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Sentencia CP-336-16 — Registro 12215

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Los censores del fallo argumentan que el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba evacuada en juicio, en concreto, la regla de la lógica de derivación y coherencia, pues otorga plena credibilidad a los testigos de cargo Luis Felipe Belelis Sevilla (ofendido) y, Lesby Margot Corrales Godoy (esposa del ofendido), quienes fueron falaces en sus deposiciones y tenían un afán de incriminar a José Franklin Almendarez Elvir en el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. También considera que el sentenciador comete un vicio lógico de derivación cuando afirma que dichas declaraciones son corroboradas por la demás prueba pericial y documental, ya que el medio de prueba denominado acta de inspección ocular lo que en realidad acredita es que en el lugar del acontecimiento había poca iluminación, que el vidrío del carro del ofendido era poralizado y que el acusado disparó en el lado derecho del vehículo, es decir, del lado del acompañante del conductor, lo que le impidió tener visibilidad y por ende conocimiento de que Luis Felipe Berlelis Sevilla, se encontraba dentro del automotor. También agrega que el hecho de que el acusado asumió la responsabilidad de sufragar los gastos hospitalarios a favor del ofendido, y que su esposa entregó el arma de fuego a las autoridades, denota un interés de colaborar con las autoridades y es contrario a una agresión dolosa. Por estas razones considera que no estamos ante un homicidio en su grado de ejecución de tentativa sino más bien ante unas lesiones culposas (culpa inconsciente). La Sala de lo Penal reconoce que la explicación del vicio consiste entonces en la exposición de argumentos de instancia, pues descalifica la valoración probatoria del sentenciador y elabora la suya propia mediante la cual razona porqué debió en su opinión arribar a un resultado diferente. Lo que se formula en el libelo es más una invitación para que este Tribunal de Casación desestime la valoración probatoria realizada por el a quo y la sustituya por la del recurrente por ser a su parecer la más acertada, todo ello impropio de única instancia. El motivo interpuesto no permite valorar prueba, únicamente escudriñar la realizada por el sentenciador y verificar si se adecúa o no a las reglas de la sana crítica (artículo 202 del Código Penal). En este sentido, se determina por la Sala de lo Penal que el sentenciador ha hecho una valoración probatoria objetiva, justa, de contenido racional y científica, toma en cuenta al momento de valorar las declaraciones testificales la ausencia de contradicciones, la concordancia del iter relatado de los hechos, la verosimilitud del relato y las corroboraciones periféricas. Es evidente que cualquier persona al denunciar, y más concretamente si posteriormente se persona como acusación, busca la condena del acusado, pero no por ello, debe descartarse de facto la sinceridad del testimonio, ni entender de forma automática que el hecho de buscar la condena de una persona que ha cometido una conducta típica penalmente reprochable, es causa inexorable para entender que existe un móvil espurio que pueda enturbiar el testimonio de la víctima. En todo caso, la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo ético o moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para el sentenciador para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aun teniendo estas características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva. Por estas razones, el motivo único debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del recurso de casación SP 336-2016 por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condena a José Franklin Almendarez Elvir, como autor responsable penalmente del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Luis Felipe Belelis Sevilla, a la pena de diez años de reclusión, a la que se le ha de descontar el tiempo que el acusado haya estado privado de libertad como consecuencia de su detención judicial y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva que se la impuesto por esta causa. Segundo: Condena a José Franklin Almendarez Elvir, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Se declara al condenado José Franklin Almendarez Elvir, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción. Interpusieron el recurso de casación por quebrantamiento de forma, los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en su condición de defensores privados de José Franklin Almendarez Elvir. Son partes en única instancia: los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en su condición de defensores privados de José Franklin Almendarez Elvir, como recurrente; la Abogada Yessenia María Márquez Lobo, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes, por conformidad expresa de las partes: PRIMERO: El día treinta de marzo del año dos mil quince, aproximadamente a las siete de la noche, el señor Luis Felipe Belelis Sevilla se encontraba en su casa de habitación, ubicada en la colonia Lomas de Toncontín, de la ciudad de Comayagüela, donde también tenía una pulpería, cuando llegó el hijo del señor José Franklin Almendarez Elvir y le indicó que su padre le mandaba a pedir que moviera el vehículo del señor Belelis, el cual estaba estacionado en esa misma calle. SEGUNDO: Ante esta petición, el señor Belelis Sevilla se dirigió a mover el vehículo y en ese momento fue increpado por el señor José Franklin Almendarez Elvir, quien le empezó a decir varias cosas, pero el señor Belelis Sevilla lo ignoró e ingresó al vehículo para moverlo; entonces, el señor José Franklin Almendarez, quien se encontraba en el lado derecho del vehículo, disparó en dos ocasiones en dirección al vehículo y con conocimiento que en su interior estaba el señor Belelis, penetrando los dos disparos por la ventanilla del lado del pasajero y perforando el vidrio, impactando un disparo en el brazo derecho de Luis Felipe, que reingresó en el tórax e internamente se desvió al abdomen, produciendo perforación del lado derecho del diafragma, perforación del lado derecho del hígado, perforación del antro gástrico, lesión del cuello del páncreas, lesión del yeyuno en arteria pancreática duodenal y de vena yeyunal, y el otro disparo en el muslo derecho del señor Belelis. TERCERO: Al sentirse herido, el señor Belelis Sevilla salió corriendo en dirección a su casa, en tanto que el señor Almendarez Elvir fue sujetado por su hijo y su esposa, pero gritaba que lo dejaran porque iba a matarlo. No obstante, el señor Belelis logró llegar a su casa y luego fue auxiliado por su cuñada y llevado al centro médico, donde fue atendido por los médicos y estuvo con shock hipovolémico, pero logró salvar su vida, gracias a la ayuda médica que recibió.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, procedió a formalizar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “SEÑALAMIENTO DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el Tribunal en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal Penal. (En adelante CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, y que deben ser observados de forma obligatoria por el tribunal sentenciador, son: Art. 202 del CPP: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma con junta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado y subrayado es nuestro). Art. 336 del CPP, que hace referencia a la deliberación del Tribunal de Sentencia: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (lo resaltado y subrayado es nuestro). Art. 338 del CPP, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juzgador incluir en su resolución definitiva: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las regías de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. (lo resaltado y subrayado nos pertenece). Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria; es decir que el encuadre fáctico de una sentencia penal viene generando de la actividad valorativa expresada en la fundamentación probatoria, de tal suerte que el acierto que en esta función intelectual manifieste el juzgador, quedará plasmado en una correcta consignación de hechos probados; por el contrario, si el Tribunal fracasa en la valoración e interpretación probatoria —por resultar arbitrario ese ejercicio- ese vicio quedará plasmado en una incorrecta reproducción de hechos. La fundamentación probatoria -nutriente decisivo de los hechos probados- se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda -fundamentación intelectiva- el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, por qué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación de sentencia. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento del juzgador, pero exigiéndole que las conclusiones a las que arribe sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el Tribunal no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos del juicio valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202, 336 y 338, sección cuarta, numeral 2, del CPP (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA[1], como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Por otro lado, la motivación de la sentencia debe ser COHERENTE, es decir, debe estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello debe ser 1. Congruente: Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; 2. No contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que entre sí se anulen; y, 3. Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las cuestiones que determinan. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por violentarse esas características lógicas en el análisis probatorio expuesto en la sentencia, como a continuación se expone. II. EXPLICACIÓN DEL VICIO. A. Contenido de los hechos probados en la sentencia recurrida. La sentencia que hoy se recurre, irrespetando la valoración conjunta y armónica que el CPP le exige, y violando las reglas de la sana crítica, en cuanto a los principios lógicos apuntados, se ha apartado de la dirección probatoria a la que se dirigen los medios de prueba y como consecuencia de ello se ha establecido —incorrectamente- como hechos probados: “PRIMERO: El treinta de marzo del año dos mil quince, aproximadamente a las siete de la noche, el señor Luis Felipe Belelis Sevilla se encontraba en su casa de habitación, ubicada en la Colonia Lomas de Toncontín, de la ciudad de Comayagüela, donde también tenía una pulpería, cuando llegó el hijo del señor José Franklin Almendarez Elvir y le indicó que su padre le mandaba a pedir que moviera el vehículo del señor Belelis, el cual estaba estacionado en esa misma calle. SEGUNDO: Ante esta petición el señor Belelis Sevilla se dirigió a mover el vehículo y en ese momento fue increpado por el señor José Franklin Almendarez Elvir quien le empezó a decir varias cosas, pero el señor Belelis Sevilla lo ignoró e ingresó al vehículo para moverlo entonces, el señor José Franklin Almendarez quien se encontraba en el lado derecho del vehículo, disparó en dos ocasiones en dirección al vehículo y con conocimiento que en su interior estaba el señor Belelis, penetrando los dos disparos por la ventanilla del lado del pasajero y perforando el vidrio, impactando un disparo en el brazo derecho de Luis Felipe, que reingresó en el tórax e internamente se desvió al abdomen, produciendo perforación del lado derecho del diafragma, perforación de lado derecho del hígado, perforación del antro gástrico, lesión del cuello del páncreas, lesión del yeyuno en arteria pancreática duodenal y de vena yeyunal, y el otro disparo en el muslo derecho del señor Belelis. TERCERO: Al sentirse herido, el señor Belelis Sevilla salió corriendo en dirección a su casa, en tanto que el señor Almendarez Elvir fue sujetado por su hijo y su esposa, pero gritaba que lo dejaran porque iba a matarlo. No obstante, como el señor Belelis logró llegar a su casa y luego fue auxiliado por su cuñada y llevado al centro médico, donde fue atendido por los médicos y estuvo con shock hipovolémico, pero logró salvar su vida, gracias a la ayuda médica que recibió” (Lo subrayado y resaltado nos pertenece). B. El mal empleo de las reglas de la sana crítica en valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, que le conducen a estimar en presente caso la comisión del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa. Por los hechos que el Tribunal de Sentencia estima probados, el mismo considera que el señor JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR incurrió en el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en contra del hoy ofendido. Sin embargo, las mismas pruebas en que se fundamenta la sentencia impiden llegar a esta conclusión. Sólo el nivel de conocimiento de CERTEZA[2] es capaz de autorizar al Órgano Jurisdiccional a condenar al imputado, y en este caso específico, solo la CERTEZA que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR con el hecho realizado pretendiera acabar con la vida del señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA brinda la única posibilidad para que legítimamente el Tribunal de Sentencia le condenara por ese tipo penal; es decir la prueba evacuada en el juicio debe brindar total seguridad en el juzgador que en efecto esa ha sido la conducta cometida: que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR, con la intención de acabar con la vida de LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, realizó actos que no daban duda a esa intención y que no logró tal propósito por una causa o situación ajena a su voluntad. Contrario a ello, en el presente caso, no se puede DERIVAR de la relación de pruebas desarrolladas en el presente juicio, que la conducta realizada por nuestro representado sea constitutiva del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, sino más bien del tipo penal de lesiones culposas o imprudentes, y ello se evidencia por lo siguiente: 1. Falta de fiabilidad en el dicho de los testigos, su interés marcado en lograr la condena por tentativa de homicidio, su poca neutralidad, y la no advertencia del Tribunal de estas circunstancias en su valoración. Respecto a las declaraciones de los testigos LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA y su esposa LESBY MARGOT CORRALES GODOY, el Tribunal de Sentencia señaló en su valoración probatoria (Pág. 7 de la sentencia) que: “al analizar en su conjunto estos medios de prueba, este tribunal de Sentencia observa que las declaraciones de los testigos de cargo son contestes entre sí y además son ratificadas por otros medios de prueba, como ser el dictamen de evaluación médica, la inspección y la mismas facturas que fueron presentadas. Para el caso, ambos testigos señalan que los hechos se originaron por un vehículo que se encontraba estacionado y que anteriormente ya se habían suscitados este tipo de problemas. Asimismo, señalan ambos testigos que el hecho ocurrió cuando el ofendido iba a mover el vehículo, e incluso el ofendido señala que él se iba introduciendo al vehículo cuando recibió las heridas, situación que es congruente con lo que establece el acta de inspección ocular que refleja la existencia de dos impactos de bala en el vidrio del pasajero del vehículo, lo cual ratifica los dichos del señor de Belelis respecto a la forma en que ocurrieron los hechos. Igualmente, el dictamen médico ratifica la versión de los Testigos ya que señala claramente las lesiones que el señor Belelis presentaba; además se corrobora con las facturas presentadas, en la que se demuestra que efectivamente el señor Belelis fue hospitalizado en el centro médico hondureño, tal como fue aseverado por los Testigos. Debido a lo anterior, no existe durante el juicio ningún medio de prueba que contradiga la versión de los testigos de cargo, por lo que las declaraciones de estos testigos revisten de credibilidad y valor probatorio”. Estos testigos, si bien uno de ellos (el ofendido) tuvo contacto directo con los hechos objeto del juicio, han sido falaces en sus deposiciones únicamente con el propósito de mostrar que la voluntad de nuestro representado era acabar con la vida del señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, falacias que quedan al desnudo cuando sus deposiciones, lejos de ser corroboradas por otros medios de prueba y otras circunstancias probatorias, son negadas por éstos; y en ese contexto el Tribunal de Sentencia no fue capaz de advertir esa incongruencia probatoria. Así, en primer término, estos testigos señalan —y el Tribunal les cree- que nuestro representado luego de disparar al vehículo propiedad de aquél, dijo que lo iba rematar y que ese intento fue anulado por la intervención de la esposa e hijo del acusado. Evidentemente, como contrapartes y opuestas a la parte acusada, estos testigos mintieron con el propósito de demostrar esa intención homicida de JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR, ¿no es razonable entonces entender que los deponentes tenían ese interés de demostrar esa situación, y más aún cuando son esposos y que en consecuencia intentarían tergiversar la verdad para afectar más allá de lo debido a nuestro representado? Para evidenciar tal extremo y al verificar sus declaraciones, la testigo LESBY MARGOT CORRALES GODOY señala (ver página 10 del acta de debate y página 6 de la sentencia), que el ofendido visitó como en tres ocasiones a nuestro representado y estuvieron departiendo amenamente, y hasta tomaron juntos, con lo cual se muestra que entre ellos había una relación de cordialidad más allá de las diferencias que pudieron haber tenido, además que ambos testigos afirman que eran vecinos del señor JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR, desde hacía varios años y conviven a la misma calle. Así las cosas ¿quién va a querer dar muerte al vecino de enfrente por el simple hecho que éste estacione su vehículo en el portón del otro, habiendo tenido la ocasión de departir en distintos momentos?; ¿no es más entendible y coherente con las circunstancias que el acusado haya actuado de forma imprudente al disparar en contra del vehículo? Siguiendo sus declaraciones, los testigos refieren que la diferencia con nuestro representado consiste en una discrepancia vecinal por la utilización de la calle con los vehículos. Así la testigo LESBY MARGOT CORRALES GODOY menciona que “el problema es que él (nuestro representado) quiere toda la calle… son cinco casas y él estaciona sus vehículos… el problema ahí es que él siempre se tomaba la calle” (ver página 11 del acta de debate y 7 de la sentencia). Así, cabe preguntarse: ¿una diferencia de abuso de parqueo con un vecino a quien se la ha invitado a la casa a departir, y que vive enfrente de la casa por años, es razón suficiente para intentar atentar contra su vida?; ¿no es más acorde con esas circunstancias la ocurrencia de un arrebato de disparar en contra del vehículo de su propiedad, y que producto de ese ataque al automotor haya resultado herido el señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA?; ¿no pudo el Tribunal de Sentencia hacer esta valoración lógica de la prueba?. Pero tampoco el Tribunal de Sentencia valoró el interés que como parte involucrada tenían estos testigos en dar esta versión absurda de hechos, que por una diferencia en el mal uso de parqueo por LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA se iba a producir un atentado a su vida. Así, con sólo revisar la declaración de la esposa éste, se puede apreciar con claridad la animadversión que tiene respecto de nuestro representado cuando indica que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR quiere toda la calle; que él siempre se tomaba la calle; que él siempre decía que la calle era de él; que si alguien lo conoce y se estaciona en la calle, él sale y les dice “vos tal por cual, quitá ese carro si no querés que te mate”, y que ahí (en esa cuadra) existe un problema de estacionamientos desde que ellos llegaron a residir al lugar. Animadversión tanto de ella como de su esposo, el señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, que ha llegado al punto de venir a mentir en este juicio, en el sentido que luego de disparar JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR al vehículo de aquel, tuvo que ser retenido por su esposa e hijo para que no terminara de acabar con su vida, y que haya expresado: “suéltenme que lo voy a rematar, lo quiero matar”. Así, el Tribunal de Sentencia debió valorar -en primer término- lo ilógico de esa versión dada por los testigos que una situación de éstas (el abuso del ofendido en estacionar mal su vehículo) haya sido causa tan potente para que nuestro representado lo haya agredido con el propósito de quitarle la vida, y al no lograrlo en el acto persistió en esa voluntad, tuvo que ser retenido por su esposa e hijo para no consumar el ataque. ¿No pudo notar el Tribunal ese interés de éstos deponentes en declarar así para agravar la situación jurídica de nuestro representado más allá del hecho cometido?; ¿No pudo advertir que las declaración de la señora LESBY MARGOT CORRALES GODOY muestra claramente ese sesgo en contra del señor ALMENDAREZ ELVIR?; ¿No puedo emplear reglas básicas de sana crítica (piscología y experiencia común) para deducir que sus declaraciones tenían ese todo antipatía, y que por tanto habían sobredimensionado los acontecimientos?. JOSÉ I. CAFFERATA NORES, señala respecto a la sinceridad del testimonio que es necesario tener, entre otras, las consideraciones siguientes: “Es preciso descubrir si no hay algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente (vg. Conveniencia, soborno), u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (vg. La relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad..."[3] Y en el presente caso, el Tribunal de Sentencia ha omitido hacer esta valoración sobre estos testigos, que obviamente tienen un marcado interés en apuntar tan extrema e inverosímil versión sobre cuál era la intención de nuestro representado (acabar con la vida del señor BELELIS SEVILLA) teniendo como causa de ello un insignificante diferendo vecinal, y teniendo como antecedente las actividades comunes que juntos habían tenido (departían entre sí). De esa forma, la afirmación del Tribunal de que los testigos “son contestes entre sí”, como razón para confiar en su testimonio es burda, superficial y conformista, porque obviamente, siendo esposos no se iba a esperar otra cosa, y porque son parte interesada en el presente conflicto penal, representado por el actual proceso. 2. La equivocada afirmación probatoria que el dicho de los testigos de cargo, está ratificada por otros medios de prueba. El Tribunal de Sentencia, se opone al Principio Lógico de la Derivación, cuando afirma en su sentencia, que estas las declaraciones de los testigos LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA y LESBY MARGOT CORRALES GODOY están ratificadas por otros medios de prueba, como ser el dictamen de evaluación médica, la inspección y las mismas facturas (de atención hospitalaria) que fueron presentadas. Esta afirmación resulta contraria al verdadero significado de esa relación probatoria, porque al hacer un análisis responsable y minucioso del contenido de estas pruebas y de su relación con los testimonios aludidos, podemos concluir sin ningún ápice de duda, que esa afirmación de relación probatoria del Tribunal de Sentencia ha sido superficial, no acertada e infundada. Y para demostrar ese desacierto, debemos partir de la premisa que no es un hecho controvertido que nuestro representado disparó en dos ocasiones contra el vehículo del ofendido (ya estableceremos porqué sin intención de lesionar al ofendido), como tampoco que por tal acción éste resultó lesionado, con lo cual de principio no es relevante en el presente caso el hallazgo de lesiones que pueda referir el dictamen de evaluación médica, sobre el que tampoco se cuestiona el cuadro lesiono lógico que revela. El punto toral lo constituye —y de ahí la infracción al principio lógico de derivación del Tribunal- que, de una correcta relación de pruebas, no se concluye que nuestro representado, al activar el arma de fuego que portaba lo hacía con la intención de lesionar al ofendido, y mucho menos -como falazmente se afirma- acabar con su vida. Así, el acta de inspección ocular en lugar de los hechos, en la que se acredita que la inspección se efectuó una hora después de los hechos objeto del presente juicio, refiere que en el lugar de los acontecimientos había poca iluminación por lo que hubo que apoyarse en la utilización de focos de mano (ver página 8, numeral TERCERO de la sentencia). Asimismo, este medio de prueba refiere que al revisar el vehículo (del ofendido): “en la parte lateral exterior derecha del vehículo se encontraron dos orificios en la parte lateral izquierda del vidrio de la puerta del acompañante” (página 8 de la sentencia, último párrafo). Así, de este medio de prueba se acredita, que al momento de ocurrir los hechos había escasa iluminación, y que nuestro representado disparó desde una posición al lado derecho del vehículo, es decir del lado del acompañante del conductor, del lado opuesto al vehículo de donde se encontraba el ofendido para subirse al mismo. Y esas esenciales circunstancias también son mencionadas por el mismo testigo LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, al decir la sentencia que él refiere que “que el día del hecho no había mucha iluminación” (página 5 de la sentencia), agregando, además, que el vehículo de él es polarizado; y al señalar que “el día del hecho, iba a mover el vehículo, el acusado estaba al otro lado de la puerta del pasajero y el testigo iba a incorporarse al carro... y fue cuando él iba a incorporarse al carro que escuchó los dos disparos y se sintió pegado en el hombro...” (página 6 de la sentencia). Asimismo, se presentaron importantes y convincentes documentos que demuestran que desde el mismo día de los hechos nuestro representado asumió la responsabilidad de sufragar los costos hospitalarios a favor del señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, lo cual es incompatible con la conducta de una persona que pretendiera dar muerte al ofendido. Los documentos consisten en lo siguiente: a. Una constancia emitida en 17 de abril de 2015, extendida por la gerente general del Hospital Centro Médico Hondureño, en la que se hace constar que el señor JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR ha abonado la cantidad de un L.1,070,000.00 exactos por concepto de gastos médicos generados por el señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA, quedando un saldo pendiente de pago de L. 621,416.75. Dicha constancia se encuentra en el folio 53. b. Recibo No 175272 por un valor de L. 100,000.00. c. Recibo No 175304 por un valor de L. 50,000.00. d. Recibo No 173486 por un valor de L. 100,000.00. e. Recibo No 171493 por un valor de L. 150,000.00. f. Recibo No 173560 por un valor de L. 150,000.00. g. Recibo No 173643 por un valor de L. 50,000.00. h. Recibo No 173764 por un valor de L. 100,000.00. i. Recibo No 173827 por un valor de L. 50,000.00. j. Recibo No 173928 por un valor de L. 50,000.00. k. Recibo No 173835 por un valor de L. 200,000.00. l. Recibo No 173875 por un valor de L. 100,000.00. m. Recibo No 173810 por un valor de L. 500,000.00. n. Recibo No 45886 por un valor de L. 100,000.00. o. Recibo No 174581 por un valor de L. 100,000.00. p. Recibo No 174413 por un valor de L. 100,000.00. q. Recibo No 174378 por un valor de L. 50,000.00. Todos estos recibos fueron extendidos por el Hospital en mención a favor de nuestro representado por abono a la cuenta del ofendido, en fechas comprendidas desde el 1 de abril de 2015 hasta el 20 de mayo de 2015, con lo cual está acreditado más allá de toda duda que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR asumió los costos hospitalarios desde el mismo día en que ocurrieron los hechos (30 de marzo de 2015), al hacer la cancelación inicial desde el 1 de abril de ese mismo año. Si a ello se suma, como lo indica la sentencia (página 9, primer párrafo primero) que el arma de nuestro representado fue entregada a la policía por su esposa, SUYAPA ALEJANDRA VALLE FIALLOS, tal como se muestra con el medio de prueba ACTA DE RECEPCIÓN DE INDICIOS (folio 57), se termina de confirmar que con la contribución de nuestro representado con las autoridades al poner a su disposición dicha arma reafirma la compatibilidad de su actitud con un acto no se corresponde con una intencional agresión a la integridad física del ofendido. Y un aspecto que termina por verificar lo señalado, que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR nunca tuvo intención de atentar contra la vida del ofendido, ni tampoco de lesionarle, lo constituye su propia manifestación al expresar ante el Tribunal “Se que cometí ese error y fue un accidente y le disparé al carro” (ver página 18 del acta de debate), lo que ratifica que él nunca tuvo como propósito el agredir al señor BELELIS SEVILLA, sino dirigir su acción al vehículo, es decir provocar daños a esta unidad. De esa forma, la relación probatoria en el presente caso acredita lo siguiente: a. La causa de los presentes hechos proviene del abuso del LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA en estacionar su vehículo en el ingreso del portón de nuestro representado, actitud que por lo dicho por los testigos provenía desde hace algún tiempo atrás. Es decir, se trata de diferencias eminentemente vecinales, y no de actos de hostilidad de relevancia entre uno y otro. Ellos, inclusive departieron en varias ocasiones de forma amistosa en casa del acusado; b. Al ocurrir los hechos, y por haber un abuso del ofendido en tener indebidamente estacionado el vehículo, nuestro representado en su arrebato dispara en contra del vehículo, no en dirección al ofendido, sin pensar, por la escasa luz en la vía pública que el señor LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA estaba sentándose en el asiento para mover el automotor; y ello resulta también del hecho que el automotor es polarizado, lo que impidió saber con exactitud dónde se encontraba el señor BELELIS SEVILLA; c. Que como acto posterior al hecho, nuestro representado, al darse cuenta que había resultado herido el hoy ofendido, inmediatamente procedió a contribuir decididamente en el restablecimiento a su salud para lo cual se hizo cargo de la cuenta hospitalaria, que permitió el ingreso del señor BELELIS SEVILLA al Hospital Privado Centro Médico Hondureño, hasta que se le dio el alta médica, procediendo a hacer una erogación millonaria de costos médicos; y además, procedió a la entrega del arma a las autoridades. d. Que es inverosímil y construida la versión de los testigos de cargo que nuestro representado quería dar muerte a LUIS FELIPE BELELIS SEVILLA porque quien tiene esa voluntad homicida (al punto de ser detenido por su esposa e hijo como los testigos señalan), no hubiera el mismo día de los hechos hacerse cargo de la recuperación de la salud de éste. Todos los actos anteriores al hecho, la forma en que ocurrió el mismo, y los actos posteriores a dicho acontecimiento, revelan más bien la falta de una intención lesiva —menos homicida- en contra del ofendido; y seguramente si la voluntad de JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR hubiese sido de dar muerte a su vecino, lo hubiese atacado de otra forma y no con dirección al vehículo que estaba abordando, y menos aún cuando saliendo del mismo pudiera haber tenido la oportunidad de dispararle más certeramente. e. Todas estas circunstancias probatorias están ocultas en la sentencia recurrida, que de haberse aplicado o valorado correctamente hubieran determinado en una falta de certeza del Tribunal de Sentencia en estimar que la conducta de nuestro representado atendía a una intención homicida, puesto que estas incidencias probatorias no permiten más allá de la duda razonable llegar a esa determinación, lo que aparejado a la tergiversación de los hechos por los testigos de cargo (interesados en alterar la realidad), alejan de forma lógica y coherente al Tribunal de Sentencia de la dirección a la que apunta la relación armónica de las pruebas, deficiencia que se termina reflejando en los hechos probados de la indicada resolución, por lo que Tribunal o ha podido derivar que lo acontecido fue un acto de arrebato de JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR por el intercambio de palabras con el señor BELELIS SEVILLA; que disparó en contra del vehículo desconociendo que el ofendido ya se encontraba en su interior; que por esa falta de deber de cuidado los dos disparos efectuados ingresaron en la cabina del automotor e hirieron al ofendido, siendo claro que su intención nunca fue atentar contra la vida de éste, sino que actuó de forma imprudente respecto de la integridad física del ofendido al decidir disparar en contra del vehículo sin apreciar que el mismo se encontraba ingresando en el indicado automotor. 3. Conclusión sobre el vicio de quebrantamiento de forma expuesto. Por todo lo apuntado en este primer motivo de casación, no hay dudas de la desacertada valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, y la violación a las reglas lógicas de la DERIVACIÓN y COHERENCIA, en vista que el razonamiento probatorio de esta sentencia definitiva no está precedido de inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Lamentablemente, estas situaciones fácticas debidamente probadas y sustentadas en medios de prueba de distinta naturaleza, relacionados entre sí, no fueron establecidas en la sentencia que hoy se recurre, en vista de la no aplicación de las reglas lógicas de la DERIVACIÓN y COHERENCIA, puesto que a pesar que los medios de prueba, en su conjunto, arrojan la constatación de IMPOSIBILIDAD que JOSÉ FRANKLIN ALMENDAREZ ELVIR haya activado su arma contra la humanidad del ofendido, el Tribunal de Sentencia no razonó lógicamente el contenido íntegro del material probatorio, estructurando, por ello, hechos probados que niegan el resultado razonado de su análisis probatorio; no extrae el Tribunal inferencias razonables de estos medios de prueba, que en su conjunto y armonía descreditan o descartan los hechos por los que se condena a nuestro representado en la sentencia recurrida, y por el contrario evidencian: a. Que él activó su arma en dirección al vehículo producto del arrebato, creyendo que el ofendido no se había introducido al automotor (infracción de un deber objetivo de cuidado); b. Que producto de esa infracción del deber de cuidado al disparar, se ocasionaron lesiones en el ofendido, las que según el dictamen forense le ocasionan una incapacidad temporal de 45 días (ver página 8, párrafo primero de la sentencia); c. Que se presenta un elemento positivo en el acusado, cual es haber querido desarrollar la conducta descuidada con conocimiento del peligro (es decir culpa consciente), al haber decidido disparar en contra del vehículo a sabiendas de la proximidad del ofendido en el mismo; y, d. Que se presenta un elemento negativo en el autor, al no haber querido el resultado producido (es decir las lesiones provocadas al ofendido). Siendo estos elementos los que estructuran el tipo imprudente, concebido en nuestra legislación penal en el Art. 13, párrafo tercero del Código Penal: “El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente”[4], no habiendo duda en este caso que la relación probatoria determina la concurrencia de la imprudencia en la acción realizada por nuestro representado. Y es aquí donde se concretiza el perjuicio de la sentencia recurrida, en vista que al calificarse esas lesiones en el Art. 135, numeral 3, del Código Penal, y que contiene una pena de 3 a 6 años de reclusión, al tratarse de lesiones culposas, corresponde —por mandato del Art. 138 del mismo Código- debe reducirse en la mitad; lo que contrasta severamente con la condena a 10 años de reclusión que le fue impuesta en la sentencia por Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa. Por tanto, esa sentencia debe ser corregida por la vía casacional, para que no siga generando graves perjuicios a nuestro representado, por el simple hecho de condenársele por un hecho que no ha realizado, y por el cual se le condena por Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, cuando en apego al Art. 339 del CPP no es posible extraer certeza que haya incurrido en ese tipo penal, sino más bien en el tipo imprudente de lesiones (lesiones culposas) por haber actuado con la infracción de un deber objetivo de cuidado. C. Forma de corrección del vicio. Como el vicio descrito ha ocurrido en la aplicación del intelecto del Tribunal en la valoración de la prueba, con sujeción a los principios lógicos apuntados, de conformidad al Art. 369 del Código Procesal Penal, debe procederse a la casarse la sentencia de mérito, ordenándose el juicio de reenvío correspondiente, con la integración de nuevos jueces. El vicio se ha presentado en el acto de la sentencia definitiva, en consecuencia, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Resumen del recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Norma autorizante citada: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Petición: declarar ha lugar el recurso interpuesto. Arguyen los censores del fallo que el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, pues a su parecer, la prueba evacuada en juicio no brinda certeza sobre la intencionalidad en la conducta cometida: que José Franklin Almendarez Elvir, con la intención de acabar con la vida de Luis Felipe Berlelis Sevilla, realizó actos inequívocos de ejecución y que no logró tal propósito por una causa o situación ajena a su voluntad. Según los recurrentes, la relación de las pruebas evacuadas en juicio no logra derivar que la acción de José Franklin Almendarez Elvir, sea constitutiva de homicidio en su grado de ejecución de tentativa sino más bien del tipo penal de lesiones culposas o imprudentes, ello por la falta de fiabilidad de los testigos, su interés marcado en lograr la condena por tentativa de homicidio, su poca neutralidad y por ser falaces en sus testimonios con el único propósito de inculpar al acusado. También arguye que se comete un vicio de derivación cuando el sentenciador expresa que las declaraciones testificales de Luis Felipe Berlelis Sevilla y Lesby Margot Corrales Godoy, son corroboradas por la prueba pericial y documental, porque el acta de inspección ocular lo que realmente acredita es que en el lugar del acontecimiento había poca iluminación y que el acusado disparó en el lado derecho del vehículo, es decir, del lado del acompañante del conductor. Si a ello se suma que José Franklin Almendarez Elvir asumió la responsabilidad de sufragar los gastos hospitalarios a favor del ofendido, y que fue su esposa Suyapa Alejandra Valle Fiallos, quien entregó el arma de fuego a las autoridades propiedad del acusado, se termina de confirmar la disposición de éste para colaborar con las autoridades y no corresponde con una agresión intencional. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: a. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” b. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. c. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Los censores del fallo argumentan que el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba evacuada en juicio, en concreto, la regla de la lógica de derivación y coherencia, pues otorga plena credibilidad a los testigos de cargo Luis Felipe Belelis Sevilla (ofendido) y, Lesby Margot Corrales Godoy (esposa del ofendido), quienes fueron falaces en sus deposiciones y tenían un afán de incriminar a José Franklin Almendarez Elvir en el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa. También considera que el sentenciador comete un vicio lógico de derivación cuando afirma que dichas declaraciones son corroboradas por la demás prueba pericial y documental, ya que el medio de prueba denominado acta de inspección ocular lo que en realidad acredita es que en el lugar del acontecimiento había poca iluminación, que el vidrío del carro del ofendido era poralizado y que el acusado disparó en el lado derecho del vehículo, es decir, del lado del acompañante del conductor, lo que le impidió tener visibilidad y por ende conocimiento de que Luis Felipe Berlelis Sevilla, se encontraba dentro del automotor. También agrega que el hecho de que el acusado asumió la responsabilidad de sufragar los gastos hospitalarios a favor del ofendido, y que su esposa entregó el arma de fuego a las autoridades, denota un interés de colaborar con las autoridades y es contrario a una agresión dolosa. Por estas razones considera que no estamos ante un homicidio en su grado de ejecución de tentativa sino más bien ante unas lesiones culposas (culpa inconsciente). La Sala de lo Penal reconoce que la explicación del vicio consiste entonces en la exposición de argumentos de instancia, pues descalifica la valoración probatoria del sentenciador y elabora la suya propia mediante la cual razona porqué debió en su opinión arribar a un resultado diferente. Lo que se formula en el libelo es más una invitación para que este Tribunal de Casación desestime la valoración probatoria realizada por el a quo y la sustituya por la del recurrente por ser a su parecer la más acertada, todo ello impropio de única instancia. El motivo interpuesto no permite valorar prueba, únicamente escudriñar la realizada por el sentenciador y verificar si se adecúa o no a las reglas de la sana crítica (artículo 202 del Código Penal). En este sentido, se determina por la Sala de lo Penal que el sentenciador ha hecho una valoración probatoria objetiva, justa, de contenido racional y científica, toma en cuenta al momento de valorar las declaraciones testificales la ausencia de contradicciones, la concordancia del iter relatado de los hechos, la verosimilitud del relato y las corroboraciones periféricas. Es evidente que cualquier persona al denunciar, y más concretamente si posteriormente se persona como acusación, busca la condena del acusado, pero no por ello, debe descartarse de facto la sinceridad del testimonio, ni entender de forma automática que el hecho de buscar la condena de una persona que ha cometido una conducta típica penalmente reprochable, es causa inexorable para entender que existe un móvil espurio que pueda enturbiar el testimonio de la víctima. En todo caso, la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo ético o moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para el sentenciador para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aun teniendo estas características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva. Por estas razones, el motivo único debe ser desestimado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, en su condición de defensores privados de José Franklin Almendarez Elvir; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-336-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina,1994.

[2] JOSÉ I. CAFFERATA NORES, en su obra “ LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL”, página 11, señala que: “En la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, después del Debate Oral y Público, se establece que sólo la certeza sobre la culpabilidad del imputado autorizará una cadena en su contra, púes, gozando éste de u n estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido y legalmente reglamentado, únicamente podrá ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido la más plena convicción del tribunal al respecto, la que debe ser racionalmente motivada”.

[3] CAFERRATA NORES, JOSÉ I., “LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL”, Sexta Edición, Lexis Nexis, página 135.

[4] Requisitos que pertenecen a la estructura del tipo imprudente, según Santiago Mir Puig Derecho Penal. Parte General. Pág. 274.