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Sentencia CP-353-16 — Registro 12622

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO .- Señala la Constitución de la República en el artículo 313.5, en relación con el artículo 55.4 del Código Procesal Penal, que corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los recursos de casación, los cuales conforme el artículo 359 del Código de Rito, solo podrán ser interpuestos en contra de las resoluciones definitivas emitidas por los tribunales de sentencia.- En la resolución de éstos recursos manda el artículo 350 que la sentencia que emita la Sala de lo penal solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, no pudiendo emitir resoluciones al margen del motivo puesto a consideración por el Recurrente. En el caso concreto el Ministerio Público ha interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2015 recurso de casación por quebrantamiento de forma, el cual constituye la vía recursiva para rever vicios de procedimiento y de construcción de la sentencia.- La Recurrente individualizó como motivo la violación de las reglas de la sana critica en el proceso intelectivo de consideración de los medios de prueba; forma de increpar que los señores jueces, a partir del contenido de los medios de prueba, realizaron reflexiones extrañas a las reglas de la sana critica, que les hicieron arribar juicios de valoración inválidos; empero en el desarrollo la Recurrente se valió de argumentos ajenos a tal motivo al cuestionar la indebida interpretación de normas procesales y de normas de supuesta naturaleza sustantiva y no en defectos en la valoración probatoria. Como primer argumento recursivo señala la Recurrente que no se ha valorado debidamente los exámenes toxicológicos QT-0323-2014, 0324-2014, 2014-0501-0101-0970 y 2014-0501-0101-0971, a los que se les privó de validez; argumento que es impropio al confundir aspectos de la valoración probatoria (hechos) con aquellos referidos a la validez de la prueba (derecho), cuyo control de legalidad si bien es por el recurso de casación por quebrantamiento de forma es por conducto de un motivo distinto al interpuesto. El Tribunal de la instancia derivó que los dictámenes toxicológicos señalados fueron el resultado de análisis científicos, realizados por personas con conocimiento idóneo en la materia y que determinan que la evidencia encontrada a los acusado dio resultado positivo (de ser droga) (f. 172), siendo éste el razonamiento judicial intelectivo que precisamente coincide con la pretensión probatoria de la parte actora, lo que convierte en improcedente el alegato de que existió una indebida derivación de alcance probatorio cuando el tribunal a reconocido como acreditados aquellos hechos que precisamente el casacionista buscaba con la presentación de la prueba.- Ahora bien, a continuación de la valoración intelectiva de los medios de prueba in comento, el tribunal de sentencia señaló que carecían de valor probatorio por no haber satisfecho requisitos legales respecto al control judicial, contradictorio y defensa que deben de observarse para la designación de peritos y practica del medio de prueba científico, todo ello como consecuencia de la interpretación a la ley procesal que hicieren los Señores Jueces, y no como consecuencia de la violación a reglas de sana critica, por lo que el motivo debió ser dirigido a la exclusión indebida del medio de prueba a causa de un desatinado criterio legal y no sobre el proceso de valoración intelectivo; Error de técnica recursiva que se hace evidente en la propia argumentación presentada por la Recurrente, cuando para sostener el motivo alega potestades legales que tiene el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar y que no reconoció el a-quo y a la ausencia de perjuicio al derecho de defensa de los acusados, tema que atañe a la aplicación de la ley y no al contenido lógico del razonamiento judicial. Como segundo argumento recursivo plantea la recurrente que se hizo una indebida valoración probatoria del Dictamen de Laboratorio de Balística, esto por una aplicación errónea del Decreto no. 184-13, invocado por el tribunal de sentencia como fundamento legal para la no declaratoria de culpabilidad de los acusados por un delito de portación ilegal de armas de fuego, dándose nuevamente una confusión entre las normas que la sana critica que rigen en valoración probatoria con aquellos referidos a la interpretación de normas legales que se identifican como sustantivas, cuyo control de legalidad es por el recurso de casación por infracción de ley (aplicación indebida de una norma legal), distinto al que la recurrente eligió como vía recursiva. El tribunal de sentencia atribuye a los dictámenes toxicológicos y de balística las mismas cualidades: análisis científicos, realizados por personas con conocimiento idóneo en la materia (f. 172), lo que constituye valoración intelectiva; empero señaló que si bien el examen balístico se realizó bajo los parámetros legales, éste no puede servir como fundamento para declarar la responsabilidad penal de los acusados ello porque al tiempo en que los acusados fueron aprehendidos portando armas de fuego estaba en vigencia el Decreto legislativo no. 184-13 el que según los señores jueces contiene disposiciones permisivas para la portación de armas de fuego; siendo la interpretación de dicho decreto legislativo lo que increpa la Recurrente, lo que no tiene relación alguna con la construcción de razonamientos valorativos probatorios acordes a las reglas de la sana critica. Conforme a lo expuesto los vicios que son denunciados por el Ministerio Públicos distan de fundarse en razonamientos judiciales violatorios a la sana critica; ambos tratan sobre la ley, su aplicación e interpretación: el primero sobre normas de derecho probatorio y el segundo sobre una ley que fue considerada por los señores jueces de naturaleza sustantiva y aplicada como justificante a la conducta reprochada por el tipo penal.- Vicios que no es posible estudiar y dar respuesta por esta Sala de lo Penal amen que implicaría el trasladarse a motivos distintos al planteado e inclusive, en cuanto al segundo alegato, mudarse a un recurso de casación distinto al interpuesto, violentándose así la norma imperativa contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, esto porque el aspecto objeto de impugnación elegido por la propia Recurrente y que vincula al Tribunal de Casación es la existencia de una supuesta violación a las reglas de la sana critica, el cual debe de ser rechazado pues lo alegado como argumentos de sustento no tienen relación con dicho motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente Sentencia en los Recursos de Casación SP-353-2016 por Quebrantamiento De Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual Primero: Absolvió a los señores Olvin Yamil Serrano Alberto y Héctor David Flores Barahona, del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: Absolvió al señor Héctor David Flores Barahona, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y los Abogados Augusto Rafael Fletes y Luis Adolfo Cruz Rivera, apoderados defensores privados de los acusados Olvin Yamil Serrano y Héctor David Flores Barahona, actuando en su condición de recurridos. II. Hechos Probados De La Instancia Único: En fecha once de febrero del año dos mil catorce, a eso de las una y treinta minutos de la tarde, policías preventivos se encontraban realizado un patrullaje de rutina a la altura de la colonia Los Castaños, de esta ciudad de El Progreso, Yoro, cuando procedieron a realizar un registro personal a los señores Olvin Yamil Serrano Alberto Y Héctor David Flores Barahona, quienes decidieron darle detención y ponerlo a la orden de las autoridades competentes. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria Infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues no ha Valorado la prueba, de conformidad a las Reglas de la Sana Crítica. A criterio del Tribunal, la prueba evacuada no resultó ser suficiente para acreditar la participación del acusado en el delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas y por el delito de Portación ilegal de Armas, lo que ha impedido generar en el ánimo de los sentenciadores la decisión de declarar la responsabilidad penal del mismo, a través de una sentencia condenatoria. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del ente Acusador no es más que el resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de El Progreso, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, que estuvieron integrados por prueba testifical documental y pericial, que se detalla a continuación: Prueba Pericial 1.- Dictamen De Laboratorio Balístico el cual fue realizado por el perito Luis Carlos Castro García, del cual se desprende que las armas evaluadas se encontraban en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. 2.-Dictamen De Laboratorio Químico Toxicológico Número QT- 0323-2014 Y 0324-2014 quien fue realizado por el doctor Darlan Wilfredo Membreño Ulloa, y en cual se establece que la evidencia incautada a los imputados es marihuana y que la cantidad sobrepasa la cantidad considerada para el consumo personal inmediato. 3.-Dictámenes Químico Toxicológico de medicina forense realizados a los encausados según número 2014-0501-0101-0970 Y 2014-0501-0101-0971, realizado por el doctor Gustavo Adolfo García Rivera y la doctora Rudy Georgina Cruz Ruiz, en donde concluyen que los encausados son consumidores según se estableció en la evaluación de sangre y orina. Como prueba testifical: 1.-Declaración De Jesús Gómez Díaz, quien manifestó: que se encontraba realizando un patrullaje de rutina en dicho lugar, observaron el vehículo y le hicieron la parada, realizaron un registro y se les encontró, dos bolsas de marihuana a cada uno de ellos, y al registrar el vehículo encontraron dos armas de fuego de las cuales no portaba permiso de portación las cuales fueron decomisadas al dueño del vehículo. A preguntas de las partes contestó: la captura la realizó en compañía de Mario Ponce, Wilberto Teruel, y al observar el vehículo tipo turismo color negro, marca honda civic, le hicieron parada se estacionó y realizaron el registro, les solicitaron que se bajara del vehículo, iban ellos dos y encontraron armas, al que se le decomisó el vehículo se le decomisaron las armas, y en cuanto a la hierba seca andaba cada bolsita en las bolsas de atrás del pantalón el que andaba el vehículo andaba una en la bolsa de adelante y otra en la bolsa trasera el pantalón, no recuerda cuantos celulares se le decomisaron creía que tres, las evidencias fueron presentadas al Ministerio Público, las armas fueron encontradas entre los dos asientos y Héctor dijo que eran de él y las bolsitas eran pequeñas no se observaba a simple vista. Testimonio a quien el juzgador le concede valor probatorio. Como prueba documental: 1.- Actas De Decomiso De Un Arma De Fuego tipo pistola marca taurus, pavón niquelada, calibre 9 milímetros con un cargador y veinte proyectiles sin percutir y un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretra, pavón negro, calibre 40 milímetros con su cargador, conteniendo nueve proyectiles sin percutir. Un celular marca BlackBerry color blanco, modelo Z10. 2.-Acta De Decomiso de fecha 11 de febrero del año dos mil catorce, en la cual se acredita el decomiso al señor Olvin Yamil Serrano Alberto, de dos bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuestamente marihuana, dos celulares marca Nokia, color gris, un billete de veinte dólares, dos billetes de cinco dólares, cinco billetes de un dólar. Documentos que fueron ratificados por el agente de investigación Wilmer Jesús Gómez Díaz. 3.- Acta De Decomiso de fecha 11 de febrero del año 2014 realizada a Héctor David Flores Barahona acreditando el comiso del vehículo, tipo turismo, color negro, marca honda civic, color negro, año 2008 a nombre de Oscar Alfredo Rivera. 4.- Acta De Registro De Vehículo de fecha 11 de febrero del 2014 el cual era conducido por el señor Héctor David Flores Barahona, en el cual se encontró en el compartimiento que hay en medio de los dos asientos, dos armas de fuego una Pietro Beretra, pavón negro, calibre cuarenta milímetros, un arma de fuego de pavón niquelada, marca taurus, tipo pistola calibre 9 milímetros ambas con su respectivo cargador y un celular marca Black Berry Z10 color blanco. Dichos decomisos fueron realizados por el comisario Jorge Bonerge Vásquez. 4.- Constancia De Registro Balístico: acreditando que las armas decomisadas no se encuentran registradas a favor del encausado señor Héctor David Flores Barahona. Como evidencia física: Se presentó: a) Arma de fuego tipo pistola, marca Bereta, modelo 90two, calibre 40 s&w, SERIE ty10786, CON su respectivo cargador metálico, junto a nueve cartuchos sin percutir. b) Arma de fuego tipo pistola marca Taurus, modelo PT92 AF, calibre 9mm, serie tao68041, con su respectivo cargador metálico y veinte cartuchos sin percutir. Con estas evidencias se acreditó la existencia de las mismas. El Juzgador en la apartado de Valoración conjunta de toda la prueba, de la sentencia impugnada, establece lo siguiente: “Lo establecido en estos dictámenes son resultado de los análisis científicos, realizados por las personas con el conocimiento idóneo en la materia y aun cuando los dictámenes toxicológicos realizados a la evidencia encontrada a los encausados de los cuales sus resultados son positivos, consideramos que éstos carecen de valor probatorio por no contar con los requisitos exigidos para su legitimidad por nuestra norma procesal penal; ya que al momento de realizar la pericia la causa ya se encontraba judicializada según la fecha de la solicitud y la realización de los dictámenes... realizando la misma sin los parámetros legales establecidos en nuestra norma procesal penal, cuando a ello sin conocimiento de la defensa dejando en indefensión a los acusados... careciendo este procedimiento de control jurisdiccional, por lo antes expuesto no es procedente darle valor de prueba de cargo que enerve el estado de inocencia de los señores Olvin Yamil Serrano Alberto Y Héctor David Flores Barahona. Asimismo aún y cuando el dictamen de balística se encontraba realizado bajo los parámetros legales, por la fecha de los hechos no hubiera sido posible condenar por tal acción ya que la misma no es punible al existir un decreto de ley temporal como ser el 184-13 de fecha cinco de octubre del año dos mil trece con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del corriente año dos mil quince por haberse extendido el mismo, término en el cual existe una veda o período de gracia para aquellas personas que hayan sido sorprendidas con algún arma de fuego, derogando tácitamente la ley general,” Lo aseverado por el ente jurisdiccional en la supra indicada motivación, no hace más que evidenciar una valoración de la prueba de cargo, vulnerando la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues siendo que la sana crítica requiere de un análisis armónico y global de todo el andamiaje probatorio tenemos que además del hallazgos de la hierba (marihuana) decomisada a los encausados, así como que en el vehículo se encontraban la cantidad de veintiséis mil lempiras y aunando a esto se encontró dos armas de fuego, por lo que se estima que si existen elementos probatorios para determinar que los enjuiciados efectivamente son responsables por los ilícitos por los cuales fueron enjuiciados como lo es la Facilitación De Los Medios De Transporte Y Portación Ilegal De Arma Comercial. El artículo 242 del Código Procesal Penal prevé que durante la etapa preparatoria puede ser el Órgano Jurisdiccional o bien el Ministerio Público tal como aconteció en el caso sub judice, quienes seleccionen a los peritos; ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley del Ministerio Público, ya que si bien es cierto se establece que el nombramiento se hace con conocimiento de la parte contraria, esa regulación tiene como objeto en que la misma pueda por ejemplo recusar al perito, pero en este proceso penal, la parte defensora no ha hecho patente que se haya configurado de alguna situación que provoque que la invalidez formal o material de la experticia balística, ya que como lo argumentó el agente de tribunales del ente fiscal, se trata de peritos oficiales de sobrada experiencia para la realización de experticias sometidas a su competencia, pues las conclusiones contenidos en estas experticias no pueden censurarse de manera alguna pues se realizaron con todos los protocolos de garantía procesal sin violentar como lo refiere el A quo el derecho de defensa de los imputados. Asimismo en cuanto a lo que establece el juzgador que la acción realizada por los encausados se encuentra bajo el beneficio del decreto 149-13 se debe tener en cuenta las circunstancias en que se produjo el arresto de los imputados, del lugar donde estaba dispuesta la droga(marihuana) y las armas, que se encontraban dentro del vehículo por debajo de los asientos delanteros tal como lo expreso el testigo de cargo Wilmer Jesús Gómez Díaz pues en el momento de su detención carecían del permiso de la autoridad competente, para la posesión de esas armas específicas que fueron decomisadas tal como lo establecen las actas de decomiso, y tal situación de que las armas en mención no estaban registradas se acredita con la constancia emitida por el Registro Nacional de Armas, pues la intención como se deriva de la prueba no era registrar esas armas, pues la acción desplegada por los encausados era la portación ilegal de las armas comerciales ya referidas, esto con fundamento a la calificación efectuada en primera instancia. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla Lógica de la Derivación en su característica de suficiencia; que exige que el Proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de Inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo Indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el encausado Héctor David Flores Barahona, ya que era la persona que se encontraron en posesión de las armas de tipo pistola comerciales, al no portar el permiso correspondiente, no puede quedar la conducta de poseerla fuera de la ley penal. Siempre refiriéndose a que el delito de Portación Ilegal de Armas la Corte suprema de Justicia ha señalado “Esta Sala de lo Penal en el presente caso que nos ocupa, en/ende que, la infracción penal de la Portación Ilegal de Armas es de las que se conocen como de “peligro abstracto, o de mera actividad”, conductas en las que no es necesaria ni la lesión efectiva ni la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, en estos delitos lo que se describe por el legislador es un comportamiento que según la experiencia general representa en si misma un peligro para el objeto protegido, la suposición hecha por el legislador de que la posesión de armas de manera ilegal representa un peligro para la colectividad es sumamente razonable, pues sabido es que las armas representan un peligro cierto al ser utilizadas y con mayor razón de parte de quienes las portan de manera ilegal.- En relación con el bien jurídico en lo delitos de Peligro la doctrina apunta, “Se dividen en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto.- Suele decirse que en los primeros requiere expresamente la ley la creación de una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), mientras que en los delitos de Peligro abstracto no es preciso que en el caso concreto la acción cree un peligro efectivo: Sólo serían delitos de peligro en el sentido de que la razón de su castigo es que normalmente suponen un peligro”.- Véase. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, 8 edición, 2 reimpresión, editorial IB. de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p.229.2. Con lo antes expuesto se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego sin los permisos correspondientes constituye delito. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla Lógica de la Derivación en su característica de suficiencia; que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de Inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo Indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el encausado Héctor David Flores Barahona, fueron las personas que se encontraron en posesión de las armas de tipo pistola comerciales, al no portar el permiso correspondiente, no puede quedar la conducta de poseerla fuera de la ley penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectúa apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal. Con fundamento en lo antes expuesto, consideramos que el juzgador de instancia ha vertido fundamentación inconsistente para restar valor probatorio y credibilidad a la prueba de cargo evacuada, aun cuando ésta ha sido suficiente para que el juzgador dictara una sentencia condenatoria como ha sido la pretensión del ente acusador. “El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, sin violaciones en el razonamiento a las reglas de la lógica”, como integrante del sistema de valoración de la sana crítica; es decir, al momento de valorar la prueba, debe arribar a conclusiones lógicas y razonables de cada elemento probatorio que se le haya presentado como tal en el juicio o debate, o lo que es igual, que el razonamiento de culpabilidad o inocencia según el caso, debe desprenderse de uno o más elementos de prueba que tenga a su disposición para resolver la causa sometida a su conocimiento; y que ese desprendimiento o derivación, tiene que ser coherente, lógico o razonable, es decir que de la prueba valorada se desprenda sin margen de duda la participación del encausado en los hechos controvertidos, principio éste, que el Juzgador no respetó en lo más mínimo, ya que de haberlo aplicado, la derivación de su fallo hubiera sido diferente. Atendiendo lo anterior podemos concluir, que la valoración que ha efectuado el juzgador a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Crítica, ya que las inferencias por ellos hechas, en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido capaz de extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación, en la manera que ha quedado expuesto, ya que reiteramos, que el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica se encuentra el principio de derivación, que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se violenta la regla de la sana crítica (lógica), como ha sucedido en el caso sub judice. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse producido el defecto en la emisión de la sentencia; *Pretensión: Sin determinar por la Recurrente. El Ministerio Público identifica al artículo 202 del Código Procesal Penal, como la norma adjetiva que ha sido vulnerada como consecuencia de una incorrecta valoración probatoria hecha por el tribunal de sentencia, recaída en los medios de prueba presentados en la audiencia de debate; afirmando que ello lo que origino se decretase una sentencia absolutoria a favor de los acusados. - Relaciona la Recurrente que como parte de la valoración de la prueba descrita el a-quo señaló: i.- Los dictámenes toxicológicos dan resultados positivos, pero no pueden ser considerados dado que su practica fue ordenada por el Ministerio Público, sin control jurisdiccional y sin participación de la defensa, aun cuando la causa ya se había judicializado; ii.- El dictamen de balística se encuentra realizado bajo los parámetros legales, pero no es posible imponer condena a los acusados, pues al momento en que fueron aprehendidos estaba vigente el Decreto legislativo No. 184-13, el que estableció un periodo de veda para aquellas personas que fueron sorprendidas con un arma de fuego. - Señala la recurrente que tal valoración es contraria al principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente, pues considera que existen elementos probatorios suficientes para determinar que los acusados son responsables de los delitos por los cuales fueron enjuiciados. Censura la Recurrente el criterio judicial, alegando: i.- En cuanto la no valoración del examen toxicológico: el artículo 242 del Código procesal penal establece las facultades del Ministerio público en la etapa preparatoria, lo que es congruente con el artículo 33 de la Ley del Ministerio Público, concluyendo que la pericia se realizó sin vulnerar el derecho de defensa; ii.- En cuanto a la aplicación del Decreto legislativo no. 149-13: no era la intención de los acusados registrar las armas de fuego, sino la de portarlas de manera ilegal, careciendo de soporte legal el señalar que el poseer un arma de fuego sin los permisos correspondientes no constituye delito. Concluye que la valoración efectuada por el tribunal a las probanzas de cargo incorporadas a juicio atenta contra las reglas de la sana critica, en especifico con la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, esto porque lo señalado en la valoración no corresponde a su auténtico valor y contenido. De la Procedencia del Recurso el Recurso no es de Recibo .- Señala la Constitución de la República en el artículo 313.5, en relación con el artículo 55.4 del Código Procesal Penal, que corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer y resolver los recursos de casación, los cuales conforme el artículo 359 del Código de Rito, solo podrán ser interpuestos en contra de las resoluciones definitivas emitidas por los tribunales de sentencia.- En la resolución de éstos recursos manda el artículo 350 que la sentencia que emita la Sala de lo penal solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, no pudiendo emitir resoluciones al margen del motivo puesto a consideración por el Recurrente. En el caso concreto el Ministerio Público ha interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2015 recurso de casación por quebrantamiento de forma, el cual constituye la vía recursiva para rever vicios de procedimiento y de construcción de la sentencia.- La Recurrente individualizó como motivo la violación de las reglas de la sana critica en el proceso intelectivo de consideración de los medios de prueba; forma de increpar que los señores jueces, a partir del contenido de los medios de prueba, realizaron reflexiones extrañas a las reglas de la sana critica, que les hicieron arribar juicios de valoración inválidos; empero en el desarrollo la Recurrente se valió de argumentos ajenos a tal motivo al cuestionar la indebida interpretación de normas procesales y de normas de supuesta naturaleza sustantiva y no en defectos en la valoración probatoria. Como primer argumento recursivo señala la Recurrente que no se ha valorado debidamente los exámenes toxicológicos QT-0323-2014, 0324-2014, 2014-0501-0101-0970 y 2014-0501-0101-0971, a los que se les privó de validez; argumento que es impropio al confundir aspectos de la valoración probatoria (hechos) con aquellos referidos a la validez de la prueba (derecho), cuyo control de legalidad si bien es por el recurso de casación por quebrantamiento de forma es por conducto de un motivo distinto al interpuesto. El Tribunal de la instancia derivó que los dictámenes toxicológicos señalados fueron el resultado de análisis científicos, realizados por personas con conocimiento idóneo en la materia y que determinan que la evidencia encontrada a los acusado dio resultado positivo (de ser droga) (f. 172), siendo éste el razonamiento judicial intelectivo que precisamente coincide con la pretensión probatoria de la parte actora, lo que convierte en improcedente el alegato de que existió una indebida derivación de alcance probatorio cuando el tribunal a reconocido como acreditados aquellos hechos que precisamente el casacionista buscaba con la presentación de la prueba.- Ahora bien, a continuación de la valoración intelectiva de los medios de prueba in comento, el tribunal de sentencia señaló que carecían de valor probatorio por no haber satisfecho requisitos legales respecto al control judicial, contradictorio y defensa que deben de observarse para la designación de peritos y practica del medio de prueba científico, todo ello como consecuencia de la interpretación a la ley procesal que hicieren los Señores Jueces, y no como consecuencia de la violación a reglas de sana critica, por lo que el motivo debió ser dirigido a la exclusión indebida del medio de prueba a causa de un desatinado criterio legal y no sobre el proceso de valoración intelectivo; Error de técnica recursiva que se hace evidente en la propia argumentación presentada por la Recurrente, cuando para sostener el motivo alega potestades legales que tiene el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar y que no reconoció el a-quo y a la ausencia de perjuicio al derecho de defensa de los acusados, tema que atañe a la aplicación de la ley y no al contenido lógico del razonamiento judicial. Como segundo argumento recursivo plantea la recurrente que se hizo una indebida valoración probatoria del Dictamen de Laboratorio de Balística, esto por una aplicación errónea del Decreto no. 184-13, invocado por el tribunal de sentencia como fundamento legal para la no declaratoria de culpabilidad de los acusados por un delito de portación ilegal de armas de fuego, dándose nuevamente una confusión entre las normas que la sana critica que rigen en valoración probatoria con aquellos referidos a la interpretación de normas legales que se identifican como sustantivas, cuyo control de legalidad es por el recurso de casación por infracción de ley (aplicación indebida de una norma legal), distinto al que la recurrente eligió como vía recursiva. El tribunal de sentencia atribuye a los dictámenes toxicológicos y de balística las mismas cualidades: análisis científicos, realizados por personas con conocimiento idóneo en la materia (f. 172), lo que constituye valoración intelectiva; empero señaló que si bien el examen balístico se realizó bajo los parámetros legales, éste no puede servir como fundamento para declarar la responsabilidad penal de los acusados ello porque al tiempo en que los acusados fueron aprehendidos portando armas de fuego estaba en vigencia el Decreto legislativo no. 184-13 el que según los señores jueces contiene disposiciones permisivas para la portación de armas de fuego; siendo la interpretación de dicho decreto legislativo lo que increpa la Recurrente, lo que no tiene relación alguna con la construcción de razonamientos valorativos probatorios acordes a las reglas de la sana critica. Conforme a lo expuesto los vicios que son denunciados por el Ministerio Públicos distan de fundarse en razonamientos judiciales violatorios a la sana critica; ambos tratan sobre la ley, su aplicación e interpretación: el primero sobre normas de derecho probatorio y el segundo sobre una ley que fue considerada por los señores jueces de naturaleza sustantiva y aplicada como justificante a la conducta reprochada por el tipo penal.- Vicios que no es posible estudiar y dar respuesta por esta Sala de lo Penal amen que implicaría el trasladarse a motivos distintos al planteado e inclusive, en cuanto al segundo alegato, mudarse a un recurso de casación distinto al interpuesto, violentándose así la norma imperativa contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, esto porque el aspecto objeto de impugnación elegido por la propia Recurrente y que vincula al Tribunal de Casación es la existencia de una supuesta violación a las reglas de la sana critica, el cual debe de ser rechazado pues lo alegado como argumentos de sustento no tienen relación con dicho motivo. Decisión Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único. V. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince (f. 170), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-353-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL