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Sentencia CP-339-17 — Registro 11729

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, contra la sentencia de primera instancia que la condena como coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documento Privado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala observa que el recurrente radica su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida adolece de motivación contradictoria y a la falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba. Señala el impetrante que en el apartado quinto de los hechos probados el juzgador establece que los préstamos que no cumplían con los requerimientos exigidos por la sociedad mercantil ofendida no superaban la cantidad de treinta mil lempiras cada uno, pero al revisar el informe de auditoría y las declaraciones de los testigos de cargo, existen al menos quince préstamos que superan la indicada cantidad de dinero, que no podían autorizarse por las imputadas, por lo que debían por obligación ser revisadas por su superior jerárquico. Establece que la acusada Marisol Pineda Hernández junto a Juana Gina Turcios, mantenían al día los préstamos sin la documentación correspondiente para evitar su mora y así no pasaran a otro departamento, pero el informe no señala cuanto fue lo pagado en los préstamos, ya que había préstamos con tres años de antigüedad. El informe de auditoría concluye que las imputadas ingresaban datos falsos y clientes inexistentes, pero la defensa hizo comparecer a juicio los señores Ada Jacqueline Pineda y Roger Leonel Pagoada Ayala quienes aparecían en la lista de clientes ficticios evidenciado que el perito que elaboró el informe se limitó a revisar documentos y no realizó una investigación. El tribunal considera la prueba pericial como precisa, coherente y concluyente, pero reducen la cuantía en más de cuatrocientos mil lempiras, porque la defensa pudo demostrar que varios bauchers de retiro de cuentahabientes supuestamente firmados por la acusada Marisol Pineda Hernández resultaron ser firmados por los clientes. El informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un monto de dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro punto noventa y cinco lempiras como saldo total del ilícito penal de Operaciones Financieras Ilícitas, pero el tribunal condena a las imputadas por una cifra inferior, poniéndolo en duda. Esta Sala reitera que debe distinguirse entre la falta de motivación yla simple insuficiencia de motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces, por lo que el pronunciamiento es fulminado con la nulidad únicamente por el defecto de falta la motivación, y no cuando ésta sea solo imperfecta o defectuosa. Uno de los defectos más comunes que dejan el fallo sin motivación es cuando por motivación fáctica o jurídica contradictoria, vicio que se produce cuando el juzgador afirme primero que algo es verdadero y más adelante concluya que eso mismo es falso, o cuando emita juicios de valor que introduzcan la duda o mediante consideraciones que oscurezcan el razonamiento. Esta Sala observa que en la motivación del fallo que se impugna el juzgador incurre en el vicio de motivación fáctica contradictoria pues al valorar la prueba de reproche, consistente en la prueba pericial, consistente en el informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un saldo total de Operaciones Financieras Ilícitas de dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras con noventa y cinco centavos (L2,152,744.95) dividido entre las dos acusadas, pero el tribunal establece que el valor de lo defraudado por la acusada Juana Yina Turcios y Marisol Pineda Hernández es de un millón seiscientos diecisiete mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (L1,617.048.27) por los préstamos otorgados en forma irregular, y en la parte dispositiva del fallo condena a Juana Yina Turcios a pagar una multa equivalente al valor de lo defraudado muy inferior de solo ochocientos ocho mil veinticuatro lempiras, con trece centavos (L808,524.13); y a la acusada Marisol Pineda Hernández de quien el informe establece que el valor defraudo por ella y su compañera de labores, es de un millón seiscientos diecisiete mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (L1,617.048.27) le agrega la cantidad de ciento dieciséis mil ochocientos setenta lempiras (L116.870.00), en concepto de cantidades percibidas irregularmente, que suma un millón setecientos treinta y tres mil novecientos dieciocho lempiras con veintisiete centavos (L1,733.918.27), pero ella es condenada a pagar en concepto de multa el equivalente al valor de lo defraudado en cantidad solo de novecientos veinticinco mil trescientos noventa y cuatro lempiras con trece centavos (L925,394.13): Esta Sala aprecia que la información vertida en el Informe de Auditoría es contradictoria con la base fáctica de la sentencia recurrida, aspecto relevante en razón a que el artículo 394 del Código Penal establece que el monto de la Multa a imponer en este tipo de casos, debe ser directamente proporcional al valor de lo defraudado o del daño causado. Por lo expuesto, la sentencia recurrida adolece de motivación contradictoria, y no se pronuncia respecto del alegato basado en la falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba, por solo haber sido enunciado, pero no sustentado en legal y debida forma. Decisión: esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el Abogado Nicolás Cruz Aguilar, en su condición de defensor privado de la señora Marisol Pineda Hernández.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-339-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de junio de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió: a la señora Juana Yina Turcios Rivaz, del delito de Apropiación Indebida Continuada, en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documento Privado, en perjuicio de la Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez y la Fe Pública.- Segundo: Absolvió: a la señora Marisol Pineda Hernández, del delito de Apropiación Indebida Continuada, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez.- Tercero: Condenó: a la señora Juana Yina Turcios Rivaz, como coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez, a la pena de seis años de reclusión y una multa de ochocientos cinco mil quinientos veinticuatro lempiras con trece centavos.- Cuarto: Condenó: a la señora Marisol Pineda Hernández, como coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documento Privado, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez y La Fe Pública, a la pena de siete años con seis meses de reclusión y una multa de novecientos veinticinco mil trescientos noventa y cuatro lempiras con trece centavos.- Quinto: Condenó: a las señoras a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Séptimo: Se declaró la responsabilidad civil de las señoras Juana Yina Turcios Rivas y Marisol Pineda Hernández.- Octavo: No procedió el comiso. Son Partes: El Abogado Nicolás Cruz Aguilar, en su condición de defensor privado de la señora Marisol Pineda Hernández, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que mediante instrumento de escritura pública número 78, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los once días del mes de febrero del año dos mil ocho, ante Lourdes Pamela Blanco Luque, Notario Público, comparecieron la señora María Adela Mejía Argueta en su condición personal y la de Presidenta de O.D.E.F. Financiera S.A., Santa Isabel Santeli Benítez, Héctor Guillermo Díaz Escoto, Israel Armando Rubí Prince, Martha Luz Castro Martínez, Selma Auristela López y otros, a constituirse mediante este instrumento en una sociedad anónima que se registra por los preceptos de la Ley del Sistema Financiero y en lo que le fuera aplicable en la Ley de la Comisión de Bancos y Seguros, Ley del Banco Central de Honduras, Ley de Seguros de Depósitos e Instituciones del Sistema Financiero, Ley Monetaria y por los Reglamentos y Resoluciones emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y El Banco Central de Honduras. Lo no previsto en las leyes, resoluciones mencionadas, quedara prescrito al Código de Comercio y en su defecto a las demás leyes vigentes en la República. Inscrita en el registro de la propiedad inmueble y mercantil según número 59 y tomo 538. SEGUNDO: Según contrato de trabajo por tiempo indefinido celebrado entre señora Santa Isabel Santeli Benítez en su condición de Gerente General de O.D.E.F. Financiera S.A. y la señora Juana Yina Turcios Rivaz, quien desempeñaría el cargo de Asesora de Crédito, comenzado a laborar en fecha uno de julio del año dos mil ocho, estableciendo en el mismo las obligaciones que tenía Juana Turcios; 1.-) Promover los distintos productos crediticios ofrecidos por la institución, 2.-) Identificar y seleccionar los nuevos usuarios del programa de crédito, 3.-) Realizar las visitas a los clientes seleccionados y elaborar el estudio de la situación socioeconómica de acuerdo a los establecido en el reglamento de crédito, 4.-) Llenar correctamente las solicitudes y hacer el análisis cuantitativo y cualitativo, 5.-) Realizar avaluaos de bienes muebles de los clientes, 6.-) Dar el seguimiento de créditos, 7.-) Tramitar prestamos nuevos y subsiguientes, 8.-) Aplicar el proceso de cobro tal como lo estipule el reglamento de créditos, 9.-) Detectar las necesidades reales de financiamiento de los clientes y sugerir a las instancias correspondientes el monto que se debe otorgar, l0.-) Revisar el informe de mora y de acuerdo a los resultados elaborar con su jefe inmediato la planificación a ejecutar semanalmente, 11.-) Aplicar el procedimiento correcto de formación de bancos comunales y de grupo solidario, 12.-) Visitar a los clientes, de acuerdo a lo programado en la planificación a fin de brindar un mejor servicio, 13.-) Cumplir con los procedimiento de los respectivos manuales y reglamentos de acuerdo a cada metodología, 14.-) Cumplir con las metas, colocación de prestamos y mantener la mora de la cartera en lo mínimo deseado. TERCERO: Según contrato de trabajo por tiempo indefinido celebrado entre señora Santa Isabel Santeli Benítez en su condición de Gerente General de O.D.E.F. Financiera S.A. y la señora Marisol Pineda Hernández, quien fungía como Cajera, comenzado a laborar en fecha once de agosto del año dos mil ocho, estableciendo en el mismo las obligaciones que tenía Marisol Pineda; 1.-) Atender a los clientes, con los más altos estándares de calidad y esmero, 2.-) Recibir, clasificar y ordenar el efectivo diario que recibe, 3.-) Responder por los materiales, útiles y otros bienes a su cargo, 4.-) Seguir instrucciones precisas, tanto verbales como escritas, a métodos y procedimientos de trabajo establecidos, 5.-) Atender y ejecutar otras tareas o actividades que se relacionen con el puesto, 6.-) Orientar a los clientes en sus consultas referentes a otras actividades que realiza la organización, 7.-) procesar debidamente las transacciones que genera, efectuando diariamente el balance de caja a su cargo, 8.-) Cuidar celosamente el efectivo, protegiéndolos con los dispositivos designados, 9.-) Aplicar los procedimientos más efectivos de la manera más eficiente. CUARTO: A partir del veintinueve de junio del año dos mil nueve, la señora Juana Yina Turcios Rivaz, ingresó al sistema digital de O.D.E.F. Financiera, información referente a solicitudes de crédito de varias personas, sin contar con la documentación respaldo, que ampare la capacidad financiera de estas, para responder por el crédito, en algunos casos usando datos de clientes de la financiera o de personas, sin que estos hubieran realizado tal solicitud y en otros casos con datos de nombres supuestos. QUINTO: Con la información ingresada al sistema la oficial de crédito de la agencia principal de O.D.E.F. Financiera, obviando la autorización del jefe de agencia y con el conocimiento de que las solicitudes de prestamos no cumplían con los requisitos, la oficial de crédito autorizaba los desembolsos de los prestamos, los cuales no excedían de treinta mil lempiras (Lps.30,000.00) por tratarse de micro créditos, una vez efectuado el desembolso, la señora Marisol Pineda Hernández, sin estar presentes los supuestos beneficiarios y sin exigir documentos que identifiquen algún mandatario del beneficiario, retiraba las cantidades de dinero del sistema y las distribuían entre su persona, Juana Yina Turcios Rivas y la Oficial de Crédito que había autorizado el desembolso. SEXTO: Para ocultar las irregularidades que estaban cometiendo y que los prestamos no cayeran en mora y ser detectadas por control interno, las señoras Juana Yina Turcios Rivas, la Oficial de Créditos que había autorizado los créditos y Marisol Pineda Hernández, acordaron seguir haciendo este tipo de operaciones para cubrir las cuotas mensuales de los prestamos que estaban por vencerse, hasta llegar a un total de ciento diez (110) prestamos, el último de los cuales fue desembolsado, el diez de diciembre del año dos mil diez, llegando a sumar la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (LPS, 2,447,048.27). SEPTIMO: A principios del mes de octubre del año dos mil diez la señora Juana Yina Turcios Rivas, comenzó a gozar de incapacidad laboral por maternidad, dando a luz en fecha quince de noviembre del año dos mil diez, gozando a partir de entonces de su periodo pre y post-natal, esto impidió que siguiera introduciendo solicitudes de prestamos al sistema, es por ello que al no contar con la participación de Juana Yina Turcios Rivaz, la señora Marisol Pineda Hernández comenzó a sustraer el dinero de las cuentas de ahorro, a nombre de José Ramón Rivera Pérez según recibo de fecha veintiséis de enero del año dos mil once, cuyo número de retiro es 18778117, sustrayendo cuatro mil lempiras (Lps.4,000.00) de la cuenta con número 00126476, Godo Alberto Melgar Urbina según recibo del uno de diciembre del año dos mil diez, con número de retiro 16672441 por valor de dos mil quinientos lempiras (Lps.2,500.00), según cuenta número 00121715, otro retiro según recibo del dieciséis de diciembre del año dos mil diez, con número de retiro 18704216 por valor de tres mil lempiras (Lps.3,000.00), según cuenta número 00121715, según recibo del seis de diciembre del año dos mil diez, con número de retiro 18683384 por valor de dos mil quinientos lempiras (Lps.2,500.00), según cuenta número 00121715; José Leonel Padilla Barahona, según recibo de fecha cinco de enero del año dos mil once, con número de retiro 18738687, valor retirado dos mil novecientos lempiras (Lps.2,900.00), de la cuenta 00117235, Margarita Fuentes Palacios, recibo de fecha treinta diciembre del año dos mil diez, número de retiro 49851, con valor de cien mil lempiras (Lps.100,000.00), de la cuenta 12466-0, José Maria Aguilera según recibo del seis de enero del año dos mil once, con número de retiro 18741117 por valor de dos mil cuatrocientos setenta lempiras (Lps.2,470.00), según cuenta número 0013127. Simulando la firma de los cuenta habientes y contando con la autorización de un funcionario de O.D.E.F. en los casos en que los retiros sumaban más de diez mil lempiras (Lps.10,000.00), ya que este era su límite para poder efectuar retiros sin autorización, hasta alcanzar un monto de ciento dieciséis mil ochocientos setenta lempiras (Lps.116,870.00). OCTAVO: En el mes de enero del año dos mil once, ejecutivos de la financiera O.D.E.F. se percataron de lo ocurrido ya que algunos de los préstamos otorgados en la cartera de Juana Yina Turcios Rivaz, cayeron en mora, asimismo recibieron denuncias de clientes que les habían sustraído fondos de sus cuentas, sin la debida autorización iniciándose una investigación interna, además Juana Yina Turcios Rivaz, Marisol Pineda Hernández y la Oficial Financiera de la agencia principal presentaron sus renuncias irrevocables de fecha treinta y uno de enero del año dos mil once. Sin embargo, esta última abono la cantidad de ochocientos treinta mil lempiras (Lps. 830,000.00), para resarcir el perjuicio causado a O.D.E.F. quedando a un pendiente la cantidad de un millón seiscientos diecisietes mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (Lps.1,617,048.27), por los préstamos otorgados de manera irregular mediante la intervención de Juana Yina Turcios Rivaz y Marisol Pineda Hernández.” Recurso de Casación El recurrente Abogado Nicolás Cruz Aguilar, en su condición de defensor privado de la señora Marisol Pineda Hernández, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO. Las motivaciones del fallo resultan ser contradictorias y falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La sentencia impugnada, considera la defensa, cuenta con motivaciones y/o valoraciones de los Honorables miembros del Tribunal de sentencia que resultan ser contradictorias entre sí, por lo que al tenor de lo expresado por el código procesal penal vigente, la misma puede ser casada por el Tribunal Suprema de Justicia de nuestro país. La sentencia emitida y que hoy es cuestionada, en el apartado quinto de los hechos probados deja establecido que los préstamos que no cumplían con los requerimientos exigidos por la sociedad mercantil ofendida no superaban la cantidad de TREINTA MIL LEMPIRAS cada uno, sin embargo al proceder a revisar el informe de auditoría presentado como elemento probatorio de cargo y las declaraciones de los testigos de cargo, nos damos cuenta que existen alrededor de quince préstamos que superan la recién indicada cantidad de dinero, es decir no podían autorizarse por las hoy imputadas, debían por obligación ser revisadas por su superior jerárquico, en el lapso de casi dos años que duro la acción penal según los acusadores no fue una sola persona y con ello se refleja la primera debilidad del informe 01-2012 ya que no se señala quien fue el superior que autorizó los préstamos que superaban los TREINTA MIL LEMPIRAS. La sentencia que hoy recurro establece que mi representada, junto a la señora JUANA GINA TURCIOS, procedían a mantener al día cada uno de los préstamos sin la documentación correspondiente para evitar su mora y así no pasaran a otro departamento, llámese cobros, recuperación, etc., he allí otra debilidad del informe al no referir cuanto fue lo pagado en los préstamos, ya que habían prestamos con tres años de antigüedad. De acuerdo a auditoría se encontraron ciento diez préstamos con problemas, sin embargo no es posible concluir si la cantidad descrita en el documento para cada préstamo era su saldo inicial y/o el saldo al momento de descubrirse el accionar hoy condenado como delito de operaciones financiera ilícita, pues la sentencia considera hecho probado que para ocultar las irregularidades se HICIERON PAGOS a los préstamos para evitar la mora de estos.- El informe de autoría llevo erróneamente a los Jueces Sentenciadores a concluir que las imputadas ingresaban datos falsos y clientes inexistentes, sin embargo la defensa logro que comparecieran a juicio los señores ADA JACQUELINE PINEDA y ROGER LEONEL PAGOADA AYALA quienes aparecían en la lista de clientes ficticios evidenciado que el Licenciado GUILLERMO ALFREDO LOPEZ se limitó a simplemente a revisar los documentos que se le presentó por parte de los entes acusadores y no a realizar investigación alguna para confirmar o desvirtuar la veracidad de los papeles puesto a su vista. Al haberse presentado dos de los 110 clientes ficticios, reflejan incertidumbre en cuanto a poder considerar 100% fidedigna la información reflejada por el auditor responsable. El pensar de los Honorables Jueces sentenciadores en la valoración de la prueba pericial la considera medios probatorios “...precisos, coherentes, y concluyentes, que merecen valor probatorio indubitado...” sin embargo terminan reduciendo la cuantía en más de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS por cuanto científicamente se pudo demostrar que varios de todos los bauchers de retiro de cuentahabientes supuestamente firmados por mi representada, resultaron haber sido firmados por los clientes MISMOS, denotando, nuevamente que el informe de auditoría no fue realizado sobre la base de investigación del perito. Bajo este orden de ideas, es necesario y oportuno definir INDUBITADO, es así que la Real Academia Española dice Que no admite duda, el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas la puntualiza como cierto, verdadero, exacto y finalmente las más común de sus ilustraciones que no admite prueba en contrario; consecuentemente al reducirse el monto de los supuestamente establecido en el informe, este se cuestionó y por lo tanto es contradictoria la expresión de la valoración esgrimida en el párrafo anterior (considerando la prueba pericial indubitada). En otras palabras, la sentencia dice que el informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un monto de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS como saldo total del ilícito penal de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, y lo valoran como indubitado, pero condenan a las imputadas presentes en el proceso penal que nos ocupa por una cifra inferior a la establecida en el informe de auditoría al que vengo haciendo referencias, es decir que pone en DUDA por considerarlo no totalmente cierto, exacto y preciso, y estima la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO PUNTO VEINTISIETE LEMPIRAS a dividir entre las procesadas, es evidentemente la contradicción del Honora Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Al revisar este proceso penal podremos ver la evidente contradicción de condenar basado en un informe de auditoría que NO PRECISA cuantos pagos se realizaron por el tiempo que fue desde veintinueve de julio de dos mil nueve (apartados quinto y sexto de hechos probados)hasta el mes de febrero de dos mil once, manteniendo oculta las irregularidades en los préstamos, carece además de un soporte que permita establecer la posibilidad de quien autorizó los aproximadamente 15 préstamos que superaron la cantidad de Treinta Mil Lempiras, como límite en las facultades de las condenadas, aunado a lo anterior se manejan a los testigos de la defensa como clientes inexistentes, pero se pudo probar que el señor LEONEL PAGOADA pago el total de lo prestado (aún así es parte de la condena) y ADA JACQUELINE PINEDA pago parte del préstamo que se le hizo (sin embargo se refleja sin abonos para condenar), por lo tanto es oportuno señalar que el informe su procedimiento puede ser correcto pero trabajado sobre datos e información no real y por ello su resultado es inexacto y no contundente, así lo refleja al mismo Tribunal al no estimar su total y con ello valorarlo parcialmente.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma. Por carecer la sentencia impugnada de motivación suficiente. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por carecer la sentencia impugnada de motivación suficiente Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Motivo Único: Resumen Quebrantamiento de forma por considerar que las motivaciones del fallo son contradictorias y falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba. En el apartado quinto de los hechos probados deja establecido que los préstamos que no cumplían con los requerimientos exigidos por la sociedad mercantil ofendida no superaban la cantidad de treinta mil lempiras cada uno, sin embargo al proceder a revisar el informe de auditoría presentado como elemento probatorio de cargo y las declaraciones de los testigos de cargo, se da cuenta que existen al menos quince préstamos que superan la indicada cantidad de dinero, es decir no podían autorizarse por las imputadas, sino debían por obligación ser revisadas por su superior jerárquico, ello se refleja la primera debilidad del informe 01-2012. La sentencia recurrida establece que la acusada Marisol Pineda Hernández junto a Juana Gina Turcios, procedían a mantener al día los préstamos sin la documentación correspondiente para evitar su mora y así no pasaran a otro departamento, he allí otra debilidad del informe al no referir cuanto fue lo pagado en los préstamos, ya que habían pr{estamos con tres años de antigüedad. El informe de autoría llevó a los jueces a concluir que las imputadas ingresaban datos falsos y clientes inexistentes, pero la defensa hizo comparecer a juicio los señores Ada Jacqueline Pineda y Roger Leonel Pagoada Ayala quienes aparecían en la lista de clientes ficticios evidenciado que el Licenciado Guillermo Alfredo López se limitó a revisar los documentos que se le presentaron los entes acusadores y no realizó investigación alguna para confirmar o desvirtuar la veracidad de los documentos puestos a su vista. En la valoración de la prueba pericial el tribunal la considera “... precisos, coherentes, y concluyentes, que merecen valor probatorio indubitado...” pero terminan reduciendo la cuantía en más de cuatrocientos mil lempiras, porque científicamente se pudo demostrar que varios de los bauchers de retiro de cuentahabientes supuestamente firmados por Marisol Pineda Hernández resultaron ser firmados por los clientes, denotando que el informe de auditoría no fue realizado por el Perito sobre la base de una investigación. La sentencia dice que el informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un monto de dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro punto noventa y cinco lempiras como saldo total del ilícito penal de operaciones financieras ilícitas, y lo valoran como indubitado, pero condenan a las imputadas por una cifra inferior a la establecida en el informe de auditoría, poniéndolo en duda por considerar que no es totalmente cierto, exacto y preciso. Estima que la suma de un millón seiscientos diecisiete mil cuarenta y ocho punto veintisiete lempiras, al dividir entre las procesadas, por lo que es evidentemente la contradicción del tribunal, al condenar basado en el informe de auditoría pero éste no precisa cuantos pagos se realizaron desde el veintinueve de julio de dos mil nueve (apartados quinto y sexto de hechos probados) hasta el mes de febrero de dos mil once, manteniendo oculta las irregularidades en los préstamos, carece además de un soporte que permita establecer la posibilidad de quien autorizó los aproximadamente quince préstamos que superaron la cantidad de treinta mil lempiras, como límite en las facultades de las condenadas, y se manejan a los testigos de la defensa como clientes inexistentes, pero se pudo probar que el señor Leonel Pagoada pagó el total de lo prestado y Ada Jacqueline Pineda pagó parte del préstamo que se le hizo. Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, considera que el Código Procesal Penal, en la parte conducente del Artículo 362.3, autoriza el Re­curso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[1]” Concepto específico: Acerca de la fundamentación fáctica esta Sala aprecia que: “Los errores más frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana crítica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[2] De la Procedencia del Recurso. el recurso es de recibo. Esta Sala observa que el recurrente radica su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida adolece de motivación contradictoria y a la falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba. Señala el impetrante que en el apartado quinto de los hechos probados el juzgador establece que los préstamos que no cumplían con los requerimientos exigidos por la sociedad mercantil ofendida no superaban la cantidad de treinta mil lempiras cada uno, pero al revisar el informe de auditoría y las declaraciones de los testigos de cargo, existen al menos quince préstamos que superan la indicada cantidad de dinero, que no podían autorizarse por las imputadas, por lo que debían por obligación ser revisadas por su superior jerárquico. Establece que la acusada Marisol Pineda Hernández junto a Juana Gina Turcios, mantenían al día los préstamos sin la documentación correspondiente para evitar su mora y así no pasaran a otro departamento, pero el informe no señala cuanto fue lo pagado en los préstamos, ya que había préstamos con tres años de antigüedad. El informe de auditoría concluye que las imputadas ingresaban datos falsos y clientes inexistentes, pero la defensa hizo comparecer a juicio los señores Ada Jacqueline Pineda y Roger Leonel Pagoada Ayala quienes aparecían en la lista de clientes ficticios evidenciado que el perito que elaboró el informe se limitó a revisar documentos y no realizó una investigación. El tribunal considera la prueba pericial como precisa, coherente y concluyente, pero reducen la cuantía en más de cuatrocientos mil lempiras, porque la defensa pudo demostrar que varios bauchers de retiro de cuentahabientes supuestamente firmados por la acusada Marisol Pineda Hernández resultaron ser firmados por los clientes. El informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un monto de dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro punto noventa y cinco lempiras como saldo total del ilícito penal de Operaciones Financieras Ilícitas, pero el tribunal condena a las imputadas por una cifra inferior, poniéndolo en duda. Esta Sala reitera que debe distinguirse entre la falta de motivación yla simple insuficiencia de motivación, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces, por lo que el pronunciamiento es fulminado con la nulidad únicamente por el defecto de falta la motivación, y no cuando ésta sea solo imperfecta o defectuosa. Uno de los defectos más comunes que dejan el fallo sin motivación es cuando por motivación fáctica o jurídica contradictoria, vicio que se produce cuando el juzgador afirme primero que algo es verdadero y más adelante concluya que eso mismo es falso, o cuando emita juicios de valor que introduzcan la duda o mediante consideraciones que oscurezcan el razonamiento. Esta Sala observa que en la motivación del fallo que se impugna el juzgador incurre en el vicio de motivación fáctica contradictoria pues al valorar la prueba de reproche, consistente en la prueba pericial, consistente en el informe de auditoría 01-2012 refleja que existe un saldo total de Operaciones Financieras Ilícitas de dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras con noventa y cinco centavos (L2,152,744.95) dividido entre las dos acusadas, pero el tribunal establece que el valor de lo defraudado por la acusada Juana Yina Turcios y Marisol Pineda Hernández es de un millón seiscientos diecisiete mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (L1,617.048.27) por los préstamos otorgados en forma irregular, y en la parte dispositiva del fallo condena a Juana Yina Turcios a pagar una multa equivalente al valor de lo defraudado muy inferior de solo ochocientos ocho mil veinticuatro lempiras, con trece centavos (L808,524.13); y a la acusada Marisol Pineda Hernández de quien el informe establece que el valor defraudo por ella y su compañera de labores, es de un millón seiscientos diecisiete mil cuarenta y ocho lempiras con veintisiete centavos (L1,617.048.27) le agrega la cantidad de ciento dieciséis mil ochocientos setenta lempiras (L116.870.00), en concepto de cantidades percibidas irregularmente, que suma un millón setecientos treinta y tres mil novecientos dieciocho lempiras con veintisiete centavos (L1,733.918.27), pero ella es condenada a pagar en concepto de multa el equivalente al valor de lo defraudado en cantidad solo de novecientos veinticinco mil trescientos noventa y cuatro lempiras con trece centavos (L925,394.13): Esta Sala aprecia que la información vertida en el Informe de Auditoría es contradictoria con la base fáctica de la sentencia recurrida, aspecto relevante en razón a que el artículo 394 del Código Penal establece que el monto de la Multa a imponer en este tipo de casos, debe ser directamente proporcional al valor de lo defraudado o del daño causado. Por lo expuesto, la sentencia recurrida adolece de motivación contradictoria, y no se pronuncia respecto del alegato basado en la falta de observación de las reglas de la sana crítica al valorar los medios de prueba, por solo haber sido enunciado, pero no sustentado en legal y debida forma. Decisión: esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma, invocado por el Abogado Nicolás Cruz Aguilar, en su condición de defensor privado de la señora Marisol Pineda Hernández. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación en su único motivo de Quebrantamiento de forma, interpuesto por el Abogado Nicolás Cruz Aguilar, en su condición de Defensor Privado de la señora Marisol Pineda Hernández, en la causa en que se condena a la señora Juana Yina Turcios Rivaz, como coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez; y se condena a la señora Marisol Pineda Hernández, como coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documento Privado, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez y La Fe Pública; Segundo: Declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, así como la nulidad del debate que la origina; MANDA: Que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, celebre nuevo juicio contra la señora Marisol Pineda Hernández, por suponerla coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en concurso ideal con el delito de Falsificación de Documento Privado, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez y La Fe Pública; y por efecto extensivo del recurso, también contra la señora Juana Yina Turcios Rivaz, por suponerla coautora del delito de Operaciones Financieras Ilícitas, en perjuicio de La Financiera O.D.E.F., Santa Isabel Santeli Benítez, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anulan; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-339-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 156

[2] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Página 172.