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Sentencia CP-349-16 — Registro 12222

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Usurpación. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, en particular por ser la vía recursiva a la que más acude el Ministerio Público; Desafortunadamente en algunos casos el Recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Para esta Sala de lo penal, es importante aclarar que, al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente, de “No haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del correcto entendimiento humano (lógica, experiencia y Psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o autentica. En el presente caso que nos ocupa, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los Jueces Sentenciadores respetaron las reglas de la sana critica en concreto las reglas de la lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. Para el caso en las pruebas de cargo como ser las declaraciones Testificales de los señores Dennis Edgardo Pineda DaCosta, y Manuel de Jesús Andrade Pineda, el Tribunal considera que ambas declaraciones coinciden entre sí, sin embargo no se puede dar por acreditados los hechos planteados por el Ministerio Público con las demás pruebas evacuadas en juicio, si bien se acreditó que el señor Dennis Edgardo Pineda DaCosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta son dueños de un terreno ubicado en el barrio el calvario de la ciudad de Santa Bárbara, no quedó demostrado que los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Mejía Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de ser dueño, utilizando actos de violencia y ejerciendo actos de posesión con ánimos de dueños; en cuanto al testigo Edwar Antonio Pineda Dacosta no se valoró pues el Ministerio Público desistió de esta prueba. En cuanto al Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico, el cual fue ratificado por el agente de investigación criminal Ramón Diler Castro Maldonado y que se hizo en la propiedad supuestamente usurpada ubicada en el barrio el calvario, municipio de Santa Bárbara, en cuanto a este medio probatorio el Tribunal estima que el acta de inspección reúne todos los requisitos de ley y en la cual fue ratificado en juicio, siendo válida la misma, y en la que el Tribunal establece que la misma no se establece la posesión de la propiedad por parte de los acusados, ni tampoco el nombre o fotografías de alguno de ellos que estuviese dentro de la propiedad o realizando adobes, por no haberlo identificado el agente de investigación que se personó al lugar a realizar la inspección. En cuanto a la prueba documental como lo es la copia autenticada de la Escritura Pública del instrumento número 171, ante el Notario Ángel María Rodríguez a favor de los señores Antonio Pineda Rodríguez y Dennis Edgardo Pineda Dacosta, el Tribunal le dio el valor probatorio por haber sido autorizada por Notario Público con todas las formalidades de ley, y en la que no fue impugnada ni puesta en duda su veracidad; así mismo las tres (3) Constancias emitidas por Catastro Municipal, las cuales se les dio el correspondiente valor probatorio y que no fueron desvirtuadas ni puesta en duda su veracidad y que enlazadas estas pruebas con el instrumento público como la Escritura Pública, no cabe duda que la propiedad supuestamente usurpada les pertenece a los señores Dennis Edgardo Pineda Dacosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta; así mismo el Tribunal valoró la autorización de la víctima para ejercer la acción penal y en la que no fue puesta en duda su veracidad. En cuanto a los medios probatorios presentados por la Defensa Privada, como es la prueba testifical consistente en las declaraciones de los señores Elmer Antonio Enamorado López y Rigoberto Tróchez Tróchez, el Tribunal les dio valor probatorio, en la que considera que ambas declaraciones coinciden entre sí, ya que son contestes y que con lo declarado con la prueba de cargo en la declaración del testigo Manuel de Jesús Andrade Pineda y en la que se acredito que el predio supuestamente usurpado ha sido utilizado por mucho tiempo como callejón en el barrio el calvario de la ciudad de Santa Bárbara, hacia la aldea Las Crucitas de este municipio, y que ahora ya está cercado por sus propietarios Dennis Edgardo Pineda Dacosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta y en la que el Tribunal establece que el Ministerio Público no ha demostrado que los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Mejía Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de dueños. El Tribunal sentenciador haciendo una valoración en conjunto con los medios de prueba tanto de cargo como de descargo evacuados en juicio y partiendo de los hechos relacionados y planteados en el requerimiento fiscal, no encuentra que de los mismos resulten los elementos tipificadores del tipo penal de usurpación, de conformidad como lo establece el artículo 227 del Código Penal, ya que el terreno supuestamente usurpado ha sido utilizado tradicionalmente por los habitantes del barrio y aldeas circunvecinas, como camino real o callejón para cortar la ruta hacia la carretera, desde el barrio el calvario, lo cual desvanece el dolo de parte de los imputados, mencionado en el artículo 13 del Código Penal en la que establece necesariamente que los delitos deben ser dolosos o culposos, así mismo se estableció que los acusados hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de dueño, utilizando actos de violencia y ejerciendo actos de posesión con ánimos de dueños, por lo que el Tribunal establece que las mismas son insuficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra de dichos imputados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-349-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la Sentencia de fecha once de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual: Primero: Absolvió a los señores Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Merino Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, del delito de Usurpación en perjuicio de Dennis Edgardo Pineda Da Costa y Edwar Antonio Pineda Da Costa; Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La abogada Yessenia María Márquez Lobo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando conjuntamente las pruebas legítimamente practicadas en juicio de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO: Que en fecha Siete de Abril del año Dos Mil Catorce, a las nueve con veinte minutos de la mañana, el Ministerio Público a través de sus agentes auxiliares, presentó requerimiento ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, en contra de los señores CARLOS ALBERTO MERINO VILLANUEVA, CARLOS YOJAN MERINO BARAHONA, Y ELISEO LEIVA SAGASTUME, por el delito de USURPACIÓN, en perjuicio del señor DENNIS EDGARDO PINEDA DA COSTA Y EDWAR ANTONIO PINEDA DA COSTA.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Nery Armando Betancourt, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA: 1. TESTIGO DENNIS PINEDA DACOSTA, quien en la parte conducente de su declaración manifestó: «Soy propietario de un predio en el Barrio El Calvario, de ocho manzanas; en el 2013 un grupo de personas estaban invadiendo el predio de mi propiedad, los tres que estaban encabezando las acciones eran Carlos Merino, Yojan Merino y Eliseo Leiva, dijeron que sólo muertos se iban a salir de allí puse denuncia al departamento de Catastro y Juzgado de Policía; llegó el Juez de Policía para hacerles ver que ellos estaban en un predio que no les pertenece; fui al Ministerio Público. Tengo el terreno desde 1997 en copropiedad con mi hermano Edwar Antonio Pineda”. Agregó que “en el terreno había ocho personas y se fueron adhiriendo más hasta que eran como veinte personas, habían hecho un alambrado para impedir el paso, los acusados eran los cabecillas y estaban haciendo actos de posesión, fabricando adobes y a ellos les estaban cobrando por limpiar el lugar, yo vi dentro del terreno a Eliseo Leiva Sagastume, también vi a Carlos y Yojan; todos estaban haciendo actos de dueño”. 2. TESTIGO MANUEL DE JESÚS ANDRADE quien refirió: “...allí había calle y este grupo de personas tomaron esa calle… ese predio ha sido una calle donde pasa gente de Las Crucitas y La Vueltoza, según tengo entendido los señores Dennis Edgardo y Edwar Antonio son herederos de esa propiedad que antes era del profesor Toño Pineda, tengo conocimiento de que allí ha sido calle y pasa por la propiedad de Toño Pineda”. 3. ESCRITURA PÚBLICA AUTENTICADA, extendida en la ciudad de Santa Bárbara, el 19 de Julio de 1997; ante el Notario Ángel María Rodríguez, otorgado por Concepción Rodríguez Dubón a favor de los señores Antonio Pineda Rodríguez y Dennis Edgardo Pineda Da Costa, de compra venta de un lote de terreno, asimismo, adjudicando el remanente de terreno del derecho que le correspondía a Antonio Pineda a favor de Edwar Antonio y Felipe Alonso ambos de apellidos Pineda Da Costa. 4. CONSTANCIA DE CATASTRO, de fecha 22 de octubre de 2013, que acredita que personas desconocidas han realizado trabajo de desmonte y tala de árboles en la propiedad ubicada en el barrio El Calvario y ante tal situación los señores Antonio Pineda Rodríguez y Dennis Edgardo Pineda Da Costa se personaron a esta oficina con su documentación legal. 5. CONSTANCIA DE CATASTRO de fecha 25 de Octubre de 2013, acreditando que ante la solicitud de parte del señor Dennis Pineda Da Costa, se personaron junto al Director del departamento, el señor Sergio Rodríguez para realizar la inspección pertinente con la documentación de la propiedad antes mencionada (Plano y Escritura), realizando la medición correspondiente, pudiendo corroborar que la parte colindante de dicho predio con la carretera que conduce a Las Crucitas, es parte de la propiedad de los señores Dennis Da Costa y Edwar Da Costa. 6. CONSTANCIA DE CATASTRO, de fecha 10 de febrero de 2014, que acredita que en relación a la citación del señor Carlos Merino en representación de las personas, a esa oficina municipal, no presentaron documentación que los haga acreedores de los predios que tienen ocupados en el Barrio El Calvario y que no pudieron nombrar a nadie que les había ofrecido los predios. 7. ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR, mediante la cual se acreditó la inspección realizada en la propiedad ubicada en el Barrio El Calvario del municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, constatando que dicho predio se encuentra sin cerco perimétrico, el terreno se observa con amplia maleza a su alrededor, se observan unos postes de madera que según el ofendido fueron puestos por los sospechosos para dividir la propiedad, en el interior del terreno a doscientos metros por camino, se observan tirados en el suelo, varios adobes, también se observa una de las personas sospechosas construyendo adobes. Al hacer la valoración de la prueba, el sentenciador consideró que la misma no le resultó suficiente para dictar una sentencia condenatoria y motivó su decisión en los siguientes aspectos: • Que no encontró que de los medios de prueba resultaran los elementos tipificadores del tipo penal de usurpación de conformidad a lo establecido en el artículo 227 del Código Penal; • Que siendo que el supuesto terreno usurpado ha sido utilizado tradicionalmente por los habitantes del barrio y aldeas circunvecinas como camino real o callejón, se desvanece el dolo de parte de los imputados al usurpar un bien inmueble de ajena pertenencia. • No se acreditó que los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Merino Barahona y Eliseo Leiva Sagastume hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de dueño, utilizando actos de violencia y ejerciendo actos de posesión con ánimo de dueños. • Consideró, por tanto, la prueba insuficiente para acreditar el delito y la participación de los acusados. (Ver Sentencia, Numeral Tercero del Apartado de la Valoración de la Prueba). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que no se puede vincular al acusado con el hecho criminal por no existir probanza que sirva para acreditar éste hecho fehacientemente. Si se hace una valoración conjunta de los medios probatorios allegados al proceso concluimos que las declaraciones de los testigos de cargo son acordes al resto de la prueba, la cual es contundente, coherente y complementaria entre sí; suficiente para demostrar con certeza la responsabilidad de los acusados CARLOS ALBERTO MERINO VILLANUEVA, CARLOS YOJAN MERINO BARAHONA y ELISEO LEIVA SAGASTUME como autores del delito de USURPACIÓN. Sirve de fundamento a la anterior conclusión, los siguientes hechos que fueron fehacientemente demostrados en juicio: • La declaración del Testigo Dennis Edgardo Pineda Da Costa fue corroborada con la prueba periférica evacuada durante la Audiencia de Juicio, fue así que como con la Escritura Pública se demostró que en efecto, tal y como él lo afirmó, es el propietario de los predios ubicados en el Barrio El Calvario, Santa Bárbara, éste extremo también se constató con la Constancia de Catastro de fecha 25 de Octubre de 2013 que acredita que dicho predio es propiedad tanto del señor Dennis Da Costa como del señor Edwar Da Costa. • De igual manera se acreditó con las declaraciones de los testigos Dennis Edgardo Da Costa y Manuel de Jesús Andrade Pineda que dichos predios fueron invadidos por los ahora acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yohan Merino Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, esto fue confirmado con la Inspección al lugar de los hechos mediante la cual se verificó que estaban haciendo adobes, dividiendo la propiedad con postes y realizando demás actos con ánimo de dueño (pago por limpieza del predio, tala de árboles, etc.), también se acreditó lo anterior con la Constancia de Catastro de fecha 10 de Febrero de 2014, que acredita que los acusados fueron citados a dicha oficina municipal a efecto de que demostraran su derecho de propiedad sobre el predio que estaban ocupando, no habiendo éstos presentado ningún documento que les autorizara su permanencia en el mencionado terreno. • Los elementos probatorios que se han descrito acreditan plenamente los elementos de tipicidad contenidos en el artículo 227 del Código Penal, demostrándose totalmente la existencia del delito de usurpación y también la responsabilidad de los acusados como autores de dicho delito. El tipo penal contenido en el artículo antes mencionado y en el cual se basó la acusación, no exige que el bien inmueble o derecho real haya sido tomado utilizando actos de violencia como lo consideró el Juzgador en la sentencia, en ese sentido, no era requisito acreditar esta circunstancia en juicio. • Que el hecho de que el terreno usurpado haya sido utilizado tradicionalmente por los habitantes del barrio y aldeas circunvecinas como camino real o callejón, no desvanece el dolo, como lo señala el sentenciador, pues es sabido que todo predio tiene un propietario ya sea privado o municipal y los acusados sabiendo que el terreno no les pertenecía, no tenían justificación alguna para ocuparlo con el pretexto de que era un camino real, por tanto, no hay razón alguna que justifique su acción delictiva. • La prueba evacuada en juicio sí resultó suficiente para acreditar la responsabilidad de los acusados CARLOS ALBERTO MERINO VILLANUEVA, CARLOS YOJAN MERINO BARAHONA y ELISEO LEIVA SAGASTUME como autores del delito de USURPACIÓN. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que el testimonio es congruente, preciso y claro, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formal, Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba. *Reclamación Ex Ante: Por haberse producido en la sentencia misma. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el juzgador incurrió en infracción a la regla de lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia ya que los medios probatorios allegados al proceso como son las declaraciones de los testigos de cargo, son acordes al resto de la prueba, la cual es contundente, coherente y complementaria entre sí; suficiente para demostrar la certeza de la responsabilidad de los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Merino Barahona y Eliseo Leiva Sagastume como autores del delito de Usurpación. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. i. Existirá omisión al principio lógico de derivación: ii. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. iii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iv. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o v. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Del Delito de Usurpación por Despojo El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal cuya finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles (artículo 602 del Código Civil) y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el artículo 610 del Código Civil.- El tipo penal contempla que será sancionado con una pena de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, a quien usurpe un bien inmueble o derecho real, entendiéndose por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia de si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas (al respecto ver Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 15 de abril del 2008 en Exp 098-2007).- La usurpación se diferencia de la mera detentación, debido a que requiere cierta permanencia en la conducta que revelen la intencionalidad. Los elementos objetivos del tipo penal en estudio, son: 1. Sujeto Activo: El artículo identifica al sujeto activo con la voz “Quien” refiriéndose a cualquier persona, sin que se requiera que tenga alguna cualidad en especial. - El Sujeto activo puede ser tanto una persona natural o jurídica distinta a aquella que es el titular del derecho real cuyo ejercicio está siendo suplantado como una persona que sea comunero con otra, a la cual impide el ejercicio del derecho real; 2. Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica, que es titular o co-titular del derecho real que está siendo ejercido por el sujeto activo; cuando el sujeto pasivo sea el Estado de Honduras, el tipo penal a aplicar será el contenido en el artículo 231 del Código Penal; 3. Objeto material del delito: Se trata de cualquiera de los derechos reales (Art. 610 del Código Civil), inherentes a un bien inmueble (artículo 602 del Código Civil), el mismo suelo y/o todo aquello adherido a él o que formen parte de él, como las edificaciones, plantaciones, cultivos, bosques, ríos, lagunas, playas, etc. 4. Conducta Criminosa: Usurpar implica una conducta realizada por el sujeto activo, quien sin estar legitimado ejerce un derecho real, impidiendo a la vez que la persona cuyo título confiere tal derecho pueda ejercerla.- La usurpación puede ser la consecuencia de: a. Tomar de manera clandestina la posesión del bien inmueble, ello por la ausencia del titular del derecho o de alguna persona que le represente; b. Quitar mediante intimidación o violencia en contra de las persona, o fuerza en contra de las cosas, la tenencia o posesión al titular del derecho real o a la persona que le esté representando, o; c. Impedir la ocupación total o parcialmente del bien inmueble al titular del derecho real o a la persona que le represente. Como consecuencia, el delito existe tanto cuando el sujeto activo desplazase al sujeto activo como cuando le impida la ocupación.- La usurpación puede ser parcial o total: Es parcial cuando el sujeto pasivo le es despojado o le es impedido poder ejercer el derecho real en una sección del bien inmueble, la cual es demarcada e independizada del total por el sujeto activo; y es total cuando el sujeto pasivo no puede ejercer su derecho real en ninguna sección o unidad del bien inmueble.- En resumen, la conducta de usurpar puede ser como consecuencia de: invasión al bien inmueble ejerciendo un derecho real impropio, mantenimiento de un derecho real del cual ya se ha dejado de ser titular o expulsando al titular del bien inmueble.- Es importante señalar que la conducta de usurpar no se limita a meros actos de perturbación del ejercicio real (tipificados en el artículo 229 del Código Penal), sino en actos que vayan dirigidos a subrogarse ilegítimamente el derecho real que pertenecen al titular. 5. Modalidad Criminosa: Constituida por la forma de llevar a cabo el verbo rector.- En el tipo penal simple el delito no exige ninguna forma determinada para llevar a cabo la modalidad criminosa, por lo que ésta puede ser llevada a cabo mediante engaño, intimidación o violencia contra las personas o fuerza en contra de las cosas, o simplemente por el mero ejercicio clandestino del derecho real conociendo que pertenece a otro y queriendo ejercerlo, sin que el quantum de la pena se vea afectada como consecuencia de ejecutar el delito mediante alguna de esas modalidades; 6. Bien Jurídico Protegido: Es la protección al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, que no solo abarca el dominio, sino todos los derechos reales que de él pueden emanar, como ser: posesión, dominio, usufructo, uso y habitación, y las servidumbres activas.7. Penalidad: Conmina el legislador la conducta reprochada en el delito con la pena de reclusión de dos (02) a cuatro (04) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes. Como Elemento Subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone de manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese el apoderamiento del bien inmueble; por el contrario, no da paso a la existencia del delito, por ausencia de dolo, en los casos en donde entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o porque cree haberla adquirido del que en apariencia la ostentaba legalmente, o cuando dicha titularidad esté siendo disputada en el fuero civil, siendo en este último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el delito de Usurpación reúne las siguientes características: 1. Por su estructura: a.- Tipo Penal Básico: Al describir el modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; b.- Tipo Penal Simple: Por describir un único modelo de comportamiento; 2. Por su contenido: a.- Tipo Penal de Resultado: Dado que se requiere la materialización del resultado el cual es cuando el sujeto activo ejerce ocupación sobre un bien inmueble o disfruta un derecho real en perjuicio del verdadero dueño o legitimo titular, respectivamente; b.- Tipo Penal de Conducta Permanente: En virtud de que el comportamiento se renueva de manera continua mientras se esté realizando la acción de usurpar; c.- Tipo Penal de Comisión: Ya que se exige la realización de una acción para efectuar del delito; d.- Tipo Penal Cerrado o Determinado: Debido a que el artículo 227 del Código Penal describe el tipo penal con precisión, desprendiéndose con toda claridad la conducta prohibida; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Tipo Penal Unisubjetivo: El tipo penal puede ser realizado a partir de la participación de una sola persona; aunque la práctica forense nos enseña que es común que sea cometido por un grupo de personas; b.- Tipo Penal Común: Debido a que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona sin la necesidad de tener calidades especiales; y 4. Por el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal mono Ofensivo: Al proteger un bien jurídico especifico, cual es la Propiedad Privada ejercida sobre los bienes inmuebles; y b.- Tipo Penal de Lesión: El delito de Usurpación se considera consumado al darse materialmente una lesión al bien jurídico protegido, en ese sentido el sujeto pasivo deberá ver disminuido o anulado su derecho a la propiedad del bien inmueble o el ejercicio a un derecho real específico. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal, en particular por ser la vía recursiva a la que más acude el Ministerio Público; Desafortunadamente en algunos casos el Recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Para esta Sala de lo penal, es importante aclarar que, al conocer de los recursos de casación por el motivo alegado por el recurrente, de “No haberse observado las reglas de la sana crítica”, el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del correcto entendimiento humano (lógica, experiencia y Psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o autentica. En el presente caso que nos ocupa, y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los Jueces Sentenciadores respetaron las reglas de la sana critica en concreto las reglas de la lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. Para el caso en las pruebas de cargo como ser las declaraciones Testificales de los señores Dennis Edgardo Pineda DaCosta, y Manuel de Jesús Andrade Pineda, el Tribunal considera que ambas declaraciones coinciden entre sí, sin embargo no se puede dar por acreditados los hechos planteados por el Ministerio Público con las demás pruebas evacuadas en juicio, si bien se acreditó que el señor Dennis Edgardo Pineda DaCosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta son dueños de un terreno ubicado en el barrio el calvario de la ciudad de Santa Bárbara, no quedó demostrado que los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Mejía Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de ser dueño, utilizando actos de violencia y ejerciendo actos de posesión con ánimos de dueños; en cuanto al testigo Edwar Antonio Pineda Dacosta no se valoró pues el Ministerio Público desistió de esta prueba. En cuanto al Acta de Inspección Ocular y Álbum Fotográfico, el cual fue ratificado por el agente de investigación criminal Ramón Diler Castro Maldonado y que se hizo en la propiedad supuestamente usurpada ubicada en el barrio el calvario, municipio de Santa Bárbara, en cuanto a este medio probatorio el Tribunal estima que el acta de inspección reúne todos los requisitos de ley y en la cual fue ratificado en juicio, siendo válida la misma, y en la que el Tribunal establece que la misma no se establece la posesión de la propiedad por parte de los acusados, ni tampoco el nombre o fotografías de alguno de ellos que estuviese dentro de la propiedad o realizando adobes, por no haberlo identificado el agente de investigación que se personó al lugar a realizar la inspección. En cuanto a la prueba documental como lo es la copia autenticada de la Escritura Pública del instrumento número 171, ante el Notario Ángel María Rodríguez a favor de los señores Antonio Pineda Rodríguez y Dennis Edgardo Pineda Dacosta, el Tribunal le dio el valor probatorio por haber sido autorizada por Notario Público con todas las formalidades de ley, y en la que no fue impugnada ni puesta en duda su veracidad; así mismo las tres (3) Constancias emitidas por Catastro Municipal, las cuales se les dio el correspondiente valor probatorio y que no fueron desvirtuadas ni puesta en duda su veracidad y que enlazadas estas pruebas con el instrumento público como la Escritura Pública, no cabe duda que la propiedad supuestamente usurpada les pertenece a los señores Dennis Edgardo Pineda Dacosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta; así mismo el Tribunal valoró la autorización de la víctima para ejercer la acción penal y en la que no fue puesta en duda su veracidad. En cuanto a los medios probatorios presentados por la Defensa Privada, como es la prueba testifical consistente en las declaraciones de los señores Elmer Antonio Enamorado López y Rigoberto Tróchez Tróchez, el Tribunal les dio valor probatorio, en la que considera que ambas declaraciones coinciden entre sí, ya que son contestes y que con lo declarado con la prueba de cargo en la declaración del testigo Manuel de Jesús Andrade Pineda y en la que se acredito que el predio supuestamente usurpado ha sido utilizado por mucho tiempo como callejón en el barrio el calvario de la ciudad de Santa Bárbara, hacia la aldea Las Crucitas de este municipio, y que ahora ya está cercado por sus propietarios Dennis Edgardo Pineda Dacosta y Edwar Antonio Pineda Dacosta y en la que el Tribunal establece que el Ministerio Público no ha demostrado que los acusados Carlos Alberto Merino Villanueva, Carlos Yojan Mejía Barahona y Eliseo Leiva Sagastume, hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de dueños. El Tribunal sentenciador haciendo una valoración en conjunto con los medios de prueba tanto de cargo como de descargo evacuados en juicio y partiendo de los hechos relacionados y planteados en el requerimiento fiscal, no encuentra que de los mismos resulten los elementos tipificadores del tipo penal de usurpación, de conformidad como lo establece el artículo 227 del Código Penal, ya que el terreno supuestamente usurpado ha sido utilizado tradicionalmente por los habitantes del barrio y aldeas circunvecinas, como camino real o callejón para cortar la ruta hacia la carretera, desde el barrio el calvario, lo cual desvanece el dolo de parte de los imputados, mencionado en el artículo 13 del Código Penal en la que establece necesariamente que los delitos deben ser dolosos o culposos, así mismo se estableció que los acusados hayan tomado dicho bien inmueble con ánimo de dueño, utilizando actos de violencia y ejerciendo actos de posesión con ánimos de dueños, por lo que el Tribunal establece que las mismas son insuficientes para dictar una sentencia condenatoria en contra de dichos imputados. De lo antes expuesto, la Sala estima, que las consideraciones del A-Quo son razonables, resultando consecuentes con el principio constitucional que garantiza el estado de inocencia según el cual todo ciudadano (a) que es imputado de un ilícito penal debe ser considerado inocente hasta que a través de un juicio es acreditada con suficiente prueba de cargo la culpabilidad que se le imputa y recae en consecuencia, sentencia condenatoria en su contra, caso contrario si no existen pruebas suficientes deberá prevalecer su inocencia, de igual forma, si de la prueba evacuada no se alcanza certeza positiva y existe duda razonable corresponde absolver en derivación del estado de inocencia. Consecuente con el principio constitucional -estado de inocencia- la Sala ha reiterado que, el derecho de presunción de inocencia es consustancial para la realización efectiva del derecho de defensa en juicio y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia que determine su culpabilidad esté firme. El acusado no es a quien le corresponde demostrar que no ha cometido el delito imputado, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa, por ende, en el caso examiné, se puede concluir que no existen elementos concluyentes que se refuercen y enlacen para determinar la participación del acusado en el delito acusado, lo cual hace que exista duda razonable. En consecuencia, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo invocado por el recurrente. V. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo interpuesto por el Abogado Nery Armando Betancourth, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-349-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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