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Sentencia CP-345-16 — Registro 12219

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Violación Especial. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Tal como lo denuncia la impugnante, el sentenciador ha cometido un vicio lógico de derivación al valorar intelectivamente las declaraciones testificales incorporadas mediante lectura autorizada a debate de la menor H. K. F. y de la señora Cerelina Foster, así como también con el dictamen médico legal No. 20121101070015, de fecha 14 de enero de 2014, emitido por el Doctor Charles Welcome Jonhson. En principio, el juzgador, al relacionar la declaración de la menor H. F. con el dictamen pericial, concluye que existe contradicción entre ambos medios de prueba, porque la ofendida declaró en la audiencia que el acusado no había eyaculado y que se colocó el preservativo después de la petición suya al momento de sostener relaciones sexuales; entretanto, al médico forense “le informó que no había eyaculado ni había usado preservativo…”. Estima como contradicción lo declarado en la audiencia de prueba anticipada con lo declarado en el abordaje de la entrevista en la historia médico legal del dictamen de evaluación física. A este respecto, el asunto de las declaraciones rendidas ante perito ya ha sido tema fijado en jurisprudencia por parte de esta Sala de lo Penal, en el cual ha estimado que el medio de prueba pericial tiene como objeto aportar información especializada al tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio, para ello se designan personas que tengan la experticia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su experiencia profesional; en los estudios como: las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica encontramos la “Historia Médico Legal” que es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima del caso concreto; esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia, colaboran en la realización de la misma contestando las preguntas del perito, más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben durante el proceso ante órgano jurisdiccional; las declaraciones llamadas a valorar son las rendidas ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tal como igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación y que no son, ni tienen que ser observados en un abordaje clínico, habida cuenta de que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 103-2014). El Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, comete un error lógico de derivación pues el medio probatorio no encuentra correspondencia con su conclusión valorativa por una indebida inferencia, cuando toma como premisa -para restar valor probatorio al testimonio de la menor- la declaración rendida en el proceso de abordaje clínico de la prueba pericial denominado “Historia Médico Legal”. No puede ni debe revestirse a un perito especializado en la ciencia de la medicina, como garante de los derechos de inmediación, contradicción, concentración y publicidad, que rigen la actividad de la prueba. Esta facultad es exclusiva del órgano jurisdiccional y es insustituible. Adicionalmente, el a quo argumenta que la incomparecencia a debate de la menor declarante no le permitió conocer su desarrollo físico y estimar si reflejaba su minoría de edad o no, lo cual no estaba obligado a conocer el acusado y pudo inducirlo a error. Este argumento intelectivo también es contrario a la ley lógica de derivación por falta de razón suficiente, pues según los propios testimonios rendidos por la menor H. K. F. y la señora Cerelina Foster en la audiencia de prueba anticipada y la audiencia inicial (f. 15, 24) , el acusado conoce a la menor “de toda la vida”, pues eran vecinos con su abuela en el barrio Los Fuertes de la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía; por lo que el conocimiento de su minoría de edad, puede quedar patentado a partir de dichos testimonios y demuestra que la conclusión del sentenciador es no categórica y no apodíctica, indistintamente de si el desarrollo físico de la menor era acorde o no a su edad biológica. Por estas razones, el único motivo es de recibimiento. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del recurso de casación SP 345-2016 por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolver por falta de prueba, al encausado Rony Darío Rosales Lanza, como autor responsable del delito de violación especial en perjuicio de H. K. F. F.. Segundo: No procede condena en costas. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada Marleny Benítez Sevilla, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: la Abogada Ilse Adela Fuentes, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, la Abogada Barbara Hernández, defensora pública, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Único: H. K. F. F., de doce años de edad, hija de Cerelina Foster Ferwerdor y residente en Barrio Los Fuertes de Roatán, Islas de la Bahía, para el catorce de enero de dos mil catorce presentaba himen anular integro.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, la Abogada Marleny Benítez Sevilla, en su condición indicada, procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. Con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, la prueba que se describe a continuación: PRUEBA DE CARGO: 1. Declaración de la ofendida H. K. F. F., rendida con las formalidades de la Prueba Anticipada e incorporada a juicio mediante lectura; quien manifestó: «…eran como las once y media, yo salí de mi casa y me fui para la casa de él, toqué la puerta, me abrió un compañero de vivienda de él, Rony estaba dormido, empecé a tocarlo, me acosté encima de él y luego pasó lo que tenía que pasar... primero yo le dije que lo hiciera, él estaba que no quería hacer y yo le pedí de por favor y él lo hizo... Mi abuela sospechó y ella no se durmió, yo iba a ir otra vez donde Rony y en lo que yo iba ella me cachó, lo de Rony fue el sábado y cuando mi abuela me agarró yo apenas iba para donde él». 2. Declaración de CERELINA FOSTER FERWEDOR rendida en Audiencia Inicial e incorporada mediante lectura; la testigo manifestó: “... ese día me salí a vigiar, el muchacho se fue a la casa, la seguí, ella estaba en la puerta tocando, le dije busque su casa y la traje... Rony es el novio, esto sucedió en enero de 2014, fue a las 12:30 de la noche; decido poner la denuncia porque ella estaba en la puerta de él». 3. DICTAMEN MÉDICO FORENSE: ratificado en juicio por el Doctor Charles McCrey Welcome Johnson, Perito oficial del Ministerio Público, documento que establece las siguientes conclusiones: a) Área genital: Himen de orificio único (sin ruptura), permeable a dos dedos del examinador, por lo que puede permitir el paso de un pene erecto sin romperse b) Periferia de la uretra con pequeña laceración en borde lateral derecho; c) Horquilla vulvar, con pequeña laceración a las 6 horas de las manecillas del reloj y, d) Las lesiones de incisos b) y c) podrían ser compatibles a las producidas por penetración reciente por cuerpo romo (ejemplo pene, dedos). 4. CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO, mediante la cual se acreditó que la H. K. F. F., nació en Roatán, Islas de la Bahía, en fecha 15 de febrero del año 2001. Al valorar los elementos de prueba anteriormente relacionados el Juzgador estableció las siguientes consideraciones: 1. No le da credibilidad a la declaración de la víctima por considerar que ningún medio de prueba apoya sus dichos. Señaló que la ofendida se contradijo en afirmar en juicio que el acusado no había eyaculado y que se puso preservativo a petición de ella, contrario a lo que afirmó al médico forense y que consta en la historia médico legal. 2. Consideró que tampoco apoya la declaración de la ofendida lo manifestado por la testigo Cerelina Foster al afirmar que se había enterado de la relación de noviazgo de la ofendida con el acusado y que habló con él al respecto y de igual manera afirmó que encontró a la ofendida tocando la puerta de la casa del acusado y que éste no estaba en el lugar y que en ninguna ocasión había encontrado a H. K. con el encausado. 3. El sentenciador cuestiona el hecho de que la ofendida y la testigo no se presentaran al debate a rendir su declaración lo que no permitió al Tribunal conocer a la ofendida físicamente y estimar si su desarrollo físico reflejaba su minoría de edad, la cual no estaba obligado a conocer el acusado. 4. El hecho de no haber propuesto el Ministerio Público como prueba las muestras de ADN que permitieran un análisis comparativo para corroborar o descartar que el acusado hubiera accedido carnalmente a la víctima. (Ver Valoración de la Prueba en páginas 3 y 4 de la Sentencia). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que de la prueba evacuada no considera probada la participación del acusado en el delito de Violación Especial, razonamiento que no compartimos pues consideramos que la prueba es suficiente para demostrar más allá de toda duda razonable el acceso carnal por parte del acusado Rony Rosales a la joven H. K. F. F., pues los dichos de la víctima fueron corroborados con el resto de la prueba; es así que la afirmación de la ofendida de haber tenido relaciones sexuales con el acusado se demostró con el dictamen físico, practicado dos días después de los hechos que narra la víctima, el cual refleja dos lesiones recientes en horquilla vulvar y uretra, compatibles con penetración de cuerpo romo (pene erecto); de igual manera la ofendida manifestó que ese día luego de haber tenido relaciones sexuales con el acusado, volvió a la casa de él y cuando estaba tocando a su puerta la señora Cerelina Foster la encontró y la regresó a la casa, extremo que fue confirmado por la testigo Cerelina, quien además agregó que tuvo conocimiento de la relación de noviazgo entre la joven K. y Rony, que por dicha razón habló con éste último, quien se comprometió a no buscar a la joven, es decir quedó claramente establecido el vínculo entre ambos; quienes, como también fue demostrado en juicio, se conocían pues eran vecinos. Consideramos que las apreciaciones del sentenciador en relación a lo manifestado por la ofendida en cuanto a si el acusado eyaculó y usó preservativo o no, es irrelevante; pues este aspecto en nada altera la esencia del hecho, es decir, el acceso carnal que se produjo por parte del acusado hacia la víctima. De igual manera tampoco altera los hechos, la afirmación de la testigo Cerelina Foster de haberse enterado de la relación de noviazgo y al mismo tiempo afirmar que no había encontrado a H. K. con el encausado; al contrario, con dicha afirmación se evidenció que entre ambos existía un vínculo, aún y cuando la víctima era una niña de 13 años de edad, mientras que el acusado tenía 25 años de edad. No consideramos procedente el hecho de que el Tribunal quisiera apreciar la contextura física de la víctima para así poder determinar si ésta aparentaba o no la edad que tiene, pues además de que está pretendiendo un papel de Perito o Médico Legal, también está obviando que el tipo penal no da lugar a éstas “opciones” para determinar la responsabilidad en los delitos de Violación Especial, pues el requisito que sí exige la Ley Penal es que la víctima sea menor de 14 años, lo cual fue demostrado fehacientemente en juicio. Si bien es cierto, no se practicó una prueba de ADN, la declaración de la víctima fue clara en señalar a su novio Rony Darío Rosales Lanza como la persona con quien tuvo acceso carnal en fecha 11 de enero de 2014, lo cual fue demostrado al establecerse claramente en juicio la relación de noviazgo entre ambos. Por lo antes expresado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para demostrar la participación de RONY DARIO ROSALES LANZA en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, Irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”[1]. En consecuencia y en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, al respecto la Sala de lo Penal a establecido que “siendo oportuno recordar que los delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexuales se cometen ordinariamente en el ámbito de la clandestinidad y por lo tanto en la gran mayoría de los casos, sin la presencia de testigos presenciales, de tal manera que el Juzgador debe analizar con escrupuloso cuidado la declaración testifical rendida por la presunta víctima, en relación con los elementos probatorios restantes, tanto los que se presentan a favor, como en contra del imputado, exigencia que en éste último caso no ha observado el Tribunal de Sentencia al emitir su veredicto[2]”, por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que RONY DARIO ROSALES LANZA sí es responsable de los hechos por los cuales fue sometido a juicio, cumpliéndose con los elementos del delito tipificado en el artículo 140, párrafo 3.1 del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de Violación Especial. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por la recurrente. *Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: darle el curso legal correspondiente al recurso. La censora del fallo hace una cita del contenido de los medios de prueba evacuados en juicio y de la posterior valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Sentencia. Argumenta que se comete un vicio lógico de derivación cuando el sentenciador concluye que de la prueba evacuada no se acredita la participación del acusado en el delito de violación especial, pues considera que la prueba es suficiente y los dichos de la víctima fueron corroborados con la demás prueba aportada a juicio. También considera que la apreciación del juzgador en relación a lo manifestado por la víctima en cuanto a si el acusado eyaculó y usó preservativo o no, es irrelevante, pues este aspecto en nada altera la esencia del hecho del acceso carnal que se produjo por el acusado hacia la víctima. Asimismo, tampoco considera procedente el que el Tribunal de Sentencia necesite apreciar la contextura física de la ofendida para poder determinar si aparentaba o no su edad, pues el tipo penal no da lugar a esas opciones para determinar la responsabilidad. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp. 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia:Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Tal como lo denuncia la impugnante, el sentenciador ha cometido un vicio lógico de derivación al valorar intelectivamente las declaraciones testificales incorporadas mediante lectura autorizada a debate de la menor H. K. F. y de la señora Cerelina Foster, así como también con el dictamen médico legal No. 20121101070015, de fecha 14 de enero de 2014, emitido por el Doctor Charles Welcome Jonhson. En principio, el juzgador, al relacionar la declaración de la menor H. F. con el dictamen pericial, concluye que existe contradicción entre ambos medios de prueba, porque la ofendida declaró en la audiencia que el acusado no había eyaculado y que se colocó el preservativo después de la petición suya al momento de sostener relaciones sexuales; entretanto, al médico forense “le informó que no había eyaculado ni había usado preservativo…”. Estima como contradicción lo declarado en la audiencia de prueba anticipada con lo declarado en el abordaje de la entrevista en la historia médico legal del dictamen de evaluación física. A este respecto, el asunto de las declaraciones rendidas ante perito ya ha sido tema fijado en jurisprudencia por parte de esta Sala de lo Penal, en el cual ha estimado que el medio de prueba pericial tiene como objeto aportar información especializada al tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio, para ello se designan personas que tengan la experticia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su experiencia profesional; en los estudios como: las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica encontramos la “Historia Médico Legal” que es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima del caso concreto; esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia, colaboran en la realización de la misma contestando las preguntas del perito, más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben durante el proceso ante órgano jurisdiccional; las declaraciones llamadas a valorar son las rendidas ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tal como igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación y que no son, ni tienen que ser observados en un abordaje clínico, habida cuenta de que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 103-2014). El Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, comete un error lógico de derivación pues el medio probatorio no encuentra correspondencia con su conclusión valorativa por una indebida inferencia, cuando toma como premisa -para restar valor probatorio al testimonio de la menor- la declaración rendida en el proceso de abordaje clínico de la prueba pericial denominado “Historia Médico Legal”. No puede ni debe revestirse a un perito especializado en la ciencia de la medicina, como garante de los derechos de inmediación, contradicción, concentración y publicidad, que rigen la actividad de la prueba. Esta facultad es exclusiva del órgano jurisdiccional y es insustituible. Adicionalmente, el a quo argumenta que la incomparecencia a debate de la menor declarante no le permitió conocer su desarrollo físico y estimar si reflejaba su minoría de edad o no, lo cual no estaba obligado a conocer el acusado y pudo inducirlo a error. Este argumento intelectivo también es contrario a la ley lógica de derivación por falta de razón suficiente, pues según los propios testimonios rendidos por la menor H. K. F. y la señora Cerelina Foster en la audiencia de prueba anticipada y la audiencia inicial (f. 15, 24) , el acusado conoce a la menor “de toda la vida”, pues eran vecinos con su abuela en el barrio Los Fuertes de la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía; por lo que el conocimiento de su minoría de edad, puede quedar patentado a partir de dichos testimonios y demuestra que la conclusión del sentenciador es no categórica y no apodíctica, indistintamente de si el desarrollo físico de la menor era acorde o no a su edad biológica. Por estas razones, el único motivo es de recibimiento. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marleny Benítez Sevilla, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-345-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de fecha dieciséis de noviembre de 2009, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 177-08

[2] Sentencia de fecha veinticuatro de agosto de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No 22-2008