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Sentencia CP-358-16 — Registro 12623

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de recibo. El recurrente expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por la falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, puesto que considera que no estamos ante un delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, sino ante un delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, Cabe señalar que el imputado David René Benítez Sarmiento, fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal, esto debido a que la naturaleza de la elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.[1]. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Se desprende del factum de la sentencia, que el acusado fue capturado en fecha 22 de agosto del 2014 a eso de las 3:30 p.m. por un grupo de agentes policiales, cuando realizaban un patrullaje de rutina en la colonia la Frontera, a quien le decomisaron un arma de fuego; y siendo que las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil o balas industriales, la mayoría de veces son de comercio lícito; así en el presente caso al señor David René Benítez Sarmiento se le encontró un arma de fuego de fabricación casera, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, diseñada para disparar munición calibre 38. Por estas razones, deviene procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP-358-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha dos (02) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor David René Benítez Sarmiento, del delito de Portación Ilegal de Armas Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor David René Benítez Sarmiento, como autor del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de especial absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor David René Benítez Sarmiento. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se declaró el comiso de un arma de fuego de fabricación artesanal, a la que deberá dársele el destino legal correspondiente; en lo referente a una máscara con una figura de una calavera, al tratarse de un objeto lícito comercio, devuélvase a quien acredite su propiedad. Sexto: Se le otorgó la Suspensión Provisional de la Ejecución de la Pena, impuesta al señor David René Benítez Sarmiento, estableciéndose un período de prueba de cinco años, suspensión que no se extiende a las obligaciones civiles derivadas del delito. Interpuso el recurso de casación el Abogado Juan Antonio Ramírez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y la Abogada Marina Guadalupe Hernández Amador, en su condición de defensora pública del señor David René Benítez Sarmiento, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal de Sentencia, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: El día veintidós de agosto de dos mil catorce, a las tres con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje en la colonia La Frontera, sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés, requiriendo a dos personas, entre ellas al señor David Rene Benítez Sarmiento, a quien le practicaron un registro personal, decomisándole un arma de fuego de fabricación casera en buen estado de funcionamiento mecánico operativo diseñada para disparar munición calibre 38 y una máscara con forma de calavera, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente Abogado Juan Antonio Ramírez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de ley de la manera siguiente: “Exposición de los motivos de casación. Primer motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente. Único: "El día veintidós de agosto de dos mil catorce, a las tres con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje en la colonia la Frontera, sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés, requiriendo a dos personas, entre ellas al señor David Rene Benítez Sarmiento, a quien le practicaron un registro personal, decomisándole un arma de fuego de fabricación casera en buen estado de funcionamiento mecánico operativo diseñada para disparar munición calibre 38 y una máscara con forma de calavera, por lo que fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” Para el Tribunal Sentenciador, el cuadro fáctico descrito se subsume en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, motivo por el cual emite sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; sin embargo, la citada conclusión por parte del ente jurisdiccional hace evidente el error in iudicando en que ha incurrido, pues al analizar la declaración de hechos probados, no se logra visualizar del mismo que se ha incurrido en la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, lo cual se determina al tenor de las circunstancias establecidas en el Artículo 332 B: "Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”…. De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente", permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientas ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 supra referido. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como "chimba", misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial….”. Sin embargo, El Tribunal apartándose del cuadro fáctico que el mismo ha establecido, decide calificar la conducta como Portación Ilegal de Arma Comercial (Artículo 332-B); pues aduce en el numeral cuarto, del apartado de fundamentación jurídica, que la chimba es considerada un arma de fabricación cacera o artesanal, la cual está diseñada para disparar munición de calibre: 38 que constituye una munición permitida por la ley, conforme lo establece el artículo 7, numeral 1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa, ya que el factum establecido no corresponde a la calificación jurídica. Segundo motivo: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice. "Artículo 332-A: "Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su Motivación Jurídica orientada a sustentar la parte concluyente de su fallo, procurando explicar el porqué, el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal; es así, que en el numeral cuarto de dicho apartado establece "Es un hecho probado que el acusado fue detenido en posesión de un arma de fuego de fabricación artesanal, apta para disparar munición calibre 38, es decir cartuchería de la utilizada por las armas que se consideran permitidas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 7 numeral 1 de la Ley de control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares…..” Como se logra evidenciar, el ente jurisdiccional carece de un soporte legal para establecer con certeza, que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) que utiliza munición calibre 38, debe ser considerado comercial, pues refiere, que para su tenencia es necesario la obtención del correspondiente permiso, lo cual resulta absolutamente imposible, al no encontrarse incluidas dentro del catálogo establecido en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que ha sido citado en el motivo anterior. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado David Rene Benítez Sarmiento, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: "sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas" (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian infringidas: Artículo 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares. *Concepto de la Infracción: La aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Segundo Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de precepto penal sustantivo. *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Resumen Explicó el recurrente en sus dos motivos de casación por infracción de ley, los cuales son afines, en el primero denuncia la aplicación en forma indebida del artículo 332-B del Código Penal, el cual configura el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial; en el segundo motivo, denuncia la falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, el cual configura el delito de Portación Ilegal de Arma prohibida. El recurrente considera que no estamos ante un delito de Portación Ilegal de Armas de uso Comercial, sino ante un delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, puesto que al acusado se le realizó el correspondiente registro personal y le fue encontrada un arma de fuego de fabricación casera que de acuerdo al diámetro de su recámara percute cartuchos calibre .38 que se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento, tanto mecánico como operativo. Continúa manifestando que, atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa, ya que el factum establecido no corresponde a la calificación jurídica. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos SP 336-2015, SP 409-2015 y SP 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en la ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y de conformidad con el Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2. Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación casera o artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que, no obstante que la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido la de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales, cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionadas penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de recibo. El recurrente expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por la falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, puesto que considera que no estamos ante un delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, sino ante un delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, Cabe señalar que el imputado David René Benítez Sarmiento, fue encontrado portando un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal, esto debido a que la naturaleza de la elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.[1]. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Se desprende del factum de la sentencia, que el acusado fue capturado en fecha 22 de agosto del 2014 a eso de las 3:30 p.m. por un grupo de agentes policiales, cuando realizaban un patrullaje de rutina en la colonia la Frontera, a quien le decomisaron un arma de fuego; y siendo que las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil o balas industriales, la mayoría de veces son de comercio lícito; así en el presente caso al señor David René Benítez Sarmiento se le encontró un arma de fuego de fabricación casera, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, diseñada para disparar munición calibre 38. Por estas razones, deviene procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos. DECISIÓN: No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Juan Antonio Ramírez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor David René Benítez Sarmiento, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha dos (02) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la cual se declara la responsabilidad penal del señor David René Benítez Sarmiento, como autor responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-358-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Vid. Sentencia de Casación Penal SP 328-2016 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de octubre de 2019. Sentencia de Casación Penal SP 473-2015 dictada por la Sala de lo Penal en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis. Sentencia de Casación Penal SP 254-2017 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 22 de enero de 2020.