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Sentencia CP-347-16 — Registro 12221

Resumen

en primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Habiendo explicado vastamente al censor lo que implica la debida técnica recursiva, es menester para esta Sala, explicar que el planteamiento realizado por el impetrante en cuanto al recurso de casación por Infracción de Ley, su exposición no ha sido clara ni tampoco precisa, para poder establecer el sentido del reclamo que realiza. Por otro lado, observa esta Sala en el escueto desarrollo del motivo casacional, que el recurrente hace alegatos de instancia que no son propios en la tramitación del recurso de casación por infracción de ley y sobre los cuales no debe pronunciarse esta Sala de lo Penal. Finalmente, tal es el grado de imprecisión e inexactitud del censor en el planteamiento del motivo casacional que, aunque argumenta una infracción de ley, las valoraciones que realiza sobre la prueba corresponde a un recurso de casación de diferente naturaleza. Ante esta falta de claridad y precisión no puede esta Sala de lo Penal, más que rechazar el motivo intentado por el censor. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-347-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor René Alejandro Alemán Ramírez, como autor del delito de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido “B”, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión; Segundo: Condenó al señor René Alejandro Alemán Ramírez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor René Alejandro Alemán Ramírez; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor René Alejandro Alemán Ramírez. SON PARTES: El Abogado José Manfredo Ruiz Alvarado, en su condición de defensor privado del señor René Alejandro Alemán Ramírez, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: En fecha 06 de enero 2014 a las siete de la noche, transitaba el Testigo Protegido B por la calle de la colonia 21 de octubre de Comayagüela, municipio del Distrito Central, específicamente por el mercadito “Mirna”, cuando fue interceptado por un vehículo en marcha, tipo camioneta, marca Mitsubishi, en el que se conducían tres personas de sexo de masculino, entre ellos RENÉ ALEJANDRO ALEMÁN RAMIREZ, conocido con el alias “cejón”, quien sin mediar palabra, disparó en varias veces contra de la humanidad del testigo protegido “B”, provocándole once heridas, dándolo por muerto tras de lo cual huyeron del lugar, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela, donde se le brindo asistencia médica, salvándole la vida.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado José Manfredo Ruíz Alvarado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: 1.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: PRIMER MOTIVO: Infracción de Precepto Constitucional, por violentar el Derecho de Defensa tutelado mediante el párrafo primero del Artículo 82 de la Constitución de La República, mismo que reza: “El Derecho de Defensa es inviolable.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 82 de La Constitución de La República, relacionado con el artículo 14 del Código Procesal Penal en su párrafo primero y tercero. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De acuerdo a lo establecido en el referido artículo 82 Constitucional, y tutelado en el 14 del Código Procesal Penal, esta defensa considera que el Tribunal de Sentencias violó esta garantía Constitucional, ya que durante el desarrollo del juicio oral y público, no se practicó la evacuación de una prueba muy importante como era dos imágenes que contenían dos fotografías en donde aparecen el acusado, la tía del mismo, de nombre XIOMARA ESPERANZA RAMIREZ MENCIA, y dos personas menores de edad ya que la finalidad probatoria era establecer que el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos el día y la hora en que sucedieron. Dichas imágenes se encontraban en un teléfono celular que fue con el mismo que se tomó la fotografía y en donde aparece la fecha y hora en que fue tomada; por lo que durante la celebración de la correspondiente audiencia de Proposición de Pruebas para el debate, en fecha 26 de junio el 2015 (folio 85 y 85 vuelto) las imágenes fueron ofertadas en el legajo de pruebas de la Defensa, y dicha fotografía fue admitida por el Tribunal, con la colaboración del mismo, en el sentido de que ordenara al Ministerio Público el nombramiento de un Perito especializado a efectos de que extrajera dichas imágenes y posteriormente determinara si las mismas habían sido trastocadas o alteradas en el sentido de establecer la hora y la fecha en que fueron tomadas las fotografías, así como también determinara el perito, la fecha en que la fotografía fue subida a la red social conocida como “Facebook” esto con el propósito de establecer de manera contundente que el acusado se encontraba en otro lugar distinto al lugar donde sucedieron los hechos contra el Testigo Protegido B, y así dar un soporte a las declaraciones de los testigos de descargo que presentó la defensa y evitar que por el hecho de ser familiares no se les diera crédito a sus deposiciones. Medio de prueba que fue admitido por el Tribunal, y en su defecto ordenó y concedió el término de tres (03) días a la defensa para que pusiera el celular de donde se iba a extraer la imagen a la orden del mismo, dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, la defensa puso el celular a la orden del Tribunal, por lo que posteriormente libro oficio a Medicina Forense (ver copia entre folio 87 y 88) a efectos de que nombrara un “Perito del Laboratorio de videos”, nombrando al técnico EDWIN JOEL ANDREUS MARTÍNEZ mediante auto de fecha 20 de octubre del 2015, quien fue juramentado por el Tribunal de Sentencia hasta en fecha 14 de diciembre (ver folio 110), y este (Perito) juro dar fiel cumplimiento a su cometido; sin embargo una vez que le fue puesto a la orden el celular, este se pronunció al día siguiente, es decir el día 15 de diciembre, en el sentido de “no se puede recibir ya que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias como ser cadena de custodia, firmas, sellos y solicitud..”; y era precisamente el objetivo de la pericia, que el perito determinara si las imágenes que iba a extraer fueron alteradas o manipuladas y así poder darle el valor probatorio; pero de mala fe, con todo respeto, el perito se pronuncia sobre la no realización del peritaje, precisamente el día en que los tribunales salen a su periodo de vacaciones, por lo que al retornar del mismo (periodo de vacaciones) el tribunal ni se pronunció sobre lo manifestado por el perito, porque tanto para el Tribunal, como para la defensa el peritaje ya estaba agregado al expediente, situación que no fue notificada a la Defensa del Imputado, por lo que desconocíamos de la no realización del peritaje solicitado (ver del folio 87 en adelante, no aparece notificación de la defensa sobre la decisión de no realizar el peritaje), más bien la defensa comparece al Tribunal de Sentencia el día y hora que fue convocada para la celebración del juicio, confiando en que el medio de prueba como eran las fotografías ya se encontraban extraídas del celular, impresas y puestas a la orden del Tribunal; sin embargo, ni el Tribunal sabia de ello, y se tomó la sorpresa de que la extracción de las fotografías no se realizó, por lo que pedimos que se realizara dicha extracción, pero tal situación fue denegada por el Tribunal de Sentencia y más bien ordenó que dicho medio de prueba no se evacuaría por no haber sido extraídas y que no era el momento procesal oportuno para hacer tal petición ya que al inicio del juicio Oral y Público la defensa no había solicitado la extracción de la fotografía cuando se le cedió un turno para interponer incidentes, pero es evidente que el tribunal ni se inmuto en ordenarle al perito que realizar la extracción de las imágenes, sino que se llamó al silencio y tampoco emitió pronunciamiento sobre el medio de prueba y finalizó la evacuación de los medios de prueba ofertados por las partes y admitidos por el Tribunal a excepción del medio de prueba denominado pericial el que consistía en la extracción de dos imágenes o fotografías de un teléfono celular marca BlackBerry, color negro con EMEI 352602057463298, siendo este un medio de prueba contundente para ratificar el estado de inocencia del acusado.” CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: 1.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: El fallo recurrido infringe lo dispuesto en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, norma procesal esta que en la parte referida dispone lo siguiente: “Artículo 202- Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Es evidente la falta de objetividad y determinación en cuanto a la valoración de la prueba que esta defensa presentó como prueba de descargo, ya que el Tribunal desestima y no da crédito a las declaraciones que rinden los testigos KIMBERLY FABIANY ALVARENGA PAVÓN y XIOMARA ESPERANZA RAMIREZ MENCIA únicamente por que las mismas son parientes del acusado y según el Tribunal, “evidencias existe un interés en beneficiarlo, una por ser compañera de hogar y la otra su tía”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 del Código Procesal Penal en su numeral Tres (03). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A. El Tribunal sentenciador, ha descansado en su valoración de la prueba de descargo sin aplicar las reglas de la sana crítica, al referir que las testigos declarantes son parientes y que es evidente un interés en beneficiar al acusado sin especificar porque razones no dan crédito a lo narrado por las testigos de descargo, ya que debe de manifestar de manera clara y precisa cual es la regla de la sana crítica que irrumpen el valor probatorio de las declaraciones de ambas testigos como para poder pensar o creer que las mismas no son creíbles. Esto denota que el fallo contra el acusado era eminentemente condenatorio, ya que esta defensa de manera clara y contundente logró demostrar con las declaraciones de ambas testigos, que el señor RENÉ ALEJANDRO ALEMÁN RAMIREZ no se encontraba en el lugar de los hechos disparando al Testigo Protegido B.; sin embargo da crédito a lo referido por la Testigo Protegido A, en donde sí se denota una clara intención de perjudicar al acusado cuando refirió en su deposición que: “Este tipo de personas no deben de estar sueltas” como indicándole al tribunal que a cualquier costo deberían de condenarlo, ya que quedó evidenciado además, que tanto la víctima como la Testigo Protegido A, se conocen y esta (Testigo Protegido A) en su deposición quiere dar a entender que no se conoce con la víctima. B. Durante el desarrollo del juicio oral y público la defensa del Acusado demostró que tanto el testigo protegido A, testigo protegido B y el testigo LISANDRO MILÁN BACA ZELAYA quien es el investigador, llegaron al Tribunal con la única consigna de declarar contra el acusado para obtener el fallo condenatorio, ya que al hacer el análisis de las declaraciones, en primer lugar, la declaración de la Testigo A, manifiesta de manera clara que no conoce al Testigo Protegido B; el testigo protegido B, manifiesta C. que si la conoce.- seguidamente manifiestan ambos testigos, que no habían rendido declaración ante un juzgado, siendo esto falso, y esta defensa solicitó al Tribunal se introdujera mediante lectura autorizada, al amparo del artículo 311 en su numeral 6, parte de la audiencia Inicial, ya que en dicha audiencia Inicial que corre agregada a folios del 20 al 25 está demostrado que el Testigo Protegido B, rinde su declaración ante el Juez de la etapa Preparatoria ( ver folio 21 vuelto renglón cuarto de abajo hacia arriba) y dicha declaración fue contradictoria con la declaración que rindió el Testigo Protegido B en el acto del juicio, solicitud que fue denegada por el Tribunal argumentando el mismo que no procedía tal petición en virtud de que ya el Testigo Protegido B manifestó que no había rendido declaración antes del juicio ante ningún juzgado, pero el objetivo de incorporar la declaración del Testigo Protegido B, era indicar tal situación y evidenciar que si lo había hecho y posteriormente comparar ambas declaraciones para demostrar todas las incongruencias, inconsistencias y contradicciones que se suscitaron entre lo declarado durante la audiencia Inicial con lo declarado en el Juicio oral y Público; pero tal parece que el Tribunal no quería que esta defensa dejara en evidencia al testigo. D. Al no dejar en evidencia la falsedad del testimonio del Testigo Protegido B, sirve de argumento al Tribunal para no dar crédito a la prueba de descargo señalando que son “Familia del acusado” pero en ningún momento refiere el Tribunal que dichas declaraciones fueron contundentes y precisas en referir que mi defendido se encontraba en otro lugar distinto al lugar donde sucedieron los hechos, por lo que consideramos que el mismo no valoró la prueba de la defensa conforme a las Reglas de la Sana Crítica, E. También quedó de manifiesto que el Tribunal da crédito al dictamen Clínico Forense No. 2014-0801-0102-0135 el cual fue realizado por la Doctora LESLY YADIRA GARCÍA quien en el momento de su comparecencia ratifica el referido Dictamen, y refiere el Tribunal que da valor probatorio en virtud de que el F. mismo fue elaborado por una persona especializada en la materia y de la cual “no hay prueba que refute lo establecido en el mismo,” así como además señala el Tribunal que en dicho dictamen “se indica claramente cada una de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego” sin embargo cabe mencionar que no es cierto lo establecido en la sentencia, ya que durante el desarrollo del juicio y ante la presencia de la doctora LESLY YADIRA GARCÍA, a interrogatorio de esta defensa, la perito forense del Ministerio Público nunca determino cuantas heridas fueron las que provocaron los disparos, es decir, la perito forense refiere del número de heridas, sin embargo no determina cuantos disparos recibió la víctima, ya que no especifica cuales heridas corresponden a orificios de entrada y cuales son de salida, para determinar cuántos disparos recibe la victima puesto que ello produce una completa incongruencia en cuanto a lo referido por el Tribunal al decir que “en total son once heridas” sin embargo los casquillos que se recogen en la escena del crimen son siete (07); además refiere la Doctora LESLY YADIRA GARCÍA en su dictamen que: “Se recomienda nueva evaluación en Medicina Forense al ser dado de alta definitiva por médico tratante para ampliar o ratificar incapacidad, pero tal evaluación no se realizó ni antes ni después, ya que la doctora nunca evaluó físicamente al paciente.” CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: 3.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: SEGUNDO MOTIVO: El fallo recurrido infringe lo dispuesto en el Artículo 338 sección cuarta, numeral uno, del Código Procesal Penal, norma procesal esta que en la parte referida dispone lo siguiente: “Artículo 338.- REQUISITOS DE LA SENTENCIA. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: ...Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia sin emplear conceptos que por su exclusivo carácter predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2)...” Como se puede observar, el juzgador declaró como hechos probados los siguientes: “ÚNICO: En fecha 06 de enero del 2014 a las siete de la noche, transitaba el Testigo Protegido 8 por la calle de la colonia 21 de octubre de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, específicamente por el mercadito “Mirna”, cuando fue interceptado por un vehículo en marcha, tipo camioneta, marca Mitsubishi, en el que se conducían tres personas de sexo masculino, entre ellas RENÉ ALEJANDRO ALEMÁN RAMÍREZ. conocido con el alias “cejón”, quien, sin mediar palabra, disparó en varias veces contra la humanidad del testigo protegido “8”, provocándole once heridas, dándolo por muerto tras de lo cual huyeron del lugar, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela, donde se le brindó asistencia médica, salvándole la vida.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 del Código Procesal Penal en su numeral uno (01) relacionado con el numeral cinco (05) del citado artículo 362 del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para desarrollar este motivo, es conveniente recordar algunos aspectos importantes sobre fundamentación y los Requisitos que deben de contener la redacción de las sentencias que dan contenido al sistema de valoración y predeterminan el fallo que ha de dictarse, ya que al analizar tales hechos probados se evidencia el vicio denunciado en la descripción de los mismos, el Honorable Tribunal PREDETERMINA el fallo que dictó ya que al pronunciar el único hecho probado, determina claramente que el resultado de la sentencia es condenatoria en contra del Imputado. Esto nos indica claramente que el sentenciador no ha tenido aplicabilidad de los requisitos exigidos por nuestra norma procesal penal, ello conlleva a una clara violación a la garantía Constitucional consagrada en el Artículo 90 de La Constitución de La República, el cual exige la aplicabilidad de un debido proceso con garantías ya establecidas en la ley en el relato de los supuestos hechos, mismos que fueron copiados de manera expresa por el Juzgador en su sentencia en el apartado de “Hechos Probados” y que ello predetermina que el fallo, ya que son los mismos hechos narrados por la fiscalía y vuelve evidente que el mismo (fallo) es condenatorio, aunque los hechos probados deben tener congruencia con la Acusación, pero nunca debe de determinar el fallo, es por ello que consideramos se debe de declarar con lugar el presente recurso de que se ha hecho mérito.” CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: 4.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: TERCER MOTIVO: Quebrantamiento por falta de aplicación del artículo 342 en su párrafo cuarto, el cual establece que: “Entre la primera y la segunda fase, habrá un intervalo que NO PODRÁ EXCEDER de treinta (30) días continuos, que se utilizarán para practicar las investigaciones sobre los elementos que el Código Penal exige para la determinación de la pena concreta. El Tribunal podrá de oficio o a petición de parte, ordenar con éste propósito, la práctica de las investigaciones que estime oportunas.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 del Código Procesal Penal en su numeral cinco (05). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: De acuerdo a lo establecido en el párrafo cuarto del referido artículo 342 del Código Procesal Penal, el Honorable Tribunal de Sentencias, una vez que concluyó la primera fase de la deliberación, es decir, una vez que leyó su resolución en donde declaraban como responsable al señor RENE ALEJANDRO ALEMÁN RAMIREZ como responsable de la comisión del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO B, debió convocar a las partes para la siguiente audiencia, que era la de individualización de la pena, para dentro de los treinta días siguientes, es decir a más tardar para el día cinco de Febrero del año dos mil dieciséis; sin embargo, convocó a las partes para la referida audiencia de individualización de la pena, para el día diecinueve (19) de Febrero del dos mil dieciséis QUEBRANTANDO PARA ELLO LO PRECEPTUADO en el citado párrafo cuarto del artículo 342 del Código Procesal, ya que transcurrieron exactamente cuarenta y tres días (43) y nuestra norma procesal penal no admite ni siquiera, prorroga de dicho plazo de treinta (30) días para la realización de la siguiente fase del Juicio Oral y Público, ni sacando los días inhábiles se encuentra dentro del plazo establecido en nuestra legislación procesal penal, por lo que es evidente el quebrantamiento de forma al proceso. Cabe señalar que el espíritu del legislador, es evitar la violación al principio de Concentración.” CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU: 5.- POR INFRACCCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley o Doctrina Legal por la no concurrencia de una de las circunstancias del artículo 117, el cual establece que: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- Alevosía. 2.-...”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal en su numeral cinco (05). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Según se desprende del Apartado señalado como “FUNDAMENTOS JURÍDICOS”, específicamente en el punto Segundo, el Tribunal de Sentencias utiliza el Numeral 1 del artículo 117 del Código Penal, indicando que en el presente caso “se demostró que el día 06 de enero del 2014 el Testigo Protegido B, cuando se dirigía a comprar una comida fue interceptado por un vehículo que se conducían tres personas entre ellas RENÉ ALEJANDRO ALEMÁN quien procedió a disparar en varias ocasiones con un arma de fuego en su contra, lográndole impactar once disparos, cayendo al suelo aparentemente muerto...” es evidente que el Tribunal no puede determinar que son once disparos, en virtud de que la médico forense Doctora LESLY YADIRA GARCÍA (Experta) no determina de manera clara que fueron once disparos, sino que lo que refiere en su dictamen son ONCE HERIDAS, que no es lo mismo decir que son “once disparos” ya que según se desprende de la misma sentencia, en donde detalla el medio de prueba denominado Documental y que se refiere específicamente al Acta de Inspección y que corre agregado a folio 26 y 27 de la pieza de autos, se establece que de la escena del crimen se recogieron, en calidad de indicios, un total de ocho casquillos, por lo que era importante determinar a través del Dictamen Forense cuantos disparos recibió la víctima, puesto que la Médico Forense, no tuvo la oportunidad de evaluar físicamente a la víctima, sino que lo que pudo constatar, lo hizo a través de la revisión del expediente clínico del Hospital Escuela, que se le puso a la vista; sin embargo queda evidenciado en el Dictamen Forense que al parecer la victima recibe tres disparos “Uno en tórax, uno en abdomen y muslo izquierdo” (ver folio 115 renglón 79 del dictamen), es más el Tribunal da crédito a un Dictamen que se realiza hasta en fecha cinco de enero del 2016, a escasos dos días antes del juicio, era obvio que la doctora no iba a tener claro, ni lo hizo en el dictamen cuantas heridas tenía el evaluado, es por ello que al no tener claramente cuantos son los disparos que recibe la víctima, es irresponsable por parte del Tribunal señalar que la víctima recibió once disparos, pero es lógico pensar tal situación ya que el Tribunal al referir en su sentencia, que son once las heridas, lo que quiere acreditar con ello es la supuesta alevosía. Además, más adelante continúa señalando el Tribunal de sentencias que “Por la forma en que sucedieron los hechos debe conceptuarse como alevoso, ya que el ataque se produjo sin que el ofendido pudiese anticipar que el vehículo que observo pasar hacia abajo se dirigiera hacia él y que de ahí le dispararían de manera sorpresiva...” Esto refiere que la única circunstancia para determinar la tipificación del tipo penal de asesinato, es la ALEVOSIA, Concepto que, al igual que el ensañamiento y la premeditación conocida, son otros de los modos de ejecución del homicidio calificado. Básicamente la alevosía comprende el modo de matar a traición, sin que el que mata se expone en absoluto. Es el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho delictivo, todo en cuanto tiendan directa y especialmente a asegurar la muerte deseada, sin riesgos para el autor. Es necesario e indispensable que la víctima se encuentre en el más llano estado de indefensión a través del cual no puede oponer resistencia alguna, por lo cual el sujeto activo no ha de tener riesgo alguno durante la ejecución del hecho. Para algunos autores la existencia d la alevosía, ha de tener lugar de tener lugar, igualmente, en los casos en que existieran posibilidades mínimas de resistencia, pero que las mismas sean conocidas por el autor sin que ello produzca grandes riesgos, y sobre la base de ello actúe. Es muy común que la indefensión sea generada por la inadvertencia de la víctima o de los terceros respecto del ataque, lo cual no descarta que la indefensión en cuestión haya sido provocada por el sujeto activo. Es necesario que evidentemente el autor obre sobre seguro, esto es sin riesgo alguno por parte del accionar de la víctima o de terceros con el propósito de oponerse o rechazar la agresión. Ese aprovechamiento indigno, esa serena y fría deliberación del agente es lo que el legislador ha tenido en cuenta para calificar la muerte, en el artículo 117 del Código Penal. .Por ello es que uno de las más clásicas muestras de la existencia de la alevosía se encuentra en el hecho en que se mata a traición, sin riesgo es decir sobre seguro y hasta con astucia, para que de esta manera se aproveche, o se procure el estado de indefensión de la víctima. De ello puede inferirse que si el damnificado ha tenido la oportunidad bien representada de advertir la agresión, como por ejemplo si el ataque se produjo cara a cara, no puede concluirse que la víctima no tuviera oportunidad atendible de defensa, por lo cual el homicidio no es alevoso. Tipos de alevosía: Existe un tipo de alevosía que tiene lugar a través del homicidio llamado “proditorio” en él sucede que el sujeto se gana la confianza de la futura víctima, y luego la mata sorprendiéndola en su buen fe. Pero otro tipo de homicidio calificado por alevosía es el que se produce por medio de la emboscada, allí el sujeto espera a la víctima en forma agazapada, habiendo estudiado el terreno con anterioridad y sabiendo que no corre peligro alguno, existe una ocultación física del agente para procurar la impunidad. Alevosía y premeditación Lo anteriormente dicho, ha llevado a algunos autores a sostener que la alevosía se asimilaba a la premeditación. Sin embargo esto no es así. Efectivamente, hoy sabemos que puede existir alevosía sin premeditación , por ejemplo en el caso en que el sujeto se encuentre escondido con la intención de cazar un animal y en ese mismo momento pasa por allí una persona a quien el cazador odia y decide matarlo aprovechando su situación y obrando con alevosía, pero sin premeditación. Por otra parte también puede ocurrir que una persona haga planes para matar a su enemigo, estudie sus movimientos durante varias semanas, en fin realice todo tipo de premeditación, y sin embargo con posterioridad lo mata cuando menos esperaba hacerlo y actuando de frente, en un claro homicidio simple. Cabe señalar también que el señor RENE ALEJANDRO ALEMÁN RAMIREZ, al momento en que es detenido, no se le encontró arma alguna para poder determinar que haya sido la persona que disparo contra la humanidad del Testigo Protegido B; sin embargo el tribunal refiere en su sentencia que estos hechos han sido señalados desde el comienzo y a lo largo todo el proceso penal que nos ocupa; pues de la misma manera la defensa ha venido estableciendo para ello, que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos.” FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 82 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: violación del derecho de defensa. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia *Pretensión: que se anule la sentencia recurrida. Establece el recurrente que se ha vulnerado el derecho constitucional como es el derecho a la inviolabilidad de la defensa, indicando que durante el desarrollo del juicio oral y público no se practicó la evaluación de una prueba muy importante como eran dos imágenes que contenían dos fotografías, en las que aparece el acusado, la tía del mismo y dos menores de edad, con las que la defensa pretendía acreditar que el acusado no se encontraba en el lugar de los hechos el día y hora en que sucedieron los mismos. Centra su reclamo el censor, en el hecho de que a pesar de haber sido admitido el medio de prueba pretendido, y ordenado el tribunal a la Dirección de Medicina Forense el nombramiento de un perito para extraer las imágenes de un celular, esto no se realizó. Del Derecho de Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. El derecho de defensa para el procesado, es el derecho que sirve para contradecir la acusación y proteger su derecho a la libertad, que se ve amenazada por causa del proceso penal. De tal suerte que frente al derecho a la acusación, al ejercicio de la acción penal (derecho a obtener la tutela judicial efectiva), cuyos titulares son las partes acusadoras, el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo, del acusado o del imputado, a repeler la acusación y a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, todo ello enmarcado en el respeto a las formas procesales necesarias para el adecuado equilibrio de los derechos de las partes. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente explica en su reclamo por infracción de precepto constitucional que, en el acto del debate no fue evacuado un medio de prueba legalmente propuesto y admitido, que consiste en dos imágenes que debían ser extraídas de un aparato telefónico y que servirían según la tesis de la defensa, para acreditar que su patrocinado se encontraba en otro lugar el día y hora de los hechos por los que fue llamado a juicio. Conforme a la denuncia del censor, durante la audiencia de proposición de prueba ofertó dicho medio de prueba, el que finalmente no fue evacuado en la vista pública, por haber sido rechazada la solicitud de pericia por el laboratorio correspondiente, sin que ello hubiere sido notificado a la defensa. En efecto, constata esta sala que en audiencia de proposición de pruebas celebrada en fecha veintiséis de junio de dos mil quince, la defensa del imputado propuso como medio de prueba la extracción del vaciado de teléfono -en especial imágenes- que se encuentren en el celular blackberry, que corresponden a una reunión familiar; el medio de prueba propuesto fue objetado por el Ministerio Público argumentando que el mismo no es confiable, atendiendo el espacio de tiempo trascurrido entre el día de los hechos y la fecha de la proposición, considerando que la tecnología permite que las imágenes sean enviadas desde otros dispositivos. Con todo, el Tribunal de Sentencia admitió el medio de prueba y libró oficio a la Dirección de Medicina Forense para que realice la pericia, contestando el laboratorio de Video Forense en fecha 15 de diciembre de dos mil quince, informando al tribunal que no puede recibir la evidencia en virtud de que la misma presenta mal embalaje, sin sello ni firma, sin cadena de custodia, por lo que sería irresponsable para el laboratorio trabajar la evidencia en ese estado; además aclaran al tribunal que el laboratorio de Video Forense no cuenta con el equipo necesario para realizar la extracción y sugieren sea enviado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Asimismo se observa a folio 117 del expediente, que el perito nombrado procedió a la devolución de un sobre de papel manila que en su interior contiene un Black Berry Bold color negro con imei 352802057463298. Para esta Sala, es importante resaltar que en el acto de proposición de pruebas que interesen a la defensa del imputado, en el que el impetrante propuso una prueba técnica, existe una ejecución material del derecho de defensa, que luego se observa respaldada por el órgano jurisdiccional atendiendo la solicitud; sin embargo, la no ejecución de la pericia, responde a que la evidencia no ha seguido las normas indicadas para su ingreso al laboratorio correspondiente, como son el correcto embalaje y cadena de custodia. Esta circunstancia consta acreditada en el expediente, al cual las partes tienen libre acceso y pueden verificar en cualquier tiempo; sin embargo, también es posible constatar en el acta de debate visible a folios 132 al 139 de autos, que el debate se inició según las formas procesales preestablecidas, cediendo a las partes por su orden, la palabra para indicar si existía algún acuerdo de estricta conformidad y posteriormente para que manifestaran si tenían incidentes que plantear, sin que hasta ese momento la defensa de René Alejandro Alemán Ramírez indicara al tribunal, ninguna referencia a la prueba pericial que había propuesto; no es sino hasta después de que se ha formalizado la acusación y contestado cargos, y que se ha consultado al imputado si desea declarar, que el impetrante manifestó que previo a iniciar el debate había podido constatar que la prueba pericial que había propuesto y que había sido admitida no se había realizado, indicando las razones que abundantemente se han explicado previamente. Habiendo transcurrido el momento procesal oportuno para referirse al asunto y al no existir una petición concreta, el Tribunal de Sentencia resuelve que no le es posible pronunciarse al respecto, sin que hubiera más alegaciones de hecho o de derecho por parte de la defensa. Esta Sala ha constatado que el derecho a la inviolabilidad de la defensa no ha sido conculcado de ningún modo al procesado René Alejandro Guzmán Ramírez, pues su defensa tuvo acceso, en igualdad de condiciones a todas las oportunidades procesales previstas para proponer medios de prueba que sirvieran o interesaran a la defensa del mismo, sin que la norma adjetiva permita retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos bajo pretexto de renovación de un acto, rectificación de un error o cumplimiento de un acto omitido. Como consecuencia del análisis desarrollado, el reclamo realizado por el censor respecto a la violación de derecho constitucional de la defensa, no es de recibo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o, excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. Interpuesto por la defensa privada. *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haberse observado las reglas de la sana crística en la valoración de la prueba. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: declarar con lugar el recurso. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia inobservó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba al descartar la prueba de descargo refiriendo que los testigos son parientes del acusado y que existe un evidente interés en beneficiarlo. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé, que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solamente a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el censor deberá señalar, en primer término, el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el censor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el censor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva a censor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el censor señala: i) El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii) La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; iii) Concepto de la Infracción, el cual debe ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi) Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el censor su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El censor, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el censor que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” .ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala reitera que, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[1]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El recurrente hace uso de la vía recursiva por quebrantamiento de las formas procesales, indicando que el fallo recurrido violenta el contenido del artículo 2020 procesal, argumentando una falta de objetividad y determinación del tribunal en cuanto a la valoración de la prueba de descargo; sin embargo en el desarrollo de su exposición se limita a hacer alegaciones de instancia y apreciaciones de carácter subjetivo. Ante este planteamiento conviene dejar establecido que la norma pretende orientar al censor, de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto éstos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. A pesar de las inconsistencia del recurso, este Tribunal de Casación ha establecido también como criterio jurisprudencial que, en virtud del control de convencionalidad que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “Garantías Judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese sentido este Tribunal de Casación dará respuesta conforme al precepto autorizante interpuesto en el motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el recurrente el cual se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al haber denunciado “Inobservancia de la sana crítica en la valoración de la prueba”. Como ha quedado establecido el recurrente manifiesta que el sentenciador ha valorado la prueba de descargo sin aplicar las reglas de la sana crítica al referir que las testigos son familiares del imputado y que por ende es evidente su interés en beneficiarlo. Esta Sala ha constatado que en la valoración a las declaraciones de descargo, el Tribunal Sentenciador realizando un ejercicio intelectivo, hace una valoración objetiva en la que si bien reconoce que existe un vínculo de familiaridad entre las testigos y el imputado, no fundamenta su valoración en dicho lazo de parentesco, sino que indica que habiendo analizado la prueba en su conjunto, es decir confrontando estas declaraciones con el resto del acervo probatorio, las declaraciones de descargo no excluyen que el acusado haya estado en el lugar de los hechos, disparando contra el ofendido, toda vez que no aportaron ningún elemento relevante que pudiera desvanecer la contundencia de los testigos presenciales del hecho que fueron aportados como prueba de cargo. De acuerdo a la valoración del A quo, estos testigos sostuvieron consistentemente sus dichos a lo largo de proceso. En consecuencia, esta Sala es del parecer que el Tribunal de Sentencia ha valorado de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica, todas las pruebas evacuadas, de las cuales ha extraído conclusiones congruentes, concordantes e inequívocas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma integral y armónica. En virtud de ello el motivo alegado por el censor no es procedente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo motivo. Interpuesto por la Defensa Privada. *Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 en relación al numeral 5 del mismo artículo, del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: artículo 338 sección cuarta, numeral 1del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: haberse usado en los hechos probados conceptos de carácter predeterminante. *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: declarar con lugar el recurso. Argumenta el censor que en los hechos probados se evidencia el vicio denunciado, ya que al analizar los mismos, el Tribunal de Sentencia predetermina el fallo que dictó, ya que al pronunciar el hecho probado determina claramente que el resultado de la sentencia es condenatoria. De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. El censor continúa haciendo uso de mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Por otro lado y como ya se ha establecido antes, a pesar de los yerros del recurrente, en respeto a la tutela judicial efectiva y al control de convencionalidad, no podría rechazarse Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). En el presente caso, el impetrante funda su reclamo en el artículo 362 numeral 1 y lo relaciona con el numeral 5 del mismo artículo, para posteriormente hacer referencia al artículo 90 de la Constitución de la República; de modo que, tal es el grado de confusión del mismo impetrante, que no es posible para esta Sala comprender cuál es el sentido de su denuncia o la naturaleza de la vía recursiva que pretende hacer valer. Así las cosas no es posible dar respuesta al segundo motivo planteado por el censor. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Tercer motivo. Interpuesto por la Defensa Privada. *Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: artículo 342 párrafo cuarto del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: haber excedido el término legal entre a primera fase del debate y la segunda (individualización de la pena) *Reclamación ex ante: el vicio se cometió en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: declarar con lugar el recurso. Argumenta el censor que el Tribunal de Sentencia, convocó para audiencia de individualización de pena cuarenta y tres días después de realizado el debate, debiendo convocar en un período no mayo de treinta días, tal como lo señala el artículo 342 del Código Procesal Penal. De las Reglas para la realización del Juicio Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe substanciarse la etapa de juicio y -en particular el debate- por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe existir en las diferentes audiencias que conformen el debate, entre éste y el fallo, y entre el fallo y la emisión de la sentencia; la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días) y una respuesta pronta a los justiciables. Conforme a las normas procesales vigentes para el año dos mil trece la etapa de juicio debía de sustanciarse observando los siguientes plazos legales: recibidas que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan a examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 CPP); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado ésta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 CPP), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes; Firme que sea esta última resolución, el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 CPP), siendo importante mencionar que la práctica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, manda que los miembros del tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuito; Habiendo llegado los jueces de sentencia a un acuerdo -por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa de complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuará con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces de sentencia debían reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de complejidad. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los quince días: la nulidad del debate por disolución de la inmediación (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero, si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Tercer Motivo. El recurso no es de recibo. En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; en otras palabras, la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Al realizar el análisis del expediente de mérito, se constata que a folios 132 a 139 obra acta de debate llevado a cabo en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, observando esta Sala que, al concluir el debate, el Tribunal de Sentencia fijó como fecha para la audiencia de individualización de pena, el día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, quedando las partes notificadas y citadas en estrados. A continuación en folio 140, corre agregada acta de individualización de pena, en la que compareció el impetrante en su condición de defensor de René Alejandro Alemán Ramírez. No ha observado esta Sala ninguna reclamación realizada por la defensa del procesado, en el acto de ser notificado sobre la fecha de celebración de la audiencia de individualización de pena, a pesar de que en efecto la misma fue señalada para cuarenta y tres días después. Al respecto, ya la Sala de lo Penal, ha sido del criterio que resulta indispensable para este tipo de reclamación, por la naturaleza del recurso, que el impetrante haya realizado reclamo oportuno a efecto de subsanar el proceso, tal como está señalado en el artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal. En consecuencia el impetrante ha consentido la decisión del Tribunal. Finalmente en el presente caso, el señalamiento de la audiencia de individualización, más allá del término señalado en el artículo 342 procesal, no ha afectado ni incidido gravemente en la concentración de los actos del debate, ni en la inmediación del juzgador, con la prueba vertida por las partes en el juicio oral y público, o en su correcta valoración intelectiva, pues obviamente debe entenderse que la audiencia de debate o juicio propiamente dicho, concluye con el fallo, acto procesal que ha quedado debidamente registrado tanto en el acta del debate elaborado por el secretario, como en la anotaciones personales de los jueces y en la grabación de audio del juicio, instrumento o herramienta orientadas precisamente a conservar frescas la memoria del juzgador, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo, interpuesto por la Defensa Privada. *Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia infringida: Artículo 117 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el censor. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. El recurrente en su exposición establece que invoca como motivo casacional la infracción de ley, referida al artículo 117 del Código Penal, sin determinar si se trata de una falta de aplicación o de una aplicación indebida de la norma. Por otro lado, hace sus propias valoraciones respecto a medios de prueba y se limita a exponer algunas consideraciones respecto a la alevosía, sin establecer su pretensión. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Habiendo explicado vastamente al censor lo que implica la debida técnica recursiva, es menester para esta Sala, explicar que el planteamiento realizado por el impetrante en cuanto al recurso de casación por Infracción de Ley, su exposición no ha sido clara ni tampoco precisa, para poder establecer el sentido del reclamo que realiza. Por otro lado, observa esta Sala en el escueto desarrollo del motivo casacional, que el recurrente hace alegatos de instancia que no son propios en la tramitación del recurso de casación por infracción de ley y sobre los cuales no debe pronunciarse esta Sala de lo Penal. Finalmente, tal es el grado de imprecisión e inexactitud del censor en el planteamiento del motivo casacional que, aunque argumenta una infracción de ley, las valoraciones que realiza sobre la prueba corresponde a un recurso de casación de diferente naturaleza. Ante esta falta de claridad y precisión no puede esta Sala de lo Penal, más que rechazar el motivo intentado por el censor. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en sus tres motivos, interpuesto por la Defensa Privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360,361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: No Ha Lugar, el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos. Tercero: No Ha Lugar, el recurso de casación por Infracción de ley en su único motivo, todos interpuestos por el Abogado José Manfredo Ruiz Alvarado, actuando en su condición de Defensor Privado de René Alejandro Alemán Ramírez, a quien se le sigue proceso por los delitos de Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido B. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-347-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.

[2] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.