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Sentencia CP-334-18 — Registro 13227

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Asesinato en Concurso Ideal con un delito de aborto,y como autor del delito de Asesinato en Concurso Real

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de Casación ante lo denunciado por la censora, ha procedido a realizar un análisis exhaustivo de la sentencia recurrida, específicamente para determinar si en efecto ha existido quebranto a las garantías de la presunción de inocencia o del debido proceso. De la revisión integra de la sentencia se puede confirmar que en todo momento el Juez A-quo respetó sus derechos y garantías al imputado. La defensa alega que no hay prueba suficiente que acredite los hechos imputados al señor Brayan Said Servellon Mendoza, apreciación errónea de la impetrante porque en el presente caso existió abundancia probatoria, tanto pericial como testifical; si bien es cierto, existen ciertas inconsistencias con algunos dictámenes periciales de autopsia, dichas fragilidades se dan en cuestiones periféricas que no inciden en el resultado a cual llegó el Juzgador para considerar como responsable de los hechos al ahora acusado Servellon Mendoza. Debido a la extensa cantidad de prueba evacuada, esta Sala de lo Penal se referirá a aquella que tiene el peso suficiente para determinar entre ellas y a través de su valoración conjunta y armónica, que el Tribunal Sentenciador en ningún momento vulneró el Estado de Inocencia del acusado y mucho menos el Debido Proceso. En el presente caso se presentó a declarar el señor Saúl Edgardo García Valladares, esposo de la occisa Tania Carolina Lau Cooper, quien afirmó de manera contundente que ese día de los hechos, a eso de las 10:56 de la mañana, su esposa lo llamó para decirle que Brayan Said había llegado a su casa, con quien días antes habían tenido una relación de trabajo pero por incumplimiento de sus labores fue despedido, el señor Saúl le advierte a su esposa que no lo deje entrar, pero ella le contesta que ya una de sus empleadas lo había dejado entrar a su casa, luego afirmó el testigo que su esposa le dijo que iba a bajar a ver qué pasaba y escucha cuando su esposa le dice al ahora acusado “Hola Brayan” luego se cortó la comunicación, aseguró el deponente que intentó hacer otras llamadas a su esposa pero nunca le contestó, que ese día había mucho tráfico y que tardó en llegar a su casa, al llegar un vecino le dijo que no entrara, pero junto con el guardaespaldas de otro vecino entró y encontró a su esposa muerta en un charco de sangre; luego llamó a la policía y ellos encontraron los cuerpos de sus empleadas Norma Suyapa Ramos y Maria Aida Hernández. Esta declaración es valorada de manera conjunta con la prueba pericial realizada por el señor Luis Domingo Serrano Torres, quien elaboró el dictamen de las matrices de los números de teléfono pertenecientes a la ofendida Tania Carolina Lau Cooper y al de su esposo y testigo de cargo Saúl Edgardo Garcia Valladares, quien confirmó parte de la declaración del testigo Saúl Edgardo pues en dicho reporte aparece que el teléfono de la ofendida y el de su esposo a la hora señalada se hicieron una llamada activa; es decir es cierto que el testigo y su occisa esposa entablaron una llamada de teléfono el día en que sucedieron los hechos y ubica en la escena del crimen al ahora acusado. Así mismo encontramos el dictamen de Serología y Genética realizado por la Perito Digna Margarita Pineda Rodriguez, quien realizó un análisis de elementos pilosos encontrados en la mano de la ofendida Tania Carolina Lau Cooper, resultando que dos de esos elementos pilosos corresponden a la víctima, pero uno de ellos posee características microscópicas similares con el ahora acusado, es decir concluye que entre la ofendida y el ahora acusado hubo contacto. Por último también se presentó a declarar Stephany Natali Pineda Pachecho agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, quien efectuó una serie de investigaciones para dar con el paradero del ahora imputado, siendo parte del equipo que hizo allanamientos y pesquisas en la casa del imputado y en la casa de su pareja sentimental; afirmó que se logró probar que el día de los hechos el ahora acusado solicitó una moto prestada al señor Daniel o David Avilés y éste le confirmó que él le había prestado la motocicleta a Brayan, situación que también confirmó la testigo de la defensa Rosa Lina López ex suegra del ahora acusado. Para esta Sala de lo Penal además de otras pruebas presentadas al juicio, como dictámenes periciales de autopsia, de psicología y psiquiatría practicadas al acusado, las pruebas arriba señaladas son contundentes para determinar la culpabilidad del acusado y si bien es cierto encontramos ciertas inconsistencias en algunas pruebas periciales, éstas no son de peso para desvirtuar la participación del acusado en los hechos sometidos a juicio, se cuenta con prueba indiciaria fuerte que llevó al Sentenciador a determinar la responsabilidad del Brayan Said Servellon, por ejemplo la declaración de esposo de la ofendida señor Saúl Edgardo Garcia Valladares y el dictamen de la matriz de los teléfono son pruebas indiciarias, pero que se refuerzan y cobran enorme valor probatorio con el dictamen de serología forense de los elementos pilosos encontrados en la mano de la ofendida, cuyo resultado arroja que uno contiene características similares al ahora acusado Brayan Said Servellon Mendoza, confirmando que entre ellos existió un acercamiento; ya todos sabemos el valor de la prueba científica en el derecho penal, pues por su tecnicismo y eficacia reviste de gran valor probatorio. Todas las pruebas fueron correctamente valoradas por el Juez A-quo, se respetaron en todo momento los derechos y garantías que gozan las personas sometidas a un proceso penal, por lo que este recurso de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de junio de dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 334-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Brayan Said Servellón Mendoza, como autor del delito de Asesinato en Concurso Ideal con un delito de aborto, en perjuicio de la señora Tania Carolina Lao Cooper y su feto de tres meses de gestación, a la pena de veintiséis años de reclusión. Asimismo, se condena al señor Brayan Said Servellón Mendoza, como autor del delito de Asesinato en Concurso Real, en perjuicio de las señoras Norma Suyapa Ramos y María Aida Hernández, a la pena de veintiún años de reclusión, por cada una de las muertes. Haciendo un total de sesenta y ocho años de reclusión. Segundo: Condenó: al señor Brayan Said Servellón Mendoza, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Brayan Said Servellón Mendoza, por los daños morales ocasionados y la indemnización de perjuicios a las víctimas, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por juicio. Quinto: No procedió decretar el comiso. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos del imputado como parte recurrente; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, en su condición de acusadora privada, éstos últimos como partes recurridas. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha primero de junio del año dos mil doce, aproximadamente a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana, se encontraba la señora Tania Carolina Lau Cooper, en su casa de habitación ubicada en la Colonia Puertas del Sol, contiguo a la Colonia Lomas del Guijarro Sur de Tegucigalpa, casa número 4910, en compañía de sus dos empleadas, Norma Suyapa Ramos Mendoza y María Aída Hernández Mendoza, cuando llegó el señor Brayan Said Servellón Mendoza, a bordo de una motocicleta color negro, marca Yamaha, con placa MPG5717, portando un casco color negro con grabados grises y blanco marca CRM Helmets. SEGUNDO: El señor Brayan Said Servellón Mendoza, quien fue empleado de la señora Tania Carolina Lau Cooper, en la repartición de comida a domicilio, que ella elaboraba en su casa de habitación para la venta, había sido despedido de su trabajo por la señora Tania Cooper, hacía más o menos cuarenta y dos (42) días, por incumplimiento de sus funciones contractuales laborales; al verlo llegar a través de un monitor de vigilancia que había en dicha casa, la señora Tania Lau Cooper, llamó a su esposo Saúl Edgardo García, al que le dijo que allí se encontraba el señor Brayan, por lo que él le dijo que no le abriera la puerta, sin embargo ella le dice que María Aída, ya le había abierto la puerta, ante tal situación, la señora Tania Lau Cooper, bajó las gradas a recibir a Brayan, al mismo tiempo que se mantenía en comunicación telefónica con su esposo Saúl Edgardo García, en el momento que la señora Cooper, abordó a Brayan Said Servellón Mendoza, se interrumpió la comunicación telefónica dado que en ese momento es agredida por el señor Brayan Said Servellón Mendoza, con un arma blanca tipo cuchillo, marca Oneyda, cacha color negro, que tomó de la cocina de la misma casa, causándole con dicha arma varias heridas en su cuerpo que le produjeron la muerte instantánea por degüello y como consecuencia de esto causó la muerte al feto en gestación, en virtud de que la señora Tania Lau Cooper, se encontraba en estado de gravidez. TERCERO: Acto seguido, el señor Brayan Said Servellón Mendoza, se trasladó hasta el dormitorio donde se encontraban refugiadas las señoras Norma Suyapa Ramos Mendoza y María Aída Hernández Mendoza, a quienes atacó con el mismo cuchillo que agredió a la señora Tania Lau Cooper, hasta causarles la muerte a ambas por degüello.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por la mayoría del Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: La mayoría del Tribunal al dictar sentencia condenatoria en contra del señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA por los delitos de ASESINATO Y ABORTO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de TANIA CAROLINA LAO COOPER y ASESINATO en perjuicio de NORMA SUYAPA RAMOS y MARÍA AIDA HERNÁNDEZ lesiona gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el Juzgador está obligado a ajustar sus actuaciones a lo que le ordena la Constitución y las Leyes y en presenta caso las pruebas que sustentan la imputación en contra del señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA muestran insalvables inconsistencias que las vuelven inadecuadas para sustentar un fallo de condena. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuaron como pruebas de cargo, entre otras, la declaración del señor Saúl Edgardo García Valladares, las pericias de asociación de matrices de las compañías celulares Tigo, sobre los números telefónicos 9998-0528, 9751-0104 (perteneciente a Tania Cooper) y Claro sobre el número telefónico 3390-3748 (perteneciente a Saúl Edgardo García Valladares), Dictámenes de autopsias números 1420-12, 1421-12 y 1419-12, con sus respectivos álbumes fotográficos, los dos primeros a cargo del perito Oscar Armando Ramírez realizados sobre los cadáveres de las señoras Norma Suyapa Ramos Mendoza y María Aída Hernández Mendoza y el tercero a cargo del perito Jeffry Javier Maradiaga realizado sobre el cadáver de la señora Tania Carolina Lao Cooper y los Dictámenes de Biología números 4311-12 y 4253-12 a cargo de la perito Alba Gisela Álvarez quien realizó análisis sobre 28 elementos pilosos provenientes de la recolección de indicios, pruebas con las que la mayoría del Tribunal tuvo por acreditados los hechos siguientes: “PRIMERO.- En fecha primero de junio del año dos mil doce, aproximadamente a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana, se encontraba la señora Tania Carolina Lau Cooper, en su casa de habitación ubicada en la Colonia Puertas del Sol, contiguo a la Colonia Lomas del Guijarro Sur de Tegucigalpa, casa número 4910, en compañía de sus dos empleadas, Norma Suyapa Ramos Mendoza y María Aída Hernández Mendoza, cuando llegó el señor Brayan Said Servellón Mendoza, a bordo de una motocicleta color negro, marca Yamaha, con placa MPG5717, portando un casco color negro con gravados grises y blanco marca CRM Helmets.-SEGUNDO.- El señor Brayan Said Servellón Mendoza, quien fue empleado de la señora Tania Carolina Lau Cooper, en la repartición de comida a domicilio, que ella elaboraba en su casa de habitación para la venta, había sido despedido de su trabajo por la señora Tania Cooper, hacía más o menos cuarenta y dos (42) días, por incumplimiento de sus funciones contractuales laborales; al verlo llegar a través de un monitor que había en dicha casa, la señora Tania Lau Cooper, llamó a su esposo Saúl Edgardo García, al que le dijo que allí se encontraba el señor Brayan, por lo que él le dijo que no le abriera la puerta, sin embargo ella le dice que María Aída, ya le había abierto la puerta, ante tal situación, la señora Tania Lau Cooper, bajó las gradas a recibir a Brayan, al mismo tiempo que se mantenía en comunicación telefónica con su esposo Saúl Edgardo García, en el momento que la señora Cooper, abordó a Brayan Said Servellón Mendoza, se interrumpió la comunicación telefónica dado que en ese momento es agredida por el señor Brayan Said Servellón Mendoza, con una arma blanca tipo cuchillo, marca Oneyda, cacha color negro, que tomó de la cocina de la misma casa, causándole con dicha arma varias heridas en su cuerpo que le produjeron la muerte instantánea por degüello y como consecuencia de esto causó la muerte al feto en gestación, en virtud de que la señora Tania Cooper, se encontraba en estado de gravidez. TERCERO.- Acto seguido, el señor Brayan Said Servellón Mendoza, se trasladó hasta el dormitorio donde se encontraban refugiadas las señoras: Norma Suyapa Ramos Mendoza, y María Aída Hernández Mendoza, a quienes atacó con el mismo cuchillo que agredió a la señora Tania Lau Cooper, hasta causarles la muerte a ambas por degüello”. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la acreditación de los hechos ilícitos atribuidos al señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA no están sustentados en pruebas suficientemente aptas para tenerlos como ciertos, ya que la prueba de cargo antes referida está afectada por una serie de inconsistencias y contradicciones que la vuelven extremadamente incierta y por tanto no apta para sustentar un fallo de condena, fragilidades que durante todo el proceso las hemos hecho de conocimiento del Juzgador, pero el Tribunal, en una decisión dividida, hizo caso omiso a los reparos presentados por la defensa del imputado; entre las falencias señaladas están las referidas a la declaración del principal testigo de cargo señor Saúl Edgardo García Valladares, se trata de un testigo de referencia que afirma haber escuchado de su esposa (Tania Lau Cooper una de las víctimas del triple asesinato), vía teléfono, que el imputado se encontraba dentro de la casa de la familia García Lao, a la que habría ingresado de manera subrepticia, pero la veracidad del contenido de la declaración de este testigo no está respaldada por ningún otro medio de prueba que la corrobore, pues, si bien es cierto, con el vaciado telefónico realizado a los teléfonos números 9751-3748 y 3390-3748 se acreditó que el primero era propiedad de Tania Lao Cooper y el segundo de Saúl Edgardo García Valladares y que el 1 de junio de 2012 a las 10:56:23 am hubo una comunicación del primero hacia el segundo con una duración de 4 minutos 1 segundo, pero las identidades de los participantes de dicha comunicación como el contenido de la misma no pudo ser corroborado, porque una de las personas que supuestamente intervino (Lao Cooper) fue víctima de un asesinato el día de la referida comunicación; por otra parte la declaración del señor García Valladares no resulta creíble, porque él afirma que el imputado, por cuestiones laborales, abrigaba un rencor hacia la señora Lao Cooper y que la última comunicación que sostuvo con su esposa ésta le informó de ia presencia del imputado en su casa y que la comunicación se interrumpió abruptamente después que Lao Cooper habría saludado al imputado, pero del vaciado telefónico se aprecia que el señor Saúl Edgardo García Valladares no intentó comunicarse nuevamente con su esposa para enterarse de qué era Io que estaba sucediendo en su casa dada la presencia del imputado en dicho inmueble y la interrupción abrupta de la comunicación, por lo que su relato resulta inverosímil, tampoco el vaciado telefónico confirma las identidades de los que intervinieron en la comunicación y menos lo tratado en ella, por lo que lo relatado por el testigo García Valladares está huérfano de corroboradores que lo confirmen, sin embargo, la mayoría del Tribunal le dispensa absoluta eficacia probatoria para establecer la presencia del imputado en la escena del crimen y consecuentemente su participación en la ejecución del hecho imputado, decisión que resulta infractora del derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA. QUINTO: Igualmente inciertos se muestran los resultados derivados de la prueba pericial de autopsias médico legales realizadas sobre los cadáveres de las señoras Tania Carolina Lau Cooper, Norma Suyapa Ramos y María Aída Hernández y las biológicas sobre elementos pilosos, pues ambos grupos de pruebas resultaron afectados por una recolección y manejos inadecuados de las evidencias, falencias que en el juicio oral y público fueron advertidas por la especialista y consultora técnica de la defensa pública doctora Lucy Eduviges Marrder Pineda quien, entre otras inconsistencias, señaló que, según las imágenes mostradas en el álbum fotográfico, el cadáver de la señora Tania Carolina Lao Cooper, al momento de su levantamiento, no estaba en su posición original, que dicho cuerpo inicialmente debió estar boca abajo, que ello evidencia una alteración de la escena del crimen y consecuentemente los elementos que se levantan en ella resultan afectados por la inseguridad de una posible contaminación; asimismo tal manipulación modifica las señales mostradas en el cuerpo como la rigidez y sus livideces, datos que son básicos para establecer referencias importantes como la data de muerte, igualmente se aprecia el manejo inadecuado de la evidencia cuando se afirma que al momento de la autopsia se encontró incrustado en el cuerpo de la señora Norma Suyapa Ramos un cuchillo, sin embargo, en la fotografía número 73 del álbum fotográfico que obra en el folio 153 del expediente de mérito, al momento del levantamiento cadavérico se observa el abdomen del cuerpo de la señora Norma Suyapa Ramos y no se muestra que tenga alguna arma incrustada, instrumento que sí se muestra en las fotografías tomadas posteriormente al momento de la autopsia; por otra parte en los protocolos de autopsias no aparece consignado el hallazgo de elementos pilosos en el cuerpo de la víctima, aun cuando los mismos han sido presentados como un elemento más de prueba, ello corrobora el incumplimiento de las normas previstas para el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, reglas que buscan garantizar la autenticidad a través de procedimientos transparentes y documentados a los que debe sujetarse todo indicio localizado en el sitio de un suceso criminal, pero que en el presente caso tales recaudos de autenticidad fueron inobservados, falencias que no deben traducirse en un perjuicio en contra del señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA. SEXTO: Las inconsistencias denunciadas en el presente recurso de casación son coincidentes con el fundado criterio de la Juez disidente, para quien las pruebas evacuadas en la causa no resultan suficientes para atribuirle responsabilidad al señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA por la muerte violenta de las señoras TANIA CAROLINA LAO COOPER, NORMA SUYAPA RAMOS MENDOZA Y MARÍA AÍDA HERNÁNDEZ, pues, para ella, con las imágenes contenidas en los álbumes fotográficos, resultó evidente que la escena del crimen estaba adulterada, no se utilizaron las barreras necesarias para evitar contaminación, también observó la manipulación del cuchillo que supuestamente estaba incrustado en el cuerpo de la señora Norma Suyapa Ramos Mendoza, pues una de las imágenes tomada al momento del levantamiento del cadáver no se le observa dicho instrumento, pero sí se muestra en otras posteriores tomada al momento de realizarle su autopsia, la Juez disidente luego de valorar toda la prueba logra inferir que este hecho violento, fue planificado y se realizó con tiempo, por otra parte si las occisas conocían al imputado y sabían de sus aviesas intenciones, no resulta lógico que ellas lo hayan dejado entrar a la casa, en cuanto al manejo de elementos pilosos, estos, según el criterio de la Juez disidente y que la defensa comparte, se prestan a confusión, porque existe una clara distinción entre el cabello y el vello, el primero es el que se encuentra exclusivamente en la cabeza y el segundo se ubica en el resto del cuerpo humano, en el presente caso el doctor Tulio Ávila consigna el envío de nueve sobres conteniendo vellos, en ninguna parte de la boleta ni de la cadena de custodia consigna que haya levantado cabellos del imputado, resultando dudosa la procedencia y los resultados derivados de las pruebas biológicas; por lo que de la totalidad de las pruebas de cargo y de descargo, considerando sus inconsistencias y contradicciones no resulta suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado y en consecuencia debe absolvérsele. SÉPTIMO: En las condiciones antes referidas la decisión de la mayoría del Tribunal de condenar al encartado quebranta los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso de los que goza el señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado, carece de un adecuado respaldo probatorio, por las circunstancias que la prueba testifical de cargo no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y la pericial está basada en una fuente evidentemente contaminada; por Io que otorgarles absoluto valor probatorio, como lo hizo la mayoría del Tribunal, representa un quebranto a la presunción de inocencia y al debido proceso al no haberse observado, en su evacuación, el cumplimiento exacto de los principios rectores de una moderna y transparente administración de justicia, permitir que una sentencia condenatoria se sustente en tan insegura prueba de cargo vuelve ilusorio el derecho a un juicio justo. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Conscientes estamos que al Tribunal de casación no le es permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar una nueva valoración probatoria se hacen evidentes los vicios denunciados, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la parte resolutiva del fallo impugnado y en su lugar el dictado directo de una sentencia absolutoria a favor del señor BRAYAN SAID SERVELLÓN MENDOZA, por el hecho real y evidente de una violación a los derechos de defensa y al debido proceso.” IV. FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentales (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia infringida: 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación a la presunción de inocencia y debido proceso Pretensión: que se declare la nulidad del fallo y en su lugar se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado. Explicó la recurrente que el vicio denunciado se produce porque la acreditación de los hechos ilícitos atribuidos al imputado no está sustentada en pruebas suficientes aptas para tenerlos como ciertos, ya que la prueba referida está afectada por una serie de inconsistencias y contradicciones que la vuelven extremadamente incierta y por tanto no apta para sustentar el fallo de condena. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal)[1]. El estado de inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese[2]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de Casación ante lo denunciado por la censora, ha procedido a realizar un análisis exhaustivo de la sentencia recurrida, específicamente para determinar si en efecto ha existido quebranto a las garantías de la presunción de inocencia o del debido proceso. De la revisión integra de la sentencia se puede confirmar que en todo momento el Juez A-quo respetó sus derechos y garantías al imputado. La defensa alega que no hay prueba suficiente que acredite los hechos imputados al señor Brayan Said Servellon Mendoza, apreciación errónea de la impetrante porque en el presente caso existió abundancia probatoria, tanto pericial como testifical; si bien es cierto, existen ciertas inconsistencias con algunos dictámenes periciales de autopsia, dichas fragilidades se dan en cuestiones periféricas que no inciden en el resultado a cual llegó el Juzgador para considerar como responsable de los hechos al ahora acusado Servellon Mendoza. Debido a la extensa cantidad de prueba evacuada, esta Sala de lo Penal se referirá a aquella que tiene el peso suficiente para determinar entre ellas y a través de su valoración conjunta y armónica, que el Tribunal Sentenciador en ningún momento vulneró el Estado de Inocencia del acusado y mucho menos el Debido Proceso. En el presente caso se presentó a declarar el señor Saúl Edgardo García Valladares, esposo de la occisa Tania Carolina Lau Cooper, quien afirmó de manera contundente que ese día de los hechos, a eso de las 10:56 de la mañana, su esposa lo llamó para decirle que Brayan Said había llegado a su casa, con quien días antes habían tenido una relación de trabajo pero por incumplimiento de sus labores fue despedido, el señor Saúl le advierte a su esposa que no lo deje entrar, pero ella le contesta que ya una de sus empleadas lo había dejado entrar a su casa, luego afirmó el testigo que su esposa le dijo que iba a bajar a ver qué pasaba y escucha cuando su esposa le dice al ahora acusado “Hola Brayan” luego se cortó la comunicación, aseguró el deponente que intentó hacer otras llamadas a su esposa pero nunca le contestó, que ese día había mucho tráfico y que tardó en llegar a su casa, al llegar un vecino le dijo que no entrara, pero junto con el guardaespaldas de otro vecino entró y encontró a su esposa muerta en un charco de sangre; luego llamó a la policía y ellos encontraron los cuerpos de sus empleadas Norma Suyapa Ramos y Maria Aida Hernández. Esta declaración es valorada de manera conjunta con la prueba pericial realizada por el señor Luis Domingo Serrano Torres, quien elaboró el dictamen de las matrices de los números de teléfono pertenecientes a la ofendida Tania Carolina Lau Cooper y al de su esposo y testigo de cargo Saúl Edgardo Garcia Valladares, quien confirmó parte de la declaración del testigo Saúl Edgardo pues en dicho reporte aparece que el teléfono de la ofendida y el de su esposo a la hora señalada se hicieron una llamada activa; es decir es cierto que el testigo y su occisa esposa entablaron una llamada de teléfono el día en que sucedieron los hechos y ubica en la escena del crimen al ahora acusado. Así mismo encontramos el dictamen de Serología y Genética realizado por la Perito Digna Margarita Pineda Rodriguez, quien realizó un análisis de elementos pilosos encontrados en la mano de la ofendida Tania Carolina Lau Cooper, resultando que dos de esos elementos pilosos corresponden a la víctima, pero uno de ellos posee características microscópicas similares con el ahora acusado, es decir concluye que entre la ofendida y el ahora acusado hubo contacto. Por último también se presentó a declarar Stephany Natali Pineda Pachecho agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, quien efectuó una serie de investigaciones para dar con el paradero del ahora imputado, siendo parte del equipo que hizo allanamientos y pesquisas en la casa del imputado y en la casa de su pareja sentimental; afirmó que se logró probar que el día de los hechos el ahora acusado solicitó una moto prestada al señor Daniel o David Avilés y éste le confirmó que él le había prestado la motocicleta a Brayan, situación que también confirmó la testigo de la defensa Rosa Lina López ex suegra del ahora acusado. Para esta Sala de lo Penal además de otras pruebas presentadas al juicio, como dictámenes periciales de autopsia, de psicología y psiquiatría practicadas al acusado, las pruebas arriba señaladas son contundentes para determinar la culpabilidad del acusado y si bien es cierto encontramos ciertas inconsistencias en algunas pruebas periciales, éstas no son de peso para desvirtuar la participación del acusado en los hechos sometidos a juicio, se cuenta con prueba indiciaria fuerte que llevó al Sentenciador a determinar la responsabilidad del Brayan Said Servellon, por ejemplo la declaración de esposo de la ofendida señor Saúl Edgardo Garcia Valladares y el dictamen de la matriz de los teléfono son pruebas indiciarias, pero que se refuerzan y cobran enorme valor probatorio con el dictamen de serología forense de los elementos pilosos encontrados en la mano de la ofendida, cuyo resultado arroja que uno contiene características similares al ahora acusado Brayan Said Servellon Mendoza, confirmando que entre ellos existió un acercamiento; ya todos sabemos el valor de la prueba científica en el derecho penal, pues por su tecnicismo y eficacia reviste de gran valor probatorio. Todas las pruebas fueron correctamente valoradas por el Juez A-quo, se respetaron en todo momento los derechos y garantías que gozan las personas sometidas a un proceso penal, por lo que este recurso de casación debe ser desestimado. V. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Elba Yolanda Varela Bustillo, en su condición de defensora Pública del señor Brayan Said Servellon Mendoza a quien se le condenó por el delito de Asesinato y Aborto en concurso ideal en perjuicio de Tania Carolina Lao Cooper y su feto de tres meses de gestación, también se le condeno por el delito de Asesinato en concurso real en perjuicio de Norma Suyapa Ramos y Maria Aida Hernández. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firma y Sello. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. maria del carmen godoy. Receptora adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día del mes de febrero del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-334-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Ver Sentencia Penal N° SP 175-2011, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintisiete de junio del dos mil trece.

[2] Ver Sentencia Penal N° SP 02-2009, dictada por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diez.