0801-2005-09933.(F.73) Por otra parte Elvin Evelyn Estrada, agente de investigación de la DNIC ratificó en el desarrollo del debate los siguientes documentos: *Acta de decomiso o secuestro de fecha 29 de enero de 2014 de seis libros de registro de entradas al centro penal Marco Aurelio Soto del año 2013 al 2014 decomisado al señor Jorge Regalado Hernández en su condición de director.(F.203 al 204) En relación a los medios de prueba periciales entre otras describimos los siguientes: *Dictamen médico legal de evaluación física número 0801-0102 de fecha 12 de enero del 2014, practicado a la ofendida H. J. F. R., practicado y ratificado en juicio por la Dra. Sonia Suyapa Canales Ramírez en sus conclusiones numeral 7 reporta hisopado vaginal, vulvar y prenda íntima reporta positiva la presencia de semen y espermatozoides, compatible con coito reciente. *Dictamen médico legal de evaluación física número 0801-0101 de fecha 11 de enero del 2014, practicado a la ofendida K. M. F. R., practicado y ratificado en juicio por la Dra. Sonia Suyapa Canales Ramírez en sus conclusiones numeral 6 reporta hisopado vaginal, vulvar y anal más la prenda íntima reporta positiva la presencia de semen y espermatozoides, compatible con coito reciente. La queja del censor, es sobre la participación de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez, en el delito de trata de personas, en perjuicio de sus menores hijas, que debido a ese parentesco de madre se abstuvieron de declarar en contra de la imputada, por ello, con mucha cautela observa esta Sala de lo Penal que de manera muy conveniente el recurrente cuestiona la declaración del agente de investigación Alex Javier Mairena Hernández por ser a su criterio un testigo de referencia y hace alusión a lo que la Sala de lo Penal ha señalado, “…que la prueba testifical de referencia tiene un carácter supletorio y, como tal, excepcional, porque solo es admisible cuando no es posible la prueba directa, si ha quedado suficientemente justificada la imposible comparecencia del testigo directo, cabe acudir al testimonio de referencia…” luego aqueja el censor, sobre la existencia de prueba directa, pero olvida manifestar, que la prueba directa consistente en la declaración testifical de las menores víctimas quienes haciendo uso de su derecho a no declarar en contra de su madre Francisca Suyapa Flores Ramírez, amerita lo ya expresado por esta Sala de lo Penal, la admisión de prueba de referencia, al no ser posible oír el testimonio directo de las testigos victimas en perjuicio de su madre. El asunto de los testigos de referencia, ya ha sido objeto de delimitación conceptual por parte de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 27 de abril de 2017, recaída en el expediente SP 21-2014): “…Los testigos de referencia, conocidos también como “testigos de oídas”, son aquellos que informan respecto a lo que escucharon decir a otras personas; es pues que el conocimiento que comparten no es lo han percibido a través de sus propios sentidos, sino que es aquel del que saben por lo que otros les dijeron, de modo que los testigos de referencia se limitan a repetir lo que escucharon de otro. Los testigos de referencia, al ser creíbles, acreditan que una persona dijo algo, más no acreditan que ese “algo” efectivamente haya ocurrido, puesto que no lo han presenciado, por ello los testigos de referencia en el proceso penal son testigos de apoyo, de soporte en relación de los testigos presenciales, respecto a lo que éstos hayan manifestado; sirven para apuntalar la veracidad de los testigos presenciales y nunca para sustituirlos (Artículo 199 CPP)…”. Es así que se logra determinar que los testigos de referencia no aportan sobre el hecho sucedido mayor demostración que lo que se obtendría del propio testimonio referenciado, puesto que lo que aquellos conocen son las afirmaciones oídas de éste, sin embargo, la prueba anteriormente descrita, viene a refrendar lo dicho por el testigo Alex Javier Mairena Hernández, todo lo cual permite colegir a los juzgadores sobre la autoría de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez, pues ocurre una inmediación entre la denuncia anónima y la detención de la acusada, así como el resultado de las actas de decomiso o secuestro como los hallazgos en la prueba pericial consistente en los dictámenes médicos legales de evaluación física, que es concatenada con el resto probatorio evacuada en la audiencia de debate. Por todo ello esta Sala de lo Penal determina que derivado de los medios de prueba, estos fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total credibilidad para acreditar el reproche de culpabilidad en contra de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación de la acusada en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; no debe pretender el recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República en su artículo 89. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública de la señora Martha Cecilia Canales Martínez. Primer y Segundo Motivo. El censor fustiga la sentencia de la instancia por el cauce impugnativo que prevé el artículo 360 del Código Procesal Penal, dividiendo su censura en dos motivos diferentes, a saber: 1. Primer Motivo: *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Aplicación Indebida de del artículo 52 numerales 1 y 5 de la Ley especial contra la Trata de Personas.*Concepto de la infracción: El cuadro fáctico no se ajusta a las previsiones dispuestas por el legislador al regular el tipo penal de Trata de Personas, al estar reservada para aquellos atentados más graves en los que deshumaniza a la víctima, degradándola a la categoría de mera mercancía; trato inhumano que no se produce en el presente caso; Pretensión: Sin determinar por la recurrente. 2. Segundo Motivo: *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Falta de aplicación del artículo 148 del Código Penal. *Concepto de la infracción: La redacción de los hechos probados da cuenta de una conducta poseedora de los elementos objetivos de la figura delictiva de Proxenetismo; *Pretensión: Casar la sentencia impugnada y dictando lo que en derecho corresponda. La censora, en su primer motivo denuncia la existencia de una aplicación indebida de la norma sustantiva, que nunca debió declarársele culpable del delito de Trata de Personas a su representada, pues dicho delito es una forma agravada de proxenetismo que por su gravedad es considerado como un delito de lesa humanidad; que de acuerdo al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente de mujeres y niños, es una actividad que utiliza determinados medios (amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, la concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación). Que el trato inhumano a que hace relación el tipo penal de Trata de Personas, no se produce en el presente caso, al no desprenderse así de los hechos probados en que de ninguna manera la señora Martha Cecilia Canales Martínez recurrió a la amenaza, ni al uso de la fuerza u otra forma de coacción para determinar que las ofendidas se involucren en actividades sexuales, menos se describe en el hecho probado las agravantes previstas en el numeral 1 y 5 del Artículo 52 como lo califica el juzgador, en relación al numeral 1 que las víctimas sean menores de 18 años, no es descrito en el cuadro fáctico, se limita a describir que eran menores de edad, que abarca también entre los 18 y 21 años, por lo cual, no es posible que se establezca con certeza la existencia de dicha agravante; en relación a la agravante del numeral 5 tampoco describe el hecho probado que la imputada Martha Cecilia Canales Martínez haya conseguido maliciosamente el consentimiento de quien tenía la autoridad sobre las víctimas, pues según el relato fáctico, ese acercamiento se produjo directamente entre la imputada y la víctima. Concluye la recurrente al afirmar que los hechos probados del fallo recurrido no se subsumen en los presupuestos normativos previstos en el artículo 52 numerales 1 y 5 de la Ley contra la Trata de Personas. En su segundo motivo denuncia la censora, que al analizar los hechos probados y apelando al respeto absoluto del principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse indudablemente los elementos objetivos descritos en la figura delictiva de proxenetismo previsto en el artículo 148 del Código Penal, por lo que falta a la vista una violación a la ley por falta de aplicación. Los dos motivos presentados por la pretensora se interrelacionan, por lo que es procedente resolver ambos en un mismo pronunciamiento. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo con efecto extensivo. La recurrente fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la aplicación indebida del artículo 52 en sus numerales 1 y 5 de la Ley contra la Trata de Personas, que tipifica el delito de Trata de Personas Agravada en la modalidad de explotación sexual comercial, por considerar que dicho tipo penal, es una actividad que utiliza determinados medios (amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, abuso de poder, la concesión o recepción de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación) no descritos en los hechos fácticos; tampoco se relatan las agravantes por las cuales fue condenada su representada, al considerar que en ninguna de sus partes se detalla que las víctimas son menores de 18 años de edad, ni que la acusada haya conseguido maliciosamente el consentimiento de quien tenía la autoridad sobre las víctimas, pues según el relato factico, ese acercamiento se produjo directamente entre la imputada y la víctima, sin embargo, los hechos probados -a criterio de la denunciantecontienen los elementos objetivos descritos en la figura delictiva de Proxenetismo. En el caso de estudio, el juzgador construyó el hecho probado que reproduce el hecho histórico que considera se ha acreditado; hecho probado que al ser analizado no ha sido posible subsumirlo en el delito de Trata de Personas (descrito así, en su parte resolutiva de la sentencia impugnada), los hechos probados son los siguientes: “PRIMERO: Que en fecha once de enero del 2014, varios agentes de investigación se encontraban en la penitenciaría nacional, realizando actividades de investigación, cuando aproximadamente como a la una de la tarde; una persona desconocida les manifestó; que dentro de la penitenciaría nacional se encontraban dos mujeres que vendían a sus hijas, por lo que como agentes o autoridades que deben de atender las denuncias sean anónimas o por escrito, éstos procedieron a realizar las investigaciones preliminares, entre ellas localizar a estas personas que les habían manifestado que se encontraban dentro de la penitenciaría nacional con sus hijas explotándolas sexualmente. Fue así que ellos se aproximan a la penitenciaría nacional, encontrando a ambas señoras que ya venían de regreso del centro penal y procedieron a requerirlas siendo éstas las señoras Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, de la señora Francisca y de las jóvenes, H. y K. F. R., fue así que ellos procedieron a requerirlas y cuando se les requiere y se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas la señora Francisca manifiesta que porqué solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde se les manifiesta el motivo por el cual son requeridas y al tomarle su declaración a las menores de edad, estas han manifestado que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas y les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, con la declaración de la joven K. M. ante este tribunal ha vuelto a manifestarles que ella fue captada por Martha, mientras iba a ver un partido de futbol a un campo, ya que su hermano iba a jugar con el equipo cuando fue interceptada por Martha, quien le manifestó que si quería tener dinero al principio ella dice que no, pero cuando le dice cuál era la actividad que ella iba a realizar ella le contestó que sí, así como Martha junto con Francisca procedieron a trasladarlas hacia la penitenciaría nacional, donde fueron ingresadas a ese recinto penal y puestas adentro de dicho centro, Martha procede a conseguirles los hombres a estas niñas, para posteriormente ser entregadas a los hombres que iban a tener relaciones sexuales con ellas, manifiesta además que una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y se le pagaban a Martha y que ella les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a la mamá, así mismo la joven H. se abstuvo prácticamente a declarar pero tampoco negó que ellas hayan ingresado a la penitenciaría nacional y que iban con su mamá, no declaró que había tenido relaciones con hombres pero al final dijo que sí, pero que ellas lo hacían voluntariamente, mientras su madre iba a visitar a su padrastro, ellas le decían que iban a los columpios, pero que si tenían relaciones sexuales, con la declaración de la niña K. ella manifestó que también tenía relaciones sexuales y que le entregaba dinero a la mamá, SEGUNDO: Fue así que ellos se aproximan hacia dentro de penitenciaría nacional, encontrando que dos señoras, que ya venían de regreso del centro penal con sus hijas, por lo que procedieron a requerir a Francisca Suyapa Flores y Martha Cecilia Canales Martínez, quienes se hacían acompañar de sus hijas, H. y K. F. R., a quienes también se les requiere, manifestándoles el motivo por el cual son requeridas, es cuando la señora Francisca Flores; manifiesta que porque solamente a ella la requieren si atrás de ella también viene la señora Martha Martínez, que también viene de hacer lo mismo, una vez requeridas estas señoras son trasladadas hasta las oficinas de la explotación sexual comercial y trata de personas, donde las menores manifestaron que la señora Martha las había conquistado en su colonia en Ciudad España, donde fueron abordadas por esta última quien les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional y les dijo que iban a tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esta relación sexual, una vez que tenía las relaciones los hombres les pagaban hasta mil lempiras, con billetes de quinientos, éstos le pagaban a Martha y que ella; les daba 500 lempiras, que de esos quinientos lempiras le daba 200 a su mamá por lo que fueron puestas a la orden de la autoridad competente.” El artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas, contiene el delito de mismo nombre, regulado de la siguiente manera: “Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. Las penas anteriores aumentara en un medio (1/2), en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la victima de Trata de Personas o por su representante legal.” Como puede apreciarse, el tipo penal en principio, no define a que se refiere con servidumbre y con esclavitud o prácticas análogas; sin embargo, ese vacío ha sido llenado mediante el artículo 6 de la ley en mención, numerales 1, 2, 3 y 10 que dispone: “Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 1) TRATA DE PERSONAS: La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 2) SERVIDUMBRE: Estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que la persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la persona víctima de Trata de Personas a realizar actos, trabajos o prestar servicios; 3) ESCLAVITUD O PRÁCTICAS ANÁLOGAS: El Estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos; 10) EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL (ESC): La utilización de personas en actividades con fines sexuales donde existe un pago o promesa de pago para la víctima o para un tercero que comercia con ella.” Para definir aún más dicho concepto y de conformidad con las convenciones internacionales y/o regionales en las que el Estado de Honduras es parte, se ratificó, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la cual aporta una definición de Trata de Personas: Artículo 3 Definiciones. Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. Del mismo concepto, es posible sustraer tres elementos para identificar la cadena de explotación en sus diversas manifestaciones los cuales son: a) Las conductas (captar, transportar, alojar, recibir, trasladar, enganchar, transferir, retener y entregar); b) Los medios (amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder valiéndose de su situación de vulnerabilidad, a través de la violencia física o moral, concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona o tenga autoridad sobre ella); y, c) Los fines (la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, entre otros). La actividad es la manera como la víctima es captada, trasladada y acogida en el lugar de destino; los medios, son aquellos procedimientos utilizados para cometer los delitos en materia de trata de personas y los fines son aquellas formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima. En opinión del penalista español Luis Alfredo De Diego Diez y por vía de ilustración explica que en la Trata de Personas, con independencia del tipo de explotación que se persiga (sexual, laboral, esclavitud o prácticas análogas, extracción de órganos) concurren tres elementos definitorios: a) Traslado: La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, no importando sí es llevada fuera del país o de una ciudad a otra. Lo que importa es su desarraigo de la comunidad de origen[5]; b) Limitación o privación de la libertad. La víctima no es libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia. En ocasiones las víctimas son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas dirigidas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad; c) Finalidad de Explotación: la trata de personas tiene por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no sólo en la explotación sexual sino también en el servicio doméstico, en la mendicidad, en matrimonios serviles, en la pornografía, en la de niños y niñas vinculados a grupos armados al margen de la ley, entre otros[6]. Como consecuencia de la conducta descrita en el hecho probado, la señora Martha Cecilia Canales Martínez conquistó a las menores de edad en su colonia Ciudad España, les ofreció llevarlas hasta la penitenciaría nacional para tener relaciones sexuales con hombres y que éstos les iban a cancelar dinero por esas relaciones sexuales, en un principio se negaron pero al repetir la actividad que iban a realizar aceptaron la propuesta; por ello, Martha procede a conseguirles los hombres para posteriormente ser entregadas para tener relaciones sexuales, quienes le pagaban hasta mil lempiras, de quinientos y le pagaban a Martha quien les daba quinientos. Así las cosas, sin duda la conducta desplegada por la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, constituye un acto reprochable, pero distinto del tipo penal de Trata de Personas por el cual fue condenada, dado que la acción desplegada por la acusada no describe un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad de la víctima, menos que dicha acción ha sido desarrollada con amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, como le refiere el análisis del tipo penal antes esgrimido, pues los verbos rectores que rigen el tipo penal de Trata de Personas no suponen un acto único de suficiente influencia psíquica o ideológica para mover a otro a realizar una conducta que no había decidido por sí en un momento anterior a realizar; es decir, no basta una simple propuesta, invitación o consejo, requiere la realización efectiva, al menos, de acciones encaminadas a la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción que obliguen a la víctima a realizar formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima. Ahora bien, en cuanto a la queja de las agravantes, consignadas en el artículo 52 numerales 1 y 5, la recurrente tiene razón; del hecho probado no ha sido posible sustraer la edad exacta de las víctimas, pues los sentenciadores se ha limitado a decir que son “menores de edad”, que son “jóvenes” y en una ocasión “a estas niñas”, sin poder reflejar a plenitud la edad exacta, pues la agravante consignada en el numeral 1 define que sean menores de 18 años para su aplicación; igual sucede con la agravante del numeral 5 la cual dispone que el sujeto activo se aproveche de la relación de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; en ninguno de los dos apartados primero y segundo del cuadro fáctico es posible hacer una deducción del mismo, no hay relato de que la acusada se aproveche de la relación de confianza, hizo pago, préstamo o concesiones para obtener consentimiento de la madre de las víctimas, lo que si describe el hecho probado, es un convencimiento a la propia víctima, en conclusión, el hecho probado, no reviste las características agravadas exigidas por el delito por el cual fue condenada. Descartándose que los hechos declarados probados constituyan delito de Trata de Personas agravado en la modalidad de explotación sexual comercial, corresponde entonces analizar si estos se encuadran en otra conducta típica, específicamente en el delito de Proxenetismo en su modalidad básica, como ha referido en el desarrollo de su recurso la Defensa Pública. Si bien, el relato histórico respecto a los acontecimientos debatidos no es una descripción cronológica, ordenada, clara y terminante de lo que aconteció, aun con esa falencia, si es posible sustraer, que la acción realizada por la acusada Martha Cecilia Canales Martínez encaja en el delito de Proxenetismo el cual está tipificado en el artículo 148 del Código Penal el cual dispone: “Incurre en el delito de proxenetismo, quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial, y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos.” La separación entre ambos tipos penales (Trata de Personas y Proxenetismo) es muy difícil y, en la mayoría de los casos las causas son las mismas, pero a pesar de ello, resulta primordial diferenciarlos y lo encontramos en los elementos objetivos, como resalta de la definición: en la Trata de Personas se recurre a medios como la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, a la retención, al sometimiento, privándolas de su libertad para ejecutar formas o modalidades de explotación que se tenga la intención de practicar con la víctima, elemento no incluido en el delito de Proxenetismo, que solo muestra como elementos objetivos, las conductas (promover, inducir, facilitar, reclutar o someter) y la finalidad (la explotación sexual comercial). El tipo penal de Proxenetismo igualmente requiere de un elemento subjetivo, tendencial o intencional, consistente en que el sujeto activo tenga la intención de realizar actividades de explotación sexual comercial, tal y como lo hacía la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, que su intención no era otra que promover a las víctimas a mantener relaciones sexuales con personas del sexo masculino por un pago, lucrándose de estas relaciones, al obtener una parte del dinero. Este requisito, (subjetivo) también conduce a la determinación del dolo que, exige el conocimiento y voluntad de realizar todas las circunstancias del tipo objetivo, es decir, el autor debe tener pleno conocimiento, elemento cognitivo, y además debe querer realizar el acto, elemento volitivo. En el delito de Proxenetismo, el dolo debe implicar que todas las acciones que se realizaban sean tendientes a promover, inducir, facilitar o reclutar personas con el propósito de explotarlas sexualmente y beneficiarse económicamente. En en el presente caso los actos desarrollados por la acusada se adecúan hacía aquel propósito, pues sabía lo que hacía, (elemento intelectual, intencional, cognitivo); así mismo quería hacerlo, (elemento volitivo o emocional del dolo), que se dan desde el momento en que la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, ha promovido, facilitado e inducido a las víctimas a sostener relaciones sexuales comerciales, trasladándolas junto con Francisca Suyapa Flores Ramírez al centro penitenciario nacional, donde las ingresaron y entregaban a los hombres con los que iban a sostener las relaciones sexuales. Lo elemental en este caso es dejar determinado el nexo con la explotación sexual. Este vínculo directo activo supone que el beneficiado actúe en busca de dicho beneficio, no es recibirlo pasivamente y aceptar que proviene del ejercicio de la prostitución, sino que sabiendo que proviene de ahí, procure obtenerlo. De esta manera, la conducta de la acusada se subsume en el tipo penal de proxenetismo en su modalidad básica previsto en el artículo 148 del mismo texto punitivo. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de casación que por infracción de ley ha interpuesto la defensa de la encartada. Tal defecto no solo se aprecia en beneficio de la acusada Martha Cecilia Canales Martínez, a favor del cual se interpuso el recurso de Casación, sino también en beneficio de la acusada Francisca Suyapa Flores Ramírez, pues el pronunciamiento de responsabilidad hecho por el Iudex en contra de ella tiene como génesis los mismos hechos probados, por lo que el recurso debe ser extensivo a ella tal y como lo ordena el artículo 349 del Código Procesal Penal. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 349, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Bracamontes, defensor público de la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez;. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Vilma Méndez Ordóñez, defensora pública de la señora Martha Cecilia Canales Martínez; el cual debe ser extensivo a favor de la acusada Francisca Suyapa Flores Ramírez. Tercero: Casa parcialmente la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, se emite el siguiente pronunciamiento: I) Se absuelve a la señora Martha Cecilia Canales Martínez como autora responsable penalmente del delito de Trata de Personas Agravada en la modalidad de Explotación Sexual Comercial en perjuicio de H. J. F. R. y K. M. F. R.. II) Se absuelve a la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez como autora responsable penalmente del delito de Trata de Personas Agravada en la modalidad de Explotación Sexual Comercial en perjuicio de H. J. F. R. y K. M. F. R.. III) Se condena a la señora Martha Cecilia Canales Martínez como autora responsable penalmente del delito de Proxenetismo en su modalidad básica en perjuicio de H. J. F. R. y K. M. F. R. a la pena de reclusión de seis años y una multa de cien salarios mínimos, pena de prisión a la que se le restará el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad por esta causa y que durante su cumplimiento le obliga a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, conforme dispone el artículo 47 del Código Penal. IV) Condena a la señora Francisca Suyapa Flores Ramírez como autora responsable penalmente del delito de Proxenetismo en su modalidad básica en perjuicio de H. J. F. R. y K. M. F. R. a la pena de reclusión de seis años y una multa de cien salarios mínimos, pena de prisión a la que se le restará el tiempo en que la condenada haya estado privada de su libertad por esta causa y que durante su cumplimiento le obliga a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, conforme dispone el artículo 47 del Código Penal. V) Se declara el comiso sobre la evidencia decomisada. VI) Ante lo anterior, se deja incólume el pronunciamiento de instancia respecto a los párrafos segundo, tercero y cuarto. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido que ha adquirido el carácter de firme y además se libre copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal de las señoras Martha Cecilia Canales Martínez y Francisca Suyapa Flores Ramírez. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-367-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia emitida por la Sala de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante recurso de Casación N= 339-10 de fecha once de junio del 2013.
[2] Manual sobre la Investigación del Delito de Trata de Personas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), año 2009.
[3] Sentencia de recurso de casación penal N=304-2010, de fecha 30 de mayo del 2011.
[4]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[5] Vid. en contra de esta opinión, ORTS BERENGUER, ENRIQUE, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, op. cit., págs. 239-240, opinando que quedan fuera de las previsiones de la trata de personas, los casos de tráfico de personas que se desarrollen por completo en el interior o en el exterior de las fronteras nacionales.
[6] Vid. en este sentido, DE DIEGO DIEZ, ALFREDO, Delitos..op. cit., págs. 80-81.