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Sentencia CP-345-17 — Registro 12220

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión en su Grado de Participación de Cómplice Simple, Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. AMBOS MOTIVOS SON DE RECIBO. En virtud que el recurso de casación por infracción de ley se debe circunscribir a la relación fáctica de los hechos probados y a las normas que el recurrente ha considerado violentadas, esta Sala de lo Penal ha revisado los hechos probados que en resumen relatan que el día 18 de mayo de 2015, el imputado Julio Cesar Zúniga Ayala llegó en compañía de otras personas a un puesto de venta propiedad del ofendido y testigo protegido JS-0040, procediendo el acusado Julio Cesar a exigirle al testigo protegido JS-0040 el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de mil lempiras. Estos hechos probados revelan sin lugar a dudas que el imputado Julio Cesar Zúniga Ayala realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecucion del delito de extorsión, por lo que su participación no puede verse como un simple cómplice, tal como erróneamente lo hace ver el sentenciador, pues el mismo amenaza al ofendido y recibe de éste el dinero producto de la extorsión, acciones que ejecuta aquella persona dueña del dominio del hecho y por tanto debe considerársele autor. Para esta Sala de Casación el sentenciador ha aplicado de forma incorrecta el artículo 33 del Código Penal al catalogar el accionar del acusado Julio Cesar Zúniga Ayala como un simple cómplice, cuando los hechos probados revelan que realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución del hecho delictivo, participando activamente en el delito de extorsión; por tanto el A-quo ha incurrido en la infracción por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal referente a los autores, por lo que la sentencia debe ser declarado ha lugar y dictar una nueva sentencia donde se aplique al imputado Julio Cesar Zúniga Ayala la pena correspondiente a los autores, tomando en consideración el numeral octavo de la sentencia recurrida, en el cual el juzgador determinó imponer la pena mínima del delito de extorsión, pues así lo solicitaron el ente acusador y la parte defensora, por tanto esta Sala de lo Penal impone igualmente la pena mínima señalada para el delito de extorsión en su calidad de autor. RECURRENTE NUMERO 2 ÚNICO MOTIVO *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 222 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de extorsión. *Pretensión: que se anule el fallo y se declare a lugar el recurso de casación. Explicó el recurrente que según los hechos probados no se establece cual es el verbo rector que utiliza el sentenciador para determinar que el acusado es culpable de un delito de extorsión, considera que no se cumplen con los elementos objetivos necesarios para su configuración. DEL DELITO DE EXTORSIÓN[2]. El delito de extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 Código Penal), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad. El legislador señala que el delito de extorsión es un delito en contra de la propiedad, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto, en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión. ELEMENTO OBJETIVOS. a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia. b) Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “para sí o para cualquier organización delictiva”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto. d) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligare”. Ahora bien, la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo, deberá de ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones, identificándolo el tipo penal como acto o negocio jurídico. e) Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. Es importante señalar que no necesariamente deberá de darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (Criterio del hombre/mujer medio/a) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe de tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá de esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe como mínimo ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable. El destinatario de la amenaza puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado/a, amigo/a, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. PUNIBILIDAD. El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: a) Una pena de prisión de 15 a 20 años. Es de recordar que, conforme a nuestro actual código penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo éste error legislativo ninguna connotación en el presente caso, pero que si pudiese darse en otros delitos cuando la pena resulte conmutable por dinero, en razón de la cuantía. b) Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud del recurso presentado, esta Sala de Casación realizó una revisión exhaustiva al cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y considera que se encuentran presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión por el cual fue condenado el señor Julio Cesar Zúniga Ayala. Los hechos probados revelan que el acusado se presenta en el negocio del testigo protegido y ofendido JS-0040 y le “exige” el impuesto de guerra; el verbo exigir utilizado por el A-quo significa “Pedir una cosa de forma imperiosa o enérgica”, inmediatamente dicen los hechos, el acusado le advirtió al ofendido que venía por el impuesto de guerra, es evidente por tanto que se cumple el verbo rector de intimidación al exigir de forma imperiosa y enérgica el pago del mal llamado impuesto de guerra, pues utilizando el sentido común a cualquier hondureño que se le diga “impuesto de guerra” es lógico sentirse intimidado y amenazado pues sabemos que dichas expresiones son propias de grupos ilícitos asociados muchas veces a maras y pandillas, recordemos que la intimidación es un estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia, estado que sin duda alguna sintió el ofendido y por esa condición accedió a entregar el dinero al ahora acusado. En cuanto a los elementos subjetivos, el imputado al realizar todas las acciones tendientes a ejecutar el hecho, primero exigiendo el dinero y luego recibiéndolo, denota la voluntad de querer cometer el delito y por tanto cumpliéndose igualmente el elemento subjetivo del delito, que es el dolo o la intencionalidad del sujeto activo. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que el sentenciador aplicó de forma correcta y armónica el artículo 222 del Código Penal a la redacción de hechos que consideró como probados, por lo que es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa del acusado. DECISIÓN Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la fiscal del Ministerio Público y se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa publica del acusado. ..

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes junio de dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 345-2017 por Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual; Primero: condenó al señor Julio César Zúniga Ayala, como autor del delito de Extorsión en su Grado de Participación de Cómplice Simple, en perjuicio de Testigo Protegido JS-0040, a la pena de diez años de reclusión, más una multa de treinta y tres punto treinta y tres salarios mínimos. Segundo: condenó al señor Julio César Zúniga Ayala, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: no procedió condenar en costas procesales al señor Julio César Zúniga Ayala, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: se declaró la responsabilidad civil del condenado. Quinto: Se ordenó la devolución de la evidencia a su legítimo propietario consistente en: 1 billete de 500.00 lempiras con serie W5627099, 4 billetes de 100.00 lempiras con series BZ3738575, BZ787564, BZ9772259, CA1806940, 2 billetes de 50.00 lempiras con series AN4936706 y AM8345618. Interpusieron los recursos de casación por infracción de ley, la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de Fiscal del Ministerio Público como recurrente número 1 y el Abogado Ismael Gómez del Arca, en su condición de defensor público del acusado como recurrente número 2. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Ela Paredes Bromfield, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte #1 recurrente y recurrida, y los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Julio César Zúniga Ayala, como parte #2 recurrente y recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día lunes 18 de mayo de año 2015, a eso de las 5:30 p.m., el señor Julio Cesar Zúniga Ayala, llego en compañía de otras personas a un puesto de venta propiedad del testigo protegido JS-0040, situado en el lugar asignado a los juegos mecánicos, instalados con motivo de la Feria Isidra, en esta ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; procediendo el señor Julio Cesar Zúniga Ayala, a exigirle al testigo protegido JS004O, el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de un mil lempiras, (L.1,000.), en denominaciones de 1 billete de L.500.00, 4 billetes de L. 100.00 y 2 billetes de L. 50.00. SEGUNDO: Inmediatamente el testigo protegido JS-0040, denuncia el hecho a unos agentes policiales que patrullaban por el lugar, emprendiendo estos la persecución del señor Julio Cesar Zúniga Ayala, y sus acompañantes, siendo detenido Julio Cesar, y encontrándosele en la bolsa de su pantalón la cantidad de un mil lempiras, que había recibido minutos antes del testigo protegido JS-0040, por lo que fue puesto a la orden de la autoridad competente.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley Recurrente Numero 1 “EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO PRIMERO: “Por aplicación indebida del Artículo 33 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: “PRIMERO: El día lunes 18 de mayo de año 2015, a eso de las 5:30P.M, el señor JULIO CESAR ZÚNIGA AYALA, llego en compañía de otras personas a un puesto de venta propiedad del testigo protegido JS-0040, situado en el lugar asignado a los juegos mecánicos, instalados con motivo de la feria Isidra, en esta ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida; procedimiento el señor Julio Cesar Zúniga Ayala, a exigirle el testigo protegido JS0040, el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de un mil lempiras, (L.1,000.) en denominaciones de 1 billete de L.500.00, 4 billetes de L.100.00 y 2 billetes de L.50.00. SEGUNDO: inmediatamente el testigo protegido JS-0040, denuncia el hecho a unos agentes policiales que patrullaban por el lugar, emprendiendo estos la persecución del señor Julio Cesar Zúniga Ayala, y sus acompañantes, siendo detenido Julio Cesar, y encontrándosele en la bolsa del pantalón la cantidad de un mil Lempiras, que había recibido minutos antes del testigo JS-0040, por lo que fue puesto a la orden de la autoridad competente” De éste cuadro fáctico, el Tribunal Sentenciador ha concluido que se desprende de la prueba legalmente evacuada en juicio, existe suficiente prueba para plasmar motivaciones jurídicas por el delito de de Extorsión en su Grado de Ejecución de Cómplice, los juzgadores en la Fundamentación Jurídica únicamente señalan que el encausado participo en actos simultáneos al hecho, como lo son el de amenazar a la víctima diciéndole que entregara dinero como impuesto de guerra, y el recibir la cantidad de un mil Lempiras producto de la intimidación a que fue objeto la víctima, cooperando el acusado de manera simple al exteriorizar dicha amenaza contra la víctima, y en la recepción del dinero, de esta forma, la decisión adoptada en la resolución cuestionada, es incongruente con la verdad enunciada por la narración fáctica es decir los hechos declarados probados, de tal forma que aplica indebidamente el artículo 33 que define el grado de participación de complicidad. En ese orden de ideas, la complicidad sería perfectamente aplicable para incriminar la conducta del participe, cuando este fue la persona que acude a pedir el dinero, ejecuta la exigencia con amenaza, recibe la cantidad de un mil lempiras, en denominaciones de (L. 1,000.) 1 billete de L.500.00, 4 billetes de L. 100.00 y 2 billetes de L.50.00 y minutos después es capturado por la Policía a quien le decomisaron el dinero en las denominaciones descritas por el testigo Protegido, de esa forma se puede extraer de dicho fáctum que el acusado realizó una acción delictiva en su condición de Autor, porque toma parte directa en la ejecución del hecho. Sostenemos entonces, que de conformidad a los hechos probados en la sentencia impugnada, la participación del acusado de ninguna manera podría considerarse como complicidad, debido a que el sujeto activo realizó una acción que provocó la lesión al bien jurídico tutelado, por tales razones, estimamos que el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el artículo 33 del Código Penal, al estimar erróneamente la calificación de la complicidad. Atendiendo lo anterior dirigimos nuestro reproche recursivo en este motivo contra la calificación del grado de participación a título de cómplice del encausado; por cuanto del fáctum de la sentencia ha quedado establecido la dinámica a través del cual se desarrolló el hecho, así como también que los mismos fueron realizados por el imputado JULIO CESAR ZÚNIGA AYALA, quien según el hecho declarado probado, “procedimiento el señor Julio Cesar Zúniga Ayala, a exigirle el testigo protegido JS0040, el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de un mil lempiras, (L. 1,000.) en denominaciones de 1 billete de L.500.00, 4 billetes de L. 100. 00 y 2 billetes de L.50.00” acción indudablemente configura el delito de extorsión. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber calificado el accionar del imputado JULIO CESAR ZÚNIGA AYALA como cómplice, por considerar que éste cooperó por actos anteriores o simultáneos a la ejecución del hecho, ha producido como consecuencia la infracción por aplicación indebida del precepto penal contenido en el artículo 33 del Código Penal, tal como se ha dejado demostrado, y es precisamente ésta la pretensión que se persigue con el presente motivo, a través del vicio in iudicando alegado siendo este la interpretación jurídica que el Ministerio Público pretende por medio de agotamiento de este sendero recursivo.” “MOTIVO SEGUNDO: “Infracción por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El vicio se genera del mismo contenido del hecho declarado probado de la sentencia recurrida, pues de su simple lectura y del análisis del mismo se evidencia que se encuentra comprendido en nuestra norma penal sustantiva en su artículo 32 que establece: se consideran autores, “A quienes toman parte directa en la ejecución del hecho....”, de tal modo, que dicho precepto ha sido infringido por falta de aplicación, en virtud, que la descripción de los hechos probados establecidos por el tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho. Ya que del análisis a la norma en referencia conforme con los hechos fijados como probados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo indiscutiblemente es el imputado JULIO CESAR ZÚNIGA AYALA, porque fue él quien tomó parte directa en la ejecución del hecho exigirle al testigo Protegido el pago de dinero en concepto de impuesto de guerra y recibir dicho dinero, según se desprende del fáctum del fallo; acreditándose con ello el elemento objetivo del tipo penal “mediante amenaza, intimidación o violencia, con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva dinero, bienes, u otros servicios, obligare a una persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer laguna cosa...”; y sobretodo que el sujeto activo fue el encausado, pues la autoría supone, que el delito sea imputable al sujeto como suyo, supone una relación de pertenencia, esta pertenencia corresponde en primer lugar al ejecutor material individual al que puede imputarse el delito, estando claramente establecido en el hecho probado que la acción extorsiva fue precisamente ejecutada por el imputado, y tuvo como resultado la una lesión al patrimonio del ofendido. De tal modo, que reiteramos que la participación de enjuiciado ha sido a título de Autor y no de cómplice del delito de Extorsión, en virtud de haberse tenido por acreditado que “procedimiento el señor Julio Cesar Zúniga Ayala, a exigirle el testigo protegido JS0040, el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de un mil lempiras, (L. 1,000)”, así las cosas, es evidente que el cuadro factico describe la realización por parte del imputado del verbo rector delito de Extorsión. Del anterior análisis legal, se establece que el encausado tomó parte directa en la ejecución en la ejecución del hecho, encuadrando perfectamente con la conceptualización que nuestro Código Penal hace en el Artículo 32 sobre la autoría, ello tomando como asidero las verdades intangibles contenidas el fáctum que describe que el enjuiciado indiscutiblemente tomó parte directa en la ejecución del hecho, realizando el tipo penal de Extorsión; en tal sentido se aprecia la infracción por falta de aplicación del precepto penal contenido en el artículo 32 del Código Penal, y es en estos términos que solicitamos que se interprete que el cuadro factico se enmarca a plenitud en descripción de autor que hace el artículo 32 de nuestra norma penal y por ello ésta garante de la legalidad solicita que la Honorable Sala de lo Penal declarare a lugar el presente motivo.” Recurrente Numero 2 “UNICO MOTIVO. Infracción por Violación de la Ley Penal por Aplicación Indebida del articulo 222 Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra en artículos 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION MOTIVO UNICO. El artículo 222 del código Penal contenido en Decreto 16-12 el cual se lee así: Comete el delito de Extorsión, quien mediante amenazas, intimidación, violencia y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios, obligare a persona natural o Jurídica a: 1…. 2…. 3...., al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20)años y multa de cincuenta (50)salarios mínimos, más las accesorias que correspondan.- Artículo que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece el artículo. PRIMERO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso subjudice donde al abocarnos al contexto de la fundamentación Jurídica de la Sentencia recurrida, obligados a respetar tal como lo señala nuestra Legislación Nacional la integridad de dicha Sentencia; encontramos que la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, califica Jurídicamente los hechos probados y fundamentación Jurídica, condenando a mi representado a una pena de diez (10) años de reclusión y a una multa de treinta y tres punto treinta tres (33.33) salarios mínimos, basándose en el artículo 222 del Código Penal Vigente, sin realizar ningún análisis de esa figura, pese a que se trata de un tipo penal compuesto de varias hipótesis, constituyente esto vicio de fundamentación de la sentencia respecto a la motivación que exige la tipicidad de la acción delictiva, pues la sala no identifica, claramente, cual de los verbos que integra el tipo penal, es el aplicable a los hechos que se han tenido por demostrados, por lo que, es incorrecto calificar el hecho imputado como Extorsión en los términos pronunciados por la sal tercera de La Ceiba. SEGUNDO: Ya que al darse lectura al artículo 222 del Código Penal, se observa sin mucho esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que constituirse bajo la perspectiva objetivo del tipo penal que es el uso de las Amenazas, Intimidación, Violencia, son los medios típicos por los cuales se puede realizar la conducta; que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él, el sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa Amenaza, Intimidación, Violencia y un elemento subjetivo del tipo se deriva de la lesión a la libertad del sujeto pasivo y la ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona; consecuentemente, es mediante esas acciones (Amenazas, Intimidación y violencia)que refiere el Legislador en el artículo en mención (art.222 del Código Penal) que se realiza la conducta. TERCERO: Véase Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, que la Sentencia recurrida no se establece en los hechos probados ningún razonamiento que explique alguna circunstancia o prueba que mi representado haya ejercido sobre el ofendido testigo protegido JS-0040 Amenazas, Intimidación, violencia; por ejemplo no se refiere nada de acciones por parte de mi representado que constituyan estos elementos sobre la persona del ofendido.— Aplicación que consideramos indebida, en vista que se violo la Ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la Sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su Jurisprudencia: Cuando se alega como vicio de la Sentencia “Aplicación Indebida”, esta sala penal ha establecida que se origina cuando el Juzgador, en el momento de aplicar la Ley, aplica una proposición Jurídica que no corresponde a la situación Jurídica fáctica que se ha planteado en fecha 12-02-2007 recaída en recurso de casación penal numero 190-2007. CUARTO: De tal manera que la calificación del hecho probado debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo dictado no concurren circunstancias que se mencionan en el citado articulo y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimado y declarados probados con el delito con el cual se le acusa a mi representado. La Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es inherente a la persona humana, este Derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.11.1); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2); Convención Sobre Derechos Humanos (art.8.2); Constitución de la República (art.89); Código Procesal Penal (art.1 y 2) y que desde el ámbito Penal se define como Derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador en juicio oral y publico, con estricta observancia de las reglas del debido proceso.- En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal Publica y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustar a la inobservancia de las formalidades, derechos, y Garantías dispuestas en las Leyes a favor de aquel; por consiguiente, cuando se trata de restringir un Derecho Fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizar plenamente que la persona a quien se le menoscaba su Derecho, es aquélla que realmente ha cometido infracción Penal y por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una Pena, en este caso al no haberse aplicado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada, para tal efecto que se proceda a anular el fallo del A-quo por EXTORSION, es decir, aplicación indebida del artículos 222 del Código Penal en los hechos declarados probados primero y segundo en contra de JULIO CESAR ZUNIGA AYALA. INTERPRETACION PRETENDIDA De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos primero y segundo declarados probados por el Tribunal de Sentencia no son constitutivos de EXTORSION como erróneamente se calificó, en vista de no haberse acreditado que el señor JULIO CESAR ZUNIGA AYALA haya ejercido sobre la persona del testigo Protegido JS-0040 Amenazas, Intimidación y Violencia, para tal efecto pretendemos que se anule el fallo del A-quo y se declare con lugar el recurso de casación interpuesto por haberse infringido una Ley Sustantiva.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Recurrente Numero 1 Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de casación por infracción de ley que ha interpuesto la recurrente número 1, están íntimamente relacionados, pues refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 33 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación indebida de la figura del cómplice. *Pretensión: que se declare aplicación indebida de la figura de cómplice Explicó la recurrente que conforme a los hechos probados, para el juzgador se dieron las motivaciones jurídicas para condenar al acusado por un delito de extorsión en su grado de complicidad, estableciendo que el acusado participó en actos simultáneos como es amenazar a la víctima; para la recurrente la decisión del A-quo es incongruente con la verdad enunciada en la narración fáctica, pues el acusado no solo amenaza, sino que también recibe el dinero que posteriormente es encontrado en sus ropas por la policía, por lo que su accionar es de un autor. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 32 del Código Penal. *Concepto de la infracción: falta de aplicación de la figura de autor. *Pretensión: que se declare ha lugar el recurso de casación. Explicó la recurrente que el vicio se genera precisamente en los hechos probados, pues quedó probado la existencia de un hecho típico, donde el sujeto activo es el acusado Julio Cesar Zuniga Ayala, porque fue él quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al recibir el dinero, por tanto es un autor de los hechos. De la Autoría y Participación[1] Esta Sala de lo Penal considera importante citar lo manifestado por el penalista colombiano Fernando V. V. (V. V., Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pag 614.), cuando indica que el concurso de personas en el hecho punible estudia el grado de intervención en el delito, diferenciándolos en autoría y participación. Son clases de autoría: Autoría Inmediata o Material, Autoría Mediata, coautoría y coautoría sucesiva; Son Participes: El cómplice, cómplice Necesario e inductor. Por su parte el legislador hondureño establece en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices. En el artículo 32 el legislador determina que se consideraran autores: El Autor Inmediato o Material, la Co Autoría, Autoría Sucesiva, la Autoría Mediata por Fuerza en el Instrumento (No incluye la autoría mediata por error del Instrumento), el Inductor y el Cómplice Necesario; Y son Cómplices, conforme el artículo 33 del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste. Ahora bien la co-autoría es una forma de autoría y se observa cuando varias personas, bajo un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada. Los requisitos son: 1) Acuerdo Común: Los autores deben realizar el acto por un acuerdo, el que puede ser previo y expreso o espontáneo y tácito. En el segundo caso, cada uno de los autores debe de aceptar la acción del otro; 2) Cada autor debe de reunir las mismas calidades que el autor y el dominio del hecho es común; 3). Cada autor debe de realizar un aporte objetivo al hecho, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes (Domino funcional del hecho); 4). Debe de tratarse de delitos dolosos; y 5). Debe de tratarse de un tipo penal que no requiera realización corporal o personal de la acción típica por parte del autor (De propia mano). De la Procedencia del Recurso. Ambos Motivos son de Recibo. En virtud que el recurso de casación por infracción de ley se debe circunscribir a la relación fáctica de los hechos probados y a las normas que el recurrente ha considerado violentadas, esta Sala de lo Penal ha revisado los hechos probados que en resumen relatan que el día 18 de mayo de 2015, el imputado Julio Cesar Zúniga Ayala llegó en compañía de otras personas a un puesto de venta propiedad del ofendido y testigo protegido JS-0040, procediendo el acusado Julio Cesar a exigirle al testigo protegido JS-0040 el impuesto de guerra, por lo que este último le entregó la cantidad de mil lempiras. Estos hechos probados revelan sin lugar a dudas que el imputado Julio Cesar Zúniga Ayala realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecucion del delito de extorsión, por lo que su participación no puede verse como un simple cómplice, tal como erróneamente lo hace ver el sentenciador, pues el mismo amenaza al ofendido y recibe de éste el dinero producto de la extorsión, acciones que ejecuta aquella persona dueña del dominio del hecho y por tanto debe considerársele autor. Para esta Sala de Casación el sentenciador ha aplicado de forma incorrecta el artículo 33 del Código Penal al catalogar el accionar del acusado Julio Cesar Zúniga Ayala como un simple cómplice, cuando los hechos probados revelan que realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución del hecho delictivo, participando activamente en el delito de extorsión; por tanto el A-quo ha incurrido en la infracción por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal referente a los autores, por lo que la sentencia debe ser declarado ha lugar y dictar una nueva sentencia donde se aplique al imputado Julio Cesar Zúniga Ayala la pena correspondiente a los autores, tomando en consideración el numeral octavo de la sentencia recurrida, en el cual el juzgador determinó imponer la pena mínima del delito de extorsión, pues así lo solicitaron el ente acusador y la parte defensora, por tanto esta Sala de lo Penal impone igualmente la pena mínima señalada para el delito de extorsión en su calidad de autor. Recurrente numero 2 Único Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 222 del Código Penal. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de extorsión. *Pretensión: que se anule el fallo y se declare a lugar el recurso de casación. Explicó el recurrente que según los hechos probados no se establece cual es el verbo rector que utiliza el sentenciador para determinar que el acusado es culpable de un delito de extorsión, considera que no se cumplen con los elementos objetivos necesarios para su configuración. Del Delito de Extorsión[2]. El delito de extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 Código Penal), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad. El legislador señala que el delito de extorsión es un delito en contra de la propiedad, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto, en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión. Elemento Objetivos. a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia. b) Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “para sí o para cualquier organización delictiva”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto. d) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligare”. Ahora bien, la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo, deberá de ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones, identificándolo el tipo penal como acto o negocio jurídico. e) Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. Es importante señalar que no necesariamente deberá de darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (Criterio del hombre/mujer medio/a) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe de tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá de esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe como mínimo ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable. El destinatario de la amenaza puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado/a, amigo/a, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Punibilidad. El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: a) Una pena de prisión de 15 a 20 años. Es de recordar que, conforme a nuestro actual código penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo éste error legislativo ninguna connotación en el presente caso, pero que si pudiese darse en otros delitos cuando la pena resulte conmutable por dinero, en razón de la cuantía. b) Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En virtud del recurso presentado, esta Sala de Casación realizó una revisión exhaustiva al cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y considera que se encuentran presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión por el cual fue condenado el señor Julio Cesar Zúniga Ayala. Los hechos probados revelan que el acusado se presenta en el negocio del testigo protegido y ofendido JS-0040 y le “exige” el impuesto de guerra; el verbo exigir utilizado por el A-quo significa “Pedir una cosa de forma imperiosa o enérgica”, inmediatamente dicen los hechos, el acusado le advirtió al ofendido que venía por el impuesto de guerra, es evidente por tanto que se cumple el verbo rector de intimidación al exigir de forma imperiosa y enérgica el pago del mal llamado impuesto de guerra, pues utilizando el sentido común a cualquier hondureño que se le diga “impuesto de guerra” es lógico sentirse intimidado y amenazado pues sabemos que dichas expresiones son propias de grupos ilícitos asociados muchas veces a maras y pandillas, recordemos que la intimidación es un estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia, estado que sin duda alguna sintió el ofendido y por esa condición accedió a entregar el dinero al ahora acusado. En cuanto a los elementos subjetivos, el imputado al realizar todas las acciones tendientes a ejecutar el hecho, primero exigiendo el dinero y luego recibiéndolo, denota la voluntad de querer cometer el delito y por tanto cumpliéndose igualmente el elemento subjetivo del delito, que es el dolo o la intencionalidad del sujeto activo. Así las cosas, considera esta Sala de lo Penal que el sentenciador aplicó de forma correcta y armónica el artículo 222 del Código Penal a la redacción de hechos que consideró como probados, por lo que es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa del acusado. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuesto por la fiscal del Ministerio Público y se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la defensa publica del acusado. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 32 y 222 del Código Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Lina Lourdes Soto en su condición de fiscal del Ministerio Publico, en la causa instruida contra el señor Julio Cesar Zúniga Ayala. Segundo: Reforma parcialmente la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida. Tercero: Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: condena a título de autor al señor Julio Cesar Zúniga Ayala, por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido JS-0040, a la pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto. Se impone además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Se declara igualmente la responsabilidad civil del acusado por los daños y perjuicios ocasionados. Cuarto: Se mantiene incólume la sentencia en el resto de pronunciamientos y resoluciones. Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, con la reforma efectuada por este Tribunal de Casacion. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-345-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 09-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de agosto de 2012.

[2] L. Alfredo de Diego Díez. Magistrado-Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España). Manual de Derecho Penal de Honduras. Parte Especial. Volumen I. Pág. 311.