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Sentencia CP-33-17 — Registro 11941

Resumen

En primera instancia se absuelve al menor infractor por la infracción penal de asociación ilicita, y se condena por la infracción penal de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Minsiterio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso No es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana critica debe es alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana critica que se considere violentada, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe de hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana critica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana critica; se insiste que el motivo de casación debe de concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. En el presente caso el Ministerio Público cuestiona la valoración de dos medios de prueba documental denominados Matrices de Asociación de la Pandilla 18, que fueron propuestos y admitidos en la audiencia de proposición celebrada el 16 de agosto de 2016 (f. 57), y que consistieron en dos hojas de papel blanco donde se aprecia un organigrama y una fotografía:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios de prueba fueron evacuados en la audiencia de debate celebrada en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (f. 79v) mediante la ratificación del documento por parte del testigo Manuel José Canales Bonilla, acreditándose la autoría los documentos. En la sentencia, emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis los documentos en cuestión fueron valorados descriptiva e intelectivamente. El Señor Juez sentenció que los medios de prueba no merecen valor; refirió que el primer documento contiene fotografías de personas, establecidas en forma organizacional, afirmándose que todas ellas pertenecen a la pandilla 18, sin que se llegase explicar como se llegó a esa conclusión, pues en el documento solo consta la leyenda “obtenido mediante fuente técnica”, no estableciendo cual es esa fuente, quien es el autor de dicha matriz, no explicando como se obtuvieron esas fotografías; Señala el Señor Juez que en el segundo documento se aprecia una fotografía donde se observan a tres personas portando armas de fuego y haciendo señas, sin que se estableciera el origen de la fotografía, tampoco el tiempo y/o el lugar en que fue tomada, tampoco se acreditó la identidad de las personas que aparecen en la imagen.- Respecto a la demás prueba presentada, haciendo una valoración conjunta, el Señor Juez señaló que los testigos ( Manuel José Canales Bonilla y Marco Tulio Barahona Suazo), vinculan al acusado por la forma de andar, caminar y vestir, lo que considera insuficiente para acreditar pertenencia al grupo delictivo, resintiendo la falta de actos de vigilancia por parte de los agentes de policía (testigos), para la obtención de elementos que pudiesen determinar que el menor era miembro de una pandilla; además el señor Juez indica en su sentencia que aun cuando se le incauto un aparato de telefonía móvil al menor, no se realizó vaciado de su contenido electrónico, ni se solicitaron “escuchas” a efecto de vincular al acusado con la agrupación delictiva, además que no fueron presentadas denuncias sobre hechos ocurridos en la Colonia El Prado (lugar en donde supuestamente operaba el menor infractor). Como ya se indicó el recurso de casación por quebrantamiento de forma denuncia violación a las reglas de la sana critica en la valoración de dos medios de prueba documentales (ya relacionados), por lo que el recurrente debía entonces determinar como el razonamiento judicial valorativo (que se comparte en el párrafo anterior) colisiona con el principio lógico de derivación, demostrando la impropiedad en la estructura lógica del discurso del sentenciador, empero no es este el camino desarrollado por el Ministerio Público, sino que procede a exponer consideraciones propias y personales de la prueba y las conclusiones que, según su criterio personal, debe de arribarse a partir de ésta. Se observa en el libelo del recurso argumentos de instancia, como la argumentación de que la FNA maneja matrices de miembros de pandillas o maras, de que las matrices presentadas a debate fueron producto de trabajos de investigación y consideraciones sobre la fuerza probatoria como “con la prueba evacuada se desprende…”, “siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó…”, etc. Como se pude ver el recurso tiene como objeto proponer una valoración positiva de los dos medios de prueba documental que según el Ministerio Público acreditan el delito de asociación ilícita y la responsabilidad del menor infractor en él, siendo la única forma de poder comprobarlo que la Sala de lo Penal lea/analice el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. En resumen: el Ministerio Público en su escrito de interposición del Recurso hace un recuento de la prueba reproducida en la audiencia de debate, luego de esto da a conocer como fue valorada por el a-quo, lo que sería un correcto inicio de exposición, pero a partir de aquí se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es ésta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello considera que la resolución debe de ser casada. Como se ha señalado, el Ministerio Público presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial a causa de su ilogicidad, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación.  Finalmente es importante registrar de nueva cuenta lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (Ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de Mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de Enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana critica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los tribunales de primera instancia (y en los procesos de flagrancia y procesos abreviados, de los tribunales de segunda instancia); el recurso no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyo su decisión y constatar si esta ofende a las reglas de la sana critica, de modo que el tribunal de casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su razón..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-033-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida mediante la cual Primero: Absolvió al niño D. M. M. C., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Condenó al niño D. M. M.C., por la infracción al tipo penal de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de internamiento, la que deberá cumplir en el Centro Pedagógico Renaciendo. Son Partes En Única Instancia: El abogado Salvador Cuestas, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente y el abogado Mario Reniery Amador, agente de la Defensa Pública, apoderado legal del infractor D. M. M. C., en su condición de recurrido. II. Hechos Probados De La Instancia Primero: El día domingo 17 de abril del año 2016, aproximadamente a la cinco de la tarde en atención a denuncias telefónicas anónimas, miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, salen a un patrullaje, en la colonia el sector La Prado, de la ciudad de la Ceiba, Atlántida, cuando en la calle principal ven a tres personas a quienes solicitaron realizarles el registro, los cuales intentaron darse a la fuga, procediendo los agentes a su inmediata persecución y captura, personas entre las que estaba el niño D. M. M. C. el cual al momento de su detención se le encontró y decomiso un arma de fuego un arma de fuego tipo pistola marca STAR, modelo firestar plus, calibre 9mm x 19, número de serie 2160338, la cual portaba en la cintura al lado derecho y un celular marca Alcatel color negro. III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de D. M. M. C., lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha Veintinueve (29) de Septiembre del Dos Mil Dieciséis (2016), respecto al Niño D. M. M. C., lo hizo vulnerando la Regla Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica, valga la redundancia de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Tribunal asevera en el apartado de valoración de la prueba, que no le da valor probatorio a las dos Matrices de la Pandilla 18, que fueron evacuadas en Juicio, ya que las mismas sólo contienen fotografías de personas, establecidas en forma organizacional, donde se afirma que pertenecen a la Pandilla 18, no pudiendo explicar por qué se llega a esa conclusión, simplemente escribiendo “obtenido mediante fuente técnica”, no estableciendo cual es esa fuente, quien es el autor de dicha matriz, ni explicando de donde obtuvieron dichas fotos, entre ellas donde se ven tres personas portando armas de fuego, realizando señales alusivas a las pandillas, que tampoco se le puede dar valor probatorio, ya que no se estableció la procedencia de la misma, ni fijar el lugar donde se tomó, tampoco se acreditó la identidad de los fotografiados, por lo que no es útil para determinar la participación del niño en la comisión de la infracción de Asociación Ilícita, siendo que ésta requiere que las personas se asocien con el propósito de permanente de ejecutar un acto constitutivo de delito y los testigos asocian al menor por la forma de andar, caminar o vestir y esto no hace prueba para determinar si el niño está asociado con otros para delinquir y no se realizaron las diligencias respectivas que lo vinculasen con la Pandilla 18. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al niño D. M. M. C. es porque considera que el material probatorio con el cual se pretendió establecer los hechos es insuficiente para comprobar los cargos formulados por el Ministerio Público, por el delito de Asociación Ilícita. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que con la prueba desfilada en juicio no se pudo establecer los hechos atribuidos al infractor”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica; mandamiento que es ratificado por la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia al establecer que: “….la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Para poder apreciar la valoración por parte del tribunal sentenciador, debemos indicar que durante la audiencia de debate se presentó como prueba de cargo, la siguiente: Prueba Testifical. 1. Declaración de Manuel Jose Canales Bonilla Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien manifestó que el día de los hechos, el diecisiete de abril del año dos mil dieciséis conformaron un equipo de trabajo para salir a realizar un operativo en diferente sectores de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida y entre esos lugares estaba la Colonia La Prado, porque de ese sector habían estado recibiendo denuncias y números telefónicos de personas, que les manifestaban que en ese lugar habían unos jóvenes que molestaban, porque a veces asaltaban a las personas que se conducían por ahí; también que a veces solicitaban dinero extorsionándolos, andaban armados a ves y hasta droga vendían, por lo que se trasladaron al sector como a las cinco de la tarde y cuando iban llegando observaron a tres personas sospechosas que iban por la calle y en el momento que ellos se bajan para identificarse y practicarles un registro, los sospechosos salen corriendo, por lo que ellos deciden darles persecución y en el momento de requerirlos, sus compañeros detuvieron a dos y él detuvo al menor D. M. M. C., a quien en el momento de practicarle el registro personal le encontró un arma de fuego y un celular, también a las otras dos personas se les encontró armas de fuego y celulares y en el momento requerir a Miguel le preguntó si andaba documentos del arma y le respondió que no, por lo que procedió a detenerlo que el niño les manifestó que ese sector lo manejaba la mara 18 y que se realizaron diligencias posteriores a la detención de éste, siempre que con ayuda de las personas que les brindaban información y también con algunas fotos donde salen rifando a la mara 18, que recibieron información de que los tres detenidos lideraban la mara, que no sabe exclusivamente que hacía D., pero que entre menos personas había, tenían más altura y también por la forma de ser y andar se determinó también su relación con el grupo, que fue él quien hizo la Matriz de relación y anteriormente se había hecho la Matriz donde el infractor sale con otras personas rifándose la mara el testigo ratificó las actas de realizó y las Matrices de relación del Niño con el grupo ilícito.(Lo resaltado es nuestro). 2. Declaración de Marco Tulio Barahona Suazo Agente de la Fuerza Nacional Antiextorsión; quien ratificó lo expuesto por el testigo anterior respecto a la detención del niño D. M. M. C. y el operativo donde se practicó esa diligencia, indicando que habían recibido denuncias de varias personas que les indicaban que los detenidos, entre ellos D. M., robaban y extorsionaban en el sector de la Colonia La Prado de la ciudad de La Ceiba, Atlántida y en el momento de llegar al lugar eran tres personas, quienes se dieron a la fuga, por lo que les dieron persecución y procedieron a registrarles previa identificación como policías, encontrándole al menor un arma de fuego y un teléfono, cuyo registro y decomiso fue realizado por su compañero Manuel Canales Bonilla indicando que vinculan al menor con la mara 18, ya que ellos manejan una Matriz de Inteligencia sobre las maras y pandillas y que el menor pertenecía a la mara 18, porque aparecía en dicha Matriz, que en una de las matrices evacuadas en juicio aparece él haciendo signos de la mara 18 además de la vestimenta y la información que les habían proporcionado y tenían cuatro años de ser investigados.(Lo resaltado es nuestro). Prueba Pericial. Dictamen de Laboratorio Balístico, realizado por el Perito Luis Fernando Márquez, del arma de fuego tipo pistola, marca Star, modelo Firestar Plus, calibre 9mm X19, la que al ser analizada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Prueba Documental. 1.- Certificación de Acta de Nacimiento del niño D. M. M. C., con la cual se acreditó su minoría de edad. 2.- Acta de Registro Personal al niño D. M. M. C. del arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca desconocida, serie 2160338, color plateado y negro y su cargador con diez proyectiles, la cual le fue encontrada en la cintura de su pantalón y un teléfono celular marca Alcatel color negro en la bolsa derecha del mismo. 3.- Actas de decomiso del arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm, marca desconocida, serie 2160338, color plateado y negro y su cargador con diez proyectiles y un teléfono celular marca Alcatel color negro, al niño infractor. 4.- Acta de Lectura de Derechos. 5.- Acta de Diligencia Policial. 6.- Matriz de relación número 1 en la cual se lee Estructura de la Pandilla 18 en La ceiba, identificado mediante fuente técnica; con fotografías de distintas personas, entre ellas al menor D. M. M. C.. 7.- Matriz de relación número 2, donde se ven las mismas fotografías y en la parte inferior una fotografía de tres personas portando armas de fuego y realizando señales alusivas a las pandillas. El Tribunal resta valía probatoria a las matrices de relación del niño D. M. M. C. con la mara 18, indicando que no se acreditaron las fuentes para establecer tal vinculación , aun cuando comparecieron a declarar los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión que participaron en el operativo donde se le dio detención al menor y manifestasen que la Unidad a la que representan maneja una Matriz de Información de Maras y Pandillas que operan en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, la cual fue evacuada en Debate y en la misma aparece el menor acusado, es preciso señalar que el agente Manuel José Canales Bonilla, quien elaboró las matrices supra referidas expresó al respecto que la vinculación del menor en dichas matrices es debido a un trabajo investigativo, información proporcionada por la personas afectadas en el sector, cuya fuente técnica no puede ser revelada por razones de seguridad de los informantes y afectados, quienes temen revelar su identidad y lo que hacen es brindar a veces de forma anónima la información y los agentes que practican éste tipo de diligencias saben cómo canalizar y corroborar dicha información, la que no se limita solamente a los ademanes o forma de ser del niño infractor en el caso supra referido, sino a que efectivamente éste y las personas que fueron detenidas con él dijo el agente Canales Bonilla lideraban el sector de la Colonia La Prado, donde robaban, extorsionaban, vendían drogas y andaban armados, tal como se acreditó el día de los hechos, donde se le decomisó un arma de fuego al menor por no portar la documentación correspondiente y por la cual fue condenado por la infracción penal de Portación Ilegal de Armas y en ese momento también le fueron decomisadas armas de fuego a las dos personas que acompañaban a D. M. M., aunado a ello tanto el agente Canales Bonilla como Marco tulio Barahona Suazo fueron contestes en señalar que en el! momento que entran al sector y al percatarse de la presencia policial estos individuos se dieron a la fuga, por lo que ellos deciden darles persecución y al ser requeridos y practicárseles el registro personal de rutina se le encuentran las armas, ahora bien, además de la información que los agentes habían recibido, nos preguntamos por qué tres personas juntas andan armadas, no es precisamente para realizar una buena acción sino, al contrario para la ejecución de actos ilícitos. Por otra parte en el momento que se practica la detención del menor y sus acompañantes, señala el agente Canales Bonilla, que D. les dijo que ese sector era manejado por la mara 18 y en una de las matrices evacuadas en Juicio aparecen fotografías donde él sale con otras personas rifándose la mara y aún cuando en dichas fotografías no aparezcan imágenes de ellos realizando actos ilícitos, lo cual resulta difícil porque dichos actos no se cometen con exposición al público, salvo raras excepciones se podría contar con una imagen de esa naturaleza, sin embargo, como ya lo indicamos, se estableció por los agentes que la vinculación del menor en la mara 18, en el sector supra señalado era producto de una investigación que se hizo previo y posterior a la detención del menor, por ende la información contenida en las dos matrices que fueron evacuadas como medios de prueba, es fehaciente, es decir no se puede dudar que es un trabajo profesional de la Fuerza Nacional Antiextorsión como unidad especializada que por la naturaleza en que ocurren las extorsiones debe conocer, es decir, debido a que los sujetos que las realizan son miembros de maras y pandillas y no se acreditó en descargo que los agentes tuviesen un motivo para desacreditar al niño encausado, asimismo esas matrices relacionadas a la forma en que ocurrieron los hechos, como antes lo mencionamos y por los cuales el menor fue condenado por la comisión de otra infracción, de igual forma sus acompañantes, por lo que no queda lugar a dudas de que si se había asociado a las personas con las cuales se le detuvo para la ejecución de actos ilícitos, independientemente del tiempo de permanencia en la mara 18, que de acuerdo a los agentes tenían cuatro años ya de ser investigados, ya que lo que concierne es la asociación para comisión de actos contrarios a la Ley. Respecto a los presupuestos del tipo penal de Asociación Ilícita, la Honorable Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia SP-449-2011, de fecha 10 de Enero del año 2011, se pronunció en los siguientes términos: “…..por lo que corresponde su análisis: A) Naturaleza: El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos, si bien, el tipo penal califica como asociaciones ilícitas a las maras o pandillas, su aplicación no es exclusiva a dichos grupos, ya que por configuración puede ser base para declarar ilícito cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. B) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, P. y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional; C) Elementos Objetivos del Tipo: 1)Sujetos Activos: El tipo penal no señala cuantas personas deberán de estar integradas en la asociación, por lo que siguiendo el artículo 2.a de la Convención de Palermo y conforme la Sentencia de fecha 22, de enero del 2007, en Exp 2325-2004, dictada por esta Sala de lo Penal, deberá de entenderse que como mínimo tres personas. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El Sujeto activo no necesariamente tendrá conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer en donde solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membrecía. La membrecía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerara parte de la asociación ilícita, por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente, con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizado o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos; 2) Conducta Criminosa: Teniendo como verbo rector el “asociarse”, el acto penalmente relevante lo constituirá cuando el grupo de personas concierte la ejecución de actos delictivos. Implica entonces, que el grupo parte del acuerdo de voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, por cuanto no es necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo este conformado como tal. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. No constituye asociación ilícita el grupo de persona que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos constitutivos de delitos; 3)Requisito de Tiempo: El tipo penal exige que el grupo sea permanente, es decir, que no sea una reunión accidental de personas para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique que a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Exp 058-2006 y Sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006); 4)Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos, 5)Sujeto Pasivo: El Sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir, a todos los que conforman la sociedad hondureña. D)Elementos Subjetivos del Tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, la cual es la de cometer delitos de manera permanente (Al respecto ver Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005, en el Exp 058-2006). E) Grados de Participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de c-autor, ya sea como jefe o cabecillas, y miembros del grupo: Son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo con concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia. Ahora bien, si se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (Ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), más no como cómplice del delito de asociación ilícita. F) Punibilidad: La pena abstracta a imponer a los miembros de grupos delictivos será de 13 años con 04 meses a 20 años de reclusión. El tipo penal no señala pena de multa para este tipo de participante. La pena abstracta a imponer a los jefes o cabecillas de los grupos delictivos será de 20 a 30 años de reclusión y multa de L. 100,000.00 a L.300,000.00 lempiras.-...” Finalmente, el A quo, al haber concluido que por la matrices de relación con la mara 18, no puede establecerse la responsabilidad del menor por la acción delictiva que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el Niño D. M. M. C., había sido investigado previamente a su detención, por portar un arma de fuego de forma ilegal con dos personas más y con las cuales se asociaba para la ejecución de actos ilícitos como miembros de la mara 18, en el sector de la Colonia La Prado de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida; siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó, que el menor ha tenido participación en la infracción de Asociación Ilícita, establecido en el artículo 332 y 32 del Código Penal; por tanto tal y como lo hemos venido señalando, si el juzgador hubiese valorado la prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 202 del CPP el fallo ahora cuestionado, sería totalmente contrario, siendo indiscutible el quebranto a la regla de derivación en su apartado de suficiencia. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí y el resto de la prueba, particularmente con las matrices de relación del menor con la mara 18; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia. IV. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo Único *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Motivo: Valoración de la prueba inobservando las reglas de la sana critica; *Concepto de la Infracción: Vulneración de la regla lógica, en su apartado de razón suficiente; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en el acto de la sentencia; y *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Ministerio Público afirma que el Juzgado de Letras ha infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, por haber vulnerado la regla lógica en su apartado de razón suficiente. Explica que en la audiencia de debate fueron presentada dos Matrices de la Pandilla 18, para acreditar la pertenencia del menor acusado al grupo ilícito, a los que el juez sentenciador no dio valor alguno, por no haberse acreditado la fuente de la vinculación sin considerar que las matrices fueron ratificadas por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), cuya unidad maneja las matrices de las maras y pandillas que operan en la Ciudad de La Ceiba y en la cual aparece el menor infractor; matrices que son elaboradas mediante trabajo investigativo, información proporcionada por personas afectadas y cuya fuente técnica es reservada por seguridad. Afirma el Ministerio Púbico que la vinculación del menor infractor con la pandilla es producto de investigaciones previas y posteriores a su detención, por lo que la información contenida en las matrices es fehaciente. Concluye el recurrente que de la prueba evacuada se desprende que el menor procesado es responsable del delito, siendo la decisión absolutoria violatoria al principio lógico de derivación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre/mujer común posee y por ende el Juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación válida cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe de entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los/as jueces/zas y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana critica debe es alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana critica que se considere violentada, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe de hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana critica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; Tarea que no termina allí pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana critica; se insiste que el motivo de casación debe de concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. En el presente caso el Ministerio Público cuestiona la valoración de dos medios de prueba documental denominados Matrices de Asociación de la Pandilla 18, que fueron propuestos y admitidos en la audiencia de proposición celebrada el 16 de agosto de 2016 (f. 57), y que consistieron en dos hojas de papel blanco donde se aprecia un organigrama y una fotografía:

Los medios de prueba fueron evacuados en la audiencia de debate celebrada en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (f. 79v) mediante la ratificación del documento por parte del testigo Manuel José Canales Bonilla, acreditándose la autoría los documentos. En la sentencia, emitida en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis los documentos en cuestión fueron valorados descriptiva e intelectivamente. El Señor Juez sentenció que los medios de prueba no merecen valor; refirió que el primer documento contiene fotografías de personas, establecidas en forma organizacional, afirmándose que todas ellas pertenecen a la pandilla 18, sin que se llegase explicar como se llegó a esa conclusión, pues en el documento solo consta la leyenda “obtenido mediante fuente técnica”, no estableciendo cual es esa fuente, quien es el autor de dicha matriz, no explicando como se obtuvieron esas fotografías; Señala el Señor Juez que en el segundo documento se aprecia una fotografía donde se observan a tres personas portando armas de fuego y haciendo señas, sin que se estableciera el origen de la fotografía, tampoco el tiempo y/o el lugar en que fue tomada, tampoco se acreditó la identidad de las personas que aparecen en la imagen.- Respecto a la demás prueba presentada, haciendo una valoración conjunta, el Señor Juez señaló que los testigos ( Manuel José Canales Bonilla y Marco Tulio Barahona Suazo), vinculan al acusado por la forma de andar, caminar y vestir, lo que considera insuficiente para acreditar pertenencia al grupo delictivo, resintiendo la falta de actos de vigilancia por parte de los agentes de policía (testigos), para la obtención de elementos que pudiesen determinar que el menor era miembro de una pandilla; además el señor Juez indica en su sentencia que aun cuando se le incauto un aparato de telefonía móvil al menor, no se realizó vaciado de su contenido electrónico, ni se solicitaron “escuchas” a efecto de vincular al acusado con la agrupación delictiva, además que no fueron presentadas denuncias sobre hechos ocurridos en la Colonia El Prado (lugar en donde supuestamente operaba el menor infractor). Como ya se indicó el recurso de casación por quebrantamiento de forma denuncia violación a las reglas de la sana critica en la valoración de dos medios de prueba documentales (ya relacionados), por lo que el recurrente debía entonces determinar como el razonamiento judicial valorativo (que se comparte en el párrafo anterior) colisiona con el principio lógico de derivación, demostrando la impropiedad en la estructura lógica del discurso del sentenciador, empero no es este el camino desarrollado por el Ministerio Público, sino que procede a exponer consideraciones propias y personales de la prueba y las conclusiones que, según su criterio personal, debe de arribarse a partir de ésta. Se observa en el libelo del recurso argumentos de instancia, como la argumentación de que la FNA maneja matrices de miembros de pandillas o maras, de que las matrices presentadas a debate fueron producto de trabajos de investigación y consideraciones sobre la fuerza probatoria como “con la prueba evacuada se desprende…”, “siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó…”, etc. Como se pude ver el recurso tiene como objeto proponer una valoración positiva de los dos medios de prueba documental que según el Ministerio Público acreditan el delito de asociación ilícita y la responsabilidad del menor infractor en él, siendo la única forma de poder comprobarlo que la Sala de lo Penal lea/analice el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el Ministerio Público acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. En resumen: el Ministerio Público en su escrito de interposición del Recurso hace un recuento de la prueba reproducida en la audiencia de debate, luego de esto da a conocer como fue valorada por el a-quo, lo que sería un correcto inicio de exposición, pero a partir de aquí se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es ésta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello considera que la resolución debe de ser casada. Como se ha señalado, el Ministerio Público presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial a causa de su ilogicidad, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. Finalmente es importante registrar de nueva cuenta lo ya plasmado en numerosas sentencias de esta Sala de lo Penal (Ver sentencias de fecha 18 de septiembre de 2018 en Exp 429-2014, de fechas 07 de Mayo de 2018 en expedientes 305-2014, 315-2014 y 320-2014, de fecha 29 de marzo de 2017 en Exp 433-2013, de fecha 27 de Enero de 2017 en Exp 151-2013, entre otras), que el Recurso de Casación es una instancia donde se ejerce control de legalidad, y específicamente tratándose del recurso de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica, el deber de éste Ad-Quem es auditar que el proceso de razonamiento no riña con las reglas de la sana critica, con independencia de la justicia del contenido de la valoración, lo cual es exclusivo de los tribunales de primera instancia (y en los procesos de flagrancia y procesos abreviados, de los tribunales de segunda instancia); el recurso no tiene por objeto revalorar la prueba, sino hacer un análisis de aquella valoración hecha por los juzgadores en la que apoyo su decisión y constatar si esta ofende a las reglas de la sana critica, de modo que el tribunal de casación se limita a realizar revisión sobre la propiedad del razonamiento y no sobre su razón. Decisión Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público. V. Por Tanto

La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de Septiembre de dos mil dieciséis (f. 109), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-33-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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