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Sentencia CP-344-17 — Registro 11734

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación, de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Prueba Testifical. Declaración del señor Elvis Orlando Arteaga Montes, introducida por lectura autorizada en el acto del debate, testigo que refiere que el día de los hechos, veintidós de febrero del año dos mil catorce, a las seis de la mañana, él venía en un bus que se conducía de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés hacia la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, y que cuando venían por el puente La Democracia, el acusado atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus, el acusado se hacía acompañar de otra persona, el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron, el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías; Prueba Pericial. Dictamen de Laboratorio Balístico de fecha 19 de noviembre del año dos mil quince, realizado y ratificado en juicio por el Perito Luis Fernando Márquez Hernández, en el cual se describe un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, estableciendo que presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, concluyendo que el arma es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada; Prueba Documental 1. Acta de Registro Personal, realizado al acusado, en fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, en la que se describe que se le encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00); 2. Dos Actas de Decomiso de fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, realizada al señor Francisco Javier Sánchez Rosales, de un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00). Esta Sala observa que las razones vertidas por los Jueces de instancia para restar valor probatorio a la la prueba de cargo anteriormente relacionada, por considerar que la conducta del acusado Francisco Javier Sánchez Rosales esta amparada en el Decreto 184-2013, de vigencia temporal, ampliado hasta el 31 de diciembre del dos mil quince, que mandaba que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal, son ilógicas, débiles e insuficientes, en virtud que el mencionado Decretó 184-2013 persigue la finalidad, que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición no puede, ni debe interpretarse como que dicho período de veda se otorga para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar sin ninguna responsabilidad penal, y con ellas durante el período de veda, comer impunemente toda clase delitos, en virtud que no es “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal.” Y menos aún, como en que presente caso, en que en la misma causa el Juzgador ha tenido terminantemente probado que el acusado Francisco Javier Sánchez Rosales “…atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus, el acusado se hacía acompañar de otra persona, el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron, el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías”, acto ilícito que el encausado en mención ha cometido haciendo uso del arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, y estando en posesión de cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00), por lo que el tribunal de juicio condena al acusado por el delito de Robo y por estimar que la conducta del acusado estaba amparada en el Decreto 184-2013. Al resta valor probatorio a la prueba de cargo de testigos, pericial y documental preinserta y agregadas respecto del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de tipo Comercial, que se le imputa al acusado, por aplicación indebida del Decreto 184-2013, y no obstante que fue terminantemente probado que el acusado cometió el delito de Robo por el que se le condena, con el arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, con su cargador y sin proyectiles, esta Sala concluye que el juzgador carece de razón suficiente generada por la prueba directa para arribar a dicha conclusión, por lo que incurre en violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su principio de derivación, integrado por el principio de razón suficiente, respecto a la valoración de la prueba de cargo que vincula al acusado Francisco Javier Sánchez Rosales con la acción ilícita vinculada a la Portación Ilegal de Arma de Fuego de tipo Comercial de que se le acusa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, han pronunciado. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-344-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual: Primero: Condenó: al señor Francisco Javier Rosales Chávez, como autor del delito de Robo, en perjuicio del señor Gustavo Guevara Flores, a la pena de cinco años de reclusión.- Segundo: Condenó: al señor Francisco Javier Rosales Chávez, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró al condenado responsable civilmente.- Cuarto: Absolvió al señor Francisco Javier Rosales Chávez, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras.- Quinto: se decretó el comiso de un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Prieto Beretta, serie D235524, color negra, empuñadura de madera color café, con su cargador sin proyectiles, un arma blanca tipo cuchillo, marca tramontina, con empuñadura color negra y la cantidad de quinientos diecisiete lempiras.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- SON PARTES: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y la Abogada Isis Marisela Enamorado, en su condición de Defensora Pública del acusado señor Francisco Javier Rosales Chávez, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “UNICO: En fecha veintidós de febrero del año dos mil catorce (2014) siendo aproximadamente las cinco de la mañana, el señor Gustavo Guevara Flores, laboraba como cobrador en un bus de la ruta de San Pedro Sula a El Progreso, cuando transitaban a la altura del puente la democracia a la entrada de la ciudad de el Progreso, departamento de Yoro, y al momento de hacer una parada el autobús, el señor Francisco Javier Rosales Chávez, portando un arma de fuego y un arma punzo cortante tipo cuchillo, encañonó al señor Gustavo Guevara Flores y acto seguido lo despojó de la cantidad de quinientos lempiras, seguidamente se marcho del lugar.” III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Norma Yadira Hernández Gonzáles, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. MOTIVO UNICO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de FRANCISCO JAVIER ROSALES CHAVEZ, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha Diecinueve (19) de Enero del Dos Mil Dieciséis (2016), respecto al imputado FRANCISCO JAVIER ROSALES CHAVEZ, lo hizo vulnerando la Regla Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica, valga la redundancia de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Tribunal asevera en el apartado de valoración Jurídica, que el artículo 332B del Código Penal, penaliza el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, indicando que las mismas no estén registradas y el portador del arma de fuego no acredite con su permiso respectivo la autorización para portarla o poseerla; que al señor Francisco Javier Rosales Chávez, en fecha veintidós de febrero del año dos mil catorce, se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, calibre 380, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera, color café, con su cargador, sin proyectiles y sin su respectivo permiso de portación; sin embargo en la fecha que se le decomisó el arma antes descrita, estaba en vigencia el Decreto Legislativo 184-2013, el cual entró en vigencia el cinco de octubre del año dos mil trece y establecía el periodo de veda por el termino de un año, para que toda persona que tuviera en su poder, cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no tuviera factura de venta de la Armería, procediera con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura para realizar los trámites de registro en la Secretaría de Seguridad; en ese término las personas que tuvieran en su poder armas de uso ilegal hicieran entrega de la mismas, sin ningún tipo de responsabilidad penal producto de la tenencia, la vigencia de dicho Decreto se extendió por dos ocasiones, siendo la última ampliación con vigencia hasta el treinta y uno de Diciembre del dos mil quince y si bien el artículo 332B penaliza la tenencia o portación de armas de fuego, al estar en vigencia el Decreto referido, se considera una Ley intermedia que despenaliza ésta acción y por ende deroga tácitamente y temporalmente a la Ley general; en consecuencia al estar en vigencia la Ley intermedia en cuestión, al momento del decomiso del arma al acusado, no procede dictar un fallo condenatorio. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado FRANCISCO JAVIER ROSALES CHAVEZ, es porque considera que su conducta se encuentra amparada en el Decreto 184-2013, el cual fue ampliado hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, que mandaba que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la conducta del acusado está eximida por una ley temporal.”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica; mandamiento que es ratificado por la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia al establecer que: “...la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Para poder apreciar la valoración por parte del tribunal sentenciador, debemos indicar que durante la audiencia de debate presentó como prueba de cargo, la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL. Declaración del señor ELVIS ORLANDO ARTEGA MONTES; introducida por Lectura Autorizada en el acto del Debate; el testigo refiere que el día de los hechos, el veintidós de febrero del año dos mil catorce, a las seis de la mañana; él venía en un bus que se conducía de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés hacia la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; y que cuando venían por el puente La Democracia, el acusado atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus; el acusado se hacía acompañar de otra persona; el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron; el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías. PRUEBA PERICIAL. Dictamen de Laboratorio Balístico de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, realizado y ratificado en juicio por el Perito LUIS FERNANDO MARQUEZ HERNANDEZ; en el cual se describe que el arma de fuego tipo pistola, calibre 380ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, estableciendo que la misma presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; concluyendo que el arma si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada. PRUEBA DOCUMENTAL. 1.- Acta de Registro Personal realizado al acusado, en fecha veintidós de febrero del año dos mil catorce; en la que se describe que se le encontró al mismo, un arma de fuego tipo pistola, calibre 380ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles; un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien(100) lempiras, dos billetes de veinte(20) lempiras, dos billetes de diez(10) lempiras, seis billetes de cinco(5) lempiras, siete billetes de dos(2) lempiras, y trece billetes de un lempira(1), haciendo un total de quinientos diecisiete lempiras (L.517.00). 2.- Dos Actas de Decomiso , de fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil catorce (2014), realizada al señor FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROSALES; de un arma de fuego tipo pistola, calibre 380ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles; un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien(100) lempiras, dos billetes de veinte(20) lempiras, dos billetes de diez(10) lempiras, seis billetes de cinco(5) lempiras, siete billetes de dos(2) lempiras, y trece billetes de un lempira(1), haciendo un total de quinientos diecisiete lempiras (L.517.00). El Tribunal considera que la conducta del acusado está amparada en el Decreto de vigencia temporal 184-2013, que como antes lo indicamos, mandaba a que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal, sin embargo consideramos que la disposición legal en referencia se decretó precisamente con esa finalidad, es decir que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición legal no puede interpretarse como que dicho período de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello; no es “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, no tenga consecuencias jurídicas al acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello que en “los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto (s), del arma, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro del arma. De no existir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la existencia del delito correspondiente... pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal”[1]. En la presente causa, el acusado Francisco Javier Rosales Chávez, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar su arma, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; pues el hecho sucedió de acuerdo a la declaración del testigo Elvis Orlando Arteaga Montes, a las seis de la mañana, cuando se trasladaban en un bus de ruta de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a la ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro y a la altura del puente la Democracia, el acusado le apuntó con el arma de fuego objeto del proceso, al ayudante del bus, a quien le quitó la cantidad de quinientos diecisiete lempiras como se acreditó con las actas de registro y de decomiso respectivamente y luego con esa misma arma de fuego les apuntó a los pasajeros del autobús; al ser analizada el arma decomisada al acusado por el Laboratorio de Balística, presentó buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; en tal sentido puso en peligro el bien jurídico protegido, que es la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Asimismo los hechos ocurrieron el veintidós de febrero del año dos mil catorce, es decir ya habían transcurrido más de cuatro meses de la entrada en vigencia del Decreto 184-2013, considerando que entró en vigencia el cinco de Octubre del año dos mil trece, período en el cual el acusado ya tenía que haber realizado la inscripción del arma supra referida si esa era su intención, pero no lo hizo porque su objetivo era realizar actos reñidos con la Ley con dicha arma, por lo que en ningún momento la iba a registrar; tampoco dio razón de cuándo y cómo la obtuvo, pues no portaba documentos de propiedad del arma. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver los Recursos de Amparo interpuestos en los expedientes 1104-2014, 241-2015, 351- 2015, 365-2015 y 370-2015; respecto al Decreto 184-2013 y por ende en más de tres fallos, estableció la siguiente posición jurisprudencial: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrario sensu ésta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de honduras; por todo lo cual, a la vista de la motivación anteriormente expuesta, resulta procedente otorgar la garantía de amparo invocada por el Ministerio Público, siendo que en la resolución venida en amparo, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 184- 2013, la autoridad recurrida ha conferido al mencionado decreto un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual, su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial, por lo que procede otorgar el recurso interpuesto en éste sentido, como ya queda dicho y así debe declararse el presente fallo.” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 al momento en que se dio detención al acusado portando un arma sin permiso de la autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal; pues como antes se señaló, el mencionado decreto es aplicable para el único efecto de que las personas puedan comparecer ante la autoridad respectiva a registrar sus armas, sin temor a ser enjuiciados por ello y como ya lo expresamos esa no era la intención del imputado, a quien el mismo Juzgador condenó en el caso supra referido por el delito de Robo. Finalmente, la acción del señor FRANCISCO JAVIER ROSALES CHAVEZ, se encuentra comprendida en el artículo 332B del Código Penal, que establece lo siguiente: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ella”; por lo que en consonancia con la prueba antes relacionada, no queda duda respecto a la participación del acusado en el delito de Portación de Armas de Fuego de Uso Comercial. El A quo, al haber concluido que el acusado no es responsable de la acción delictiva que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que al señor FRANCISCO JAVIER ROSALES CHAVEZ, en fecha veintidós de febrero del año dos mil catorce, se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, calibre 380ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó, que el procesado ha tenido participación en el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, establecido en el artículo 332B y 32 del Código Penal; por tanto tal y como lo hemos venido señalando, si el juzgador hubiese valorado la prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 202 del CPP el fallo ahora cuestionado, sería totalmente contrario, siendo indiscutible el quebranto a la regla de derivación en su apartado de suficiencia. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él articulo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que la prueba de cargo evacuada en Juicio fue complementaria entre sí, con relación a establecer la participación del acusado en los hechos que se encuentran enmarcados dentro del tipo penal de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial establecido en el artículo 332B del Código Penal; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservancia a las reglas de la Sana Crítica en la valoración de la Prueba. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Casación de Quebrantamiento de forma por haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria a favor de Francisco Javier Rosales Chávez, con inobservancia de las reglas de la sana crítica de la Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica de Suficiencia en la valoración de la prueba. La razón por la que el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado Francisco Javier Rosales Chávez, es porque considera que su conducta se encuentra amparada en el Decreto 184-2013, el cual fue ampliado hasta el 31 de diciembre del dos mil quince, que mandaba que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal. Ante esta premisa, el Juzgador únicamente se enfoca en “que la conducta del acusado está eximida por una ley temporal”. Durante la audiencia de debate se presentó como prueba de cargo, la siguiente: Prueba Testifical. Declaración del señor Elvis Orlando Arteaga Montes, introducida por lectura autorizada en el acto del debate, testigo que refiere que el día de los hechos, veintidós de febrero del año dos mil catorce, a las seis de la mañana, él venía en un bus que se conducía de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés hacia la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, y que cuando venían por el puente La Democracia, el acusado atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus, el acusado se hacía acompañar de otra persona, el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron, el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías; Prueba Pericial. Dictamen de Laboratorio Balístico de fecha 19 de noviembre del año dos mil quince, realizado y ratificado en juicio por el Perito Luis Fernando Márquez Hernández, en el cual se describe un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, estableciendo que presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, concluyendo que el arma es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada; Prueba Documental 1. Acta de Registro Personal, realizado al acusado, en fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, en la que se describe que se le encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00); 2. Dos Actas de Decomiso de fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, realizada al señor Francisco Javier Sánchez Rosales, de un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00). Sin embargo, el Tribunal considera que la conducta del acusado está amparada en el Decreto 184-2013, de vigencia temporal. Sin embargo, considera que la disposición legal en referencia se decretó precisamente con la finalidad, que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición legal no puede interpretarse como que dicho período de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello, y no es “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal. En la presente causa, el acusado Francisco Javier Rosales Chávez, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar su arma, ni en ese momento, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 al momento en que se dio detención al acusado portando un arma sin permiso de la autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal, imputado a quien el mismo Juzgador condenó por el delito de Robo. Al haber concluido que el acusado no es responsable de la acción delictiva que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de suficiencia, pues de la prueba evacuada se desprende que al señor Francisco Javier Rosales Chávez, en fecha veintidós de febrero del año dos mil catorce, se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, calibre 380ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, siendo evidente que ha tenido participación en el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, establecido en el artículo 332 B y 32 del Código Penal. Concepto General del recurso. Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. Concepto específico: Al haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria a favor de Francisco Javier Rosales Chávez, lo ha hecho con inobservancia de las reglas de la sana crítica de la Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica de Suficiencia en la valoración de la prueba, porque considera que su conducta se encuentra amparada en el Decreto 184-2013, el cual fue ampliado hasta el 31 de diciembre del dos mil quince, que mandaba que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal. Ante esta premisa, el Juzgador únicamente se enfoca en “que la conducta del acusado está eximida por una ley temporal”. En este caso, el acusado Francisco Javier Rosales Chávez, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar su arma, ni en ese momento, por lo que el juzgador carece de soporte legal para establecer que por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 al momento en que se dio detención al acusado portando un arma sin permiso de la autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de arma de Fuego de tipo comercial, en virtud que el mismo Juzgador condenó por el delito de Robo. De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación, de razón suficiente, en su característica de suficiencia en la valoración de la prueba de cargo consistente en: Prueba Testifical. Declaración del señor Elvis Orlando Arteaga Montes, introducida por lectura autorizada en el acto del debate, testigo que refiere que el día de los hechos, veintidós de febrero del año dos mil catorce, a las seis de la mañana, él venía en un bus que se conducía de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés hacia la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, y que cuando venían por el puente La Democracia, el acusado atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus, el acusado se hacía acompañar de otra persona, el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron, el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías; Prueba Pericial. Dictamen de Laboratorio Balístico de fecha 19 de noviembre del año dos mil quince, realizado y ratificado en juicio por el Perito Luis Fernando Márquez Hernández, en el cual se describe un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, estableciendo que presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, concluyendo que el arma es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería para la cual fue fabricada; Prueba Documental 1. Acta de Registro Personal, realizado al acusado, en fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, en la que se describe que se le encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00); 2. Dos Actas de Decomiso de fecha 22 de febrero del año dos mil catorce, realizada al señor Francisco Javier Sánchez Rosales, de un arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café; con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00). Esta Sala observa que las razones vertidas por los Jueces de instancia para restar valor probatorio a la la prueba de cargo anteriormente relacionada, por considerar que la conducta del acusado Francisco Javier Sánchez Rosales esta amparada en el Decreto 184-2013, de vigencia temporal, ampliado hasta el 31 de diciembre del dos mil quince, que mandaba que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal, son ilógicas, débiles e insuficientes, en virtud que el mencionado Decretó 184-2013 persigue la finalidad, que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición no puede, ni debe interpretarse como que dicho período de veda se otorga para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar sin ninguna responsabilidad penal, y con ellas durante el período de veda, comer impunemente toda clase delitos, en virtud que no es “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal.” Y menos aún, como en que presente caso, en que en la misma causa el Juzgador ha tenido terminantemente probado que el acusado Francisco Javier Sánchez Rosales “…atacó el bus, le puso la pistola al ayudante y le quitó el dinero, luego le apuntó a todos los pasajeros del bus, el acusado se hacía acompañar de otra persona, el testigo refiere que él le dijo a un Policía lo que les había ocurrido y cuando el acusado se bajó del bus lo detuvieron, el testigo reconoció al imputado en el momento de rendir su declaración ante el Juez de Garantías”, acto ilícito que el encausado en mención ha cometido haciendo uso del arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, con su cargador y sin proyectiles, y un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina, con empuñadura color negro, y estando en posesión de cuatro billetes de cien (100) lempiras, dos billetes de veinte (20) lempiras, dos billetes de diez (10) lempiras, seis billetes de cinco (5) lempiras, siete billetes de dos (2) lempiras, y trece billetes de un lempira (1), haciendo un total de Quinientos Diecisiete Lempiras (L.517.00), por lo que el tribunal de juicio condena al acusado por el delito de Robo y por estimar que la conducta del acusado estaba amparada en el Decreto 184-2013. Al resta valor probatorio a la prueba de cargo de testigos, pericial y documental preinserta y agregadas respecto del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de tipo Comercial, que se le imputa al acusado, por aplicación indebida del Decreto 184-2013, y no obstante que fue terminantemente probado que el acusado cometió el delito de Robo por el que se le condena, con el arma de fuego tipo pistola, calibre 380 ml, marca Pietro Beretta, serie D235524, color negro, empuñadura de madera color café, con su cargador y sin proyectiles, esta Sala concluye que el juzgador carece de razón suficiente generada por la prueba directa para arribar a dicha conclusión, por lo que incurre en violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su principio de derivación, integrado por el principio de razón suficiente, respecto a la valoración de la prueba de cargo que vincula al acusado Francisco Javier Sánchez Rosales con la acción ilícita vinculada a la Portación Ilegal de Arma de Fuego de tipo Comercial de que se le acusa. V. DECISIÓN. Esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocados por la Abogada Norma Yadira Hernández Gonzáles, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Norma Yadira Hernández Gonzáles, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Francisco Javier Rosales Chávez, el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras, por el que fue absuelto; Segundo: 1) Declara firme e incólume la sentencia recurrida en la parte en que condena al señor Francisco Javier Rosales Chávez, el delito de Robo, en perjuicio del Señor Gustavo Guevara Flores; 2) Casa la sentencia recurrida, y declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, en la parte en que absuelve al señor Francisco Javier Rosales Chávez, el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras, y la nulidad parcial del debate que la origina; MANDA: Que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, celebre nuevo juicio contra el señor Francisco Javier Rosales Chávez, por considerarlo autor del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la parte de la sentencia que se anula. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-344-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Circular FGR-ATJ Nº1, Política Institucional, 29 de octubre 2013.

[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005