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Sentencia CP-333-16 — Registro 12214

Resumen

En primera instancia se condeno a los imputados por el delito de Usurpación. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de los recursos. LOS RECURSOS NO SON DE RECIBO. Es dable dar respuesta unitaria a ambos recursos por ser idénticos en su contenido. La defensa pública arguye la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, porque considera que a partir de los testimonios de los señores Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez, no puede concluirse de manera contundente que los acusados Reina Oviedo, Yesin Carolina Castilla Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía, Jorge Alberto Mejía Reyes, Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo y Consuelo Castro Flores; sean los autores responsables penalmente del delito de usurpación en perjuicio de Vicente Pavón Denica, pues no los identifican como aquellas personas que usurpaban el terreno propiedad del ofendido. Asimismo, establecen, que en el acta de inspección ocular ratificada en juicio por Agustín Almendarez, no se expresa ningún nombre de los responsables de dicha conducta ilícita y por ello lo procedente era dictar una sentencia absolutoria y no condenatoria como hizo el tribunal de sentencia. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal no coincide con los recurrentes al establecer que el sentenciador no tiene razón suficiente para concluir la responsabilidad penal de los acusados en el delito de usurpación, pues ha formado su convicción de culpabilidad a partir de la apreciación conjunta de todos los medios probatorios, tal como lo prescribe el artículo 202 del Código Procesal Penal. Los impugnantes mencionan y parecen exigir que los declarantes expresen de manera individual los nombres de cada uno de los acusados, lo cual resulta difícil porque según los propios relatos de los testigos se trataban de un grupo de campesinos de más de cuarenta personas. Sin embargo, el sentenciador en su valoración intelectiva y mediante el principio de la inmediación, expresó que el ofendido Vicente Pavón a pesar de referir que no los conocía, fue categórico en afirmar que los que se encontraban presentes en la sala de juicio eran los mismos que le habían invadido la propiedad. Por otra parte, el testigo Reynaldo Cantarero, también refirió que no sabía los nombres de ellos porque con quien hablaron en distintas ocasiones era con Miguel Castillo (quien pertenecía al grupo de campesinos), y que a los demás no los conoció porque se enojaban, pero también concluye en afirmar que ellos eran pertenecientes al grupo de campesinos Los Chaguites, los cuales reclamaban dicha tierra por herencia. En este mismo sentido, declaró la señora Kenia Lizzeth Ramírez Martínez, agente de la Dirección Policial de Investigación, quien manifestó que al llegar al lugar se encontraron un grupo de personas que se identificó como un grupo campesino llamado Los Chaguites y que estas personas eran agresivas. Se evacuó por exhibición el documento consistente en el Informe extendido por el Instituto Nacional Agrario (INA), de fecha 11 de abril de 2010, expediente 30717 a nombre del grupo campesino Brisas del Norte Los Chaguites, en el que se hacía constar que en el terreno pretendido por estos –y que invadieran posteriormente– ya existía un instrumento público número 13, inscrito con el número 85 Tomo 4394 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, afirmando que era de naturaleza jurídica privada a favor del señor Vicente Pavón. Este medio de prueba resultó para el tribunal de sentencia objetivamente confiable y le demostró que el grupo campesino llamado los Chaguites tenía conocimiento de la naturaleza ajena del bien inmueble que ocupaban con ánimo de dueño hasta el momento de celebrarse el debate. En este sentido, la Sala de lo Penal considera importante señalar que se entiende por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia de si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. (Ver al respecto el fallo de la Sala Penal de fecha 15 de abril del 2008, en el expediente 098-2007). En el caso presente, para el Tribunal de Sentencia ha resultado evidente el cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación por parte de los acusados, en principio porque realizando el principio de inmediación afirmó en su valoración que el señor Vicente Alejandro Pavón, indicó que los acusados se apoderaron de una fracción de terreno de su propiedad, declaración que fue corroborada con la demás prueba testifical y documental allegada a juicio. Asimismo, los acusados tenían conocimiento de manera previa acerca de la ajenidad del bien inmueble, pues mediante resolución del Instituto Nacional Agrario se había establecido que había sido otorgado mediante instrumento público número 13, inscrito con el número 85 Tomo 4394 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, afirmando que era de naturaleza jurídica privada a favor de Vicente Pavón. Por lo antes expuesto, se concluye por esta Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria respetuosa de las reglas de la sana crítica, pues ha formado su convicción de culpabilidad respetando el contenido de los elementos de prueba y alcanzando conclusiones concordantes a partir de ella. El motivo decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 333-2016, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo, Consuelo Castro Flores, Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes, como autores del delito de Usurpación, en perjuicio del señor Vicente Alejandro Pavón Denica a la pena de dos años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se ordenó el desalojo de los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo, Consuelo Castro Flores, Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes, de las manzanas de terreno que ocupan y donde han cercado y sembrado, terreno que pertenece a Vicente Alejandro Pavón Denica. Tercero: Se le declara la Responsabilidad Civil de los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo, Consuelo Castro Flores, Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procede la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Interpusieron el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público, y la Abogada Dinora Oneyda Posadas Aguilar, defensora pública. Son partes en única instancia: El Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público de los señores Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes; la Abogada Dinora Oneyda Posadas Aguilar, defensora pública de los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo y Consuelo Castro Flores, como partes recurrentes; el Abogado Gustavo A. Mejía Perla, fiscal en representación del Ministerio Público, y el Abogado Henry Yasir Palma Euceda, acusador privado, como partes recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: En fecha diez de febrero del año dos mil, mediante Instrumentos Público de Compra Venta número TREINTA Y UNO, otorgado ante los oficios del Notario Oscar Madrid Turcios, el señor VICENTE ALEJANDRO PAVÓN DENICA, adquirió por venta que le hiciera el Instituto Nacional Agrario, un lote de terreno ubicado en el lugar denominado CENIZERAS, ALDEA LAS CASITAS, jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, con una extensión superficial de CIENTO DIEZ Y OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y SEIS ÁREAS Y CINCUENTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y OCHO CENTIARIAS, equivalentes a ciento setenta manzanas más cuatro mil ochocientos treinta y nueve varas cuadradas, mismo que limita al norte con terreno privado Mantecal o Cáncamo; AL SUR: con grupo campesino Nueva Unión, Río Yure de por medio; AL ESTE, Grupo campesino Buena Esperanza y AL OESTE: con Lázaro Ramírez y Héctor Peraza el cual es de naturaleza jurídico nacional. SEGUNDO: Entre los meses de septiembre y noviembre del año dos mil diez, los señores JEREMÍAS CARRANZA RAMÍREZ, ALMA LETICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SELVIN HERNÁN HERNÁNDEZ OVIEDO, CONSUELO CASTRO FLORES, REINA OVIEDO, YESIN CAROLINA CASTILLO RAMÍREZ, PETRONILA RAMÍREZ GARCÍA, JOSÉ ELÍAS CASTILLO URQUÍA Y JORGE ALBERTO MEJÍA REYES, teniendo conocimiento por resolución que les diera el Instituto Nacional Agrario que la propiedad del señor Pavón Denica era de naturaleza jurídico privada y no sujeta a expropiación, ingresaron sin autorización a dicho inmueble se instalaron y procedieron a realizar siembras de distintos granos con ánimo de dueño hasta la fecha, impidiendo mediante intimidación al señor Pavón Denica en su condición de propietario a que ejerza su derecho como tal sobre el mismo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de los imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación.- En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser ésta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a Reina Oviedo, Yesin Carolina Castilla Ramírez, Petronila Ramírez Gracia, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autores por el delito de “Usurpación” por parte de mis defendidos, pues de análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos emitidos y declarados probados no se derivan de la prueba aportada. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en Juicio Oral y Público, específicamente la documental con la que únicamente consideramos haberse acreditado plenamente que el señor VICENTE ALEJANDRO PAVÓN DENICA posee un título de propiedad registrado bajo el No. 85 del Tomo 3496 del Registro de la Propiedad, lo cual no es desvirtuado por la defensa, pero si en cuanto a las personas que han usurpado la propiedad del mismo, ya que en ningún momento se individualizó a los acusados como las personas que estaban usurpando el bien inmueble. Que en estrados se recibió la declaración del testigo ofendido Vicente Alejandro Pavón Denica quien conocía a cabalidad que estaban usurpando su propiedad más sin embargo no logró establecer los nombres, no haciendo identificación ni reconocimiento, en vista que ni siquiera manejaba nombres de las personas que le estaban usurpando su propiedad; al igual que el señor Reynaldo Cantarero quien trabajó seis meses para el ofendido Pavón Denica, habiéndose tenido conocimiento por parte del señor Alejandro Pavón Denica que adquirió dicho terreno por compra al Instituto Nacional Agrario por la cantidad de veintiséis mil lempiras en el año 2000, con esta declaración el Ministerio Público aportó poco o nada para esclarecer los hechos; en referencia al testigo de cargo Reynaldo Cantarero Rivera quien para esta defensa mereció toda credibilidad, siendo contundente para todos porque manifestó que conocía perfectamente a las personas que estaban usurpando al señor PAVÓN DENICA y en su oportunidad la defensa en Juicio Oral le preguntó que a quienes podía reconocer y observando dicho señor manifestó que no conocía a nadie como las personas que estaban usurpando dicho terreno, siendo así consideramos que merece toda credibilidad en vista de ser un testigo del Ministerio Público y que sabía quienes estaban usurpando la propiedad del ofendido pero no reconoció a nadie en la sala de Juicio Oral, consideramos que el ente acusador ha hecho una acotación subjetiva en vista que dice que el señor CANTARERO no dijo la verdad por miedo, todos sabemos que la normativa establece la figura de protección visual que pudo haberse invocado por el ente acusador, por lo que dicha acotación es meramente subjetiva para que el tribunal considere que no dijo la verdad porque tenía miedo. Sumado a esto compareció a juicio el perito propuesto por el Ministerio Público quien ratificara el acta de inspección ocular, es decir el señor AGUSTÍN ALMENDAREZ quien manifestó que se personó a los terrenos, que camino por dos horas para llegar a la propiedad usurpada y que estando en el lugar estuvo media hora inspeccionando el lugar viendo las siembras y que pudo ver un grupo de personas que no identificó a sus representados como las que estaban reunidas en ese lugar; también que en su acta de inspecciones ocular plasmó los nombres de las personas reunidas, más sin embargo el Tribunal tuvo a la vista el acta observando que no contenía ningún nombre de las personas que usurpaban, en este caso de marras el de nuestros representados, donde dicha acta no contenía las identidades ni los nombres, aunado a esto como prueba documental el ente acusador presentó unas fotografías donde quedó establecido que en las mismas no se podían observar las personas de los imputados que se encontraban en la sala en Juicio Oral o que se señalara que personas podían identificarse en dichas fotografías. Por último se presentó una constancia de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, con la cual se acreditó que el señor VICENTE PAVÓN DENICA tenía al día sus impuestos cuestión que no fue discutida, por lo que con la prueba aportada se acreditó que nuestros defendidos donde residían y trabajaban era en el lugar denominado Los Chagüites y el terreno del señor DENICA era en casa Viejas sitios estos muy diferentes, que el ente acusador pretendió sorprender al Tribunal; asimismo como prueba de descargo se presentó documento privado con la que se acreditó que los terrenos donde residían sus representados eran distintos, por lo que consideramos que la prueba fue insuficiente para lograr enervar el estado de inocencia de mis representados. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos Reynaldo Cantarero, Agustín Almendarez como la del ofendido Vicente Alejandro Pavón Denica, esto nos deja preocupados y a la vez ser éste un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del Juicio Oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en unas declaraciones insuficientes, dudosas y confusas, y con la gran posibilidad que dichas declaraciones estén motivadas por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mis representados Reina Oviedo, Yesin Carolina Castilla Ramírez, Petronila Ramírez Gracia, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes para conocer con certeza si estas en realidad eran las personas que usurpaban el terreno propiedad del ofendido Vicente Alejandro Pavón Denica.- Por todo ello los testigos de cargo no fueron contundentes en sus relatos en vista que como se dijo ante no pudieron reconocer a ninguno de los imputados en la sala de Juicio Oral y Público o en las fotografías presentadas como prueba documental, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar por autores del delito de Usurpación a mis representados Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulneró al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mis representados supra indicados hayan Usurpado dicha propiedad y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración de los testigos Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez los cuales como se dijo antes no fueron contundentes en reconocer a nuestros representados como las personas que usurpaban la propiedad del ofendido, siendo la prueba de cargo insuficiente, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo y Jorge Alberto Mejía como autores directos porque ningún testigo de cargo los identificó en la sala de Juicio Oral. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” La recurrente, Abogada Dinora Oneyda Posadas Aguilar, defensora pública, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de los imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación.- En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser ésta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribó el tribunal de sentencia para condenar a JEREMÍAS CARRANZA RAMÍREZ, ALMA LETICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SELVIN HERNÁN HERNÁNDEZ OVIEDO Y CONSUELO CASTRO FLORES, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autores por el delito de “Usurpación” por parte de mis defendidos, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no se derivan de la prueba aportada. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en Juicio Oral y Público, específicamente la documental con la que únicamente consideramos haberse acreditado plenamente que el señor VICENTE ALEJANDRO PAVÓN DENICA posee un título de propiedad registrado bajo el No. 85 del Tomo 3496 del Registro de la Propiedad, lo cual no es desvirtuado por la defensa, pero si en cuanto a las personas que han usurpado la propiedad del mismo, ya que en ningún momento se individualizó a los acusados como las personas que estaban usurpando el bien inmueble. Que en estrados se recibió la declaración del testigo ofendido Vicente Alejandro Pavón Denica quien conocía a cabalidad que estaban usurpando su propiedad, sin embargo no logró establecer los nombres, no haciendo identificación ni reconocimiento, en vista que ni siquiera manejaba nombres de las personas que le estaban usurpando su propiedad; al igual que el señor Reynaldo Cantarero quien trabajó seis meses para el ofendido Pavón Denica, habiéndose tenido conocimiento por parte del señor Alejandro Pavón Denica que adquirió dicho terreno por compra al Instituto Nacional Agrario por la cantidad de veintiséis mil lempiras en el año 2000, con esta declaración el Ministerio Público aportó poco o nada para esclarecer los hechos; en referencia al testigo de cargo Reynaldo Cantarero Rivera quien para esta defensa mereció toda credibilidad, siendo contundente para todos porque manifestó que conocía perfectamente a las personas que estaban usurpando al señor PAVÓN DENICA en su oportunidad la defensa en Juicio Oral le preguntó que a quienes podía reconocer y observando dicho señor manifestó que no conocía a nadie como las personas que estaban usurpando dicho terreno, siendo así consideramos que merece toda credibilidad en vista de ser un testigo del Ministerio Público y que sabia quienes estaban usurpando la propiedad del ofendido pero no reconoció a nadie en la sala de Juicio Oral, consideramos que el ente acusador ha hecho una acotación subjetiva en vista que dice que el señor CANTARERO no dijo la verdad por miedo, todos sabemos que la normativa establece la figura de protección visual que pudo haberse invocado por el ente acusador, por lo que dicha acotación es meramente subjetiva para que el tribunal considere que no dijo la verdad porque tenía miedo. Sumado a ésto compareció a juicio el perito propuesto por el Ministerio Público quien ratificara el acta de inspección ocular, es decir el señor AGUSTÍN ALMENDAREZ quien manifestó que se personó a los terrenos, que caminó por dos horas para llegar a la propiedad usurpada y que estando en el lugar estuvo media hora inspeccionando el lugar viendo las siembras y que pudo ver un grupo de personas que no identificó a sus representados como las que estaban reunidas en ese lugar, también que en su acta de inspección ocular plasmó los nombres de las personas reunidas, sin embargo el Tribunal tuvo a la vista el acta observando que no contenía ningún nombre de las personas que usurpaban, en este caso de marras el de nuestros representados, donde dicha acta no contenía las identidades ni los nombres, aunado a ésto como prueba documental el ente acusador presentó unas fotografías donde quedó establecido que en las mismas no se podían observar las personas de los imputados que se encontraban en la sala en Juicio Oral o que se señalara que personas podían identificarse en dichas fotografías. Por último se presentó una constancia de la Municipalidad de Santa Crúz de Yojoa, con la cual se acreditó que el señor VICENTE PAVÓN DENICA tenía al día sus impuestos cuestión que no fue discutida, por lo que con la prueba aportada se acreditó que nuestros defendidos donde residían y trabajaban era en el lugar denominado Los Chagüites y el terreno del señor DENICA era en casa Viejas sitios estos muy diferentes, que el ente acusador pretendió sorprender al Tribunal; asimismo como prueba de descargo se presentó documento privado con la que se acreditó que los terrenos donde residían sus representados eran distintos, por lo que consideramos que la prueba fue insuficiente para lograr enervar el estado de inocencia de mis representados. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados nos sorprende el hecho que el Tribunal Sentenciador para emitir un fallo condenatorio haya tomado como sustento valorativo las declaraciones de los testigos Reynaldo Cantarero, Agustín Almendarez como la del ofendido Vicente Alejandro Pavón Denica, ésto nos deja preocupados y a la vez ser éste un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del Juicio Oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en unas declaraciones insuficientes, dudosas y confusas, y con la gran posibilidad que dichas declaraciones estén motivadas por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mis representados JEREMÍAS CARRANZA RAMÍREZ, ALMA LETICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SELVIN HERNÁN HERNÁNDEZ OVIEDO Y CONSUELO CASTRO FLORES, para conocer con certeza si éstas en realidad eran las personas que usurpaban el terreno propiedad del ofendido Vicente Alejandro Ramírez Denica.- Por todo ello los testigos de cargo no fueron contundentes en sus relatos en vista que como se dijo antes no pudieron reconocer a ninguno de los imputados en la sala de Juicio Oral y Público o en las fotografías presentadas como prueba documental, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba contundente como para condenar por autores del delito de Usurpación a mis representados JEREMÍAS CARRANZA RAMÍREZ, ALMA LETICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SELVIN HERNÁN HERNÁNDEZ OVIEDO Y CONSUELO CASTRO FLORES, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulneró al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mis representados supra indicados hayan Usurpado dicha propiedad y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración de los testigos Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez los cuales como se dijo antes no fueron contundentes en reconocer a nuestros representados como las personas que usurpaban la propiedad del ofendido, siendo la prueba de cargo insuficiente, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a JEREMÍAS CARRANZA RAMÍREZ, ALMA LETICIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SELVIN HERNÁN HERNÁNDEZ OVIEDO Y CONSUELO CASTRO FLORES, como autores directos porque ningún testigo de cargo los identificó en la sala de Juicio Oral. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: resolver conforme a derecho. Arguye la defensa pública que el sentenciador vulnera la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, cuando valora la prueba presentada a juicio, ya que la misma es insuficiente para enervar el estado de inocencia de los señores Reina Oviedo, Yesin Carolina Castilla Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes. Ello en virtud que la prueba sobre la cual fundamenta su autoría es a partir de los testimonios de Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez, los cuales no fueron contundentes en reconocer a los acusados como las personas que usurpaban la propiedad del ofendido. Asimismo, establece, que en el acta de inspección ocular ratificada en juicio por Agustín Almendarez, no contiene ningún nombre de las personas que usurpaban el terreno. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Abogada Dinora Oneyda Posadas Aguilar. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: el sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: resolver conforme a derecho. Arguye la defensa pública que el sentenciador vulnera la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, cuando valora la prueba presentada a juicio, ya que la misma es insuficiente para enervar el estado de inocencia de los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo y Consuelo Castro Flores. Ello en virtud que la prueba sobre la cual fundamenta su autoría es a partir de los testimonios de Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez, los cuales no fueron contundentes en reconocer a los acusados como las personas que usurpaban la propiedad del ofendido. Asimismo, establece, que en el acta de inspección ocular ratificada en juicio por Agustín Almendarez, no contiene ningún nombre de las personas que usurpaban el terreno. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; acontrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia de los recursos. Los recursos no son de recibo. Es dable dar respuesta unitaria a ambos recursos por ser idénticos en su contenido. La defensa pública arguye la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, porque considera que a partir de los testimonios de los señores Vicente Pavón Denica, Reynaldo Cantarero y Agustín Almendarez, no puede concluirse de manera contundente que los acusados Reina Oviedo, Yesin Carolina Castilla Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía, Jorge Alberto Mejía Reyes, Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo y Consuelo Castro Flores; sean los autores responsables penalmente del delito de usurpación en perjuicio de Vicente Pavón Denica, pues no los identifican como aquellas personas que usurpaban el terreno propiedad del ofendido. Asimismo, establecen, que en el acta de inspección ocular ratificada en juicio por Agustín Almendarez, no se expresa ningún nombre de los responsables de dicha conducta ilícita y por ello lo procedente era dictar una sentencia absolutoria y no condenatoria como hizo el tribunal de sentencia. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal no coincide con los recurrentes al establecer que el sentenciador no tiene razón suficiente para concluir la responsabilidad penal de los acusados en el delito de usurpación, pues ha formado su convicción de culpabilidad a partir de la apreciación conjunta de todos los medios probatorios, tal como lo prescribe el artículo 202 del Código Procesal Penal. Los impugnantes mencionan y parecen exigir que los declarantes expresen de manera individual los nombres de cada uno de los acusados, lo cual resulta difícil porque según los propios relatos de los testigos se trataban de un grupo de campesinos de más de cuarenta personas. Sin embargo, el sentenciador en su valoración intelectiva y mediante el principio de la inmediación, expresó que el ofendido Vicente Pavón a pesar de referir que no los conocía, fue categórico en afirmar que los que se encontraban presentes en la sala de juicio eran los mismos que le habían invadido la propiedad. Por otra parte, el testigo Reynaldo Cantarero, también refirió que no sabía los nombres de ellos porque con quien hablaron en distintas ocasiones era con Miguel Castillo (quien pertenecía al grupo de campesinos), y que a los demás no los conoció porque se enojaban, pero también concluye en afirmar que ellos eran pertenecientes al grupo de campesinos Los Chaguites, los cuales reclamaban dicha tierra por herencia. En este mismo sentido, declaró la señora Kenia Lizzeth Ramírez Martínez, agente de la Dirección Policial de Investigación, quien manifestó que al llegar al lugar se encontraron un grupo de personas que se identificó como un grupo campesino llamado Los Chaguites y que estas personas eran agresivas. Se evacuó por exhibición el documento consistente en el Informe extendido por el Instituto Nacional Agrario (INA), de fecha 11 de abril de 2010, expediente 30717 a nombre del grupo campesino Brisas del Norte Los Chaguites, en el que se hacía constar que en el terreno pretendido por estos –y que invadieran posteriormente– ya existía un instrumento público número 13, inscrito con el número 85 Tomo 4394 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, afirmando que era de naturaleza jurídica privada a favor del señor Vicente Pavón. Este medio de prueba resultó para el tribunal de sentencia objetivamente confiable y le demostró que el grupo campesino llamado los Chaguites tenía conocimiento de la naturaleza ajena del bien inmueble que ocupaban con ánimo de dueño hasta el momento de celebrarse el debate. En este sentido, la Sala de lo Penal considera importante señalar que se entiende por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia de si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. (Ver al respecto el fallo de la Sala Penal de fecha 15 de abril del 2008, en el expediente 098-2007). En el caso presente, para el Tribunal de Sentencia ha resultado evidente el cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de usurpación por parte de los acusados, en principio porque realizando el principio de inmediación afirmó en su valoración que el señor Vicente Alejandro Pavón, indicó que los acusados se apoderaron de una fracción de terreno de su propiedad, declaración que fue corroborada con la demás prueba testifical y documental allegada a juicio. Asimismo, los acusados tenían conocimiento de manera previa acerca de la ajenidad del bien inmueble, pues mediante resolución del Instituto Nacional Agrario se había establecido que había sido otorgado mediante instrumento público número 13, inscrito con el número 85 Tomo 4394 en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, afirmando que era de naturaleza jurídica privada a favor de Vicente Pavón. Por lo antes expuesto, se concluye por esta Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia ha realizado una valoración probatoria respetuosa de las reglas de la sana crítica, pues ha formado su convicción de culpabilidad respetando el contenido de los elementos de prueba y alcanzando conclusiones concordantes a partir de ella. El motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN. No Ha Lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por el Abogado Anival Eduardo Cerna Gaitán, defensor público de los señores Reina Oviedo, Yesin Carolina Castillo Ramírez, Petronila Ramírez García, José Elías Castillo Urquía y Jorge Alberto Mejía Reyes; 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por la Abogada Dinora Oneyda Posadas Aguilar, defensora pública de los señores Jeremías Carranza Ramírez, Alma Leticia Hernández Ramírez, Selvin Hernán Hernández Oviedo y Consuelo Castro Flores. 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de condena de fecha veintiuno de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-333-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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