Sentencia CP-329-16 — Registro 12213
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos consumados de parricidio y hurto de vehículo automotor. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente no solo a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. Sumado a lo anterior, el impetrante debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso bajo examen, nada de lo anterior es cumplido por el recurrente, pues en un lacónico planteamiento, solo se limita a señalar que fue violentado el artículo 90 de la Constitución de la República porque no le fue notificado personalmente al acusado por parte del Tribunal de Sentencia, las resultas de un amparo que fue resuelto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin explicar cuáles fueron las consecuencias concretas del vicio denunciado y tampoco explica y comprueba como repercutió ese vicio en la sentencia ahora impugnada. Entiende la Sala de lo Penal que, en todo caso, la denuncia constituye una mera irregularidad procesal sin la relevancia constitucional que se le pretende atribuir. El mencionar alegatos abstractos de que al acusado se le puso en riesgo su derecho de defensa material, no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto desestimarse el recurso por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa privada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP 329-2016 por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, mediante la cual falló: Primero: Condena al acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, como autor penalmente responsable de los delitos consumados de parricidio en perjuicio de Juan de Dios Sáenz Rosales, a la pena de cuarenta años de reclusión, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Segundo: Condena al acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, como autor penalmente responsable del delito consumado de Hurto de Vehículo Automotor, en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), a la pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Tercero: Condena al acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, como autor penalmente responsable de un delito consumado de hurto de arma de uso comercial en perjuicio de Víctor Manuel Carías Medina, a la pena de dos años de reclusión, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Cuarto: Condena al acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, como autor responsable penalmente de un delito consumado de posesión y transporte de arma de fuego de uso comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Quinto: Se declara al condenado civilmente responsable del importe de reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los cuales es condenado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de defensor privado de Johan Fernando Sáenz Pavón. Son partes en única instancia: los Abogados Marlon Dennis Alférez Leiva y Gerardo Abel Neal Barahona, como recurrentes; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, fiscal del Ministerio Público, como recurrida; y el Abogado Denie Estuardo Lorenzana, acusador privado, también como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Este Tribunal de Sentencia declara y estima los hechos probados siguientes: PRIMERO: En horas de la mañana del día martes veintiuno (21) de agosto del año dos mil doce (2012), el señor JUAN DE DIOS SAENZ ROSALES, salió de su casa de habitación ubicada en la Colonia la Granja de esta ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en busca de la señora DORIS ISABEL HERNÁNDEZ, para que ésta le realizará el aseo de su ropa; una vez que venía de regreso se detuvo frente al Supermercado Gualiqueme en el establecimiento de lavado de vehículos en donde contrató al señor JOSÉ JACINTO VALLADARES FIGUEROA, para que le fuera a lavar el vehículo en que se conducía propiedad del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), solicitándole además que llevará un machete ya que iba a aprovechar la estadía en casa de su hijo JOHANS FERNANDO SÁENZ PAVÓN, para que chapeara los alrededores de la vivienda. SEGUNDO: A eso de las diez de la mañana (10:00) de ese mismo día, el señor JUAN DE DIOS SAENZ ROSALES, inició preparativos para cocinar el almuerzo, invitando al señor JOSÉ JACINTO VALLADARES FIGUEROA, a quedarse a almorzar con ellos, ya que había finalizado su trabajo de limpieza del vehículo, al igual que a la señora DORIS ISABEL HERNÁNDEZ. Finalizado el almuerzo el señor Saenz Rosales, les canceló a las dos personas contratadas por sus servicios prestados, quedando únicamente en compañía de su hijo JOHANS FERNANDO SAENZ PAVÓN, quien estaba de visita en su casa procedente de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, lugar donde reside habitualmente con su Madre Merary Emir Pavón Rivera. TERCERO: En horas de la noche de ese mismo día veintiuno (21) de Agosto, la señora Martha Sáenz Rosales, trató de comunicarse vía teléfono celular con su hermano Juan de Dios Sáenz Rosales, siendo imposible ya que éste no contestó su teléfono celular, y como tenía conocimiento que estaba en compañía de su hijo y sobrino respectivamente, procedió a llamar vía teléfono celular a su sobrino JOHANS FERNANDO SÁENZ PAVÓN, para consultarle sobre su padre, a lo que él respondió que él estaba en la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, desde el día lunes y que su Padre había quedado en su casa, situación que le pareció extraña a la señora Martha Sáenz Rosales, por lo que llamó de nuevo a su sobrino entrando en contradicción al manifestarle que se había ido a la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, desde el día martes. CUARTO: En horas de la mañana del día miércoles veintidós (22) de agosto del año dos mil doce (2012), y en vista que el señor JUAN DE DIOS SÁENZ ROSALES, no contestó su teléfono celular, la señora MARTHA SÁENZ ROSALES, en compañía de su hermano LUIS ALEJANDRO SÁENZ ROSALES, se trasladó a la casa de habitación de su hermano JUAN DE DIOS SÁENZ ROSALES, ubicada en la colonia La Granja de esta Ciudad de Juticalpa, ingresando a la misma con la copia de las llaves que su hermano le había confiado, no encontrando ni a su hermano ni el vehículo asignado por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (SITRAUNAH); una vez que deciden salir de la vivienda se percataron que en el pozo de agua potable el cual permanecía tapado con una plancha de cemento estaba removida la arena, quitando la tapadera el señor LUIS ALEJANDRO SÁENZ ROSALES, observando que las paredes del mismo tenía manchas de aparente sangre por lo que llamaron a las autoridades respectivas, sacando posteriormente del pozo el cuerpo sin vida del señor JUAN DE DIOS SÁENZ ROSALES. QUINTO: El señor JOHANS FERNANDO SÁENZ PAVÓN, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, cuando se conducía en el vehículo propiedad del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), encontrándole también en posesión del arma de fuego propiedad del señor VÍCTOR MANUEL CARÍAS MEDINA, por lo que fue puesto a la orden de los Tribunales competentes para su enjuiciamiento.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Darwin Lindolfo García, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO. Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 23 N.º 2) del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE. El Artículo 360 del Código Procesal Penal es el que nos permite poder alegar el presente Motivo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo que se considera Infringido es el Artículo 23, en su numeral 2) del Código Penal que en su parte conducente dice: “2. Quien en el momento de la acción o de la omisión padezca de Psicosis, de retardo mental severo o de Psicosis Transitoria y carezca por ello de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión…” En el caso de Autos, en el Transcurso del Juicio Oral Y Publico, Nosotros, la defensa, alegamos que al momento del desarrollo de los hechos de la presente causa nuestro representado padecía de lo que la doctrina denomina como un trastorno mental transitorio; que nuestro Código Penal lo concibe como una Psicosis Transitoria, en el artículo que hemos referido como infringido. La Psicosis es una enfermedad o desorden mental que según el Libro “PSICO PATOLOGÍA.- Psicología Anormal: El Problema de la Conducta Inadaptada” escrito por IRWIN Y BARABARA SARASON, editado por Pearson/Prentice Hall, Undécima Edición, publicada en 2006, primero en su página 373; se manifiesta por los siguientes síntomas o manifestaciones: “Las personas en estado Psicótico tienen dificultad para pensar de forma racional y organizada, un trastorno Psicótico se define por alteraciones de la percepción, el pensamiento o la conciencia, alteraciones que son denominadas alucinaciones o delirios. Alguien que hace inferencias incorrectas acerca de la realidad con base en estas alteraciones, y cree que son reales, padece un trastorno Psicótico. Además, los síntomas de los trastornos Psicóticos, pueden incluir conductas y lenguaje desorganizados. Los síntomas Psicóticos muchas veces producen lo que antiguamente se denominaban locura o demencia. … No todas las alucinaciones y delirios indican un trastorno Psicológico, algunas veces provienen de causas temporales”, también citamos a un autor reconocido en materia de Psiquiatría Forense como, fue uno de los propulsores de esta Subespecialidad de la Psiquiatría y es uno entre otros Psiquiatras que sentaron las Bases de la Psiquiatría Forense, con sus estudios, que en el caso del autor logró realizar a lo largo de los años 50’s y 60’s del siglo pasado, y que compilo sus experiencias en el libro que traeremos a colación, a inicios de los 70’s, hablamos del Dr. ALBRECHT LANGELUDDEKE, que en su obra “PSIQUITRIA FORENSE”, tercera Edición salida en 1972, de la Editorial ESPASA-CALPE, S.A.; nos señala estos conceptos: En el Capítulo “Imputabilidad de los Anormales”, primeramente en sus páginas 50 y 51 dice “… es preciso en primer término que se den determinados estados biológicos, como son la perturbación de la conciencia, la perturbación patológica de la actividad mental o la debilidad mental. A continuación, es necesario seguir indagando si por alguno de estos estados se cumplen determinadas condiciones Psicológicas. Solo entonces cabra considerar la imputabilidad como inexistente o como considerablemente disminuida… Todo dictamen que se pronuncie sobre la imputabilidad deberá, en vista de ello contestar a varias preguntas. Le repito aquí concisamente: En primer término, hay que dictaminar el estado actual del enfermo y a continuación su estado mental en el momento del acto. Ulteriormente hay que ventilar si este estado permite su inclusión en alguno de los tres llamados estados biológicos, y finalmente, tiene que pronunciarse, en su caso, sobre el grado en que ha quedado disminuida la capacidad para comprender la ilicitud del acto o para obrar de acuerdo con esta comprensión sobre la valoración más bien normativa de la capacidad de comprender y de querer, debe decidir en primera línea el Juez… El Tribunal Federal (Aquí refiriéndose el autor a la Corte Suprema de Justicia de La República Federal de Alemania), a mi modo de ver, ha tomado posición en dos ocasiones sobre esta cuestión… La Primera Sentencia dice a este respecto: “El juzgador de instancia ha de servirse de los conocimientos técnicos de un perito solo en orden a determinar una circunstancia de hecho trascendente en cuanto a la culpabilidad, cuando a él le faltan conocimientos de esta índole. Pero la cuestión de cuáles son las consecuencias que deben sacarse de esa circunstancia de hecho respecto de la culpabilidad tiene que decidirla el juez solo. En este aspecto no se admite la colaboración del perito.” En el segundo caso se dice: “Es el Juez mismo quien con fundamento en el informe prestado por el perito ha de decidir si y en que medida el acusado es imputable. Si el perito adopta posición también en cuanto a este problema jurídico, no deben los jueces sin más adherirse a ella como regla.” Pasando a la página 52 dice: La resolución última compete al Juez, quien ha deformar su opinión sobre cada caso. Él es quien ha de examinar la fuerza de convicción del informe y soporta al fin la responsabilidad. Página 53: a) El estado mental en el momento de la acción, el perito tiene que pronunciarse sobre el estado mental en el momento de la acción criminal. Esto no siempre es sencillo. Casi sin excepción el reconocimiento del autor es posterior a la realización de la acción criminal. Por regla general, entre la acción y el reconocimiento del autor, transcurren meses y a veces hasta un año y más (Nota del recurrente: Algo similar a lo que ocurre aquí en Honduras solo que en este caso en particular pasaron dos años, tres meses y seis días hasta que evaluaron a mi cliente). Es evidente que en primer término investigamos en el reconocimiento del autor su estado mental en el momento que se realiza la exploración. Pero tenemos que investigar si el estado mental del sujeto al tiempo de la acción criminal era semejante o completamente distinto del actual. Puede suceder que una fase de manía, un brote esquizofrénico, un estado crepuscular de epilepsia, un estado de embriaguez patológica o de otra índole, exista en el momento de la acción y que haya desparecido en el momento del reconocimiento del autor. (Nota del recurrente: Esta es una clara descripción de lo que es un trastorno mental transitorio) pasa a la página 54, 55 y 56: b) Requisitos biológicos Perturbación de la consciencia. - El Concepto de perturbación de la consciencia ha sustituido al anterior inadecuado de la inconsciencia. Naturalmente quien esta inconsciente no puede obrar, y en consecuencia no puede realizar una acción criminal. Que sea propiamente la consciencia, no cabe definirlo. Entendemos por tal un estado en el que de una parte percibimos lo que tenemos en torno (consciencia objetiva) y de otra nos percibimos a nosotros mismos (autoconciencia). En lo que percibimos encontramos una selección y lo percibido se somete a un cierto orden o rango que resulta de una dirección del pensamiento inmanente a nosotros. Podemos a este respecto hablar con GRUHLE de una “claridad” y una “luminosidad” con que percibimos los fenómenos, entendiendo por “claridad” la posibilidad de disponer del contenido percibido tan claramente como lo permita la correspondiente situación externa, mientras que la luminosidad expresa la intensidad con que el perceptor se concentra en lo percibido. Además, tiene que mantenerse la continuidad de lo percibido y subsistir la posibilidad de determinarse según el propio arbitrio, es decir, debe darse un “autodominio” en el sentido de la libertad subjetiva. A esto se añade, el contenido del “yo personal” de los fenómenos conscientes, es decir, el sentimiento de que soy yo y no otro quien percibe, y finalmente, la autoconciencia, esto es, la posibilidad de atribuir el proceso de percepción al propio yo. Cada uno de estos aspectos puede estar perturbado con independencia de los demás. Así disminuyen en mayor o menor grado la “claridad” y la “luminosidad” en los estados de fatiga, de sueño, de delirio. La continuidad es interrumpida (manteniéndose a veces la claridad y la luminosidad en los estados crepusculares y puede llegarse a perturbaciones del sentido de la libertad en acciones que proceden de ancestrales instintos originarios o de automatismos adquiridos, acciones de las que diríamos las hemos realizado inconscientemente, es decir, sin intención, sin voluntad… En la Ley se habla sin más de la perturbación de la consciencia. Por ello puede ser fundamento de exculpación, tanto un trastorno de la mente que se sitúa en el campo de lo normal, como un trastorno patológico. A las perturbaciones normales de la consciencia pertenecen, por ejemplo, el agotamiento, el sueño, los estados letárgicos, el sonambulismo, los estados de Hipnotismo y las emociones. Entre las perturbaciones anormales de la Consciencia se incluyen por regla general los delirios febriles, los estados anormales de las gestantes, los estados crepusculares y, el más importante de ellos, la embriaguez Pasa a la página 60: (Nota del recurrente: Luego el ilustre Doctor describe todas estas variantes de la alteración de la conciencia en su modalidad de normales y termina con las causas emocionales que rescatamos esta parte) …Mucho más frecuentes que los casos de perturbación de la Consciencia mencionados hasta ahora son las acciones delictivas en estados de alteración afectiva…. En Primer término, excluimos todas aquellas conductas emocionales que se desarrollan en el terreno de las Psicosis y por ello pueden ser incluidas como síntomas de las mismas en el concepto de la perturbación patológica de la actividad mental Pasamos a la página 69 y 70: El trastorno patológico de la actividad mental y la debilidad mental………tienen que ser tratados aquí conjuntamente, porque como veremos la debilidad mental es absorbida por en el trastorno patológico de la actividad mental… En mi opinión sería posible una diferenciación según los siguientes puntos de vista: El trastorno patológico de la actividad mental presupone que anteriormente había una actividad mental normal, no perturbada. Se podrían por ello incluir en este concepto todas aquellas entidades nosológicas que se van presentando en el curso de la vida, y, por consiguiente, todas las Psicosis y estados adquiridos de demenciación… Por el contrario, deben comprenderse dentro de la debilidad mental todas las variedades nosológicas que se manifiestan desde el nacimiento, en todo caso, desde la más temprana edad Pasamos entonces a la página 71: c) Requisitos Psicológicos Con la presencia de alguno de los requisitos biológicos (perturbación de la consciencia, trastorno patológico de la actividad mental, debilidad mental) no queda resuelto el problema de la imputabilidad. Una auténtica Psicosis produce sin más la exculpación según un tácito convenio, tan pronto como su diagnóstico es seguro o por lo menos muy probable; en estos casos se acepta generalmente que las funciones Psíquicas están alteradas en una forma no comprensible para los sanos y que por consiguiente en ningún caso podría descartarse la duda en cuanto a la imputabilidad. A estas Psicosis pertenecen las llamadas enfermedades mentales endógenas (esquizofrenia, locura maniaco depresiva), las enfermedades mentales orgánicas (por ejemplo, la parálisis progresiva, algunas formas de lúes cerebral y senil), las Psicosis endógenas en casos de enfermedades orgánicas, intoxicaciones, delirios febriles, etc., estados de confusión y estados crepusculares en todas las formas de la epilepsia.” Podemos ver que estos estados alterados de la conciencia o del estado mental de las personas impiden que una persona alcance a tener conocimiento de que lo que esta haciendo es ilícita; de que ha realizado una acción que para el Estado o la sociedad es punible. El Tribunal Sentenciador para establecer la Condena que dicto, hubo de necesariamente que hacer análisis de valoración de la prueba científica y documental presentada por las partes, en lo atinente a la salud mental del procesado; esto es obvio ya que uno de mis argumentos integrantes de mi tesis de defensa, fue el de alegar la causa de inimputabilidad que hemos referido. Los Jueces sentenciadores establecieron conceptos en su sentencia, y específicamente en su apartado “CUARTO” de la FUNDAMENTACION JURÍDICA que dicen “.... La Defensa del acusado con la prueba que se incorporó al juicio como ser constancia emitida por Centro de Rehabilitación del paciente adicto (CEREPA), dictamen psicológico y estudio socio-económico realizado al imputado queda claramente establecido que él mismo no se encuentra amparado en ninguna causa de inimputabilidad establecidas en el artículo 23 de nuestra normativa penal por el contrario y tal como se infiere de los hechos, el acusado actúo con pleno conocimiento de su conducta prohibida, sin que pudiera probarse una causa de inimputabilidad, no se logró demostrar que no tuviese pleno conocimiento de su conducta prohibida, pues al contrario si demostró que tenía buen entendimiento, pues incluso se demostró que luego de herir a la víctima emprendió su camino, alejándose del lugar en el vehículo que tenía asignado su padre, llevando consigo además el arma de fuego que le habían prestado a su papá, a efecto de evitar sufrir las consecuencias de su conducta prohibida”, con tales argumentaciones el Tribunal de Sentencia Recurrido desestima la causal de inimputabilidad alegada, haciendo referencia a que los dictámenes Psiquiátrico y Psicológico, además del estudio Socio-Económico y constancia de CEREPA, pero debemos referir lo que el Código Procesal Penal nos establece en cuanto a la forma en que debe valorar toda la prueba propuesta, la cual es con las normas o reglas de la Sana Crítica; este sistema de valoración además sus reglas ya conocidas en forma más o menos dogmática y explicadas en las cátedras de las Escuelas de Derecho, tiene los elementos del espíritu de la misma; el cual no es otro que todos los que laboran como jueces su valoración de pruebas deben hacerla considerando el bloque de pruebas como un todo armónico, en donde cada prueba debe ser analizada a la sombra de las demás pero también ser analizada por los jueces al tenor de la finalidad jurídica, más allá de las consideraciones técnicas o científicas. En el caso de autos si bien es cierto los dictámenes periciales arrojan ciertas conclusiones, consideraciones y hallazgos, esto no es óbice para que al final un juez o jueces consideren lo escrito en ellos, como sus explicaciones en el juicio dadas por los peritos, como algo definitivo, no, los jueces deben de analizar la prueba científica y la documental relacionada a la salud mental de mi patrocinado a la Luz de sus propios conocimientos Jurídicos relacionados al derecho positivo aplicable como a parámetros doctrinarios sobre tal tema, para así llegar, no a una conclusión médica o Psiquiátrica, sino a una conclusión Jurídica; que es la que al final se busca, recordemos lo que la misma doctrina Psiquiátrica citada así lo recomienda, los jueces lacónicamente pero se entiende, que refieren que como los peritos no dijeron tajantemente que hubo una Psicosis transitoria, o una permanente es por ello que la causa de inimputabilidad no existe; y esto es un error de apreciación de los jueces del derecho de fondo del asunto, ya que ellos con todas las características Psicológicas del imputado y las circunstancias del hecho tenían que hacer una valoración más profunda sobre la causal de inimputabilidad, no solo orientarse por las conclusiones de las pericias, sino sobre todo su contenido; ya que la responsabilidad de valorar la causal no es del perito si no en última instancia de él o los Jueces tal como la ilustrada doctrina citada lo establece. La del Psiquiatra Germano citado- como podemos ver, tal argumento, los tratadistas en la materia de Psiquiatría forense lo vienen sosteniendo desde los albores de esa Rama de las ciencias forenses. Por lo dicho en los párrafos anteriores, que es necesario que lo hayamos dicho, ya que la única forma de hacer un alegato de inimputabilidad por causa de un Trastorno Mental Transitorio es discutir sobre las pruebas que creemos lo sustentan; debemos en consecuencia hacer un análisis de lo ofertado en Juicio y que tiene relación con esa causa de Inimputabilidad, en conjunto con los conceptos técnicos ya referidos de lo que es una Psicosis, así como lo que nos dice la doctrina Jurídica sobre la figura del derecho Penal conocida en nuestro código penal como Psicosis Transitoria y en la doctrina como trastorno Mental Transitorio. Comenzando con el Dictamen Psiquiátrico, el cual no es tan amplio como el Psicológico, podemos rescatar del mismo lo dicho en los apartados XII Y XIII, los cuales se refieren a “DIAGNÓSTICO” y “COMENTARIO”, respectivamente, en los cuales refiere “Un Síndrome de “Dependencia” por el uso de múltiples drogas, y que el abordaje del tratamiento de este trastorno es “complicado”, ya que ocupa un tratamiento integral. En el Dictamen Psicológico, este mismo profundiza más en las evaluaciones y en el estudio de la personalidad de mi defendido, y en el apartado IV de su dictamen dice: “Refleja características de la personalidad como:… Fantaseo... dependencia, inmadurez, tristeza, desconfianza, rechazo, egocentrismo, rigidez, inadecuación, inestabilidad, inseguridad, bajo control de impulsos, defensividad, opresión, preocupación, miedo, ansiedad, tensión, rebeldía, resentimiento, inconformidad, susceptibilidad, hostilidad, irritabilidad, agresividad e inquietud. Establece relaciones interpersonales caracterizadas por la superficialidad, manifiesta sentimientos de inferioridad e inseguridad de sí mismo...”; y en el apartado V. Diagnóstico, el perito concluye que hay un Trastorno Disocial de la Personalidad y una capacidad Intelectual normal baja representada en un coeficiente intelectual de Apenas 81%; luego en este mismo Dictamen el perito en el apartado VI. Comentario Psicológico legal nos dice entre otros conceptos:… “El evaluado presenta un trastorno disocial de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son formas de comportamiento alterado, son persistentes a lo largo de la vida de la persona e influyen en las actividades cotidianas, así como en las relaciones con los demás… se caracteriza por un patrón de desprecio y violación de los derechos de las demás personas. En este tipo de trastorno se presentan características como egocentrismo, rebeldía, resentimiento, agresividad, baja tolerancia frustración, tiende a evitarlos compromisos y las responsabilidades, concepto inadecuado de si mismo y del mundo exterior… trata de evitar la propia realidad a través del consumo de sustancias nocivas para la propia salud, que lo que hacen es alterar el comportamiento del evaluado… El pronóstico en el tratamiento Psicoterapéutico es poco favorable ya que el evaluado no reconoce la propia problemática…” “…Según el resultado de la prueba psicológica aplicada no hay sospecha de daño cerebral orgánico, ya que el porcentaje para determinarlo según la escala de valuación utilizada debe ser mayor a ochenta (80) puntos, y el evaluado obtuvo setenta y Tres (73) puntos.” Tal como señalamos en este mismo apartado de nuestra casación, debemos de analizar estas dos pericias con el prisma de una valoración jurídica que englobe en su conjunto todos los hallazgos aportados por tales dictámenes y las circunstancias de los hechos acaecidos. Situémonos en el momento mismo de los hechos y valoremos que tanto mi defendido como la víctima estaban intoxicados con alcohol y drogas, lo referente a la víctima se demuestra con el certificado de autopsia que sirvió como medio de prueba en el debate donde concluye que la víctima presentaba alcohol en la sangre, y presencia de drogas de abuso en la orina, además que el hisopado de la nariz recogió presencia de Cocaína. Recordemos que la relación entre padre e hijo siempre fue distante e intermitente, y que además el padre continuamente desatendió a su hijo, eso quedó demostrado en el proceso, por todas las declaraciones vertidas en el mismo, además quedó plasmado tal aspecto en las historias clínicas de los dictámenes que hemos referido así como en el dictamen socio económico que sirvió como prueba en el Juicio; o sea está más que claro que la relación entre padre e hijo era a lo menos tensa y conflictiva; ahora sumemos que el día de los hechos ambos se drogaron y embriagaron, combinémoslo con todas las características de personalidad disocial con que cuenta mi cliente en ese momento de intoxicación y el resultado no iba a ser otro que el que ocurrió. Veamos; a esa sala le expongo la siguiente tesis de lo que ocurrió: Mi representado es una persona que tiene dos padecimientos: Un Síndrome de dependencia de las drogas y un Trastorno disocial de la personalidad, de acuerdo a lo descrito en cada dictamen por sí solo, cada padecimiento por si solo es terrible; pero que los dos lo padeciera mi cliente, ya nos arroja a una persona realmente alterada en su Psiquis; veamos que las características del Trastorno Disocial de la personalidad tienen mucho que ver con que mi cliente tendría tendencia a los actos violentos, ya que las mismas son, recordemos: agresividad, bajo control de impulsos, ansiedad, irritabilidad, resentimiento; entre otras; pero las mismas es de lógica que generan en la persona que las padece reacciones no moderadas o normales ante las situaciones de la cotidianeidad de la vida; sobre todo lo que tiene que ver con la agresividad y bajo control de impulsos; unido a ello veamos que mi representado si bien su inteligencia es normal, pero es baja un 81% de inteligencia esta justo en el límite o la frontera antes del retardo mental, si bien es cierto dependiendo de la escuela psicológica el coeficiente intelectual varia unos puntos, ya que para algunas escuelas el límite de la inteligencia normal baja es 85 u 86%, para otras es el 80% y varían en cuanto hasta donde llegan la normal media o normal superior, pero lo cierto es que mi representado está en el límite de la inteligencia, y a menor conocimiento intelectual menor comprensión del mundo exterior, combinémosle que mi cliente permanece en estado dependencia a las drogas y un trastorno disocial y veremos que esa inteligencia limítrofe es evidente que altera aún más la mente de mi representado; también si observamos lo relacionado al daño cerebral orgánico, que si bien la psicóloga puso que no hay por tener un puntaje de 73 pero el dictamen dice que para que haya daño el puntaje debe ser mayor a ochenta podemos ver que mi cliente aquí también su situación es limítrofe, o sea está muy cerca de padecer un daño orgánico cerebral lo cual es muy lógico por el historial de mi cliente en cuanto al abuso de alcohol y drogas; coloquemos las dos características Psicológicas de mi representado como ser el síndrome de dependencia de drogas y el trastorno disocial de la personalidad junto a sus puntajes limítrofes de inteligencia y cercanos al daño orgánico cerebral en un ambiente junto a su padre, con quien ha mantenido una relación tormentosa y que además él como su padre están ebrios y abusando de una droga enervante como es la cocaína, y el resultado no fue otro más que mi representado en ese momento al estar en un estado crónico de su trastorno disocial de la personalidad, junto a que lo más seguro es que la ingesta de alcohol y drogas fue máxima por tantos años de estar abusando de ambos hábitos; en consecuencia todas las características negativas referidas a la posibilidad de ejecutar actos de violencia propias de su trastorno disocial, combinados con otras como la frustración, inestabilidad, inseguridad, miedo, desconfianza, desembocaron en que a mi representado se le activó en su cerebro un trastorno mental transitorio, se le provocó una Psicosis momentánea o temporal, no solo por la base endógena que tenía mi cliente por su Trastorno disocial de la personalidad sino por causas exógenas como ser la alta ingesta alcohólica, consumo comprobado de Drogas y la presencia del padre junto a él, con el cual había tenido severos conflictos emocionales. Si esa Sala analiza a profundidad el hecho en sí, pero también todas las características que hemos referido que la rodean como ser, el ambiente opresivo al estar con un padre que estuvo siempre ausente, que le dio poco afecto, que además ese padre era agresivo o violento en sus relaciones con su hijo, que hubo un abuso de drogas como de alcohol, que mi cliente al padecer un Síndrome de abuso de drogas lo que conllevaría que mi cliente no es un consumidor bajo u ocasional de drogas sino un alto y obsesivo consumidor, que esto último lleva a concluir que mi cliente su personalidad se enerva con este consumo, que mi cliente tiene un trastorno de la personalidad que según el Psicólogo Forense arroja un alto número de características negativas que combinadas son un peligroso “coctel” Psíquico; amen de su baja inteligencia y cercanía a padecer un daño orgánico cerebral y si colocamos todas estas circunstancias juntas podemos arribar a la conclusión que por todas las características de la escena del crimen, la forma como mi representado sale del lugar, sus dichos ante los que lo evalúan y sus padecimientos psicológicos y abuso de drogas, todo esto combinado causó en mi representado que al momento de los hechos se le desarrollara una Psicosis Transitoria, producto de que en un solo momento y lugar se combinaren la presencia de su padre junto a él, su consumo de drogas que despertaron sus rasgos de personalidad disocial, combinado con algún otro elemento externo que afloró en ese momento y sirvió como detonante, ya que recordemos que los antecedentes de la relación que tenían nos indican que los choques entre ellos eran comunes en circunstancias normales más o menos, ahora solo pensemos en combinar todo lo negativo de esa relación, junto a embriagarse, agreguémosle al “Sazón mortal” el consumo de drogas, o sea se dieron varios de los “Requisitos biológicos” además se da el “Requisito Psicológico”, para valorar que si se dio un estado alterado de la personalidad de mi representado, un episodio que afectó “la Consciencia” del mismo; y podemos llegar a la conclusión que les planteamos: Que mi representado padeció una Psicosis Transitoria. Todos estos elementos que hemos referido son demasiado graves, su combinación es tan peligrosa que salta a la simple vista que era necesario un mayor análisis, que el tribunal sentenciador debió de analizarnos con mayor detenimiento, no solo fijarse en que mi representado comprende la realidad o que tiene una inteligencia normal, sino realmente colocarse en un plano analítico de hacer una combinación de todos elementos y las características de cómo ocurrió el hecho, y en conjunto analizar las pruebas científicas y arribar a conclusiones jurídicas sobre lo que significa para el derecho un trastorno mental o Psicosis transitorios; es por ello que planteamos que el tribunal sentenciador violenta el artículo de derecho positivo que planteamos. En consecuencia planteamos que se debió aplicar el artículo 23 Nº 2), del Código Penal bajo el análisis de los siguientes parámetros: Para llegar a la conclusión de que existe en el presente caso una causal de inimputabilidad debió el tribunal sentenciador analizar en su conjunto todos los elementos que arrojaron los dictámenes médicos unidos a las circunstancias de ingerir bebidas alcohólicas y drogas junto a una persona que causaba serios conflictos emocionales en nuestro cliente, como era su padre; ya que por sí solos los dictámenes no arrojarían esa conclusión, máxime que recordemos cuando fue el hecho y cuando se realizaron los exámenes, amen que desafortunadamente en este caso no se le pudo dar un seguimiento de una serie de evaluaciones a nuestro cliente, y con una sola evaluación no era suficiente para que los examinadores llegaran lograr dilucidar qué fue lo que pasó el día de los hechos, ya que llegar a que un paciente refiera o a través de sus dichos el evaluador logre sondear a cabalidad lo ocurrido en un momento como ese conlleva una serie de sesiones y más estudios, que en este caso no se lograron hacer a pesar que esta defensa pidió con sobrada anticipación la evaluación a mi cliente; es por ello que los dictámenes debieron valorarse muy al tenor de las demás circunstancias: La pésima combinación de estar reunido con un padre ausente y poco afectuoso, de carácter violento, que mi representado era una narcodependiente y ebrio habitual con un desorden de disocial de la personalidad y que por tal desorden su carácter también incluía defectos de agresividad, falta de control, falta de percibir la realidad e inestable; y unido a la ebriedad y consumo de drogas del padre; todo ello debió evaluarse con más profundidad y no ligeramente como fue realizado. Así entonces planteamos que al momento del hecho nuestro cliente, estaba fuertemente narcotizado, además había ingerido bebidas alcohólicas, su padre también se dedicó a beber alcohol y además consumió cocaína, según la autopsia eso fue lo que se demostró, y la narco dependencia de mi cliente está plenamente demostrada por los mismos dictámenes en su historia clínica, por los múltiples testimonios de la causa y por las Constancias de Proyecto CEREPA y TEEN CHALENGE INTERNATIONAL y el dictamen Socio económico, todos ellos son pruebas del Juicio. En algún momento de la velada o la reunión, por los antecedentes de abandono y falta de entendimiento del hoy occiso con mi cliente afloraron las viejas heridas sentimentales, generando en mi cliente una serie de emociones que ya el Psicólogo descubrió que padece que van desde la frustración hasta la agresividad y falta de control de impulsos que son Parte de su Base endógena de Padecer un trastorno disocial de la Personalidad, que lo llevaron a padecer otra característica de tal trastorno, dicha por el Psicólogo Forense: Tuvo un concepto inadecuado del mundo exterior pero en un grado tal que logró alterársele la Consciencia a un nivel tal que perdió tanto la Claridad como la Luminosidad de la misma (parafraseando al Psiquiatra alemán traído a colación) y la misma quedó en un estado de anormalidad, o sea no comprendió en ese momento lo que ocurría de su mente hacia fuera y ocurrió la tragedia de entrar en un estado de Psicosis Temporal, como ya su personalidad de por si era disocial y con características ya referidas de agresividad, irritabilidad, inestabilidad, entre otras; procedió a dar muerte a su padre, y siempre en el estado Psicótico que permanecía, potenciado por su consumo de drogas y alcohol, procedió a huir y efectuar acciones tendientes a facilitar la huida y en medio de su trastorno momentáneo a según él ocultar el crimen; luego y como ocurre por lo general con este tipo de trastornos mentales transitorios después de pasarse los efectos del consumo de alcohol y drogas o de lograr descansar el cuerpo mediante el sueño; circunstancias ambas que al pasar el tiempo necesario para que pudieran ocurrir tal como quedó demostrado en el juicio por el tiempo transcurrido entre los hechos y su captura; mi representado paso de su estado alterado por la Psicosis a uno de “normalidad” (entrecomillo normalidad, por los padecimientos Psicológicos que padece mi representado, que no lo dejaran ser normal del todo hasta que sea tratado adecuadamente y aun así no es seguro que logre superar sus padecimientos) es por ello que mi defendido siempre alego que no recordaba que era lo que había pasado; el hecho que mi defendido en los momentos del hecho haya padecido de una Psicosis transitoria, no es que con ello se deshabilita al ser humano en sus movimientos Corporales, no es que impide que una persona maneje objetos o los manipule o pueda realizar actividades elaboradas como caminar, cargar objetos o manipular maquinas, equipo o vehículos; el trastorno mental transitorio —Psicosis Transitoria— no es que deja sedado o desmayado a una persona, lo que hace es alterar el elemento volitivo del sujeto, no le permite percibir adecuadamente la realidad ni valorar los actos que realiza, dicho de otra forma al sujeto se le nubla la razón o el entendimiento, y ese manto de oscuridad-por así decirlo- mental por ese instante en que ocurre el trastorno no le permite “ver” lo que ocurre en su entorno con normalidad, todo lo que pase o haga el sujeto mientras este con el trastorno queda envuelto en un laberinto en la mente del sujeto, que muchas veces nunca logra encontrar ese recuerdo o si lo hace es después de intensos tratamientos Psiquiátricos y Psicológicos; o sea la Psicosis momentánea o transitoria afecta la voluntad y pensamientos del sujeto mas no sus reflejos, instintos primarios y actividades motoras, recordemos con la doctrina Psicológica y Psiquiátrica se nos explica, que un estado Psicótico no degenera en una inconsciencia plena, ya que la misma lo que destruirá en todo caso sería la acción ya que un inconsciente pleno es que esta desmayado, que no puede moverse ni ejecutar acción alguna. De ahí que son equívocas las valoraciones del Tribunal de Sentencia en referir que por el hecho que mi defendido, haya tomado la pistola, y el carro, y además que hubiese huido; es que todas esas actividades signifiquen que mi defendido tenía pleno conocimiento de lo prohibido (ilícito.- nota del recurrente) de sus acciones, porque como ya hemos referido en nuestros análisis, hechos al tenor de la Doctrina médica y psicológica citada, que el estado Psicótico no es que le impide “actuar” al agente, la consciencia como ya leímos de la doctrina, en este tipo de trastornos lo que pierde es la adecuada percepción de la realidad e incluso el delito o acción cometida con frecuencia no es recordado por el imputado, pero el agente puede y está demostrado que realiza actividades “normales” (correr, manejar un vehículo, hablar, manipular objetos, etc.) porque cuando la Inconsciencia (o pérdida total de la Consciencia) es plena, ni siquiera “actúa” el agente, ya que esta desmayado, sin conocimiento, noqueado, como le queramos llamar a una pérdida total de la Consciencia, y eso no es lo que pasó en este caso, mi cliente cayó en un estado anormal de la Consciencia producto de la Psicosis Transitoria que se le desencadenó, pero sin llegar a la inconsciencia plena al final de toda la acción, y pudo realizar otras actividades mientras su trastorno transitorio aún lo afectaba, y así transcurrió el tiempo hasta una vez que fue capturado. Dicho todo lo anterior podemos observar que en consecuencia al analizar en su conjunto todo lo ocurrido en el hecho mismo, como las pruebas arribadas al efecto; todo en su conjunto, sin dejar ningún aspecto de lado, y verdaderamente leyendo a profundidad lo dicho en los dictámenes y contrastándolo con la situación anímica y emocional en que fue puesto mi cliente al estar con su padre y tanto el mismo, como mi cliente estar narcotizados y ebrios podemos concluir que nuestra tesis de defensa está plenamente probada. Estaría probada la causal de Inimputabilidad del N.º 2) del Artículo 23 del Código Penal, referente a la Psicosis Transitoria; que abarcaría a mi cliente al momento de la Comisión de todo el núcleo de los hechos, esta causal de inimputabilidad se perfecciona completamente en el presente caso de autos, ya que nuestro Código Penal exige que para que se logre la inimputabilidad del sujeto, lo que debe suceder es que al padecer la Psicosis Transitoria (Trastorno Mental Transitorio) el imputado carezca de la capacidad de comprender que lo que está realizando es un delito o aun comprendiéndolo que no pueda determinar su accionar de acuerdo a esa comprensión. Como Vemos el Código sigue la corriente de pensamiento moderna del derecho penal, en cuanto a la teoría del delito, pero también comparémosla con la corriente Psicológica actual, ejemplificada por mi cita de los dos Psicólogos SARASON, y con lo escrito por el Dr. LANGELUDDEKE también citado por mí en este recurso, y veremos que coincide plenamente con lo que en realidad causa una Psicosis en la voluntad, la comprensión y la consciencia del sujeto activo de un delito. Para reforzar aún más nuestra tesis de defensa debemos citar, ahora, a un colega; nos referimos al tratadista SANTIAGO MIR PUIG, que en su obra “DERECHO PENAL. PARTE GENERAL”, Sexta Edición, el cual en la página 570, párrafo numerado 7, dice: “… 2. El efecto Psicológico del trastorno mental transitorio. Para que el trastorno mental transitorio exima ha de producir el efecto de inimputabilidad requerido para que una anomalía o alteración psíquica pueda eximir. Lo único que distingue al trastorno mental transitorio es su duración y su causa. El efecto de inimputabilidad… se caracteriza…, como falta de la necesaria capacidad de conocer lo ilícito y de dirigir la propia conducta según dicho conocimiento… falta la imputabilidad cuando concurre una plena anormalidad de las condiciones motivacionales del sujeto, relativas a sus facultades cognoscitivas o volitivas. El Trastorno Mental Transitorio ha de determinar, pues, una perturbación tal en la mente del sujeto que determine una plena anormalidad en su conocimiento de la situación o en las condiciones de su autocontrol. …luego en la página 571 párrafos numerado 8, 10,11 y 12 dice: El problema es fijar la frontera entre la perturbación plena y la parcial. Antes de la introducción de la actual fórmula legal de inimputabilidad, el Tribunal supremo (De España] exigía demasiado para la exención cuando requería una total ausencia de capacidad intelectual y volitiva. Cuando se produzca esta ausencia total no solo faltará la imputabilidad, sino ya la propia presencia de un comportamiento humano, lo que impedirá la presencia de la antijuricidad. Lo específico de las causas que excluyen la responsabilidad penal- y entre ella la inimputabilidad- es que no suprimen por completo la consciencia o voluntad del sujeto, sino que determinará solo su plena anormalidad… El momento en que debe producirse el efecto de inimputabilidad propio del trastorno mental transitorio, es el de la realización del comportamiento típico... 3. Elementos diferenciales respecto de las anomalías o alteraciones Psíquicas duraderas. El trastorno mental Transitorio se concibió en su origen, como una perturbación del Psiquismo fundamentalmente diferenciada de la enajenación por tener carácter transitorio y deberse a una causa exógena. Importa detenernos en esta segunda característica, que ha sido vivamente discutida. Se entiende por “causa exógena” la que no consiente en enfermedad o característica interna propia del sujeto, a diferencia de las causas endógenas, sino de algún motivo circunstancial. Así mientras que la enfermedad mental o la oligofrenia encontrarían una causa endógena, vinculada al sujeto, el trastorno mental transitorio se hallaría motivado por factores externos al sujeto, como puede ser una situación vital de especial dificultad… Luego en la página 572, párrafo numeral 13 dice: Es cierto que un trastorno pasajero puede proceder de una cierta base patológica en el sujeto que no llegue a constituir una enfermedad mental o una oligofrenia ni otra anomalía o alteración duradera suficiente por sí misma para eximir. Si tal base patológica produce en un determinado momento una alteración transitoria de intensidad suficiente para excluir la imputabilidad, habrá que estimar un trastorno mental transitorio eximente. NO ES EXACTO PUES, QUE ESTE DEBA OBEDECER SOLO A CAUSAS EXÓGENAS. Así se admite unánimemente por doctrina y jurisprudencia.” Podemos apreciar que también desde el punto de vista de la teoría del delito, la doctrina jurídica se enlaza con la demás doctrina médica y Psicológica citada, y reproduce las características básicas de un trastorno mental transitorio, como son su misma transitoriedad, que puede el mismo tener una base exógena como endógena, o solo una de ellas, y que para apreciar la existencia del mismo basta por parte de los tribunales de justicia independientemente de los detalles dichos en los peritajes forenses que se induzca que las facultades del sujeto activo del delito estaban en un estado anormal de su consciencia que le altere su voluntad y su entendimiento de que lo que está cometiendo es un ilícito penal. La moderna doctrina del delito sitúa la inimputabilidad penal como una causa eximente de la responsabilidad penal que destruye el Elemento de todo Tipo penal tradicionalmente conocido como “La Culpabilidad”, ahora transformado ese concepto en el de “Imputación Personal”, y siendo que a los imputables lo que no se les puede atribuir es la imputación del delito cometido, en consecuencia en el caso de autos, lo que destruye la causal de Psicosis Transitoria existente es el elemento del delito llamado -como ya señalamos- Imputación Personal (Conocida antes como “La Culpabilidad”), por lo consiguiente al no configurarse plenamente uno de los elementos básicos de todo delito, y en esta causa seria de todas “Las Imputaciones Personales” de cada uno de los delitos, el resultado no es otro que no existirían cada uno de los delitos por faltarles a cada uno de ellos el mismo elemento del delito: La Imputación personal o La Culpabilidad, como queramos llamarla; por la razón que al existir una causal de Inimputabilidad no se le puede achacar a mi cliente que haya una Imputación personal hacia él (o achacar que recaiga sobre él la culpabilidad si seguimos empleando el concepto anterior a la moderna Teoría del delito) sobre todos esas acciones Típicas y antijurídicas. Consideramos en consecuencia que en el caso de autos estaría demostrada la causal de Inimputabilidad alegada, por lo tanto este Motivo de Casación sería De Recibo y por lo tanto pedimos a esa Sala, que lo declare Con lugar, Case la sentencia y proceda a dictar una nueva en donde al amparo de la causal alegada declare inimputable a mi representado y por lo tanto lo absuelva de todos los delitos por los que fue condenado, y proceda en lo demás como el Código Penal ordena que se proceda con los inimputables.” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley por incorrecta aplicación del artículo 223 N.º 1) del Código Penal (Relacionado este motivó al Hurto de Vehículo Automotor Terrestre) lo que deriva en una Infracción de Ley por la no aplicación del artículo 264 del Código Penal, específicamente su Numeral 1). PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 360 del Código Procesal Penal es el precepto legal que nos autoriza a invocar el motivo aquí alegado. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos del Código Penal que se consideran infringidos dicen: “Artículo 223. Comete el delito de hurto: 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas; “Artículo 264 Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1) Los cónyuges, el hombre y la mujer que hacen vida marital y los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines…” Como cuestión de principio a este motivo de casación, debemos decirle a esa Sala que esta defensa se mantiene firme en su alegato de inimputabilidad, pero ya que la técnica recursiva nos permite alegar multiplicad de motivos de casación, esta defensa hace uso de tal facultad para alegar este y los otros motivos, sin que se tome que por los conceptos que vertamos o la forma de dibujar el comportamiento de nuestro cliente que nosotros hagamos estamos aceptando que nuestro cliente tenía Plena Conciencia de sus actos. Desde el principio de esta causa ha habido un ensañamiento contra mi cliente, en cuanto a la variedad de delitos que se le imputan, incluso el acusador privado se vio muy interesado en delitos que no eran de la incumbencia de sus clientes- la familia del ofendido- como son el delito de Potación Ilegal de Arma de fuego, el Hurto del Vehículo y el Hurto del arma. Pero peor ha sido la actitud de fiscalía y Tribunal de sentencia- claro el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones, pusieron “su granito de arena” en esto del ensañamiento- que haciendo casi el ridículo han obviado las mas elementales nociones de la teoría del delito y de la lógica jurídica con tal de indagarle todos los delitos posibles a mi cliente. Por lo dicho en el párrafo anterior es que consideramos que este motivo es totalmente de Recibo, ya que el Tribunal de sentencia se dejó llevar por el hecho tan terrible- eso nadie lo discutirá- de que un hijo se vea envuelto en un proceso penal por la muerte de su padre, y creemos que el tribunal se cargó con una alta dosis de subjetivismo, en general en todo el proceso, pero en particular al momento de dictar la sentencia y aún más específico al momento de decidir sobre los otros delitos accesorios al más grave, los cuales son: El Hurto del arma, El Hurto del Vehículo, y la Potación ilegal de arma de fuego, y al cargarse de esta dosis de subjetivismo obviaron la lógica del derecho penal e hicieron una mala calificación de los delitos ya mencionados, en cuanto a quien realmente era el sujeto pasivo de los dos delitos contra la propiedad, y que no hay dolo, o, es una acción accesoria al ilícito contra la vida, el delito contra la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Claro en este motivo solo esgrimiremos argumentos relativos al hurto del carro. Debemos nosotros mentalmente de trasladarnos al día de los hechos, e irnos unos días más atrás en ese comienzo del mes de agosto del año dos mil doce, que es cuando mi cliente está en otra de sus crisis Psicológicas o al menos sentimental, producto de su dependencia de las drogas y alcoholismo — recordar dictamen Psiquiátrico- y su Trastorno Disocial de la Personalidad- Recordar dictamen Psicológico- y por acuerdo entre ambos padres mi cliente se va donde su padre. Recordemos que está probado (dictamen socioeconómico) que el padre de mi cliente fue muy irresponsable en la crianza de su hijo, nuestro cliente no permaneció en forma regular con su padre y si de manera muy esporádica. Recordemos también que, por todos sus problemas de abuso de sustancias, familiares y de afecto por ser un niño casi rechazado por su padre, mi cliente desarrollo un trastorno disocial de la personalidad una de cuyas características escrita por el perito Psicólogo en su experticia, es la de percepción inadecuada de la realidad, recordemos aquí también su nivel intelectual en la frontera entre un coeficiente normal bajo y el retardo mental leve. Lo dicho con anterioridad nos sirve de base para llegar a varias conclusiones: Mi cliente, respecto a los asuntos de su padre en todos los ámbitos de la vida diaria como ser trabajo, estudio, economía del hogar, deudas, posesiones, problemas de salud, dificultades laborales, etc., estaría enterado a un nivel muy básico; él no sabía, ni tenía porque saberlo, detalles del hogar, no digamos los “grandes” asuntos de la vida de su padre, ya que recordemos que eran muy distanciados en su relación padre-hijo; mi cliente estaba desconectado de las actividades laborales de su padre y deducimos en base a toda la prueba aportada por nuestra parte sobre todo que incluso quedándose en la casa de su padre que la relación entre ambos era por lo menos vaga y distante, producto de años de abandono y falta de apoyo paternal. Así entonces mi defendido durante esos días de agosto previos a los hechos lo que observaba era que su padre salía a su trabajo, regresaba a su casa, salía a recrearse, y que invariablemente usaba un vehículo en el cual después al día siguiente del hecho fue detenido mi cliente, y que incluso el ahora occiso tenía otro carro ver declaraciones de la hermana del ofendido, pero ambos vehículos siempre estaban estacionados en la casa donde vivía su padre; todas estas acciones de su padre lo que introdujeron en la mente de mi poderdante no fue más que la idea que su padre tenía el dominio, control y uso a total discreción de ese vehículo y que no era otro más que su padre el que poseía ese bien mueble; declaraciones como las de la “acompañante” del padre de mi cliente en el fin de semana previo al hecho, la joven K. T., orientadas a forzar respuestas de la misma en que se platicó del carro, que se hizo hincapié en de que institución era tal carro no son para nada confiables, porque es claro que la naturaleza de la visita de la testigo referida a la casa donde vivía el padre de mi cliente no era otra que del orden sentimental, así que consideramos poco creíble que la pareja utilizara ese tiempo del fin de semana en hablar de un tema tan “específico” y que le interesa por casualidad demostrar al Ministerio Público como al acusador privado, y no lo empleará en otras “actividades” más “placenteras”, además esos dichos están demasiado dirigidos a ese tema para confiar como ya dijimos en su veracidad. Pero aún así, aquí, en este caso en particular, lo toral es que el bien hurtado quien lo tenia en posesión no era más que el padre de mi cliente, y, era este —el padre de mi defendido- al único que en ese momento se le podía desapoderar de dicha posesión, ya fuera por parte de mi cliente o de cualquier otra persona, no estaba en ese momento especifico del hecho en posesión del carro el Sindicato a que se ha hecho mención en esta causa, no estaba parqueado en los predios de la Universidad, no manejaba ese carro un empleado ya fuera del sindicato o un chofer asignado por la Universidad a el ofendido; no, ante mi cliente el que estaba en posesión y uso del bien era su padre, y a mi defendido no hay una causal de exigibilidad que lo obligare a “tener” que saber otra cosa distinta a ese conocimiento sobre el uso y posesión del carro. Aquí nos encontramos ante una circunstancia del hecho de este hurto, muy cerrada, por cierto, pero al fin y al cabo significa esta circunstancia que se daría lo que la doctrina conoce como Error de Tipo. Decimos que es muy cerrada ya que la línea que dividiría achacarle a mi cliente la plena realización del Tipo o por el contrario que exista el Error de Tipo es muy tenue, pero aun así consideramos que si estamos ante una modalidad del Error de Tipo. ilustrémonos con algo de Doctrina, con la ya citada, en esta casación, obra de MIR PUIG, quien en su libro estudia el Error de Tipo, y por venturosa casualidad en una de las partes que citare de su obra para este aspecto, ejemplifica su pensamiento con lo relativo a la “Ajenidad” del bien mueble en el delito de Hurto; el tratadista dice en la Página 265, Párrafo numerado 104: “A) Concepto Si el dolo típico requiere saber que se realiza la situación prevista en el tipo de injusto, el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto. Tal es la esencia del Error de Tipo, Continuamos en la página 268 párrafo numerado 117: …Se ha criticado la terminología del actual art. 14 CP, al distinguir entre error “sobre un hecho constitutivo de la infracción penal” y error “la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal” separándose tanto la contraposición clásica error de hecho y de derecho, como de la actual de error de tipo y de prohibición. Para que no quede una zona no cubierta por el término “hecho” ni por la expresión “ilicitud del hecho”, habrá que incluir en el primero los elementos jurídicos del tipo o de las causas de justificación. ASI EL ERROR SOBRE LA AJENIDAD DE LA COSA SUTRAIDA DEBE CONSIDERARSE ERROR SOBRE UN HECHO CONSTITUTIVO DEL TIPO DEL HURTO… (El subrayado, hacer más grande la letra y puesta en mayúscula, es nuestro)” Consideramos que aquí el error de tipo se configura en cuanto a de “quien” es la ajenidad del bien hurtado, por lo dicho en párrafos anteriores planteamos que nuestro cliente no se le puede exigir más allá de lo que exige la norma que planteamos infringida en primer término, o sea el artículo 223 Nº1) del Código Penal, y es que los bienes sean “ajenos” a él, la norma no plantea que el agente- mi cliente- sepa en específico de quien es la propiedad; por lo consiguiente nuestro poderdante lo que “sabia” era que el automotor lo tenía su padre, también al momento del hecho al único que se le podía desapoderar del bien mueble no era a otro que a su progenitor; y aquí es donde se daría una apretada- como ya observamos- modalidad del error de Tipo en donde a mi cliente no se le puede achacar el Hurto del Vehículo teniendo como “ofendido” al SITRAUNAH, ya que mi cliente entró en el error de tipo respecto a uno de los elementos del injusto penal, el cual es la característica de ser ajeno a él ese carro, el error de tipo se configura en que el “sabía” que el “ofendido” de tal desapoderamiento sería su padre; por tal razón consideramos que en efecto se ha infringido el artículo 223 Nº1) del Código Penal, por aplicarse incorrectamente la literalidad de esa norma PERO TENIENDO COMO REFERENCIA DE QUE EL OFENDIDO ES EL SITRAUNAH, LO CUAL ES UNA INCORRECTA CALIFICACION AL EXISTIR EL ERROR DE TIPO CONSIGNADO lo cual volvería incorrecta su aplicación. Es por ello que planteamos que la correcta aplicación del artículo 223 Nº1) del Código Penal es considerar como sujeto Pasivo de la Acción constitutiva del Hurto, no al SITRAUNAH si no al señor JUAN DE DIOS SÁENZ ROSALES. Lo dicho en el párrafo inmediato a este nos lleva puntualmente a decir que por la incorrecta aplicación del artículo 223 ya referido, por lógica derivación se infringió el artículo 264 del Código Penal en la parte conducente que ya citamos al inicio de este motivo, ya que, si se hubiera considerado, como era lo lógico y lo correcto, como ofendido al padre de mi cliente se hubiera tenido que aplicar a mi cliente la letra del artículo 264 del Código Penal, en su párrafo inicial, numeral 1). Como ya de sobra hemos analizado, mi defendido lo que “sabía” era que su padre manejaba, controlaba, disponía y usaba el vehículo objeto del Ilícito analizado, en consecuencia al ser realmente ofendido su padre del Ilícito de Hurto de Vehículo, sin más, entonces, al no haberse aplicado el artículo 264 del Código Penal como era lo debido, en consecuencia la forma de remediar tal infracción es entonces aplicar el mismo a la presente causa en este apartado, de este ilícito en específico; lo cual conllevaría a que a mi cliente aunque sea haya realizado, una acción, que está tipificada en nuestro Código Penal, y la cual es antijurídica, y deriva en haber culpabilidad, pero la misma nuestra misma norma Penal ordena que no sea punible por razón de quienes son los sujetos del delito, tanto el activo como el pasivo, o sea mi cliente estaría cubierto por una causa de impunibilidad al no podérsele aplicar la pena abstracta ordenada para la Modalidad del Hurto cometido. Por todo lo expuesto en este motivo consideramos que el mismo es DE RECIBO, y por lo tanto debe ser declarado Ha Lugar, en consecuencia pedimos a esa sala que CASE la sentencia por este motivo, y proceda a dictar una nueva declarando que mi cliente cometió el Delito de HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR pero en perjuicio de su padre, y por tal razón en consecuencia mi cliente quede Absuelto de ese delito en específico por haber una prohibición expresa del Código Penal de que tales acciones y delitos entre cierta calidad de parientes sean Punibles”. “TERCER MOTIVO: Infracción de Ley por incorrecta aplicación del artículo 223 Nº1) del Código Penal vigente (Relacionado este motivo al Hurto del bien mueble Arma de Fuego de Uso Comercial), lo que deriva en una infracción de Ley por la no aplicación del artículo 264 del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 360 del Código Procesal Penal es la norma adjetiva que me autoriza a invocar este Motivo de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos del Código Penal que se consideran Infringidos en su parte conducente dicen: “Artículo 223. Comete el delito de hurto: 1) Sin la voluntad de su dueño toma bienes muebles ajenos, los animales incluidos, sin violencia en las personas ni fuerza en las cosas; “Artículo 264. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1)-Los Cónyuges, el hombre y la mujer que hacen vida marital y los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines…………” Como cuestión de principio a este motivo de casación, debemos decirle a esa Sala que esta defensa se mantiene firme en su alegato de inimputabilidad, pero ya que la técnica recursiva nos permite alegar multiplicad de motivos de casación, esta defensa hace uso de tal facultad para alegar este y los otros motivos, sin que se tome que por los conceptos que vertamos o la forma de dibujar el comportamiento de nuestro cliente que nosotros hagamos estamos aceptando que nuestro cliente tenía Plena Conciencia de sus actos. Desde el principio de esta causa ha habido un ensañamiento contra mi cliente, en cuanto a la variedad de delitos que se le imputan, incluso el acusador privado se vio muy interesado en delitos que no eran de la incumbencia de sus clientes- la familia del ofendido- como son el delito de Portación Ilegal de Arma de fuego, el Hurto del Vehículo y el Hurto del arma. Pero peor ha sido la actitud de fiscalía y Tribunal de sentencia- claro el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones, pusieron “su granito de arena” en esto del ensañamiento- que haciendo casi el ridículo han obviado las más elementales nociones de la teoría del delito y de la lógica jurídica con tal de indagarle todos los delitos posibles a mi cliente. Por lo dicho en el párrafo anterior es que consideramos que este motivo es totalmente de Recibo, ya que el Tribunal de sentencia se dejó llevar por el hecho tan terrible- eso nadie lo discutirá- de que un hijo se vea envuelto en un proceso penal por la muerte de su padre, y creemos que el tribunal se encargó con una alta dosis de subjetivismo, en general en todo el proceso, pero en particular al momento de dictar la sentencia y aún más específico al momento de decidir sobre los otros delitos accesorios al más grave, los cuales son: El Hurto del arma, El Hurto del Vehículo, y la Potación ilegal de arma de fuego, y al cargarse de esta dosis de subjetivismo obviaron la lógica del derecho penal e hicieron una mala calificación de los delitos ya mencionados, en cuanto a quien realmente era el sujeto pasivo de los dos delitos contra la propiedad, y que no hay dolo, o, es una acción accesoria al Ilícito contra la vida, el delito contra la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Claro en este motivo solo esgrimiremos argumentos relativos al hurto del Arma de fuego. Debemos nosotros mentalmente de trasladarnos al día de los hechos, e irnos unos días más atrás en ese comienzo del mes de agosto del año dos mil doce, que es cuando mi cliente está en otra de sus crisis Psicológicas o al menos sentimental, producto de su dependencia de las drogas y alcoholismo — recordar dictamen Psiquiátrico- y su Trastorno Disocial de la Personalidad- Recordar dictamen Psicológico-, y por acuerdo entre ambos padres mi cliente se va unos días a convivir con su padre. Recordemos que está probado (dictamen socioeconómico) que el padre de mi cliente fue muy irresponsable en la crianza de su hijo, nuestro cliente no permaneció en forma regular con su padre y si de manera muy esporádica. Recordemos también que, por todos sus problemas de abuso de sustancias, familiares y de afecto por ser un niño casi rechazado por su padre, mi cliente desarrolló un trastorno disocial de la personalidad una de cuyas características escrita por el perito Psicólogo en su experticia, es la de percepción inadecuada de la realidad, recordemos aquí también su nivel intelectual limítrofe entre un coeficiente mental normal bajo y el retardo mental leve. Lo dicho con anterioridad nos sirve de base para llegar a varias conclusiones: Mi cliente, respecto a los asuntos de su padre en todos los ámbitos de la vida diaria como ser trabajo, estudio, economía del hogar, deudas, posesiones, problemas de salud, dificultades laborales, etc., estaría enterado a un nivel muy básico; él no sabía, ni tenía por qué saberlo, detalles del hogar, no digamos los “grandes” asuntos de la vida de su padre, ya que recordemos que eran muy distanciados en su relación padre-hijo; mi cliente estaba desconectado de las actividades laborales de su padre y deducimos en base a toda la prueba aportada por nuestra parte sobre todo que incluso quedándose en la casa de su padre que la relación entre ambos era por lo menos vaga y distante, producto de años de abandono y falta de apoyo paternal. Así entonces mi defendido durante esos días de agosto previos a los hechos lo que observó dentro de la vivienda del mismo, y guardada mantenía un arma de fuego la posesión por parte de su padre de esa arma de fuego, lo que introdujo en la mente de mi poderdante no fue más que la idea que su padre tenía el dominio, control y uso de tal pistola y que no era otro más que su padre el que poseía ese bien mueble; hay declaraciones como las de la “acompañante” del padre de mi cliente en el fin de semana previo al hecho, la joven K. T., en el sentido de que ella dice que no le vio arma alguna, también esta testigo confirmó que todo ese fin de semana nadie más estuvo en esa casa, o sea no había forma de que mi cliente por otras personas haya sabido lo relacionado a la propiedad del arma. Pero aun así, aquí, en este caso en particular, lo toral es que el bien hurtado quien lo tenía en posesión no era más que el padre de mi cliente, y, era este —el progenitor de mi defendido- al único que en ese momento se le podía desapoderar de dicha posesión, ya fuera por parte de mi cliente o de cualquier otra persona, no estaba en ese momento especifico del hecho en posesión de la pistola VÍCTOR MANUEL CARIAS MEDINA; no, ante mi cliente el que estaba en posesión y uso del arma era su padre, y a mi defendido no hay una causal de exigibilidad que lo obligare a “tener” que saber otra cosa distinta a ese conocimiento sobre el uso y posesión de esa arma de fuego, no se puede exigir que tendría que haber leído o visto un traspaso de arma a favor de su padre o el registro del arma o su permiso para portarla. Aquí nos encontramos ante una circunstancia del hecho de este hurto, muy cerrada, por cierto, pero al fin y al cabo significa esta circunstancia que se daría lo que la doctrina conoce como Error de Tipo. Decimos que es muy cerrada ya que la línea que dividiría achacarle a mi cliente la plena realización del Tipo o por el contrario que exista el Error de Tipo es muy tenue, pero aun así consideramos que si estamos ante una modalidad del Error de Tipo. Ilustrémonos con algo de Doctrina, con la ya citada, en esta casación, obra de MIR PUIG, quien en su libro estudia el Error de Tipo, y por venturosa casualidad en una de las partes que citare de su obra para este aspecto, ejemplifica su pensamiento con lo relativo a la “Ajenidad” del bien mueble en el delito de Hurto; el tratadista dice en la Página 265, Párrafo numerado 104: “A) Concepto: Si el dolo típico requiere saber que se realiza la situación prevista en el tipo de injusto, el error determinará su ausencia cuando suponga el desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto. Tal es la esencia del Error de Tipo, Continuamos en la página 268 párrafo numerado 117:… Se ha criticado la terminología del actual art. 14 CP, al distinguir entre error “sobre un hecho constitutivo de la infracción penal” y error “la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal” separándose tanto la contraposición clásica error de hecho y de derecho, como de la actual de error de tipo y de prohibición. Para que no quede una zona no cubierta por el término “hecho” ni por la expresión “ilicitud del hecho”, habrá que incluir en el primero los elementos jurídicos del tipo o de las causas de justificación. ASI EL ERROR SOBRE LA AJENIDAD DE LA COSA SUTRAIDA DEBE CONSIDERARSE ERROR SOBRE UN HECHO CONSTITUTIVO DEL TIPO DEL HURTO (El subrayado, hacer más grande la letra y puesta en mayúscula, es nuestro)”. Consideramos que aquí el error de tipo se configura en cuanto a de “quien” es la ajenidad del bien hurtado, por lo dicho en párrafos anteriores planteamos que nuestro cliente no se le puede exigir más allá de lo que exige la norma que planteamos infringida en primer término, o sea el artículo 223 Nº1) del Código Penal, y es que los bienes sean “ajenos” a él, la norma no plantea que el agente- mi cliente- sepa en específico de quien es la propiedad; por lo consiguiente nuestro poderdante lo que “sabía” era que el arma la tenía su padre, también al momento del hecho al único que se le podía desapoderar del bien mueble no era a otro que a su progenitor; y aquí es donde se daría una apretada- como ya observamos- modalidad del error de Tipo en donde a mi cliente no se le puede achacar el Hurto de la pistola teniendo como “ofendido” a VÍCTOR MANUEL CARÍAS MEDINA, ya que mi cliente entró en el error de tipo respecto a uno de los elementos del injusto penal, el cual es la característica de ser ajeno a él esa arma de fuego, el error de tipo se configura en que el “sabía” que el “ofendido” de tal desapoderamiento sería su padre; por tal razón consideramos que en efecto se ha infringido el artículo 223 Nº1) del Código Penal, por aplicarse incorrectamente la literalidad de esa norma PERO TENIENDO COMO REFERENCIA DE QUE EL OFENDIDO ES EL SEÑOR VÍCTOR MANUEL CARÍAS MEDINA, LO CUAL ES UNA INCORRECTA CALIFICACIÓN AL EXISTIR EL ERROR DE TIPO CONSIGNADO lo cual volvería incorrecta su aplicación. ES por ello que planteamos que la correcta aplicación del artículo 223 Nº1) del Código Penal es considerar como sujeto Pasivo de la Acción constitutiva del Hurto, no a VÍCTOR MANUEL CARÍAS MEDINA si no al señor JUAN DE DIOS SÁENZ ROSALES. Lo dicho en el párrafo inmediato a este nos lleva puntualmente a decir que por la incorrecta aplicación del artículo 223 ya referido, por lógica derivación se infringió el artículo 264 del Código Penal en la parte conducente que ya citamos al inicio de este motivo, ya que, si se hubiera considerado, como era lo lógico y lo correcto, como ofendido al padre de mi cliente se hubiera tenido que aplicar a mi cliente la letra del artículo 264 del Código Penal, en su párrafo inicial, numeral 1). Como ya de sobra hemos analizado, mi defendido lo que “sabía” era que su padre controlaba, disponía y usaba el Arma de fuego objeto del Ilícito analizado, en consecuencia al ser realmente ofendido su padre del Ilícito de Hurto de Arma de fuego, sin más, entonces, al no haberse aplicado el artículo 264 del Código Penal como era lo debido, en consecuencia la forma de remediar tal infracción es entones aplicar el mismo a la presente causa en este apartado, de este ilícito en específico; lo cual conllevaría a que a mi cliente aunque se haya realizado, una acción, que está tipificada en nuestro Código Penal, y la cual es antijurídica, y deriva en haber culpabilidad, pero la misma nuestra misma norma Penal ordena que no sea punible por razón de quienes son los sujetos del delito, tanto el activo como el pasivo, o sea mi cliente estaría cubierto por una causa de Impunibilidad al no podérsele aplicar la pena abstracta ordenada para la Modalidad del Hurto cometido. Por todo lo expuesto en este motivo consideramos que el mismo es DE RECIBO, y por lo tanto debe ser declarado Ha Lugar, en consecuencia pedimos a esa sala que CASE la sentencia por este motivo, y proceda a dictar una nueva declarando que mi cliente cometió el Delito de HURTO DE ARMA DE FUEGO pero en perjuicio de su padre, y por tal razón en consecuencia mi cliente quede Absuelto de ese delito en específico por haber una prohibición expresa del Código Penal de que tales acciones y delitos, entre cierta calidad de parientes sean Punibles”. “CUARTO MOTIVO: Infracción de Ley por incorrecta aplicación del artículo 332- B del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 360 del Código Procesal Penal es el que nos autoriza a invocar el presente motivo de casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo del Código Penal Vigente que se considera infringido dice en su parte conducente: “Artículo 332-B. Fabricación y Tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión…” Hay una idea muy equivocada, y extendida, entre ciertos miembros del foro nacional, ya sean estos (as) litigantes privados, fiscales o jueces, de que hay ciertos delitos “indefendibles” por así decirlo, que no admiten ninguna tesis de defensa, y que los clientes — en el caso de los defensores- no pueden ser defendidos y que hay que buscar, o aplicar una Suspensión Condicional de la persecución penal, o la conciliación, un Procedimiento abreviado o un Criterio de Oportunidad, y por el lado de los fiscales o agentes de la Procuraduría, que esos casos no necesitan mayor investigación, que por el solo hecho de la captura de un ciudadano ya ese caso va encaminado o a una condena o a que el imputado se someta a una medida desjudicializadora. También en los tribunales de justicia, algunos de sus miembros, consideran esta misma tesis que hay delitos que invariablemente “existirán” por el solo hecho de que se capturó a alguien en razón de creerlo responsable del mismo. Uno de esos delitos es el de PORTACIÓN Y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS (que es el delito que consideramos incorrectamente calificado según este motivo de Casación); lo erróneo de la tesis mencionada, es que muchos colegas se les olvida que por cada delito se debe hacer un análisis al prisma de la teoría del delito, debe de analizarse si dan cada uno de los elementos básicos de cada delito, y en ese análisis se debe estudiar cada una de las características de tales elementos básicos, si no hay una causa que excluya la acción, si en la antijuricidad no hay alguna causa de justificación, o causas que excluyan la culpabilidad como una causal de inimputabilidad o una causal de inculpabilidad, etc., etc.. No analizar cada delito solo porque la parte objetiva del Tipo (la literalidad de la norma) es muy cerrada en su redacción, y aparentemente no admite defensa o justificación alguna es tener una mentalidad muy cerrada y poco creativa para estas lides del derecho penal. Veamos la letra de la norma que nos ocupa, sanciona una conducta que no necesita un resultado, o sea que se haga algo con el arma, que se cometa otro delito con ella, o que se piense o se conspire para hacer lago ilícito con ella, la redacción de la norma es en realidad de naturaleza cerrada. Pero hay que analizar siempre si además de si se cumplió con lo cerrado que es la redacción de este delito, si no hay alguna causa de Justificación, o alguna que destruya la acción en sí misma, o alguna que destruya la culpabilidad, o que alguna circunstancia especial haga no punible el acto. En el caso de autos consideramos que un elemento del delito no logra configurarse en este caso en específico, este sería el de La Tipicidad o El Tipo, ya que faltaría una de las partes del Tipo o la Tipicidad, y esta sería la parte Subjetiva del mismo; debemos entonces analizar esta tesis. La parte subjetiva del tipo es El Dolo, este no es más que el conocimiento que debe tener todo imputado del hecho que va a realizar y realizarlo con la debida voluntad, o sea “querer” el resultado del hecho Típico (Leer a SANTIAGO MIR PUIG, en su libro DERECHO PENAL.- PARTE GENERAL, 6ta. Edición, en toda su lección 10 habla del Dolo); recordemos que no basta que digamos que la Parte objetiva del Tipo existe, esto es que se configure que la acción del procesado cumplió con la literalidad de la norma; en este delito en específico es harto fácil comprobar que la parte objetiva del Tipo existe ya que al ser una literalidad de la norma muy cerrada no necesita mucho análisis; aquí lo importante en este tipo de delitos, y en específico en este delito en particular haya que analizar bien la parte subjetiva del Tipo. Analicemos todo el hecho en su conjunto, no aislemos el delito de PORTACION Y TRANSPORTE DE ARMA DE FUEGO de todo el núcleo de los hechos, recordemos que nuestro cliente es capturado a cientos de kilómetros del lugar donde se origina la causa, y precisamente dirigiéndose a la ciudad donde vive el regularmente y su señora madre. Nuestro cliente no se probó que haya ido a otro lugar o que su objetivo no haya sido otro que llegar a La Ceiba, entonces miremos que tampoco nuestro cliente quiso quedarse con el arma de fuego, o venderla, o de alguna manera sacarle beneficio, ahí si hablaríamos que había alguna intención directamente dirigida a en “si” Tener o Portar el arma, con ese fin en específico, ó sea el de portarla, y como iba en vehículo de transportarla. El Elemento volitivo de nuestro cliente, su voluntad no iba dirigida a “querer” portar o transportar el arma, su “querer”(recordemos que no estamos renunciando a nuestra tesis de inimputabilidad) iba dirigido a irse del lugar de los hechos, y ya que el arma supuestamente es la homicida, en consecuencia la voluntad y el conocimiento de mi cliente fueron direccionados más por el vértigo de los acontecimientos a irse del lugar, que en efecto actuar con dolo “queriendo” el resultado típico del delito, el cual es portar o transportar un arma en forma ilegal. Definitivamente mi cliente no “quería” portar o transportar el arma, su voluntariedad no era esa. Es más también podríamos tomar esta actitud de mi cliente como un elemento accesorio ligado directamente a la muerte de su padre, o sea simplemente tomar el arma, para ocultarla, destruirla o simplemente botarla, pero no tomarlo como una acción independiente que conlleve a considerarlo responsable del delito de PORTACIÓN Y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS, si no que tomarlo como un elemento accesorio a la Acción que dio como resultado la Muerte de su Padre- O sea EL PARRICIDIO-; lo esencial de nuestro argumento es que nuestro cliente en esta acción en específico no actúo con dolo, porque su intención no iba dirigida a “querer” transportar y portar el arma de fuego, ya que el dolo en este delito a eso es que debe ir dirigido, a conocer que si porta un arma sin la legalidad adecuada puede ser castigado según la ley penal y además tener la voluntad bien clara de poseer o portar o transportar esa arma, siempre “queriendo” tal resultado típico, aceptando sus ilícitas consecuencias. Por lo tanto al no existir El Dolo, no existiría la parte subjetiva del tipo, al no existir la parte subjetiva del tipo, no se logra sostener el Elemento Tipicidad, también llamado El Tipo, como El Tipo o La Tipicidad es un elemento básico que al no darse en cualquier delito, lo que sucede es que se considera como que el delito no existe o no logra configurarse en su totalidad; por todo ello se llega a la consecuencia que no habría en este caso delito que perseguir, y al no haber delito que perseguir entonces se debe de absolver al imputado por este delito en específico. Hemos visto que realmente se ha infringido la norma penal alegada, por haberse aplicado en un caso en que en realidad no existe el delito perseguido, en consecuencia en este caso para enmendar la incorrecta aplicación de la figura penal acusada lo que se debe de hacer es no aplicársela a mi cliente por la ausencia de dolo en las acciones de mi cliente tendientes en ese momento de su captura Portar y Transportar un arma de Fuego, para la que mi cliente no tiene el respectivo permiso ni documentos de propiedad. Por todo lo dicho en este motivo del recurso de casación consideramos que el mismo es DE RECIBO, y por lo tanto el mismo debe ser declarado HA LUGAR, en consecuencia, esa sala debe CASAR la sentencia y emitir un nuevo fallo, en donde se absuelva a mi representado por el delito de PORTACIÓN Y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO”. “QUINTO MOTIVO: Infracción de Ley por incorrecta aplicación del artículo 69 del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 360 del Código Penal es el que nos autoriza a invocar el presente Motivo de este, mi recurso de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Norma del Código Penal Vigente que se considera infringida dice: “Artículo 69. El juez determinará en la sentencia la pena aplicable al indiciado dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que hayan concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. En la Motivación de la sentencia el Juez consignará expresamente las circunstancias en el párrafo anterior que ha tenido en cuenta para determinar la extensión de la pena.” La norma penal que consideramos infringida, lo que ordena a jueces y tribunales en general cuando tengan que atender el dictado de una resolución en donde vayan a imponer las penas que nuestro Código Penal regula que se impongan a los responsables de la Comisión de Delitos es que debe de realizar un estudio ponderado de todas las circunstancias del hecho, podemos ver que el artículo 69 del Código Penal no solo ordena evaluar las circunstancias contra el reo sino las que pueda haber a su favor. Es por ello que en el Código Procesal Penal incluso hay una fase que desarrolla plenamente el artículo 69 citado como infringido, y la cual es la fase de individualización de la pena, en donde las partes según sea el caso tienen una oportunidad de demostrar tanto las circunstancias que agravan el hecho como las que lo atenúen, así como demostrar circunstancias personales, que hablen de la buena o mala personalidad del imputado, y su grado de peligrosidad hacia la sociedad. Con todo ello el o los jueces deben ponderar en su sentencia todas esas circunstancias, pero además les ordena la norma que consideramos, infringida que expliquen en su fallo que circunstancias, que razones y que análisis siguieron para lograr fallar como fallo o fallaron ese Juez o Jueces. Este motivo de Casación es muy puntual Honorable Sala, los Jueces incumplieron ese artículo porque en sus valoraciones tomando en cuenta todas las circunstancias que ordena el artículo 69 del Código Penal colocaron primero una declaración de voluntad de imponer una pena en específico y luego en el FALLO en sí, impusieron otra pena distinta a la que ellos ya habían analizado que era la correcta imponer, por todas las circunstancias del hecho, atenuantes y antecedentes personales de mi cliente. Y señalamos entonces que la sentencia en la parte de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA en sus numerales OCTAVO Y NOVENO dice, respectivamente: “… parámetro que este tribunal toma en cuenta para aplicar las penas concretas por el delito de parricidio, una pena concreta de treinta (30) años de reclusión…” “NOVENO: Por todo lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, si bien es cierto no se acreditó la grave peligrosidad del acusado, este Tribunal considera proporcionado imponer las penas mínimas, es decir por el delito de PARRICIDIO, una pena concreta de treinta años (30) de reclusión....” Pero en su fallo el Tribunal dice: “FALLA: PRIMERO: CONDENA al acusado… responsable penalmente… de PARRICIDIO… A la pena de CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSION. Consideramos no tener que argumentar más que lo evidente; hay una clara incongruencia entre lo valorado según el tribunal al tenor del artículo 69 del Código Penal en la parte de la sentencia de la fundamentación jurídica y la parte del FALLO de la misma, en consecuencia, consideramos que el artículo 69 del Código Penal si fue violentado. La forma de aplicar debidamente el artículo violentado es, y esto sin apartarnos de nuestra tesis de Absolución total de nuestro cliente, que, si esa sala no tiene a bien tomar en cuenta otros Motivos de casación de este recurso, emitiendo una nueva sentencia en donde se imponga a mi defendido la pena mínima por el delito de PARRICIDIO tal como ya había valorado el tribunal de sentencia. Consideramos que por todo lo dicho en este Motivo del recurso el mismo es DE RECIBO, y el mismo debe ser declarado HA LUGAR, en consecuencia, esa Sala debe CASAR la sentencia, y dictar un nuevo fallo imponiendo la pena mínima por el delito de PARRICIDIO. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Quebrantamiento de Forma por no haber aplicado la Sana Crítica en la valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 Nº3) del Código Procesal penal es el fundamento legal que me autoriza a poder alegar este Motivo de Casación. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Norma Procesal infringida es la del artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2) del Código Procesal Penal, relacionada con el artículo 202 del Código Procesal Penal, estos artículos nos dicen lo siguiente: Artículo 338, en la parte que nos ocupa: “…CUARTA: Se consignará la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1) … 2) Valoración de la prueba. Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos justificando según las reglas de la sana crítica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Artículo 202: “Valoración de las Pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Nuestro Sistema de valoración probatoria se rige por la Sana Crítica, y aunque los tribunales muchas veces mencionan que la han aplicado para valorar el elenco probatorio, al examinar las pruebas y los conceptos empleados por los Jueces caemos en la cuenta que todavía muchos tribunales usan conceptos de la prueba tasada o por la arbitrariedad de valoración probatoria; para emplear la Sana Crítica es necesario poner en práctica sus reglas, las cuales han sido objeto de muchos debates, habiendo colegas que tienen nociones más dogmáticas, otros más abiertas. Nosotros consideramos que las nociones de la Sana crítica deben ser lo más prácticas posibles y no revestirlas de muchos conceptos enrevesados, bueno las reglas de la Sana Crítica se acepta unánimemente que son: a) Los principios de la Lógica (Los principios de la lógica son cuatro: De Identidad, De Contradicción, De Razón suficiente, y De Tercero Excluido); b) Normas de la Psicología y c) Leyes de la Experiencia Común; en lo que a veces hay disenso es en cómo explicarlas o qué significado tiene cada una de esas reglas. En esta Casación desarrollaremos los conceptos que creemos fueron infringidos de las reglas de la Sana critica, referidos en específico a cada prueba individual de las que consideramos que no se les aplicó alguna o algunas las reglas de la Sana Crítica para valorar las mismas. Veamos, muchas veces los tribunales nos exigen a los litigantes que seamos específicos, que puntualicemos como en este caso en específico, que normas de la Sana Crítica creemos que se han violentado, pero los tribunales, jueces y cortes, muchas veces solo dejan la frase “Valorando las pruebas conforme a la Sana crítica” —o similares frases- pero luego en el cuerpo de la sentencia no nos dicen lo que tanto nos exigen: puntualizar que reglas de la Sana crítica usaron para valorar una prueba o todo el bloque de pruebas. En este caso en específico llamó la atención de esa sala, a un aspecto de la sentencia recurrida, la misma en la valoración de la prueba, lo que hace en su primera parte es una simple enumeración de las pruebas y un apretado sumario de lo que contienen, y esto en cuanto a la prueba de cargo, al llegar a la prueba de la defensa son más lacónicos aún y a pesar que dos de esas pruebas son sendos dictámenes forenses el Tribunal las pasa de lado, y solo las enumera apenas. Luego el tribunal hace ciertas apreciaciones de que algunas de las pruebas demuestran los ilícitos achacados a mi cliente, pero de nuevo lo que hace es prácticamente describir en resumen lo que contienen las pruebas; y hace escuetos análisis que no pueden en ningún momento considerarse que son argumentaciones logradas utilizando el régimen de la Sana crítica; dicho de modo coloquial: Hay mucho ruido, pero pocas veces de parte del tribunal impugnado en este aspecto de realmente hacer la valoración de la prueba conforme a la Sana Crítica. El tribunal sentenciador no aplica la regla de la Sana Crítica referida a los principios de la lógica, y aquí referiremos que no aplica el Principio de Razón Suficiente, este principio se refiere a que todas las pruebas que se aportan en un proceso deber ser evaluadas al tenor de las demás, ó sea el elenco probatorio es una cadena en donde cada medio probatorio es eslabón de una misma cadena, cada prueba es prueba de las otras por así decirlo, este principio implica que no se puede valorar los medios de prueba en forma aislada, aunque cada prueba aislada por si sola cada una de ellas goce supuestamente de la confianza del Juzgador, ya que en consecuencia no acreditaran nada si no se valoran en conjunto; no aplica el Tribunal de Sentencia este principio de la lógica porque si evaluamos en conjunto la prueba testifical de cargo en primer lugar podemos ver que las declaraciones de la señora que aseo DORIS HERNANDEZ, la de la hermana del ahora difunto, MRTHA SÁENZ MORALES, y la que era pareja sentimental de éste (disculpen la franqueza pero eso es lo que era esta dama del padre de mi defendido) K. V. T. R., todas ellas por más que queramos buscarles “el lado” para decirlo así coloquialmente, no demuestran directamente ni uno solo de los delitos que se le imputan, claro al valorarlos muy aisladamente el Tribunal difuminó una realidad patente: ni una de esas testigos, estuvo ni a la hora del acontecimiento, ni cerca del lugar, donde supuestamente ocurrió la muerte del ofendido. Veamos que K. V. incluso la última vez que vio al imputado y ofendido fue el día domingo, o sea no tuvo contacto con ninguno de los dos por dos días antes de la ocurrencia de los hechos, y además ella misma declaró que no volvió a comunicarse con el ahora fallecido, y fue hasta que se supo la noticia del hecho que volvió a saber de ambos, la hermana del padre de mi cliente, por más que quiso, no pudo aclarar más haya que ella no había visto a su hermano en todo el día de los hechos, tanto así que quedó claro que ella fue por teléfono que intentó comunicarse con él pero hasta ya las nueve y media de la noche de ese veintiuno de agosto del dos mil doce, la señora del aseo DORIS HERNÁNDEZ, si bien estuvo toda la mañana, y parte del medio día luego ya después de la una de la tarde ella se va, lo único que menciona es que había otro muchacho lavando el carro, pero al no comparecer este testigo al Tribunal, no se corroboró ni siquiera ese extremo, ya que las otras testigos no lo mencionan, y esta señora, la aseadora ni siquiera mencionó su nombre, y además no lo conocía (al que lavó el carro); como vemos al no aplicar el principio de razón suficiente caemos en la cuenta que no es cierto lo expresado por el Tribunal que estas testigos le sirven para comprobar que mi cliente es el responsable de los hechos que se investigan, todas sus declaraciones son circunstanciales, y no nos dicen nada de la horas en que seguramente ocurrió el hecho: en un rango entre las tres de la tarde y las primeras horas de la noche de ese día, esto lo decimos por que la autopsia así nos lo revelaría, ya que aunque no hace Tanacronodiagnóstico — error del protocolo de la autopsia inmenso- pero si establece que la putrefacción está en su fase Cromática, entonces la misma al ser realizada a las tres de la tarde del veintidós de agosto del año dos mil doce significa que por la fase de putrefacción la muerte ocurrió en un rango entre dieciocho a veinticuatro horas de la autopsia, ya que recordemos de las clase de medicina forense que la putrefacción en circunstancias normales empieza a las veinticuatro horas de la muerte, pero cuando hay un ambiente húmedo o insalubre puede irse adelantando y ocurrir antes, ya que la fase cromática de la misma ocurre a las treinta y seis horas más o menos de la muerte, pero recordemos que el cuerpo se encontró en un ambiente húmedo que aceleró la putrefacción, podemos ver que al no utilizar el principio de razón suficiente incluso excluyó de análisis ese aspecto de la autopsia, que indicaría que estas testigos no pueden darnos ni un solo detalle ni siquiera de referencia o indirecto de los momentos inmediatos a la muerte o su mismo momento; dicho de otro modo, esta parte de la prueba no arroja en realidad ninguna luz sobre los hechos, y mucho menos sobre el estado mental de mi cliente, ni el del ofendido, o si había más personas después en esa casa en ese rango de toda la tarde y parte de la noche de ese martes veintiuno de agosto del dos mil doce; todo esto se nos aclara al utilizar la norma de la Lógica referida al principio de Razón suficiente en la valoración de estos medios de prueba. Ahora bien al analizar el testimonio del Policía JACOBO PAVÓN CHÉVEZ, tampoco al evaluarlo se utilizó el principio de de la Lógica de Razón suficiente ya que en realidad al analizar su declaración lo único que arroja son datos sobre la detención de mi cliente, y no sobre la muerte del ofendido, la forma de tomar el vehículo y la propia arma; y lo de la posesión del arma que él es que realiza el hallazgo no arroja tampoco datos sobre cual era la voluntad de mi cliente en portarla, si lo era con una voluntad cubierta de dolo, especificado al ilícito específico de PORTACIÓN Y TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, podemos ver que al no aplicar el principio de Razón suficiente al evaluar este testigo el tribunal sentenciador no vislumbró que dicha prueba no comprueba ni ella sola ni encadenada con las demás lo básico de este caso: Si mi representado ejecutó el hecho; peor que nos ayude a vislumbrar si las acciones de mi cliente fueron matizadas por alguna circunstancia modificativa de su responsabilidad penal. Continuando con el análisis debemos de referir que se siguió rompiendo el principio de Razón suficiente al no analizar el Tribunal de Sentencia en su conjunto las pruebas, con todo el contenido de las mismas pruebas de la defensa. En efecto como ya dijimos el Tribunal sentenciador escuetamente mencionó nuestras pruebas, en un primer apartado de su sentencia, luego al darles un mínimo de análisis valorativo las desestima sin más, sin hacer un análisis en primer lugar en su conjunto de cada prueba, y luego al conjuntarlas todas esa pruebas de nuestra parte y a la vez conjuntarlas con las de cargo; porque el Tribunal solo basa algunos de sus argumentos en “partes” de los dictámenes, y otros como el Socioeconómico, la nota de CEREPA y la de TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL, prácticamente los ignora lisa y llanamente, y esto rompe el principio de la Lógica de Razón suficiente, ya que no puede dejar por fuera de su análisis, hechos tan importantes como los que demuestran tales medios de prueba. Veamos entonces al hacer un análisis con el principio de Razón suficiente de la prueba en su conjunto podemos ver, que incluso las pruebas de cargo se concatenan con la de la defensa en el aspecto que el tema del abuso de Alcohol y de drogas por parte de nuestro cliente llegó a niveles patológicos, la hermana y “La compañera” del ahora occiso así lo refieren en sus declaraciones, si analizamos estas declaraciones con ese punto, vemos que coinciden plenamente con los diagnósticos Psiquiátrico y Psicológico, que demostraron a pesar de ser solo una vez evaluado el paciente (nuestro cliente) que al mismo estas adicciones ya habían llegado a un nivel de ocasionarle un Síndrome de Dependencia (por el consumo de sustancias espirituosas y enervantes), luego si analizamos en su conjunto la prueba Técnica Psiquiatra/Psicológica, vemos que esa circunstancia doble, ya que recordemos que mi cliente no es solo adicto a las drogas de todo tipo (marihuana, crack, cocaína, etc.) si no se le vislumbra un alcoholismo en su nivel patológico, se da en una persona con fuertes trastornos de su personalidad, así lo dice la misma prueba científica, unido a ello podemos ver que esa circunstancia- La del síndrome de dependencia al alcohol y las drogas- es tal que ha estado internado en al menos dos centros que se pudo demostrar: CEREPA Y TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL; podemos observar entonces que la prueba en su conjunto arroja como resultado que es plausible nuestra tesis de defensa: Que nuestro cliente fue afectado por un trastorno mental transitorio al momento de la ocurrencia de la variedad de acciones ilícitas. Aquí debemos de señalar que siempre siguiendo el principio de la Sana Crítica, de la Lógica, de Razón suficiente si se analiza todo el conjunto de Pruebas de la defensa en bloque: Dictamen Psiquiátrico, Dictamen Psicológico, Dictamen Socioeconómico, y las constancias de CEREPA Y TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL; podemos darle pleno valor probatorio a las mismas que nos demostrarían lo siguiente: Nuestro cliente es claro que tiene una amplia base patológica de padecimiento de un trastorno disocial de la personalidad, cuyas características más peligrosas incluyen tendencia a la violencia, al poco dominio de las emociones y a una inadecuada percepción de la realidad, además de ello tiene una amplia base exógena de consumo de drogas, que le ha provocado un Síndrome de Dependencia de las mismas drogas, unido a otra base exógena de alcoholismo crónico; junto a todo lo anterior la pericia socio-económica demostró a pesar de lo apresurado de la realización de la misma, la conflictividad existente entre padre e hijo, incluso se detectó un rechazo del padre a su hijo, sobre todo en el aspecto de tenerlo con él en los momentos más difíciles de su adolescencia cuando le comenzaban sus adicciones, y hasta salió a relucir una pelea a golpes entre padre e hijo cuando mi cliente tenía quince años; o sea sentimentalmente nuestro cliente también tenía una fuerte base de conflictos; todos estos elementos fácilmente coinciden con los parámetros Biológicos y Psicológicos necesarios para que se produzca un Estado alterado de la conciencia, en definitiva una Psicosis; al día de los hechos se combinaron todos esos elementos: Drogas, alcohol y la presencia de un padre distante y que no le dio afecto, unido a su trastorno disocial podemos inferir claramente que se disparó el fusible inadecuado en la mente de nuestro defendido y provocó su Psicosis transitoria; y siempre usando el principio de razón suficiente debemos de apreciar que la prueba científica en si no arrojó lo que querían los jueces una frase que diga que el Imputado esta Psicótico, eso no iba a suceder, ya que las evaluaciones fueron muy distantes en el tiempo y además solo realizaron una y además a contrarreloj por la premura del tiempo, es necesario que medicina Forense sea un ente autónomo, fuera de la mala influencia (literalmente hablando) de las presiones del Ministerio Público, que siempre retrasan la elaboración de estas pericias cuando es de realizárselas al imputado, pero como ya dijimos al señalar la doctrina del Psiquiatra Germano LANGUELUDDEKE los jueces no solo deben aceptar a rajatabla la opinión del perito, son ellos los que al tenor de la técnica jurídica deben decidir sobre la procedencia de la inimputabilidad, y si hubieran usado el principio de razón suficiente en la valoración de estas pruebas científicas, sociales, médicas y terapéuticas habrían detectado que todo el conjunto de padecimientos Psicológicos, consumos de drogas y alcohol, tragedias familiares, desencuentros y despechos con su madre y su familia pero sobre todo con su padre, fueron formando una gigantesca bola de nieve que corrió cuesta abajo al final, el veintiuno de agosto del año dos mil doce y que provocó un trastorno mental transitorio en mi cliente, que no pudieron detectar los peritos, pero que se deduce claramente de todas las circunstancias anteriores al hecho como lo que sucedió ese día, que realmente mi poderdante lo sufrió. También se violentó por parte del Tribunal sentenciador la regla las Normas de la Psicología; las normas de la Psicología son aquellas que estudian el comportamiento humano, los fenómenos Psicológicos y las conductas de las personas; el ser humano por ser un ser consciente, no solo ha logrado expresarse por medio de sus instintos sino que lo ha logrado a través de varias formas de comunicación, entre ellas el hablar, cuando una persona habla cada una de sus palabras además del significado etimológico encierran toda una gama de sentimientos o mensajes subliminales, que los juzgadores deben estar atentos a descubrir; este principio de la Sana Crítica de Las Normas de la Lógica debí emplearse en los testimonios, de la “compañera” del ahora difunto K. V. T., de MARTHA ARGENTINA SÁENZ ROSALES, la hermana, y de la doméstica DORIS HERNÁNDEZ, ¿en qué aspecto?; en el sentido de que estas tres testigos trataron por todos los medios de aclarar que ellas no supieron, o no vieron ningún altercado entre padre e hijo, en los días inmediatos a los hechos o durante el día de los mismos, dependiendo de quién sea la testigo, pero con mayor énfasis en la hermana del ahora fallecido que trató de pintar de rosa la relación padre e hijo, algo que ya vimos por las pruebas que no es cierto, y la hermana del difunto además tratando de hacer ver a su hermano como alguien sin tendencia a la violencia y además muy interesado en su vástago, otras dos circunstancias que tampoco son ciertas, K. V. también trata de dejar la sensación que todo era armonía entre padre e hijo, la trabajadora doña DORIS ISABEL, al solo estar prácticamente la mañana y el inicio del mediodía no puede aclararnos mucho ese aspecto de la relación padre-hijo, pero también dijo frases relacionadas a que ella no vio ni un problema entre ambos; al usar las normas de la Psicología observamos que la conducta de las tres testigos, pero sobre todo la de la hermana y “La Compañera” del ofendido van dirigidas a tratar de pintar al fallecido como alguien que no quiebra un plato-para decirlo en lenguaje popular, y que era un “amor” con su hijo, circunstancias que son falsas. Siguiendo con el análisis también debemos referir que la testigo K. T. Y la testigo MARTHA ARGENTINA SÁENZ ROSALES trataron de minimizar todo lo que pudieron los padecimientos de mi cliente y sus problema grave de narco dependencia y alcoholismo, sobre todo la hermana del difunto, hasta el contra interrogatorio y de manera escueta logro decir que su sobrino ella sabía que usaba drogas, pero sin saber cuáles, y aun cuando se le pregunta si el difunto bebía o usaba drogas ella evadió la pregunta diciendo solo que cuando mi cliente estaba con él el escondía la bebida, lo que nos deja entrever que si bebía el occiso, y de tal forma que mantenía licor en su casa, pero con sus dichos la hermana trata de esconder el alcoholismo de su hermano, el cual ha salido a relucir en varias partes del presente juicio. ¿Por qué esta actitud de las testigos?, las normas de la Psicología no dicen que estas actitudes solo pueden ir encaminadas a una razón: Ocultar algo. Ya se probó en el juicio por los dictámenes Psiquiátrico, Psicológico y el Socio-Económico, que el padre de mi cliente era todo menos un padre amoroso, era un irresponsable con su hijo, no atendió en los momentos de crisis a su hijo, era de carácter violento en general y con su hijo en particular, consumía alcohol y también drogas, esto último demostrado por la autopsia. Y respecto a la autopsia recordemos algo truculento y que nadie ha reparado en ello: La presencia de semen en la uretra del difunto pero además en su boca y ano, quiere decir que el ofendido justo al momento de su muerte había eyaculado, pero además había mantenido relaciones sexuales con otro hombre ya que tenía semen en boca y ano, signos inconfundibles de penetración por esas dos partes anatómicas, y recordemos que todos los testigos, el acusador privado y fiscalía y también el tribunal han dicho que estaban ellos dos solos en esos momentos antes y durante la ocurrencia de los hechos; o sea se nos dibuja ante nosotros por qué las testigos mencionadas, hemos descubierto usando las Normas de la Psicología, trataron de edulcorar la relación entre padre e hijo y presentar a el occiso como alguien que no era en realidad; porque subyace que el padre de nuestro cliente con la única persona que pudo tener relaciones íntimas- Según todos: Fiscal, Acusador, Tribunal, testigos- fue con mi defendido, este aberrante hecho nos demostraría la punta de un Iceberg formado por un patrón de abuso seguramente desde la infancia, del occiso hacia mi patrocinado; vemos otra base exógena más, que se agrega al Coctel Molotov Psicológico que gravitaba pesadamente sobre la mente de mi cliente al momento de los hechos, que por sí solo pudo ser otro desencadenante más de la Psicosis transitoria que padeció mi representado al momento de los hechos que se le imputan. Vemos entonces que el Tribunal Sentenciador rompe esta regla de la Sana Crítica respecto al análisis de estos medios de prueba al no valorar de las declaraciones mencionadas todas estas frases y sus intenciones ocultas; que a través de Las normas de la Psicología nosotros le señalamos a esa Sala. El Tribunal Sentenciador rompe también Las Leyes de la Experiencia Común en la valoración de ciertas pruebas, Las Leyes de la experiencia Común son aquellas que nos señalan Juicios o definiciones hipotéticas de contenido general independientes de cada caso concreto sometido a juicio que nos señalan vivencias del común devenir de la existencia que nos señalan que en ciertos casos ocurren los mismos fenómenos que en otros casos similares y surgen de la observación de esas situaciones para aplicarlas a la vida diaria, son nociones de dominio Público que toda la sociedad acepta como válidas; pues el Tribunal no aplicó estas Leyes en la valoración de aspectos de las pruebas tales como lo relativo al arma de fuego, tanto en su sustracción como en su portación y al apoderamiento del vehículo, la experiencia nos dice que si yo veo que alguien anda un arma — y podría ser cualquier otro bien u objeto, la experiencia es igual para todo tipo de objeto material-, la usa, la porta o la tiene sobre todo en su casa, ¿Qué supondríamos nosotros?, que tal arma es de la persona que en ese momento la tiene, incluso aunque cualquier persona viera esa arma escondida, pero siempre en una casa de habitación, diríamos incluso que es del hombre o dueño de casa, aunque hubieren mujeres adultas u otros niños o jóvenes, porque hasta en el sexo de la persona la experiencia común o nuestras nociones culturales nos dicen quién puede tener un arma, pero lo importante es que cualquiera diría que el arma es del que vive en esa casa, y recordemos que en esa casa ya todo el mundo dijo que solo vivía el ahora fallecido, mi cliente ¿Qué debía saber? — No nos alejamos de nuestra tesis de inimputabilidad de mi defendido pero haciendo un caso hipotético en nuestra mente de lo relativo a los otros delitos debemos examinar las pruebas y el derecho aplicado “suponiendo” que mi cliente si “quiso” tomar las cosas, pero como ya dijimos es un mero ejercicio mental para desarrollar nuestras otras tesis que fundamenten este recurso- que el arma, su uso y control sobre la misma no era otro que su padre el que lo ejercía, no es exigible que mi cliente “supiera” que el arma en casa de su padre no era de el mismo. Igual sucede con el apoderamiento del vehículo, mi cliente es un ser humano trastornado, por el alcohol y todas las drogas que consume, la experiencia nos dice que alguien así no pasa pendiente del mundo que lo rodea; además tiene una inteligencia limítrofe y memoria a corto plazo disminuida y con dificultad para percibir la realidad —ver dictámenes Psiquiátrico y Psicológico- entonces alguien como mi cliente lo único que percibía era que el carro lo andaba su papá, lo veía parqueado en su casa, y además quien tenía el dominio de ese automotor no era otro que el padre de mi cliente, a quien se le podía desapoderar del bien no era otro que al ahora occiso. Con la portación de arma las normas de la experiencia nos dicen que alguien después de un hecho de esta naturaleza recordemos que nuestro defendido es inimputable, pero no es que por su estado alterado no podía realizar decisiones, no es que estaba desmayado o paralizado, recordemos que aún dentro de un episodio de Psicosis transitoria aun así el agente puede tomar decisiones “normales” dentro de acción relacionada a un estado anormal de su mente- no dejara el arma cerca del lugar del hecho, hasta la saciedad la casuística nos demuestra cuantos procesados -ya sea amparados por causas de inimputabilidad, de justificación, de inculpabilidad o de inimpunibilidad, o que realmente sean responsables de un ilícito- son capturados con él o las armas en la mano, aun cuando originalmente no fuere o fueren de el o los imputados esas armas, pero ello no significa que nuestro cliente haya tenido la voluntad dolosa de portar ilegalmente un arma de fuego, más bien las normas de la experiencia nos indicarían lo ya dicho que esa acción se subsumiría en un acto accesorio a la comisión del delito más grave imputado a mi cliente, y que lo que verdaderamente quería hacer mi cliente no era más que ocultar o desparecer el arma homicida. Las normas de la experiencia común ya nos enseñan que un hombre o una mujer ebrio pierde el control de sí mismo, y dentro de ello afloran desviaciones sexuales, también sabemos que la Cocaína enerva la personalidad de la gente, el occiso combinó las dos drogas, la legal- el alcohol- y la ilegal- la cocaína-, y ya sabemos todos los que hemos tenido un mínimo, al menos de vida nocturna lo que produce esa combinación, ahora trasladémoslo al momento del hecho esa experiencia y más el hallazgo de semen en uretra, ano y boca, nos dice que al estar solos padre e hijo aconteció lo que no sabemos cuántos veces había ocurrido: Un abuso por parte del padre a su hijo, aunque en este caso parece indicar que el sujeto “pasivo” de la relación era el padre ya que a él es al que se le encontró indicios de que lo penetraron en su ano y su boca- el semen en la uretra no es de extrañar ya que en las relaciones homosexuales, el que es penetrado se le estimula su próstata por el roce del pene con la misma dentro de su ano y comúnmente eyacula también el que está siendo penetrado en su ano y esfínter- lo que nos indicaría lo ya dicho en otras partes de este motivo y del recurso de la presencia de un patrón de abuso de el ofendido hacia mi poderdante, abuso que como también ya hemos dicho demuestra aún más las causas exógenas que provocaron la Psicosis transitoria en mi cliente. Por todo lo dicho en este Motivo de casación Consideramos que el mismo es de recibo, y que por lo tanto el mismo debe ser declarado Con Lugar, y siendo que por la naturaleza del mismo se tendría que anular la sentencia, pedimos que así sea vuestra decisión y en consecuencia se vuelva a reproducir el juicio en su totalidad, pero con un tribunal diferente. Señalamos que siendo que la “Valoración de la Prueba” es un acto procesal que se desarrolla hasta el momento de la redacción de la sentencia no se pudo impulsar recurso alguno contra las violaciones indicadas, si no solo hasta este momento que lo hacemos por medio del presente recurso en general y este motivo en particular”. “SEGUNDO MOTIVO: La declaración de hechos Probados carece de la debida declaración expresa y terminante de los mismos, y carece a la vez de precisión y coherencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 362 Nº1) del Código Procesal Penal es él nos da la autorización para invocar este Motivo de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Norma procesal que se considera infringida en su parte conducente dice: “Artículo 338. Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: … CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predetermine el fallo que haya de dictarse…”. En la presente causa, independientemente de los múltiples yerros ya señalados por este recurso en las actuaciones del Tribunal, su marcado parcialismo hacia la acusación, y haber tenido esta defensa que acudir dos veces en amparo por violaciones constitucionales, tanto en la etapa preparatoria como en la del juicio, ambos amparos concedidos uno parcial y otro completo; pero si consideramos que la evacuación de la prueba, en cuanto a las declaraciones de testigos y peritos, fue amplia y se permitió que las declaraciones fueran lo más abiertas posibles, eso nos trajo como resultado que muchos de los puntos en discusión quedaran de sobra explicados, también detalles como lugares, fechas y horas en que ocurrieron los hechos en si, como los días previos, y aun de momentos distantes hacia delante en el tiempo de los hechos, quedaron bien pormenorizados y aclarados. Es por ello que no entendemos porque el Tribunal Sentenciador en sus hechos probados, incumple las obligaciones procesales de que su sentencia se precisa, coherente y puntual y terminante. Pierde coherencia la narrativa de los hechos probados cuando en sus numerales PRIMERO y SEGUNDO dicen los jueces que JOSÉ JACINTO VALLADARES FIGUEROA fue a la casa del hoy occiso, cuando esta circunstancia no se probó en juicio; ¿Por qué lo decimos?, recordemos que la única persona que estuvo en la casa el fin de semana antes de los hechos y el amanecer del lunes antes de ese martes veintiuno de agosto fue la joven K. T., y ella no pudo ver o saber quien llegó a lavar el carro el martes veintiuno de agosto porque la misma testigo dice que ella, ya desde la mañana del lunes no volvió a ver a don JUAN DE DIOS, sino que solo habló con él por teléfono ese lunes; o sea no supo nada de lo acontecido al día siguiente, ni lo principal que son todos los ilícitos acusados a mi cliente ni lo ocurrido en horas de la mañana, mediodía y parte de la tarde de ese martes veintiuno de agosto del dos mil doce. Luego la señora DORIS ISABEL HERNÁNDEZ, que llegó a asear ropa y otras labores domésticas en su declaraciones siempre menciona que había “otro muchacho”, pero nunca pudo aclarar o decir que quien era ese otro muchacho, y la otras personas que podían saber quién era la persona que estaba además de don JUAN DE DIOS, JOHANS, DORIS HERNANDEZ, la nieta de esta última también estaba, no son más que el ofendido y mi cliente, pero el primero por lógica nunca pudo ni podrá decirlo ante un Tribunal y nuestro cliente haciendo uso de su derecho no declaró en juicio; y aquí es donde pierde coherencia la sentencia ya que menciona como parte de sus hechos probados una circunstancia que en realidad nunca se probó: Que si había otra persona esa mañana, mediodía e inicio de la tarde en la casa donde supuestamente ocurrieron los hechos quien era esa persona, esta circunstancia como ya dijimos violenta la norma procesal alegada como infringida. Los hechos probados en muchas de sus partes no son precisos en cuanto a las horas de ocurrencia de los distintos hechos que están declarando probados los jueces, ya que ellos dicen muchas veces en “horas de la mañana”, “en horas de la tarde”, “en horas de la noche”, pero resulta que todos los testigos como ya dijimos fueron bastante puntuales en estos detalles sobre las horas, ya que los mismos dijeron horas exactas o rangos muy precisos de las mismas, para el caso la hermana del ofendido dijo que la primera llamada que hace a su sobrino es a las nueve y media de la noche, pero el tribunal no coloca esa circunstancia en el numeral TERCERO de la declaración de hechos, luego en su numeral CUARTO dice que en horas de la mañana llega la hermana del ofendido con otro de sus hermanos, cuando la testigo claramente había dicho que llegó alrededor de las cinco y treinta minutos de la mañana de ese miércoles veintidós de agosto del dos mil doce a casa de su hermano ahora fallecido, luego en su numeral QUINTO el tribunal dice a secas que mi cliente es detenido a inmediaciones de La Ceiba, pero sin especificar ni que día ni la hora, a pesar de que hay abundante prueba documental que demuestra el día, lugar y hora de su detención, y haber declarado el policía que lo detuvo JACOBO PAVÓN CHÉVEZ, todas estas circunstancias le restan la debida precisión a la sentencia, que ordena el Código Procesal Penal. Consideramos que el Tribunal sentenciador dejó esos claros oscuros en su sentencia para matizar que nunca se pudo establecer con certeza la ocurrencia de el núcleo principal de los hechos, y si ese fue tal como creemos en un rango del término de la tarde e inicio de la noche (o sea entre 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche), daría pie a nuestra tesis de defensa relativa a la inimputabilidad ya que hubiera trascurrido el tiempo necesario entre alrededor de la una de la tarde y las ocho de la noche, para que mi cliente y su padre se emborracharen, consumieran drogas y llegaren a un estado tal de intoxicación que sucedieron los hechos tal como nosotros los hemos planteado. Además hay otro “agujero negro” en los hechos probados de la sentencia: En ninguno de sus apartados dice terminantemente algo esencial; esto es que MI DEFENDIDO HAYA DADO MUERTE A SU PADRE, NI COMO FUE PARA EL TRIBUNAL LA FORMA COMO OCURRIO LA MUERTE, no crean que es broma Honorables Magistrados, lean los hechos probados y verán que en los mismos no hay una declaración terminante y contundente referida a que mi cliente procedió a dar muerte a su padre, hacen muchas referencias en el sentido de que mi cliente estuvo en la casa, que lo acompañó en el almuerzo, a lo de las llamadas a mi cliente por familiares del ahora difunto, pero por ningún lado el Tribunal hace declaración expresa que mi defendido haya matado a su padre, ni que método utilizó. Recordemos que el Tribunal si consideraba que no podía declarar probados ciertos hechos de manera directa podía el tribunal declarar probado el o los hechos en forma indirecta, esto es, a partir de indicios, claro está, haciendo una declaración expresa de su análisis para llegar a tal conclusión, es increíble Honorable Sala que el Tribunal Sentenciador haya faltado tanto a su deber de colocar en los hechos probados en forma puntual y terminante tal declaración, que es algo básico en cualquier delito: Declarar tajantemente que “tal” o “cual” imputado realizó “tal” acción y de “tal y tal” manera. Consideramos en consecuencia que tal violación al proceso evita que los hechos probados, sean puntuales, precisos, coherentes claros y terminantes y por lo tanto la misma sentencia tendría una causal de nulidad clara y precisa. Consideramos que la norma procesal debió ser aplicada correctamente y la sentencia debió y debe, en todo caso declarar clara y contundentemente la forma, modo, lugar y tiempo, aunque fuera aproximado de la ocurrencia del hecho principal de la causa, como es la muerte del ofendido, y a su vez ser precisa en los demás momentos accesorios al hecho y en la veracidad nacida de las pruebas de quienes estuvieron en horas de la mañana y mediodía de ese día de los hechos. Por lo dicho con anterioridad consideramos que es DE RECIBO el presente motivo de casación y por lo tanto el mismo debe ser declarado HA LUGAR, en consecuencia, esa sala debe anular la sentencia venida en casación, y siendo que la naturaleza de la infracción conlleva una parte de la sentencia que se basa en lo observado y valorado por los jueces, consideramos que se debe repetir el juicio y que otro Tribunal observe el mismo. No nos fue posible recurrir las violaciones procesales alegadas, ya que las mismas las supimos hasta la emisión de la sentencia, y las estamos recurriendo por este recurso de Casación”. “TERCER MOTIVO: Haberse violentado la forma en que debe celebrarse el debate, tal como lo establece el Código Procesal Penal, con lo que se perdieron los principios de inmediatez y el de concentración. PRECEPTO AUTORIZANTE: El artículo 362 Nº5) del Código procesal Penal es el que me autoriza a invocar este motivo de Casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La norma procesal penal que se considera infringida dice en su parte conducente: “Artículo 312. Forma de Celebrar el debate. El debate podrá realizase en una o varias sesiones que, para todos los efectos se tendrán como una sola audiencia. Las sesiones serán diarias y consecutivas y solo podrán interrumpirse por alguna catástrofe o hecho extraordinario que imposibilite o haga difícil su continuación o por disposición del Tribunal de Sentencia. El Tribunal de sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días…” En este motivo de casación nosotros alegaremos un punto que es recurrente que lo incumplan los Tribunales de sentencia; desafortunadamente el Código Procesal Penal que sería la respuesta a varios problemas del área de la administración de la Justicia en esa materia, ha venido siendo lenta pero regularmente violentado, y las primeras disposiciones que como siempre, y como en otros Códigos o Leyes, antiguos o actuales, por donde empezó a infringirse fue en los plazos, claro en los plazos que se les impone a los Juzgados y Tribunales, porque los plazos para las partes- y sobre todo a los litigantes privados en labores de defensa- esos si se imponen a rajatabla y no hay oportunidad o caso fortuito o fuerza mayor que valga, para excusarse de cumplirlos. Hablamos del cumplimiento de la disposición que atañe a que una vez iniciado el juicio solo se podrá suspender por un máximo de quince días, y si bien la norma procesal que alegamos infringida, puede ser objeto de interpretación porque no nos habla cuantas veces se podrá suspender, si los días son hábiles o inhábiles o hasta qué punto se considera terminado el debate si al término de las pruebas, si al término de las conclusiones y las palabras finales de víctima e imputado o hasta la emisión de la sentencia en primera fase, pero el consenso general, ratificado por sendas sentencias anulando Juicios por esta razón, es que una vez iniciado el debate un Tribunal de sentencia tiene quince días para concluirlo en toda su etapa probatoria y de conclusiones y el termino del mismo. Y es que con este consenso a fuerza de Sentencias de casación se le da plena vigencia al espíritu de la norma, el cual es la realización pronta del debate, para que así las partes y el tribunal de sentencia no pierdan el hilo conductor de sus ideas respecto a todo lo actuado, pero sobre todo lo relacionado a lo que escucharon relativo a la pruebas, sobremanera la testifical y pericial presencial, porque recordemos que los jueces no solo valoran el dicho en sí de los testigos y los peritos, si no su actitud, sus gestos, su forma de hablar, (Recordemos la aplicación de la Normas de Psicología, como una de las reglas de la Sana Crítica, en la valoración de las pruebas) y en general la norma infringida pretende salvaguardar que la memoria de todos los intervinientes no se desvanezca por el devenir del tiempo. El Artículo 312 del Código Procesal Penal, lo que hace es proteger los principios de concentración y de inmediatez, que son principios pilares del principio acusatorio, que es el que rige al Código Procesal Penal. El Principio de Concentración pretende que en general los procedimientos, y sobre todo los de las audiencias orales, sean realizados como el mismo principio se llama, en forma concentrada, sin interrupciones, sin pérdidas de tiempo, que eviten que las partes, pero sobre todo los juzgadores se les divague su pensamiento, o por el transcurrir del tiempo se les olviden elementos a tomar en cuenta para sus resoluciones y fallos. El Principio de Inmediatez se refiere a que los jueces tengan acceso directo a la prueba, que no vean por otro la prueba, o que “lean” la prueba como en el anterior Código Inquisitivo, pero si pasa mucho tiempo entre la realización de la evacuación de las pruebas y el fin de un debate ese principio se pierde, porque nuevamente el juez o jueces irán a sus despachos a valorar “papeles” y no prueba vertida en juicio. Sin otro argumento más, paso a continuación a señalar que el juicio comenzó un jueves trece de noviembre del año dos mil catorce y terminó un martes nueve de diciembre de ese mismo año, cuenten los días señores magistrados y verán que trascurrieron dieciocho días hábiles entre el inicio y el fin del debate, es más que claro la violación de la norma procesal alegada, no hay forma de reparar esa violación, el término debía cumplirse en esos momentos en que se realizó el juicio, la única forma de reparar lo infringido es anulando todo el juicio. Por todo lo dicho en este motivo de casación consideramos que el mismo es DE RECIBO, y pedimos sea declarado HA LUGAR, en consecuencia, que se anule todo el juicio desde su inicio y que se vuelva a practicar por Tribunal distinto al que conoció este caso. No pudimos recurrir esta violación procesal más que por el presente recurso que estamos interponiendo. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Haberse infringido el derecho constitucional del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Artículo 361 del Código Procesal Penal es el artículo que nos autoriza a invocar este motivo de casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto constitucional que se considera infringido en su parte conducente dice: “Artículo 90.- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la Ley establece......” Ya estando la causa ante el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, a mi defendido le fue modificado su auto de Formal Procesamiento, ya que luego de amparos interpuestos contra resoluciones de la Corte de Apelaciones Respectiva, la Sala de lo Constitucional otorgó los mismos, y en consecuencia a mi defendido le fueron levantados los cargos por el HURTO de bienes muebles en perjuicio de su padre (SOBRESEIMIENTO DEFINTIVO), y se le modificó los delitos contra la propiedad de ROBO DE VEHÍCULO y ROBO DE ARMA DE FUEGO, a la modalidad de HURTO, en las dos acciones. A pesar de ello y siendo que las debidas provisiones se tomaron por parte de la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones respectiva para informar al Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Sentencia impugnado, no notificó esta circunstancia a mi cliente, como es obligación hacerlo, ya que recordemos que tanto el auto de prisión y las medidas se levanta acta que un procesado las conoce. Esta omisión sucedió estando ya en fase de juicio el caso, ó sea ante el Tribunal de sentencia de Juticalpa, por lo tanto consideramos que el debido proceso fue violentado en general al no comunicarle a mi cliente esas resoluciones, esa omisión causó una puesta en riesgo de la del derecho a la defensa material, por lo tanto consideramos que en efecto se violentó un precepto constitucional en el desarrollo del debate a juicio, el cual es el debido proceso. La forma de corregirlo es realizar el rito procesal correcto y notificarle ese cambio a mi defendido, pero como ese cambio debió ser hecho antes de iniciar el debate, causaría una nulidad de actuaciones esta omisión procesal, en consecuencia para proteger el debido proceso deberíamos retrotraer la causa antes del inicio del Juicio Oral y Público, notificar a mi cliente y realizar un nuevo Juicio Oral y Publico. Consideramos por lo dicho en este motivo que el mismo es de RECIBO, y debe ser declarado HA LUGAR, decretar la nulidad hasta el momento en que debió notificársele la resolución aludida a mi defendido, como eso conllevaría anular todo el juicio y su sentencia, entonces que se ordene la realización de uno nuevo con un Tribunal distinto al que conoció esta causa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que son objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 23 numeral 2 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: falta de aplicación; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Inicia la exposición de su primer motivo argumentando que, al momento de realizar los hechos objeto de juzgamiento, el acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, padecía de un trastorno mental transitorio, y elabora una explicación amplia y detallada de lo que es un trastorno mental transitorio según la doctrina científica. Seguidamente, increpa que el juzgador no tomó en cuenta al momento de valorar la prueba pericial y documental, lo concerniente a la salud mental del procesado. Considera necesario hacer un análisis de lo ofertado en juicio para determinar la causal de inimputabilidad como elemento negativo de la culpabilidad. Arguye que debe tomarse en cuenta el contenido del dictamen psiquiátrico y el dictamen psicológico, que acreditan la dependencia del acusado a sustancias psicotrópicas, así como su estado mental al momento de los hechos. Con todo ello, considera probada la causal de inimputabilidad contenido en el artículo 23 del Código Penal. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. *Precepto Autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 223 numeral 1 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: no aplicación del artículo 264 del Código Penal; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Arguye que ha habido un ensañamiento por parte del sentenciador para con el acusado, inclusive, el acusador privado estima se vio muy interesado en delitos que no era de su incumbencia, así como que el Juzgado de Letras y la Corte de Apelaciones, también pusieron su granito de arena en dicho ensañamiento. Cree que el sentenciador se cargó con una dosis de subjetivismo para deducir los delitos de hurto de arma de fuego, hurto de vehículo y la portación ilegal de arma de fuego, y con ese subjetivismo obviaron la lógica del derecho penal. Arguye que el ofendido fue un padre irresponsable, que el acusado en su imaginario, consideraba que el vehículo sustraído pertenecía a su padre y no a terceras personas, lo miraba estacionar a diario este vehículo frente a su casa, también contribuyó su bajo coeficiente intelectual y el consumo de sustancias psicotrópicas para tener esa errónea percepción. En este sentido, considera que ha habido un error de tipo, que exime la responsabilidad penal del acusado Johan Fernando Sáenz Pavón. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Tercer motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 223 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: no aplicación del artículo 264 del Código Penal; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Repite los argumentos esgrimidos en el segundo motivo, solo que desde la perspectiva del delito de hurto de arma de fuego y no de hurto de vehículo automotor. Arguye que en el imaginario del acusado el arma de fuego sustraída pertenecía a su padre y no a una tercera persona y que por esa razón procede la aplicación del artículo 264 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal el delito de hurto cuando el sujeto activo es entre cónyuges, el hombre y la mujer que hacen vida marital, los ascendentes o descendentes consanguíneos o afines. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Cuarto motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 332-B del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. *Considera que es equívoco pensar que hay delitos indefendibles, que no admiten tesis de defensa alguna, que corresponde únicamente buscar o aplicar una suspensión condicional de la persecución penal, o la conciliación, o un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad. Esto sucede con el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, más no hay que olvidar que el tipo penal exige la existencia de dolo y considera que en el caso sub examine el cliente fue capturado con el arma de fuego a cientos de kilómetros de donde se origina la causa, se dirigía a la ciudad donde vive la madre del acusado, entonces el acusado no quería quedarse con el arma o venderla, o sacarle algún beneficio, por ello no hay una intención dolosa y convierte la conducta en atípica. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Quinto motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 192 y 194 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Denuncia la aplicación indebida del artículo 69 del Código Penal pues es responsabilidad de los juzgadores al momento de aplicar una pena concreta, evaluar y ponderar las circunstancias del hecho. En el caso presente, los juzgadores incumplieron con este artículo porque en la fundamentación jurídica argumentaron la imposición de treinta años y en el fallo impusieron una pena de cuarenta años de reclusión. Por esa razón, considera que el motivo es de recibo. De la procedencia del recurso. Los cinco motivos del recurso de casación por infracción de ley no son de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el impetrante para fundamentar argumentalmente sus cinco motivos del recurso de casación por infracción de ley, se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y expone argumentos propios de instancia y circunstancias que no fueron plasmadas como probadas por el sentenciador, pues explica que, a luz de la prueba y de la sana crítica, se acredita una circunstancia de inimputabilidad por trastorno mental transitorio al momento de la comisión del hecho de parricidio cometido por el acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, en perjuicio de Juan de Dios Sáenz Rosales, circunstancia que en todo caso excluiría el elemento de la culpabilidad del delito y por ende, eximiría la responsabilidad penal del acusado; así también, alega que el hurto de vehículo, hurto de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego comercial, se tratan de hechos atípicos porque el acusado presenta -según la prueba pericial- un coeficiente intelectual bajo y debido a esto tenía la percepción de que dichos objetos muebles pertenecían al ofendido que era su padre y no a terceras personas, y según el artículo 264 del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, el hombre y la mujer que hacen vida marital y los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. Finalmente, en lo que concierne al quinto motivo, argumenta que, a partir de la fundamentación jurídica, se deduce que la pena concreta que debía imponer el sentenciador al acusado Johan Fernando Sáenz Pavón, por el delito de parricidio, era de treinta años de reclusión y no de cuarenta como plasmó en su fallo. Del análisis y estudio de los cinco motivos, la Sala de lo Penal identifica que todos sus argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, pues sustenta sus ideas a partir de pruebas periciales evacuadas en juicio y, en el caso del último motivo, toma como premisa la fundamentación probatoria. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada y lo que hace el recurrente es realizar una valoración probatoria subjetiva, todo ello impropio en el recurso de casación por infracción de ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expone el impugnante que el sentenciador hace una simple enumeración de las pruebas y un apretado sumario de su contenido, esto en cuanto a la prueba de cargo, al llegar a la prueba propuesta por la defensa considera aún más lacónicos los argumentos del Tribunal, pues se elaboran escuetos análisis que no pueden en ningún momento considerarse argumentaciones basadas en la sana crítica. Continúa exponiendo que el sentenciador no aplica la regla de la lógica en su principio de razón suficiente, aplica conceptos de prueba tasada o arbitraria en la valoración de la prueba. Esto en razón que las declaraciones testificales de Doris Hernández, Martha Sáenz y K. V. T. R., no demuestran directamente los delitos, ninguna de ellas estuvo presente en el lugar y momento en que ocurrió el hecho. Considera que K. V. no tuvo contacto con el ofendido por los dos días antes de ocurrir el hecho; Doris Hernández, si bien estuvo toda la mañana y parte del medio día, ya después se fue y no presenció el hecho. Las testigos no mencionan nada acerca de la hora en que ocurrió el hecho, el cual, según el recurrente, sucedió entre las tres de la tarde y primeras horas de la noche, lo considera así porque según la autopsia establece su fase de putrefacción, la cual ocurrió entre un rango de dieciocho a veinticuatro horas, el ambiente húmedo o insalubre estima adelantó la fase cromática. También delata infringida la lógica en su principio de razón suficiente en lo que respecta al testigo Jacobo Pavón Chévez, pues lo único que arroja este testigo son datos sobre la detención del acusado, no arroja nada sobre la muerte del ofendido, la forma en que se tomó el vehículo y el arma, así como que tampoco expresa cuál era la voluntad del acusado al portar el arma de fuego decomisada. Arguye que el sentenciador no hace un análisis en conjunto de todos los medios de prueba, basa su veredicto de culpabilidad en “partes” de los dictámenes y esto rompe la regla de la lógica, ya que, al analizar las pruebas en conjunto, acreditan el abuso de drogas (marihuana, crack, cocaína, etc.) y alcohol por parte del acusado, así como que tiene fuertes trastornos de personalidad. También arguye que el sentenciador obvió valorar en conjunto el dictamen psiquiátrico, dictamen psicológico, el dictamen socioeconómico y las constancias de CEREPA Y TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL; las cuales acreditan el trastorno disocial de personalidad del acusado, así como la conflictividad que existía entre padre e hijo, rechazo del padre hacia el hijo sobre todo en la adolescencia cuando comenzaban los problemas de adicción. Por todas estas razones, considera que se puede concluir una psicosis transitoria del acusado al momento de realizar los hechos. También alega infringida las reglas de la psicología ya que las testigos de cargo trataron de hacer ver con sus testimonios, que no supieron o no vieron altercado alguno entre padre e hijo, y el sentenciador no observó eso. K. V. trataba por todos los medios de hacer ver que todo era armonía entre ellos cuando no es cierto. Así como que rompe las leyes de la experiencia en lo relativo a la sustracción del arma de fuego, del vehículo, pues el acusado tenía la percepción de que estos objetos eran propiedad del ofendido y no de otra persona. El acusado es un ser trastornado por el alcohol y todas las drogas que consume, ello lo conllevó a esa percepción, su ebriedad le afloró sus desviaciones sexuales y la cocaína le enervó su personalidad, hubo abuso por parte del padre hacia el hijo, lo que demuestra las causas exógenas que le provocaron la psicosis transitoria. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del primer motivo el primer motivo no es de recibo. Resulta evidente que el impetrante desconoce la debida técnica recursiva. En reiteradas sentencias la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por el recurrente, pues se limita a exponer en su recurso alegatos propios de instancia tales como que las testigos de cargo no declararon ninguna circunstancia que permita concluir la participación del acusado en los hechos que se le imputan, así como que a partir de la prueba pericial se puede concluir las causas exógenas y endógenas que contribuyeron para el estado mental de psicosis transitoria que atravesó el acusado durante el hecho enjuiciado. También considera que el sentenciador no observó las reglas de la psicología al valorar a las testigos de cargo pues estas trataron de hacer ver como que todo era color de rosa entre el padre (ofendido) y el hijo (acusado), algo que no es cierto. Por último, considera que se violentaron las reglas de la experiencia porque no se concluyó la causal de inculpabilidad por la psicosis transitoria que atravesaba el acusado al momento de los hechos, así como que el acusado pensaba, debido a su bajo coeficiente intelectual, que los objetos materiales de los delitos de hurto de vehículo y hurto de arma de fuego, pertenecían a su padre. La Sala de lo Penal identifica entonces que el censor del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citadas como infringidas, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con la reglas citadas como infringidas, pues el artículo 350 del Código Procesal Penal es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. Adicionalmente, es una constante y amplísima queja del impugnante establecer que el sentenciador únicamente hace una simple enumeración de las pruebas de cargo y un apretado sumario de su contenido, y que, en relación a la prueba propuesta por la defensa, son aún más lacónicos los argumentos del Tribunal, que en ningún momento pueden considerarse argumentaciones basadas en la sana crítica. Frente a lo anterior, es dable mencionar que todas sus quejas concernientes a la falta de argumentación fáctica para sustentar el fallo de condena, nada tienen que ver con la inobservancia de las reglas de la sana crítica, sino más bien, a la insuficiencia de motivación fáctica, el cual es un motivo de casación distinto. Este último vicio se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. El censor, confundiendo la única instancia con una segunda instancia, ataca la sentencia usando como arma sus propias valoraciones y criterios de como debió haberse valorado la prueba, en una clara invitación para que esta Sala de lo Penal deseche los razonamientos intelectivos del a quo y los reemplace con los señalados por el defensor, dando al recurso de casación alcances no permitidos en la ley. Al haber sido éstas, las cuestiones objeto de impugnación esgrimidas por el recurrente, la Sala de lo Penal desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, por haber sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica recursiva. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Considera el censor que los hechos probados de la sentencia pierden coherencia cuando establecen que el señor José Jacinto Valladares Figueroa fue a la casa del hoy occiso cuando esta circunstancia no se probó en juicio, y que la única persona que estuvo en la casa el fin de semana fue la joven K. T., y ella no pudo ver ni saber quién llegó a lavar el carro el día martes veintiuno de agosto. Además, considera que los hechos probados no son precisos en cuanto a las horas de ocurrencia de los distintos hechos que están declarados probados ya que ellos muchas veces los juzgadores dicen “en horas de la mañana”, “en horas de la tarde”, “en horas de la noche”, pero resulta que todos los testigos fueron bastante puntuales en detalles sobre las horas. Asimismo, en el numeral quinto de los hechos probados denuncia que el sentenciador establece “a secas” que el acusado fue detenido a inmediaciones de la ciudad de La Ceiba, sin especificar día ni hora, a pesar que hay abundante prueba en relación a esa circunstancia. Concluye, en definitiva, que todos estos elementos restan precisión a la sentencia. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate, y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descritos en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurren en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio; es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. En el caso actual, sucede que el impugnante reclama en primer término una cuestión que no concierne al vicio denunciado, pues considera que en el primer y segundo hecho probado de la sentencia se establece que el señor José Jacinto Valladares Figueroa fue a la casa del hoy occiso, cuando esta circunstancia no se acreditó en juicio con ningún medio probatorio. Este argumento no tiene que ver con la falta de claridad o la falta de precisión de los hechos probados -vicios procesales que tienen una significación jurídica distinta y que no deben emplearse como sinónimos- sino, en todo caso, en un error de derivación que debe ser evaluada desde el motivo de casación por inobservancia de las reglas de la sana crítica, en concreto, la regla de la lógica de derivación. Asimismo, en segundo término, considera el recurrente que los hechos probados no son precisos en cuanto a las horas de ocurrencia de los distintos hechos que están declarados probados ya que ellos muchas veces el sentenciador expresa “en horas de la mañana”, “en horas de la tarde”, “en horas de la noche”, según expone el recurrente estos testigos fueron bastante puntuales en detalles y dieron rangos muy precisos sobre la hora de ocurrencia de los diferentes hechos. Así también denuncia que en el numeral quinto de los hechos probados establece el sentenciador “a secas” que el acusado fue detenido a inmediaciones de la ciudad de La Ceiba, sin especificar día ni hora, a pesar de que hay abundante prueba en relación a ese detalle. Frente a lo anterior, la Sala de lo Penal identifica que tal falta de precisión argüida por el recurrente, no se encuentra en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, pues si no se establecen las horas precisas de los acontecimientos narrados en los hechos probados de la sentencia, esa falencia no tiene relación causal entre la acción desplegada por el acusado y el resultado lesivo al bien jurídico protegido de la vida, la propiedad y la Seguridad Interior del Estado de Honduras; por tanto, las defectuosidades denunciadas no tienen la entidad suficiente para provocar la anulación de la sentencia recurrida. Por tales razones, el segundo motivo no es de recibo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Tercer motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 312 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: haberse violentado la forma en que se debe celebrar el debate. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: casar la sentencia recurrida. Su reproche consiste en denunciar que el Tribunal de Sentencia excedió el lapso legalmente permitido para la celebración del juicio, el cual inició el trece de noviembre de dos mil catorce, y terminó el martes nueve de diciembre del mismo año; transcurriendo un periodo de dieciocho días, considera que la única forma de sanear ese vicio es repitiendo el debate. De la procedencia del tercer motivo. El tercer motivo no es de recibo. El recurrente denuncia como precepto infringido el artículo 312 del Código Procesal Penal, el cual establece un periodo máximo de quince días para la celebración del debate. Arguye que, en el caso actual, el juicio se realizó en un periodo de dieciocho días, y que la única forma de sanear ese defecto es anulando la sentencia recurrida y ordenar un nuevo debate. La denuncia no puede ser recibida en instancia casacional, en virtud de que cuando nos remitimos al acta de debate (f. 563), se destaca que se inició con el juicio oral y público a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce, suspendiéndolo en esa fecha el Tribunal de Sentencia para reanudarlo el martes dos de diciembre del mismo año (f. 578); seguidamente, el sentenciador resolvió suspender nuevamente el juicio y señalar su reanudación el día martes nueve de diciembre de dos mil catorce (f. 589), plazo que efectivamente excede el periodo de 15 días máximos fijados en el artículo 312 del Código Procesal Penal. Más en detrimento de lo anterior, también se destaca que cuando el Tribunal de Sentencia suspendió el juicio y señaló su continuación para una fecha que excedía el periodo legal fijado en el artículo 312 del Código Procesal Penal, no hubo objeción u oposición alguna por la defensa privada; es decir, dejó de interponer el recurso de reposición contra dicha resolución a efecto de intentar subsanar el defecto procesal ahora alegado en casación. Al no haber intentado la defensa del acusado, subsanar los defectos denunciados en el momento procesal oportuno, la Sala de lo Penal entiende que los defectos ahora alegados han sido tácitamente aceptados o convalidados por la defensa en atención a su inactividad procesal, siendo oportuno recordar que de acuerdo al artículo 363 tercer párrafo in fine, del Código Procesal Penal; es requisito -al denunciar quebrantamiento de las formas procesales- que el recurrente haya intentado subsanar el defecto procesal alegado en casación ante el Tribunal de Juicio, agotando el recurso de reposición y dejado plasmada tal objeción en el acta de debate como reserva de casación para posteriormente poder alegarlo como un motivo, por lo que al no constar tal extremo, el motivo de casación alegado por el recurrente debe ser desestimado. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: violación al debido proceso; y, *Pretensión: declarar ha lugar el recurso. Expresa el recurrente que, ya estando la causa ante el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, al acusado le fue modificado su auto de formal procesamiento por parte de la Corte de Apelaciones, levantándole los cargos por el hurto de bienes muebles en perjuicio de su padre y modificándole a los delitos contra la propiedad de robo de vehículo y robo. Así también arguye que se tomaron las debidas previsiones por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Sentencia no notificó al acusado estas circunstancias, siendo su obligación hacerlo y poniendo en riesgo su derecho a la defensa material. Del debido proceso La garantía genérica del debido proceso, invocada por la censora como aquélla que ha sido inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre éstas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. Es de tener presente que una adecuada técnica recursiva obliga al recurrente no solo a identificar debidamente el recurso que interpone, el motivo en que se basa y el concepto de la infracción o vicio que se alega, sino que además un debido desarrollo argumentativo que explique dicho vicio con claridad y precisión: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. Sumado a lo anterior, el impetrante debe hacer la debida comprobación de la existencia del vicio, haciendo la confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. En el recurso bajo examen, nada de lo anterior es cumplido por el recurrente, pues en un lacónico planteamiento, solo se limita a señalar que fue violentado el artículo 90 de la Constitución de la República porque no le fue notificado personalmente al acusado por parte del Tribunal de Sentencia, las resultas de un amparo que fue resuelto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin explicar cuáles fueron las consecuencias concretas del vicio denunciado y tampoco explica y comprueba como repercutió ese vicio en la sentencia ahora impugnada. Entiende la Sala de lo Penal que, en todo caso, la denuncia constituye una mera irregularidad procesal sin la relevancia constitucional que se le pretende atribuir. El mencionar alegatos abstractos de que al acusado se le puso en riesgo su derecho de defensa material, no satisface los requerimientos necesarios de claridad y precisión expuestos, debiendo por tanto desestimarse el recurso por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa privada. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus cinco motivos interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus cinco motivos, interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de defensor privado de Johan Fernando Sáenz Pavón. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de defensor privado de Johan Fernando Sáenz Pavón; 3) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Darwin Lindolfo García, en su condición de acusador privado de Johan Fernando Sáenz Pavón; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintitrés de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-329-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.