Sentencia CP-352-16 — Registro 12621
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Es criterio de la Sala de lo Penal que en la sentencia se aprecia una correcta subsunción de los hechos declarados probados en el tipo penal contenido en el artículo 222 del Código Penal, no siendo atendible el reclamo formulada por la Defensa Pública de que se trata de un hecho no consumado. El Fáctum señala que el 09 de julio de 2014, a las 09:00 a.m., el acusado Mario Alberto Hernández, conduciendo una motocicleta llegó hasta el puesto de venta propiedad de CX0061-2014, a quien le manifestó que venía de parte de la “Mara Salvatrucha”, la cual es identificada como una agrupación de carácter ilícita, dedicada a la ejecución de actos delictivos, de alta peligrosidad para la población, por lo que la sola referencia hecha por el acusado constituye un acto intimidatorio, pues quiso informar al ofendido no solo que era parte de dicha agrupación, sino que además que contaba con su respaldo. En este marco el acusado procedió a exigirle la entrega de una cantidad de dinero en concepto de “impuesto de guerra”, concepto que desafortunadamente es también de comprensión común y que se entiende como la cantidad de dinero que debe ser entregada periódicamente a un grupo delictivo so riesgo de sufrir la persona desobediente un mal, que fue precisamente lo que le advirtió el acusado al ofendido, que le mataría en caso de que no entregase la cantidad de dinero exigida.- Hasta este punto del relato histórico, el hecho delictivo de extorsión es en su grado de ejecución de tentativa, pues aun no se había producido la conducta del sujeto pasivo, el señor CX-0061-2014, consistente en realizar contra su voluntad una disposición patrimonial, pero el factum da cuenta de que los hechos siguieron fluyendo, y señalan que ese mismo día, alrededor de las 02:00 p.m., el ofendido motivado por el desasosiego, le entregó al acusado Mario Alberto Hernández Miralda, una cantidad de dinero, instante en donde las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal del delito de extorsión fueron completadas, consumándose la figura delictiva. La Defensa Pública basa su recurso en la falta de disponibilidad de los bienes producto del hecho delictivo a causa de la aprehensión que hiciere la Policía Nacional después de que el acusado había recibido el dinero de manos del ofendido; teoría que no es aplicable en el presente caso pues el legislador ha centrado el verbo rector reprochable en “obligar” al ofendido a realizar un acto de disposición patrimonial con lo que se consuma el delito, como ocurrió en el presente caso cuando el señor CX-0061-2014, entregó al señor Mario Hernández la cantidad de doscientos lempiras en Plaza El Toronjal, tal y como se lo había indicado este último; por otra parte los hechos declarados probados no dan cuenta de que la aprehensión del acusado haya obedecido al desarrollo de la técnica especial de investigación “entrega controlada” como se alega en el libelo del recurso, tampoco que éste se hubiese encontrado en ese momento en condición flagrante, conforme una de las definiciones del artículo 175 del Código Procesal Penal, ello porque una vez que recibió el dinero de manos del ofendido el acusado dispuso trasladarse desde la Plaza El Toronjal hasta las inmediaciones de la Empresa Grupo “Q” sin que le persiguiere nadie (no señalado así en el factum), punto donde fue requerido por la autoridad policial, teniendo la disponibilidad del dinero recibido en el trayecto recorrido. DECISIÓN: El Recurso de casación por infracción de ley en su único motivo debe de ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-352-2016 por Infracción De Ley interpuesto contra la sentencia de fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Condenó al señor Mario Alberto Hernández Miralda, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de CX0061-2014 a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor Mario Alberto Hernández Miralda, a la pena de multa de cincuenta salarios mínimos.- Tercero: Se le declara la Responsabilidad Civil del señor Mario Alberto Hernández.- Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: Abogados Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, agentes de la defensa pública, apoderados legales del acusado Mario Alberto Hernández Miralda, en su condición de recurrentes. Hechos Probados De La Instancia “Primero: La persona denominada en el proceso: CX0061-2014, tenía un puesto de comercio en el Centro de la ciudad de La Ceiba, Atlántida desde aproximadamente 3 años. Segundo: En fecha 9 de julio del año 2014 a las 9:00 horas de la mañana, el señor Mario Alberto Hernández Miralda, en una motocicleta color: negra, marca: Génesis, sin placa, llegó al puesto de venta propiedad de CX0061-2014, le manifestó que venía de parte de la “mara salva trucha”, que le mataría si no entregaba la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00), que debía pagar de “impuesto de guerra” cada puesto de comercio y le ordenó que ese mismo día en las cercanías de la Plaza El Toronjal de La Ceiba, debía entregarle la referida cantidad de dinero. Tercero: Aproximadamente dos horas más tarde de ese día, CX0061-2014 motivado por el desasosiego le entregó a Mario Alberto Hernández Miralda en el lugar previsto, la cantidad de dinero solicitado en dos billetes de cien lempiras; acto seguido Mario Alberto Hernández Miralda con dicha cantidad de dinero se retiró de aquél lugar en la motocicleta antes descrita, siendo detenido minutos más tardes en la carretera que de La Ceiba conduce a Tela, específicamente frente a las instalaciones de la empresa Grupo Q (distribuidora de la Nissan).” Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos “Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Motivo Único: Infracción por falta de aplicación del artículo 15 en relación al artículo 222 del Código Penal Vigente. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. Exposición Del Motivo. -Al Motivo Único: El precepto sustantivo penal que se considera se ha infringido por aplicación indebida dispone en su parte conducente artículo 15, en relación al artículo 222 del Código Penal Vigente, y que literalmente disponen: “Artículo 15. Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. Artículo 222, “Incurre en el delito de extorsión con una pena de quince a veinte años de reclusión a quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a persona natural o jurídica a: 1-Hacer o dejar de hacer alguna cosa…”. El artículo 360 del Código Procesal Penal, nos explica que habrá lugar al Recurso de Casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, éste mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal necesaria para la aplicación de la misma ley penal, por derivación lógica y legal, los hechos tenidos como probados en cualquier sentencia están sustentados nada más y nada menos que en las pruebas que se hubieren evacuado en el juicio, por tal razón debemos analizar este apartado. La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de ella se derivan entre ésta, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto penal que se supone infringido. El Juzgador en referencia declaró como probado el siguiente hecho probado: Hecho Probado: “Primero: “La persona denominado en el proceso: CX0061-2014, tenía un puesto de comercio en el Centro de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida desde aproximadamente 3 años. Segundo: En fecha 9 de julio del año 2014 a las 9.00 horas de la mañana, el señor Mario Alberto Hernández Miralda, en una motocicleta color negra marca: Génesis, sin placa, llegó al puesto de venta propiedad de CX0061-2014, le manifestó que venía de parte de la mara salva trucha, que le mataría si no entregaba la cantidad de doscientos lempiras (L. 200.00), que debía pagar de Impuesto de guerra, cada puesto de comercio y le ordenó que ese mismo día en las cercanías de la Plaza El Toronjal de La Ceiba, debía entregarle la referida cantidad de dinero. Tercero: Aproximadamente dos horas más tarde ese día CX0061-2014 motivado por el desasosiego le entregó a Mario Alberto Miralda en el lugar previsto, la cantidad de dinero solicitado en dos billetes de cien lempiras, acto seguido Mario Alberto Hernández Miralda, con dicha cantidad de dinero se retiró de aquel lugar en la motocicleta antes descrita, siendo detenido minutos más tarde en la carretera que de La Ceiba conduce a Tela, específicamente frente a las instalaciones de la empresa Grupo Q (Distribuidora de la Nissan)”. -De este cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha establecido que la conducta ejecutada por el imputado Mario Alberto Hernández Miralda, se subsume en el delito de Extorsión, sin embargo, la interpretación pretendida al analizar el contenido de los hechos probados se observa que el Juzgador se aleja de la tutela Judicial efectiva que rige a los juzgadores, razón por la cual estaríamos hablando del grado de ejecución de tentativa. O sea que se hace evidente el error in iudicando en que ha incurrido, pues al analizar la declaración de los hechos probados se logra visualizar que el delito en mención se ha ejecutado en el grado de tentativa, que si bien es cierto el imputado ejecutó los elementos objetivos del tipo penal y también los subjetivos del mismo, puesto que su acción externan evidencia, su ánimo de ejecutar el hecho, teniendo conocimiento de la ilegalidad de la misma, la que no consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, en el caso de autos el acusado no logró obtener la disponibilidad de manera real el dinero exigido, por la oportuna intervención de la autoridad policial, quienes la capturan de manera flagrante, a través de una entrega vigilada, por lo que se aprecia la concurrencia de un delito de extorsión en el grado de ejecución de tentativa, Refriéndonos a la tentativa es cierto que para la existencia de la misma se requiere el comienzo de la ejecución, es decir de actos idóneos y eficaces para lesionar el bien jurídico, de los cuales pueda también deducirse la voluntad del agente y que revelen el comienzo de la ejecución según el plan que se ha propuesto el autor. Se debe distinguir entre los actos preparatorios y los actos de ejecución. Una de las primeras concepciones, hoy muy superadas, fue la teoría de la univocidad de Carrara, según la cual existen actos de ejecución cuando en forma unívoca y segura podemos concluir que tales actos fueron idóneos para producir el resultado delictivo y se dirigían a ese propósito sin duda alguna. Por lo que es importante acotar que este delito no es de mera actividad sino que de resultado, lo cual viene determinado precisamente por el ánimo de lucro y se requiere el aprovechamiento de la cosa o sea un delito contra la propiedad, por lo que se reafirma el hecho que el delito de extorsión tiene como bien jurídico protegido la propiedad, por tanto siendo un delito de resultado, la extorsión permite que se interrumpa la consumación y quede en su grado de tentativa, lo que sucede en el caso subjudice, por la oportuna intervención de los agentes de investigación, que hubo persecución inmediata e ininterrumpida después del apoderamiento por lo que se entiende que el acusado nunca tuvo la posibilidad de disponer del bien, en consecuencia no logró el beneficio económico pretendido, por lo que no se aprecia la consumación sino un delito tentado. Por todas estas razones estimamos que el hecho no fue consumado, y lo que existe en el caso de mérito es una tentativa acabada, por lo que el fallo recurrido no está dictado conforme a las exigencias de los artículos citados, debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto. Interpretación Pretendida Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que se ha infringido un precepto penal por falta de aplicación del artículo 15 en relación al 222 del Código Penal, por lo que se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva ya que al analizar la declaración de los hechos probados se logra visualizar que el delito en mención se ha ejecutado en el grado de tentativa.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivo Único *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 15 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la figura de la tentativa; *Pretensión: Se declare con lugar el recurso y se proceda a revocar la sentencia impugnada. Para la Defensa Pública existe una error en la elección de las normas sustantivas aplicables a los hechos declarados probados; explica que la conducta ejecutada por el señor Mario Alberto Hernández Miralda, si bien se subsume en el delito de Extorsión, ello es en grado de tentativa debido a que no logra consumar el delito por una causa ajena a su voluntad, dado que éste no tuvo la disposición del dinero por la oportuna intervención de la autoridad policial, capturándolo de manera flagrante a través de una entrega vigilada.- Explican que el delito de extorsión tiene como bien jurídico protegido la propiedad, por tanto, siendo un delito de resultado, permite que se interrumpa la consumación. Del Tipo Penal de Extorsión En los últimos tiempos la actividad social se ha vuelto más compleja y diversa, lo que acarrea como consecuencia inevitable que la actividad delictiva también haya adquirido las mismas características, provocando como reacción legislativa la creación y modificación de figuras delictivas, con el fin de contrarrestar tal fenómeno, que desafortunadamente ha ido en crecimiento. Una especial actividad delictiva que en los últimos años ha venido en crecimiento es la Extorsión, lo que provoco como respuesta del Estado de Honduras en el año 2014 la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la investigación del delito de Extorsión y aprehensión de las personas responsables, conocida como Fuerza Nacional Anti Extorsión (FNA); además en el 2016 y mediante acuerdo No. 002-2016, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,031, de fecha 12 de mayo de 2016, el Poder Judicial crea juzgados de letras, tribunales de sentencia y corte de apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión, con sede en las ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.- Por otro lado el Poder Legislativo procedió a revisar y reformar el artículo 222 del Código Penal, que tipifica la figura delictiva, incrementando por una parte el espectro del supuesto de hecho y por otra parte las penas a imponer a las personas encontradas responsables. Tipificación del delito A partir de 1984, año en que entró en vigencia el actual Código Penal, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, haciendo reformas a su tipificación en tres ocasiones, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017.- Comparativamente cada reforma al delito de extorsión tiene por objeto expandir su radio de aplicación, al grado que hoy encontramos en el tipo de extorsión a uno de los tipos penales con mayor ámbito material y mayor pena. Han sido las tipificaciones del delito de Extorsión en la República de Honduras las siguientes: 1. Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 en fecha 12 de marzo de 1984 y vigente el 12 de marzo de 1985; 2. Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; 3. Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; y 4. Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para el día 09 de julio de 2014, momento en que se dieron los hechos que se juzgan, era el contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a:1).- Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2).- Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3).- Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. Naturaleza del delito El delito de Extorsión presenta características de los delitos en contra de la libertad de las personas, pero a la vez de los delitos en contra de la propiedad. Respecto a los delitos en contra la libertad debido a que la extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 CP), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 CP), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; de igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 CP), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A CP) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo; sin embargo, pese a tales similitudes, el delito de Extorsión tiene elementos particulares que le diferencian, a saber: 1. Con el delito de amenazas, porque éste solo busca la lesión psicológica, causar intimidación (miedo) en el sujeto pasivo, sin ulterior propósito, en cambio en el delito de extorsión la intimidación no es el propósito final, sino el medio o vía para aquello que se desea, que es el beneficio patrimonial injusto; 2. Con el delito de coacción, el delito de extorsión guarda una mayor similitud, pues en ambos se compele al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad, siendo la diferencia la significancia patrimonial que persigue el delito de extorsión. Ante el concurso de leyes entre estas dos figuras delictivas, la especialidad del elemento subjetivo del delito de extorsión: ánimo de lucro, será lo determinante para poder resolver el caso concreto; 3. Con el delito de secuestro extorsivo encuentra elementos comunes con el delito de extorsión, dado que ambos tienen contenido patrimonial, en ambos el sujeto activo se vale de la amenaza para conseguir un beneficio económico y ambos se consideran consumados aun cuando tal beneficio no sea obtenido, siendo la distinción la privación de la libertad de una persona que si se exige en el delito de secuestro y no en el delito de extorsión. La Sala de lo Penal, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, en el Expediente 041-2012, indico que: “… si bien es cierto que el secuestro y la extorsión comparten en su estructura típica el uso de la intimidación o la violencia para obtener un propósito determinado, en el caso del secuestro concurre como elemento esencial e imprescindible la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, circunstancia que el tipo penal de extorsión no exige para su realización…”. 4. Con el delito de chantaje, por el especial carácter del contenido de la amenaza, pues en este delito consiste en la revelación de información verdadera o falsa, que pueda resultar en lesión al honor o prestigio de la persona natural o jurídica víctima del delito, entretanto en el delito de extorsión el contenido de la amenaza es la promesa de realizar u omitir una conducta injusta (lícita o ilícita), distinta al perjuicio del honor o prestigio. Continuando nuestro análisis encontramos que el delito de extorsión no solo está relacionado con los delitos en contra el patrimonio por su naturaleza, sino porque además el legislador nacional lo clasifica como uno de ellos, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de robo y hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión, pero de nuevo el delito de extorsión tiene elementos únicos que le diferencian de dichos delitos: 1. En el delito de hurto el desplazamiento de los bienes muebles es como consecuencia de una conducta del sujeto activo sin la intervención y sin el consentimiento del sujeto pasivo, en cambio en el delito de extorsión el desplazamiento se da por una conducta realizada por el sujeto pasivo, la cual se encuentra viciada por la intimidación o violencia que origina el sujeto activo; 2. En el delito de estafa la disposición patrimonial la hace el sujeto pasivo en su propio perjuicio como consecuencia de un error producto de un engaño puesto en escena por el sujeto activo, entretanto en el delito de extorsión tal engaño o error no existe, la disposición patrimonial hecha por el sujeto pasivo es como consecuencia al acto intimidatorio o violento que está sufriendo por parte del sujeto activo; 3. El delito de robo por intimidación se diferencia con el delito de extorsión en la dinámica en que el hecho se desarrolla, pues en el primero no hay disolución en la acción realizada por el sujeto activo, donde la intimidación es ejercida como previo inmediato al acto de desplazamiento del bien (sin intervalo de tiempo), el cual puede ser tomado por el sujeto activo o entregado en contra de la voluntad del sujeto pasivo; por el contrario, en el delito de extorsión existe discontinuidad entre el acto de intimidación y el de desplazamiento del bien, pues uno y otro se realizan en momentos distintos: En el robo existe la amenaza de un mal actual para el logro de una prestación actual, mientras que en la extorsión existe una amenaza futura para el logro de una prestación futura o actual. Encontramos el mismo fenómeno descrito en el delito de robo con violencia en las personas, donde necesariamente la conducta del sujeto activo debe ser preludio del desplazamiento del bien, mientras que, en el delito de extorsión con violencia en las personas, el beneficio económico no necesariamente debe ser en una misma dinámica a aquella, y por otro lado el beneficio económico puede ser como producto de un desplazamiento de bienes, pero también por cualquier otro acto o negocio jurídico. Por otra parte, el delito de extorsión no requiere para su consumación que se produzca el lucro, pues bastará con que se realice la intimidación y que el sujeto pasivo realice la conducta exigida con el propósito de obtener el beneficio patrimonial injusto para que el delito se considere consumado, entretanto en el delito de robo la concreción del lucro es requisito indispensable para su consumación. Elementos del delito de Extorsión del Decreto 016-2012 Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos, siendo éstos: 1. Elementos Objetivos: a. Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de violencia o intimidación; b. Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “persona natural o jurídica”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. c. Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que la persona humana aprecia fuera de sí misma, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar”. El legislador prevé que se considera consumado el delito desde que el sujeto activo obliga que el sujeto pasivo realice cualquiera de las tres conductas que se describen en el tipo, siempre que cualquiera de ellas tenga como fin que el sujeto activo logre un beneficio económico injusto aun cuando esto no logre materializar; siendo estas conductas: i.- “Hacer o dejar de hacer alguna cosa”, con independencia si se trata de un acto lícito o ilícito; ii.- “Suscribir documentos para obtener pagos de dinero”, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y iii.- “Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado”, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste que la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo deberá ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio está definida por la violencia o la intimidación: i.- La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obliga a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente deberá darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento; ii.- La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre medio) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe como mínimo ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable; iii.- La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar.- El destinatario del hecho amenazante puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo.- Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debe ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permiten prever situaciones en donde quien hace la exigencia sea un funcionario público, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. f. Punibilidad: El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: i.- Una pena de prisión de 15 a 20 años. - Es de recordar que, conforme a nuestro actual Código Penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo este error legislativo ninguna connotación en el presente caso; ii.- Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de extorsión además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Prevé la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”. 2.- Elemento Subjetivo Como elemento subjetivo el tipo penal de extorsión requiere de dolo: conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho animo se materialice para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado ya la conducta ejercida por el sujeto activo debe buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realiza o no la conducta exigida. 3.- Características del Tipo Penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a. Según su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: obligar; b. Según su Contenido; 1.- Tipo Penal de Resultado, pues el delito se consuma si el sujeto activo logra obligar al sujeto pasivo a realizar la conducta que le puede generar un beneficio económico, aun cuando tal beneficio no se concretice; pues no se requiere un cambio en el mundo físico traducido apreciable fenoménicamente, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. Como consecuencia de ello es una figura delictiva que puede presentarse en su grado de ejecución de tentativa; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal Cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Simple: pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Pluri-ofensivo: pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado es el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii.- Tipo Penal de Peligro: pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. 4. Disposición Procesal en el tipo penal de Extorsión En último párrafo del artículo 222 reformado del Código Penal, el legislador hace una disposición de con consecuencia procesal; indica que el delito de extorsión “La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. Con dicha declaración el legislador vincula el tipo penal con las disposiciones de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por lo que se deberá tener en cuenta sus regulaciones para la definición del Órgano Jurisdiccional competente para el conocimiento y resolución de este tipo de casos. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- Es criterio de la Sala de lo Penal que en la sentencia se aprecia una correcta subsunción de los hechos declarados probados en el tipo penal contenido en el artículo 222 del Código Penal, no siendo atendible el reclamo formulada por la Defensa Pública de que se trata de un hecho no consumado. El Fáctum señala que el 09 de julio de 2014, a las 09:00 a.m., el acusado Mario Alberto Hernández, conduciendo una motocicleta llegó hasta el puesto de venta propiedad de CX0061-2014, a quien le manifestó que venía de parte de la “Mara Salvatrucha”, la cual es identificada como una agrupación de carácter ilícita, dedicada a la ejecución de actos delictivos, de alta peligrosidad para la población, por lo que la sola referencia hecha por el acusado constituye un acto intimidatorio, pues quiso informar al ofendido no solo que era parte de dicha agrupación, sino que además que contaba con su respaldo. En este marco el acusado procedió a exigirle la entrega de una cantidad de dinero en concepto de “impuesto de guerra”, concepto que desafortunadamente es también de comprensión común y que se entiende como la cantidad de dinero que debe ser entregada periódicamente a un grupo delictivo so riesgo de sufrir la persona desobediente un mal, que fue precisamente lo que le advirtió el acusado al ofendido, que le mataría en caso de que no entregase la cantidad de dinero exigida.- Hasta este punto del relato histórico, el hecho delictivo de extorsión es en su grado de ejecución de tentativa, pues aun no se había producido la conducta del sujeto pasivo, el señor CX-0061-2014, consistente en realizar contra su voluntad una disposición patrimonial, pero el factum da cuenta de que los hechos siguieron fluyendo, y señalan que ese mismo día, alrededor de las 02:00 p.m., el ofendido motivado por el desasosiego, le entregó al acusado Mario Alberto Hernández Miralda, una cantidad de dinero, instante en donde las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal del delito de extorsión fueron completadas, consumándose la figura delictiva. La Defensa Pública basa su recurso en la falta de disponibilidad de los bienes producto del hecho delictivo a causa de la aprehensión que hiciere la Policía Nacional después de que el acusado había recibido el dinero de manos del ofendido; teoría que no es aplicable en el presente caso pues el legislador ha centrado el verbo rector reprochable en “obligar” al ofendido a realizar un acto de disposición patrimonial con lo que se consuma el delito, como ocurrió en el presente caso cuando el señor CX-0061-2014, entregó al señor Mario Hernández la cantidad de doscientos lempiras en Plaza El Toronjal, tal y como se lo había indicado este último; por otra parte los hechos declarados probados no dan cuenta de que la aprehensión del acusado haya obedecido al desarrollo de la técnica especial de investigación “entrega controlada” como se alega en el libelo del recurso, tampoco que éste se hubiese encontrado en ese momento en condición flagrante, conforme una de las definiciones del artículo 175 del Código Procesal Penal, ello porque una vez que recibió el dinero de manos del ofendido el acusado dispuso trasladarse desde la Plaza El Toronjal hasta las inmediaciones de la Empresa Grupo “Q” sin que le persiguiere nadie (no señalado así en el factum), punto donde fue requerido por la autoridad policial, teniendo la disponibilidad del dinero recibido en el trayecto recorrido. Decisión: El Recurso de casación por infracción de ley en su único motivo debe de ser desestimado. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis (f. 159) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-352-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL